UNA FAMILIA MAPUCHE, ANCESTRAL PROPIETARIA DE SUS TIERRAS EN NEUQUEN, FUE DESALOJADA A TIROS
Cómo barrer la historia con municiones
Berta Paichil, de la comunidad mapuche Paichil Antriao, denuncia los ataques policiales.
Villa La Angostura originalmente fue una parcela de la Colonia Nahuel Huapi, cuyas tierras fueron reconocidas a una familia mapuche por el gobierno argentino ya en 1902. En diciembre, un inversor norteamericano echó a sus descendientes y destruyó sus casas.
Por Darío Aranda
Por Darío Aranda
El gobierno nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura, la exclusiva y turística ciudad neuquina. Durante todo el siglo XX creció la ciudad y, al mismo tiempo, les fue arrebatada la casi totalidad de su territorio a las familias mapuches. Hace un mes, la comunidad Paichil Antriao –descendiente directa de esos primeros pobladores– padeció otro despojo: parte de la comunidad fue nuevamente desalojada y tres viviendas destruidas. La oleada represiva continuó los días siguientes con intimidaciones, detenciones y la ocupación policial del cerro en disputa. “Parece una zona militarizada. Un estado de sitio permanente”, denunció la comunidad mapuche, que alertó sobre la violación de legislación nacional e internacional que protege sus derechos. El desalojo se da en un contexto de creciente criminalización de los pueblos indígenas y una campaña mediática que cuestiona sus reconocidos derechos.
El mapa es antiguo, casi ilegible, y está fechado en 1902. “Casa Paisil”, señala en letra antigua. Da cuenta de los primeros pobladores de lo que recién décadas después sería Villa La Angostura, en Neuquén. Figura en el reciente y completo libro Historias de las familias Mapuche Paichil Antriao y Quintriqueo (compilado por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer), donde antropólogos, historiadores y pobladores locales abordan el pasado negado de la región sur de la provincia. Según consta en la Cancillería, el histórico mapa fue utilizado como prueba “por el Gobierno de su Majestad Británica para considerar e informar sobre las diferencias” en la frontera entre Chile y Argentina.
No es la única prueba documental. La portada del expediente de la División Tierras y Colonias es amarillenta, tiene olor a papel añejo y data de 1903. Da cuenta de “Entrega lotes Colonia Nahuel Huapi”, lo que décadas después sería la provincia de Neuquén. Los dos primeros beneficiarios son “Don Ignacio Antriao” y “José María Paisil”. El antiguo expediente confirma que son habitantes del lugar desde antes de 1899, “indígenas”, “argentinos” y ambas familias figuran sobre el “lote 9”, parte del casco urbano de la actual Villa La Angostura.
Ninguna prueba sirvió el 2 de diciembre, cuando setenta policías (incluso efectivos del temido Departamento Especial de Servicios Policiales –Despo–) llegaron a las 8 al cerro Belvedere y comenzaron a desarmar las viviendas de la comunidad. Los medios locales filmaron el accionar. Se observa a los uniformados, pero también a un grupo de civiles que patean las paredes de las humildes viviendas, cortan con motosierras los tirantes y sonríen satisfechos cuando las casas yacen destruidas. La orden partió del juez Jorge Videla, del Juzgado Multifueros, que rechazó hablar por teléfono con este diario (explicó que sólo acepta entrevistas en persona).
En todo el país está vigente la ley 26.160 (Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria), que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas y solicita un relevamiento territorial de las parcelas correspondientes a los pueblos indígenas. La ley 26.160 es criticada por el gobierno neuquino, sobre todo luego de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) firmara un convenio con la Universidad Nacional del Comahue para implementar el mapeo de tierras en la provincia.
Este diario pidió una entrevista con una autoridad política de la provincia, pero la Subsecretaría de Información Pública no respondió los llamados ni correos electrónicos. El gobernador Jorge Sapag sí habló con el diario Río Negro: “Nación y el INAI tienen que entender que no puede tener acciones unilaterales. En la medida que las tengan en Neuquén, en el único lugar que discutiremos será en Tribunales. Hemos recurrido al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y a la ministra Alicia Kirchner, de quien depende el INAI”.
En noviembre pasado, el Congreso prorrogó la vigencia de la ley para que se puedan completar los relevamientos (que están muy retrasados). Los legisladores neuquinos fueron los únicos que votaron en contra de la prórroga.
Según la Confederación Mapuche de Neuquén, el rechazo provincial a la ley tiene una explicación: el relevamiento catastral podría evidenciar la “usurpación de tierras que históricamente fueron ocupadas por mapuches”.
El desalojo se produjo sobre un predio reclamado por el ciudadano estadounidense William Henry Fisher. La comunidad utilizó históricamente ese predio para pastoreo de animales y también hay un rewe, sitio sagrado utilizado para ceremonias.
El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, que acaba de publicar un extenso trabajo sobre la situación actual en Neuquén, resumió: “El juicio entre el norteamericano Fisher contra el Lof Paichil Antriao estuvo plagado de irregularidades. Por este hecho la causa se encuentra desde 2008 con una denuncia y con un pedido de medida cautelar en curso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El desalojo violento que sufrió el Lof determina una violación grave a los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
El lonko Ernesto Antriao denunció que no se contó con la posibilidad de defensa porque la comunidad no fue notificada del desalojo. De saberlo, habría apelado y frenado la acción judicial. Tampoco se tuvo en cuenta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratado internacional al que Argentina adhirió en 2001 y tiene rango superior a las leyes locales.
El lonko Ernesto Antriao denunció que no se contó con la posibilidad de defensa porque la comunidad no fue notificada del desalojo. De saberlo, habría apelado y frenado la acción judicial. Tampoco se tuvo en cuenta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratado internacional al que Argentina adhirió en 2001 y tiene rango superior a las leyes locales.
La comunidad Paichil Antriao está conformada por 25 familias, la mayor parte ubicada en el cerro Belvedere y sobre las costas del lago Correntoso, zona deseada para negocios inmobiliarios. En diciembre pasado la policía no avanzó sobre todas las viviendas porque corresponden a distintas causas judiciales. Sin embargo, la comunidad había advertido que se estaba en el comienzo de la escalada represiva.
Tres semanas después, el 21 de diciembre, tres jóvenes mapuches de la comunidad fueron detenidos por la policía. Según los efectivos, hubo resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas. Muy distinta es la versión indígena: “Integrantes de la comunidad fueron emboscados por el estadounidense William Henry Fisher, policías y efectivos de Grupos Especiales. Tres de nuestros hermanos fueron brutalmente baleados, golpeados, detenidos y procesados. El Poder Político y Judicial intenta realizar un montaje adjudicando falsas pruebas”.
El 2 y 3 de enero nuevamente hubo disparos, denuncia de abuso de autoridad y acusaciones cruzadas. La versión policial indicó ataques con bombas molotov y piedras de un grupo de personas con la cara tapada. La comunidad desmintió el hecho y acusó a los efectivos de hostigamiento permanente y mantener sitiado el cerro. Desde el gobierno provincial apoyaron la versión policial, aunque descartaron que hayan sido integrantes de la comunidad indígena. Igualmente movilizaron efectivos de Junín de los Andes y Zapala hacia Villa La Angostura. El cerro Belvedere ya cuenta con la presencia de 75 policías.
Desde el viernes pasado hasta el domingo, la comunidad Paichil Antriao convocó a un futa chrawun (gran parlamento). “Es necesario avanzar en los procesos de recuperación y resistencia sin dejar de lado el contexto de militarización, represión, desalojos, despojo de nuestra cultura y engaños a nuestros mayores para quitarnos el territorio”, explica la convocatoria, que resalta el “actual escenario de criminalización y represión sistemática”.
El Parlamento mapuche se da en la turística y selecta Villa La Angostura, que tiene el privilegio de ser la localidad con mayor criminalización indígena: las comunidades locales cuentan con diez causas de las 32 que el pueblo mapuche enfrenta en toda la provincia. Verónica Huilipán, vocera y referente de la Confederación Mapuche, resumió la situación: “Estamos viviendo un proceso de cacería de mapuches”.
Primero estuvo el lonko Antriao
Un siglo de marginación
“La zona denominada ‘el cruce’ en Villa La Angostura es donde se localizaba el lote 9 y donde hoy se encuentra el centro y la Municipalidad. ‘El cruce’ fue creciendo a un ritmo mucho más acelerado que otras zonas, siendo hoy el centro administrativo y comercial de Angostura. Así, sobre el lote 9 fue creciendo el centro de Villa La Angostura y la familia mapuche fue gradualmente ‘corrida’ hacia la marginalidad del lote”, explicó Sebastián Valverde, antropólogo, investigador del Conicet y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ya en 2007, junto a la investigadora Analía García, publicó Políticas estatales y procesos de etnogénesis en el caso de poblaciones mapuche de Villa La Angostura, donde detalla el despojo de los primeros habitantes del lugar.
Gerardo Ghioldi, investigador y compilador del libro Historias de las Familias Mapuche, apuntó que la Plaza San Martín, en pleno centro de Villa La Angostura “era un cementerio mapuche que en el proceso de hacerlos invisibles se transformó en cementerio general y más tarde en plaza. Ahí está enterrado el lonko Ignacio Antriao, debajo de un maitén muy grande”.
Luego de décadas de que les negaran su identidad como comunidad, los Paichil Antriao se reorganizaron en 2003, reafirmaron la pertenencia al pueblo mapuche y comenzaron a defender los últimos espacios territoriales. Iniciaron así una serie de reclamos administrativos (ante el Estado nacional, provincial y municipal) y acciones directas para la restitución de hectáreas que les fueron quitadas en las últimas décadas. En 2007 tuvieron el reconocimiento del Estado a través del INAI.
El historiador local Yayo de Mendieta confirmó en su libro Una aldea de montaña que Ignacio Antriao se asentó en la zona en 1872 “junto a su esposa Cayetana Cayun, y sus tres pequeños hijos Candelaria, Tomás y Pascual, se instaló en las costas del gran lago”. Incluso el Concejo Deliberante reconoció, en 1993, la histórica presencia mapuche. La ordenanza 532 señala: “Ignacio Antriao fue cacique (lonko) de las huestes de Sayhueke y tenía sus dominios a principios de siglo desde el Correntoso hasta la península de Quetrihué. Cuando el gobierno nacional encomendó la mensura y subdivisión de la Colonia Nahuel Huapi, se trazaron los límites del lote pastoril 9 de más de 600 hectáreas, desde el actual Cruce hasta el lago Correntoso y primeras estribaciones del Cerro Belvedere, dándole a este cacique el título de propiedad de estas tierras, en recompensa por sus servicios de baquiano ante la Comisión de Límites que actuó en la zona. Fue uno de los firmantes del Acta de Fundación de Villa la Angostura en 1932 y fallece en 1936”.
Pese a todo, la Municipalidad en mayo, en una carta a la comunidad y mientras desconocía a los mapuche sostuvo que: “Nada justifica la anárquica situación que se está de-sarrollando en el Cerro Belvedere y el perjuicio que esto trae a toda nuestra comunidad, tirando por la borda el esfuerzo de años hecho por los que nos precedieron y los que hoy intentamos hacer de Villa La Angostura un destino tranquilo, confiable, amigable, sustentable y con seguridad jurídica”.
Repudio de Filosofía y Letras
Una campaña mediática
El periodista del canal de noticias C5N está en Neuquén y entrevista a un poblador mapuche.
–¿Conoce Colombia? –interroga.
–Nunca salí de esta provincia, señor.
–¿Tiene o tuvo contacto con las FARC?
–No.
–¿Y con los mapuches de Chile?
–Claro que sí. Somos un pueblo que estuvo a ambos lados de la Cordillera desde antes de que fuesen Argentina y Chile.
Perseverante, el periodista de C5N entrevistó a Carlos “Nuno” Sapag, hermano del gobernador del Neuquén (Jorge Sapag), que desde hace meses acusa al pueblo mapuche de terrorista y conspirar junto a las FARC y la ETA. También sostuvo que el pueblo mapuche proviene de Chile y lo sindica como “invasor” del territorio argentino. En su cruzada logró el apoyo de la Sociedad Rural (de la que forma parte) y de algunos medios de comunicación.
La campaña mediática provocó la intervención del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (donde se cursan las licenciaturas de Antropología e Historia). “La casa de estudios repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denuncia un comunicado.
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