PROPUESTA PARA CREAR UN NUEVO PROGRAMA PARA PROTEGER A LOS PROTAGONISTAS DE PROCESOS COMPLEJOS
Para que no dé miedo ir a tribunales
La iniciativa tiene el apoyo de organismos de derechos humanos. El cuidado no se referiría sólo a los testigos, sino a cualquier persona involucrada en causas por delitos graves.
Por Adriana Meyer
Dicen los expertos que los países reaccionan después de que les pasó algo grave. Hace más de dos años desapareció Jorge Julio López y, más allá del impacto, los demás testigos siguieron acudiendo a declarar en los procesos por delitos de lesa humanidad. Pero los programas estatales para protegerlos empezaron a mostrar limitaciones. Con la intención de mejorarlos, la diputada Victoria Donda (Encuentro Popular y Social) y Marcelo Saín, ex director del programa Verdad y Justicia, presentaron un proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Protección de Personas en Situación de Peligro en Procesos Penales, que además de los casos referidos al terrorismo de Estado abarca los de trata de personas y otros delitos vinculados con la criminalidad organizada. La propuesta cuenta con el apoyo del CELS, las Abuelas de Plaza de Mayo y el Serpaj.
“Vamos a hacer lo posible para que sea sancionado, pero la única forma de lograrlo será con mucha presión de los sectores que nos nucleamos en torno de estos temas”, dijo Donda a este diario, anticipando un difícil escenario parlamentario. Tras la renuncia de Saín al programa Verdad y Justicia, Donda se pregunta si habrá voluntad política para que la iniciativa se transforme en ley. Con la firma de los diputados Juan Carlos Dante Gullo, Marcela Rodríguez, Ariel Basteiro, Emilio García Méndez, Hugo Perié, Remo Carlotto, Viviana Damilano Grivarello, Jerónimo Vargas Aignasse y Cecilia Merchan, el proyecto propone derogar la ley 25.764, que había creado en 2004 el programa de protección a testigos e imputados, al calor de una supuesta ola de secuestros extorsivos.
A diferencia de ese plan, este proyecto incorpora la posibilidad de dar protección a fiscales, abogados u otros actores de los procesos penales, y, a su vez, la extiende a los miembros de la familia o cualquier persona cuya integridad física esté en riesgo por su relación con la persona protegida.
La otra innovación consiste en la creación de una Unidad Especial de Protección que, si bien estará integrada por policías, éstos responderán a un superintendente que dependerá del director del programa. Los asesores de Donda explican que apuntan a un cuerpo con “policías nuevos y especializados”, aunque reconocen que los primeros miembros serán uniformados en actividad, seleccionados con criterios estrictos. De todos modos, saben que las víctimas de la dictadura mantienen firmes reservas respecto de cualquier fuerza uniformada. El programa se regirá por los principios de consentimiento de la persona a proteger, temporalidad de la protección y celeridad para evitar trabas burocráticas.
En principio, el proyecto fue resistido por todos los organismos de derechos humanos, que pretendían una ley específica para los casos de delitos de lesa humanidad. Pero con esta nueva redacción consiguió el apoyo de diversas entidades. La matriz del proyecto tiene amplia relación con la Ley Modelo de Protección de Testigos de Naciones Unidas. “El proyecto apunta a realizar un aporte a la resolución de una problemática tristemente conocida: las amenazas, secuestros y todo tipo de conductas intimidatorias contra testigos, querellantes y demás actores involucrados en causas penales donde se investigan delitos complejos, los cuales han evidenciado el máximo poder persecutorio escondido tras las sombras con la desaparición de un testigo en el caso en el que se condenó a Miguel Etchecolatz”, señalan los fundamentos del proyecto, donde se destaca que el secuestro de López puso de manifiesto “crudamente cuál es la responsabilidad del Estado en proteger a los ciudadanos comprometidos con la búsqueda de justicia”.
Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-116405-2008-12-10.html
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HABLAN LOS TESTIGOS QUE SE RETIRARON DEL SISTEMA VIGENTE
“No queremos ser una estadística más”
Por Adriana Meyer
Después de la anulación de las leyes de impunidad se pusieron en marcha procesos contra los responsables del terrorismo de Estado y, en la actualidad, hay 300 causas abiertas con la participación de más de cuatro mil testigos. En este marco, el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados vigente “no ha logrado dar una solución oportuna y eficaz a los nuevos problemas que se suscitan en el marco de las investigaciones judiciales por delitos complejos”, dice el proyecto de Donda y Saín.
Página/12 consultó a tres testigos que, por diferentes razones, renunciaron a ese programa. María Cristina Guerra, sobreviviente del centro clandestino Mansión Seré, aceptó la protección que propuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 5. Con la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos Mansión Seré y zona Oeste acordaron con el programa nacional que dirige Darío Díaz una cobertura con telefonía celular y rechazaron la custodia policial. Llegó el inicio del juicio y horas antes de la primera audiencia recibió una amenaza telefónica y encontró una cadena en el piso frente a su puerta, con la forma de un círculo. “Ni la Justicia ni el programa hicieron nada, nunca nos dieron los celulares, así que junto a otros tres compañeros decidimos renunciar al convenio de protección porque nos negamos a ser una estadística más”, dijo Guerra. Cuando lo comunicó –recordó–, alguien del programa le dijo que “no tenía códigos”. Por insistencia del TOF 5 le pusieron un sistema electrónico a distancia que depende del programa provincial. “Funciona, no es lo que quiero ni lo mejor, pero ante hechos así una piensa en la gente que quiere y si ellos se sienten seguros, sirve”, evaluó. Pero afirmó que “la debida protección que nos tienen que dar es desmantelar el aparato represivo”.
Carlos Muñoz sobrevivió luego de pasar por la ESMA y hasta hace pocos días tenía el mismo dispositivo que Guerra, pero lo devolvió y también renunció al programa. “Me cambiaron cuatro veces el aparato, se quedaba sin batería, luego la señal era débil, otra vez me lo olvidé en una oficina céntrica y el monitoreo marcaba que estaba en Palermo”, describió. Muñoz había entrado al programa cuando comenzó el juicio contra el represor Héctor Febres, pero renunció porque “la burocratización es enorme”. Además, el personal policial que lo controlaba por teléfono solía interrogarlo. “Que a qué marcha voy, que a qué hora voy a estar en Plaza de Mayo, preguntas que no corresponden”, recordó. “Nos hacen sentir como pesados y paranoicos si planteamos algo, pero tampoco nos dan apoyo psicológico, son funcionarios que no entienden las secuelas que podemos tener los sobrevivientes”, lamentó Muñoz.
Norberto Urso estuvo en Mansión Seré, es testigo y querellante, y fue amenazado. Ya contaba con la protección del programa provincial, pero el TOF 5 les ofreció el de Nación. “Lo único que nos podían ofrecer eran unos celulares, pasaron los días y nadie los vio”, afirmó Urso, que se enoja cuando recuerda lo sucedido y afirma que los pusieron en peligro a ellos y a sus familias. Dice que el control a distancia que le provee la provincia “no es lo ideal, porque aunque los que nos cuidan tienen buena predisposición, no deberían ser los mismos que estamos denunciando”.
Página/12 trasladó estas inquietudes al director del programa nacional. “El mejor programa es el que no se ve”, fue la respuesta de Darío Díaz, que se excusó de confirmar o desmentir nada, invocando la confidencialidad del programa. La cantidad de personas que ingresaron a este programa a partir de la mayor difusión que le dieron las nuevas autoridades aumentó notoriamente, pero la protección no alcanzó –porque la ley no lo prevé– a los miembros de un tribunal platense, que la habían solicitado. Algo que no ocurrirá si prospera el proyecto de Donda y Saín.
Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/116405-37074-2008-12-10.html
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Acto en Santa Fe
El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, encabezará hoy a las 18 el acto durante el cual será señalizada la comisaría cuarta de la ciudad de Santa Fe, donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura en la época del terrorismo de Estado. La señalización se ubicará a pocos metros de la cochera del edificio, debido a que por ese lugar entraban y salían vehículos que llevaban ciudadanos escondidos y encapuchados para ser sometidos a interrogatorios, apremios ilegales y tormentos.
Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/116405-37075-2008-12-10.html
*Para que no dé miedo ir a tribunales
La iniciativa tiene el apoyo de organismos de derechos humanos. El cuidado no se referiría sólo a los testigos, sino a cualquier persona involucrada en causas por delitos graves.
Por Adriana Meyer
Dicen los expertos que los países reaccionan después de que les pasó algo grave. Hace más de dos años desapareció Jorge Julio López y, más allá del impacto, los demás testigos siguieron acudiendo a declarar en los procesos por delitos de lesa humanidad. Pero los programas estatales para protegerlos empezaron a mostrar limitaciones. Con la intención de mejorarlos, la diputada Victoria Donda (Encuentro Popular y Social) y Marcelo Saín, ex director del programa Verdad y Justicia, presentaron un proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Protección de Personas en Situación de Peligro en Procesos Penales, que además de los casos referidos al terrorismo de Estado abarca los de trata de personas y otros delitos vinculados con la criminalidad organizada. La propuesta cuenta con el apoyo del CELS, las Abuelas de Plaza de Mayo y el Serpaj.
“Vamos a hacer lo posible para que sea sancionado, pero la única forma de lograrlo será con mucha presión de los sectores que nos nucleamos en torno de estos temas”, dijo Donda a este diario, anticipando un difícil escenario parlamentario. Tras la renuncia de Saín al programa Verdad y Justicia, Donda se pregunta si habrá voluntad política para que la iniciativa se transforme en ley. Con la firma de los diputados Juan Carlos Dante Gullo, Marcela Rodríguez, Ariel Basteiro, Emilio García Méndez, Hugo Perié, Remo Carlotto, Viviana Damilano Grivarello, Jerónimo Vargas Aignasse y Cecilia Merchan, el proyecto propone derogar la ley 25.764, que había creado en 2004 el programa de protección a testigos e imputados, al calor de una supuesta ola de secuestros extorsivos.
A diferencia de ese plan, este proyecto incorpora la posibilidad de dar protección a fiscales, abogados u otros actores de los procesos penales, y, a su vez, la extiende a los miembros de la familia o cualquier persona cuya integridad física esté en riesgo por su relación con la persona protegida.
La otra innovación consiste en la creación de una Unidad Especial de Protección que, si bien estará integrada por policías, éstos responderán a un superintendente que dependerá del director del programa. Los asesores de Donda explican que apuntan a un cuerpo con “policías nuevos y especializados”, aunque reconocen que los primeros miembros serán uniformados en actividad, seleccionados con criterios estrictos. De todos modos, saben que las víctimas de la dictadura mantienen firmes reservas respecto de cualquier fuerza uniformada. El programa se regirá por los principios de consentimiento de la persona a proteger, temporalidad de la protección y celeridad para evitar trabas burocráticas.
En principio, el proyecto fue resistido por todos los organismos de derechos humanos, que pretendían una ley específica para los casos de delitos de lesa humanidad. Pero con esta nueva redacción consiguió el apoyo de diversas entidades. La matriz del proyecto tiene amplia relación con la Ley Modelo de Protección de Testigos de Naciones Unidas. “El proyecto apunta a realizar un aporte a la resolución de una problemática tristemente conocida: las amenazas, secuestros y todo tipo de conductas intimidatorias contra testigos, querellantes y demás actores involucrados en causas penales donde se investigan delitos complejos, los cuales han evidenciado el máximo poder persecutorio escondido tras las sombras con la desaparición de un testigo en el caso en el que se condenó a Miguel Etchecolatz”, señalan los fundamentos del proyecto, donde se destaca que el secuestro de López puso de manifiesto “crudamente cuál es la responsabilidad del Estado en proteger a los ciudadanos comprometidos con la búsqueda de justicia”.
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-116405-2008-12-10.html
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HABLAN LOS TESTIGOS QUE SE RETIRARON DEL SISTEMA VIGENTE
“No queremos ser una estadística más”
Por Adriana Meyer
Después de la anulación de las leyes de impunidad se pusieron en marcha procesos contra los responsables del terrorismo de Estado y, en la actualidad, hay 300 causas abiertas con la participación de más de cuatro mil testigos. En este marco, el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados vigente “no ha logrado dar una solución oportuna y eficaz a los nuevos problemas que se suscitan en el marco de las investigaciones judiciales por delitos complejos”, dice el proyecto de Donda y Saín.
Página/12 consultó a tres testigos que, por diferentes razones, renunciaron a ese programa. María Cristina Guerra, sobreviviente del centro clandestino Mansión Seré, aceptó la protección que propuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 5. Con la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos Mansión Seré y zona Oeste acordaron con el programa nacional que dirige Darío Díaz una cobertura con telefonía celular y rechazaron la custodia policial. Llegó el inicio del juicio y horas antes de la primera audiencia recibió una amenaza telefónica y encontró una cadena en el piso frente a su puerta, con la forma de un círculo. “Ni la Justicia ni el programa hicieron nada, nunca nos dieron los celulares, así que junto a otros tres compañeros decidimos renunciar al convenio de protección porque nos negamos a ser una estadística más”, dijo Guerra. Cuando lo comunicó –recordó–, alguien del programa le dijo que “no tenía códigos”. Por insistencia del TOF 5 le pusieron un sistema electrónico a distancia que depende del programa provincial. “Funciona, no es lo que quiero ni lo mejor, pero ante hechos así una piensa en la gente que quiere y si ellos se sienten seguros, sirve”, evaluó. Pero afirmó que “la debida protección que nos tienen que dar es desmantelar el aparato represivo”.
Carlos Muñoz sobrevivió luego de pasar por la ESMA y hasta hace pocos días tenía el mismo dispositivo que Guerra, pero lo devolvió y también renunció al programa. “Me cambiaron cuatro veces el aparato, se quedaba sin batería, luego la señal era débil, otra vez me lo olvidé en una oficina céntrica y el monitoreo marcaba que estaba en Palermo”, describió. Muñoz había entrado al programa cuando comenzó el juicio contra el represor Héctor Febres, pero renunció porque “la burocratización es enorme”. Además, el personal policial que lo controlaba por teléfono solía interrogarlo. “Que a qué marcha voy, que a qué hora voy a estar en Plaza de Mayo, preguntas que no corresponden”, recordó. “Nos hacen sentir como pesados y paranoicos si planteamos algo, pero tampoco nos dan apoyo psicológico, son funcionarios que no entienden las secuelas que podemos tener los sobrevivientes”, lamentó Muñoz.
Norberto Urso estuvo en Mansión Seré, es testigo y querellante, y fue amenazado. Ya contaba con la protección del programa provincial, pero el TOF 5 les ofreció el de Nación. “Lo único que nos podían ofrecer eran unos celulares, pasaron los días y nadie los vio”, afirmó Urso, que se enoja cuando recuerda lo sucedido y afirma que los pusieron en peligro a ellos y a sus familias. Dice que el control a distancia que le provee la provincia “no es lo ideal, porque aunque los que nos cuidan tienen buena predisposición, no deberían ser los mismos que estamos denunciando”.
Página/12 trasladó estas inquietudes al director del programa nacional. “El mejor programa es el que no se ve”, fue la respuesta de Darío Díaz, que se excusó de confirmar o desmentir nada, invocando la confidencialidad del programa. La cantidad de personas que ingresaron a este programa a partir de la mayor difusión que le dieron las nuevas autoridades aumentó notoriamente, pero la protección no alcanzó –porque la ley no lo prevé– a los miembros de un tribunal platense, que la habían solicitado. Algo que no ocurrirá si prospera el proyecto de Donda y Saín.
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Acto en Santa Fe
El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, encabezará hoy a las 18 el acto durante el cual será señalizada la comisaría cuarta de la ciudad de Santa Fe, donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura en la época del terrorismo de Estado. La señalización se ubicará a pocos metros de la cochera del edificio, debido a que por ese lugar entraban y salían vehículos que llevaban ciudadanos escondidos y encapuchados para ser sometidos a interrogatorios, apremios ilegales y tormentos.
Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/116405-37075-2008-12-10.html
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