La lucha por la memoria en la experiencia peruana post conflicto
En el Perú vivimos un conflicto de veinte años con miles de víctimas que sufrieron violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres colectivas). El Informe de la Comisión de la Verdad, cuya publicación de conclusiones y recomendaciones recordamos este 28 de agosto en su V Aniversario, significó un punto de quiebre frente a la "historia oficial" del fujimorismo y su balance de veinte años de la violencia política. La teoría de los excesos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que pretendió imponernos, fue desvirtuada por la Comisión de la Verdad, que sostuvo que se produjeron en determinados períodos de tiempo y en diversas zonas geográficas violaciones sistemáticas y generalizadas de Derechos Humanos, como sostuvimos desde un comienzo las organizaciones.
Los procesos de justicia transicional como el que vivimos en Perú se caracterizan por cuatro elementos fundamentales:
En primer lugar, la verdad, que permite reconstruir los hechos del pasado. Esta es una tarea permanente, que va más allá de las valiosas contribuciones de la Comisión de la Verdad y sus dos años de trabajo. Hay víctimas sobrevivientes, familiares y testigos que por temor no contaron su verdad y recién empiezan a sacudirse de sus miedos.
En segundo término la justicia, negada durante veinte años, con mecanismos de impunidad, como la justicia militar, la inacción de la justicia común y las leyes de amnistía que se dieron durante el régimen dictatorial de Fujimori. En los últimos años se ha revertido con limitaciones esta tendencia, se han logrado importantes sentencias en el sistema interamericano (Barrios Altos, La Cantuta, Gómez Palomino, Bernabé Baldeón, Saúl Cantoral y Consuelo García) por mencionar algunos casos. En la justicia interna, sentencias confirmadas por la Corte Suprema como la de los comuneros de Chuschi y recientemente el caso de la desaparición de Ernesto Castillo Páez…
En tercer lugar, la reparación integral del daño producido por la violencia política. En este aspecto se ha avanzado parcialmente al iniciarse un proceso de reparaciones colectivas a algunas comunidades campesinas de los Andes y centros poblados y comunidades nativas de la selva central. Son cerca de 900 comunidades las que deben ser reparadas hasta este 2008, pero el proceso tiene limitaciones y dificultades en establecer el carácter reparador de los proyectos aprobados a estas comunidades. Para iniciar las reparaciones individuales, el Consejo de Reparaciones, encargado de establecer el Registro Único de Víctimas, ha avanzado en certificar 9.000 víctimas, quedando pendiente establecer los montos de la reparación económica y mejorar las modalidades de reparaciones en salud y educación.
La memoria colectiva e histórica es el cuarto elemento fundamental de este proceso. Significa establecer la forma en que una comunidad o grupo recuerda su pasado y busca proporcionar una explicación al presente. Debe buscar proyectarse al futuro, para evitar que hechos que se produjeron en el pasado y causaron daño no se repitan más. Debe ser una oportunidad para que el Estado y la sociedad dignifiquen a las víctimas. Debe ser un proceso en el que confluyan la historia y la memoria de las personas, debemos garantizar que las diferentes memorias dialoguen entre sí.
Avances
Los conceptos de memoria histórica y colectiva empezaron a ser usados por el Movimiento de Derechos Humanos en el Perú desde mediados de 1980, en el marco del desarrollo en la región de estos temas, principalmente en Argentina y Chile. A partir de 1996, en el marco de la presentación de la publicación De la tierra brotó la Verdad, crimen e impunidad en el caso de La Cantuta, Aprodeh da a conocer las experiencias de las Comisiones de la Verdad existentes en otros países y empezamos a exigir la creación de una para el país. El movimiento de Derechos Humanos y las organizaciones de familiares empiezan a introducirlas en sus demandas.
Estos debates sobre la memoria histórica y colectiva han involucrado a diversos actores de la sociedad, no sólo a los activistas de DDHH y ex miembros de la CVR, también intelectuales, artistas plásticos, líderes sociales representantes de las iglesias, defendiendo todos una posición a favor de la verdad, justicia, reparación y memoria. Durante los trabajos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las audiencias públicas, que permitieron escuchar a los que no tuvieron voz, fueron un importante instrumento de verdad y memoria. Las celebraciones anuales de la entrega del Informe Final de la CVR son una oportunidad para hacer un balance del estado de implementación del conjunto de las recomendaciones. La muestra fotográfica Yuyanapaq, actualmente expuesta en el Museo de la Nación y esperamos en un futuro próximo ubicada definitivamente en la Alameda de la Memoria, junto con el Ojo que Llora, el primer gran sitio de Memoria en Lima, deben convertirse en referentes fundamentales de este proceso.
Otra referencia emblemática son los museos de la memoria, construidos por los familiares de desaparecidos de Ayacucho y su organización ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados Desaparecidos). También está el Memorial de La Cantuta, ubicado en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, en honor de los estudiantes y el profesor de dicha casa de estudios, asesinados en 1992.
A los memoriales y sitios de memoria hay que añadir nuevas iniciativas que surgen desde las organizaciones de familiares. A raíz de las investigaciones de la Fiscalía de Ayacucho a partir del año 2005 se inician las exhumaciones en el sector de La Hoyada adyacente al Cuartel de Los Cabitos en Huamanga, como resultado se hallaron inicialmente 15 cuerpos completos y restos de otras víctimas. En los años siguientes hasta 2008 se hallaron 19 nuevos restos óseos completos y restos de otras 47 personas. Así, en conjunto, tendríamos a la fecha 81 restos humanos. Los trabajos de exhumación, laboratorio, exhibición de prendas y pruebas de ADN deben continuar. Estos restos corresponderían a desaparecidos de los años 1983 a 1985; esta situación ha llevado a los familiares de desaparecidos de Ayacucho a demandar que el Cuartel Los Cabitos y zonas adyacentes se conviertan en Santuario por la Memoria. Similar pedido acaba de surgir en las últimas semanas ante el hallazgo de las fosas de Putis en el distrito de Santillana, provincia de Huanta en Ayacucho, donde a la fecha se han encontrado restos humanos de 64 personas. Estos espacios deben invitar a la población a reflexionar sobre lo sucedido en los 20 años de violencia política en el país, a tomar conciencia sobre lo ocurrido, a fin de evitar que la historia se repita y alentar la forja de una sociedad y cultura de Paz con pleno respeto a los Derechos Humanos Integrales. Para los familiares de las víctimas estos lugares se convierten en lugares sagrados, de peregrinación, de homenaje a sus seres queridos. Acuden a estos memoriales en fechas especiales, como el aniversario de su nacimiento, el día de los muertos, etc.
Debemos destacar que estas iniciativas provienen por ahora de la sociedad civil, con el apoyo limitado de algunos gobiernos locales y regionales. Una experiencia reciente que debemos alentar es la creación hace pocas semanas de la Asociación Caminos de la Memoria, constituida por artistas, intelectuales y activistas de Derechos Humanos, cuyos objetivos principales son:
• Promover la apropiación por los familiares del Ojo que Llora y desarrollar el Proyecto de la Alameda de la Memoria, impulsando el reconocimiento por parte de los vecinos del distrito de Jesús María.
• Desarrollar la visibilización del Memorial mediante estrategias de comunicación y publicaciones especializadas, promoviendo actividades culturales dirigidas a adultos, niños y jóvenes.
• Promover espacios de capacitación y reflexión sobre el conflicto interno y una cultura de Derechos Humanos.
• Promover la investigación sobre temas de memoria, sobre la situación actual de los sitios de memoria existentes en el país y sus necesidades a fin de establecer mecanismos de apoyo. Esperamos que la cooperación internacional también pueda asumir un compromiso con estos esfuerzos.
*Francisco Soberón G. es director de APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos del Perú). Este artículo ha sido publicado originalmente en la versión impresa de la Revista Pueblos número 34, Septiembre de 2008.
http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1270
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