jueves, 20 de agosto de 2015

PERROCHETISTAS GENOCIDAS UDI. PIDEN PROFUNDIZAR ESTADO COLONIALISTA POLICIAL CRIMINAL CHILENO “ESTADO DE EMERGENCIA" EN TERRITORIO ANCESTRAL MAPUCHE

El parlamentario gremialista plantea que con este estado de excepción constitucional, un jefe de plaza puede sacar a los militares a la calle si así lo considera necesario.

Miércoles 19 de agosto de 2015 | por La Nación   Publicado por: César Morales -

El diputado UDI por el distrito 26, La Florida, en la Región Metropolitana, Gustavo Hasbún,  acompañado de la bancada de su partido, solicitó a la Presidenta Michelle Bachelet, que declare el estado de excepción constitucional de emergencia a la zona de la Araucanía, a raíz de los graves hechos de violencia que se suscitan en el lugar desde hace años.
Hasbún ya el pasado día domingo había solicitado lo mismo, según consignó ese día SoyTemuco.cl, pero ahora lo hizo acompañado de sus colegas gremialistas.
“Producto de los hechos que han ocurrido en La Araucanía en el último tiempo, sobre todo por los más de 186 atentados que se han producido en lo que va de este año, casi un 150 % más que en 2014 y sumado a ello el nivel de violencia que ha ido recrudeciendo en la zona, la bancada UDI hace un llamado a la Presidenta Bachelet a declarar estado de excepción constitucional y estado de emergencia en la zona de La Araucanía”.

“Lamentablemente, la situación actual no da para más. Carabineros ha sido sobrepasado en toda su labor y función policial”, precisó.

El legislador puso énfasis en que “esto ya no es una situación de delincuencia común, estamos ante la presencia de grupos subversivos, grupos paramilitares, muy bien organizados y que cuentan con el armamento necesario para cometer actos terroristas y atentar directamente en contra de las personas”.

Con respecto a la solicitud, Gustavo Hasbún explicó que “cuando se declara estado de excepción constitucional, en este caso estado de emergencia, se nombra un Jefe de Plaza que determinará, acorde a las circunstancias, la necesidad de incorporar o no a las ramas de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública en la zona”.

Finalmente, el diputado Gustavo Hasbún dijo que “la gente vive con temor y reconoce que Carabineros se ha visto sobrepasado, ya sea por falta de personal o falta de logística”.

EN QUE CONSISTE

Un estado de excepción constitucional “es aquel en que los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas pueden ser afectados suspendiéndose o restringiéndose en su ejercicio, siempre y cuando concurra alguna causal que justifique ponerlo en vigencia y se declare por la o las autoridades que la Constitución señale. Para declarar un estado de excepción constitucional, las situaciones de excepción deben afectar gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado”.



La Papelera entregó una "lista negra" a carabineros

DD.HH.: Investigación compromete a empresa de los Matte con crímenes de trabajadores en 1973



por  20 agosto 2015


En una entrevista al programa 'En la Mira' de CHV Samuel Vidal, ex uniformado mencionado en el proceso, rompió el pacto de silencio, confirmando una verdad que se sabía desde entonces: la colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y encubrimiento de un delito de lesa humanidad.







Se conoce como "Masacre de Laja". Ocurrió a una semana del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Entonces un piquete de Carabineros asesinó a diecinueve personas pertenecientes a las localidades de Laja y San Rosendo.
El hecho que se mantuvo bajo un manto de silencio por más de cuatro décadas actualmente tiene a más de 10 procesados y revela la colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y encubrimiento de un delito de lesa humanidad.
Anoche, en el programa 'En la Mira' de Chilevisión, Samuel Vidal, ex Carabinero mencionado en el proceso, rompió el pacto de silencio.
"Yo, por primera vez voy a dar una entrevista, voy a contar mi verdad. Para el año 1973, yo prestaba servicio para la Tenencia Laja, tenía como 22 años (...) A veces hacíamos guardia o salíamos de acompañante de un superior. Para el golpe de Estado me fueron a buscar a mi domicilio", señaló el ex uniformado.
"Nos hicieron hacer un juramento de que no podíamos decirle a nadie esto. Habían dos civiles y éramos 13 Carabineros. Nos dijeron que el que rompía el pacto de silencio iba a tener problemas la familia o uno", agregó.
"Sentí pena, amargura y pensé por qué yo estaba metido en esto. Yo entré por vocación a Carabineros y no para ser asesino. A los familiares les pido perdón. Acataré lo que la justicia diga", dijo Vidal.
Además el reportaje contó con el testimonio de Sebastián Cifuentes, un ex camionero, que en esos días buscaba leña en un bosque cercano al lugar donde fueron asesinados los trabajadores.
"De hecho, uno al ver lo que había afuera, uno sospechaba de que ahí mataron gente, pero lo que ocurrió al día siguiente fue peor, ya que se llenó de funcionarios de la empresa", acotó Cifuentes.

Cronología

El teniente Alberto Fernández Michell ordenó el 11 de septiembre de 1973 el acuartelamiento de los 16 carabineros de la tenencia de Laja.
Los dos suboficiales a su cargo eran el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos.
Ese mismo día recibió ordenes de sus superiores en Los Ángeles de detener a todas las autoridades del gobierno derrocado, sus subdelegados y al alcalde de la ciudad de Laja.
Por tal motivo, una patrulla de Carabineros procedió a detener a un grupo de trabajadores de la planta de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), controlado por la familia Matte.
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A la salida de la jornada, les ordenaron formarse en fila y se detuvo a partir de una lista negra confeccionada por el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido.
Los detenidos fueron llevados al Regimiento de Los Ángeles.
Posteriormente, fue detenido Manuel Becerra en la estación de ferrocarriles de Laja, donde se despedía de su madre para volver a Curacautín donde asistía a la escuela industrial. Su culpa fue "ser del MIR".
Más tarde fue detenido en la Barraca Burgos el obrero comunista Luis Armando Ulloa de 41 años, casado y con cinco hijos.
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En la tarde del 13 de septiembre a la salida de CMPC fueron detenidos por carabineros Juan de Dios Villarroel (34 años y cuatro hijos), Jack Gutiérrez, militante del MAPU, Heraldo Muñoz, militante del Partido Socialista de Chile (PS) y Federico Riquelme. Fueron llevados detenidos a la tenencia, adonde llegó también Alfonso Macaya, regidor de la comuna, quien se presentó voluntariamente al informarse por radio que se le buscaba.
El 14 de septiembre fueron detenidos a la salida de la CMPC Wilson Muñoz y Fernando Grandón, (34 años, ocho hijos).
El 15 de septiembre fueron detenidas en San Rosendo siete personas.
Posteriormente, fue detenido Luis Alberto Araneda, 43 años, maquinista, dirigente del sindicato Federación Santiago
Watt de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, militante del PS y presidente de la Junta de Abastecimientos y Precios.
El mismo piquete llegó hasta la casa de Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles donde el piquete de carabineros lo arrestó.
Luego fueron detenidos también el empleado de la CMPC Dagoberto Garfias (23 años), Mario Jara (21 años), Raúl Urra (23 años) y el director de la Escuela 45 de San Rosendo Óscar Sanhueza de 23 años. Los detenidos fueron llevados primero a la plaza de San Rosendo, donde fue detenido Jorge Zorrilla, un obrero de 25 años que se presentó voluntariamente.
El grupo cruzó a pie el puente peatonal del Río Laja y en un microbús puesto a disposición por la CMPC los detenidos fueron llevados a la tenencia de La Laja.
En la noche del 15 de septiembre se presentó voluntariamente en la tenencia de La Laja el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, donde quedó detenido.
El 16 de septiembre llegaron detenidos a la tenencia Juan Carlos Jara, de 17 años, por una riña callejera, y Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja.
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En la madrugada del 18 de septiembre un microbús con los 19 detenidos más otros vehículos con todos los policías de la tenencia a excepción de tres que se quedaron haciendo la guardia, tomaron el camino a Los Ángeles por la ribera sur del Río Laja, cruzaron el Puente Perales y, guiados por el agricultor Peter Wilkens, llegaron a un claro del bosque de pinos a unos 300 metros del camino, dentro del Fundo San Juan, donde con las palas cavaron una fosa de un metro y medio de profundidad. En ese lugar hicieron descender a los detenidos y los llevaron hasta el borde de la fosa. Alterados y tras discusiones se dio la orden de disparar sobre los indefensos. Todos los uniformados dispararon.
Los cuerpos de las víctimas que no cayeron a la fosa fueron arrastrados y todos cubiertos con arena. Colocaron unas ramas sobre la tierra removida y volvieron a Laja en silencio y siguieron bebiendo y juraron una vez más no decir palabra sobre lo sucedido so pena de compartir la suerte de los detenidos.
El 20 de septiembre se presentó voluntariamente a carabineros de la ciudad de Los Ángeles el obrero de la CMPC Luis Sáez, dirigente sindical y militante del MAPU, quien habría sido buscado por la autoridad. Fue detenido y su cuerpo apareció seis años después cerca del lugar donde fueron fusilados los diecinueve detenidos.
En octubre de 1973 un agricultor de la zona avisó a carabineros de Yumbel, una ciudad a 20 kilómetros al norte de Laja, que sus perros habían encontrado restos humanos. El parte oficial del hecho fue enviado al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Yumbel, pero la jueza Corina Mera ordenó esconderlo y nunca se investigó. El teniente Fernández exhumó secretamente los cadáveres y ordenó enterrarlos en el cementerio parroquial de Yumbel.
En 2010 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa.
El ministro Carlos Aldana revisó los antecedentes, dejo sin efecto el sobreseimiento y reabrió la causa. De los 17 carabineros de la tenencia, tres murieron, otros tres fueron sobreseídos porque estuvieron de guardia en la tenencia y los otros once están siendo procesados por el delito, entre ellos el oficial que es acusado como autor del homicidio. Todos los procesados están en libertad condicional mientras dura el proceso.

Silencio judicial

Familiares de ejecutados políticos de la región del Bío Bío demandan la renuncia de la ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem, por su supuesta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos.
El entonces comisario de Yumbel, Héctor Rivera entregó la información de los crímenes a la magistrada Corina Mera, quien derivó el caso a su secretaria, la abogada Rosa Egnem, ya que comenzó a hacer uso de una licencia médica.
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Egnem -como jueza subrogante- guardó el parte por inhumación ilegal- en la caja fuerte del juzgado e incluso alteró registros judiciales.
Cuarenta años después, con la causa a cargo del ministro especial por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, y con 10 carabineros procesados por los homicidios resurge el cuestionamiento al rol de la jueza Egnem, hoy ministra de la Corte Suprema.
Por la omisión que impidió conocer antes la verdad sobre esos crímenes, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Laja-San Rosendo demandó la renuncia de Egnem. Así lo expresó su vicepresidenta, Fresia Ponce, sobrina de una las víctimas, Alfonso Macaya.
“Se supone que ella no tiene por qué estar en ese cargo cuando ella no hizo nada de todo lo que estaba pasando y vio los hechos que era en ese momento cuando encontraron los cuerpos en Yumbel. Queremos que esa gente dé la cara y diga la verdad y diga realmente qué pasó, por qué no siguieron con todo el proceso”, dijo.
DD.HH.: Investigación compromete a empresa de los Matte con crímenes de trabajadores en 1973

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miércoles, 12 de agosto de 2015

FALLECE UNO DE LOS PRINCIPALES GENOCIDAS FF.AA. EJERCITO COLONIALISTA CHILENO, PERRO TERRORISTA ESTADO GENERAL Manuel “Mamo” Contreras


FALLECE UNO DE LOS PRINCIPALES GENOCIDAS FF.AA. EJERCITO COLONIALISTA CHILENO, PERRO TERRORISTA ESTADO GENERAL Manuel “Mamo” Contreras




Manuel “Mamo” Contreras: El sanguinario jefe de la represión y brazo derecho de Pinochet



Ivonne Toro Agurto 07 Agosto, 2015 

El “Mamo”, el general del Ejército que creó la DINA y que estuvo al mando hasta 1977 del organismo represor que asesinó y torturó a miles de chilenos, falleció hoy con 86 años y un prontuario terrorífico. Sus condenas por violaciones a los derechos humanos suman más de 500 años. Nunca pidió perdón ni admitió remordimiento alguno. “El respeto por la vida humana se ve truncado en tiempos de guerra, donde el hombre pasa a tomar el poder de Dios y en muchas oportunidades, ante la disyuntiva de matar o morir, opta por lo que más le conviene y simplemente mata”, dijo en 1979 a la Revista Ercilla.

Su madre, que murió cuando él tenía seis años, fue quien le puso el apodo con el que pasó a la historia como uno de los más infames y sangrientos personajes de la dictadura chilena: El “Mamo”, el general del Ejército que creó la Dirección Nacional de Inteligencia, que estuvo al mando del organismo represor que asesinó y torturó a miles de chilenos, que hasta el final mantuvo la mentira de que en el país no hubo ni violaciones a los derechos humanos ni detenidos desaparecidos y que hoy falleció, con 86 años, y un prontuario terrorífico de decenas de sentencias por más de 500 años.
En su historial figuran la Operación Cóndor y Colombo, el asesinato del canciller Orlando Letelier y del ex general Carlos Prats; la muerte y desaparición del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, del líder socialista Víctor Olea Alegría y del mirista Miguel Ángel Sandoval, entre otras causas en que su nombre fue una condena fatal.
De la época en que era un niño, de los años en que en sus manos aún no había sangre, por allá por los ’30, poco se sabe. Se conoce que Juan Manuel Guillermo Contreras Sepulveda era el mayor de tres hermanos, que su padre era oficial de Ejército, que lo criaron sus tías y abuelas, que a los 14 ya estaba en la institución uniformada y a los 24 el joven huérfano ya estaba casado.
No hay antecedentes que den cuenta de si Contreras tuvo desde siempre una tendencia al sadismo o si fue el poder el que alimentó en él ese derrotero. Sí se sabe que el informe sicológico presentencial que le hizo Gendarmería en 1995, en el marco de la investigación por homicidio y uso de pasaporte falsificado en el crimen de Orlando Letelier (perpetrado en Washington, en septiembre de 1976), da cuenta -según la investigación de Francisco Martorell sobre la operación Condor- que se trataba de alguien con tendencia a la “frialdad afectiva”.
“La afectividad impresiona coartada por un sobrecontrol racional de los impulsos, emociones y sentimientos, apareciendo una capacidad empática disminuida y una tendencia al egocentrismo; de esta forma, pone sus propios intereses por sobre los de los demás. Concordante con el sobrecontrol de las emociones, se percibe represión de ansiedad y sentimiento de culpa, los que no son asumidos conscientemente traspasando la responsabilidad a otros (…) No se aprecia conciencia del delito”, dice el documento.
“EL HOMBRE PASA A TOMAR EL PODER DE DIOS”
Hubo un tiempo en que el hombre disociado, el que era incapaz de ponerse en el lugar del prójimo, se creía Dios. En Tejas Verdes, la cuna de la Dina, fue eso: un todopoderoso perverso que enseñó a sus pares a torturar. Él mismo se había especializado en esta área.
En 1967 participó de un curso de Posgrado de Oficial de Estado Mayor en la Escuela de las Américas, Fort Benning, Estados Unidos. Su especialidad en represión la enseñó desde 1969, como Mayor, en clases de Inteligencia en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes.
Desde aquel tiempo ya vislumbraba un posible triunfo de Salvador Allende y trabajaba clandestinamente en derrocarlo: tenía contactos con Patria y Libertad y la CIA, y exportaba manuales represivos desde Irán y Brasil. Su obsesión era el MIR.
Según establece el Informe de Verdad y Reconciliación, al mando de la DINA, creada por decreto ley Nº 521 de la Junta Militar de Chile, de fecha 14 de junio de 1974, Contreras llegó oficialmente con el rango de coronel el 6 de agosto de ese mismo año con el cargo de Director Ejecutivo Nacional. No obstante, la misma publicación destaca que el organismo estaba operativo ya en noviembre de 1973 o incluso antes y que desde entonces, hasta su disolución en 1977, tras el cerco por el crimen de Letelier, la entidad fue responsable de al menos 1500 muertes y miles de torturas.
Por estos crímenes Contreras nunca pidió perdón. Es más, en su imaginario, no existieron. O sí, pero en una supuesta guerra. Así lo explicó en una entrevista en 1979 a la revista Ercilla.
“El respeto por la vida humana se ve truncado en tiempos de guerra, donde el hombre pasa a tomar el poder de Dios y en muchas oportunidades, ante la disyuntiva de matar o morir, opta por lo que más le conviene y simplemente mata por la necesidad de sobrevivir (…) Hasta dónde llega el cumplimiento del deber es impuesto por los vencedores y ¡ay de los vencidos!”, afirmó.
La vejez, los achaques, el escarnio y la pérdida del poder, no lo hizo cambiar esta visión. Veintiseis años después de la declaración en Ercilla dio una entrevista a The Clinic donde aseveró que “el informe Rettig fue una sola falsedad. Ahí simplemente el que quiso fue y dijo yo tengo un desaparecido y listo. Y lo pusieron. Y el informe Valech más falsedad todavía, porque necesitan dinero”. El mismo discurso lo mantuvo en 2013, cuando, en el marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado comentó que “estaba prohibido hacer todo tipo de torturas” e insistió en que no existen los detenidos desaparecidos.
La justicia dijo otra cosa: Contreras fue condenado por el atentado contra Letelier y el general Carlos Prats, la operación Cóndor, la operación Colombo y la desaparición de militantes de izquierda.
Su soberbia le significó además otra sentencia: su conversación con CNN eN 2013 sobre sus privilegios en el Penal Cordillera implicaron el cierre de este recinto y su traslado a Punta Peuco, reducto del que siempre renegó. En 2005, antes de recibir una nueva condena y volver a estar preso, dijo “yo no estuve en la cárcel. Estuve en un recinto militar donde no vi nunca un gendarme. Nunca. No como los oficiales y suboficiales que están en Punta Peuco ahora: en forma humillante”.
AMOR Y ODIO CON PINOCHET
En el libro “Doña Lucía”, la periodista Alejandra Matus relata la devoción que la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, sentía por Manuel Contreras.
Según la investigación, Lucía lo consideraba una “amigo eficaz a la hora de cuidar, poner en regla o incluso sacar de Chile a sus hijos cuando se involucraban en problemas que podrían dañar el prestigio de la familia (…) Lo único que no hacía Contreras por ella era delatar las infidelidades de Pinochet. Esa era el arma que el hábil militar usaba para mantener al general de su lado. Ella no aceptó la decisión de su marido de destituir a Contreras del mando de la DINA. El mismo día que se anunciaba públicamente la medida, la cónyuge del gobernante se presentaba en la casa del oficial acompañada por su hija mayor, para expresarle su solidaridad. La ausencia de Lucía en Presidente Errázuriz duró ‘un par de semanas’ comentan ex funcionarios de gobierno”.
En ese entonces, Lucía dijo “le soy absolutamente leal al general Contreras”.
A diferencia de la devoción mutua con Lucía, con Pinochet la relación siempre fue más compleja. Se conocieron en 1960 cuando, con él, con grado de Teniente, entró a la Academia de Guerra para realizar el curso de Oficial del Estado Mayor y lo recibe, como profesor, el entonces Capitán Augusto Pinochet, Sub-director de la Academia y profesor de clases de Estrategia, donde el futuro dictador se obsesionó con el triunfo de la Revolución cubana en 1959.
Contreras fue alumno destacado, el primero de su promoción y se tituló de profesor de academia en las asignaturas de Inteligencia y Logística. Su vínculo con Pinochet continuó en aquellos años y se intensificó durante la dictadura. En la entrevista conThe Clinic lo relata así:
¿Usted le informaba de todo lo que hacía?
-Si. Yo lo iba a buscar todos los días a las 7 de la mañana y le daba cuenta de lo que era de interés desde el punto de vista de inteligencia. Después él me daba instrucciones sobre lo que había que hacer. De ahí me volvía a mi cuartel y cuando él tenía alguna duda nos comunicábamos por teléfono o por televisión.
La relación comenzó a resquebrajarse cuando Pinochet, ante la evidente vinculación de Contreras en el crimen de Letelier, lo sacó del círculo de poder y terminó de quebrarse ya en democracia, cuando Contreras enfrentó una y otra vez la justicia, altivo e indolente, por crímenes de lesa humanidad, y Pinochet se escudó en el supuesto desconocimiento. “Hace mucho tiempo que el general Pinochet debió haber dicho ‘yo asumo la responsabilidad de todo lo ocurrido en mi gobierno’. Lo bueno y lo malo, porque él era el hombre a cargo de todo”, declaró Contreras.
Desde las múltiples entrevistas de 2013, el Mamo no había aparecido en público. El 26 de agosto quedó internado en el Hospital Militar, donde asistía semanalmente a realizarse la correspondiente diálisis a causa de su diabetes. Se dijo que sufrió una descompensación general, riesgosa ya que aparte de sus problemas renales, estaba con una infección en el sistema que utiliza desde que le extirparon el colon, producto de un cáncer, para permitir la evacuación de sus residuos. Así estuvo estos últimos meses el hombre que una vez tomó el poder de Dios, el más odiado y temido, el peor de todos.

EJÉRCITO INSISTE Y RECURRE A LA CORTE SUPREMA PARA OCULTAR LISTA DE EX CNI

CNI-ejército
El Ejército presentó un recurso de queja en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que ratificaron una resolución del Consejo para la Transparencia, donde se exigía la entrega de una nómina de funcionarios activos que pertenecieron a la policía secreta de Pinochet, conocida por sus siglas como CNI.
De esta forma el comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, insistió por cuarta vez en denegar los antecedentes que le fueron solicitados por el diario El Ciudadano en virtud de la Ley 20.285, la cual regula el derecho de acceso a la información de los órganos de Administración del Estado.
A finales de junio, en decisión unánime de la Novena Sala del tribunal de alzada capitalino, los ministros Pilar Aguayo, Jorge Norambuena y el abogado (i) Óscar Torres, determinaron que los argumentos esgrimidos por el Ejército, en orden a que no existiría registro de los archivos solicitados, que proporcionar dicha información implicaría distraer personal y que, además, ésta tendría carácter de reservada por constituir temas de inteligencia militar, no tenían sustento.
El fallo también desestimó que la publicidad de la información afectara el derecho al trabajo y la integridad física de los ex agentes de la CNI que continúan siendo empleados en el Ejército, un argumento que había sido planteado por el comandante en Jefe al proyectar posibles “funas” contra dicho personal.
Vea la reacción de organizaciones de DDHH y el silencio del Ministerio de Defensa, en la siguiente nota de El CiudadanoTV.


Ejército presionó para sacarlo de cargo como asesor de DD.HH.

Denuncia de ex juez Solís confirma existencia de 'operaciones fácticas' al interior de la Corte Suprema

por EL MOSTRADOR 12 agosto 2015

El ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que a comienzos de 2014 el entonces ministro Sergio Muñoz -actual presidente de la Corte Suprema- le dijo que "los militares habían venido a protestar por mi nombramiento", que consistía en asesorar a los ministros en visita del país que investigan los crímenes contra los Derechos Humanos.



Anoche en el programa El Informante de TVN, el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís denunció que miembros del Ejército presionaron para dejara un cargo que recién había asumido, que consitía en asesorar a los ministros en visita del país que investigan los crímenes contra los Derechos Humanos.


El ex juez relató que "el año pasado, en el feriado judicial, el 9 de febrero, el ministro Sergio Muñoz dijo ‘Alejandro, quiero hacer algo que no se ha hecho nunca: quiero nombrarte asesor de los ministros que ven causas de Derechos Humanos'".


Detalló que el contrato se realizó desde marzo hasta diciembre, pero una nota de prensa llamó su atención: "El Mercurio publica una nota. Ex juez que conoció el caso Prats nombrado asesor de DD.HH., en la que además agregaba que esto ocurrió con ‘el desconcierto de sus pares que estiman que es improcedente´”.


Contrariado por la información, Solís decidió acudir a la Corte Suprema para sostener un diálogo con el ministro Hugo Dolmetsch, quien tiene la coordinación de los casos de Derechos Humanos.


“Antes siquiera que yo lo saludara, Dolmetsch me especificó que los militares han venido aquí a protestar por tu nombramiento. Han venido a pedir que termine tu contrato”, continuó.


Al día siguiente, Sergio Muñoz le dijo que "por los incidentes que se han producido, por favor renuncie".


Una columna escrita por el periodista Jorge Escalante y publicada en El Mostrador da luces de cómo operaron en esta historia los "poderes fácticos":


"A 40 años de la asonada cívico-militar, el rubor de las mejillas aumenta de tono ante el espectáculo al interior de la Corte Suprema respecto de los eternizados juicios por los crímenes de lesa humanidad.


En estas columnas saludé el arribo del ministro Sergio Muñoz a la presidencia del más alto tribunal. Lo sigo celebrando. Un juez recto, ético, ausente de las comunes maquinaciones en aquellas altísimas esferas de la señora de la venda y la espada. Muñoz, un juez sensible y dedicado a hacer justicia en los crímenes de la dictadura. Sus investigaciones y resoluciones lo acreditan.


Cuando hace unos días el ministro Muñoz asumió como coordinador de los jueces que instruyen estas causas, los familiares de los caídos y sus organizaciones esbozaron una clara sonrisa. Se encendía una luz al fondo del laberinto de legajos, que por su interminable camino va dejando sembradas otras muertes: aquellas de los familiares que se van sin conocer la justicia por los suyos, y las de los asesinos que mueren de viejos o perturbados por sus oscuras conciencias.


Cuando en febrero pasado el ministro Muñoz llamó al ya retirado magistrado Alejandro Solís para que colaborara en apurar estas causas por su amplio conocimiento, capacidad investigativa y de trabajo, los familiares volvieron a sonreír. El ex juez Solís también.


–Alejandro, hay que apurar todo esto, es demasiado tiempo, le gente se está muriendo y nosotros, la justicia, estamos quedando muy mal.


Solís alcanzó a ayudar a avanzar algunas causas. Para eso lo llamó Muñoz. Pero en marzo, al retorno al nuevo año judicial, aparecieron los poderes fácticos. Un emisario del comandante en Jefe del Ejército Humberto Oviedo, si no él mismo, porque el juez Dolmetsch prefirió omitir el nombre del uniformado en sus comentarios, golpeó la puerta del despacho de este ministro.


Pero la operación contra el presidente de la Suprema fue la misma que reventó al ex juez Alejandro Solís. Nuevamente, una renuncia fue provocada por una información filtrada interesadamente desde “alguien” en la Corte Suprema, para provocar una nota de prensa que habló de “nuevas inquietudes”y desavenencias entre un número de ministros en el pleno de la Corte Suprema y los criterios del juez Muñoz para acelerar los procesos.


–¡Cómo puede ser que este juez Solís esté de nuevo metido en estos asuntos de derechos humanos! ¡Estamos muy preocupados en el Ejército!



Dolmetsch era entonces el juez coordinador para todas las causas de lesa humanidad y sus jueces investigadores
Rápidamente se realinearon las filas y el juez Dolmetsch le hizo ver al ministro Muñoz la gran preocupación del Ejército por la reaparición de Solís.




Hasta ese momento, el nombramiento de Solís era desconocido públicamente. Entonces, alguien dentro de la Corte Suprema se comunicó con El Mercurio y el diario publicó que existía “inquietud”en el pleno de ministros de la Suprema por la recontratación del ex juez Solís decretada por el presidente Sergio Muñoz. La operación estaba montada.


El ex juez Solís recibió temprano la llamada. Eran las 08.30.


–Alejandro, por favor, vente de inmediato a mi oficina… hay problemas –le dijo el ministro Muñoz, apesadumbrado.


Era raro, porque días antes el propio Dolmetsch le había manifestado a Solís:


–Alejandro, trabajaremos muy bien, yo creo que incluso hay que armar un Departamento Especial para apurar todas estas causas.


Eso alegró aún más al ex juez. Solís llegó puntual ese día al despacho del presidente de la Corte Suprema:


–Alejandro, te tengo que pedir la renuncia. Me han armado toda una historia con tu nombramiento. Dolmetsch me dijo que el Ejército está indignado y a mí varios ministros se me están echando encima por haberte nombrado.


Así, con una verdadera operación de inteligencia, como en los tiempos más duros de la milicada, el Poder Judicial y sobre todo los desgastados y envejecidos familiares de los caídos, nuevamente perdían ante los poderes fácticos.


¿Alguna similitud entre el caso Solís y la actual renuncia del juez Sergio Muñoz a coordinar las causas por estos crímenes? ¡Todas pues! ¡Absolutamente todas! Provocar su renuncia fue una nueva operación de inteligencia montada por quienes al interior del pleno de la Corte Suprema no quieren que las causas avancen porque hieren a los criminales. Porque se mantienen sometidos a la milicada que todavía golpea las puertas de los tribunales para reclamar contra la justicia, porque toca a sus asesinos y torturadores por siempre amparados por el Ejército.


El juez Muñoz recién había tomado la posta dejada por Dolmetsch en esta coordinación. Dijo públicamente que había que revisar lo actuado por los jueces que instruyen las causas. Era obvio que había que hacerlo. ¿Por qué los juicios se eternizan? Claro, faltan jueces para agregar a los poco más de 30 que en el país instruyen más de 1.500 procesos, y es hora de que el Poder Judicial disponga de recursos para fortalecer este trágico escenario.


Pero la operación contra el presidente de la Suprema fue la misma que reventó al ex juez Alejandro Solís.


Nuevamente, una renuncia fue provocada por una información filtrada interesadamente desde “alguien” en la Corte Suprema, para provocar una nota de prensa que habló de “nuevas inquietudes”y desavenencias entre un número de ministros en el pleno de la Corte Suprema y los criterios del juez Muñoz para acelerar los procesos.


Probablemente no son tan gatos de chalet quienes investigan estas causas, sino que simplemente requieren más recursos y más jueces que se repartan el difícil trabajo.


Nuevamente operaron los poderes fácticos al interior de la Corte Suprema. Asustados porque Muñoz quería acelerar las cosas. Controlar mejor el trabajo porque requiere control. Hay algunos de estos jueces que se conforman con que los milicos les mientan sobre lo obvio, pero no son capaces de meterlos cinco días incomunicados en un calabozo para que refresquen la memoria, como la hacía el valiente y fallecido ministro Víctor Montiglio.


Pero me atrevo a pensar que en el fondo de todas estas oscuras historias, más allá de palabras más o palabras menos, de que entendimos esto y no lo otro, hay un fin común, una estrategia común bien urdida entre el Ejército y algunos integrantes de las Cortes: permitir que estos procesos se eternicen, porque así los familiares que buscan justicia y también los criminales van muriendo por el camino. Los unos con la pesada tristeza en sus canosas sienes, y los otros en tránsito al cielo o al infierno sin conocer condena, amortajados con las manitos juntas y el alma negra.


Pero, como dice el Cielito lindo de los uruguayos, Olimareños: Si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia".

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