viernes, 29 de julio de 2011

29-07-11:Tribunal de General Roca juzgó a siete represores por los secuestros y las torturas a dos dirigentes gremiales en 1976

PENAS DE ENTRE CINCO Y OCHO AÑOS Y MEDIO A SEIS REPRESORES EN RIO NEGRO




“Es el comienzo de una nueva vida”




El gremialista Daniel Avalos, secuestrado y torturado en 1976, y Gladys Cofré, secretaria de DD.HH. provincial.



El tribunal de General Roca juzgó a siete represores por los secuestros y las torturas a dos dirigentes gremiales en 1976. La pena más alta fue para Lucio Gerardo Pedernera, ex jefe de la policía provincial. Un comisario fue absuelto.

Por Diego Martínez






El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó ayer a penas de entre cinco y ocho años y medio de prisión a dos oficiales superiores del Ejército y a cuatro ex policías de la provincia de Río Negro, por delitos de lesa humanidad contra dos dirigentes gremiales en 1976. La pena más alta fue para el general de brigada retirado Lucio Gerardo Pedernera, de 85 años, ex jefe de la policía de Río Negro. “Para mí es el comienzo de una nueva vida porque me pude sacar de encima una pesada”, explicó el ex secretario general de la seccional Atlántica de la Uocra, Daniel Avalos. “Pienso en mi compañero (Carlos) Lima, que ya no está”, dijo en referencia a la segunda víctima, que murió en 2010, y destacó que “los imputados no tuvieron coraje para venir a escuchar el fallo, pero están en todo su derecho, los mismos derechos que nos quitaron a nosotros y que hoy gozamos todos los argentinos”.




Lima era colaborador de la Uocra seccional Sierra Grande, la ciudad donde fueron detenidos el 2 de abril de 1976. A Avalos lo llevaron de su casa. “La dieron vuelta”, declaró. Lima supo que lo buscaba la policía y se presentó en la comisaría. “¿Así que vos sos Lima?”, alcanzó a escuchar, rodeado por el cuerpo de Infantería. Lo golpearon hasta que perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba rapado. El viernes 5 fueron trasladados en camiones del Ejército hasta Viedma. En el trayecto, Avalos fue autorizado a defecar, aunque esposado a un soldado y apuntado con armas largas. En la Comisaría 1ª de Viedma, ocupada por militares, escucharon los primeros gritos de personas torturadas. Antes de que le colocaran la venda, Avalos alcanzó a ver el cable de una picana eléctrica.




Por las noches, vendados y atados, ambos fueron sacados de la comisaría durante varios días. Los trasladaban en jeep, presumen que a la desembocadura del Río Negro, a una zona conocida como La Boca, donde fueron interrogados, torturados y donde escucharon simulacros de fusilamiento. Avalos fue llevado luego a un sótano de la Escuela de Cadetes, bajo control militar. Durante la estadía lo trasladaron a la base naval de Puerto Belgrano, en Punta Alta, donde lo mostraron ante una secuestrada joven que se llamaría Graciela, para ver si lo reconocía. Lima no llegó a declarar en el juicio, pero por el testimonio de su esposa se supone que también lo llevaron al centro clandestino de la Armada. Avalos fue liberado el 20 de abril. Lima siguió preso en la Comisaría 1ª hasta el 5 de julio. Antes de liberarlo, el coronel Padilla Tanco le advirtió que se olvidara de los padecimientos “si es que aprecia a su familia”.




El comisario Rubén Alcides Codina (alias “Negro”, 71 años) y el oficial principal Víctor Manuel Lobos (75 años), jefe y subjefe de la comisaría de Sierra Chica, fueron condenados a ocho años y siete años y diez meses de prisión. Los suboficiales Sixto y Elfio Enrique Navarrete, que hoy tienen 82 y 51 años, prestaban servicios en el Cuerpo de Infantería. Los jueces Armando Márquez, Noberto Ferrando y Orlando Coscia condenaron al padre a siete años y medio de prisión y a siete años al hijo, quien según testimonios de secuestrados y admisión de sus superiores era el más violento con los detenidos. El coronel Néstor Rubén Castelli, de 81 años, que ya estaba retirado el 24 de marzo de 1976 cuando los dictadores lo designaron interventor militar de Río Negro, fue condenado a cinco años y dos meses de prisión. Fue absuelto el comisario Alberto Mario Marasco, ex director de la Escuela de Cadetes de la policía. “La Justicia al fin puso orden en este caso. Después de tanto tiempo llegan los castigos”, celebró Avalos. “En este momento pienso en mi compañero Lima, que ya no está, y en tantos miles de compañeros de mi generación que ya no están, que nunca sabremos qué pasó con ellos y no tuvieron oportunidad de justicia”, añadió.



domingo, 17 de julio de 2011

GBI=cibernética:Pentágono declara oficialmente Internet como territorio de guerra - 2011/07/15







GBI: Terrorismo Mediatico = COPESA = EMOL - V/S - Supervivientes Flia. Loncon Mellado lorenzo





Un menor identificado como F.L.B. está en libre platica a disposición del juzgado respectivo...



Temuco,Terrorismo Mediatico = Diario ,La Tercera -Domingo 8 Marzo 1987

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/GULU%20MAPU%3A%20PREPARACI%C3%93N%20TRIBUNAL%20PERMANENTE%20DE%20LOS%20PUEBLOS%20TEMUKO

El Pentágono declara oficialmente la Internet como territorio de guerra



15 Julio 2011





The Hill, el diario del Congreso de los EEUU, aseguró hoy que el Pentágono dio a conocer un amplio plan de ciberseguridad donde declara la Internet un dominio de la guerra, pero no explican cómo los militares de EEUU utilizarán la web para ataques ofensivos.




Por primera vez el Departamento de Defensa de Estados revela un plan estructurado para el ciberespacio que supone ampliar su capacidad para frustrar los ataques de otras naciones y grupos, reforzar su fuerza de trabajo vinculada a la seguridad cibernética y ampliar la colaboración con el sector privado.



Al igual que las grandes corporaciones y todas las dependencias del gobierno federal, los militares “depende del ciberespacio para funcionar”, señala la estrategia del Departamento de Defensa. El ejército de EEUU. utiliza el ciberespacio para todo, desde llevar a cabo operaciones militares hasta compartir datos de inteligencia interna sobre la gestión de las asignaciones del personal.






“El Departamento y la nación tienen vulnerabilidades en el ciberespacio”, señala el documento. “Nuestra confianza en el ciberespacio presenta un marcado contraste con nuestra insuficiente seguridad cibernética”.


Otras naciones “están trabajando para explotar redes del Departamento de Defensa no clasificados y clasificados, y algunos organismos de inteligencia extranjeros ya han adquirido la capacidad de interrumpir los elementos de la infraestructura de información del Departamento de Defensa”, señala el plan. “Por otra parte, los actores no estatales amenazan cada vez más con penetrar y desarticular las redes del Departamento de Defensa y de los sistemas.”


Los grupos son capaces de esto en gran medida porque “tecnologías de pequeña escala” que tienen “un impacto desproporcionado a su tamaño” son relativamente baratas y fácilmente disponibles.


El Pentágono planea concentrarse fuertemente en tres áreas bajo la nueva estrategia: El robo o la explotación de los datos, los intentos de negar o interrumpir el acceso a las redes militares de EEUU, y cualquier intento de ”destruir o degradar las redes o sistemas conectados”.


Otro problema destacado en la estrategia es la amenaza del uso de tecnología foránea: “La mayoría de los productos de tecnología de la información utilizada en los Estados Unidos son fabricados y ensamblados en el extranjero.”


Para abordar esas cuestiones, el Departamento de Defensa reveló un enfoque múltiple.


Como era de esperar, y ya ha sido anunciado por los funcionarios del Pentágono en los últimos años, el plan para el ciberespacio es absolutamente inapelable y considera la Internet como “dominio operacional”, tal como ha ocurrido con la tierra, el aire, mar y el espacio durante décadas por los militares.


“Esto permite que el Departamento de Defensa organice, entrene y equipe a sus tropas para el ciberespacio” como en esas otras áreas, dice el plan. También toma nota de la creación en el 2010 Comando Cibernético de los EEUU para supervisar todo el trabajo del Departamento de Defensa en el ciberespacio.


Con la elaboración de esta estrategia “el Departamento de Defensa reconoce lo que todos los observadores de la revolución tecnológica han sabido por años: la ciberguerra es ya una realidad”, escribió recientemente el analista Daniel Goure, del Instituto Lexington y un ex oficial del Ejército.


“La publicación de la estrategia de guerra cibernética también puede ayudar a reactivar el debate público, largamente pospuesto, sobre la naturaleza de esa guerra y cómo se debe impedir, si es posible, o luchar si es necesario”, escribió Goure. “La última tecnología que revolucionó la guerra y surgió ante un debate similar nos llevó a la creación de armas nucleares.”


La segunda etapa del plan consiste en emplear nuevas formas de defensa para operar en el ciberespacio, para mejorar loq ue el Departamento de Defensa ha denominado “higiene cibernética.” Ese término incluye asegurar que los datos en las redes militares siguen siendo seguros, a través de Internet con prudencia y el diseño de sistemas y redes de protección contra ciberataques.


El ejército continuará su “ciberdefensa activa” enfocándose en “el uso de sensores, software e inteligencia para detectar y detener las actividades maliciosas antes de que puedan afectar a las redes y los sistemas del Departamento de Defensa.”


También buscará nuevos “enfoques y paradigmas”, que incluirá “el desarrollo e integración… de los medios de comunicación móvil y nubes de computación seguras.”


El plan dedica más de una página a destacar sobre todo los esfuerzos para trabajar con otras agencias gubernamentales y el sector privado.



En particular, llama al Departamento de Seguridad Nacional la cabeza de “los esfuerzos interinstitucionales para identificar y mitigar vulnerabilidades cibernéticas en la infraestructura crítica de la nación.” Algunos expertos han advertido en contra del Departamento de Defensa su extralimitación en materia de ciberseguridad nacional.



El Pentágono también anunció un nuevo programa piloto con la industria diseñada para alentar en las empresas un “de manera voluntaria un mayor intercambio de información sobre la actividad cibernética maliciosa o no autorizada”.


La estrategia requiere una mano de obra cibernética más grande dentro del Departamento de Defensa.
Uno de los retos, aseguran los expertos del Pentágono, será atraer a los mejores talentos vinculados a las nuevas tecnologías, pues el sector privado pueden pagar salarios mucho más grande - especialmente en tiempos de reducción de los presupuestos de defensa. Con ese fin, “el Departamento de Defensa se centrará en el establecimiento de programas dinámicos para atraer talento precoz”, señala el plan.


Por último, la estrategia establece la intención de trabajar más estrechamente con “empresas pequeñas y medianas empresas” y los “empresarios de Silicon Valley y otros centros de innovación tecnológica de EEUU.”


La reacción del Congreso a raíz de la presentación del plan fue total silencio. La seguridad cibernética no es un tema de polarización política al estilo de otros temas de defensa, como la defensa antimisiles.


Claude Chafin, un portavoz del Presidente del Comité de los Servicios Armados del Congreso, Buck McKeon (republicano por California), dijo que la estrategia de “es el paso de mayor importante en el debate nacional sobre la seguridad de los sistemas críticos y la información, que el Comité de Servicios Armados ha pedido desde hace algún tiempo.”


Mientras Pentágono retocaba sus planteamientos sobre la seguridad cibernética, el Comité de Servicios Armados se pronunció sobre una carta del senador John McCain (republicano por Arizona), quien escribió el miércoles a los líderes del Senado diciendo que la cámara debe también pronunciarse al respecto. McCain pidió a líder de la mayoría Harry Reid (demócrata de Nevada) y Mitch McConnell (R-Ky.) establecer una comisión temporal sobre Ciberseguridad y Fltraciones de Inteligencia Electrónica.


“Las propuestas de seguridad cibernética han sido presentadas por numerosos comités del Senado, la Casa Blanca y varias agencias del gobierno. Sin embargo, el Senado aún tiene que unirse en torno a una propuesta integral que permita atender adecuadamente las amenazas que enfrentamos todos en el gobierno”, dijo la oficina de McCain en un comunicado . “Una comisión especial sería capaz de redactar una legislación integral de seguridad cibernética con rapidez sin necesidad de trabajar a través de numerosas instancias y en algunos casos, por comités que compiten entre sí por obtener jurisdicción.”

(Con información de The Hill. Traducción: Cubadebate)



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Pentágono reconoce que los hackers le robaron 24 000 documentos




15 Julio 2011








El Pentágono anunció que sufrió un importante ataque cibernético el pasado mes de marzo, cuando unos 24.000 documentos fueron robados de la computadora de un contratista del Ejército de Estados Unidos.




Parte del material robado trataba de lo que el Pentágono denomina sus “sistemas más sensibles”, entre ellos, “tecnologías de vigilancia, sistemas de comunicaciones satelitales y protocolos de seguridad de la red”.




El Pentágono admitió que ha sido “la mayor fuga de datos hasta la fecha”, y apuntó a un gobierno extranjero sin poner nombres.




El comunicado no da más detalles, aunque sí explican que esta es una de las causas por las que el gobierno está dispuesto ha endurecer los ataques cibernéticos y de elevarlos a la categoría de muy graves.
William Lynn, subsecretario de Defensa, dijo que los 24.000 archivos fueron robados de una red que tenía defensa a través de una única intromisión en el mes de marzo.




También comunicó que tenían sospechas del gobierno que podría haber sido aunque declinó hacer más comentarios al respecto.




Lynn concluyó su discurso explicando que el ataque fue parte de una campaña de los “hackers” contra el sistema de del Departamento de Defensa y que habían sido advertidos de que también trataban de explotar sus comunicaciones y sistemas de satélites.







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sábado, 9 de julio de 2011

Sionista Israel apoyó la dictadura Argentina y Latinoamérica - 2/7/2011

Israel apoyó la dictadura en Argentina y Latinoamérica






Edición del 2/7/2011


Con excusa de venta de armas por Malvinas, quieren trucar la historia


La aparición de un libro sobre venta de armas de Israel en Argentina durante la guerra de Malvinas sirve objetivamente para la teoría de que ese Estado fue solidario con nuestro país. No fue así.


A fines de abril pasado se publicaron varios comentarios sobre la aparición del libro “Operación Israel: el rearme argentino durante dictadura (1976-1983)” del argentino Hernán Dobry. Allí se documenta que Tel Aviv vendió al general Leopoldo F. Galtieri material bélico durante el conflicto por Malvinas.


Entre los pertrechos figuran misiles aire-aire Shafir, sistemas de alerta de radar para evitar misiles enemigos, tanques suplementarios de combustible para los aviones, máscaras anti-gas, etc.


Se sostiene que la mayoría de los elementos dio una vuelta por Perú antes de llegar a Buenos Aires, para disimular el origen. Los israelitas son buenos comerciantes y por eso mismo habrían querido conservar intactos los lazos con Londres, donde también venderían armas. Había que cuidar el negocio…
El primer ministro era Menagem Begin y en el libro se sostiene que la supuesta ayuda a Argentina obedeció al deseo de ese premier de vengarse de los ingleses por el ahorcamiento de
Dov Gruner, miembro de la banda sionista Irgún. Cabe recordar que este grupo terrorista realizó numerosos atentados previos al establecimiento del estado teocrático en mayo de 1948.

Al margen de la intención del autor, la aparición de este volumen y muchos de los comentarios periodísticos han tratado de pintar un Israel solidario con los argentinos. Esto es falso, como se verá más adelante. La explicación psicologista del affaire armas también parece ajena a la verdad: Israel vendía y vende armas a casi todo el mundo que pueda adquirirlas, exceptuados los palestinos, iraníes y algunos otros posibles clientes. Haber vendido armas a Galtieri no les da patente de patriotas latinoamericanos ni nada que se le parezca. Habrá sido por una necesidad de caja, no por la añoranza de Begin por su amigo Gruner.


Aunque obvio, hay que decir que los fusiles Galil, las ametralladoras Uzi, los tanques Merkava, los aviones Arava, los misiles, los gases tóxicos, el fósforo blanco y demás armas israelitas han sido usados en forma reiterada contra los palestinos. Esto incluye a los árabes que viven en Israel, frecuentemente reprimidos por pedir un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y la mitad este de Jerusalén. Los más castigados son los que viven en Gaza, bloqueados en forma criminal desde 2006, luego que el gobierno de la Franja fuera ganado democráticamente por el movimiento islámico Hamas. A fines de 2008 y principios de 2009, la invasión israelí provocó allí 1.400 muertos. El armamento aumentó sus precios luego de mejorar su “certificado de calidad” con los bombardeos aéreos, el cañoneo de tanques y obuses contra población civil y hasta escuelas y depósitos de la ONU en Gaza.


ISRAEL Y DICTADURA


No es que Begin vendió armas a Argentina sólo en abril-junio de 1982, durante el conflicto por las islas del Atlántico Sur. Este lote podría justificarse porque iba a ser usado contra una potencia colonial que usurpa parte del territorio nacional.
El problema es que vendió pertrechos durante toda la dictadura militar-cívica. Y durante esos siete largos años el enemigo de esa maquinaria fue el pueblo argentino. Los 30.000 desaparecidos y miles de asesinados fueron el blanco de los generales Videla, Viola, Menéndez, Galtieri, Bignone, Camps, Suárez Mason y los respectivos brigadieres y almirantes, con Emilio E. Massera a la cabeza.



Está documentado que hubo cerca de 2.000 desaparecidos argentinos de ascendencia judía, muchos de los cuales fueron torturados con especial saña por los militares. La ideología de éstos era nazi, directamente, equivalente al “ser nacional”.


En esto las autoridades sionistas estuvieron muy a la derecha de la administración de James Carter, el presidente estadounidense vetó la venta de armas a Videla de acuerdo a leyes inspiradas por el senador E. Kennedy. En Argentina los avalistas de la dictadura denigraban a Carter y firmaban solicitadas diciendo que eran “derechos y humanos”, incluyendo muchos docentes universitarios (caso de la Universidad Nacional de Córdoba). Fue tal el enojo de los militares argentinos con Washington, por este asunto, que algunos enajenados mentales calificaron a la dictadura de “prorrusa”.


La conducta de Israel frente a los crímenes del terrorismo de Estado fue de complicidad. En esos siete años sólo hubo ocho pedidos de legisladores de tratar en el parlamento (Knesset) la represión en Buenos Aires. Ninguna sesión llegó a funcionar ni a emitir alguna declaración.


A lo sumo, los embajadores de Tel Aviv en Argentina -Ram Nirgad primero y Dov Schmorak después- pedían a los militares, vía cancillería, por la vida de algún ciudadano argentino-judío secuestrado. Algunas veces lograban su cometido. En la mayoría, en 2.000 casos, no fue así y esas personas cayeron en la desaparición forzada.


Dos investigadoras israelitas, Afel y Bajraj, estudiaron el tema en años recientes y lo comentaron al diario Maariv. “En el material que tuvimos a disposición se nota que había consenso respecto a la política existente: silenciar toda discusión pública en Israel para no dañar las relaciones entre los dos países basadas en que vender armas era efectivo para crear un mejor canal de comunicación con las juntas que sirviera para salvar a la mayor parte de los judíos. Nadie cuestionó esta política salvo diputados como Iosi Sarid o Meir Pail”.


La venta de armas fue “efectivo”, cash, para Israel. Para los miles de desaparecidos, incluyendo los judeo-argentinos, no sirvió para nada.


REGUERO DE PÓLVORA Y SANGRE


Independientemente del libro de Dobry, hace años que la embajada israelita y las autoridades de la Daia y la Amia, intentan adecentar el rol de Israel. La fábula es que esa embajada era “una leona” defendiendo a los argentinos de religión judía afectados por la represión.


Uno de los que tiene mucha autoridad para hablar del tema es el periodista Herman Schiller, que durante esos años tan aciagos editó en Buenos Aires el semanario progresista “Nueva Presencia”.


En el diario Página/12 (27/11/2009), Schiller desenmascaró esa “lavada de cara” de la legación diplomática. Recordó que en un acto de homenaje a su semanario realizado el año anterior, Frida Rosental, madre de Luis Ricardo, secuestrado el 31 de agosto de 1976, leyó un comunicado que suscribieron quince familiares de detenidos-desaparecidos judíos. Decía: “La alta jerarquía de la Iglesia y las fuerzas armadas, dos de los protagonistas de la criminalidad de la dictadura militar, pidieron perdón. Sabemos que fue un acto hipócrita, para adaptarse a los nuevos vientos políticos, porque de ningún modo están arrepentidos de lo que hicieron como autores y cómplices. Pero, al menos, trataron de disimular. En cambio, los ‘nuestros’, los del quehacer institucional judeoargentino y los distintos gobiernos israelíes, ni siquiera eso. Y en los últimos tiempos han desatado una feroz ofensiva de auto blanqueo para ocultar su complicidad. Renée Epelbaum, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, acuñó aquella frase que se hizo carne entre nosotros:


‘No quisiéramos enterarnos que nuestros hijos judíos fueron asesinados con armas israelíes’. Además, recordamos muy bien el manoseo despiadado que recibíamos en la Daia cuando acudíamos solicitando auxilio y nos lanzaban una cachetada en forma de reproche: ‘A ustedes les pasó ESTO porque no les dieron a sus hijos educación sionista’”.


Schiller citó al secretario de DD HH, Eduardo Luis Duhalde, quien reveló que el policía Peregrino Fernández, de actuación represiva, le había confesado: “Herzl Inbar, ministro consejero de la embajada de Israel en la Argentina, nos daba ´instrucciones antisubversivas´”. En una segunda nota de Schiller, en Crítica (15/01/2010), contó que participó “en un acto público llevado a cabo en ´Tzavta´ de Tel Aviv, y dos integrantes del ala izquierda del laborismo, Iosi Sarid y Amnón Rubinstein, denunciaron ‘el papel nefasto de los diferentes gobiernos israelíes como cómplices de las peores dictaduras latinoamericanas y del apartheid sudafricano´. Y Sarid agregó: ´Israel debería pedir perdón a todos los familiares de las víctimas de esos regímenes sangrientos´”.


Numerosa documentación prueba el nexo de Israel con el terrorismo de Estado en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador y los recientes golpistas de Honduras. El reguero de pólvora va de Tel Aviv a Bogotá, y el reguero de sangre recorre el camino inverso, llevando las ganancias a Benjamin Netanyahu y empresas dedicadas a la exportación de armas y asesores militares.


Por Emilio Marín


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martes, 5 de julio de 2011

CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD=FF.AA. Bussi y Menéndez, procesados por abusos sexuales-Lunes, 4 de julio de 2011

UN JUEZ PROCESO A LOS JERARCAS DE LA DICTADURA POR LAS VIOLACIONES A MUJERES EN UN CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION





Tanto Antonio Bussi como Luciano Menéndez fueron procesados por la violencia de género que sufrieron las mujeres detenidas.


Bussi y Menéndez, dos abusadores sexuales


En un fallo inédito, un juez tucumano analiza la violencia de género sufrida por las mujeres en el marco del terrorismo de Estado. Y por primera vez procesó a dos ex jefes militares por los sometimientos sexuales contra las detenidas en el penal de Villa Urquiza.


Por Mariana Carbajal



Por primera vez dos altos jerarcas de la última dictadura militar, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, fueron procesados como “partícipes necesarios” por la violencia de género perpetrada contra todas las mujeres detenidas en un centro clandestino de detención que funcionó en el penal de Villa Urquiza, en Tucumán, y por las violaciones sexuales sistemáticas sufridas por una adolescente de 19 años alojada en ese lugar, que logró sobrevivir y ha quedado con terribles secuelas físicas por aquellos ultrajes cometidos cada día por al menos ocho carceleros, entre ellos el entonces director de la cárcel, y que se repetían incluso cuando les advirtió que había quedado embarazada producto de aquellos ataques. Uno de sus violadores la hacía morder con los perros que tenía a su lado cuando se negaba a besarlo. Todavía tiene las marcas de las mordeduras (ver aparte).


El fallo fue dictado por el juez federal N 1 de Tucumán, Daniel Bejas. La sentencia es relevante porque analiza exhaustivamente la violencia de género sufrida por las mujeres en el marco del terrorismo de Estado. Y pone en evidencia, en línea con la Convención de Belem do Pará, que por su condición de mujeres además de haber sido víctimas de delitos de privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones y tormentos agravados –como los demás detenidos varones–, habrían sufrido una violencia específica en razón de su sexo, lo que habría agregado un plus al daño generado por los delitos de que fueron víctimas.



El fallo que se conoce ahora fue firmado el 19 de mayo por el juez Bejas, a cargo de la instrucción de la causa “Fernández Juárez, María Lilia y Herrera, Gustavo Enrique s/ su denuncia por privación ilegítima de la libertad” (Expediente n 133/05 y causas conexas), en la que se investigaron las violaciones a los derechos humanos cometidas en el penal de Villa Urquiza, de San Miguel de Tucumán, donde funcionó un centro clandestino durante la última dictadura militar. El magistrado procesó a 13 ex represores, entre ellos Menéndez, en su condición de comandante del III Cuerpo de Ejército en el momento de los hechos investigados, y Bussi, entonces comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército, con jurisdicción en las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta. Menéndez y Bussi eran las máximas jerarquías de la última dictadura desde Córdoba hacia el norte del país. Bejas les imputa un abanico de delitos. Las acusaciones incluyen violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejámenes, torturas agravadas, tormentos seguidos de muerte y homicidio agravado, en perjuicio de al menos 33 varones y 10 mujeres. Lo novedoso es que tanto Bussi como Menéndez fueron procesados, además, como “partícipes necesarios” de la violencia de género que sufrieron las mujeres detenidas, y del delito de violación sexual agravada en grado reiterado (artículos 119 y 122 del Código Penal) en perjuicio de S.A.N., una adolescente que tenía 19 años cuando fue llevada al centro clandestino que estaba en el penal tucumano.



Puntualmente, el magistrado declara en el punto 7º de la sentencia que “las mujeres alojadas en el Penal de Villa Urquiza durante la vigencia del terrorismo de Estado habrían sido víctimas de actos que califican como las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer (art. 1 y 2 de la Convención de Belén do Pará), correspondiendo al Ministerio Público Fiscal ahondar su investigación a fin de visibilizar tales hechos en forma particular y específica” (ver aparte). La violencia de género es considerada dentro del delito de tortura.

La prueba testimonial recolectada en la instrucción determinó que las mujeres eran alojadas en un pabellón del penal de Villa Urquiza cercano al sector de la Panadería. Allí, destaca la sentencia, “habrían sido víctimas de numerosos y variados actos de violencia de género”. Algunas de ellas estaban embarazadas y otras con sus hijos. Según el testimonio de presos comunes, “habrían sido objeto de particulares maltratos, abusos y delitos sexuales”. Varias de las detenidas permanecían en celdas de aislamiento. Una de ellas, J.R.P., declaró que fue llevada al centro clandestino estando embarazada, y permaneció los primeros días incomunicada en una celda sola con régimen de aislamiento, a la que llegó en “un estado deplorable, ya que venía de haber sido torturada”. Contó que después le permitieron estar junto a su hija de ocho meses, que estaba en la cárcel con otros niños. Destacó que era “permanentemente torturada psicológicamente” y que “jamás estando embarazada” recibió atención ni trato adecuado a su situación. La mayoría de las detenidas, consideradas “peligrosas subversivas”, fueron luego trasladadas a la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, y los niños, entre ellos una hija de J.R.P., fueron liberados en forma conjunta sin tener ella y sus compañeras la certeza de que fueran entregados a sus familiares como les decían. Precisamente, los militares “jugaban con esa incertidumbre para generar mayor temor en ellas”, dice la sentencia. Las fichas médicas recuperadas dan cuenta de al menos ocho nacimientos en cautiverio. Varias de las detenidas eran llevadas al despacho del director del penal, Marcos Hidalgo, donde eran abusadas sexualmente. Otra ex detenida-desaparecida declaró que en una oportunidad le solicitó a Hidalgo que sus hijas menores estuvieran con ella, como pasaba con otras internas; él accedió, le llevaron a sus hijas y le dieron otra cama y colchón. “Apenas dejaron las cosas, pasó Hidalgo y le propuso a la testigo que tuviera relaciones con él en compensación de los favores recibidos, también le dijo que si accedía él podía darle la libertad, a lo que la testigo se negó y a partir de ese momento el trato para con ella se endureció”, describe el fallo.



En los fundamentos del fallo, el juez Bejas “consideró importante” la “debida visibilización y consideración” de la violencia de género, “en virtud de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino con relación a la investigación y juzgamiento de la violencia contra las mujeres durante la vigencia del terrorismo de Estado en el país”.



SUBNOTAS




El fundamento del falloPor Mariana Carbajal




Una atrocidad sin límitesPor Mariana Carbajal






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