jueves, 7 de enero de 2010

Chile: La Concertación podría estar preparándose para recibir la bofetada de su vida-07-01-10

Chile: La Concertación podría estar preparándose para recibir la bofetada de su vida

Por: Nìkolas Stolpkin Fecha de publicación: 07/01/10
aporrea.org

Ahora podría estar aclarándose un poco más el panorama. La decisión de Marco Enríquez-Ominami (ME-O), candidato presidencial en la primera vuelta, de crear un nuevo partido despeja en algo lo que se venía acumulando.
Y es que había cierta duda sobre este candidato: o se trataba de una estrategia de la Concertación o se trataba más bien del nacimiento de una nueva fuerza política en el país. Y al parecer lo segundo es lo que está sucediendo.
La primera señal fuerte de Marco Enríquez-Ominami, luego de haber sacado en primera vuelta un 20,13% [1] (1.396.655 de votos), de no “endosar” sus votos a ningún candidato para ser utilizados en segunda vuelta, haría presagiar lo que de algún modo se habría de despejar más adelante. El haber entregado inmediatamente su apoyo al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, que te todas formas no sucedió, lo habría situado en una posición que hubiese apuntado a su candidatura como una estrategia planificada favorable a la Concertación. De haber sido así, las ventajas que hoy podría tener la Concertación para ganar las elecciones, serían hoy mucho mayor.
Pero hoy esas ventajas de la Concertación se ven mucho más disminuidas después del anuncio del ME-O de formar un nuevo partido político. Si Marco Enríquez-Ominami no hubiese movido un solo dedo después de haber presentado la primera señal fuerte de no “endosar” sus votos, hoy quizá las ventajas de la Concertación hubiesen sido mucho más favorables aún cuando ME-O diera anteriormente muestras de no estar con ninguno.
Ahora todo habrá de depender de la estrategia propagandística que utilice la Derecha de ahora en adelante y el rol que cumpla los Medios de Difusión Masiva con respecto a la cobertura que se le podría dar a Marco Enríquez-Ominami con respecto a este nacimiento de la nueva fuerza política. Este segundo punto que acabo de señalar podría ser la clave en una futura victoria de la Derecha. Los instrumentos para llevarlo a cabo están a favor de la Derecha (canales de televisión: Megavisión y Chilevisión, principalmente; prensa escrita: el Mercurio y sus crios).
Tal como van las cosas sería muy difícil que Marco Enríquez-Ominami ahora diera su apoyo a la candidatura de Eduardo Frei. Por lo que se podría vaticinar un posible triunfo de la Derecha. Pero en cuestiones de política nada está escrito, todo puede pasar. Incluso se podría presagiar que una Derecha con las aguas tranquilas podría estar preparando una ofensiva propagandística dura a últimos días de finalizar la propaganda política, en contra de la candidatura de Eduardo Frei, que podría significar el tiro de gracia para hundir más profundamente las pretensiones presidenciales de la Concertación.
Y Eduardo Frei Ruiz-Tagle sí que tiene las de perder: fue este mismo señor que estuvo en su momento a favor del Golpe Militar de 1973 y quien aportó descaradamente dinero a la Junta Militar; bajo la Dictadura Militar también tuvo la oportunidad de profundizar aún más su riqueza y fortuna; en su gobierno (1994-2000) se dedicó sin ninguna vergüenza a privatizar servicios como la telefonía, empresas sanitarias (privatización del agua), empresas portuarias del Estado, cerrando minas de carbón estatales, privatizando aún más CODELCO, disminuyendo significativamente el pago de impuestos de las empresas privadas; y fue este mismo señor que bajo su gobierno junto con el actual secretario general de la OEA, Miguel Insulza, otrora canciller del gobierno de Eduardo Frei, salvaron al ex Dictador Augusto Pinochet de ser juzgado en el extranjero; y fue este mismo señor que se encargó de despejar el camino para la construcción de la represa Ralco a favor de los intereses capitalistas españoles. O sea, este señor dizque “progresista”, que está “a favor de los intereses de la clase media y desposeída”, no ha hecho más que beneficiar en su vida los intereses capitalistas internacionales y sus propios bolsillos en Dictadura.
El triunfo de la Derecha, por tanto, está más cerca que nunca. Un futuro triunfo de la Derecha significará el aumento significativo e inevitable de las contradicciones. A su vez podría significar el fortalecimiento de una izquierda revolucionaria que hasta ahora se encuentra muy dividida. Y como broche de oro: un triunfo de la Derecha significará al mismo tiempo el ocaso categórico de forma progresiva de la Concertación.
http://stolpkin.net/

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MEO: “Sigo creyendo que Piñera es un tremendo retroceso”--07-01-10

MEO: “Sigo creyendo que Piñera es un tremendo retroceso”

Por Por Lorena Tejero B./Lanacion.cl

El ex candidato independiente reconoció los gestos que ha hecho la campaña de Frei, pero dijo que aún espera la renuncia de los presidentes de la Concertación que se mantienen en sus cargos. Hoy encabezó la fundación de su nuevo referente político.

Jueves 7 de enero de 2010 Actualizada 14:12 Política

En la presentación formal de su nuevo partido político, Marco Enríquez Ominami mantuvo su postura crítica hacia los dos candidatos que estarán en la papeleta en las elecciones el próximo 17 de enero, al plantear que ni Eduardo Frei ni Sebastián Piñera son la alternativa correcta.

“Sigo creyendo que Sebastián Piñera es un tremendo retroceso y que Eduardo Frei no es ningún progreso”, dijo el diputado ex PS. “Si hubiéramos creído que alguien representaba nuestros anhelos, no hubiéramos hecho este episodio histórico a la patria”, añadió.

Respecto al candidato de la Coalición por el Cambio y su conglomerado, Enríquez Ominami fue tajante, cerrando la puerta a todo gesto de entendimiento: “Con Sebastián Piñera no tengo ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo porque no entiendo el mundo como lo entiende él. Sí creo, a diferencia de los partidos que lo apoyan, que los derechos civiles deben abordarse, en el voto de los chilenos en el extranjero, en la inscripción a automática y voto voluntario y los que lo acompañan no creen en eso”.

Respecto a un eventual acercamiento al candidato de la Concertación, el diputado ex PS insistió en que pese a los gestos que ha hecho el bloque oficialista, estos aún no son suficientes. Por eso, dio por lejano un eventual acercamiento, al plantear que “uno no puede durante un año convocar a los chilenos a un voto valiente y al día siguiente a votar por el mal menor”.

El ex candidato mantuvo que “sigo creyendo que el 20% de los chilenos no ha sido escuchado". Y cuando se le consultó sobre su preferencia personal, dijo que era “muy simple, me voy a sumar al 20% de chilenos que están pidiendo un conjunto de cosas. Pidieron renuncia de los presidente de los partidos, leyes y hemos visto lo que ha ocurrido… presidentes que se aferran como el presidente del PS (Camilo Escalona) que se niega a renunciar a su partido sin asumir sus responsabilidades, por lo tanto sigo como muchos chilenos atento a lo que está ocurriendo. Esperamos que de aquí al 17 de enero el 20% de los chilenos haya sido escuchado en plenitud, lo que no ha ocurrido el día de hoy”.

Hasta ahora, el parlamentario continúa con la idea de dejar a la conciencia de cada uno de los ciudadanos que votaron por él en primera vuelta su elección en el balotaje: “La libertad de acción que dije el 13 de diciembre es para todos, incluido para mí, y la voy a ejercer”, dijo.

OMINAMI: “HAY FUERTES RETROCESOS”

Los dardos lanzados por MEO hacia el Partido Socialista fueron reforzados por su padre adoptivo, Carlos Ominami. El senador reconoció que si bien hay “gestos” desde la Concertación y el comando de Frei hacia el mundo progresista, como la renuncia de los presidentes del PPD y el PRSD y la nueva agenda legislativa, estos esfuerzos se ven entrampados por la actitud de “un sector de la dirigencia de la Concertación que no está escuchando” a la ciudadanía.

“Hay fuertes retrocesos, como cuando uno ve al presidente del Partido Socialista y del Demócrata Cristiano instalados ahí en la impunidad, en la irresponsabilidad política, no reconociendo los errores que han cometido”, acusó, apuntando a Camilo Escalona y Juan Carlos Latorre.

De todos modos, dejó entrever que el marquismo aún puede tomar partido por la candidatura del “mal menor”, como definió a la Concertación. “Hay un proceso de evaluación de que si este mal menor se puede transformar en una alternativa que efectivamente merezca ser votada”, comentó, precisando que “aún tenemos algunas horas para evaluar esta situación”.

EL NUEVO PARTIDO

Marco Enríquez Ominami dio el inicio para la creación de un nuevo partido político que será inscrito en marzo de este año y que necesita la firma de más de cien mil personas.

Más de de un centenar de adherentes acompañaron al ex candidato en la plaza de la calle Concha y Toro y firmaron el acta para poder comenzar con la inscripción de este referente. El nuevo partido aún no tiene nombre, ya que la idea de MEO es que sea la propia gente la que aporte con ideas.

Al acto asistieron los actores Edgardo Bruna, Cristián García Huidobro, Patricio Strahovsky, Rodrigo Muñoz, Claudia Pérez y los dirigentes Esteban Maturana, Esteban Valenzuela, Marcelo Trivelli y la embajadora chilena en Suiza, Carolina Rosseti.
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7 de Enero de 2010
También arremetió contra permanencia de Escalona
ME-O sigue condicionando eventual apoyo a Frei


Al lanzar el nuevo partido político que lo representa, el ex candidato presidencial reiteró que en ningún caso Sebastián Piñera será su opción en la segunda vuelta del 17 de enero. Y pese a que considera que Eduardo Frei es un "líder del pasado", dijo que el senador DC todavía está a tiempo de hacer un gesto a la ciudadanía, aunque sin aclarar si de ello depende su apoyo explícito al abanderado de la Concertación.

por El Mostrador
El ex candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami, dejó la puerta abierta este jueves a un eventual apoyo al abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, indicando que ello dependerá de los gestos que todavía no ha hecho el senador DC y que, a su juicio, son los que interesan al 20% del electorado que le dio su respaldo en las elecciones del pasado 13 de diciuembre.
Al encabezar un acto donde anunció la creación de un nuevo partido político que todavía no tiene nombre, el diputado ex PS, dejó claro que en ningún caso su opción será la del candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, quien a su juicio no encarna el concepto de “cambio” en el que está basada su campaña, y reiteró que votar por él significa un retroceso para el país.
Sobre Frei, Enríquez-Ominami lo definió como un líder del pasado, aunque dijo que todavía está a tiempo, cuando faltan 10 días para la segunda vuelta del 17 de enero, de dar el giro que esperan quienes se alejaron de la Concertación. Sin embargo, mantuvo el misterio sobre si le dará su respaldo abiertamente en caso que ello ocurra.
En ese sentido se mostró esperanzado que ello ocurra de aquí al martes, cuando el Congreso se pronuncie sobre proyectos clave para el electorado que le dio su voto. Y aunque valoró hechos como la renuncia de los timoneles del PPD y el PRSD, Pepe Auth y José Antonio Gómez, manifestó al mismo tiempo que recibió con ffrustración” la permanencia de Juan Carlos Latorre en la DC y especialmente el senador Camilo Escalona al frente del PS.
“Estoy esperando que aquí se produzcan hechos y cuando ocurrió la renuncia de los presidentes de partido, observamos con expectativas complejas los procesos y quedamos muy frustrados cuando un presidente de partido como Camilo Escalona no renunció a su cargo por cuotas de poder. Queremos decir que la Concertación no nos está escuchando”, señaló.
Respecto a su nuevo partido, Enríquez-Ominami destacó, en un acto realizado en la Plaza Concha y Toro, que éste ejercerá una oposición “combativa, participativa y propositiva” y que a diferencia de las tiendas de la Concertación “escuchará la voz del pueblo que pide participación, con primarias obligatorias, con directivas anuales, con ley de cuotas, un partido programático de 2010 y no un partido de 1910″.
Agregó que por estatuto el cargo de presidente de partido será revocable, no durará más de un año y habría primarias obligatorias para designar todos los cargos.
El nombre del partido aún no esta decidido, y según explicó el propio parlamentario, éste será elegido por los propios adherentes durante una gira que realizará a lo largo de todo el país.
“Es un partido en construcción, hoy parte, en marzo comenzaremos a reunir las firmas y desde hoy estamos a disposición para discutir los estatutos, el nombre y el concepto de este partido programático, me estoy preparando y vamos a seguir ganando la batalla a las ideas”, finalizó el diputado.
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FUE DETENIDO UN SOSPECHOSO DE HABER INTERFERIDO LA RADIO DEL HELICOPTERO EN EL QUE VIAJABA LA PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER-07-01-10

FUE DETENIDO UN SOSPECHOSO DE HABER INTERFERIDO LA RADIO DEL HELICOPTERO EN EL QUE VIAJABA LA PRESIDENTA


La voz que pronunció las amenazas

“Maten a la yegua”, se oyó en el helicóptero el 11 de diciembre.
Imagen: Enrique Garcia Medina

El juez federal Ariel Lijo ordenó detener a Néstor González, un radioaficionado de 62 años. En su casa se hallaron equipos de comunicaciones, antenas y armas. Según un peritaje, pudo haber sido quien dijo “¡Maten a esa yegua!”.

Por Irina Hauser


Néstor González, un radioaficionado de 62 años al que se le encontró toda clase de equipos de comunicaciones, antenas y armas en su casa, fue detenido ayer por orden del juez federal Ariel Lijo, bajo sospecha de haber sido el autor de las amenazas que recibió Cristina Kirchner mediante una interferencia a la radio del helicóptero en el que viajaba desde Olivos hacia la Casa Rosada. Según un primer peritaje de voces, la suya podría haber sido la que se oyó en la frecuencia operativa de la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery el 11 de diciembre, justo cuando empezaba el juicio a los represores de la ESMA. “¡Maten a esa yegua!”, fue la primera advertencia que se filtró. “¡Maten al pescado!”, siguió la voz. Luego sonó “La avenida de las Camelias”, la típica marcha militar de los comunicados de la última dictadura.
“Me dedico a la computación”, fue lo único que dijo González cuando el juez quiso tomarle indagatoria, aunque en los papeles del trámite de su cédula de identidad dice que es mecánico de aviones. Por lo demás, se negó a declarar y su defensora oficial, Silvia Otello Rella, pidió la excarcelación, un planteo que Lijo resolvería hoy. Mientras, quedó detenido en la alcaidía de los tribunales de Retiro. Se le imputan los delitos de tenencia de armas de guerra e interferencia a los servicios de comunicación (en este caso ligado a un medio de transporte oficial). Ambos son excarcelables.
Los investigadores llegaron a González por la declaración de un testigo vinculado al mundo de los radioaficionados. En el allanamiento en su casa, en Monte Grande, encontraron antenas portátiles y fijas, equipos de comunicación, valijas para interferencias y hasta grabaciones de la torre de control de Aeroparque, que están siendo analizadas para determinar, entre otras cosas, de qué fecha son. También hallaron una escopeta calibre 14 y un revólver calibre 22. González no tiene antecedentes penales, pero sí colecciona sanciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones por obstaculizar comunicaciones.


Como las amenazas a la Presidenta quedaron grabadas, se hizo un primer cotejo de voces, del cual resultó que la que apareció en la frecuencia de radio del helicóptero presidencial se asemeja a la de González. De todos modos, el juez Lijo quiere hacer un nuevo peritaje, ya que la grabación de Aeroparque no sería muy buena. Entretanto, el juzgado apunta ahora a determinar si se trata de un personaje trastornado que actúa por su cuenta o si responde a alguien. Ahora están en pleno análisis sus llamados telefónicos, para establecer con quién hablaba, en particular en los días cercanos a la intimidación. En el operativo en su vivienda, se descubrió que usaba más teléfonos que los que hasta el momento conocía el juzgado: también serán estudiados.


Según explicaron fuentes de la causa, el tipo de interferencia al helicóptero presidencial es fácil de realizar y no requiere aparatos muy sofisticados. Basta con equipos de radio o algún handy y con hallar la frecuencia buscada. La aeronave que habitualmente traslada a Cristina de Olivos a Plaza de Mayo no suele usar una frecuencia secreta.


Pero más allá de la autoría directa de las amenazas, el juez Lijo busca establecer quién fue el autor intelectual. Una de las pistas apunta a que el mismo día y casi a la misma hora de la interferencia comenzaba el juicio contra los represores de la ESMA. Otra pista estaría vinculada con carapintadas. Analiza la posible conexión con otra causa que se abrió sólo cinco días antes, y que también quedó a cargo de Lijo, en la que un teniente coronel del Ejército, Esteban Milillo, denunció que el director del portal Seprin, Héctor Alderete, amenazó con “convocar a un grupo de carapintadas con fusiles para asesinar” a la Presidenta, a su marido, a varios ministros, a otros funcionarios y a un grupo de periodistas. Alderete es uno de los implicados en una causa que investiga una red de espionaje dedicada a hackear, comercializar y difundir e-mails de políticos, artistas y periodistas. El teniente coronel Milillo declaró ante Lijo que Alderete podría estar detrás de las amenazas a la radio del helicóptero.



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EL JUEZ LIJO DENEGO LA EXCARCELACION DEL PRESUNTO AUTOR DE LAS AMENAZAS A LA PRESIDENTA



El sospechoso queda tras las rejas



Una pericia le advirtió al juez que los equipos del detenido estaban preparados para interferir la frecuencia que usa la custodia presidencial.

Por Irina Hauser



El juez federal Ariel Lijo le denegó la excarcelación a Néstor González, el radioaficionado detenido el miércoles último como sospechoso de haber sido quien amenazó a Cristina Kirchner mediante una interferencia a la radio del helicóptero que la llevaba de Olivos a la Casa Rosada. El juez tomó esa determinación tras conocer el informe preliminar de un peritaje que reveló que, con uno de sus equipos, González también había ingresado en la frecuencia que utiliza la custodia presidencial para comunicarse con la Policía Federal y con la Casa Militar. El mismo aparato estaba preparado para interceptar comunicaciones de la Gendarmería y frecuencias específicas utilizadas por barcos.
Lijo mandó detener a González tras recibir el resultado de un análisis de voces que determinó que la suya guarda una importante semejanza con la que el 11 de diciembre se oyó en la frecuencia de la radio del helicóptero en el que viajaba la Presidenta, casi al mismo tiempo que comenzaba el juicio contra los represores de la ESMA. “¡Maten a esa yegua!”, se escuchó primero. “¡Maten al pescado!”, siguió la voz. Además, en un allanamiento en la casa del radioaficionado, el juez encontró antenas portátiles y fijas, varios equipos de comunicación, aparatos para interferencias e incluso grabaciones de la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery. También había una escopeta calibre 14 y un revólver 22.
La Policía Federal ya había avanzado ayer con el análisis del material secuestrado, y en un informe inicial le advirtió al juez que uno de los equipos hallados estaba preparado para entrar en la frecuencia de radio que utiliza la custodia de la mandataria, informaron fuentes de la investigación a Página/12. A diferencia de la frecuencia utilizada por el helicóptero presidencial, la de la custodia no es pública, como tampoco lo es la de la Gendarmería, que González tenía igualmente programada. Por eso, los investigadores sospechan que algún miembro de las fuerzas de seguridad debe de haberle facilitado la frecuencia. Aunque entienden que las amenazas al helicóptero no habrían sido un episodio aislado, de todos modos los investigadores aún no descartan que González sea un personaje excéntrico que incursiona en las frecuencias de radio como divertimento.
González le dijo al juez que se dedica “a la computación”. Según consignó al tramitar su cédula de identidad, es mecánico de aviones. No tiene antecedentes, aunque cuenta con un historial de sanciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones por generar interferencias. El juzgado todavía desconoce si tiene vinculaciones con militares. Es una línea de investigación que está en pleno de-sarrollo, a la espera del análisis de sus llamados telefónicos, papeles y el contenido de las computadoras incautadas en su domicilio. También intenta determinar el contenido y las fechas de grabaciones clandestinas que obtuvo a través de su intromisión en frecuencias de radio. Lijo sigue una pista que podría vincular el caso con carapintadas, informaron allegados al caso. También cuenta con una denuncia que apunta a Héctor Alderete, responsable del portal Seprin, investigado por otras amenazas a funcionarios. Por lo pronto, mientras sigue detenido, a González se le imputan los delitos de tenencia de armas de guerra e interferencia a los servicios de comunicación, ambos excarcelables.



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EL PODER EJECUTIVO DESCLASIFICO DOCUMENTACION DE LA DICTADURA MILITAR-07-01-10

EL PODER EJECUTIVO DESCLASIFICO DOCUMENTACION DE LA DICTADURA MILITAR


Archivos de la represión que ya no guardan secretos


Para acceder a los archivos, hasta ahora hacía falta el pedido de un juez y una autorización por decreto en cada caso.
Imagen: Gonzalo Martínez
La Presidenta decretó la apertura de toda “la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas” en el período 1976-1983. La desclasificación sólo excluye material relacionado con la guerra de Malvinas y conflictos entre Estados.

Por Alejandra Dandan


El Poder Ejecutivo decretó la desclasificación de toda “la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas” durante la última dictadura militar. Pese a que gran cantidad de la documentación ya estaba en manos de los jueces que llevan adelante las causas contra los represores, hasta ahora hacía falta en cada caso un decreto que autorizara la desclasificación y legalizara su uso. El decreto 4 de 2010, publicado ayer en el Boletín Oficial, elimina esa instancia. Y abre las puertas de los archivos, además, para quienes manifiesten un interés legítimo por acceder a ellos. Entre otros documentos se hallan los archivos del personal del Batallón 601, uno de los ejes de la represión ilegal, en el que figuran datos de los agentes civiles de inteligencia, la repartición y los alias con los que actuaron.


Entre los considerandos del decreto que lleva la firma de la Presidenta y de los ministros Julio Alak (Justicia) y Nilda Garré (Defensa) se argumenta que la medida fue tomada porque “la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático, sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto”.


Pasados más de veinticinco años de reestablecido el Estado democrático, se indica en el decreto, “no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de ‘Secreto de Estado’ o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado”.

En diálogo con Página/12, el subsecretario de Derechos Humanos de Nación, Luis Alén, aclara que “no son los archivos que todo el mundo espera ver”. Se refiere a que el material desclasificado no incluye los documentos que siempre se aguardan con listas de los desaparecidos y lugares donde fueron dejados sus cuerpos, datos que se supone fueron destruidos por los militares antes de abandonar el poder. Lo que sí hay entre los documentos ahora accesibles son los datos con la identidad de las personas que actuaron en la represión organizada por el Estado, boletines reservados, partes de condecoraciones, con referencias a una medalla, por ejemplo, que alguien recibió por su participación en determinado hecho.

–¿Referencias a operaciones?

–No, porque no guardaron esos datos. Pero lo que hay permite determinar quién estuvo, cuándo y dónde.

En sus primeros párrafos, el decreto 4/2010 ordena la desclasificación de los archivos comprendidos en el período de 1976 a 1983. Y la documentación producida en otros años, en relación con la represión ilegal. Indica a su vez que podrá ser desclasificada toda la documentación, con excepción de aquella relacionada con un conflicto bélico como la guerra de Malvinas y “cualquier otro conflicto de carácter interestatal”, así como “la información de inteligencia militar estratégica”.

Entre los fundamentos aparecen datos sobre las razones que motivaron la resolución. Un elemento que además puede fijar sus alcances, y también los límites. En el origen se enuncia una medida propuesta por el Ministerio de Defensa, a partir de un pedido del Juzgado Federal 1 de La Plata en la causa por los crímenes cometidos en el centro clandestino de La Cacha, impulsada por el fiscal federal Félix Crous. Señala la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que generaron “el requerimiento de una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas”.

En ese sentido, el objeto de la desclasificación sería “desburocratizar” el avance de las causas judiciales. Porque hasta ahora los jueces debían pedir un decreto presidencial para acceder a los documentos y usarlos como pruebas. El nuevo decreto elimina esa instancia. Los jueces van a poder usar los archivos sin los tiempos que requiere la desclasificación. Pero además blanquea una situación de hecho. La mayor parte de los datos se conocían y se usan en las causas judiciales, pero como la desclasificación sigue en trámite o demora, muchas veces los jueces o los fiscales no pueden usarlos legalmente como pruebas y, si los usan, corren el riesgo de que alguien les haga un planteo de nulidad.

Uno de los temas que más importantes de la desclasificación, según las fuentes consultadas, es el acceso a los datos del Batallón 601, clave en el terrorismo de Estado. “Era uno de los nudos desde donde se estructuró la represión, la punta de una pirámide”, señala Alén. “Desde ahí se organizaron todos los servicios, los grupos de tareas, los blancos, los que decían los interrogatorios, el destino final de las personas, esa modalidad de inteligencia se copió además en cada una de las armas, un esquema que también siguieron las fuerzas de seguridad de las provincias”.

Fuera de eso, el decreto también deja preguntas abiertas. Una de ellas es sobre las fechas. Uno de los impulsores de buena parte de las causas por violaciones a los derechos humanos se pregunta ante este diario por qué el decreto libera documentación sólo del período que data entre 1976 y 1983, dejando fuera archivos como los del Operativo Independencia, la primera incursión militar contra la guerrilla en la provincia de Tucumán, en 1975. Pero el decreto parece dejar abierta una chance para acceder a este tipo de temas. Allí dice “entre 1976 y 1983”, pero aclara que se podrá desclasificar toda la documentación producida en otros años en relación con la represión ilegal. Esta última línea puede ser la puerta de ingreso a los archivos de los años anteriores, pero también fue ayer motivo de debate. Uno de los funcionarios superiores del Ministerio de Justicia dice que no. “El fundamento de este decreto –asegura– son los pedidos de los jueces y por las causas de lesa humanidad que llevan adelante. Está claro que eso es sobre el período de la dictadura militar y obviamente podría ser también sobre años posteriores al ’83, con la idea de que después las Fuerzas Armadas pudieron ocultar información. Más complejo es invocar este decreto por situaciones como la del Operativo Independencia, que deberían dar motivo a otros decretos.”

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Francia tendrá jueces para genocidios y crímenes contra la humanidad-06-01-10

6 de Enero de 2010

Francia tendrá jueces para genocidios y crímenes contra la humanidad

"Las víctimas de la barbarie humana tienen derecho a que se persiga y se condene a sus verdugos", sostuvieron los ministros franceses de Exteriores, Bernard Kouchner, y de Justicia, Michèle Alliot-Marie.

por EFE

El sistema judicial francés va a contar con una sección, dentro del Tribunal de París, especializada en procesos por genocidios y crímenes contra la humanidad que reunirá a magistrados y expertos que completarán la acción de la Corte Penal Internacional (CPI).

La creación de esta nueva sección dedicada a ese tipo de delitos se formalizará con un proyecto de ley que deberá ser tramitado por el Parlamento este primer semestre, anunciaron los ministros franceses de Exteriores, Bernard Kouchner, y de Justicia, Michèle Alliot-Marie.

Esta nueva instancia se basa en la experiencia de secciones especiales del Tribunal de Gran Instancia de París (con competencia para toda Francia) dedicadas a la lucha antiterrorista, al crimen organizado y a cuestiones de sanidad, destacaron Kouchner y Alliot-Marie en un artículo conjunto publicado hoy por “Le Monde”.

“Las víctimas de la barbarie humana tienen derecho a que se persiga y se condene a sus verdugos”, subrayaron los dos ministros, que añadieron que las sociedades en las que se producen ese tipo de delitos “tienen derecho a que se les ofrezca una posibilidad de reconciliación” y “la humanidad tiene derecho a defenderse contra el olvido”.

Aseguraron que “Francia, patria los derechos humanos, no será nunca un santuario para los autores de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad”

La nueva sección judicial, que tratará “el conjunto de los contenciosos” de genocidios y crímenes contra la humanidad, “favorecerá la mutualización de competencias al reunir magistrados especializados, así como traductores, intérpretes, expertos e investigadores indispensables para tratar casos tan sensibles como complejos”, señalaron los ministros.
elmostrador
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Gobierno presentará 24 querellas por delitos de lesa humanidad-07-01-10


Gobierno presentará 24 querellas por delitos de lesa humanidad


Por Jorge Escalante / La Nación


La autoridad interpondrá las acciones criminales como superior jerárquico del Programa de Derechos Humanos de ese ministerio. Al menos diez corresponden a víctimas por las cuales hasta ahora no existe un juicio.


Jueves 7 de enero de 2010 País




La presentación de las acciones criminales es una esperanza para los familiares de ejecutados políticos. Foto: La Nación


En un acto inédito en los 20 años de gobierno de la Concertación, el subsecretario de Interior, abogado Patricio Rosende, interpondrá en los próximos días en la Corte de Apelaciones de Santiago, en nombre de la “sociedad chilena”, 24 querellas por delitos de lesa humanidad por igual número de víctimas ejecutadas durante la dictadura militar.
En su calidad de superior jerárquico del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior (PDHMI), la acción que emprende el subsecretario es la primera por la cual este organismo interpone querellas por este tipo de delitos, y también será la primera vez que se hace por víctimas que tienen la calidad de ejecutados políticos, y no de detenidos desaparecidos.
Otro elemento nuevo será que de las 24 acciones criminales, 10 corresponderán a ejecutados por los cuales no existe hasta ahora un juicio abierto.
De esta manera, el subsecretario Rosende estrenará la nueva facultad para iniciar querellas que otorgó al programa la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La presentación de estas acciones legales podría implicar el procesamiento de ex agentes militares o civiles cuyas identidades hasta ahora no han aparecido en los juicios que actualmente se instruyen en el país.
La Ley 20.405 vino a fortalecer las atribuciones del Programa de Derechos Humanos de este ministerio, y de paso causó el mismo efecto respecto del cargo de subsecretario de Interior, jefe máximo de este organismo.
El PDHMI constituye hoy el principal soporte de los procesos abiertos por los crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado de las Fuerzas Armadas, pues el trabajo sistemático de sus abogados dedicados exclusivamente a esta tarea permite no sólo monitorear todas las causas a través del país, sino darles movimiento mediante la petición de diligencias y aportar antecedentes tanto jurídicos como de los hechos que rodearon los crímenes.
Hasta ahora el PDHMI es parte en todos los procesos que existen por detenidos desaparecidos, pero ahora lo podrá hacer también por los ejecutados, vale decir, por aquellas víctimas asesinadas cuyos cuerpos no desaparecieron.
A ello se suma la facultad de querellarse a nombre de la sociedad chilena y solicitar por ello el procesamiento de los autores, cómplices y encubridores.
Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado, que acciona en nombre del Estado chileno en las causas, si bien actúa en este tipo de procesos no lo hace en todos, lo que a juicio de los organismos de derechos humanos refuerza la importancia de la acción y permanencia del PDHMI.
EL EVENTUAL FACTOR PIÑERA
Pero dado que este programa continuador de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y de la posterior Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, fue creado por un decreto supremo (Nº 1005 de 1997) y no por una ley, puede ser eliminado por la misma vía tan sólo por un acto administrativo del Ejecutivo.
Por ello sus integrantes temen que ante un eventual triunfo de la derecha el próximo 17 de enero, el gobierno de Sebastián Piñera si bien no lo borre de una plumada, realice cambios que en la práctica lo transformen en un ente que, más que activar los juicios, colabore de una manera sutil a su paulatino descuido o abandono.
Eso, teniendo en cuenta de que hasta ahora Piñera ha sido evasivo para revelar cómo enfrentará en concreto su eventual gobierno el curso de estos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Aunque, al menos en sus reuniones privadas con centenares de militares que cometieron crímenes o fueron parte del aparato represivo, o que ocuparon funciones de Estado bajo el dictador Augusto Pinochet, ha mostrado como intención de principios interceder para tratar de poner fin cuanto antes a estas causas, acusando veladamente a los jueces de no aplicar los principios del debido proceso, de ser parciales con los militares involucrados, poniendo en cuestión de que el Estado de derecho se esté aplicando en plenitud por el Poder Judicial en estos juicios.
Por ello, en su momento recibió la respuesta del entonces vocero de la Corte Suprema, actual presidente Milton Juica, quien le replicó diciendo que en el Poder Judicial se aplican los principios del debido proceso a los acusados.
EL “PASAPORTE”
En las nuevas querellas que interpondrá el subsecretario Rosende, lo que ocurriría la próxima semana ante la Corte de Apelaciones de Santiago, éste solicitará la designación de nuevos ministros en visita o de fuero para que las instruyan, pudiendo también ocurrir que la corte, si las acoge a tramitación, las reparta entre los ministros que actualmente tramitan estos procesos.
En sus presentaciones, la autoridad dejará claramente establecido que las acciones criminales que se interponen tienen como fundamento el artículo 10 transitorio de la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que faculta al PDHMI ahora para “presentar querellas respecto de los delitos de secuestro o desaparición forzada en su caso, y de homicidio o de ejecución sumaria en su caso”.


Resolución del pleno de la Suprema


El pleno de la Corte Suprema resolvió el 13 de mayo de 2009 que, dado que los jueces del crimen y la figura de los ministros en visita o de fuero debían terminar a fines del año pasado de acuerdo a la última fase de la reforma procesal penal, los ministros de Corte de Apelaciones que conocen estas causas continuarán a cargo de ellas “hasta su término”.


De esta manera, el pleno despejó la duda que existía acerca de la suerte que correrían todos estos procesos, y dejó categóricamente establecido que estos juicios no tendrán plazo de término y que se extenderán hasta que los jueces les pongan fin cumplidas todas las fases del antiguo proceso penal por el que se rigen.


Actualmente existen 22 ministros de corte en visita extraordinaria o de fuero, para instruir 297 procesos, de los cuales casi el 80% están concentrados en la Región Metropolitana. En estas causas por delitos de lesa humanidad, existen a la fecha 779 agentes encausados, de los cuales 279 ya tienen una condena, sea que ellas se encuentren ya confirmadas por la Corte Suprema, o que aún estén en estado de apelación. De los 279 condenados, 55 de ellos tienen más de una condena, mientras que entre los no condenados aún, 232 tienen más de un procesamiento.


Un paso trascendente


En su calidad de superior jerárquico del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior Patricio Rosende interpondrá 24 querellas por delito de lesa humanidad por igual número de víctimas ejecutadas durante la dictadura militar.
De esta manera, Rosende estrenará la nueva facultad para iniciar querellas que otorgó al programa la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.


La presentación de estas acciones legales podría implicar el procesamiento de ex agentes militares o civiles cuyas identidades hasta ahora no han aparecido en los juicios que actualmente se instruyen en el país.


Este es un acto trascendente en materia de derechos humanos así como la inauguración del Museo de la Memoria, que se realizará el próximo lunes 11 en un acto al que están invitadas unas mil personas, procedentes de todas las regiones y de otros países. La única oradora será la Presidenta Michell Bachelet.


María Luisa Sepúlveda, presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, calificó como “discusiones ficticias” informes de prensa que hablaron de polémica sobre incorporar o no el período del gobierno de Salvador Allende en el museo, así como incluir casos de miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el espacio que se inaugurará en el barrio Matucana.

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7 de Enero de 2010

Gobierno presentará 24 querellas por casos de ejecutados políticos

Las querellas serán sustentadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y son las primeras que dicho organismo patrocina en casos de ejecutados políticos o de detenidos desaparecidos.

por EFE

El Gobierno presentará en los próximos días 24 querellas por otros tantos ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet, de los que diez no habían llegado nunca ante los tribunales de Justicia.

Así lo adelanta hoy el diario “La Nación”, que precisa que las querellas serán presentadas por el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en nombre “de la sociedad chilena” contra quienes resulten responsables de esos delitos, catalogados “de lesa humanidad”.

Las querellas serán sustentadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y son las primeras que dicho organismo patrocina en casos de ejecutados políticos o de detenidos desaparecidos.

Serán además las primeras acciones legales que emprende el Gobierno en el marco de las facultades que le otorgó la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Según el periódico, en estos casos podrían ser procesados agentes represores de la dictadura que hasta ahora han logrado permanecer al margen de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Hasta el momento, 779 antiguos agentes han sido enjuiciados y 279 han sido condenados en un total de 297 juicios por violaciones de los derechos humanos, que están a cargo de 22 jueces especiales.

Durante la dictadura unas 2.279 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 tienen la condición de detenidos desaparecidos, según estableció el informe Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

La Comisión Rettig y la Comisión Valech, que en 2005 certificó más de 28.000 casos de tortura cometidos también durante la dictadura de Pinochet, serán reabiertas en las próximas semanas y durante seis meses, por iniciativa del Gobierno, para recoger nuevos datos, desconocidos hasta ahora.
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