miércoles, 30 de septiembre de 2009

ENCONTRARON UN MICROFONO EN EL TELEFONO DEL JUZGADO ELECTORAL DE SERVINI DE CUBRIA-30-09-09

ENCONTRARON UN MICROFONO EN EL TELEFONO DEL JUZGADO ELECTORAL DE SERVINI DE CUBRIA

Prácticas de espías a la vieja usanza

El aparato fue encontrado en el despacho que la jueza tiene en el Palacio de Tribunales. “Lo tomo como una intimidación”, dijo la magistrada, quien vinculó el episodio con sus investigaciones sobre los gastos de campaña.

Por Irina Hauser

Convencida de que la espían, la jueza federal María Servini de Cubría había pedido que la Policía Federal haga un “barrido técnico” de su despacho periódicamente. Una inspección realizada anteayer le dio la razón: los expertos en comunicaciones encontraron un micrófono oculto conectado a la caja telefónica de su juzgado electoral, en la plata baja del Palacio de Tribunales. También detectaron que había sido forzado el cajón de su escritorio personal, que apareció con la llave rota. “Lo tomo como una intimidación”, dijo Servini, quien vinculó el episodio con sus investigaciones sobre los gastos de campaña.
“Me llamaba la atención que había cosas que se publicaban sobre conversaciones que habíamos tenido en mi despacho con mi secretaria, solo entre ella y yo, y que al día siguiente habían trascendido en los medios”, explicó públicamente la jueza. “Los temas que hablamos –precisó– eran sobre los gastos de la campaña electoral.” El juzgado de Servini tramita una causa sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner, que guarda cierto parentesco con la de los medicamentos truchos. El micrófono, hallado por un subcomisario y un principal de la Policía Federal, se activaba cada vez que alguien levantaba el tubo del teléfono, según relataron allegados al caso. Como técnica para interceptar llamadas resulta bastante precaria. Alguien con habilidad interviene los teléfonos a la distancia, desde una central. En el cajón del escritorio que fue violentado, Servini no guarda papeles importantes ni cosas de valor. Como recordaba haberlo abierto normalmente el viernes último, supuso que alguien habría entrado al despacho durante el fin de semana. La llave rota, que fue dejada dentro del propio cajón, parece más bien un mensaje amenazante.
En el momento del hallazgo, la jueza hizo labrar un acta y la entregó a su colega Julián Ercolini como ampliación de una denuncia que había presentado en mayo último. Por entonces aseguró que le habían robado de su oficina documentación con la que estaba preparando su descargo para defenderse ante el Consejo de la Magistratura de un pedido de juicio político por presunto forum shopping (la acumulación de expedientes sin pasar por mesa de entradas) en causas donde están implicados empresarios de juegos de azar cercanos al Gobierno.
Además de dilucidar el origen del robo, ahora Ercolini deberá desentrañar de dónde salió el dispositivo colocado en el teléfono. La magistrada trazó una relación entre ambos hechos. “Esto (por el micrófono) se junta con otras denuncias intimidatorias que se han hecho en el Consejo de la Magistratura”, señaló.
“La aparición del micrófono se suma al robo ya denunciado. Ambos episodios sucedieron a versiones periodísticas de que el Gobierno quiere echar a Servini”, advirtió el ex camarista federal Gabriel Cavallo, quien representa a la jueza junto con el abogado Pablo Jacoby. “Casualmente –ironizó– ella investiga los gastos de campaña y ahora también tiene a cargo la causa por posible fraude en el concurso del Consejo de la Magistratura para las vacantes de cuatro juzgados federales.”
La denuncia por forum shopping contra Servini la había hecho el abogado Ricardo Monner Sans. La Cámara Federal le pidió al Consejo de la Magistratura que iniciara una investigación. El Consejo rechazó abrir la pesquisa con el argumento, introducido por los consejeros Santiago Montaña (abogado) y Oscar Aguad (diputado radical) de que es “la jueza que está revisando el proceso electoral”, en alusión a las elecciones de junio. Cavallo señaló que el Consejo de la Magistratura aún tiene otro pedido de remoción en trámite contra la jueza. Es una denuncia que llegó al organismo desde la Procuración General de la Nación, donde se había presentado Mario Portillo, un ex funcionario de la DGI a quien Servini absolvió en 1994 en una causa por calumnias e injurias que le habían iniciado directivos del ente recaudador y donde sus defensores fueron la diputada-consejera Diana Conti y el actual juez supremo Raúl Zaffaroni. Portillo sostiene ahora que Servini trató de inhabilitarlo como testigo en grandes causas de corrupción como IBM-DGI y la de la Mafia del Oro. En su descargo ante el Consejo la jueza le apuntó a Conti, para quien pidió juicio político. Conti explicó que en este expediente está excusada y que lo instruye el consejero-senador kirchnerista Nicolás Fernández.
Servini tiene dos despachos. Su juzgado penal, en los tribunales de Retiro, y el juzgado electoral, donde apareció el micrófono, en el Palacio de Justicia. Actualmente tramita una causa vinculada con la de la mafia de los medicamentos, que se originó por una denuncia de Monner Sans. El abogado señaló una posible triangulación de fondos del Ministerio de Salud a través de droguerías. Servini le tomó declaración al dueño de Global Farmacy, Gabriel Brito, quien dice que aunque figura como aportante el dinero lo puso Néstor Lorenzo, el dueño de la droguería San Javier, clave en la investigación que involucra a la Asociación Bancaria y otros sindicatos.

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Decretan secreto de sumario en investigación por muerte de comunero- 30-09-09

Miércoles 30 de septiembre de 2009

Decretan secreto de sumario en investigación por muerte de comunero

10.50 El fiscal Militar de Malleco, Rodrigo Vera Lama, quien investiga el crimen de Jaime Mendoza Collío (24 años) decretó el secreto del sumario por la investigación.

El fiscal Militar de Malleco, Rodrigo Vera Lama, quien investiga el crimen de Jaime Mendoza Collío (24 años) decretó el secreto del sumario por la investigación que lleva para establecer responsabilidades del funcionario del Gope en la muerte del joven padre.

Fuentes precisaron a este medio que la decisión se habría debido a los diversos antecedentes entregados por los medios de comunicación respecto al proceso y que están relacionados con peritajes realizados por la Policía de Investigaciones.
En este caso son tres antecedentes claves en el proceso. El primer peritaje de la Brigada de Homicidios sostiene que el impacto que recibió el comunero ingresó por la espalda y salió por el tórax, situación que fue luego confirmada por la autopsia practicada al cuerpo en el Servicio Médico Legal de Angol.

El segundo informe contiene un peritaje químico realizado en el Laboratorio de Criminalística de la PDI de La Serena, donde se estableció que las manos del comunero no tienen restos de pólvora, lo que revela que no efectuó disparos antes de su deceso, lo que echa por tierra la versión del efectivo del Gope, quien precisó que se defendió de un ataque a balazos cuando fue emboscado por a lo menos cuatro sujetos armados.

Y tercer informe, es un peritaje balístico de la PDI donde se establece que el chaleco antibalas que llevaba ese día el funcionario del Gope tiene impactos de perdigones en el interior y hacia el sector de la espalda.

Esta situación sólo se puede explicar de dos formas. Una es que los proyectiles atravesaron el cuerpo y se alojaron en ese sector. La otra es que los disparos fueron realizados después del deceso del comunero como una forma de justificar su muerte.

A esto se suma que la Policía de Investigaciones de Temuco inició un sumario interno para determinar cómo el informe elaborado por personal de balística había llegado a la prensa. El antecedente fue publicado en forma exclusiva por El Austral.

El deceso del comunero ocurrió la tarde del 12 de agosto en un predio cercano a la comuna de Angol.
el austral.
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Derecha rechaza suscripción a Convención sobre desaparición de personas 30-09-09


Derecha rechaza suscripción a Convención sobre desaparición de personas

autor Colaboradores

miércoles, 30 de septiembre de 2009

El texto necesitaba de 69 votos para su aprobación, pero no se alcanzó el quórum necesario, ya que sólo hubo 57 votos a favor, siete en contra y una abstención. El texto define la desaparición forzosa como un delito común, además de establecer que debe ser juzgado por tribunales comunes y no por la justicia militar. Este tratado internacional es antecedente de la Convención de la ONU, que ya fue aprobada por el Congreso, argumento que esgrimió el gobierno para pedir su aprobación.
“Este proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, porque la vez anterior no obtuvo el quórum necesario. Pero en el intertanto se ha producido un cambio en la visión respecto a que Chile adhiera a estos tratados internacionales, y habiendo esta propia Cámara aprobado la Convención de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada de personas, no se ve razón alguna para que hoy no se haga lo mismo con la Convención Americana”, expresó el ministro secretario general de la Presidencia. Pero la Alianza no dio los votos necesarios, situación que generó fuertes críticas por parte de parlamentarios oficialistas. “Esta es la derecha más cavernaria y reaccionaria, no sólo de América Latina, sino que del mundo, una derecha pinochetista. Estamos hablando de gente que es capaz, así como hoy rechaza una convención de esta naturaleza, de volver a impulsar las políticas terroristas como lo hizo en alguna época con la DINA y la CNI”, acusó el diputado PS, Sergio Aguiló.Pero este argumento fue rechazado por el diputado UDI, Claudio Alvarado, jefe de bancada, quien puso en entredicho al documento internacional.
“Si faltan votos es porque existen proyectos de igual naturaleza que siguen en trámite administrativo, y que son mucho más acordes a la legislación vigente y al sistema judicial chileno, por lo que esa crítica de la Concertación no tiene sentido”, aseguró. La suscripción de esta convención implica no practicar ni tolerar estas prácticas en ningún Estado, sancionar en la respectiva jurisdicción estos delitos, prevenir que surjan estos casos y tomar las medidas para cumplir los compromisos. El documento fue firmado en Belén Do Pará, Brasil, en 1994 y sirvió para elaborar la convención contra la desaparición forzada de personas por parte de la Organización de Naciones Unidas.Con este rechazo, sólo en dos años más de podría volver a ingresar el proyecto al Congreso.


ELCLARIN.

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30 de Septiembre de 2009


Cámara rechaza proyecto que ratifica convención interamericana de desaparición forzada

El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, recordó que el parlamento aprobó a principios de año un instrumento similar de la ONU, por lo que cuestionó el actual rechazo.
La Cámara de Diputados rechazó el proyecto que ratifica la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.El texto requería un mínimo de 69 votos para su aprobación, sin embargo solo recibió 57 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.El instrumento internacional, adoptado el 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil, por la OEA, buscaba contribuir a la prevención y sanción de eventuales desapariciones forzadas de personas, que ocurran a futuro en el continente.Sin embargo a raíz de este rechazo la iniciativa no proseguirá su tramitación, lo que ya ocurrió hace dos años cuando también se intentó ratificar la normativa.Durante el debate el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, recordó que el parlamento aprobó a principios de año un instrumento similar de la ONU, por lo que cuestionó el actual rechazo."Habiendo esta propia cámara aprobado la convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzosa de personas, no se ve razón alguna para que hoy no pueda hacerse lo propio", precisóEn tanto, la diputada socialista Isabel Allende se preguntó "¿que va a ser de este país?", debido a la actitud de los parlamentarios de la derecha que a su juicio "respaldan este tipo de violación a los derechos humanos"."Parece que tenemos todavía diputados que no se dan cuenta que el delito más grave más inhumano y más atroz que puede existir es la desaparición forzada de personas", agregó.La normativa que declara sin amnistía el delito de desaparición forzosa, podría ser ingresada a trámite por el Senado, con el objeto de salvar su tramitación, alternativa que sin embargo, no ha sido confirmada por el Gobierno.La Convención de la OEA precisa que los Estados parte contraen compromisos fundamentales como no practicar, permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.


EFE

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29 de Septiembre de 2009
No hubo quorum necesario para ratificar el instrumento internacional
La Cámara sin diputados suficientes para legislar sobre desaparición forzada de personas
Tuvo sólo siete votos en contra y una abstención. Pero los 57 votos a favor no alcanzaron para que continuara su discusión en el Parlamento este instrumento internacional adoptado el 9 de junio de 1994 en Brasil por la OEA, el cual busca contribuir a la prevención y sanción de este delito atentatorio contra los derechos humanos en el conintente.
Por El Mostrador
La falta de quorum volvió a frustrar la tramitación de un proyecto de ley en el Parlamento. La " víctima" esta vez fue el proyecto de ley que ratifica la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el cualrequería un mínimo de 69 votos para su aprobación.
Sin embargo recibió sólo 57 votos a favor, siete en contra y una abstención. De esta forma, no prosigue su tramitación aunque el Ejecutivo puede ingresarlo nuevamente a través del Senado.
El instrumento internacional adoptado el 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil, por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), busca contribuir a la prevención y sanción de eventuales desapariciones forzadas de personas que ocurran a futuro en el continente. En la Convención los Estados Partes contraen compromisos fundamentales como no practicar, permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. También se comprometen a sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa; cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y tomar las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier índole necesarias para cumplir con la Convención.También se consagra la obligación de adoptar, conforme a las disposiciones constitucionales de los Estados, las medidas legislativas necesarias para tipificar el delito de desaparición forzada de personas e imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad, delito que será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.No obstante, también se estipula que los Estados Parte podrán establecer en sus legislaciones atenuantes de responsabilidad para quienes habiendo participado en actos de tal naturaleza contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona.La Convención define la desaparición forzada de personas como el acto en que se haya privado a una persona de la libertad en cualquier forma; que esa privación de la libertad haya sido ejecutada por agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia; que la privación de libertad haya sido seguida de la falta de información o negativa a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero del individuo y que a consecuencia de lo anterior se haya impedido a la persona ejercer los recursos legales y las garantías proce­sales pertinentes.Asimismo, se establece que los hechos constitutivos de la desaparición forzada serán considerados delitos en cualquier Estado Parte. La desaparición forzada de personas no será considerada como delito político para los efectos de extradición; será incluido entre los delitos que dan lugar a la extradición en todo tratado de esta naturaleza celebrado entre países que ratifiquen la Convención; se asume el compromiso de los Estados de incluirlo como susceptible de extradición en todo tratado que celebren entre sí en el futuro, que podrá considerar esta Convención como la base jurídica necesaria para la extradición relativa a este delito; y, finalmente, que la extradición estará sujeta a las disposiciones previstas en la Constitución y demás leyes del Estado requerido.Adicionalmente, el texto legal establece como competente para conocer del delito de desaparición forzada de personas sólo a las jurisdicciones de derecho común, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. Delito imprescriptible y extraditable También se declara que la correspondiente acción penal y la pena que se impongan judicialmente al responsable de la desaparición forzada de personas no estarán sujetas a prescripción. A la vez, se impone la obligación al Estado que no conceda la extradición a someter el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten esas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.
Además:
Revise la votación

elmostrador.

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CRIMINALES DE ESTADO URUGEAYOS EN PUGNA CON TERRORISTAS DE ESTADO CHILENO 30-09-09

Uruguayos en pugna con ex agentes

Por Jorge Escalante / La Nación

Los tres coroneles (R) de la inteligencia de ese país reconocieron que el 15 de noviembre de 1992 llegaron al cuartel policial de Parque del Plata donde el químico se había refugiado tras huir de sus custodios chilenos.


Miércoles 30 de septiembre de 2009 País

Fotos

El ex agente de la contrainteligencia uruguaya, coronel (R) Wellington Sarli, quien no vio ayer con buenos ojos ser fotografiado.

Una pugna entre militares retirados de la inteligencia uruguaya y ex agentes de la inteligencia del Ejército chileno y la CNI quedó ayer de manifiesto con las declaraciones prestadas ante el juez Alejandro Madrid por los tres coroneles (R) uruguayos en el proceso por el crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos.
En una extensa jornada en la que incluso uno de los uruguayos se trabó a veces en disputas verbales con el juez, interrumpiéndolo cuando éste le hablaba, los oficiales extranjeros dejaron claro con sus declaraciones que los ex agentes chilenos que participaron en el operativo con el que terminaron asesinando a Berríos rompieron un pacto de honor y silencio involucrándolos en algunos episodios del caso.
Hasta ahora, los coroneles (R) Tomás Casella Santos, Eduardo Radae-lli Coppola y Wellington Sarli Pose, niegan todo vínculo con el secuestro y la ejecución de Berríos, reconociendo que sólo “ayudaron” a los agentes chilenos sin saber quién era realmente el químico y por qué la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno (DINE) lo había sacado de Chile.

Sin embargo, Sarli reconoció que respecto del caso Berríos “su salida de Chile y el real objetivo de ella, estuvo reservada a las altas esferas chilenas y uruguayas”.
Los tres negaron haber mantenido un vínculo o contacto con los agentes de la DINE que en Montevideo custodiaban, o según ellos, “acompañaban” a Berríos. Porque para los militares uruguayos, Berríos jamás estuvo secuestrado en su país.
Con esa negativa, desmintieron a los ex agentes chilenos que en el proceso han reconocido que el contacto de ellos en Uruguay, durante el tiempo que Berríos se mantuvo vivo, fue el entonces capitán Eduardo Radaelli. “Yo nunca llamé a ninguno, ni tampoco recibí llamadas de ellos”, dijo Radaelli al juez.

Los tres militares eran en octubre de 1991, cuando la DINE sacó a Berríos de Chile, oficiales del Departamento de Contrainteligencia del Ejército uruguayo en servicio activo.

TESTIMONOS

Radaelli dijo al juez que “fue Casella quien me pidió la casa de Parque del Plata para llevar a Berríos por unos días. Él no me dijo quién era Berríos, a quien yo no conocía, entonces yo confié en Casella (que era un oficial superior a él) porque me dijo que Berríos, a quien nombraban como Tulio Orellana, y otro chileno a quién conocí como Carlos Ramírez, eran conocidos suyos”.
A su vez, Wellington Sarli desmintió al ex agente chileno Arturo Sanhueza, quien afirmó en el proceso que el día de la huida de Berríos, se reunieron en las casas vecinas de Sarli y Radaelli en Parque del Plata, estos dos militares uruguayos con los agentes chilenos de la DINE, Arturo Silva y Jaime Torres, para discutir acerca de cómo pudo Berríos llegar a refugiarse en el cuartel policial del lugar.
Sarli habló muy mal de Sanhueza, y aunque no lo trató de traidor, contó detalles de cómo lo ayudó con alojamiento y alimentación “a él y a toda su familia” en su casa del balneario.
Sanhueza, ex agente de la CNI, fue otro de los que la DINE sacó de Chile en 1991 para evitar que declararan en causas por violaciones de los derechos humanos.
Los tres en el cuartel
Fue de la casa de Radaelli en Parque del Plata, a una hora y media de Montevideo, desde donde el 15 de noviembre de 1992 Berríos eludió la custodia de los agentes de la DINE, para refugiarse en la comisaría del lugar.
Llegó diciendo que lo querían matar por orden del dictador Augusto Pinochet. Allí llegaron los tres uruguayos para rescatar a Berríos del cuartel, aunque ellos dijeron ayer que su presencia en ese cuartel ese mediodía, fue una coincidencia y no existió una concertación para ello.
la Nación.


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30 de Septiembre de 2009

Militares uruguayos en pugna con ex agentes

Los tres coroneles (R) de la inteligencia de ese país reconocieron que el 15 de noviembre de 1992 llegaron al cuartel policial de Parque del Plata donde el químico se había refugiado tras huir de sus custodios chilenos.

Los ex oficiales uruguayos que permanecen bajo arraigo en Chile por el crimen del químico de la DINA Eugenio Berríos negaron las declaraciones que los involucran en la muerte del profesional en 1992.
Los coroneles retirados de la contra inteligencia uruguaya Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Coppola y Wellington Sarli Pose negaron haber tomado parte en algunos episodios de esta operación y dijeron que solo prestaron "ayuda" a los agentes de la inteligencia del Ejército chileno, sin saber quién era realmente Berríos.
Los uruguayos que fueron extraditados a Chile en 2006 y procesados por el delito de asociación ilícita se encuentran en libertad provisional, pero sujetos a una orden de arraigo que les impide abandonar el territorio chileno a solicitud del abogado defensor Carlos Neira.
"La salida de Chile de Berríos y el real objetivo de ella solo estuvo reservada a las altas esferas chilenas y uruguayas", dijo Sarli ante el juez Alejandro Madrid, que instruye el proceso por el secuestro y posterior asesinato de Berríos en Uruguay.En agosto pasado ex agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), cuya Unidad de Operaciones Especiales sacó en octubre de 1991 al químico clandestinamente de Chile a Argentina y luego a Uruguay, declararon en el proceso que el contacto que llevaban para operar en Montevideo con respecto a Berríos era el entonces capitán Eduardo Radaelli.
"Yo nunca llamé a ninguno de ellos, ni ellos me llamaron a mí durante todo ese tiempo", afirmó Radaelli al magistrado, aunque reconoció que fue por orden de Casella que sacó a Berríos de Montevideo y lo llevó a su casa de veraneo en el balneario Parque del Plata, a una hora y media de la capital uruguaya."Pero yo nunca supe quién era realmente Berríos, y más aun, lo conocí como Tulio Orellana. Yo lo llevé porque Casella me dijo que él y otro chileno a quien conocí como Carlos Ramírez eran conocidos suyos", manifestó Radaelli.Sin embargo, los tres uruguayos reconocieron que el 15 de noviembre de 1992, día en el que Berríos eludió a sus custodios de la DINE y fue a refugiarse en el cuartel policial de Parque del Plata diciendo que lo querían matar por orden del dictador Augusto Pinochet, ellos llegaron para sacarlo.
Dijeron que la presencia de los tres ese día al cuartel policial fue solo una "coincidencia" y que no se concertaron para ello.Esa fue la última vez que al químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo creado por Pinochet, se le vio con vida.
El coronel (R) Wellington Sarli también desmintió al ex agente Arturo Sanhueza, quien declaró en la causa que el día de la fuga de Berríos en la casa de Parque del Plata se reunieron Radaelli, Sarli y los agentes chilenos Arturo Silva y Jaime Torres para recriminarse por lo sucedido con Berríos.
Sarli mantenía a Sanhueza y su familia alojado en su casa de veraneo de Parque del Plata, vecina a la de Radaelli.Sanhueza también fue sacado en 1991 de Chile por la inteligencia del Ejército para, al igual que Berríos, evitar que declarara en procesos que se habían abierto por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.Tanto los tres militares uruguayos como los otros 16 ex agentes chilenos procesados y formalmente acusados por el juez Madrid, arriesgan altas penas de cárcel por el crimen de Berríos.Se espera que la sentencia sea dictada antes de que finalice 2009.
EFE

elmostrador.
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Las elites dominantes en Chile, la elites políticas, menos las empresariales, no están en condiciones de articular una voluntad política 29-09-09


Proyecto para crear Ministerio de Asuntos Indígenas no logra respaldos

La idea que se esbozó ante la ONU, cuando el gobierno negó que existiera perjuicio a los mapuches a través de la Ley Antiterrorista, podría ser enviada esta semana al Congreso. Para el premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, “la Concertación y ningún otro gobierno pasarán por los intereses creados que hay en el conflicto indígena”. Lonko de Temucuicui, por su parte, criticó fuertemente el nuevo anuncio del gobierno en la materia.

NINOSKA LEIVA - SANTIAGO DE CHILE - 28 / 09 / 09

Cuando Chile negó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el jueves pasado en Ginebra, que hubiera utilizado la Ley Antiterrorista en perjuicio del Pueblo Mapuche, el gobierno - a través del Coordinador de Políticas Indígenas, ministro José Antonio Viera-Gallo - dejó ver la posibilidad de enviar esta semana al Congreso un proyecto de ley que propone crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, en el marco de la reestructuración de la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Se trataría de una indicación del Ejecutivo a una iniciativa en trámite, que desde el año pasado consideraba una subsecretaría como el máximo organismo que se encargaría de estas materias. La Conadi ha sido cuestionada por varias irregularidades en la entrega de tierras a los pueblos originarios. Controversias que han pasado la frontera nacional, ya que producto de la reivindicación de territorios es que continúa el conflicto mapuche.

Sin embargo, para el Premio Nacional de Historia y académico de la Universidad de Chile, Gabriel Salazar, es poco probable que un ministerio signifique reales cambios o mejorías en materias indígenas. “No cambia nada en el fondo, como quiera que sea la composición de la nueva institución, con mayor o menor presencia indígena, aquí lo que hace falta es una voluntad histórica y una voluntad política. Creo que las elites dominantes en Chile, la elites políticas, menos las empresariales, no están en condiciones de articular una voluntad política como para resolver el problema de fondo, porque la única manera de resolverlo es reconocer la existencia en Chile de un pueblo indígena, de una nación indígena y de reconocerle un territorio significativo”, afirmó.
Gabriel Salazar agregó que los gobiernos de la Concertación han tenido la idea de mejorar las políticas indígenas, pero no lo ha llevado a la práctica por intereses propios. “Los gobiernos de la Concertación tuvieron la intención de abrir una nueva política a los pueblos indígenas chilenos, pero en la práctica, no la han implementado y no han sabido implementarla, porque en rigor cualquiera política indígena que sea destinada para resolver el problema de fondo, pasa por una cantidad de intereses creados que se han venido acumulando desde el siglo XIX en Chile y no creo que la Concertación ni ningún otro gobierno que no tenga una voluntad política definida vaya a animarse de pasar por encima de esos intereses”, concluyó.Idea que comparte la experta en políticas indígenas y perteneciente a la etnia mapuche, Elba Soto, quien además presentará el texto "Los mapuche de Chile: nuevos significados a partir de su discurso", resumen del libro: "Sueños y luchas de los mapuche de Chile", en la VIII reunión de Antropología del Mercado Común del Sur (Mercosur), el próximo 29 de septiembre.Para Elba Soto, es imposible que se comprenda el mundo de los pueblos originarios si no se les escucha. “La forma en que las cosas se hacen acá, en general cuando ha habido consulta, nunca se ha hecho, nunca se ha buscado la manera correcta de hacerlo. Cuando se hizo la Ley Indígena, las comunidades fueron llamadas, muchos foros dentro de la comunidades y hubo una postura que era primero que la Ley Indígena aceptara que nosotros somos pueblos o naciones indígenas”, afirmó Soto.

Lonko Catrillanca

Desde Wallmapu, los dirigentes mapuches volvieron a cuestionar la efectividad de las medidas anunciadas y las visitas del secretario de Estado. El lonko de Temucuicui, Juan Catrillanca, explicó que las relaciones con el Ejecutivo siguen descompuestas y que la confianza en las autoridades es nula, por lo que difícilmente se podría avanzar en acuerdos si continúan sucediendo hechos de violencia contra las comunidades. ”Hoy día ellos dicen que nosotros los mapuches somos violentos, no es así, la violencia la está creando ellos, el gobierno, usando la fuerza, carabineros sigue matando, sigue hiriendo, sigue tomando presos ¿Para qué ella manda a torturar a los mapuches? Aquí hay una preocupación que no es confiable con el gobierno presente, menos con el que va a venir a futuro”, afirmó. Para la autoridad mapuche la reciente visita de Viera Gallo generó más malestar al conocerse que el ministro prometió analizar el conflicto y volver a la zona el próximo 7 de octubre. “Esta venida de los señores no es la solución de este pueblo”, sentenció.Por eso, Juan Catrillanca tampoco ve con buenos ojos la eventual creación de un ministerio de Asuntos Indígenas, “La solución no pasa por que se cree una institución, son cientos los empleados que se asalarian ahí”. Coincide con esto el diputado de la bancada PRI-independiente, Eduardo Díaz, quien aseguró que “la burocracia más grande de un ministerio de Asuntos Indígenas no hace más que engrosar la cantidad de operadores políticos, pero no pone sanciones a quienes han estado abusando de los recursos que deben estar destinados a los más pobres entre los pobres, que son las comunidades mapuches, y no resuelve el problema, lo que hace es agrandarlo”.

Modificaciones
El actual Consejo de la Conadi es integrado por 17 miembros, los cuales serían reemplazados por un Consejo de Pueblos Indígenas, de carácter consultivo y resolutivo, que estaría compuesto por 44 personas de ocho etnias, elegidos por votación popular. Esta reestructuración obedece a la evaluación y a las propuestas hechas por el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien en su condición de coordinador de Asuntos Indígenas sostuvo reuniones y diálogos con diversos sectores gubernamentales, religiosos, empresariales, gremiales e indígenas. Cabe destacar que, según el Censo del año 2002, las comunidades mapuches suman 604.309 personas, alrededor del cuatro por ciento de la población chilena. Por lo que según los expertos, económicamente es perfectamente posible dar una solución a este sector de nuestra población. En tanto, en el País Mapuche se mantienen un conflicto con empresas agrícolas y forestales y con las autoridades chilenas por la propiedad de tierras que consideran ancestrales. El enfrentamiento se recrudeció el pasado doce de agosto con la muerte del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, quien fue abatido por la espalda por disparos de la policía.
azkintuwue.
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29 de Septiembre de 2009

Bachelet firma proyecto de ley que crea Ministerio de Asuntos Indígenas

Las herramientas legales impulsadas por el Ejecutivo surgen en medio del recrudecimiento de los ataques que protagonizan mapuches, por la reivindicación de tierras que consideran ancestrales.
La Presidenta, Michelle Bachelet, firmó este martes un proyecto de ley para crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, con el que el Ejecutivo pretende otorgar a la política indígena "la dimensión que requiere".
"El propósito es que el diseño y las decisiones sobre las políticas respectivas se radiquen en el más alto nivel del Gobierno", dijo la mandataria durante la ceremonia celebrada en el palacio gubernamental de La Moneda, a la que asistieron varios ministros de su gabinete y el ex presidente Patricio Aylwin.
El proyecto, que deberá ser discutido en el Congreso, concede al nuevo ministerio el carácter de Secretaría de Estado y lo faculta para diseñar, coordinar y evaluar las políticas indígenas en el país.La iniciativa propone también la creación de la Agencia de Desarrollo Indígena, un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y dependiente del nuevo ministerio, cuya misión será "ejecutar e implementar las políticas públicas", precisó la jefa de Estado.
Bachelet mandó al Congreso un segundo proyecto de ley en materia indígena, este para crear el Consejo de Pueblos Indígenas, un organismo de representación de todos los pueblos originarios ante el Estado.
El consejo, cuya idea surgió como una petición de las comunidades indígenas, será un "organismo de representación de los pueblos ante el conjunto del Estado, es decir, ante el Gobierno, el Parlamento, el Poder Judicial y demás organismos constitucionales", explicó Bachelet.
El Consejo de Pueblos Indígenas estará formado por 43 miembros elegidos proporcionalmente según la presencia de cada etnia y contará con una secretaría ejecutiva y financiación pública.El organismo participará en el diseño y evaluación de las políticas indígenas, en el debate de los presupuestos, en el informe anual sobre la situación de sus derechos y representará a las comunidades indígenas en los procesos de consulta nacional.
"En general, podrá proponer modificaciones legales y reglamentarias y la elaboración de planes y programas que estime necesario en materia de pueblos originarios", precisó Bachelet."De esta manera esperamos fortalecer la participación y la representación de las comunidades y de los pueblos indígenas en el ámbito público", agregó.Las herramientas legales impulsadas por el Ejecutivo surgen en medio del recrudecimiento de los ataques que protagonizan mapuches, por la reivindicación de tierras que consideran ancestrales.
En los últimos meses, grupos de mapuches han ocupado decenas de terrenos agrícolas, cortado carreteras y quemado maquinaria agrícola, incidentes que se han concentrado en la región de La Araucanía.Hace un mes, la presidenta Bachelet nombró al ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, como ministro coordinador de la política indígena para impulsar la agenda legislativa en esta materia.

EFE
el mostrador.
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29 September, 2009

Gobierno está trasladando el conflicto

Werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, señaló que el Ministro Viera Gallo “son medidas extremadamente poco valientes, porque no resuelven ni van a resolver las controversias que existen en el sur entre los mapuches y el Estado chileno (…)”… Por otra patrte, comunidades Mapuches Williches acusan a Viera Gallo de Acusan a Viera-Gallo de un diálogo “poco fluido” y de encontrarse más cerca de los empresarios que de los pueblos originarios./ Los mapuches alegan que no se está aplicando íntegramente el convenio 169 de la OIT

Fuente: Canal 13
Huilcamán acusa a Viera-Gallo de "dejar conflicto indígena" al próximo gobierno
Actualizado 28-Sep-2009
El werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, se refirió a las nuevas propuestas que presentará el secretario de Estado a la presidenta, Michelle Bachelet.
Según ha trascendido, la iniciativa contempla un nuevo ministerio, una subsecretaría y una Agencia de Desarrollo Indígena, que sustituiría a la Conadi.
Además, se establecería un Consejo de Pueblos Indígenas de carácter consultivo y resolutivo, compuesto por 44 miembros de 8 etnias y elegidos por votación popular.
"Lo que está haciendo el ministro José Antonio Viera-Gallo es dejar que el problema indígena lo asuma el próximo gobierno", señaló el werkén.
Huilcamán señaló también que “son medidas extremadamente poco valientes, porque no resuelven ni van a resolver las controversias que existen en el sur entre los mapuches y el Estado chileno (…) según la experiencia de otros países donde se ha instaurado, estos consejos sólo han sido una buena entretención, como una dinámica de castigo a niños indisciplinados en un jardín infantil", precisó.
"Me sorprenden lo que ha concluido el ministro Viera-Gallo, sobretodo, debido a que los 3 viajes consecutivos que ha hecho a la zona han sido de carácter 'bomberil', o sea, va donde lo llaman porque hay problemas (Galvarino, Vilcún y Panguipulli), y si dedicó su tiempo a hablar con 'minorías' como él calificó a los mapuches en su intención de formar un autogobierno, ¿para qué ha perdido su tiempo? Es una profunda contradicción", indicó el dirigente indígena.
A juicio del líder mapuche, las recomendaciones del miembro del gabinete a la Mandataria son resoluciones que determinó "para todo el país", a partir de las reuniones con los funcionarios de la Conadi de La Araucanía, "o sea, sería como si las nuevas políticas de Carabineros de Chile, se discutan con los efectivos policiales que hoy vigilan los predios", explicó.
Frente a un eventual cuestionamiento de otras etnias que podrían acusar a la comunidad mapuche de trabar los posibles beneficios que elabore el Estado para todas los pueblos indígenas del país, Huilcamán sostuvo que "todos los pueblos tienen derecho a opinar y decir sus pareceres y hasta ahora, no he sabido de ninguna posición contraria a la que postula mi pueblo”.

Protestas contra Viera-Gallo

Alrededor de 100 personas se congregaron en el frontis de la Gobernación de Ranco, en La Unión, para manifestarse contra el coordinador del tema indígena, el ministro José Antonio Viera-Gallo.
Acusan a Viera-Gallo de un diálogo “poco fluido” y de encontrarse más cerca de los empresarios que de los pueblos originarios.
Los mapuches alegan que no se está aplicando íntegramente el convenio 169 de la OIT.

mapuexpres

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Institucionalidad indígena para el siglo XXI anunció Bachelet


Por C. Leiva / A. Valencia/ La Nación


Ministerio y Agencia de Desarrollo reemplazarán a la Conadi. Además, un Consejo de Pueblos de 43 miembros, elegidos democrática y proporcionalmente, representará a las etnias frente al Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial y otros organismos del Estado. Nuevas entidades tendrán su sede en Santiago.

Miércoles 30 de septiembre de 2009 País
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Una institucionalidad indígena para el siglo XXI, acorde con los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), anunció ayer la Presidenta Michelle Bachelet.
Esta iniciativa se concretará a través de un nuevo ministerio y una agencia que dependerá de éste y que implementará la política indígena.
Ambas entidades funcionarán en Santiago y reemplazarán a la Conadi. Además, la agencia tendrá un director escogido por el sistema de Alta Dirección Pública.
Esta modernización también incluirá el Consejo de Pueblos Indígenas de 43 miembros, elegidos democrática y proporcionalmente, que representará a las etnias frente al Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial y otros organismos del Estado.
También tendrá su sede en la capital, contará con financiamiento público y sus integrantes percibirán una dieta por asistir a las sesiones.
Al anunciar ayer esta nueva institucionalidad, la Presidenta firmó dos proyectos de ley, uno que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y la Agencia de Desarrollo Indígena, y otro que funda el Consejo de Pueblos Indígenas.
En los próximos días el Ejecutivo les dará suma urgencia para su tramitación, pero se estima que su aprobación se logrará en el próximo gobierno.
“Han transcurrido 20 años desde el histórico acuerdo de Nueva Imperial, donde asumimos un compromiso con los pueblos indígenas, hasta la ratificación y vigencia plena del Convenio 169 de la OIT, que fija los estándares que nuestra democracia debe procurar para un adecuado reconocimiento y participación de los pueblos originarios”, indicó la Presidenta.
“CHILE ES DISTINTO”
“Podemos diferir en magnitud o en la celeridad de los avances, pero lo que sí es indiscutible es que Chile es distinto desde Nueva Imperial hasta hoy. Los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes, su identidad, diversidad y el pluralismo que representan son más reconocidos y en su ejercicio son respetados y garantizados en mejor forma”, añadió.
“Las legítimas demandas de los pueblos originarios hoy forman parte del ideario democrático y de la agenda pública. Naturalmente el mayor mérito de estos avances es obra del tesón y la reivindicación de los mismos pueblos por el reconocimiento de sus derechos y gracias a eso la sociedad chilena ha madurado como lo ha hecho para aceptar nuestra raíz multicultural, reconocer la diversidad y abordar el futuro con la complejidad y la riqueza que ello significa", agregó.
Más adelante, recordó que “hace 16 años, durante el gobierno del Presidente Aylwin, y fruto del trabajo del diálogo y la participación con las comunidades y organizaciones indígenas, el país aprobó una ley y una institucionalidad para abordar los compromisos de Nueva Imperial.
En particular se generó un consenso para acometer las principales urgencias de los pueblos, entre ellas la restitución de los derechos de aguas y de tierras”.
“RESPUESTA MODERNA”
“Hoy, a 16 años de la Ley Indígena, en el nuevo marco que nos propone el Convenio 169, y a partir de lo que hemos avanzado, debemos considerar una nueva definición institucional que garantice más sólidamente los derechos de los pueblos. Una nueva institucionalidad que por una parte eleve y consolide la jerarquía de las decisiones en la política indígena y dé eficiencia a las políticas públicas que se implementen fruto de ellas”, dijo.
“El rediseño institucional de la política sobre derechos indígenas es una respuesta moderna a la oportunidad que abre para Chile y sus pueblos originarios la aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT. Y animados del mismo espíritu que hace 20 años inspiró Nueva Imperial, animados por todo lo que se ha avanzado en estos años, elaboremos entre todos un cauce político institucional para abordar los desafíos del desarrollo de los pueblos indígenas en el siglo XXI, porque queremos construir un Chile que incluya a todos sus hijos”, concluyó la Mandataria.
VEINTE AÑOS DESPUÉS
El 1 de diciembre de 1989 en Nueva Imperial, Región de la Araucanía, el entonces candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, firmó el primer acuerdo con los pueblos indígenas de Chile.
En esa oportunidad, Aylwin y su eventual gobierno se comprometieron a impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y sus derechos sociales, económicos y culturales.
Ellos, a apoyar el gobierno de la Concertación y la recuperación democrática del país. Veinte años después y luego de cuatro gobiernos de la Concertación, las etnias de nuestra nación alcanzaron el ansiado reconocimiento constitucional de sus derechos, gracias a la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
En el proceso se han registrado situaciones violentas, algunas con resultado de muerte. Las autoridades esperan que con el nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas, la Agencia de Desarrollo Indígena y, sobre todo, con el Consejo de Pueblos Indígenas, se alcancen los acuerdos políticos para una solución definitiva de los conflictos.
La nueva institucionalidad que anunció ayer la Presidenta Michelle Bachelet pone al día a nuestro país con los estándares internacionales del Convenio 169. Sin embargo, persiste el problema de la tierra.
Para ello, el ministro José Antonio Viera-Gallo prepara un nuevo sistema de adquisición de tierras que evite la especulación y que resuelva los problemas de las comunidades mapuches, donde radica en definitiva el principal conflictivo. Como dijo la Mandataria en parte de su mensaje, “aún queda mucho por hacer”.

la nación

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Alarma en Copiapó: ¡se acaba el agua! 29-09-09


Alarma en Copiapó: ¡se acaba el agua!

por Claudia Urquieta Ch. (Chile)

martes, 29 de septiembre de 2009

El primer día que la diputada Isabel Allende se instaló en el departamento que arrienda en la ciudad de Copiapó desde enero de este año, se encontró con la sorpresa de que el agua potable estaba cortada. La situación no es ninguna novedad para los habitantes de la zona, que conviven con periódicas restricciones al suministro, problemas en la presión y muy mala calidad del agua. Tanto, que los que pueden permitírselo prefieren beber agua embotellada.

La realidad hídrica del valle de Copiapó es preocupante: en pocas palabras se está secando. Ya lo anunció a principios de año la superintendenta de Servicios Sanitarios (SISS), Magaly Espinoza, que aseguró que "la napa sigue disminuyendo y si no encontramos una salida inmediata, la región no va a tener agua para el consumo humano en dos o tres años más".

El gran problema es que el río Copiapó, que abastece el valle, está sobreexplotado. Según explica la diputada Allende, "se consume más del agua que se puede reponer, lo que es una bomba de tiempo".

Eso, sin tomar en cuenta que a pesar de que los derechos de agua otorgados cuadruplican la recarga del recurso acuífero -que naturalmente alcanza los 4.500 litros por segundo-, y hoy se extraen poco más de 7 mil. Lo que significa que si se aprovecharan todos los derechos otorgados simplemente no habría abastecimiento.

Agricultores en peligroLos grandes consumidores de agua de la zona son, según un estudio encargado por el gobierno regional el año pasado al experto estadounidense Charles M. Burt, la agricultura, que utiliza 53 por ciento del agua del valle, y la minería, responsable del uso del 31 por ciento. El consumo humano sólo alcanza al 10 por ciento
Según el último reporte anual de disponibilidad hídrica destinada al riego, entregado hace una semana, los pronósticos para la temporada 2009-2010 son bastante complejos para Atacama, especialmente para la cuenca del Copiapó: el volumen de deshielo histórico llegaría apenas al 50%.

Los datos de la Dirección General de Aguas (DGA), indican que el embalse Lautaro, clave para la región, tiene 7,3 millones de metros cúbicos almacenados al 31 de agosto, en contra de los 10 millones que tenía en la misma fecha del año pasado y los 13 millones de metros cúbicos que es su promedio histórico en esta época.

A este negro escenario se suma que el agua subterránea en la cuenca, desde 2005 sólo ha presentado descensos.

El director de la DGA, Rodrigo Weisner, aseguró que esto se traduce en menos disponibilidad de agua, pero "no debiera afectar el consumo humano porque las empresas sanitarias tienen por ley garantizar la continuidad y la calidad del servicio. Así que aquí no estamos diciendo que Copiapó se va a quedar sin agua para tomar".
Además, descarta que la situación actual se deba a la sobreexplotación del recurso, sino que asegura que "la naturaleza es la naturaleza".

Para el abogado, los que efectivamente están en serios problemas son los agricultores, ya que habrá una restricción del recurso hídrico para la agricultura "que se puede traducir en decisiones que deben tomar los privados. Vienen momentos difíciles para este valle, por lo que decimos que los privados tomen las decisiones correctas".

SOS en CopiapóEl jefe de Fiscalización de la SISS, Sergio Rivera, es bastante menos optimista. Al menos en cuanto al abastecimiento para consumo humano. "Hay un descenso y una sobreexplotación del acuífero. Estamos detectando a través de la empresa sanitaria Aguas Chañar, que abastece a Copiapó, Caldera y Chañaral, un constante descenso del nivel de la napa subterránea", explica.

Por ello les preocupa el tema de disponibilidad del recurso. Sobre todo porque se mantiene la tendencia de baja de niveles. "De seguir así es mal pronóstico, por lo que hay que buscar alternativas de abastecimiento en los próximos dos años".

Rivera asegura que en ese lapso no se quedarán sin abastecimiento para la población, "pero no hay que quedarse de brazos cruzados. Necesitamos seguridad a largo plazo y si continúan las condiciones actuales no podemos garantizar que el 100 por ciento de la población tendrá acceso al agua".
Según la diputada Allende, los problemas ya se ven hoy. "En Copiapó no está garantizado el suministro en todos lados, hay sectores donde el agua se corta por días".
El Código de AguasUn gran aliado de la compleja situación es el Código de Aguas de 1981, que entrega los derechos de agua sólo en función de la disponibilidad del recurso, como si fuera sólo un bien con fines productivos sujeto a las normas del mercado.
La fórmula de entregar gratuitamente a quien solicite derechos de agua siempre y cuando no haya restricciones en la cuenca ni existan conflictos con otros, es en gran parte el culpable de la crisis que se vive en la zona, ya que impulsó que hubiera más derechos entregados que el agua que existe realmente.
Según la diputada Allende, esto también permitió que muchos se llenaran los bolsillos, ya que "hay derechos de agua gratuitos que se venden a precios millonarios".
La parlamentaria señala que dadas las actuales condiciones es imperativo que se tomen cartas en el asunto.
"Aguas Chañar hizo pozos que permitieron sortear el problema el año pasado, pero si este invierno no se hacen inversiones tendremos una crisis. No es suficiente hacer más pozos, ya que además el agua es pésima".
Su propuesta apunta a la instalación de plantas desalinizadoras, lo que debería lograrse a través de inversión público-privada: "Ni el Estado ni los privados pueden renegar de las responsabilidades".
Además del abastecimiento humano, la hija del ex presidente Salvador Allende señala que "si esto sigue así no serán posibles grandes proyectos mineros en carpeta como Los Morros, Caserones y Pascua Lama: si no instalan plantas desalinizadoras no podrán ejecutarse."
En tanto, Rivera explica que a la empresa Aguas Chañar se le solicitó un análisis de alternativas de solución a largo plazo, tanto de la continuidad del suministro como de la calidad del agua potable, el que debería presentarse en los próximos meses.
También se constituyó en 2008 una Mesa del Agua, iniciativa público-privada que busca encontrar una solución al trance que vive el valle.
ReformaActualmente hay un proyecto de reforma presentado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que busca elevar a nivel constitucional que las aguas sean bienes nacionales de uso público.
Además se establece que la gestión del agua se tiene que hacer a nivel de cuencas y que cuando la autoridad otorgue derechos de agua reconozca la diversidad geográfica del país, ya que según señala Weisner "no es posible que la misma ley que regula los derechos de agua en el desierto de Atacama, establezca los derechos de agua en Aysén. Es absurdo".
Por otra parte, abre la posibilidad de que en una legislación posterior se contemple la posibilidad de la caducidad de los derechos de agua.
"El objetivo es establecer una regulación constitucional de las aguas que hoy sólo existe a propósito del derecho de propiedad, que obviamente es insuficiente. El agua es mucho más que un bien para fines productivos", asegura el director de la DGA.
Ya ha habido voces, como de los centros de estudios como Libertad y Desarrollo (LyD) y el Instituto Libertad, que señalan que el proyecto es innecesario y que podría provocar incertidumbre en la inversión. Frente a lo cual Weisner responde que "nuestra evaluación es que el impacto será positivo, ya que el mercado de derechos de agua que tenemos en Chile es pésimo. Funciona mal, de manera desigual, hay monopolio, concentración, asimetrías de la información, barreras de entrada, obstáculos administrativos".

En todo caso, no hay un cronograma que garantice que la decisión política se tomará antes de marzo de 2010.29 de Septiembre de 2009

* Fuente: El Mostrador.
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Corrupta CONADI mía 30-09-09

Corrupta CONADI mía

escrito por Arnaldo Pérez Guerra

miércoles, 30 de septiembre de 2009

Temuco.- José Antonio Viera-Gallo, ministro de la Presidencia y Coordinador para asuntos indígenas, resolvió remover de sus cargos a directivos de la CONADI y el Programa Orígenes tras el escándalo por diversas irregularidades en la adquisición de terrenos para las comunidades indígenas. Los anuncios de cambios y una nueva relación con los pueblos originarios, principalmente con los mapuches, fueron hechos por la televisión. Una apuesta mediática más que real.

Según el ministro esos cambios buscarían “aumentar la eficiencia en el trabajo de la institución y, más adelante, crear una legislación para que el país cuente con una institucionalidad adecuada a las demandas que tienen los pueblos indígenas, y al mismo tiempo con eficacia suficiente para realizar esas políticas”. Viera-Gallo señaló, además, que la tasación de las tierras la harán “personas externas a la institución, ligadas al mundo universitario de la Región de la Araucanía, y que tengan plena respetabilidad, competencia y autoridad para cumplir esa función”. Hace años que el gobierno sabe de las irregularidades en la CONADI y cada cierto tiempo hay reestructuraciones como la anunciada que cambian algo pero dejan todo donde está.
Las críticas a la gestión de la CONADI apuntan principalmente a que éste organismo se ha convertido en una “caja chica” de la Concertación y en un resabio del clientelismo. Los funcionarios removidos son el Director de Tierras y el Director de Administración y Finanzas del organismo, a los que se agregan abogados y funcionarios del Programa Orígenes.
Según el ministro Viera-Gallo, el gobierno formará un grupo de trabajo entre la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda para “revisar las normas en torno a la reclamación y la adjudicación de tierras que el Gobierno otorga a comunidades indígenas. De tal manera de poner fin a la especulación sobre el precio de la tierra, a posibles connivencias entre comunidades o comuneros que demandan tierra y propietarios interesados en venderlas a alto precio, y a cualquier manipulación de las tasaciones”.
El director de la CONADI, Álvaro Marifil, sólo fue amonestado “porque no tomó resguardos para evitar que se cometieran irregularidades”, señaló el ministro. La “reestructuración”, como ha sido calificada por la autoridad, pone fin a 7 sumarios, aunque restan aún otros 28 actualmente en curso. José Antonio Viera-Gallo anunció que el ministerio de Hacienda entregará 5.000 millones más al presupuesto ya aprobado 25.000 millones para la compra de tierras. Los anuncios no acallan las críticas al cuestionado organismo y la forma de trabajo en que la Concertación ha entendido el llamado “conflicto mapuche”
Las denuncias de irregularidades en la CONADI datan casi desde el inicio del organismo, durante el gobierno de Patricio Aylwin. Durante años comunidades mapuche que iniciaron demandas de restitución de tierras usurpadas, siguiendo los procedimientos exigidos por CONADI y la Ley Indígena (Ley Nº19.253), han reclamado que muchos territorios ancestrales han sido comprados y adjudicados haciendo caso omiso a históricas demandas, y fomentando la división entre comunidades. A eso se agrega escandalosos casos de corrupción y clientelismo político. CONADI ha sido calificada como “la caja chica” de los partidos oficialistas.
A inicios se semana, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora que intentará determinar quiénes participaron en las irregulares asignaciones de tierras en las regiones de Arica y Parinacota, del Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos, así como en el Programa Orígenes, efectuado el 2005. La Comisión debiera establecer responsabilidades, el detalle y montos de los fondos públicos involucrados, además de verificar la investigación administrativa ordenada por la Contraloría Regional de la Araucanía el 2006. Desde hace tiempo En 2001, CONADI estuvo en entredicho tras la detección de irregularidades en la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago (Oasis). Se investigó el destino de 170 millones asignados a distintos proyectos por el Fondo de Desarrollo Indígena de la Región Metropolitana. El 2000 el organismo protagonizó un escándalo a raíz de denuncias por graves irregularidades en la adquisición de tierras en la Región de la Araucanía, investigaciones que llevó a cabo el Ministerio Público y el Primer Juzgado del Crimen de Temuco. A fines de 2007 funcionarios de CONADI denunciaron graves irregularidades, entre ellas el caso de un sumario ordenado instruir por la Contraloría para investigar las irregularidades en el Concurso CONADI, donde estaban involucrados directivos. También se denunció la contratación irregular de personal vía programas tales como Orígenes. “Con sorpresa, vemos que coincidentemente en las últimas contrataciones del citado programa, han estado quedando contratados personeros, o militantes de partidos políticos. Tales son los casos de don Jorge Neira, militante socialista, contratado como Coordinador Zonal de Orígenes, en desmedro de Verónica Ancapi, que tenían mayor puntaje y experiencia, según lo determinó el Comité de Selección; en otro caso quedan serias dudas respecto a la transparencia del proceso de selección, como es el caso de la contratación de doña Ximena Beraud, vicepresidenta de la DC, en que el currículum de los demás postulantes eran de los años 2004 ó 2003, y de profesiones absolutamente ajenas al cargo que se concursaba y el de ella era el único 2007, y que reunía los requisitos del cargo, esto hace presumir que este cargo no se difundió públicamente y que se tomaron de muestra currículum que estaban por años archivados en CONADI, salvo el de esta señora. O el caso de la contratación de don Gabriel Zúñiga, militante socialista y ex Seremi de Gobierno, quien ha sido contratado como experto en conflictos indígenas según dichos del Subdirector de CONADI, con una renta de $1.000.000 líquidos, y sin que se conozca el procedimiento por el cual fue contratado; o el caso de don Ramiro Bustamante, contratado en Grado 10 como funcionario de CONADI, sin concurso, en desmedro de colegas que llevan años en grado 12 o 13 e inferiores. Cómo le explicamos al resto de los funcionarios, el argumento de que no hay recursos, para justificar el no aumento de grados, que la dan los directivos, en consecuencia que si hay dinero y grados para asignarle a estas otras personas”, señalaba la Asociación de funcionarios, en 2007.
También se denunciaron “presiones indebidas en procesos de licitación”, entre éstas la “Segunda Etapa Subsidio de Tierras año 2007 denunciada por el funcionario Danko Jaccard, que como Ministro de fe objetó el que la consultora REDES, vinculada al Presidente Regional del PPD, Alfredo Vallejos, no cumplía con el requisito de las bases de acompañar copia autorizada de la escritura de constitución, y no obstante lo anterior, por presión del Presidente del Comité de Selección se aprobó igual su admisibilidad; siendo que el documento aceptado era una fotocopia además fechada en el año 2002, y que no tenía valor legal”.
En octubre de 2008, la Policía de Investigaciones incautó carpetas del fondo de tierras tras denuncias por irregularidades en Temuco. Investigaban la asignación de subsidios a 74 casos especiales sin seguir los conductos regulares. 2 mil 370 millones de un total de 5 mil 280 millones se “asignaron fuera de concurso”.
elclarin.
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“Corte Suprema establece que la tortura es un crimen en contra de la humanidad” 28-09-09

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“Corte Suprema establece que la tortura es un crimen en contra de la humanidad”

por CODEPU (Chile)

lunes, 28 de septiembre de 2009

DECLARACION PUBLICA

-Codepu celebra histórico falló de la Corte Suprema de Chile que establece que la tortura es un crimen en contra de la humanidad.
-Dos ex oficiales de la FACH sólo cumplirán penas con liberdad vigilada por aplicar torturas en contra de 17 personas durante la dictadura militar.


1. La Corporación Codepu celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a los ex oficiales de la FACH Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera por aplicar torturas y causar lesiones graves en contra de 17 ex militares y civiles en la Academia de Guerra Área (AGA), entre el 11 de septiembre de 1973 y enero de 1975.

Este fallo expresa por primera vez, desde el máximo tribunal de justicia, que la tortura es una grave violación a los derechos esenciales tal como “las ejecuciones sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos.” y que estos delitos “no pueden ser declarados prescritos, tampoco amnistiados y respecto de ellos, no es posible consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables”.

Este fallo constituye un precedente trascendental en las investigaciones judiciales en causas de derechos humanos que se llevan cabo por aplicaciones de torturas durante la dictadura militar. La tortura constituyó la principal herramienta represiva aplicada a miles personas en todo el país, y su sanción ha sido una demanda permanente en Chile y por la comunidad internacional.

2. Codepu agradece infinitamente el coraje de quienes, hombres y mujeres, civiles y ex militares, prestaron su testimonio valiente y colaboraron en esta causa judicial, y felicita el trabajo de los profesionales. El fallo y sus consecuencias es la dimensión más significativa del esfuerzo de quienes durante años han debido transitar por los vericuetos de una justicia esquiva y muchas veces indolente.

Las penas aplicadas en este fallo no se corresponden con el grave daño causado, por lo mismo manifestamos nuestro rechazo a esta tendencia negativa en las causas de derechos humanos. Justamente este reconocimiento relevante del derecho internacional de parte del máximo tribunal obliga también al estado a cumplir con las demandas de justicia de las víctimas y ello implica aplicar penas justas y adecuadas a la gravedad del delito. Las bajas penas en causas que el mismo tribunal supremo considera graves violaciones a los derechos esenciales constituyen un preocupante señal de impunidad.
De acuerdo a la investigación judicial estos 17 personas fueron “sometidos a diversos apremios psicológicos o físicos” como el Pau de Arara, descargas de corriente eléctrica en partes sensibles del cuerpo, simulacros de fusilamiento y otros, pero Ceballo Jones y Cáceres Jorquera sólo deberán cumplir 3 años y un día en el medio libre.
La investigación judicial en contra de la AGA

En el año 2001, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -CODEPU- , en representación de civiles y ex oficiales y suboficiales de la FACH, sobrevivientes de la AGA, interponen una querella criminal por los delitos de “secuestros y torturas”.

El AGA fue el principal centro de torturas de la Fuerza Aérea. El 24 de julio del año 2006, el juez Juan Fuentes Belmar de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de primera instancia, en la causa caratulada con el ROL 1058-2001.

En este expediente, aparece la declaración del ex general Fernando Matthei Aubel, quien fue Director de la AGA (diciembre de 1973) y posteriormente miembro de la junta militar de gobierno, que encabezaba Augusto Pinochet. En fojas 1435 y siguientes se consigna las declaraciones de este oficial quien niega saber sobre la las torturas a detenidos en este lugar. “Mientras fui Director de la AGA y, como ésta estaba en receso y transformadas sus dependencias en un “campo de concentración” mis actividades allí eran mínimas“, sobre el lugar donde se aplicaban estas torturas dice que sólo “una vez bajé al subterráneo a buscar un libro a la biblioteca; me parece que fue alrededor del mes de abril de 1974. Allí vi varios detenidos en una de las salas de clase, pero no reconocí a nadie. Vestían de civil y se les veía en buenas condiciones. No intercambié ninguna palabra con ellos. Ignoro si el General. Bachelet se encontraba detenido allí en esa fecha”.
El general constitucionalista, Alberto Bachelet, General de Brigada Aérea y padre de la presidenta de la República, murió luego de pasar por la AGA, donde fue sometido a múltiples torturas al igual que sus camaradas de armas.

José Araya Cornejo Federico Aguirre Madrid
Presidente Secretario Ejecutivo

Santiago. Septiembre 28 de 2009.

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Comentarios (3)

LONCON MELLADO LORENZO, el 30-09-2009 10:45

BICENTENARIO DD.HH:CONTRA GENOCIDIO, ECOCIDIO,CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, TERRORISMO DE ESTADO, GBI ETC.

DEMANDAMOS DE LOS ESTADOS COLONIALISTAS OCCIDENTALES EL ESTABLECIMIENTO DE:

-TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL- TPI

-TRIBUNAL CIVIL INTERNACIONAL - TCI

GULU MAPU:KUPAL LONCÓN MELLADO LORENZO - PREPARACIÓN TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS TEMUKO- 08

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/ GULU%20MAPU%3A%20PREPARACI%C3%93N%20TRIBUNAL%20PERMANENTE%20 DE%20LOS%20PUEBLOS%20TEMUKO

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD = TERRORISMO ESTADO= INAMNISTIABLE E IMPRESCRIPTIBLE - PETU MONGUELEYIN - ¡¡MARICHI WEU!!

http://www.piensachile.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6085&Itemid=7&mosmsg=%C2%A1Gracias+por+publicar+tu+comentario%21
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Despenalización del aborto logró colarse en la agenda pública- 25-09-09



Viernes, 25 de septiembre de 2009

Urgente

El debate sobre la despenalización del aborto logró colarse en la agenda pública a través de dos actividades realizadas a las puertas mismas de ámbitos legislativos, allí donde esta discusión podría tener un correlato efectivo sobre la vida de las mujeres. La primera, organizada dentro del Congreso de la Nación por Católicas por el Derecho a Decidir, hizo oír fuerte y clara la voz de la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay a favor del derecho a decidir de cada mujer. La segunda fue un balance: la línea de información sobre aborto medicamentoso contó sólo en un mes una llamada cada media hora pidiendo asesoramiento sobre la forma más segura de interrumpir un embarazo. Mientras en Argentina los índices de mortalidad de gestantes hablan con vergüenza de casi 350 muertes por año, aquí, Jefferson Drezett, director de un centro de salud dedicado a la atención de abortos legales en Brasil muestra sus cifras: en 15 años de trabajo no hubo una sola complicación por aborto. Con ese solo dato debería ser suficiente: el debate sobre el acceso al aborto es urgente.

“No defiendo el aborto, no soy abortista ni ando persiguiendo a las mujeres embarazadas para que aborten –enfatizó Argibay–, pero las complicaciones por abortos clandestinos en los sectores más humildes de la sociedad son una causa de muerte materna muy alta en nuestro país. Es una tragedia.” Y recordó, como si aún fuera necesario refrescar cuáles son los ejes perentorios del debate, “que esto tiene que ver con la igualdad, la dignidad y la libertad de elegir de las mujeres”.

La ministra de la Corte Suprema ya se había pronunciado en contra de toda forma de violencia contra las mujeres y a favor “de una profunda discusión” el 16 de septiembre último, en el marco del seminario internacional “Avances y asignaturas pendientes en derechos sexuales y derechos reproductivos. El aborto: sus diferentes realidades”, realizado, justamente, en uno de los salones del Congreso Nacional. Porque sobre aborto y sobre la salud de las mujeres se habla y la discusión se filtra aun cuando no tenga tratamiento parlamentario.

“El aborto no es tabú, es parte de nuestra naturaleza humana y sobre esto hay que discutir. Tengo la impresión de que esta sociedad, que está muy crispada, tiene grupos que intentan imponer la falta de debate”, advirtió en la inauguración de ese encuentro convocado por la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir. “Si alguien quiere tener un hijo, bienvenido sea, pero si no quiere, también. Empecemos por esta dignidad de la igualdad, que todavía no se ha tratado.”

Precisamente, la línea telefónica Aborto: más información, menos riesgos, es una estrategia activa que intenta sacar del closet el libre goce de la sexualidad para instalarlo en una zona donde el reclamo de derechos es salud. Según explicó Gabriela Díaz Villa, integrante de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto e impulsora del proyecto, “las mujeres que llamaron a la línea ya tenían referencias sobre el uso de misoprostol para provocar abortos, pero estaban cargadas de mitos, errores y prejuicios. Era información falsa, desactualizada e incompleta”.

Del registro de consultas surgió que las mujeres procuran información sobre aborto tempranamente. Muchas llamaron con un tiempo de gestación promedio de 7,4 semanas. La interrupción del embarazo con misoprostol registra su mayor eficacia y seguridad entre las semanas 7 y 9 de gestación.

Entre el 31 de julio y el 31 de agosto último, el 23 por ciento de las llamadas se realizó desde esta ciudad, el 30 por ciento de la provincia de Buenos Aires y el resto se distribuyó en otras 15 provincias. En la mayoría de los casos mujeres de entre 13 y 47 años refirieron que la búsqueda de información estaba consensuada con otras personas. Un 92 por ciento llamó acompañada, en el 23 por ciento de los casos por sus parejas. Sólo el 8 por ciento manifestó no tener con quién compartir la iniciativa o que prefería enfrentar la situación en soledad. De las menores de 21 años que llamaron, el 11 por ciento lo hizo acompañado por sus madres.

“Las mujeres que llamaron conocen las fechas de sus ciclos menstruales, estuvieron embarazadas, saben cómo confirmar un embarazo y cómo acceder a una ecografía –detalló Díaz Villa–. Pero no tienen información sobre su propia vagina ni sobre los procesos de emba-razo, aborto o parto.” Sólo en el 37 por ciento de las llamadas las mujeres manifestaron haber usado algún tipo de anticoncepción.

De las conversaciones a través de la línea surgió que el 82 por ciento de los varones no usó preservativos y que resulta difícil “negociar con ellos” la anticoncepción y la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Mientras que un 11 por ciento de las mujeres comentó que tomaba pastillas anticonceptivas, otras mencionaron frases como “me dijo que era estéril”, “prometió acabar afuera”, “no lo pude evitar” o “me dijo que se hizo una vasectomía”. Son los varones quienes controlan las condiciones del encuentro sexual.

“Hemos recibido llamadas de personas de 13 a 47 años, en diversas etapas de sus vidas, de sus períodos de capacidad reproductiva –detalló Díaz Villa–. Todas con dudas, temores, unidas por la invisible cadena de tabúes que rodean el cuerpo, la sexualidad, la maternidad y la capacidad de decisión de las mujeres.”

Los últimos registros oficiales advierten que durante 2007 murieron 74 mujeres por abortos inseguros. Se las considera ciudadanas de segunda en un Estado emisor de legislación en abundancia pero que se desdibuja en agencias, programas y sistemas públicos sanitarios que no alcanzan a proteger lo más desprotegido. “Una democracia que para las mujeres llega hasta el ombligo y continúa en las rodillas –concluyó Díaz Villa–. El resto es del Estado.”

Impulsado por la propia voluntad y compromiso de las organizaciones de mujeres, de manera tangencial o en los umbrales mismos de donde debería habilitarse una discusión que podría proteger de manera efectiva la vida y la libertad de las mujeres, el debate sobre la despenalización del aborto se impone. Y es urgente.
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Viernes, 25 de septiembre de 2009

MARIA CONSUELO MEJIA. ANTROPOLOGA. DIRECTORA DE CATOLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR, DE MEXICO.

“Lo único que debe primar es la autoridad moral de las mujeres”

Por Roxana Sandá

¿En qué instancia se encuentra el debate sobre el aborto en América latina?

–En la de un debate urgente, dirigido a que la sociedad entera comprenda, apruebe y apoye la autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones en todos los aspectos de sus vidas. Además, se trata de un debate necesario porque la interrupción del embarazo en América latina está asociada a la subordinación de las mujeres, a la desigualdad social económica, a la inequidad de género, a la mortalidad materna y al nacimiento de criaturas que vienen al mundo sin las mínimas condiciones para una vida digna.

Que sólo las mujeres de los sectores sociales más favorecidos tengan acceso a un aborto seguro termina convirtiéndose en un fenómeno sistemático.

–Es la situación que se da precisamente en América latina, la región más desigual del mundo. Hay un reflejo claro en el tema de la interrupción del embarazo. Las mujeres con recursos pueden recurrir a la práctica de un aborto en situaciones de seguridad, pagando precios muy altos, y las mujeres con pocos recursos no pueden hacerlo. En esa encrucijada, desde Católicas por el Derecho a Decidir planteamos que la cuestión del aborto inseguro en América latina es un tema de justicia social y de salud pública, porque las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de inseguridad están causando problemas en los servicios institucionales de salud. Hoy, sistemas sanitarios pobres deben distraer recursos que podrían ser dedicados a otras necesidades de la salud y la vida de las mujeres.

Resulta grotesco que frente a una realidad brutal la Iglesia Católica siga empeñada en mantener una postura de cemento hacia los derechos sexuales y reproductivos.

–Es una gran contradicción. Pero hay que diferenciar la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica de la iglesia misma, puesto que entre las católicas y católicos, incluso entre sacerdotes y religiosas, existen posiciones mucho más compasivas en relación con las mujeres que tienen seis u ocho hijos y no pueden evitar los embarazos que no desean. La jerarquía eclesiástica ha endurecido su posición moral-sexual a partir de los noventa, con las conferencias internacionales de El Cairo (1994) y Beijing (1995), donde se reconocieron los derechos reproductivos y se entendió que el empoderamiento de las mujeres era un factor fundamental para el desarrollo sostenible en el mundo entero. El reconocimiento de legitimidad de la autoridad moral de las mujeres y que el acceso a la educación y la participación social y política fueran consideradas parte central de las políticas de desarrollo, causó una reacción muy fuerte en la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica y también en los fundamentalismos musulmanes, que se aliaron para oponerse a que esos factores se convirtieran en parte del programa de acción que se derivó de las conferencias.

Pero la feligresía católica no obedece las enseñanzas morales de su iglesia.

–Eso es lo dice la práctica y una serie de encuestas que hicimos entre 2003 y 2005 en Brasil, Bolivia, Colombia y México. Los resultados arrojaron que, en un promedio general, el 80 por ciento de la población católica no sigue las enseñanzas en el uso de anticonceptivos, del condón ni en el acceso a la anticoncepción de emergencia. Incluso en la interrupción del embarazo descubrimos también que hay una oposición clara a que la jerarquía de la Iglesia Católica influya en las políticas públicas. Y esa misma jerarquía se está dando cuenta de que las católicas y católicos van cada vez menos a misa, que está en crisis el ejercicio del sacerdocio, que hay una especie de revuelta de parte de las religiosas, que aumentan las denuncias de la violación de los derechos humanos al interior de la iglesia. Hay un proceso de secularización en América latina, la región per se de influencia católica, que está generando una reacción adversa y diría que absurda, porque esa actitud no acerca más a la gente. Al contrario, la aleja. ¿La razón de esto? Mantener un poder y un control que quiere volver a ser hegemónico a través de lo que consideran que es el control de la vida de las personas: el control de la sexualidad.

¿Es una especie de último mojón patriarcal y machista de dominación?

–Es la institución que en la actualidad sostiene de manera más fuerte el patriarcado y además tiene visos muy significativos de misoginia y de falta de respeto a los derechos humanos de todos sus integrantes. En el caso de homosexuales y lesbianas hay un desconocimiento absoluto al derecho de expresar sus identidades sexuales y sus orientaciones, con el agravante muy delicado de que la institución católica está encubriendo a abusadores sexuales en todo el mundo. No reconoce que el abuso sexual es un delito que debería ser juzgado por las leyes de los países donde están los sacerdotes que abusan de jóvenes a su cargo. Ese es un delito que la jerarquía sigue tapando en todos los países del mundo.

¿Qué opina sobre el debate acerca de la interrupción del embarazo más allá de las doce semanas de gestación?

–Hay una serie de planteamientos objetivos. Los principales expertos en bioética plantean que a partir de la semana 24 o 25 de la gestación pueden verse las conexiones cerebrales necesarias que permiten que haya capacidad de raciocinio y de sensaciones. Antes de las 24 o 25 semanas, y esto tampoco es seguro, no puede hablarse de que haya una persona. Por ejemplo, el aborto realizado durante el tercer trimestre, un debate que se está dando en los Estados Unidos, es un procedimiento al que recurre un mínimo porcentaje de mujeres. En Católicas por el Derecho a Decidir pensamos que, en todo caso, la autoridad moral de las mujeres es la que tiene que primar en cualquier consideración. Tienen que gozar del derecho a interrumpir un embarazo que no buscaron o no desearon, y deben tener todas las condiciones para hacerlo, independientemente de la gestación.

Sin embargo, los tiempos institucionales no coinciden con las necesidades de las mujeres. La Corte Suprema de Justicia de México oficializó su aval a la despenalización del aborto en el Distrito Federal dos años después de su aprobación.

–El punto es que es un tema progresivo, que ha sido ganado poco a poco, primero en los casos de violación, luego por la vida de la mujer, después por una cuestión de salud. En el caso de México en particular, el paso que dieron los legisladores del Distrito Federal para despenalizar el aborto fue muy significativo, en tanto que con esa aceptación de la interrupción del embarazo están reconociendo la autoridad moral de las mujeres para tomar esa decisión. Ellas no tienen que dar ninguna justificación. Y lo hacen hasta las doce semanas de gestación porque la medicina y la bioética lo han planteado. Pero hay que recordar que aún no se puede hablar en términos de personas antes de la semana 25. En esa instancia, al contrario de lo que dice la Iglesia Católica, creemos que lo que debe primar es el derecho de la mujer a decidir si quiere continuar o no con su embarazo.
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MARIO MAS. TOCOGINECOLOGO. RIO NEGRO.

“La ley de salud sexual está desnuda de hechos”

Por Roxana Sandá

“El asunto es brindar educación sexual desde espacios no tradicionales y replantearnos que la sexualidad no es sólo para reproducir, sino además para pasarla bien”, postula el tocoginecólogo Mario Mas, pionero en la implementación de la anticoncepción en Río Negro. Sostiene que la clave está “en cambiar las cosas desde la participación de la gente. Hay que sacar la salud reproductiva de los hospitales públicos y empezar a hacer educación desde diferentes ámbitos”.

¿Eso habla de un fracaso de la estrategia hospitalaria en lo que tenga que ver con derechos sexuales y reproductivos?

–No es que haya fracasado, sino que el sistema de salud pública ya no alcanza. Creo que hay que romper paradigmas. La salud sexual y reproductiva no es un tema médico sino de toda la sociedad, y tiene que salir de la esfera médica para incorporar a otros actores, como educadores, actores, títeres, obras pictóricas. Hay que empezar a ser creativos.

¿En qué punto se encuentra la aplicación de la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva?
–Es una asignatura pendiente. Cuando salió la ley (2003), dije que la moneda estaba en el aire. Lamentablemente, viene mal la moneda. Está en nosotros y en las organizaciones no gubernamentales presionar y trabajar en la temática. Se sancionan leyes, pero no se asignan presupuestos, y éste no es un problema de legislaciones, sino de presupuesto. Pienso que las autoridades se visten de palabras y se desnudan con los hechos. Y los hechos son pocos.

¿Cómo seguir aplicando la batería de herramientas que hay sobre derechos sexuales y reproductivos?
–Hay que sacar la salud reproductiva de la parte política y trabajar desde la parte privada. En la Argentina, el sistema de salud está en crisis. Por lo menos en Río Negro y en Neuquén se encuentra en un abandono total. Forman parte del escenario político que atraviesa la salud en todo el país. Deberíamos trabajar entre todos en una forma más armónica, pero tiene que haber voluntad política. Y la realidad es que cuando ves que crecen los números de embarazos no planificados, algo está pasando.

Usted planteaba la necesidad de reformular el ejercicio de la sexualidad.

–Lo que me preocupa no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Tendríamos que trabajar desde diferentes niveles, por ejemplo a través de los medios de comunicación, que tienen mucho que educar en salud sexual y reproductiva. Y trabajar desde la familia, hasta la escuela y la sociedad. Hay que empezar a evangelizar en el tema sexualidad. No es casualidad que si ocurren 70.000 relaciones sexuales por minuto y nacen 203 chicos por minuto en el mundo, deberíamos replantearnos si la sexualidad es sólo para reproducir o es también para pasarla bien.

Ese no pareciera ser un planteo en discusión, al menos en la experiencia cotidiana.

–Además de la reproducción, la sexualidad tiene otras tres facetas como el género, la comunicación y el placer. Por supuesto que es necesario articular la salud reproductiva, pero también son fundamentales la educación de la sexualidad desde el punto de vista tradicional, cumpliendo las leyes que están, y por medio de la educación no formal. Si el Gobierno cree que porque no se imparta educación sexual en los colegios no se hace educación sexual, está muy equivocado. Todos nos educamos sexualmente, sucede que se hace mala educación sexual. Hoy tenemos grandes educadores como la televisión mostrando cuerpos semidesnudos que educan, nos guste o no. El mensaje existe, y no podemos esconder el elefante bajo la alfombra.

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JEFFERSON DREZETT, DIRECTOR DEL NUCLEO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER EN SITUACION DE VIOLENCIA SEXUAL Y ABORTO LEGAL, DE SAN PABLO; CONSULTOR DEL MINISTERIO DE SALUD NACIONAL E INTEGRANTE DE LA COMISION DE ABORTO LEGAL DE LA SOCIEDAD BRASILEñA DE REPRODUCCION HUMANA.

“El riesgo de muerte no existe cuando el aborto es legal”

Por Luciana Peker


¿Cómo empezó su relación con la temática del aborto?


–Fue una convicción personal. A los 15 años, yo era muy muy católico y participaba de encuentros de jóvenes y el cura decía que si una mujer estaba embarazada y podía morir, Dios debía decidir si ella moría o no, pero ella debía seguir con el embarazo. Pero yo disentí con él y me empecé a distanciar de la religión. No se puede imponer un embarazo a la mujer, que tiene derecho a decidir, ni se la puede dejar librada a la muerte. Con la religión la relación termina cuando fui excomulgado –un gran mérito en mi curriculum– por trabajar en el más grande servicio de aborto legal del país, que tenemos desde hace 15 años. Hacemos 1 de cada 2 abortos legales en Brasil. En 1940 se aprobó una ley pero los servicios no hacían nada, recién se realizó el primero cerca de 1990.


¿En qué casos el aborto es legal en Brasil?

–Cuando la mujer corre riesgo de muerte o cuando el embarazo es producto de violencia sexual. En esos casos, no es un delito. Pero la ley brasileña no prevé abortos legales para casos de anencefalias o anomalías graves incompatibles con la vida (de los fetos). En estos casos, hace más de diez años los jueces brasileños permiten que la mujer lo haga, siempre que la mujer lo pida. Y se necesita la autorización judicial para que se interrumpa el embarazo.

¿No hay que pedir autorización judicial en todos los casos?

–Es un absurdo completo que si la mujer se está muriendo deba pedir autorización a los jueces porque la mujer va a morir antes. En los casos de violación, mucha gente cree que es necesaria una denuncia policial, pero no es cierto. No es obligatorio empezar un proceso en la Justicia. Es un tema de salud, por eso, no necesitamos la comunicación de la policía. Esta semana hicimos tres abortos legales, dos mujeres hicieron la denuncia y otra no. La mujer que no lo comunicó era porque el violador era un traficante que la amenazó de muerte si iba a la policía, entonces no había por qué pedirle ese requisito. En el 2005 sacamos el pedido de la denuncia policial, a través del Ministerio de Salud, y no es necesaria la denuncia judicial de la violación.

En la Argentina también hay casos de abortos inimputables, pero no hay ningún hospital o servicio especializado en abortos legales. ¿Usted recomienda el sistema brasileño para impedir las trabas?

–Aunque la ley no sea igual a la brasileña, son parecidas. Pero lo que pasa ahora en Argentina es lo que pasó en Brasil durante cincuenta años. La ley era clara pero por medio siglo los servicios de salud olvidaron la ley. Esto se cambió en San Pablo, en 1989, cuando se decidió hacer cumplir la ley. Ahora hay 700 servicios disponibles en todo el país para hacer abortos legales. Algunos todavía no tuvieron un caso, pero existen. No se puede esperar que todos los servicios vayan a hacer abortos legales: las mujeres no necesitan de 100 servicios en una ciudad, sino de uno que sirva de ejemplo para que otros lo hagan. Con esto, se empieza a crear fuerza y seguridad. Pero es muy difícil que en todos los hospitales se cumpla la ley y que todos tengan personal calificado y sensible. Es mejor que haya servicios estratégicos, pero calificados. Ahora, en todas las regiones hay algún hospital con personal calificado.

¿Cuántos abortos se practican en Brasil?

–Es un horror: se practican 1.200.000 abortos ilegales, según datos oficiales. Pero los legales –como hay restricciones– son muy pocos. En nuestro servicio, hacemos entre 90 y 100 abortos legales por año y en el país, 250 o 300 abortos legales por año. En el Nordeste hay una mortalidad materna muy alta y en el sur muy baja. En Amazonas o Bahía el aborto es la primera causa de mortalidad materna, por eso es un reflejo de la desigualdad social y regional.

¿Qué diferencias hay entre un aborto clandestino y un aborto legal?

–Inmensas. Las mujeres que experimentan un aborto clandestino siempre se arriesgan a la posibilidad de que sean inseguros y se convierten en sobrevivientes. Las mujeres son capaces de superar el impacto psicológico del aborto, pero las afecta sentir que hicieron algo ilegal y se sienten delincuentes. Eso es lo peor para las mujeres: la sensación de vergüenza. En cambio, las que pueden recibir atención médica y psicológica calificada tienen resultados completamente distintos. Nosotros les preguntamos a las mujeres cómo está su pareja, su vida, su trabajo, su amistad, su sexualidad después de dos o diez años de un aborto legal y las mujeres están muy bien. Superan el embarazo no deseado y el aborto. Les preguntamos si están arrepentidas y todas dicen: “No, no estoy arrepentida. Si estuviera en la misma situación lo haría nuevamente”. No existe ninguna mujer que se arrepienta de haber realizado el aborto, como dicen los fundamentalistas. Sí, por supuesto, lo más difícil no es la superación del aborto, sino de la violación. Lo más importante es la reparación emocional. De cada cuatro mujeres que sufren violación, una intenta el suicidio. Pero cuando puede recibir una atención calificada la diferencia es sustancial.

¿Qué nivel de mortalidad materna o de lesiones tienen registrados en los abortos legales?

–Nada. Cero. ¿Qué más querés que te diga? Yo trabajo hace 15 años con un equipo de dos ginecólogas más e hicimos 900 abortos legales en total.

¿Nunca se murió una mujer?

–¿Morir? ¡Jamás! Nunca un aborto en nuestro servicio tuvo una complicación, ni pequeña, ni mediana, ni grande.

¿Ni un caso de infertilidad post aborto?

–Nada, de nada, ni quirúrgica, ni clínica, ni anestésica, infecciosa, posoperatoria, nada. Y la mitad de los casos son de abortos hasta 12 semanas y la otra mitad son abortos entre 13 y 20 semanas que son más tardíos y más complejos.

¿Qué método usan?

–Hasta las 12 semanas usamos el método manual (AMEU), pero se puede hacer el aborto medicamentoso, con misoprostol. Yo prefiero lo que la mujer prefiere. Nosotros la ayudamos a elegir lo que ellas prefieren. El 99 por ciento elige la aspiración porque dura cinco minutos y se vuelven a su casa caminando. Es muy seguro y muy rápido. Las que tienen más de 13 semanas se quedan en el hospital y les damos misoprostol en dosis variables hasta que expulsen el embarazo. Tenemos 97 por ciento de efectividad con el uso de misoprostol y hay un 3 por ciento de casos muy complicados, que hacemos un aborto por una incisión y abrimos el útero. Son casos extremos porque la efectividad del misoprostol es muy alta. Pero, de todos modos, ninguna mujer se va embarazada de nuestro servicio si no lo quiere.

¿Qué pasa cuando llega una adolescente embarazada o una mujer que no tiene medios económicos para no tener un hijo?

–¿Y no hay violación?

No.

–No puedo hacer nada diferente de lo que dice la ley. Si los daños para su salud la ponen en riesgo de muerte lo puede hacer, pero, si no, la ley no me lo permite. En general, la mujer viene a buscar consejería preaborto con nosotros. No le puedo dar indicaciones porque sería ilegal y tendría muchos problemas con la Justicia, pero voy a intentar que lo haga de una manera segura. Pero todos los servicios tienen que tener servicios post aborto de la más alta calidad. Es inadmisible que se le diga a una mujer: “No te voy a atender porque te hiciste un aborto clandestino”. Es ilegal y discriminador.

¿Ustedes atienden a una mujer que llega con una hemorragia?

–Sí, seguro. Pero además estoy claramente a favor de la despenalización del aborto.
¿Cómo le afecta firmar un certificado de defunción de una mujer cuando sabe que la muerte por aborto es evitable?

–La muerte materna es una tragedia evitable, siempre. No te puedes poner indiferente a la muerte de una mujer. Si la muerte de una mujer no te duele como médico hay que pensar en jubilarse.

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