Por Andrea Chaparro y Luis Narváez / La Nación Domingo
La organización criminal que tiene nerviosos al Poder Judicial, Investigaciones y Carabineros
La red
Muchos dudan que la red de corrupción en tribunales sea una asociación ilícita. Pero la acción de tres mujeres ha dado origen a una investigación que parece no distinguir rangos entre delincuentes, policías o jueces. Los servicios que prestaba esta organización aún están por develarse, sobre todo la existencia de clientes VIP.
La situación había rebasado todos los límites posibles y aún había tiempo para mitigar las consecuencias. Gloria Navarrete, madura funcionaria del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y ex actuaria de los viejos juzgados del crimen, conocía muy bien todas las triquiñuelas y, probablemente, maneja las normas penales mejor que cualquier abogado. Por eso, esa mañana, cuando decidió ponerse un micrófono y una cámara oculta en la solapa de la chaqueta que eligió vestir, sabía perfectamente que estaba asegurando su libertad en caso de ser hallada culpable de algún delito de corrupción.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza indagaba desde principios de año una serie de irregularidades, advertidas por jueces que detectaron oficios falsos en los que se reducía el tiempo de cárcel de varios delincuentes y se dejaban sin efectos órdenes de aprehensión o de arraigo en su contra. También sabía que Investigaciones había descubierto infiltraciones en el sistema computacional en el que se administra la información de encargos judiciales de sospechosos, imputados y condenados. Todo eso dio origen a la investigación de la fiscal Nancy González, de la Fiscalía Centro Norte, quien tiene bajo su lupa a la red de corrupción enquistada en tribunales y la policía.
Acorralada, la mujer decidió acogerse a la opción de la "cooperación sustancial", una acción que implica obtener una importante atenuante al momento de que se dicte una condena en su contra. Claro que, para que esta ayuda sea efectiva, debe significar el esclarecimiento de los delitos, y dejar en claro también su participación en éstos.
Colaboración eficaz
Tras ofrecer el acuerdo a la fiscal González, la ex funcionaria recibió una misión clara y precisa, que debía cumplir para que los investigadores comenzaran a confiar en ella y pudiera optar a los beneficios contemplados.
Lo primero que debía hacer era reunirse con Margarita Cuadros Aedo, la ex funcionaria de Investigaciones y del 23er Juzgado del Crimen sindicada como la líder de esta supuesta organización criminal. En un café-restaurante cercano al Centro de Justicia, Navarrete debía registrar para la fiscal una conversación donde se mencionara a la mayor cantidad de integrantes de la red, especialmente personas de mayor rango, como jueces o ministros de corte.
La sola mención de nombres le entregaría a la fiscal la herramienta suficiente para implicarlas en esta red, aunque no necesariamente detenerlas. Fue lo que le ocurrió a la jueza del Séptimo Tribunal Oral de Santiago, Aída Colomba Guerrero Rosen, quien es mencionada en esa conversación. La magistrada no ha sido citada a declarar por la fiscal, pero sí lo fue por el ministro Carroza, quien decidió suspenderla.
Así como ocurrió con Navarrete, hoy en libertad, trascendió que la fiscal González ha logrado reclutar otras tres personas de las 18 que han sido detenidas a partir del viernes 17 de octubre. Otros funcionarios detenidos se han negado a participar y han relatado a sus defensas que "la fiscal pregunta insistentemente por los magistrados, contactos y si tienen ministros dentro de sus amistades con los cuales mantuviera mayor cercanía"
¿Hay jueces o ministros implicados o mencionados por la red? Hasta ahora, sólo Colomba Guerrero ha recibido una mención y fue suspendida por eso.
Temblor en la PDI
Margarita Cuadros trabajó un tiempo en el 23er Juzgado del Crimen, donde la entonces jueza titular, Lucía Vaganay, fue acusada en 2004 de pagarle a una persona para que le redactara fallos. Antes de que un sumario terminara y se levantaran cargos, Vaganay renunció y se acogió a jubilación. Algo parecido ocurrió con el secretario de ese mismo tribunal, Sergio Navarrete (hoy secretario de un juzgado civil), sancionado por un sumario.
Este sábado, la Corte de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de 13 de los imputados. Pero, durante la audiencia, la fiscal González dejó un comentario que debe estar causando estragos dentro de la Policía de Investigaciones: "La mayoría de los beneficiados por la adulteración de alcoholemias son funcionarios de la PDI", sostuvo la investigadora, mientras explicaba cómo funcionaba la red.
Pocos días antes, LND había recibido informaciones acerca de que el prefecto Trevor Oyarzún, hasta hace poco jefe de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana, había protagonizado un accidente de tránsito en Lo Prado y era mencionado como uno de los beneficiarios de la red, de la que se habría valido para alterar el resultado de su alcoholemia. Oyarzún fue llamado a retiro en junio de este año y hoy trabaja en seguridad ciudadana en la misma comuna donde tuvo el accidente, en diciembre de 2007.
El enemigo en casa
El golpe, ejecutado hace nueve días con detenciones masivas, fue coordinado por la Fiscalía y no dejó a nadie indiferente. Se había desbaratado una amplía red que funcionaba al interior de la PDI y del Poder Judicial, y que alcanzó a beneficiar a no más de 70 delincuentes.
Pero la historia y los méritos habían comenzado mucho antes, cuando la misma policía detectó ciertas anomalías en su sistema de gestión policial (Gepol). En abril de 2007 se ordenó abrir un sumario administrativo, después de que se constató que desde una unidad policial de la Zona Metropolitana Oriente se había intervenido la base de datos. Tras ingresar al sistema, uno de los funcionarios había alterado información de un delincuente con la clave de uno de sus compañeros que tenía facultades para modificar información de Gepol.
El delincuente Luis Acosta Valdivia, que era buscado por la Bicrim de Ñuñoa- continúa prófugo de la justicia gracias a esa gestión.
Tras ello, el Departamento de Asuntos Internos comenzó a indagar si en otras unidades estaba ocurriendo lo mismo. Y se descubrió que las operaciones se repetían en Extranjería, en la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana (Birom), y en unidades de Calama, Independencia, San Ramón y San Bernardo. Poco a poco comenzaron a aparecer nombres.
El grupo de funcionarios formalizados tenía dos conductas: mientras algunos adulteraban datos o los hacían desaparecer, otros estaban a cargo de hacer las consultas para chequear que los cambios estuvieran hechos y "La Gata", un apodo que empezó a surgir en las pesquisas, no tuviera problemas con sus clientes. Para ello se utilizó incluso la clave de un funcionario en retiro, que aún continuaba vigente.
Las adulteraciones eran evidentes, pero las consultas parecían menos claras. Hasta que los investigadores comenzaron a cruzar antecedentes. En cada operación de modificación no participaba sólo un funcionario; éstos eran acompañados por otros dos, que tenían la misión de chequear previamente los antecedentes del delincuente y, después del cambio, para corroborar que todo había funcionado bien.
Todos estos "favores", determinaron las pesquisas, eran dirigidos por una mujer apodada "Maggie". Ella llamaba a los detectives por teléfono para pedirles las gestiones y éstos le informaban lo que había en el sistema.
Pero la PDI sólo supo a comienzos de este año que la identidad de "La Gata" o "Maggie" era Margarita Cuadros Aedo, cuando uno de los sumariados se lo comentó al investigador. Sólo en ese momento, además, se dieron cuenta que se trataba de la misma mujer que era indagada por la Fiscalía.
Hasta esa fecha, la fiscal Nancy González la misma que investigó la red de facturas falsas conocido como "caso Publicam"- sólo había formalizado a las ex funcionarias judiciales Uberlinda Elizondo -entonces presunta jefa de la red-, a Gloria Navarrete y al ex detective Manuel Donoso.
Con los nuevos antecedentes, el abanico se abrió y comenzaron las "escuchas" telefónicas que rápidamente situaron a Margarita como la mujer de los "contactos".
Tensión en el Poder Judicial
Jueces y policías que pidieron no revelar sus nombres reconocen a LND que en sus instituciones existe una especie de paranoia debido a la cantidad de rumores que se han levantado. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos teléfonos se encuentran "pinchados" (interceptados), ni qué nombres han sido mencionados por los detenidos. Varios magistrados, además, están al tanto del interés de la fiscal por los vínculos personales de algunos jueces, pero hasta ahora no hay antecedentes de que algunos de ellos haya sido involucrado.
Más aún cuando, en el marco interno, el juez Mario Carroza entregará esta semana su informe con el sumario que realizó para determinar la responsabilidad de funcionarios del Poder Judicial de Santiago. Trascendió que no hay más implicados ni jueces mencionados.
La Corte Suprema reaccionó frente al escándalo desde Santa Cruz, donde sus integrantes se encontraban en una jornada de reflexión anual, en el hotel de propiedad del empresario Carlos Cardoen. De inmediato se ordenó hacer un catastro de beneficiados, informe que fue ya fue entregado al ministro Carroza.
Investigación compartimentada
Donde la investigación ha causado un sismo de dimensiones mayores es en la policía civil, donde admiten que las gestiones informales que se realizan internamente son "pan de cada día". "Te llaman para consultar un dato en el Gepol y uno lo hace. Pero otra cosa es la alteración de información que sólo es privilegio de los jefes de cada unidad", comenta un subprefecto.
Tal vez por ello es que la joven fiscal González trabaja con dos equipos policiales en forma paralela: la Brigada investigadora de Delitos Económicos (Bridec), de Investigaciones, y el OS-9, de Carabineros. También fueron enviados a la fiscalía parte de los antecedentes de la investigación al interior de la PDI que está realizando Asuntos Internos. Pero González entrega a cada uno de sus equipos misiones específicas y ninguno de ellos sabe lo que hace el otro o por qué. Investigaciones, por ejemplo, no tiene conocimiento de las temidas escuchas telefónicas, porque eso es manejado por Carabineros.
La fiscal también trabaja con apoyo de la Unidad de Delitos Económicos, Lavado de Dinero y Crimen Organizado (Ulddeco) y de la Unidad Anticorrupción. Pero fuentes de la causa aseguran que la fiscal es la única que maneja toda la información, pues ha compartimentado la información para evitar filtraciones.
La carpeta de investigación está con reserva de 40 días es decir, su contenido es secreto decretada el viernes pasado por el juez Ponciano Sallés a petición del Ministerio Público.
Patrimonio
La Ulddeco trabajó determinando el patrimonio de los imputados y sus redes familiares. En esta labor, señalan las mismas fuentes, sólo se habría trabajado con información pública, y recién en estos días se está profundizando en el tema.
La fiscal ofició esta semana a las superintendencias de Bancos y de Valores y Seguros, para determinar los bienes de los imputados. Por lo mismo, solicitó el alzamiento del secreto bancario para todas las cuentas que sean ubicadas dentro del sistema financiero nacional. Todos antecedentes que deberán ser analizados para determinar cuál fue la ruta del dinero y si hubo enriquecimiento ilícito.
Hasta ahora no se han encontrado bienes muebles o inmuebles adquiridos como resultado de los delitos. De hecho, Margarita Cuadros vive de allegada en casa de su madre en la Villa Santa Julia, en Macul. Cercanos a la indagación han comentado que se presume que la mujer tenía problemas con juegos de apuestas. Tampoco los otros imputados aparecen con patrimonios de consideración.
La fiscal terminó el viernes de interrogar a todos los detenidos. Trascendió que algunos de ellos accedieron a prestar declaración, pero otros prefirieron acogerse al derecho de guardar silencio, a la espera de que sus defensas tengan acceso a la carpeta de investigación.
Lo clave son las escuchas telefónicas realizadas desde abril pasado a 50 teléfonos. En la mayoría de los casos, Margarita Cuadros es la protagonista. Cercanos a la indagación aseguran que los imputados en general no se conocían entre sí, sino que sólo están vinculados a través de "La Gata" o "Maggie".
Destino verde
Si bien en las primeras diligencias materializadas por la Fiscalía no hay nombres de funcionarios de Carabineros, fuentes de la investigación del Ministerio Público confirmaron que hay antecedentes sobre al menos un policía que habría realizado consultas en el sistema interno de la institución y que conoce a "Maggie". El funcionario aparece mencionado en algunas "escuchas". El problema para acreditar su participación, señalan fuentes de la causa, está en que las claves de acceso de Carabineros funcionan de distinta forma que las de la PDI.
Así, en Carabineros es común que haya una clave única para toda una unidad policial, por lo que resulta complejo individualizar cuál es el funcionario que hace las consultas. Pese a ello, hay antecedentes de revisiones sospechosas del sistema en comisarías de El Bosque, Las Condes y Lo Prado.
Por ello, además de los abogados que conocían los servicios prestados por Margarita Cuadros o la red, se espera que la investigación se extienda hasta determinar la responsabilidad de carabineros. //LND
2007: los oficios falsos de la Suprema
En los juzgados de garantía y los antiguos tribunales del crimen aparecieron los primeros fallos falsos. Era mayo de 2008 y la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Herrera, puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago que había descubierto una resolución adulterada.
Pero pocos meses antes, en noviembre de 2007, ya había un antecedente de documentos ficticios, que no surgió en un tribunal de primera instancia. Fue el propio presidente de la Corte Suprema en ese momento, Enrique Tapia, quien informó que se había iniciado una investigación interna luego que se detectara una serie de oficios falsos, supuestamente enviados por el máximo tribunal a juzgados del trabajo, civiles, de letras y la Corte de Apelaciones de Iquique, en los cuales se requerían al menos 11 expedientes de procesos.
La gravedad del hecho significó el envío inmediato de los antecedentes al Ministerio Público. Esta causa quedó en manos del jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte, Iván Millán. Entonces nada se sabía de la red de corrupción.
Según los antecedentes de la investigación, quien se dio cuenta a fines de octubre de 2007 que los oficios eran ficticios fue la entonces prosecretaria de la Corte Suprema, Carola Herrera Brummer, tras recibir expedientes de dos causas que habrían sido solicitadas supuestamente por ella, a través de un oficio de fecha 3 de septiembre del año pasado y todos con destino Iquique.
Hasta ahora se sabe que entre los expedientes perdidos hay causas civiles y laborales. Ninguno de los expedientes sustraídos corresponde a juicios por narcotráfico. La investigación aún no consigue establecer la identidad de los involucrados, pero el fiscal Millán ya consiguió establecer en qué lugares se realizaron las falsificaciones, dijeron fuentes cercanas a la indagación. Tras el descubrimiento de la extensa red de corrupción ésta podría ser otra arista más de la causa matriz.
El turno de la Corte de Apelaciones
Aunque las policías ya estaban investigando los negocios de las ex funcionarias del Poder Judicial Uberlinda Elizondo y Gloria Navarrete, el resto de los integrantes de la red no pusieron mucho cuidado en sus acciones, porque en agosto pasado actuaron en la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta vez, la denuncia vino del personal de Gendarmería de la Cárcel de Alto Hospicio.
Los hechos que indagan son el envío de un fax y los oficios supuestamente remitidos desde el tribunal de alzada capitalino que autorizaban la salida de Mauricio Pinto Duarte (34) desde el recinto penitenciario de Iquique, donde cumplía una condena de 15 años y un día por robo con intimidación. La audaz maniobra incluía la simulación de las firmas de los ministros de la Quinta Sala de la Corte -Alejandro Madrid, Adelita Ravanales y el abogado integrante Benito Mauriz- quienes, según los papeles falsos, habían rebajado la pena a seis años de presidio efectivo, por lo que, con el abono del tiempo que Pinto Duarte llevaba preso, podía quedar en libertad de inmediato.
Este hecho se incorporó tanto a la investigación de la fiscal González como al sumario administrativo del ministro Mario Carroza contra los funcionarios involucrados en la adulteración de resoluciones judiciales.
La fiscal González ordenó la incautación del fax y los oficios que llegaron a Iquique. Junto con ello ordenó a uno de los equipos de la PDI que trabaja con ella que tomara declaración al reo, para intentar que éste colaborara con la indagación y revelara cómo había contactado a quienes adulteraron el fallo del tribunal, los oficios y el fax que recibió Gendarmería.
También aparecían nuevas preguntas en el caso: quiénes eran los abogados que representaban a los beneficiados por estas resoluciones falsas, si el dato de las “rebajas” de pena venía de ellos, si realizaban alguna gestión en este sentido para sus clientes, o si alguno de ellos hizo efectivos los pagos por estos “favores judiciales”.
Este es uno de los puntos en que insistirá el Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuando amplíe la querella que interpuso contra los primeros imputados.
*
*
*
.jpg)
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario