jueves, 29 de enero de 2009

LOS EJERCITOS CRIMINALES OCCIDENTALES COMO EL CHILENO UTILIZAN DE FORMA SISTEMATICA ESTAS INGENERIAS DE GUERRA BAJA INTENSIDAD LAS CUALES VIVENCIAM

27/06/2008 - 11:31:33

LOS EJERCITOS CRIMINALES OCCIDENTALES COMO EL CHILENO UTILIZAN DE FORMA SISTEMATICA ESTAS INGENERIAS DE GUERRA DE BAJA INTENSIDAD LAS CUALES VIVENCIAMOS AYER. HOY CON LA COMPLICIDAD DE LA RAZZZTREROS DE LA CONCERTACIÓN SE CONTINUAN IMPLEMENTANDO EN NUESTRO TERRITORIO ANCESTRAL LAS MISMAS TECNICAS DE LA MUERTE, ECOCIDA, GENOCIDA OCCIDENTAL

http://www.fotolog.com/kim_kupal_loncon/28085928 LONCON MELLADO TEMUKO



La Nación - Colegio pidió perdón por periodistas que mintieron

... TERRITORIO ANCESTRAL LAS MISMAS TECNICAS DE LA MUERTE, ECOCIDA, GENOCIDA OCCIDENTAL http://www.fotolog.com/kim_kupal_loncon/28085928. LONCON MELLADO ...www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080621/pags/20080621165805.html - 111k -


http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080621/pags/20080621165805.html






ASESORADO POR EL FBI DE EE.UU



Gobierno impulsa registro de ADN de presos políticos mapuches



El sistema trata de la recopilación progresiva de cinco registros distintos constituidos sobre la base de huellas genéticas con ocasión de una investigación penal. El registro, si bien en marcha en todas las cárceles de Chile, se estaría ejecutando de forma “prioritaria” con prisioneros políticos mapuches, según reconocieron fuentes de Gendarmería. Organismos internacionales han alertado sobre la vulneración de derechos humanos tras procedimiento que remite a la Alemania nazi.



PEDRO CAYUQUEO - TEMUKO - 28 / 01 / 09


Relacionado

Con un llamado a ex prisioneros políticos mapuche a presentarse en dependencias de Gendarmería comenzó a implementarse en Wallmapu el Sistema de Registro de ADN para “investigaciones criminales” en Chile. El procedimiento incluye el archivo de muestras sanguíneas y huellas dactilares a ciudadanos mapuches vinculados al movimiento político-social y que han estado recluidos en recintos penales. Estas son tomadas por equipos de Gendarmería y del Registro Civil, amparados en la Ley Nº 19.970, aprobada en el Congreso y en vigencia desde el 25 de noviembre del año 2008, tras la publicación de su reglamento en el Diario Oficial.El sistema trata de la recopilación progresiva de 5 registros distintos (registro de condenados, de imputados, de evidencias y antecedentes, de desaparecidos y sus familiares, y registro de víctimas) constituidos sobre la base de huellas genéticas con ocasión de una investigación penal. Sólo el registro de condenados permitirá ingresar a la plataforma tecnológica a más de 41 mil personas partícipes de eventuales delitos. Según el Artículo 20 de la misma ley, quién se niegue a facilitar su huella genética tendrá una sanción que va desde tres años y un día hasta 5 años, y multa de 10 UTM.
El Registro -si bien en marcha en todo Chile- se estaría ejecutando de forma “prioritaria” con
prisioneros políticos mapuche en Wallmapu, según reconocieron fuentes de Gendarmería, tal como aconteció con la Reforma Procesal Penal a comienzos de la década. El director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, indicó que éste “es un instrumento policial y científico que se enmarca en la política de gobierno para proteger a las víctimas de la delincuencia”, en un esfuerzo coordinado del SML y el Ministerio de Justicia, con Gendarmería, las fiscalías, Policía de Investigaciones y Carabineros.

Según Bustos, este sistema permitiría “con absoluta certeza científica la identificación de un potencial sospechoso de hechos ilícitos por medio de la comparación de su padrón genético y el perfil de ADN de muestras biológicas (evidencias) recogida en el lugar de los hechos. Asimismo, el sistema permitiría bajo estándares de control internacional y altas medidas de seguridad, la identificación de personas desaparecidas y víctimas de delitos”.

El registro, si bien en marcha en todo Chile, se estaría aplicando de forma “prioritaria” en Wallmapu, según reconocieron fuentes de Gendarmería. El director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, indicó que éste “es un instrumento policial y científico que se enmarca en la política de gobierno para proteger a las víctimas de la delincuencia”.

La tecnología utilizada se basa en el programa o software denominado COMBINED DNA INDEX SISTEM (CODIS o Sistema Combinado de Índice de ADN), desarrollado por el FBI en Estados Unidos, y proporcionado a Chile tras un convenio de cooperación firmado por el Ministerio de Justicia y la entidad norteamericana en 2003. Para la correcta operación de los registros se destinaron más de $2 mil 200 millones en inversión en tecnología, preparación de profesionales, y capacitación, entre otros. Una millonaria inversión para un sistema de “control social” no exento de polémica en el mundo.

Procedimiento nazi

¿Se pueden violar los derechos humanos en aras de la seguridad pública? A juicio del abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras, “es necesario discutir más a fondo las implicancias de esta ley, ya que puede considerarse una violación a los derechos humanos. Debieran visualizarse los verdaderos propósitos de esta intervención, ya que a mi juicio es una violación a la intimidad esto de tener un registro biológico de las personas. No olvidemos que estas prácticas fueron muy utilizadas por los nazis”.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en un fallo que condenó a Inglaterra por conservar fichas genéticas de sospechosos absueltos de delitos, aseveró que el derecho a que se respete la vida privada quedaría “debilitado de forma inaceptable si se autorizara, sin importar el precio y sin calibrar, las ventajas del uso de técnicas científicas modernas en el sistema de la justicia penal”. El fallo coincidió con la presentación de un Informe del Consejo de Europa, que alertaba sobre la vulneración de derechos humanos tras dicho procedimiento.

“Numerosos gobiernos han tomado decisiones en materia de seguridad que atentan contra los principios básicos de los derechos humanos”, ello desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, apuntó la entidad europea. “Se ha comprometido la libertad en la lucha contra el terrorismo”, afirmó el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, ello tras la publicación del informe titulado 'Protegiendo la vida privada en la lucha contra el terrorismo'.

El texto recuerda, entre otros, la práctica del Reino Unido de tomar muestras de ADN a cualquier persona que es arrestada. En Francia y España, por su parte, polémicos han sido los intentos de los organismos gubernamentales por empadronar - de forma legal y en otros casos “anónimamente”- el ADN de jóvenes independentistas vascos, así como el de inmigrantes provenientes del norte de Africa y Latinoamérica. Alertó el Consejo de Europa que prácticas similares se repiten con frecuencia en muchos países. “El ciudadano no tiene elección sobre el suministro de esa información y esa obligatoriedad es cada vez más internacional”, subrayó.

“La vigilancia general acarrea serios problemas democráticos, que no quedan contestados con la repetida afirmación de que el que no tiene nada que temer no tiene nada que ocultar”, aseguró Hammarberg, quien destacó que “un gran número de personas inocentes son objeto de vigilancia, acoso, discriminación, arresto o algo peor”. A juicio de la entidad, “en la lucha contra el terrorismo y el crimen, los estándares y principios de los derechos humanos no deben ser abandonados, sino reafirmados por los gobiernos y sus instituciones”.

“La relación -agregó el Informe- entre diferentes cuerpos de seguridad y servicios secretos puede potencialmente minar la justicia de los procesos legales contra personas acusadas de estar implicadas en el crimen organizado o terrorismo” ya que los tribunales, cada vez más, permiten pruebas secretas o testigos secretos como base para una condena. Tal es el caso de Chile, donde se han registrado bullados casos de irregularidades en juicios y violaciones al debido proceso de ciudadanos mapuches acusados de delitos contra la propiedad.

¿Qué es el ADN?

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es una molécula en forma de doble hélice que está en cada célula de los organismos vivos y contiene las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento del organismo. Es un largo polímero de unidades simples llamadas nucleótidos, cuya secuencia determina el mensaje molecular de la vida. Cada célula de nuestro cuerpo contiene 2 moléculas de ADN. Las muestras de ADN pueden ser extraídas desde pelos con raíz, escamas de piel, saliva o sangre, aunque la economía de la individuación prefiere el hisopado bucal, al ser un método rápido, no invasivo y muy preciso /





http://www.azkintuwe.org/


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Amnistia Internacional Presenta al Gobierno Chileno “Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario” 27 January, 2009

27 January, 2009


Amnistia Internacional Presenta al Gobierno Chileno “Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario”

Para insistir en la adopción de la Agenda, y con el fin de promover una cultura de derechos humanos en Chile, Amnistía Internacional junto con las demás organizaciones se unen el martes 27 de enero para reunirse con el ministro José Antonio Viera- Gallo.

Amnistía Internacional - Chile
www.amnistia.cl

Se presenta la actualizada “Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario” al gobierno chileno

Amnistía Internacional junto con cuarenta organizaciones de la sociedad civil se unen bajo el lema “Hacia una cultura de Derechos Humanos en Chile” planteando 60 propuestas al gobierno chileno. La “Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario”, documento ya planteado al gobierno y a la sociedad en una primera versión en enero de 2007, ha sido actualizada siguiendo las tendencias recientes.

El documento completo de la “Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario”, en su versión actualizada, fue presentado el jueves 22 de enero de 2009 en una conferencia de prensa en la oficina de Amnistía Internacional después de la cual fue entregado en el Palacio de La Moneda.

Para insistir en la adopción de la Agenda, y con el fin de promover una cultura de derechos humanos en Chile, Amnistía Internacional junto con las demás organizaciones se unen el martes 27 de enero para reunirse con el ministro José Antonio Viera- Gallo. En esta reunión plantearan de nuevo la importancia y necesidad de implementar las iniciativas de la Agenda antes del 2010.
Después de la reunión, a las 17.00, se hará un punto de prensa en la puerta de La Moneda.

Para más información, por favor contacte a:

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3702&PHPSESSID=48b1a02841f17734c5cda4e503661793

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Insisten ante presidenta Bachelet para que el Estado salde deudas en materias de DD.HH

Organizaciones sociales lideradas por Amnistía Internacional hicieron un llamado público para que Chile avance de manera concreta en la implementación de las 60 medidas propuestas en la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario. La acción fue apoyada por las minorías sexuales a través del Movilh.
Una coalición de organizaciones sociales, lideradas por Amnistía Internacional (AI), insistió hoy en una misiva enviada a la presidenta Michelle Bachelet en la necesidad urgente de que el Estado de Chile avance hacia un respeto integral a los derechos humanos, sin efectuar distinciones arbitrarias de ningún tipo.
En concreto se informó a Bachelet de las 60 propuestas contenidas en la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, iniciativa que, entre otros aspectos, promueve la no discriminación a las minorías sexuales y que es impulsada por AI con la colaboración de 40 organizaciones y el apoyo firmado de miles de personas.
“La Agenda tiene como uno de sus fines servir como orientación para las sucesivas administraciones del Estado, situando la promoción y defensa de los Derechos Humanos al centro de las realizaciones políticas”, señaló AI, en el entendido que las 60 medidas propuestas son un desafío de largo aliento que difícilmente pueda concretar en su totalidad el actual Ejecutivo.
La carta fue entregada tras una conferencia de prensa donde estuvieron el director de AI, Sergio Laurenti, el presidente de la Asociación Chilena de Ong´s, Alvaro Ramis, la representante del Observatorio Ciudadano Paulina Acevedo, el vocero de los Familiares de ex Prisioneros Políticos Fallecidos, Haydeé Oberreuter Umazabal y el activista del Movilh, Gonzalo Velásquez.
En la misiva, entregada en el Palacio de la Moneda por el representante de AI, Rodrigo Quiroga, y por el Movilh, se informó a la primera mandataria que tras la primera versión de la Agenda de Derechos Humanos, conocida en enero del 2007, esta fue actualizada siguiendo “las tendencias recientes”.
Así entre las nuevas propuestas se encuentran la implementación de “instrumentos internacionales relativos a refugio, pueblos originarios y responsabilidad de empresas”, de “medidas más efectivas contra la violencia de género y la violencia intrafamiliar”,de la “protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, de la “protección de los derechos económicos, sociales y culturales”, de “mejoras del control de la policía y la reducción de la violencia policial”, y de la “protección del derecho a la honra y vida privada, a los derechos sexuales y reproductivos”.
La Agenda de Derechos Humanos hace además contundentes referencias a los derechos de migrantes, refugiados, menores de edad y personas privadas de libertad, enmarcando la totalidad de sus propuestas en los principios de “verdad, justicia y reparación” y “democracia y participación”, entre otros.
El documento es particularmente relevante para las minorías sexuales, pues en uno de sus capítulos demanda la derogación de normas homofóbicas y transfóbicas; como los artículos 365 y 373 del Código Penal; y la aprobación de una ley antidiscriminatoria, entre otras temáticas.Más antecedentes en www.amnistia.cl

MOVILH

http://www.elciudadano.cl/2009/01/29/insisten-ante-presidenta-bachelet-para-que-el-estado-salde-deudas-en-materias-de-ddhh/
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Duras condenas X crimen Carlos Prats x ALTA TRAICIÓN AL ESTADO CRIMINAL DE C$ILE.-29-01-09

Alta traición

De Wikipedia, la enciclopedia libre

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Una acto de alta traición es un crimen que consiste en cometer un acto de extrema deslealtad respecto a un país o a su Jefe de Estado. Los ejemplos de alta traición más conocidos son: participar en una guerra contra su propio país, intentar un Golpe de Estado e intentar asesinar el Jefe de Estado de su propio país.

Ejemplos por país

En la historia del Derecho inglés, se distingue la alta traición del petty treason, el cual consiste generalmente en el asesinato de un amo por su criado. Esto se consideraba como un crimen más grave que el asesinato.
En la constitución estadounidense, «traición» toma el sentido de alta traición.

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_traici%C3%B3n"


http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_traici%C3%B3n





Jueves 29 de enero de 2009 14:21

Por Jorge Escalante / Lanacion.cl

Confirman duras condenas por crimen de Carlos Prats

Hija del ex jefe del Ejército asesinado junto a su esposa dijo que están "emocionados" por resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago contra cúpula de la DINA.


Naranjo conforme por condenas a asesinos de Prats

Jueves 29 de enero de 2009 16:56

/ UPI

Naranjo conforme por condenas a asesinos de Prats

A pesar de considerar la confirmación de las sentencias como “una nueva luz de esperanza”, el senador del PS, recalcó que aun se debe esperar el fallo de la Corte Suprema.


El senador del Partido Socialista (PS), Jaime Naranjo, destacó este jueves que la confirmación de las condenas por el homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert representa una "nueva luz de esperanza" en la búsqueda de justicia.
"(La) confirmación de las condenas del caso Prats por parte de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago es una nueva luz de esperanza para que finalmente se haga justicia en estos alevosos asesinatos. Además ratifica que la verdad continúa imponiéndose", resaltó el parlamentario.
A pesar de esto, el legislador PS sostuvo que no deja de preocuparle lo que pueda suceder en la Corte Suprema y agregó que "lo anterior se debe a los últimos fallos de la Sala penal de este tribunal, la cual ha tenido "una conducta vacilante", advirtió el honorable.
“Digámoslo claramente: algunos de sus fallos han implicado un retroceso en materia de violaciones a los derechos humanos”, criticó Naranjo.
“Espero que la Corte Suprema se comporte a la altura de lo que todos los chilenos esperan y finalmente, como tribunal de última instancia, ratifique las condenas", declaró subrayando que "cualquier otra decisión sería una ofensa para la causa de los derechos humanos”.
“Aquí estará en juego el prestigio del Poder Judicial y de nuestro propio país”, agregó.
La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó todas las condenas dictadas en primera instancia por el ministro Alejandro Solís por el homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthberth, ocurrido en septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina.

Jueves 29 de enero de 2009

Dos perpetuas para el CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD "Mamo" CONTRERAS

El pasado 30 de junio de 2008, después de 34 años de cometido el doble homicidio, el ministro Alejandro Solís dictó sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA por su responsabilidad en la muerte del otrora comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

En el dictamen de primera instancia el juez establece dos penas perpetuas en contra de Manuel Contreras Sepúlveda por los dos crímenes y a su vez una sentencia de veinte años de presidio por asociación ilícita.

Para el brigadier (r) Pedro Espinoza la sentencia es de veinte años de presidio por cada asesinato y otros veinte años por su rol en esta asociación ilícita

En el caso del agente Raúl Iturriaga Neumann el dictamen es de quince años de presidio por cada homicidio y de 541 por asociación ilícita. Un poco más baja es la pena para José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willike donde la sentencia alcanza a diez años presidio por cada crimen y de 541 días por la asociación ilícita.

En el caso de Jorge Iturriaga Neumann cinco años y un día por cada homicidio y a su vez Mariana Callejas -en su rol de autora material del crimen- recibió una pena de diez años por cada homicidio.

Finalmente el suboficial (r) Reginaldo Valdés enfrentará dos penas de 541 días por su rol en los dos asesinatos.

Dos perpetuas para el "Mamo"


La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en todos sus términos las condenas dictadas en primera instancia por el ministro Alejandro Solís el pasado 30 de junio de 2008, en contra de nueve ex agentes de la DINA, incluido su jefe Manuel Contreras, por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

El doble crimen fue cometido en Buenos Aires en la madrugada del 30 de septiembre de 1974, mediante la instalación de una bomba en el auto del ex comandante en jefe del Ejército.

La hija del general, Angélica Prats, dijo en el palacio de tribunales que “estamos emocionados como familia porque la Corte ha confirmado todas las condenas aplicadas por el ministro Solís”.

Sin embargo, advirtió que “ahora esperamos que la Sala Penal de la Corte Suprema no rebaje las penas”. Con ello aludió a que, desde hace unos tres años, este tribunal viene beneficiando a todos los ex agentes con rebajas considerables de condena, lo que permite otorgarles el beneficio de cumplirlas bajo los cinco años y un día en el régimen de “libertad vigilada”.

Entre los organismos de derechos humanos existe la interrogante si esta vez los ministros de la Sala Penal “se atreverán” a beneficiar también a los asesinos del general y su esposa.

De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas, Manuel Contreras, el ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza, y el ex jefe exterior de esta asociación ilícita criminal, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann.

Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger, los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado, el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón, y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley quien hizo estallar la bomba junto a Callejas) y Jorge Iturriaga Neumann.

La resolución fue adoptada por la unanimidad de la Novena Sala integrada por los ministros Jorge Dahm y Mario Rojas, y la magistrado Dobra Lusic.












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29 de Enero de 2009


DD.HH.


Corte de Apelaciones confirma condenas por homicidio de Carlos Prats y Sofía Cuthbert


Algunos de los abogados de los ex oficiales ya adelantaron que recurrirán de casación ante la Corte Suprema para intentar revertir las condenas.


La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este jueves las sentencias de primera instancia contra nueve antiguos represores, en el juicio por el asesinato del general Carlos Prats y de su esposa, ocurrido en Buenos Aires en 1974, informaron fuentes judiciales.


El fallo, dictado por los ministros Jorge Dahm, Dobra Lusic y Mario Rojas de la novena sala del tribunal de alzada, confirmó la condena a dos cadenas perpetuas, por homicidios calificados, más otros 20 años como jefe de una asociación ilícita, al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA.La sentencia de primera instancia fue dictada el 30 de junio del año pasado por el juez especial Alejandro Solís, que investigó el crimen del antecesor de Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército.Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, murieron al explotar una bomba colocada en su automóvil, el 30 de septiembre de 1974 en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, donde se había exiliado tras el golpe militar perpetrado por Pinochet en septiembre de 1973.El juicio que llevó en Argentina la jueza María Servini de Cubría culminó con la condena a cadena perpetua de Enrique Arancibia Clavel, agente civil de la DINA, la policía secreta de Pinochet.Solís aplicó las mismas penas, confirmadas hoy por la Corte al ex brigadier Pedro Espinoza Bravo, segundo de Contreras en la DINA.El también general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, encargado de las operaciones en el exterior del organismo, recibió dos condenas de 15 años por los homicidios y 541 días por la asociación ilícita.Iturriaga Neumann no se presentó al tribunal y tras declararse "en rebeldía", se sumergió en la clandestinidad, hasta que fue capturado sin oponer resistencia, algunas semanas después, en la ciudad de Viña del Mar.El ex brigadier José Zara, que en un desfile oficial como jefe del cuerpo de comandos del Ejército ofreció a Pinochet "nuestros corvos (cuchillo de combate) acerados" para defenderlo, fue sentenciado a dos penas de diez años por los homicidios y a 541 días por la asociación ilícita.


Otros culpables


Las mismas penas recayeron en los ex coroneles Cristoph Willeke Floel y Juan Morales Salgado, en tanto la agente civil y escritora Mariana Callejas fue condenada a dos penas de diez años por los homicidios.Callejas se hizo conocida por celebrar en su casa tertulias literarias a las que asistían conocidos escritores, mientras en el sótano su marido, el agente estadounidense de la DINA Michael Townley fabricaba bombas, gas sarín o torturaba prisioneros.El civil Jorge Iturriaga Neumann, hermano del Raúl, recibió dos condenas de cinco años y un día como cómplice del doble crimen mientras el ex suboficial Reginaldo de la Cruz Valdés recibió dos condenas de 541 días como cómplice de los asesinatos, con el beneficio de remisión de las penas, lo que significa que las cumplirá en libertad, con firmas periódicas en el tribunal.Angélica Prats, una de tres las hijas de las víctimas, valoró el fallo y se declaró emocionada "porque se haga justicia después de tantos años de investigación en Argentina y Chile".Prats manifestó su esperanza de que la Corte Suprema, a la que la defensa de los condenados anunció que recurrirá, confirme la resolución y no rebaje las sentencias, como ha hecho en varios juicios en las últimas semanas.



EFE





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lunes, 26 de enero de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza tiene prácticamente solucionado el caso por la desaparición militantes del Frente Patriótico 25-01-09

Domingo 25 de enero de 2009

Por Javier Rebolledo / La Nación Domingo

Los últimos antecedentes en el caso de los cinco frentistas desaparecidos en 1987

Generales en pugna

Que cuatro agentes de la CNI llevaron los cuerpos sin vida hasta la Base Aérea de Peldehue es algo probado en la causa. También la participación de la inteligencia del Ejército en el secuestro. Pero la posibilidad de que el caso toque a altos oficiales en retiro, y a otros en servicio activo, es lo que ha llevado a que hoy varios militares se desentiendan de su responsabilidad y se echen la culpa entre ellos. La investigación estaría por llegar a su fin.



El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza tiene prácticamente solucionado el caso por la desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) ocurrida en 1987. Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Manuel Sepúlveda Sánchez, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas fueron detenidos entre el 9 y 11 de septiembre de ese año. Tras meses de cautiverio fueron asesinados y sus cuerpos lanzados al mar.
El crimen fue una acción brutal que el Ejército ideó como respuesta al secuestro del coronel y gerente comercial de Famae Carlos Carreño, ocurrido el 1 de septiembre de 1987. El uniformado que fue plagiado por el FPMR fue liberado en Sao Paulo el 3 de diciembre.
Luego de años de investigación, el juez ha logrado determinar con exactitud la identidad de los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que practicaron las detenciones. También dio con el lugar donde los frentistas permanecieron encerrados durante tres meses. Se trata de los calabozos del subterráneo del cuartel Borgoño de la CNI, ubicado a pocos metros de la "clínica" donde trabajaba un doctor de apellido "Fantini", que revisaba el estado de salud de los detenidos.
En el mismo nivel se encontraba la Unidad Antiterrorista (UAT), comandada por el capitán Rodrigo Pérez, quien organizaba labores de choque, a través de un cuerpo de comandos puestos a su disposición.
El magistrado conoce incluso las identidades de los agentes que trasladaron los cuerpos de los jóvenes frentistas inyectados con un líquido desconocido hasta la base militar de Peldehue, donde fueron subidos a un helicóptero y lanzados al mar. Se trata del encargado de análisis del cuartel, Gonzalo Asenjo Zegers, Francisco Zúñiga ("El Gurka"), el enfermero del Borgoño, Mateo Tapia ("El Quincy") y Rodrigo Pérez. Sólo éste último pudo confirmar el hecho, ya que los otros tres se suicidaron en extrañas circunstancias: mientras "El Gurka" y "El Quincy" murieron por asfixia, Asenjo se dio un balazo en el pecho justo cuando la investigación determinó que él fue uno de los agentes que trasladó los cuerpos a Peldehue.
La investigación arrojó que cerca de las cinco de la madrugada del día fatal, los cuatro miembros de la CNI cargaron los cuerpos envueltos en bolsas y los subieron al furgón de la UAT, que normalmente utilizaba Pérez para trasladar a sus subalternos. Zúñiga abrió el portón de Borgoño, luego lo cerró y partieron a dejar los "bultos".
Hasta ahí el magistrado tiene claro el curso de los hechos. Sin embargo, aún existe una serie de hechos sin resolver que, durante los últimos meses, han tensado la investigación hasta lograr quebrar lealtades extendidas durante largos años. Uno de los puntos que más división ha causado entre los sospechosos es sobre quién dio la orden de la eliminación. Actualmente la responsabilidad del hecho es pateada mutuamente entre la dirección del Ejército, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), organismo que, en ésta y contadas ocasiones, tuvo un rol activo en labores operativas.
Cuando se encuentra a punto de cerrar el sumario, Carroza tampoco ha logrado determinar quién asesinó a los militantes del FPMR ni tampoco los soldados quienes habrían utilizado pasamontañas que recibieron los bultos, los subieron al helicóptero y luego los lanzaron al mar.
DINE contra Ejército
Durante los últimos meses, han declarado desde agentes operativos hasta del cuerpo de generales que conformaban el alto mando castrense. La manzana de la discordia apareció luego de que en 2008 se comprobara la existencia de una o varias reuniones del cuerpo de generales, en las que se decidió el destino de los frentistas.
En el marco de esta línea investigativa es que el 17 de julio pasado fueron procesados el ex vicecomandante en jefe del Ejército, general (R) Santiago Sinclair; el ex jefe de la DINE Hugo Prado y el ex integrante del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), coronel Marcos Bustos, único militar actualmente en servicio activo. Ellos se suman a los procesamientos que ya recaían sobre el jefe del BIE de la época, Julio Cerda; el jefe de la CNI, Hugo Salas y otros oficiales y suboficiales que participaron en alguna fase de la operación. En total, la causa suma 27 reos.
En un intento por desmarcarse del crimen, la defensa de Sinclair entregó recientemente al magistrado un decreto firmado por Augusto Pinochet que le delega todas las labores de mando en el Ejército, "salvo aquellas materias de la inteligencia". Veladamente, esto significa que, o bien la decisión de la muerte de los cinco frentistas corrió por cuenta de inteligencia o fue decretada directamente por Pinochet.
Pero otra trama se estaría tejiendo entre los oficiales de la DINE que en ese período cumplieron labores operativas y que en la actualidad se encuentran en altos cargos dentro del Ejército. Es el caso del general Ricardo Ortega Prado, actual jefe de Inteligencia, quien pasa a retiro el 30 de enero próximo, y su subalterno directo en la época de los crímenes, el coronel Marcos Bustos. Este último ha estado a punto de sellar la suerte de Ortega.
DINE contra DINE
El miércoles pasado fue citado a declarar, por tercera vez en la causa, Ricardo Ortega. La diligencia fue solicitada, esta vez, por el abogado del coronel Marcos Bustos, procesado en el caso luego de mentir en reiteradas ocasiones sobre su asistencia al cuartel Borgoño, durante el período que los militantes del Frente permanecieron secuestrados.
Bustos también ha cambiado su versión respecto de la función que le cupo a Ortega en el caso. En una primera declaración señaló que, recién detenidos los cinco frentistas, éste le notificó "que debía desempeñarme por orden del mando como oficial de enlace en la CNI, conjuntamente con el capitán Rojas, quedando a cargo de éste". En sus dichos posteriores, sin embargo, Bustos comienza a olvidar cosas. "No me recuerdo quién me dio la orden. Hice de enlace con la CNI. Sin perjuicio de ello, si la orden verbal me la dio el señor Ortega, fue por orden de Cerda", dice.
La diferencia entre una versión y otra resulta fundamental, ya que en la segunda declaración libera de responsabilidad a Ricardo Ortega, quien en su actual cargo ha visto cómo su jefe y un subalterno directo de la época Julio Cerda y Marcos Bustos se encuentran procesados sin que, hasta ahora, la mano de la justicia lo haya procesado.
Altas fuentes judiciales dicen que la citación de Ortega tiene por objeto que confirme que Bustos sólo cumplió labores de inteligencia, ahora que ya está probada la presencia de éste en el lugar donde estuvieron detenidos los frentistas.
Esta nueva estrategia responde a que el resto de los integrantes de la DINE, destinados en Borgoño, no sólo reconocieron que estuvieron ahí, prácticamente todos los días obteniendo información. El jefe de ellos, el capitán Rafael Rojas ("El Piscola"), ha sido mencionado como activo miembro en las detenciones. Rojas también fue citado a declarar el miércoles pasado por orden del ministro Carroza.
De probarse esta tesis, la actual versión de los miembros del DINE que indica que ellos cumplieron sólo labores de apoyo en el caso, se iría al suelo.
Juntos y revueltos
El general Ricardo Ortega reconoció en el proceso que durante el cautiverio de los frentistas, concurrió en una oportunidad al cuartel Borgoño, luego de la detención de Karin Eitel, la mujer que hacía de nexo entre los secuestradores y la familia de Carlos Carreño.
Según su versión, "la única vez que se coordinaron (con la CNI) fue para el secuestro de Karin Eitel", Ortega agregó que tras el plagio del militar de Famae "se concluyó que las llamadas provenían de un teléfono público y que era una mujer la que hacía el contacto verbal. Se redujo el número de teléfonos públicos, dejándolos fuera de servicio y se apostó personal del BIE frente a las casetas, los que estuvieron en comunicación con la central de BIE, para hacer saber el teléfono del que se hacía la llamada, estaba siendo ocupado por una mujer".
Ortega niega haber participado directamente en la detención de Eitel. Sin embargo, algunos de los últimos testimonios de agentes presentes en el lugar, señalan que estuvo ahí durante la detención y que lo hizo con un pasamontañas calzado en su cabeza.
La bolsa de gatos
Uno de los agentes de la CNI que reconoce a Ortega en labores operativas, declaró que su unidad nunca entendió por qué se eligió detener a los frentistas. Esto, debido a que los jóvenes detenidos pertenecían al FPMR vinculado al PC, y en ese momento era de público conocimiento que los autores del plagio de Carreño eran miembros del FPMR Autónomo. Esta línea pone en duda la tesis de que el secuestro habría respondido a la posibilidad de un eventual canje por Carreño, transformándola en una acción de poder similar a la Operación Albania, que se llevó a cabo luego del intento de asesinar a Augusto Pinochet.
Actualmente las relaciones entre los integrantes de las unidades del Ejército que tuvieron algún rol en la desaparición de los militantes del Frente se encuentran tan deterioradas que los abogados, que históricamente han representado a unos y otros al mismo tiempo, hoy han debido elegir algún bando y dejar a sus representados de menor rango sin defensa. El motivo sería el temor de que su labor pueda perjudicar a los altos mandos de la institución.
En medio de la bolsa de gatos, hace unas semanas el coronel Carlos Carreño fue hasta la oficina del ministro Carroza para entregarle más antecedentes. No lo encontró y tampoco volvió nuevamente. Además, un militar en retiro estaría dispuesto a entregar información relevante para el caso. El destino de todos está por verse.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090124/pags/20090124173914.html
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Tucapel Jiménez, a 27 años de la muerte del dirigente sindical “Los asesinos de mi padre y de Frei Montalva son los mismos” Domingo 25 de enero de 200

Domingo 25 de enero de 2009

Por Libio Pérez / La Nación Domingo

Tucapel Jiménez, a 27 años de la muerte del dirigente sindical

“Los asesinos de mi padre y de Frei Montalva son los mismos”

El diputado PPD lanza su tesis más arriesgada: el nexo entre el asesinato del líder sindical y la extraña muerte del ex Presidente DC. También denuncia una red que protege desde el Congreso a los represores de la dictadura.

El dirigente sindical Tucapel Jiménez fue asesinado el 25 de febrero de 1982; menos de un mes antes, el 22 de enero, murió el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, cuyo caso está a punto de ser caratulado como homicidio. El diputado Tucapel Jiménez, hijo del sindicalista, está convencido de que en ambas muertes hay un nexo. Ese verano de 1982, desaparecían dos de los más importantes líderes opositores, en el momento en que se desataba una de las mayores crisis económicas y en que comenzaban a asomar las primeras manifestaciones de protesta popular.
El caso del crimen de Tucapel Jiménez está resuelto judicialmente y hace una semana, uno de los autores materiales del asesinato, el ex oficial de Ejército, Carlos Herrera Jiménez, dijo a LND, que en 1982 había una lista de dirigentes sindicales que estaban señalados para ser "eliminados". "Bocaccio", como también era conocido el ex agente de la represión, dijo que en la nómina estaban Rodolfo Seguel, Manuel Bustos y "Don Tuca", como los trabajadores llamaban al asesinado sindicalista. Nunca antes había hablado de eso. El diputado Tucapel Jiménez sostiene que el ex represor "de seguro dispone de más información, así como ha entregado en el pasado lo hará con alguna no declarada intención en el futuro".
El parlamentario también cree que en el Congreso hay una red de protección a los ex represores. Así como también acusa que el Parlamento ha sido territorio para la realización de operaciones de inteligencia. Mientras el camino de la justicia sigue su curso, el parlamentario PPD se apresta a trabajar en la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a quien apoya "incondicionalmente", tanto que fue el primer parlamentario PPD en proclamarlo.
-¿Cómo recibió las declaraciones de Herrera Jiménez?-Hubo en el pasado otros episodios más sensibles, como cuando nos pidió perdón; eso fue emocionalmente complicado para nosotros. Creo que mantiene una intención de arrepentimiento. Pero la mejor señal de que su arrepentimiento es verdadero es -más que pedirnos perdón, con lo que no vamos a recuperar a nuestro padre- que entregue la información que tiene y que podría ayudar a otras familias a conocer la verdad y a hacer justicia, de manera especial a la familia Frei, con lo que daría tranquilidad espiritual a esa familia y al país. A la familia Frei y a la mía nos une el tremendo dolor por la pérdida de nuestros padres en circunstancias tan dolorosas y deplorables.
-¿Información sobre qué casos?-Soy un convencido de que él maneja información sobre la muerte del ex Presidente Frei Montalva. No deja de asombrar que después de tantos años Herrera salga con nueva información. En la última entrevista habló de una lista de dirigentes sindicales señalados para morir, entre los que estaba mi padre. Si fue así, también pudo existir una lista de dirigentes políticos. El Ejército, desde el alto mando hacia abajo, a través del DINE, estaba involucrado en el asesinato de mi padre, son los mismos que están detrás de la muerte de Frei Montalva. Los asesinos de mi padre y de Frei Montalva son los mismos. Los dos enemigos principales de Pinochet en 1982 eran, en lo político, Frei Montalva y, en lo social, mi papá. En un mes, los dos fueron asesinados por las mismas manos. Eso no fue coincidencia. Herrera en un momento quiso cooperar con la justicia, pero el Ejército se lo impedía. Ya en los ‘90 lo enviaron a Uruguay a custodiar a Eugenio Berríos (químico de la DINA), que también mostraba señales de arrepentimiento y de querer cooperar con la justicia. Creo que el Ejército quiso asesinar a los dos, pero por algún motivo Herrera huyó a Argentina, donde después cayó preso y desde ahí fue extraditado a Chile. Acá llegó con intenciones de cooperar, pero el Ejército volvió a darlo vuelta y a impedirlo. Todos sabemos que Berríos terminó asesinado en Uruguay, por la información que tenía sobre algunos crímenes, entre ellos el de Frei Montalva. Herrera y Berríos estuvieron juntos. Aunque Herrera no haya participado en el crimen de Frei Montalva, seguramente debe tener antecedentes.
-¿En las investigaciones judiciales hay indicios que crucen los casos de su padre y el de Frei Montalva?-Sí, aunque no conozco el proceso. Muchas veces lo hemos conversado con el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y los nexos son clarísimos. El juez Madrid sabe que la DINE estuvo involucrada en la muerte de Frei Montalva y la DINE asesinó a mi padre. Tengo la convicción absoluta, como seguramente la tiene la familia Frei, que el Ejército está detrás de estos crímenes; judicialmente está comprobado que a mi padre lo asesinó la DINE y seguro que la justicia se encaminará en ese sentido.
-¿Hay alguna forma de conseguir que Herrera entregue esa información?-Creo que es difícil, ya no lo hizo. Hace un año, para el aniversario de la muerte de mi papá, hice una propuesta que suponía entregar beneficios penitenciarios a cómplices y encubridores de estos crímenes para que entreguen información, para que otras familias tengan tranquilidad al conocer la verdad sobre qué pasó con sus seres queridos. Nosotros, como familia, estábamos dispuestos a que se le entregaran beneficios a Herrera como salidas dominicales a cambio de información fidedigna sobre otros procesos, sobre todo para el caso del Presidente Frei Montalva. Conozco a la familia Frei y sé, que aunque las heridas no se cierran, que tendrá tranquilidad cuando conozca la verdad y haya justicia; eso es lo que nos pasó a nosotros. Pero, además, como Frei Montalva fue Presidente de Chile, el país merece conocer la verdad.
-¿Qué pasó con esa propuesta?-Es muy complejo, la conversé con mucha gente, con las agrupaciones y con parlamentarios, y no ha sido posible avanzar. Esto requiere tiempo y que la justicia siga avanzando. En el Congreso también es difícil encontrar apoyo para estas iniciativas de derechos humanos, porque la derecha siempre las bloquea.
-El episodio creado por la diputada RN Karla Rubilar muestra lo complejo que es para la derecha tratar los problemas de derechos humanos.-Tengo una buena opinión de ella, pero cometió errores imperdonables. Esto partió con las denuncias de falsos exonerados y como esto da frutos mediáticamente la derecha quiso hacer lo mismo con los detenidos desaparecidos. Cuando alguien entra en ese terreno es muy delicado, porque toca una fibra muy sensible. Es distinto denunciar casos de falsos exonerados a casos de supuestos falsos detenidos desaparecidos. Ella sufrió de ansiedad mediática y actuó con irresponsabilidad; causó mucho dolor.
-Ella hizo esto con información del general Manuel Contreras, que siempre ha sostenido que los detenidos desaparecidos no existen.-Ella dice que no sabía que Javier Gómez era abogado de Contreras. Manifesté que nos asistía la duda de que todo esto fuera parte de una operación de inteligencia, porque Gómez es asesor del ex jefe de la DINA. Ella dice desconocer ese vínculo. Yo escuché en una entrevista a Gómez decir que no consideró relevante decirle a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que él es asesor del mayor criminal de Chile.
-Pero no sólo es el abogado de Contreras, sino que le entrega información a la diputada que proviene del ex jefe de la DINA.-Lo que no me cuadra es por qué Karla Rubilar no lo denunció; no basta con decir "Javier Gómez no es mi asesor"; ella debió hacer una denuncia pública, reconociendo que detrás de esto había una operación de inteligencia, porque estaban las huellas del general Contreras, quien utilizaba a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para insistir en su tesis de que en Chile no hay detenidos desaparecidos. Si ella no se prestó para esto, cosa que yo creo, al menos entonces fue utilizada, pero tampoco lo denuncia. Tampoco reconoce que ella y su cargo fueron utilizados para una operación de inteligencia. Lo que me parece inaceptable es que Contreras, desde su cárcel de cinco estrellas, siga manejando sus redes de inteligencia.
-Y tiene terreno fértil donde sembrar sus informaciones y articular sus operaciones.-Claro, en la derecha hay personajes que aún están ligados a la dictadura. Por eso las agrupaciones de derechos humanos presentaron una querella para investigar si Manuel Contreras tiene redes en el Congreso. Hay operaciones de inteligencia. Una de ellas fue la declaración pública que firmaron doce parlamentarios de derecha cuestionando la labor que realiza la jueza del caso del sacerdote Miguel Woodward, asesinado en la Esmeralda. No sólo cuestionaba la labor de la jueza, sino también entrometiéndose en las resoluciones del Poder Judicial. Ese hecho fue gravísimo, porque un poder del Estado no puede entrometerse en otro Poder del Estado. La jueza terminó con protección policial. En un año han sucedido estos dos episodios, por eso hay que investigar qué nexos tienen los aparatos de inteligencia de la dictadura en el Congreso.
-Hay una red de protección a los represores -Cuando la derecha mutila proyectos como el del instituto de derechos humanos o rechaza los pactos internacionales, como el Tribunal Penal Internacional o la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas, uno podría pensar que están protegiendo a los represores y se está favoreciendo a la impunidad.
“ES MÁS FÁCIL APROBAR UN TLC QUE UNA LEY DE DDHH”
-¿Por qué ha sido tan complejo concretar el proyecto de un instituto de derechos humanos?
-Una parte de la derecha sigue pegada en el pasado. Cuando se trata de aprobar leyes o ratificar convenios internacionales de derechos humanos, la derecha vota en contra. Cuando llegan al Congreso tratados de libre comercio son aprobados de forma expedita, pero si se trata del Tribunal Penal Internacional o la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas no hay caso, todo se dilata, y la derecha se opone. Es más fácil sacar un TLC que una ley de derechos humanos. Entiendo la importancia de los TLC, porque los países deben desarrollarse en lo económico, pero también en lo humano.
-Pero el instituto chocó también con la oposición de las agrupaciones de derechos humanos y con parlamentarios de la Concertación.
-Es que el instituto tiene su historia. Este proyecto viene de 2005 y yo lo conocí cuando presidí la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Entonces planteé que había que reactivar el proyecto y a abrirlo a la participación de las organizaciones de derechos humanos. Así se hizo y presentaron indicaciones que fueron en su mayoría acogidas. De ahí salió un proyecto que contaba con el consenso y apoyo de todas las organizaciones de derechos humanos y de los parlamentarios de la Concertación. Así fue aprobado en la sala de diputados y pasó al Senado. Pero ahí se produjo el gran error del ministro José Antonio Viera-Gallo que, por tratar de asegurar su aprobación, se sentó a negociar con los senadores Espina y Chadwick, hicieron cambios en la ley que la entramparon. El proyecto volvió a la Cámara de Diputados y lo rechazamos, por lo que partió a comisión mixta, pero ya estaba totalmente desnaturalizado. En las organizaciones de derechos humanos la negociación con la derecha de un proyecto como éste causó un dolor profundo.
-¿Qué tanto cambió el proyecto?
-Le quitaron la facultad de querellarse por crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, por ejemplo. Eso se cambió por facultades para “iniciar acciones legales ante la justicia”. También se le sacó todo aquello que tenía que ver con organismos internacionales. El instituto debía hacer un informe anual de los derechos humanos que tenía que presentar a todas las autoridades, como también a los organismos internacionales. Todo eso fue sacado. También es impresentable que la actual ley iguale a las víctimas de violencia política con las de particulares. Están mezclando el terrorismo de Estado con los delitos comunes, siendo ambas cosas graves. No es lo mismo que entre a tu casa un hombre civil con un cuchillo y amenace tu vida, a que entre uno que haga lo mismo y luego te enteras que es policía, que además obedecía órdenes de una cadena de mando y que el Gobierno estaba enterado que lo hacía. El civil que hace eso comete un delito común, pero el carabinero que lo hace por órdenes del alto mando, con el conocimiento del Gobierno, está cometiendo terrorismo de Estado. Por eso, y otros puntos, se desnaturalizó el proyecto y por eso lo rechazamos. Esto no se puede transar con la derecha, por la historia que vivimos y porque en estos proyectos siempre estaremos detrás de lo que digan las agrupaciones de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

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El vínculo del albacea de Pinochet con el lobbista de los Mirage Domingo 25 de enero de 2009

Domingo 25 de enero de 2009

Por Luis Narváez / La Nación Domingo

Las pistas sobre millonarios depósitos transferidos en diciembre de 1998

El vínculo del albacea de Pinochet con el lobbista de los Mirage

Antecedentes indican que los dineros de las comisiones pagadas por la venta de los aviones pasaron por cuentas de sociedades vinculadas al ex dictador, que fueron creadas por Óscar Aitken en paraísos fiscales. Las sospechas apuntan a que el gestor del negocio, Carlos Honzik, pudo transferir una suma millonaria, después de su arresto en Londres en 1998. No se descarta que el ministro Omar Astudillo indague esta arista.

Mucha documentación, llamados telefónicos y reuniones debieron sortear los investigadores de Bélgica para levantar el secreto bancario de todas las personas y empresas sospechosas de recibir comisiones ilegales por la venta de 25 aviones Mirage a Chile en 1994. Al igual como sucedió cuando se descubrió la fortuna oculta en bancos de Estados Unidos, fue la flexibilización de las medidas que resguardan esta información, provocada por la promulgación del Patriot Act (Ley Patriota), la que facilitó que el Departamento de Justicia ordenara a los bancos revisar sus bases de datos a partir de los dramáticos acontecimientos del 11-S en 2001.

Para las autoridades norteamericanas, la conjunción de lavado de dinero y tráfico de armas pasó a ser suficiente argumento para colaborar con investigaciones criminales, donde instituciones financieras instaladas en Estados Unidos aparecen guardando en sus bóvedas dineros provenientes de esos negocios.

Sin saberlo, a partir de 2004, la justicia de Bélgica y de Chile estaban analizando dos tramas financieras, con objetivos distintos, que pretendían borrar el rastro de dineros obtenidos de actividades ilícitas: la de los Mirage y la de Pinochet.

Del análisis de los documentos bancarios se estableció que en ambos casos se creó lo que el Consejo de Defensa del Estado llamó "una ingeniería financiera de alto nivel", para distribuir y ocultar los dineros.

Pero entre ambos casos hay denominadores comunes. Uno de ellos es el abogado Óscar Aitken Lavanchy, conocido como "el albacea de Pinochet". Según la investigación que tenía a su cargo el ministro Carlos Cerda (hoy en manos del juez Manuel Valderrama) para determinar el origen de la fortuna de Pinochet, también llamado caso Riggs, el profesional fue el artífice de una compleja red de más de 15 sociedades al portador (off shore) creadas en paraísos fiscales. Por cada una de estas sociedades se abrieron cuentas en bancos extranjeros (EEUU, Suiza, España, Gibraltar, Chile y Bahamas), por donde circularon durante más de 20 años los dineros que conformaron una fortuna del ex dictador Augusto Pinochet, que fue calculada en más de 25 millones de dólares.

Pero Aitken era un hombre vinculado a los círculos de los negocios de armas que se realizaban en Chile. Y es así como a finales de la década de 1980, también era un conocido de Carlos Honzik Hubka, probablemente el más destacado representante de empresas fabricantes de armamento (SIG y Mowag, entre otros) con que las Fuerzas Armadas de Chile negociaron en las últimas tres décadas.

Los nexos

Honzik se había transformado en el primer nombre en las agendas de los jefes castrenses chilenos a la hora de comprar material de guerra nuevo o usado.
Según ha podido establecer la investigación belga, Honzik se hizo asesorar por Óscar Aitken. Juntos se encargaron de idear dispositivos financieros para burlar los controles y mover grandes sumas de dinero, haciendo casi imposible seguir su rastro.

Tanto en el expediente del caso Riggs como en el proceso belga, Aitken aparece junto a Honzik creando y participando en la propiedad de Berthier Investment Inc., la firma que recibió, a través de sus cuentas bancarias, unos US$14,4 millones de las comisiones pagadas por la venta de los Mirage para que las distribuyera por el mundo.

Aitken y Honzik nuevamente aparecen como socios de otra sociedad de papel: Eastview Finance. Esta empresa fue creada en Islas Vírgenes, por donde pasaron dineros que terminaron en manos de Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart.
Cada vez que se menciona a empresas que aparecen vinculadas a las comisiones de los Mirage y al dictador, los belgas se detuvieron para realizar un exhaustivo análisis con el objetivo único de determinar si Pinochet también fue un beneficiado por las comisiones de los Mirage.
Berthier y Eastview
Sobre la principal sociedad usada para distribuir los más de 14 millones de dólares de comisiones por el negocio de los Mirage, el dossier belga destaca que se descubrió que mediante Chemical Bank y el Citibank de Nueva York, Berthier Investment Inc., junto con Lehman Brothers Inc., Cornwall Overseas Corporation y Marchill Investment Ltd., "establecen la existencia de relaciones estrechas entre el supuesto dispositivo del señor (Carlos) Honzik y el que podría pertenecer al señor Pinochet".
Los antecedentes reunidos en el expediente del caso Riggs señalan que Cornwall y Marchill fueron empresas creadas por Aitken para hacer perder los rastros de la fortuna del clan Pinochet.
Dentro de esta misma línea se descubrió una transferencia de US$51.693, realizada por Óscar Aitken Lavanchy en favor de Berthier Investment Inc., el 8 de junio de 1995. La transferencia se efectuó desde una cuenta que Eastview Finance tenía en el Coutts And Co. de Miami, de la cual Aitken era fundador y controlador.
Después que Estados Unidos permitió levantar el secreto bancario respecto de las cuentas de Berthier y Eastview, guardados celosamente en dicho banco, éstas aparecen como empresas que tienen la denominación "related accounts", que quiere decir que son cuentas relacionadas. Se determinó que tanto Berthier Investment Inc., cuyo titular era Honzik, como Eastview, de Aitken, utilizaron al mismo ejecutivo del banco: Ricardo Dougherthy.
Este ejecutivo era el encargado de efectuar las transferencias ordenadas por teléfono, cartas o fax, tanto por Honzik como por Aitken.
Por otra parte, la similitud de ambos dispositivos queda más de manifiesto, porque Berthier Investment fue creada por el mismo bufete de abogados que utilizó Óscar Aitken para abrir las sociedades de papel de Pinochet: "Alemán, Cordero, Galindo and Lee", con sede en Panamá. Con mayor precisión, Aitken llegó a ser uno de los socios de este estudio jurídico.
Levant
Siguiendo dólar por dólar el pago por la venta de los Mirage, los investigadores belgas descubrieron que una entidad llamada Levant Management Corp. recibió una transferencia de US$35 mil, el 19 de mayo de 1998 en su cuenta Nº 116155995, del Banco Espirito Santo, de Miami. Dicho movimiento se originó desde una cuenta de I. Systems, entidad del mismo tipo (off shore), perteneciente al empresario Conrado Ariztía O Brien.
Según los informes belgas, Ariztía fue uno de los distribuidores de las comisiones de los Mirage, que utilizó las cuentas de cinco de sus sociedades y tres cuentas personales para transferir dineros, entre otros, a los generales en retiro de la FACh Jaime Estay, Florencio Dublé y el coronel (R) Luis Bolton, hoy sometidos a proceso y en prisión, junto al ex comandante en jefe Ramón Vega.
Uno de los informes enviados desde el Primer Tribunal de Instrucción de Bruselas, sostiene que "Levant Management Corp. podría estar vinculada a un dispositivo de recolección de fondos vinculados al antiguo Jefe de Estado chileno Augusto Pinochet, según algunos elementos contenidos en el mandato judicial de arresto pronunciado por un juez de instrucción chileno en contra de María Lucía Hiriart Rodríguez y de Marco Antonio Pinochet".
Nemesis
Del análisis de los documentos bancarios que las autoridades de Suiza permitieron conocer, en el marco de la investigación por el pago de comisiones ilegales por la venta de los aviones Mirage, se estableció que Carlos Honzik abrió la cuenta Nº 9741 en el Clariden Bank de Zurich. Estaba a nombre de Berthier Investment Inc. Como es usual en este tipo de bancos, esa cuenta recibió una denominación: "Solane Main2 y, además, de ella se derivaron dos subcuentas: "La Rosa" y "Taxes". Desde allí salió todo el dinero de los Mirage.
Al cerrarse la cuenta "Solane Main", el 3 de diciembre de 1998, lo que quedaba (más de seis millones de dólares) fue transferido internamente, pero en efectivo, a una cuenta en el mismo banco, perteneciente a una entidad llamada Limelight Holdings Ltd., sobre la que las autoridades del Clariden Bank "no dieron ninguna información" a los belgas.
Pese a que habían logrado levantar el secreto bancario, el dictamen con que la justicia helvética obligó a la poderosa institución bancaria, nunca mencionó esta última.
Durante 1998 se registró una de las ofensivas judiciales más fuertes para intentar descubrir la ruta de los dineros pagados por los Mirage. Por ello, la policía belga sostiene que el traspaso registrado entre Solane Main y Limelight Holdings Ltd. fue una operación de pantalla para ocultar el rastro de las comisiones.
Esta conclusión fue tomada, porque en menos de 24 horas (el 4 de diciembre) se realizó otra transferencia para mover los fondos de Honzik a una tercera sociedad, Nemesis Holdings Ltd. Una operación sospechosa que, según los belgas, "parece haber sido preparada por el Clariden Bank para el señor Honzik".
Lo anterior, sostienen los investigadores europeos, hace concluir que el banco suizo "habría tenido un papel activo de consejo con miras a la creación de un sistema destinado a hacer desaparecer todo indicio de Berthier Investment Inc. y de los fondos que fueron girados en esta cuenta". Y advierten que este dispositivo se puso en marcha justo cuando Bélgica comenzó a investigar a Honzik y solicitó información oficial a Suiza.
"El dispositivo elaborado había utilizado puntualmente Limelight para una transferencia de fondos vía cash payment (en efectivo) hacia otra entidad llamada Nemesis Holdings Ltd.", dice la investigación. Nemesis fue una sociedad off shore creada bajo las instrucciones del Clariden Bank en la Isla Gran Caimán, el 5 de noviembre de 1998. Lo sospechoso es que esta estrategia se pone en movimiento un mes después del arresto de Augusto Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, por orden del juez español Baltasar Garzón. El número de la nueva cuenta que disponía en el Clariden era 73928 y sus beneficiarios o "derechohabientes" eran Carlos Honzik y su esposa, Bahna Hamwi.
Los belgas se preguntan qué sucedió con esos seis millones de dólares.
El amigo y el inglés
Las piezas del expediente belga, que hoy forman parte del proceso que instruye el ministro en visita Omar Astudillo, abren serias sospechas de que vinculada a estas operaciones de la misteriosa sociedad Nemesis estaba la intención de Honzik de permitir la transferencia hacia otras dos personas que aún no han sido del todo identificadas, pero "designadas por el gestor de la cuenta del Clariden Bank, respectivamente, como ‘El Amigo’ y ‘El Inglés’, quienes habrían sido destinatarios de una parte de las comisiones abonadas en las cuentas del señor Honzik. Parece que ‘El Inglés’ debía también a ‘El Amigo" una parte de dichas comisiones".
En este punto nuevamente hay que recordar que toda esta operación se constata en diciembre de 1998, a menos de dos meses de que fuera detenido Pinochet en Londres
El juez Daniel Franzen, titular del Primer Juzgado de Instrucción de Bruselas, tomó conocimiento de que en el marco de la investigación por las cuentas secretas de Pinochet, el ministro instructor de la época, Sergio Muñoz, había ordenado el embargo de bienes del clan Pinochet en Estados Unidos y Chile.
Dentro de las sociedades que aparecen en la fortuna del dictador está Nemesis Holding Ltd. Los belgas sostienen que "en la hipótesis que se tratase de la misma sociedad que la descrita en la presente exposición de los hechos, los haberes embargados podrían estar constituidos en parte por comisiones vinculadas al contrato de los Mirage belgas".
Algunas semanas después de llegado el expediente belga a Chile, a fines de 2007, el tribunal que investigaba el caso Riggs, solicitó copia de las piezas donde los belgas realizan este análisis, hecho que aún se investiga.
¿Quiénes son "El Inglés" y "El Amigo"? Hasta ahora sólo hay sospechas de que "El Inglés" pudo ser Bernardo van Meer, el yerno de Ramón Vega, el principal lobbista del negocio entre la empresa Sabca (Sociedad Anónima Belga de Aeronáutica) y Chile, quien recibió más de 2,7 millones de dólares en comisiones. ¿Y "El Amigo"? ¿Quién es "El Amigo"? ¿Será Ramón Vega, quien efectivamente mantuvo una estrecha amistad con Honzik y fue clave para que el Gobierno chileno se decidiera por los Mirage en 1994? ¿O será Augusto Pinochet Ugarte, también antiguo amigo de Honzik, quien por esos días comenzaba un largo y costoso período privado de libertad en Londres?.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090125/pags/20090125005527.html
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Suiza: Solicitud de refugio Socio Político a Mapuches- Calfunao Flor Rayen y la menor Relmutray Cadin de 10 años de edad 23 January, 2009


23 January, 2009


Suiza: Solicitud de refugio Político a Mapuches


El pasado miércoles 21 de enero fueron citadas por la Oficina de Refugiados de Vallorbe Suiza, Flor Rayen Calfunao y la menor Relmutray Cadin de 10 años de edad, para constatar sus datos personales y dar inicio a los trámites necesarios relacionados con la obtención de refugio político en ese país. La solicitud fue iniciada el 10 de Septiembre de 2008, después que Flor (tía de Relmutray) viajara desde Ginebra a Chile para sacarla del país, tras la detención de sus padres y hermanos por los servicios de seguridad chileno.
Flor Rayen Calfunao residía de carácter ilegal en Suiza desde 1996, sin embargo, a pesar de su estadía irregular, jamás le fue un obstáculo mantener una activa campaña de denuncia sobre la violación de los derechos humanos de su comunidad y de su pueblo Mapuche. Su actividad es transparente, eficaz y su labor reconocida; en efecto, en marzo de 2008 fue laureada con el premio “ Femme exilee, femme engagee” (mujer exiliada, mujer comprometida) , el premio le fue entregado en un acto publico por manos del Alcalde de Ginebra Sr. Patrice Mugny.
El problema que afecta a su comunidad, en particular a su familia, tiene su origen a los atropellos a los derechos humanos individuales y colectivos por parte de las autoridades chilenas. Frente a las injusticia los comuneros han utilizando como instrumento legítimo de presión, la protesta pacifica que le es reconocida en la Constitución Política del Estado de Chile. A través de estas protestas, los comuneros tratan de hacer oír sus voces a los que las autoridades chilenas han respondido con la criminalizació n de sus demandas.
La solicitud de refugio político se fundamenta en evidencias irrefutables de violación de los derechos humanos sufrida por miembros de su familia, que incluye amedrentamientos, amenazas, represión física y sicológica por latifundistas y la propia policía militarizada chilena. La acción de la policía se ve apoyada por las autoridades judiciales que utilizan legislaciones represivas introducidas durante el Régimen dictatorial del General Pinochet, tales como la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley Antiterrorista y los tribunales militares y que hoy son aplicada exclusivamente en contra los mapuches.
La petición de refugio político ha sido apoyada por un importante número de organizaciones de derechos humanos, basadas por las expresiones de repudio emitidas (en los últimos años) por las más importantes organizaciones de derechos humanos del mundo. Organizaciones como la Cruz Roja Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el propio Relator Especial de la ONU sobre asuntos indígenas han emitidos informes, hecho recomendaciones o expresando al Gobierno Chileno su preocupación por la represión injustificada contra el pueblo Mapuche.
Suiza tiene una larga tradición histórica en la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales a nivel internacional y ya existe precedente de conceder asilo político a ciudadanos chileno durante el actual sistema democrático chileno. Suiza concedió asilo político a Patricio Ortiz Montenegro porque se concluyo que en Chile se utiliza la tortura y que por lo tanto no existía garantía de un juicio justo ni condiciones de seguridad para el afectado. La tortura es una práctica ampliamente utilizada en Chile, en particular contra los mapuches, Johnny Cariqueo murió de un infarto cardiaco el 31 de marzo de 2008, tras una brutal golpiza propinada por carabineros de fuerzas especiales, de la 26º Comisaría de Pudahuel, Santiago. Cariqueo había sido detenido durante una manifestación el 29 de marzo, según lo denuncio en su oportunidad la Comisión Ética contra la Tortura.
Persecución Política contra Comuneros Mapuches
La comunidad Juan Paillalef esta ubicada en la IX Región de la Araucanía (territorio ancestral del pueblo Mapuche). Esta encabeza por la Lonko (Jefe) Juana Calfunao Paillalef, sin embargo las autoridades chilenas no reconocen en la practica la diversidad cultural existente en el país, negándoles a los mapuches el derecho “a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales”. Esto significa que su cultura, organización social y el estatus de autoridad mapuche de los lonko, no le son reconocidos. La Comunidad Juan Paillalef se rige bajo valores culturales propios, incluyendo el sistema de organización social inherente de la cultura Mapuche.
La Lonko Juana Calfunao y su hermana Luisa, fueron detenidas en noviembre de 2006 en la Cárcel de Mujeres de Temuco, la Lonko Calfunao sigue en prisión mientras Luisa fue liberada con medidas cautelares debiendo firmar en la comisaría más cercana una vez por semana (día domingo). En la actualidad Luisa recibe tratamiento sicológico, como consecuencia de la represión policial presenciada o sufrida desde su niñez, empeorada por el trato carcelario y el trauma familiar que hoy sufre toda su familia.
En la Cárcel de Temuco se encuentran detenidos el esposo de la Lonko Calfunao, Antonio Cadin y su hijo Jorge. Jorge recobró temporalmente su libertad, pero el 24 de junio de 2008 fue nuevamente detenido, producto de un montaje policial. Por su parte Waikilaf, (otro de los hijos de la Lonko Calfunao) quien durante su detención en Temuco fue torturado por personal de gendarmería y, remitido a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago recobro su libertad el 29 de diciembre de 2007. Sin embargo desde entonces ha sido detenido en dos ocasiones, su última detención (por unos días) ocurrió el 2º de enero, 2009. La madre de la Lonko Calfunao, Mercedes Paillalef y su hija Carolina se encuentran bajo medidas cautelares, impedidas de visitar a sus familiares detenidos o viajar a otros lugares del país.
Mercedes Paillalef, teme que en cualquier momento el resto de la familia pueda ser detenida, acusada de infringir la ley, sirviéndose de testigos falsos y luego ser sometidos a montajes judiciales. Esta practica abusiva ya ha sido utilizada contra ellos y en contra otras comunidades que reclaman sus derechos.
Hay que hacer notar que la casa de la Lonko Juana Calfunao le ha sido quemada tres veces. En uno de tales atentados le causo la muerte a Basilio Coñoenao (tío de la Lonko Calfunao) y en otro incidente similar, Relmutray fue salvada de las llamas gracias a la intervención oportuna de un vecino.
Cabe destacar que la comunidad Juan Paillalef ha sido allanada por la policía en reiteradas ocasiones, casi siempre sin la autorización judicial correspondiente. La Lonko Juana Calfunao y su familia han sufrido la brutalidad policial en su comunidad, de manera reiterada y en presencia de los niños de la comunidad. La Lonko Calfunao ha sido detenida arbitrariamente y torturada por la policía, en una ocasión particular las propias autoridades judiciales chilenas han debido asignar a un abogado para que investigue el origen de hematomas y cortes punzantes en su cuerpo y rostro, después que estas fueran filmadas por periodistas, durante la salida de un recinto carcelario.
Otros de los casos aun sin resolver es el aborto que la Lonko Calfunao sufriera durante su detención (en junio del 2000) en la 2ª Comisaría de Temuco, como resultado de las torturas a que fuera sometida por Carabineros (la policía militarizada) que luego la acusaron de “maltrato a carabineros en servicio” . Todos estos antecedentes han sido divulgados ampliamente por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacional y por los medios de comunicación.
Dentro de este contexto familiar, en un ambiente de incertidumbre, represión e indefensión se encontraba la niña Relmutray, quien era cuidada por su hermana Carolina que también puede ser detenida en cualquier momento.
Si Flor Rayen Calfunao hubiese retornado se habría integrado a la lucha en defensa de los derechos de su comunidad y por tanto sumado (junto a sus hermanas Juana y Luisa) la larga lista de presos políticos mapuche. Nunca regularizo su estadía en Suiza porque esperaba ansiosa el día de su retorno a su tierra natal, pero la paz en su comunidad nunca llego.
Los mapuches y las organizaciones de derechos humanos esperan que Suiza comprenda su situación, permitiéndoles vivir en un entorno de paz, seguridad y estabilidad; donde Relmutray pueda crecer acorde a los estándares enunciados en la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de carácter humanitario.
Pensamos que la represión que enfrentan los miembros de la Comunidad Juan Paillalef, que obligo a Flor Rayen Calfunao y Relmutray a solicitar refugio político en Suiza cumple con los requisitos previstos en la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y la “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes” de 9 de diciembre de 1975. (Resolución 345/xxx/ Asamblea General).
Finalmente hay que hacer notar que el Gobierno Chileno no admite que la lucha por justicia, cultura, territorio y libre determinación de los mapuches sea una lucha política por el reconocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Esto implica que tampoco reconozca la condición de presos políticos de los activistas mapuche. Sin embargo, Mercedes Paillalef le fue reconocida su calidad de exonerada política por su lucha en favor de su pueblo que librara durante el régimen de Pinochet, hoy curiosamente, en “democracia”, por esa misma lucha, es catalogada como una delincuente común.


(*) Reynaldo Mariqueo


Werken Mapuche (Enviado Especial)


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60 POR CIENTO VOTO A FAVOR DE LA NUEVA CARTA MAGNA “Con la nueva Constitución se refunda Bolivia” Lunes, 26 de Enero de 2009




UN 60 POR CIENTO VOTO A FAVOR DE LA NUEVA CARTA MAGNA, SEGUN DATOS DE BOCA DE URNA

“Con la nueva Constitución se refunda Bolivia”

Una mayoría de bolivianos aprobó el texto constitucional de Evo Morales. Pero en la Media Luna –Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija– el voto por el No superó el 60 por ciento, con lo que los prefectos avisaron que se opondrán a su implementación.

Por Sebastián Ochoa

Desde La Paz

Según los datos de boca de urna, la nueva Constitución fue aprobada por el 60 por ciento del electorado. Pero en los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) el No superó el 60 por ciento, lo que anoche motivó grandes concentraciones en estas regiones para gritar “No” y “Autonomía”, un tipo de administración que incluye el nuevo texto pero que no conforma a la oposición al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). El presidente Evo Morales anoche celebró los resultados. “Hoy se refunda Bolivia. Es por el esfuerzo de los movimientos sociales, la lucha del movimiento campesino indígena, el más marginado, el más humillado durante la república, ahora son reconocidos como personas que tienen el mismo derecho que todos los bolivianos. Vamos bien, sólo nos falta mayor coordinación con nuestros prefectos y alcaldes. Ahora tenemos la obligación de implementar la nueva Constitución.”

La votación puso otra vez de manifiesto las diferencias entre el campo y la ciudad. En áreas urbanas, el Sí llegó al 52 por ciento; el No al 48 por ciento. En las zonas rurales, el Sí a la nueva Constitución tocó el 82 por ciento, mientras el No tuvo el 18 por ciento. Según la red ATB, el 58,7 por ciento votó Sí; el 41, 3 por ciento eligió No; el 9,7 prefirió no ir a la cita democrática; el 2,6 por ciento fueron votos nulos y 1,7 blancos. La Corte Nacional Electoral (CNE) había habilitado 3.800.000 personas para que marcaran la papeleta.

En Oruro, el Sí a la nueva Constitución consiguió el 68,2 por ciento; mientras votó No el 32,8 por ciento. En La Paz, el Sí fue del 74 por ciento; el No del 26 por ciento. Potosí cosechó el 76,3 por ciento de Sí; el 23,7 por ciento de No. En Cochabamba, el Sí alcanzó el 61,1 por ciento; el No el 38,9 por ciento. La negativa a la nueva Carta Magna se impuso en Chuquisaca (50,6 por ciento de No; 49,4 por ciento de Sí), Pando (60,7 por ciento de No; 39,3 por ciento de Sí), Santa Cruz (63,8 por ciento de No; 36,2 por ciento de Sí); Beni (65,1 por ciento de No; 34,9 por ciento de Sí) y Tarija (65,2 por ciento de No; 34,8 por ciento de Sí).

En el referéndum también se consultó a la población sobre el límite de la propiedad agraria: cinco mil o 10 mil hectáreas. El Sí a las cinco mil hectáreas obtuvo el 78,4 por ciento de los votos. La opción por los 10 mil llegó al 21 por ciento. Morales tuvo unas palabras al respecto.
“Se acabó el latifundismo, se acabaron los terratenientes. Aquí terminó el Estado colonialista, el colonialismo interno y el externo. Aquí ha terminado el neoliberalismo, la subasta de nuestros recursos naturales. Gracias a la conciencia del pueblo lo recuperamos para toda la vida.”

A las ocho de la mañana, el presidente de la CNE, José Luis Exeni, inauguró el día de elecciones con la lectura de “Democracia de alta intensidad”, según el título del texto. Indicó que el proceso constituyente se inició en 1990, cuando “los indígenas de tierras bajas izaron la bandera de la Asamblea Constituyente en la denominada ‘Marcha por el territorio y la dignidad’”. En los últimos días, la oposición denunció que en el padrón figuraban electores habilitados para votar más de una vez. Exeni destacó que “sin ser perfecto, es el padrón más auditado, más saneado y más confiable de nuestra historia democrática”.

El referéndum de ayer tuvo 350 observadores internacionales. Jeniffer Mc Coy, coordinadora de la misión del Centro Carter, se refirió a las amenazas de la oposición, que se resistiría a la implementación del nuevo texto constitucional. “Todos han decidido participar de estas elecciones, tanto los que van por el Sí como los que van por el No. Tienen que respetar la voluntad del pueblo”, dijo Mc Coy a Página/12.

En el acto de apertura estaba Samuel Doria Medina, ex constituyente y jefe de Unidad Nacional (UN). Los legisladores de este partido opositor habían acordado con el gobierno nacional las reformas al proyecto de Constitución aprobado ayer. Pero Doria Medina, propietario de la cementera Fancesa, es militante del No. “Creo que hoy puede haber grandes sorpresas, porque el pueblo no quiere experimentar con su futuro, con su propiedad, con la justicia y la democracia”, anheló. El fantasma de que el gobierno empezará a expropiar fue uno de los ejes de campaña de los grupos opositores. También repudiaron la entrada en vigencia de la Justicia comunitaria, que se podría activar en simultáneo o en diferido con la Justicia ordinaria. Mediante campañas televisivas donde predominaba el rojo de personas linchadas, se anunciaba que “la Justicia comunitaria legaliza los asesinatos”, cuando la nueva Constitución www.nuevaconstitucion.bo) garantiza el respeto a la vida.

La resistencia a la aplicación de la nueva Constitución fue avisada por cívicos, prefectos, políticos opositores y votantes del No. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo a este diario que “llegar aquí le ha costado mucho al pueblo, que aspira a cambiar el país. El gobierno no tiene que preocuparse por la oposición, porque no tiene oposición. Sólo algunos grupos opositores errantes, fragmentados. Quizás después de este referéndum encuentren la manera de rearticularse”.

Varios voceros de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) adelantaron que si en “sus” departamentos triunfaba el No, la nueva Constitución tendría la puerta cerrada. “Las bolivianas y bolivianos acataremos lo que el pueblo decida a nivel nacional, porque la convocatoria del referéndum es a nivel nacional. Cuando en algún momento a algún líder cívico se le ocurra hacer una convocatoria, por parte del Congreso, en circunscripción familiar o circunscripción de barrio o de comparsa, en ese momento podemos considerarlo. Pero este referéndum es de circunscripción nacional, resultado nacional y acatamiento nacional”, dijo el vicepresidente, Alvaro García Linera, en un desayuno con periodistas. Anoche Morales remató: “No hay ningún empate felizmente, hay un solo ganador, el pueblo boliviano. No hay ninguna Media Luna, sólo hay luna llena, de la unidad de los bolivianos”.

Los rumores de fraude habían empezado días antes del referéndum. La oposición denunciaba irregularidades en el padrón y aseguraba que se quitaba con agua la tinta indeleble que la CNE pone a los votantes en el meñique así no votan otra vez. “Quienes se sienten derrotados hablan de fraude. Saludo a los derrotados, tienen derecho a hablar. Pero felizmente hay observadores internacionales que garantizan la transparencia de esta votación”, dijo Morales desde Villa Tunari, el pueblo cochabambino donde queda su urna.

En el barrio La Florida, en el sur de la ciudad de La Paz, habita gente de muchos recursos económicos. Varios votan en el colegio General René Barrientos, bautizado en honor al dictador que ordenó ejecutar a Ernesto “Che” Guevara. “Ojalá que no se apruebe esa Constitución. Es una basura, está plagada de sangre. Si se aprueba, Bolivia será un país comunista. Este referéndum fue hecho a base de fraude para que el gobierno quede permanentemente en el poder. Esa actitud de tiranos han demostrado cuando con gentes encapuchadas apresaron a líderes cívicos. Soy abogado, y me parecería una basura que empiecen a funcionar dos poderes judiciales. Si uno está en el campo y se produce algún lío, lo van a colgar. Si está en la ciudad, van a tratarlo acorde a la Justicia ordinaria. La justicia debería ser igual para todos”, dijo un anciano leguleyo. Se fue y volvió a los segundos. “Periodista, por favor no va a nombrar mi nombre. Ya estamos en esa época”, pidió.

Luego de votar, el aymara Máximo Cari sostuvo que “algunos no aceptan nuestra cultura de la hermandad. Es gente racista que no acepta que podemos ser iguales. Pero el pueblo boliviano quiere cambiar. Hasta 1952 los indígenas ni siquiera podíamos entrar a la plaza Murillo. Nuestros abuelos han sufrido que los trataran como a animales”.

Cari vivió en Córdoba en 1972, “durante la democracia de Perón. Aprendí mucho en esa época. Todos hablaban de política, de lucha, era una fuerza grande el peronismo, como es ahora el MAS. Los radicales de derecha eran poquitos, pero al tiempo vino el golpe militar en Argentina y Chile. Por eso el gobierno debería aplicar mano dura a los radicales conservadores”.

Orlando Guzmán Sandoval depositó un No desilusionado. “Nadie leyó esta nueva Constitución, como tampoco nadie leyó la actual. No estoy conforme con el tema tierra –opinó–. Bolivia necesita ya una reforma agraria. La que hizo en 1952 el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) sólo llegó al altiplano y a los valles. Pero no llegó al oriente, donde hay personas que tienen hasta un millón de hectáreas. Hoy querían hacernos votar por un límite de tierra. Pero no sirve de nada porque la nueva Constitución respeta a los latifundistas que ya están.”

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sábado, 24 de enero de 2009

INMINENTE PROCESAMIENTO EN CONTRA DE EX COMANDANTE EN JEFE DE LA FACH RAMÓN VEGA Domingo 18 de enero de 2009

Domingo 18 de enero de 2009

Por Luis Narváez / La Nación Domingo

INMINENTE PROCESAMIENTO EN CONTRA DE EX COMANDANTE EN JEFE DE LA FACH RAMÓN VEGA

El ataque del caso Mirage

Se espera que en los próximos días, el ministro en visita Omar Astudillo dicte resoluciones que dejarán como reos a los primeros oficiales que aparecen como responsables de delitos cometidos por la compra de 25 aviones Mirage en 1994. Malversación, cohecho, negociación incompatible y hasta fraude al fisco serían algunos de los delitos que el juez tendría acreditados.


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Las poderosas turbinas de los Mirage Elkan que la Fuerza Aérea de Chile dio de baja en septiembre de 2007 descansan en las instalaciones que la institución tiene en el Aeropuerto Internacional de Santiago y en la Base Aérea El Bosque. Muy pocas de ellas están operativas. Los cazabombarderos, que formaron parte fundamental de la defensa aérea nacional desde 1997 funcionando o no , continúan siendo materia de negocio y están a la venta. Hace poco fracasó una opción en Colombia, pero una de las máquinas podría llegar a Estados Unidos.
Ello, a pesar del juicio que se sigue en Chile para determinar a los responsables de los delitos cometidos cuando fueron comprados a Bélgica en 1994. Han pasado cinco años desde que se inició la investigación, en diciembre de 2003, y se espera que en los próximos días se dictarán los primeros procesamientos.

Astudillo se molestó cuando laCancillería le dijo que traducir el expediente belga demoraríamínimo un año. Junto a la Brilacde la PDI logró una traducciónen 2 meses de los 17 tomos. El ministro en visita Omar Astudillo, designado por orden de la Corte Suprema para investigar este caso, ha logrado en menos de un año establecer la existencia de ilícitos en la compra de las aeronaves. De allí que se alista para dictar los procesamientos en contra de quienes aparecen más comprometidos de acuerdo a la evidencia que existe en su contra.
Entre ellos se encuentran el ex comandante en jefe de la FACh general (R) Ramón Vega Hidalgo, y otros dos generales en retiro de la misma institución, Jaime Estay Viveros y Florencio Dublé Pizarro, además del coronel (R) Luis Bolton Montalvo. De hecho, el ministro Astudillo solicitó para este lunes, a primera hora del día, la presencia de los abogados de las defensas que han presentado patrocinio legal en el proceso desde que el juez inició la serie de interrogatorios, los que han abarcado desde funcionarios de menor rango en la FACh hasta el mismísimo ministro de Defensa de la época, Patricio Rojas.
Los cuatro ex uniformados m encionados, incluido Vega Hidalgo, han comparecido en varias oportunidades a declarar des d

Bolton recibió cerca de 130 mildólares desde cuentas por donde pasaron las comisiones.Representa a HAL, fábrica dehelicópteros india. Participó enlas comisiones técnicas de laFACh que optaron por adquirirlos Mirage V.e la apertura del caso. Pero en la era Astudillo las cosas han cambiado.
De Bruselas a Santiago
Antes de que se designara un ministro en visita, el caso estuvo en manos de cuatro jueces del crimen, los que, en períodos distintos, siempre mantuvieron activa la causa. Sin embargo, pese a las acciones solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado, organismo que inició esta investigación al presentar una denuncia por el delito de exacción ilegal, el proceso chileno topó techo en 2007 debido a que una buena parte de la información relativa al pago de comisiones ilegales estaba en el extranjero y los países requeridos para que entregaran datos se negaron a hacerlo.
La ansiedad aumentó cuando representantes del CDE viajaron a Bruselas, Bélgica, para revisar los avances de la investigación que seguía la Procuraduría Anticorrupción de ese país, organismo que detectó los primeros indicios de chilenos beneficiados por pago de coimas.
Los esfuerzos rindieron frutos cuando tanto el fiscal que investigó el caso en Bruselas, Olivier Coene, y el juez del Primer Tribunal de Instrucción de esa ciudad, Daniel Franzen, decidieron enviar a Chile el expediente completo del caso para que fuera utilizado en la persecución penal de los personajes que, a su juicio, podían tener responsabilidad criminal.
En junio del año pasado, el fiscal adjunto Coene dijo a LND: "Si podemos demostrar de dónde salieron los dineros y que esa plata fue a dar a Chile, es más fácil para ellos comprobar qué pasó con ese dinero y si de Chile siguió otro camino. Entonces lo que quisimos hacer fue continuar para ayudar. Ahora es el turno de Chile.
Por ello, cuando a los sospechosos les tocó declarar por primera vez ante el ministro Astudillo, lo hicieron frente a un cúmulo agobiante de información, debido, principalmente, al levantamiento del secreto bancario que las autoridades belgas habían podido conseguir en Suiza y Estados Unidos.
Además de ello, tanto Vega como Estay, Dublé y Bolton declararon en calidad de inculpados, lo

Duble (de civil en la foto) recibióen su cuenta del Riggs Bank 60 mil dólares. Fue jefe del Estado Mayor FACh y uno de lossancionados por el escándalo de los “pertrechos militares”.que implica que cumplen con uno de los requisitos para ser procesados y, eventualmente, ser encarcelados. La sorpresa de esta nueva etapa de la investigación comandada por Astudillo es la apertura de una arista que dice relación con la participación de civiles vinculados al mundo militar, empresarial y político.
En ella, de momento, los más complicados son el empresario Conrado Ariztía y Henriette Bahna, viuda del comerciante de armas de origen checo Carlos Honzik. Ambos ya declararon ante el juez y por primera vez lo hicieron en calidad de inculpados.
Vínculos comerciales
Ariztía era y sigue siendo dueño de algunas sociedades de inversión cuyas cuentas bancarias, ubicadas en instituciones financieras de Estados Unidos, recibieron y distribuyeron parte importante de los 15 millones de dólares que se repartieron en comisiones, algunas ilegales. Fueron transferencias y cheques girados por Ariztía las que hicieron llegar miles de dólares a las cuentas personales de Estay, Dublé y Bolton. Vale señalar que, durante el período en que se realizan estas operaciones, todos ellos estaban en servicio activo.
Además, Conrado Ariztía mantiene hasta hoy, a través de su empresa I Systems, un estrecho vínculo comercial con la FACh, tanto como proveedor de material electrónico como por su calidad de representante de una decena de empresas fabricantes de aviones, helicópteros y sistemas de defensa y electrónicos. En su última incursión logró que una de las empresas que representa la fabricante de aviones suiza Pilatus estuviera entre las dos opciones finalistas en la búsqueda que hizo la FACh de una docena de aviones de entrenamiento avanzado para pilotos de F-16 , negocio que bordeó los 200 millones de dólares y que finalmente se adjudicó la brasileña Embraer.
Bahna, por su parte, enfrenta serias sospechas de que ocultó información relativa a operaciones realizadas mediante cuentas de las sociedades que tenía con Honzik, en las que ella también tenía poder de acción. Uno de los grandes misterios es el destino de unos seis millones de dólares que Honzik mantuvo en el Clariden Bank de Suiza, a nombre de una

Estay firmó por parte del fiscoel contrato de crédito que permitió la compra de losaviones. Recibió 65 mil dólaresen una cuenta que manteníaen el Riggs Bank.sociedad de papel llamada Némesis, correspondientes a la parte más contundente de las comisiones pagadas por el negocio de los aviones Mirage. Misteriosamente, y después de la detención en Londres de Augusto Pinochet, en octubre de 1998, dicha suma fue transferida en su totalidad a otras cuentas. Luego de ello, la cuenta fue cerrada.
La culpa de los generales
Ramón Vega vivirá en los próximos días los peores momentos de su carrera. Fue el segundo comandante en jefe de la FACh de la época democrática, y la adquisición de los Mirage Elkan fue uno de los principales hitos de su período. Luego, pasó a ocupar un escaño en el Senado, en la denominada bancada militar, y allí estuvo hasta que se eliminó la figura de senadores institucionales. No ha vuelto a ocupar cargos públicos, aunque se le puede ver frecuentemente en las actividades oficiales de la FACh, que lo invita por el cargo que desempeñó.
Actualmente, ocupa una oficina en la calle Hernando de Aguirre, desde donde dirige algunos negocios, con los cuales ha intentado justificar su patrimonio, investigado en 2004 por la primera jueza que tuvo en sus manos el caso, Sandra Rojas.
En esa oportunidad se estableció que tenía propiedades en La Dehesa, Las Condes, Villarrica, Estados Unidos e Inglaterra; vehículos lujosos modelos modernos y antiguos de colección , además de cuentas en los principales bancos nacionales y algunos extranjeros.
Si bien Vega no intervino en la decisión final para la compra de los Mirage reservada para el Ejecutivo los antecedentes apuntan a que favoreció la opción de los aviones con los informes técnicos que emitió la FACh sobre los cazabombarderos belgas, ocultando que mantenía un interés personal en la transacción.
Los antecedentes en su contra indican que nunca informó a nadie que su yerno, Bernardo Van Meer, un ciudadano británico de origen holandés, era uno de los principales gestores del negocio. Este familiar recibió más de 2,7 millones de dólares como comisión. Lo que complica la situación de Vega es que en sus primeras declaraciones negó la participación de Van Meer y, además, desestimó que mantuviera relaciones familiares y de negocios con él.
Contrario a todos los antecedentes que figuran en la investigación, Vega también ha sostenido reiteradamente que la compra de los aviones se realizó de gobierno a gobierno, por lo que no habrían participado privados en la negociación de los contratos. Sin embargo, el fisco chileno terminó entregando los 109 millones de dólares de la transacción a la empresa Sabca (Sociedad Anónima Belga de Construcción Aeronáutica).
Los datos reunidos tanto en Bélgica como por la policía chilena indican que, durante 1993, las tratativas de los intermediarios se centraron en la valorización de los aviones y la fijación del monto a pagar por cada uno de ellos.

Esta es la única imagen que seconoce de Carlos Honzik Hubka,una copia de su pasaporte. Falleció en 2003, poco antesque se iniciara la investigación.Una de las convicciones a las que habría llegado el juez es que los militares chilenos favorecieron que se fijara un precio excesivo por los aviones, provocando que el fisco desembolsara más dinero de lo necesario.
El gobierno belga había entregado a Sabca la misión de modernizar las naves, que estaban operativas desde 1973 en esa fuerza. La empresa trabajaba con los estándares del programa Mirsip una norma establecida por la OTAN para la modernización de este tipo de aeronaves que estaban siendo dadas de baja en varios países miembros de ese tratado.
De los 109 millones de dólares que Chile pagó a los europeos, sólo 70 millones llegaron a las arcas fiscales belgas. Los 39 restantes se quedaron en Sabca. Lo sospechoso, que hoy constituye convicción de que hubo intermediarios ocultos a los que se les pagó ilegalmente, es que 15 millones fueron destinados a comisiones, es decir casi la mitad de lo que costó la repotenciación de los aparatos.
En la documentación existen comunicaciones de los representantes de Sabca en Chile y Carlos Honzik, donde se negocia el precio unitario de cada una de las naves. Desde el inicio al final de dichas negociaciones, los papeles demuestran que se pudo pagar menos por cada uno de los aviones.
La ruta verde
Entre los hechos que estarían establecidos en los procesamientos está la ruta que siguió el dinero pagado en comisiones, que terminó en cuentas de ex uniformados de la FACh y de los hijos del general Ramón Vega.
Como se dijo, de los 39 millones de dólares con los que se quedó Sabca, 15 fueron derivados a las cuentas de otra empresa intermediaria: Europavia. Esta última actuó estableciendo lazos para la comercialización de los aviones. Fue por el papel que le cupo a esta empresa en el negocio que, en 1995, el general en retiro y ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga, Jac-ques Lefebvre, se quitó la vida, dejando cartas en las que mencionaba el pago a funcionarios públicos chilenos y una red de protección de lobistas para los negocios con las FFAA.
Luego de recortar 550 mil dólares, los ejecutivos de Europavia depositaron 14,45 millones de dólares en la cuenta "Solane Main", que Honzik había abierto el 8 de febrero de 1994 a nombre de una de sus sociedades de papel, Berthier Investment Inc., con sede en las Islas Vírgenes.
Berthier, según el juez Astudillo y la justicia belga, actuó como una caja que distribuyó los dineros a cada uno de los intermediarios. Luego de que Suiza levantara el secreto bancario y el Clariden Bank de Zurich les mostrara todos los movimientos financieros de Berthier, los belgas llegaron a la convicción de que Sabca elaboró una verdadera trama financiera para ocultar los pagos a comisionistas.
La Procuraduría belga logró, por ejemplo, determinar que se pagaron comisiones a Lefebvre, Bernard Carayon, Francois de Smet (lobista belga radicado en Chile) y Honzik. Pero una buena parte de esos dineros (1.169.735 dólares) fueron transferidos directamente a una sociedad de papel: Intercountry Holding.
Dicha empresa es de propiedad de Conrado Ariztía O’Brien, quien figura en la investigación realizando pagos a Estay, Dublé y Bolton. Hasta donde se pudo averiguar, los ex uniformados justificaron la entrega de estos dineros por la existencia de supuestos préstamos de Ariztía hacia ellos que, como ya se dijo, en ese tiempo y hasta la fecha el empresario era un importante proveedor de la FACh y representante de varias empresas fabricantes de aeronaves y armamento. Este hallazgo facilita que se acredite el delito de cohecho o negociación incompatible.
Respecto de Vega, el descubrimiento de transferencias y depósitos de dineros que provenían de las comisiones ilegales de los Mirage, no hizo más que cerrar el círculo de pruebas que lo comprometen.
El levantamiento del secreto bancario permitió descubrir que Gustavo Vega Pizarro, hijo de Ramón Vega Hidalgo, mantenía una cuenta (54418911) en el Coutts and Co. de EEUU, rotulada como "In Trust For Ramón Vega H.", similar a una bipersonal, además de una tarjeta. El 28 de marzo de 1996, casi dos años después que se firmara el contrato que cerró el negocio, se registró una transferencia de 441 mil dólares desde la cuenta personal (543165) que Carlos Honzik mantenía en el Coutts bajo la denominación de "TABA" a la cuenta de los Vega. Llama la atención que el documento que ordena la transacción advierte: "Do not mention the name" (ver copia de documento).
Pocos meses después, el 15 de julio de 1996, Honzik vuelve a realizar una transferencia, desde TABA, por 20 mil dólares hacia la cuenta (38336977) que Rosa María Vega Pizarro, una de las hijas del general Vega, mantenía en el Midland Bank de Londres. Dos años más tarde, en marzo de 1998, Rosa María recibe dos depósitos por un total de 100 mil dólares en su cuenta (62983140), esta vez en el Coutts de Londres.
Los antecedentes son abrumadores y el juez Astudillo se ha tomado con tiempo y calma el análisis de los mismos para adoptar la decisión de procesar a estos ex uniformados.


La prueba: El registro del Coutts and Co. indica la orden de Honzik para transferir 441 mil dólares a la cuenta que Vega mantenía con su hijo.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090117/pags/20090117224315.html
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