Corrupta CONADI mía 30-09-09

Corrupta CONADI mía

escrito por Arnaldo Pérez Guerra

miércoles, 30 de septiembre de 2009

Temuco.- José Antonio Viera-Gallo, ministro de la Presidencia y Coordinador para asuntos indígenas, resolvió remover de sus cargos a directivos de la CONADI y el Programa Orígenes tras el escándalo por diversas irregularidades en la adquisición de terrenos para las comunidades indígenas. Los anuncios de cambios y una nueva relación con los pueblos originarios, principalmente con los mapuches, fueron hechos por la televisión. Una apuesta mediática más que real.

Según el ministro esos cambios buscarían “aumentar la eficiencia en el trabajo de la institución y, más adelante, crear una legislación para que el país cuente con una institucionalidad adecuada a las demandas que tienen los pueblos indígenas, y al mismo tiempo con eficacia suficiente para realizar esas políticas”. Viera-Gallo señaló, además, que la tasación de las tierras la harán “personas externas a la institución, ligadas al mundo universitario de la Región de la Araucanía, y que tengan plena respetabilidad, competencia y autoridad para cumplir esa función”. Hace años que el gobierno sabe de las irregularidades en la CONADI y cada cierto tiempo hay reestructuraciones como la anunciada que cambian algo pero dejan todo donde está.

Las críticas a la gestión de la CONADI apuntan principalmente a que éste organismo se ha convertido en una “caja chica” de la Concertación y en un resabio del clientelismo. Los funcionarios removidos son el Director de Tierras y el Director de Administración y Finanzas del organismo, a los que se agregan abogados y funcionarios del Programa Orígenes.

Según el ministro Viera-Gallo, el gobierno formará un grupo de trabajo entre la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda para “revisar las normas en torno a la reclamación y la adjudicación de tierras que el Gobierno otorga a comunidades indígenas. De tal manera de poner fin a la especulación sobre el precio de la tierra, a posibles connivencias entre comunidades o comuneros que demandan tierra y propietarios interesados en venderlas a alto precio, y a cualquier manipulación de las tasaciones”.

El director de la CONADI, Álvaro Marifil, sólo fue amonestado “porque no tomó resguardos para evitar que se cometieran irregularidades”, señaló el ministro. La “reestructuración”, como ha sido calificada por la autoridad, pone fin a 7 sumarios, aunque restan aún otros 28 actualmente en curso. José Antonio Viera-Gallo anunció que el ministerio de Hacienda entregará 5.000 millones más al presupuesto ya aprobado 25.000 millones para la compra de tierras. Los anuncios no acallan las críticas al cuestionado organismo y la forma de trabajo en que la Concertación ha entendido el llamado “conflicto mapuche”

Las denuncias de irregularidades en la CONADI datan casi desde el inicio del organismo, durante el gobierno de Patricio Aylwin. Durante años comunidades mapuche que iniciaron demandas de restitución de tierras usurpadas, siguiendo los procedimientos exigidos por CONADI y la Ley Indígena (Ley Nº19.253), han reclamado que muchos territorios ancestrales han sido comprados y adjudicados haciendo caso omiso a históricas demandas, y fomentando la división entre comunidades. A eso se agrega escandalosos casos de corrupción y clientelismo político. CONADI ha sido calificada como “la caja chica” de los partidos oficialistas.

A inicios se semana, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora que intentará determinar quiénes participaron en las irregulares asignaciones de tierras en las regiones de Arica y Parinacota, del Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos, así como en el Programa Orígenes, efectuado el 2005. La Comisión debiera establecer responsabilidades, el detalle y montos de los fondos públicos involucrados, además de verificar la investigación administrativa ordenada por la Contraloría Regional de la Araucanía el 2006. Desde hace tiempo En 2001, CONADI estuvo en entredicho tras la detección de irregularidades en la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago (Oasis). Se investigó el destino de 170 millones asignados a distintos proyectos por el Fondo de Desarrollo Indígena de la Región Metropolitana. El 2000 el organismo protagonizó un escándalo a raíz de denuncias por graves irregularidades en la adquisición de tierras en la Región de la Araucanía, investigaciones que llevó a cabo el Ministerio Público y el Primer Juzgado del Crimen de Temuco. A fines de 2007 funcionarios de CONADI denunciaron graves irregularidades, entre ellas el caso de un sumario ordenado instruir por la Contraloría para investigar las irregularidades en el Concurso CONADI, donde estaban involucrados directivos. También se denunció la contratación irregular de personal vía programas tales como Orígenes. “Con sorpresa, vemos que coincidentemente en las últimas contrataciones del citado programa, han estado quedando contratados personeros, o militantes de partidos políticos. Tales son los casos de don Jorge Neira, militante socialista, contratado como Coordinador Zonal de Orígenes, en desmedro de Verónica Ancapi, que tenían mayor puntaje y experiencia, según lo determinó el Comité de Selección; en otro caso quedan serias dudas respecto a la transparencia del proceso de selección, como es el caso de la contratación de doña Ximena Beraud, vicepresidenta de la DC, en que el currículum de los demás postulantes eran de los años 2004 ó 2003, y de profesiones absolutamente ajenas al cargo que se concursaba y el de ella era el único 2007, y que reunía los requisitos del cargo, esto hace presumir que este cargo no se difundió públicamente y que se tomaron de muestra currículum que estaban por años archivados en CONADI, salvo el de esta señora. O el caso de la contratación de don Gabriel Zúñiga, militante socialista y ex Seremi de Gobierno, quien ha sido contratado como experto en conflictos indígenas según dichos del Subdirector de CONADI, con una renta de $1.000.000 líquidos, y sin que se conozca el procedimiento por el cual fue contratado; o el caso de don Ramiro Bustamante, contratado en Grado 10 como funcionario de CONADI, sin concurso, en desmedro de colegas que llevan años en grado 12 o 13 e inferiores. Cómo le explicamos al resto de los funcionarios, el argumento de que no hay recursos, para justificar el no aumento de grados, que la dan los directivos, en consecuencia que si hay dinero y grados para asignarle a estas otras personas”, señalaba la Asociación de funcionarios, en 2007.

También se denunciaron “presiones indebidas en procesos de licitación”, entre éstas la “Segunda Etapa Subsidio de Tierras año 2007 denunciada por el funcionario Danko Jaccard, que como Ministro de fe objetó el que la consultora REDES, vinculada al Presidente Regional del PPD, Alfredo Vallejos, no cumplía con el requisito de las bases de acompañar copia autorizada de la escritura de constitución, y no obstante lo anterior, por presión del Presidente del Comité de Selección se aprobó igual su admisibilidad; siendo que el documento aceptado era una fotocopia además fechada en el año 2002, y que no tenía valor legal”.

En octubre de 2008, la Policía de Investigaciones incautó carpetas del fondo de tierras tras denuncias por irregularidades en Temuco. Investigaban la asignación de subsidios a 74 casos especiales sin seguir los conductos regulares. 2 mil 370 millones de un total de 5 mil 280 millones se “asignaron fuera de concurso”.

elclarin.
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