jueves, 9 de octubre de 2008

Garantizan a los mapuches la gestión de los recursos naturales

Garantizan a los mapuches la gestión de los recursos naturales


Sábado 11 de febrero de 2006

El artículo de reconocimiento a las comunidades aborígenes es innovador en el país y se incorpora en el capítulo de declaraciones y derechos.

Hubo pocos despachos votados por unanimidad. El de los mapuches, aprobado ayer, fue producto de una extensa negociación.

NEUQUEN (AN).- Fue como un doloroso parto de nalgas, pero finalmente salió. Los convencionales aprobaron anoche por unanimidad un artículo que se incorpora a la Constitución y que reconoce a los mapuches como pueblos preexistentes. También se les asegura participación en la gestión de sus recursos naturales y se les reconoce la personería jurídica, respeto a su identidad y derecho a una educación bilingüe.

El texto no menciona la palabra mapuches, aunque es la única comunidad aborigen que existe en esta provincia. El reconocimiento es a los pueblos indígenas neuquinos y la palabra pueblo no deberá ser interpretada en el sentido que lo determina el derecho internacional, según lo aclaró en el plenario el convencional radical Hugo Prieto, miembro informante del despacho aprobado en la sesión de anoche, la antepenúltima de esta Convención Constituyente.

Neuquén tiene 50 comunidades mapuches en las que vive una población estimada en 10.000 personas. Hay un cálculo no oficial de los mapuches que indica que el 40% de la población de Neuquén tiene, asumida o no, descendencia aborigen.

El artículo de reconocimiento a las comunidades indígenas es innovador en la Argentina y se incorpora en el capítulo de declaraciones y derechos. Supera lo estipulado en la Constitución Nacional y al reconocimiento que se hizo en otras constituciones provinciales. Se encargó de recalcarlo ayer en su discurso el jefe del bloque del MPN, Pedro Salvatori.

Para aprobar este despacho, el que retrocedió sobre sus pasos fue el MPN. El que definió llegar hasta la redacción que finalmente se aprobó fue Sobisch. Anoche circulaba una pregunta: por qué Sobisch aceptó prácticamente el proyecto de la oposición. "Esta en campaña y lo va a utilizar", dijeron algunos voceros de la oposición. "Se peleó con las petroleras en serio", dijeron otros.

Salvatori, cuando comenzó a discutirse este tema en la Convención, fue uno de los que más reparos puso a reconocer algún aspecto vinculado a los recursos naturales. El proyecto que sostenía el oficialismo era el de un artículo similar al de la Constitución Nacional que sólo reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y delega el tema en el Congreso de la Nación.

Sin embargo ayer Salvatori reescribió su discurso y dijo: "Nosotros habíamos presentado un proyecto que prácticamente es el que se aprobó".

Para aplicar el nuevo artículo de la Constitución se tendrán que reformar algunas leyes, entre ellas la de Tierras.

El capítulo de los mapuches se comenzó a escribir desde el inicio de esta Constituyente y estuvo a punto d naufragar. El tema no ingresó en el orden del día y se llevó al plenario a fuerza de presión de la oposición y de los mapuches. Todos, incluido el oficialismo, querían incorporarlo pero el tema se empantanó y se transformó, con el correr de los días, en prenda de negociación. Incluso el sobischismo intentó canjearlo por otros temas que no se incorporaron, como la reforma económica que quedó afuera, de exclusivo interés del oficialismo.

El plenario de ayer transcurrió en medio de un clima de festejo. De la oposición todos se anotaron para hablar. En el MPN ahorraron palabras y el que marcó la política acordada fue Salvatori, que pronunció un discurso más moderado respecto de los mapuches que el pronunciado en ocasiones anteriores.

El cambio fue notable, aunque el MPN intentó disimularlo. Sobisch dijo "este es el proyecto" y todos se encolumnaron.

La oposición lo vivió como un triunfo propio, los mapuches, que presenciaron la sesión, quedaron conformes. Y la Constitución, que ya había incorporado derechos a los niños y jóvenes, de igualdad de genero, entre otros, sumó con los mapuches, la frutilla del postre.

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Las comunidades marcharon para pedir su incorporación
Respaldo de organismos políticos, sociales y de derechos humanos

Viernes 10 de febrero de 2006

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel estuvo para dar su respaldo y otro tanto hizo el cineasta Fernando Solanas.

NEUQUEN (AN).- La Confederación Mapuche redobló la apuesta para torcerle el brazo al MPN en la pulseada por el reconocimiento de las comunidades en el texto constitucional. Con el apoyo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, del obispo Marcelo Melani, del ex diputado nacional y cineasta Pino Solanas y del presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) Jorge Rodríguez, y de representantes de numerosas organizaciones mapuches y de otros pueblos originarios de cuatro provincias, y de distintas expresiones sociales, de derechos humanos, universitarias y políticas se concentraron anoche en el Deliberante para esperar una señal, la que llegó antes de la medianoche.

Fue una jornada extensa para los representantes de las comunidades mapuches. Comenzó con el espaldarazo de organizaciones políticas, sociales, de la Iglesia, y de otros pueblos originarios del resto del país en el Plenario por los Derechos Excluídos, que sesionó en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue, bajo el lema "Sin Justicia la reforma es una mentira y la convención un fraude". El repudio a Sobisch fue unánime. También la represión policial contra representantes mapuches que ocurrió el pasado 26 de enero, cuando el tema mapuche naufragó en comisión. Ayer, las exposiciones se sucedieron hasta las 18, pero con un oído puesto en los acontecimientos que trascurrían en la Convención que deliberaba a 4 cuadras. Melani leyó un documento titulado "Iglesia y comunidad social". Luego planteó la necesidad de que hay que "propiciar la igualdad de oportunidades". Subrayó que "una Nación como una provincia para ser más justa debe favorecer la integración social".

Pero a las 18 las noticias que llegaban desde la Convención no eran muy alentadoras para las comunidades. El MPN avanzaba a toda máquina para terminar de tratar los despachos pendientes antes de la medianoche y el reconocimiento del pueblo mapuche quedaba sin tratamiento.

A esa misma hora, Rodríguez y Solanas, que llegó con su equipo de filmación, habían descargado una lluvia de críticas contra la administración de Sobisch. Y Pérez Esquivel se disponía a cerrar el plenario. Luego, las comunidades elaborarían un documento con las conclusiones para entregarle hoy por la mañana a Sobisch. Por eso, los organizadores resolvieron acelerar el paso y movilizarse hasta el Deliberante para exigir el tratamiento del reconocimiento del pueblo mapuche en la Constitución provincial.

La movilización salió de la UNC con Melani, Pérez Esquivel, Solanas y los dirigentes mapuches a la cabeza de una columna de unas 400 personas. La marcha se detuvo frente al vallado que mantiene cercado el acceso al Deliberante, que está custodiado por numerosos efectivos policiales. Allí hubo algunos forcejeos porque la Policía tenía orden de dejar pasar a sólo 7 personas.

Melani, Pérez Esquivel, Solanas y algunos representantes de la Confederación pasaron. Luego salió a dialogar Jorge Nahuel y el convencional del Frente Cívico para la Victoria, Oscar Nahuel, que advirtieron que el MPN se mantenía firme y no quería tratar el tema. Y revelaron que la oposición metería presión. Después, llegó la información que Sobisch recibiría a los mapuches.

TC analiza si tribunales militares deben juzgar a civiles ( 9-10- 2008)

Jueves 9 de octubre de 2008

Por L. Ayala / La Nación

TC analiza si tribunales militares deben juzgar a civiles
Para resolver la pugna Urrutia recurrió al TC para que señale si las normas del código castrense aplicadas a ciudadanos comunes vulneran garantías protegidas por la Carta Fundamental.


El pleno del Tribunal Constitucional (TC) escuchará hoy los alegatos a favor y en contra de que juzgados militares indaguen, procesen y juzguen a civiles.

La vista de la causa se debe a un requerimiento presentado por el juez de garantía Daniel Urrutia, quien se declaró competente para conocer una investigación por el delito de obstrucción a la justicia en la que están formalizados civiles y los carabineros Anthony Crespo y John Vera. La defensa de estos últimos solicitó que el magistrado se inhabilite pues, a juicio de ellos, el caso debe ser indagado por la justicia castrense.

Para resolver la pugna Urrutia recurrió al TC para que señale si las normas del código castrense aplicadas a ciudadanos comunes vulneran garantías protegidas por la Carta Fundamental.

El requerimiento dice que las causas penales que involucren a civiles no deben caer en la jurisdicción militar porque no existiría garantía de imparcialidad pues los sentenciadores visten uniforme y poseen rangos al interior de las FFAA, lo que no asegura que tengan un mismo criterio ante a uno que integra sus filas como para el que no.

El requerimiento será relatado, alegado y analizado en el TC a las 15:30 horas. En representación del magistrado expondrá el abogado Francisco Cox del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP). Asimismo, se presentará la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público Militar. Esta última entidad ya respondió por oficio que no existe violación de garantías en estos casos armándose como contraparte de esta pugna.

La causa

El hecho que motivó el recurso es una investigación que surgió tras quedar al descubierto un asalto inventado por el cual Mauricio Orellana estuvo nueve meses en prisión pese a ser inocente. A juicio del Ministerio Público una cajera del supermercado Santa Isabel, junto a dos guardias y los carabineros se pusieron de acuerdo para obstruir la justicia y acusar falsamente a Orellana de un robo con intimidación al mencionado local. Urrutia señala que la justicia ordinaria debe ver el caso, mientras que la defensa de los uniformados involucrados quiere radicar la causa en un juzgado militar. Hoy se define el futuro de esta investigación.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081008/pags/20081008204757.html

Lago en la Patagonia desaparece por segunda vez (9-10-2008)

Jueves 9 de octubre de 2008

Por Ricardo Ahumada / La Nación

Lago en la Patagonia desaparece por segunda vez

El Cachet 2, vaciado en abril pasado y vuelto a llenar dos meses después, descargó en esa oportunidad 200 mil millones de litros de agua al Río Baker en doce horas.

El Cachet 2, vaciado en abril pasado y vuelto a llenar dos meses después, descargó en esa oportunidad 200 mil millones de litros de agua al Río Baker en doce horas.

Nuevamente el lago Cachet 2, que desapareció en abril pasado y reapareció dos meses después, sufrió una baja brusca en su temperatura y se vació en un menos de un día.

La Dirección General de Aguas detectó ayer una importante crecida en el río Baker, en Colonia, que aumentó en un lapso de 20 horas de 2.426 metros cúbicos, subiendo 4,7 metros de altura en el nivel de agua, lo que en términos de caudal, corresponde a 3007 metros cúbicos por segundo en vez de los 573 metros cúbicos normales.

Además, la temperatura del agua del río, en el mismo período, ha descendido de 7,3 a 4,8 lo que indica que este fenómeno se debe a un vaciamiento rápido de aguas glaciares.

Los índices son muy similares a los de abril pasado cuando un fenómeno conocido como GLOF (Glacial Lake Outburst Flood) dejó seco al lago patagónico.

El director General de Aguas, Rodrigo Weisner, declaró que “como entidad encargada del monitoreo del agua y de glaciares, nos llama la atención la recurrencia del fenómeno en tan poco tiempo, lo que nos motiva a realizar más estudios en la zona”, expresó preocupado.


http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081008/pags/20081008222704.html

El discurso suicida LA ATENCION DE LA PERSONA EN RIESGO DE QUITARSE LA VIDA

LA ATENCION DE LA PERSONA EN RIESGO DE QUITARSE LA VIDA

El discurso suicida

El autor examina la atención de las personas bajo riesgo de suicidio, tomando en cuenta las perspectivas individual, familiar, comunitaria y social.


Por Carlos Martínez *

Voy a dar por supuesta la existencia de un “discurso suicida”, en los términos del estudio exploratorio desarrollado en mi Introducción a la suicidología. Teoría, investigación e intervenciones (Lugar Editorial). Allí se intenta averiguar si existe algún tipo de estructura lingüística singular que avale la pertinencia de tal título, apelando a la aplicación de modelos matemáticos. Una de las provisorias conclusiones del mencionado estudio es la masividad de la comunicación suicida, directamente proporcional a su nivel de conflictividad y a la proximidad afectiva de los destinatarios del mensaje.
Primera conclusión, aunque obvia: para saber lo que verdaderamente le pasa a un suicida o qué comunica cuando dice, hay que estar cerca afectivamente. Algunos lo han definido y sistematizado en el constructo “empatía”. ¿Es sólo eso? Por ahora se podría afirmar: no hay comprensión del evento suicida si no nos adentramos en los meandros de su mundo afectivo, en el ánimus, en la psiqué.
Dicha tarea no es posible sin una estrategia, sin una dirección preestablecida –aunque flexible, no blanda–; no se puede dimensionar la magnitud del sufrimiento humano sin verificar algún modelo de valoración y/o cálculo. Eric Laurent y Françoise Leguile, hablando del trabajo en urgencias, manifiestan: “A estos seres hay que calcularlos”. En otros términos, se trata de la herramienta que denominamos análisis de la implicación. El análisis de implicación posibilita que, a través de la disociación instrumental, se produzca en terapeuta y paciente un constructo cognitivo singular y situacional que ayude a posicionarse a uno y otro frente al problema en curso y a los problemas en el futuro, a la manera de un indicador simbólico, un ordenador.
Este planteo transversaliza toda la sistematización sobre intervención en crisis que desarrollan Caplan (Principios de psiquiatría preventiva, Paidós, 1966) y Slaikeu (Intervención en crisis. Manual para práctica e investigación, México, ed. El Manual Moderno, 1996). También está presente en la obra de Estruch y Cardús (Los suicidios, Barcelona, ed. Herder, 1982), cuando, en los dos primeros capítulos dan cuenta de las diferentes teorías sobre los suicidios y se preguntan: si el suicidio es un problema (etimológicamente, lo que está por delante), ¿para quién lo es?
Esta operación permite dar cuenta de lo que se incluye en la intervención y conocer y justificar lo que se deja por fuera, aunque sea transitoriamente. El análisis de implicación posibilita que la intervención, aunque se nutra de firmeza, no se vuelva amenazante; otorga dirección y gradualidad en la tarea para disipar la masividad del discurso; genera un espacio comunicacional para el posicionamiento de la honestidad intelectual del profesional que cumple la función de ordenar y apaciguar la impulsividad, aunque el dolor y el enojo sigan drenando.
Hasta aquí se ha hablado de suicidio, de la atención del discurso suicida, pero no mencionamos la enfermedad ni la muerte. ¿Será verdaderamente el suicidio, el discurso suicida, un producto referido a la muerte?
Si escuchamos a Borges cuando dice que “la vida es muerte que viene viniendo”, se puede inferir que la vida es una dispersión de componentes mortales y mortíferos diseminados a lo largo de nuestros días por vivir, cuya resolución hace a la esencia de nuestra existencia. De eso está confeccionada nuestra naturaleza contingente. Hasta aquí no muy lejos del planteo pulsional freudiano de Eros y Tánatos o del “ser-para-la-muerte” de los existencialistas. Desde la filosofía, Ciorán (En las cimas de la desesperación, Barcelona, ed. Tusquets, 1991) proclama que lo importante en el suicidio lo constituye el hecho no poder vivir más –así– debido al desencadenamiento de una terrible tragedia interior. También les adjudica a los que viven en esta condición la creencia de que detentan el monopolio del sufrimiento, certeros de la percepción de lo absoluto de su tormento.
Para este autor allí reside la explicación de su alienación, de lo singular de su destrucción y su desagregación. Para él sí existe en estas personas una predisposición patológica hacia la muerte, a la cual terminan resistiendo sin poder suprimirla. También es pertinente preguntarse si tal disposición patológica, en este contexto, alude a una clasificación sanitaria o más bien a una descripción ontológica de lo que común y vagamente designamos coloquialmente como locura.
Un intento de respuesta y propuesta lo puede constituir el planteo que hace Nasio (El libro del dolor y del amor, Barcelona, Gedisa, 1998) sobre el dolor, cuando sostiene que atribuir un valor simbólico al dolor, que es pura emoción brutal, hostil y extraña, es el único gesto terapéutico que posibilita que se convierta en soportable para quien lo padece. En este interjuego coloquial y estratégico, no es forzando una explicación sobre las causas como vamos a poder producir tal translaboración.
El dolor mental no es necesariamente patológico, manifiesta. El tránsito por las crisis produce dolor; las separaciones, las exclusiones, las pérdidas son pruebas para nuestros recursos vitales que, a la vez que vulnerabilizan la cotidianidad y sus escenarios, permiten asegurar la fortaleza y la continuidad de la estructura, al menos por un tiempo. Hasta la próxima crisis, hasta el próximo dolor.
El abandono, la humillación, la mutilación, por ejemplo, se significan en dolor, y ese dolor se expresa en un corpus discursivo. Lo que amamos y sus manifestaciones son los propulsores de la emergencia del dolor. Es por esto que el posicionamiento terapéutico frente al discurso suicida (el ethos de quien interviene) se torna eficaz en la distancia corta, casi en el cuerpo a cuerpo, casi en la equivalente simbólica de la ecuación Eros-Tánatos. Algo de la ética/clínica con este tipo de pacientes marca recurrentemente que, aunque la escena se despliegue en el marco de una excitación psicomotriz y revoleando objetos, lo que tiene para decir –el texto– se torna casi inaudible, hay que arrimarse, introducirse en el discurso para poder escucharlo. Es como aquellos gritos de las pesadillas que no logran convertirse en palabra y que no dejan de emanar angustia hasta que nos son interpretados en y por el lenguaje, verbal y/o paraverbal.
En este punto Nasio, un psicoanalista, es muy preciso: otorgar sentido al dolor es entrar en concordancia con él, tratar de vibrar con él y, en ese estado de resonancia, marcar la presencia disuasoria del tiempo y la palabra que activamente vayan erosionando ese bloque de dolor.
¿Por qué llamo “ético” a este posicionamiento? Fundamental y conceptualmente porque no es neutro: si se sostiene, cura; si no se puede establecer, daña.
Desde ese lugar, ¿cuál es la implicación de un terapeuta, de un operador de salud mental, que ve, que entiende, pero que siente que por cuestiones personales, contextuales o de la otra persona, no puede intervenir? No tenemos por qué tener que poder con todo. Existen las derivaciones, los sistemas de alta complejidad, la conformación de equipos de emergencia. En este caso, cuando se habla de atención del discurso suicida se está abarcando toda una gama de operaciones que implican diversas acciones dentro de la asistencia: evaluación, prevención, posvención, orientación, psicoeducación, autopsia psicológica, investigación, y toda otra acción que favorezca el drenaje de ese dolor en el marco más favorable de elaboración para la persona, su familia, una institución o una comunidad.
Una dificultad frecuentemente presente en la instrumentación de los tratamientos es la identificación en los mecanismos de defensa fallidos entre terapeuta y paciente; por ejemplo, en la limitación de las estrategias de afrontamiento. Esta variable está recurrentemente presente en la ideación suicida a la cual el profesional –posiblemente sobrepasado– aplica la regla del lecho de Procusto: lo que no coincide con el esquema conceptual, especialidad o marco referencial, se corta, no se considera. Se puede observar aquí uno de los avatares de que lo que no cura, daña. Por si se necesita una verificación empírica, es bastante generalizado el conocimiento de que un intento inadecuadamente atendido suele reincidir en los próximos noventa días (el mismo tiempo que lleva disminuir un nivel de riesgo suicida alto o moderado medido por ISO 30). También se sabe, autopsia psicológica mediante, que muchos suicidas han concurrido a su profesional de cabecera en el último mes antes de consumar su acto.
En estos casos se da una relación especular donde el paciente manifiesta su estrechez simbólica achicando el mundo real a la medida de un mundo interno diezmado y fragmentado, creyendo que en esta operación produce un efecto de dominación sobre la realidad. El terapeuta, por su parte, hace una traducción del problema del paciente acorde con el alcance de su amplitud epistemológica, clínica y procedimental, acorde con su ideología terapéutica. La pregunta necesaria en cada una de estas intervenciones es si esa interlocución consiste y deviene verdaderamente en un acto terapéutico.
Reiteradas veces se presentan, por ejemplo en el marco de una supervisión, profesionales que reciben pacientes con este tipo de eventos autodestructivos, que se encuentran desbordados por la situación –sabiéndolo o no– debido a creencias, sentimientos o prejuicios, originados en episodios personales o familiares dolorosos que vuelven intolerable la escucha de este dolor del paciente.
El profesional que se enfrenta a la tarea de aliviar, acotar o revertir el dolor de un paciente, una familia o una comunidad, producido por la emergencia de una ideación autodestructiva, se verá fortalecido y posicionado en su intervención, cuando haya analizado su capacidad para, la pertinencia de y su implicación en, dicho acto terapéutico.
También tenemos comprobado que quien intenta suicidarse o padece una persistente ideación suicida no es necesariamente quien resulta evaluado con el mayor riesgo suicida en una familia (Martínez, ob. cit.). Por otra parte la Organización Mundial de la Salud (Prevención del suicidio: Un instrumento para docentes y demás personal institucional, Ginebra, Departamento de Salud Mental y Toxicomanías, 2001) sugiere que el abordaje suicidológico preventivo en instituciones educativas, por ejemplo, se centre tanto en el educando como en su familia y en el contexto educativo. Indicación coherente con la importancia que la misma OMS adjudica a la constitución y consolidación de las redes sociales en la enunciación de los factores protectores.
Si se eludiera tal amplitud de campo –en el sentido de Kurt Lewin–, se estaría reduciendo el planteo del problema, se estaría frente a otro riesgo de especularización identificatoria, ya que la intervención estaría fundada en una conceptualización que excluye la mirada micro y macrosocial del origen y desarrollo de tal sufrimiento. Así como acertadamente se afirma que el suicidio es un evento complejo multideterminado, su abordaje requiere un posicionamiento epistemológico interdisciplinario que habilite la multiplicidad creativa de recursos. Hasta podríamos extendernos, sin riesgo de caer en la temeridad, afirmando que la dimensión social del suicidio no está esencialmente en el escenario de producción de los eventos, lo cual podría tomarse como una consecuencia, sino más bien en la génesis representacional de ese dolor que transforma en intolerables, masivas y absolutas las condiciones indispensables para el sostenimiento de una vida. Abusos, maltratos, exclusiones, desamor, torturas y olvidos son modalidades vinculares micro y macrosociales que van tejiendo el entramado de ese dolor inolvidable, y a veces irrecordable, que cobra cuerpo en las heridas de las lesiones, cobra palabra en las modulaciones del discurso y manifiesta su potencia destructiva en la reproducción ad infinitum de relaciones asentadas en la crueldad y el odio. Terapeutizar los conectores de estos sentimientos requiere una capacidad, pertinencia e implicación adecuadamente analizadas y evaluadas en y por el terapeuta, conducentes al cuidado propio, del paciente y de los contextos vitales de ambos.
Muerte invisible
La eficacia de las intervenciones poblacionales y las programáticas de variado alcance –local, institucional, municipales y/o provinciales– ratifica que el modelo debe articular una multiplicidad de miradas y abordajes para resolver eficientemente la complejidad que plantea la multideterminación causal del evento autodestructivo. J. Bertolote (“Prevención del suicidio en el mundo”. Barcelona, World Psychiatry (ed. esp., 2004), desde la OMS y la Asociación Mundial de Psiquiatría, afirma que no se puede pensar que una intervención exitosa en un marco cultural, lo vaya a ser necesariamente en otra; ni siquiera que una intervención eficaz en un momento de una determinada comunidad, también lo vaya a ser en otro momento de esa misma formación colectiva.
Para reflexionar sobre la pregnancia de los mandatos establecidos acerca de los procedimientos determinados culturalmente, vamos a tomar el planteo de Baudouin y Blondeau (La ética ante la muerte y el derecho a morir, Barcelona, ed. Herder, 1995). Contrariamente al aserto borgeano, ellos describen e intentan explicar la disociación de la muerte en la sociedad actual a partir de cuatro factores.
- La pérdida de alteridad del morir se traduce en una negación del proceso y su desarrollo, aislando y expropiando su sentido del mundo de los vivos.
- El antagonismo de los valores socioculturales de la vida y de la muerte desintegra un evento crucial de la vida humana, marginando sus concomitantes. La muerte es vista como el fracaso de la tecnociencia, ubicando al paciente, su dolor y su contexto en un borde de semiinvisibilidad.
- La desacralización modifica la ritualidad, extirpando la idea de continuidad, aunque es generalizado el conocimiento de un paso inevitable para todos. La implicación que este precepto cultural impone al trabajo de duelo, a la vez que patologiza la tristeza, aísla a quien la porta, institucionalizando y medicalizando un tiempo que podría ser conceptualizado y vivido socialmente, como la síntesis de un eslabonamiento vital que concluye, en la intimidad de los seres queridos.
- La negación de la muerte organiza una particular disposición escenográfica de los protagonistas, donde paciente, familiares, allegados y profesionales juegan por lo general un rol preestablecido al servicio de una supuesta lucha por la vida, en contra de la implacabilidad de lo inevitable. Quizá la mascarada más burda de nuestra cultura al respecto la represente el ocultamiento, cuando no la mentira respecto del diagnóstico, dejando entrever las hilachas de un proceso donde se trata de llenar con poder la ausencia de saber.
Las ambigüedades y contradicciones de nuestra cultura respecto del padecimiento y la muerte, además de dejar solo a quien atraviesa esa crisis y a su entorno, por lo general obstaculizan las condiciones para afrontarla dignamente.
Como ya se dijo, estos constructos son dinámicos y variables tanto en su dimensión territorial como histórica. Los mismos autores, además de vincular la evolución de estas culturalidades con un concepto de humanidad, describen tres pasos que connotan el recorrido de la transformación. Antes de entrar en la citada enumeración, es importante destacar que bajo el nombre de eutanasia ellos ubican los actos voluntarios e involuntarios, tanto como los activos y pasivos, que desembocan en la muerte propia.
1. De la prohibición a la tolerancia: de la humanidad expropiada a la humanidad tolerada. Este pasaje está determinado por la aparición del cristianismo y el concepto de que la vida es un don de Dios; por lo tanto atentar contra ese don, en cualquiera de sus formas, constituye un pecado. Entre los siglos XIX y XX, aludiendo al suicidio como un error y un acto inexplicable e irracional por definición, se lo considera perdonable en tanto alienación o aberración de la mente. Allí junto con la inimputabilidad se instaura la idea de enfermedad. El que ejecuta dicho acto está loco, es un enfermo y debe ser tratado como tal, no castigado –al menos jurídicamente–.
2. De la tolerancia a la libertad: de la humanidad perdonada a la humanidad liberada. Con el advenimiento de las democracias y su consecuente reducción de las desigualdades, el sufrimiento deja de ser visto como algo inherente a la condición humana, y por lo tanto pierde vigencia aquella idea del cristianismo acerca de la sublimación del sufrimiento y su consecuente glorificación como vía de acceso a una vida superior. Se instaura una diferenciación más clara entre lo público y lo privado. Si bien el suicidio no deja de ser considerado jurídicamente un homicidio, queda dentro del ámbito de las libertades individuales, excluido del marco de las sanciones civiles y religiosas. Si bien se mantiene la condición de ejemplaridad, se considera que el hombre es libre de poner fin a su sufrimiento, tomando las riendas de su destino. No se legitima moralmente al suicidio, no se lo incluye como un acto conforme al orden público, y se ubica al saber sanitario, con sus procedimientos, en el lugar que antes ocupaba el precepto moral con sus sanciones.
3. De la libertad al derecho: de la humanidad liberada a la humanidad reivindicatoria. Al derecho de la persona a escaparle al dolor y al sufrimiento, el saber sanitario le ofrece una lucha constante contra el padecer y la muerte, intentando disuadirlo y ofreciéndole otras soluciones válidas. Tan reciente como la proliferación de cuidados paliativos es el reconocimiento del principio filosófico de autonomía y su correlato jurídico, el derecho de autodeterminación; por lo tanto, al mismo tiempo que el profesional está obligado civilmente a intervenir, el paciente tiene derecho a consentir las condiciones de tal intervención.
Consentimiento informado
Los resguardos éticos en estos casos son los mismos que los de cualquier intervención en salud mental, con la salvedad de que en este tipo de atención el profesional está obligado jurídicamente a resguardar la vida de quien consulta. Esto no requiere torcer la voluntad de quien decidió dar fin a su vida, pero sí responsabiliza en el conocimiento y la instrumentación de todos aquellos recursos científicos disponibles, al servicio de la construcción del bienestar y la dignidad de quien consulta.
El consentimiento informado aparece como un requisito, a la vez moral y legal, a ser cumplimentado con el objeto de dejar constancia expresa de que tanto uno como otro polo de la relación profesional emprenderán juntos una acción sobre su psiquismo, de común acuerdo, esto es, estando el paciente moralmente capacitado para decidir, sin que medie coacción, y contando con toda la información relevante del caso antes de tomar una decisión.
- Un paciente que es evaluado en su riesgo suicida deberá ser informado, en primer lugar, del resultado de dicha evaluación.
- El profesional debería continuar explicando, en un lenguaje adecuado, comprensible para el paciente, la severidad del cuadro y su curso probable, con y sin tratamiento.
- Los pacientes también deben ser informados sobre las alternativas terapéuticas disponibles, es decir, sobre los tratamientos que hayan demostrado su eficacia, de acuerdo con el estado del arte.
Se considera legítimo que el paciente pueda ejercer su derecho a optar por el tipo de tratamiento que prefiera, siempre y cuando conozca los potenciales riesgos y beneficios. El consentimiento informado en psicoterapia reconoce el derecho del paciente adulto, como un ser autónomo y libre, a decidir sobre su propia vida, pero existe una excepción a esta situación que debe ser tenida en cuenta con sumo cuidado.
En las situaciones de urgencia, en las que la demora del tratamiento pudiera poner en riesgo la integridad física del paciente o de terceros, tal como lo consagra la legislación contemporánea sobre salud mental, la decisión de internación/intervención recae, en caso de no estar capacitado para tomar decisiones, en la persona que esté a cargo de la tutela de los derechos del paciente, por lo tanto el consentimiento informado deberá ser solicitado a quien tiene la tutela.
Dar información a los pacientes, sobre su trastorno y sobre la terapia, aumenta la adhesión al tratamiento, aumenta la efectividad terapéutica y reduce la tasa de abandono. Buscar el consentimiento del paciente incrementa su participación, lo hace agente del tratamiento, lo compromete con él, a la vez que hace más simétrica la relación con su terapeuta. La información hace que el paciente pueda controlar mejor el desempeño del profesional que lo trata. Además, la psicoeducación de los pacientes y de sus familiares y cónyuges ha demostrado ser sumamente útil en el plano sintomatológico y en el de la relación.
Cuando no se da información al paciente, se favorece un modelo que hace más probable el abuso de poder.

* Profesor de Suicidología en la Universidad de Palermo. Titular de la Asociación Argentina de Prevención del Suicidio.



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Von Wernich y la “oportunidad” de la Iglesia (09-10-2008)


Von Wernich y la “oportunidad” de la Iglesia


Por Washington Uranga


Hoy, 9 de octubre, se cumple un año desde que el Tribunal de La Plata decidió de manera unánime condenar al sacerdote católico Christian von Wernich por delitos de lesa humanidad. Fue luego de un juicio prolongado, ajustado a derecho y con todas las garantías para el acusado, más allá de las afirmaciones que, en sentido contrario, hacen sus incondicionales. Frente al repudio de gran parte de la sociedad, la institución eclesiástica católica a través de la Conferencia Episcopal dio a conocer un más que tibio comunicado insistiendo en su línea argumental en la materia: dijeron que el cura actuó “bajo su responsabilidad personal”.
Traducido: no hay responsabilidad institucional. El superior inmediato de Von Wernich es el obispo de Nueve de Julio, Martín de Elizalde. El pidió “perdón” en nombre de la Iglesia por los delitos de Von Wernich, pero pateó la pelota para adelante respecto de las sanciones al cura violador de los derechos humanos.
“Oportunamente se habrá de resolver, conforme a las disposiciones del Derecho Canónico (la ley eclesiástica), acerca de la situación de Christian von Wernich”, afirmó entonces el obispo.

Hace ya un año de tales afirmaciones y no se conoce que el proceso eclesiástico contra Christian von Wernich haya avanzado. No se conoce sanción canónica (ajustada al derecho eclesiástico) contra el cura. Eso hace pensar o que todo ha quedado congelado y la “oportunidad” de la sanción no llegará nunca o bien que cualquier medida en este sentido ha quedado en secreto. Esto último es improbable porque, de acuerdo con las informaciones que trascienden desde el lugar donde se encuentra recluido el cura condenado por delitos de lesa humanidad, el sacerdote sigue ejerciendo sus funciones religiosas y ni siquiera se le han retirado las licencias (autorizaciones) eclesiásticas para actuar como ministro de la Iglesia Católica.


Está claro que para las autoridades eclesiásticas de Von Wernich las pruebas de la Justicia civil no son suficientes, por más categóricas que éstas hayan resultado para los jueces. Quizás hasta pueda decirse que, aunque nunca lo haya manifestado públicamente de esa manera, para su obispo el cura es inocente, lo cual lo convertiría en presunta “víctima” de alguna “conspiración contra la Iglesia”. Si no fuera así es difícil explicar por qué la Iglesia “experta en humanidad”, como lo sostiene la doctrina social católica, sigue sosteniendo a alguien que con sus prácticas ha demostrado exactamente lo contrario. “Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón (el de la Iglesia)”, se dice en el documento conciliar Gaudium et Spes (Nº 1).


Un año después de su condena, el cura torturador está preso y en su lugar de reclusión sigue gozando de todas las atribuciones y consideraciones de su condición sacerdotal. Para el obispo de Nueve de Julio y para la jerarquía de la Iglesia Católica todavía no ha llegado la oportunidad para aplicarle las sanciones eclesiásticas que podrían corresponderle a Von Wernich por los cargos de violación de los derechos humanos que se le probaron en la Justicia civil.


Los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina pueden decir, en términos estrictos, que sólo al superior de Von Wernich, en este caso el obispo de Nueve de Julio, le corresponde adoptar las eventuales sanciones. Pero más allá de las cuestiones formales existe también una responsabilidad ética y moral que les cabe a todas las autoridades eclesiásticas, que deben responder ante toda la sociedad y ante su propia feligresía. La pregunta entonces es:
¿hasta cuándo la institución eclesiástica seguirá actuando de una manera que sólo puede entenderse como complicidad con uno de los suyos que es claramente un violador de los derechos humanos?
El problema ya no es ni siquiera Von Wernich, sino una vez más la Iglesia misma y la credibilidad de sus autoridades frente a la sociedad.


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“Frei e Insulza se habrían elevado moralmente si no defienden a Pinochet” (9-10-2008)

9 de Octubre de 2008

Roberto Garretón, a diez años de la detención del ex dictador en Londres

“Frei e Insulza se habrían elevado moralmente si no defienden a Pinochet”

En el marco de su participación en un seminario organizado por la Universidad Diego Portales sobre los efectos que produjo en el mundo judicial y político el arresto del general, el abogado de Derechos Humanos analiza el comportamiento de la clase política ante el caso y critica la actuación del entonces Presidente y su ministro de Relaciones Exteriores. Además, tiene duras palabras para los jueces chilenos y lo que el denomina la ‘’alianza pinochetista’’.
Miguel Paz

Una década después de la detención de Augusto Pinochet en Londres, el impacto del caso es sujeto de revisión y análisis en el seminario “El Efecto Pinochet”, organizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, donde el ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad Roberto Garretón, hizo un crudo balance respecto al comportamiento de los tribunales de Justicia chilenos y los argumentos que tuvo el gobierno de Eduardo Frei para insistir ante las cortes británicas y españolas de la necesidad de juzgar al general en nuestro país. Garretón, quien en la actualidad integra el comité asesor del secretario general de Naciones Unidas sobre prevención de Genocidios, asegura que Frei tuvo “todas las posibilidades” de haber dejado “que se haga justicia” fuera de Chile y declara que jamás imaginó que “un gobierno democrático hubiese salido a defender al dictador”. -En su presentación del seminario de ayer usted hizo una aseveración:
“La clase política no ha cambiado nada desde el 11 de septiembre de 1973”
¿No le parece muy fuerte esa declaración?
-Me refería al pinochetismo. Los pinochetistas siguieron exactamente igual el 11, el 12, el 13 de septiembre y siguen igual. Usted lo ve en el vocabulario del almirante Arancibia y en lo que dice la alianza pinochetista. Como reclaman e injurian a los jueces que ejercen sus cargos. La campaña que montaron contra Carlos Cerda. Son los mismos que fueron ministros, subsecretarios, alcaldes, rectores universitarios militares, miembros de las comisiones legislativas, gobernadores, intendentes, embajadores.
-¿Cuándo firmó la orden de detención de Pinochet el juez español García Castellón tenía la convicción de que en Chile no se podía juzgar a Pinochet?
-Yo estuve en España y declaré ante el juez García Castellón. Cuando la causa estaba en una apelación de la sentencia de la Corte Suprema de Londres, hice un informe dirigido a los lores donde sostenía que Pinochet podía perfectamente ser juzgado en Chile conforme a derecho pero que por el comportamiento de los tribunales chilenos en 25 años –los 17 de la dictadura y los ocho de la Transición-, que habían sido absolutamente complacientes con la dictadura y sus atrocidades, no había condiciones políticas para que Pinochet fuese juzgado en Chile.
-¿Alguna vez pudo conversar de este tema con el juez Baltasar Garzón?
-Con Garzón no lo conversé entonces. Lo conocí el año 2002 y lo conversé después con él, pero no entramos en detalles.
-Cuando se inició la investigación de García Castellón, en Chile nadie daba crédito a que Pinochet pudiese ser juzgado en España.
-Efectivamente el gobierno no le daba mucho crédito, no tenía mucha importancia.
-Pero luego vino el arresto en Londres y la cosa fue en serio.
¿Alguna vez se imaginó que nuestro gobierno pudiese salir a defender a Pinochet, bajo la lógica de la defensa de "principios, no personas", como lo manifestaron repetidas veces el presidente Frei y José Miguel Insulza?
-¡Cómo me iba a imaginar una cosa de esa naturaleza!
Fue y es una cosa impensable que un gobierno democrático que nace de la deslegitimación de la dictadura por las violaciones de los Derechos Humanos ordenadas por Pinochet, hubiese salido a defender al dictador.
-¿Usted cree que Frei e Insulza pudieron haber hecho otra cosa?
-Tenían todas las posibilidades. Frei e Insulza no tenían porque salir a defender a Pinochet. Lo que tenían que decir es “nos da vergüenza que fueran los jueces ingleses y españoles los que detuvieron a Pinochet y como los jueces chilenos no quisieron, porque no quisieron, esperamos que se haga justicia”. Eso debieron decir. Y las figuras de Frei e Insulza se habrían elevado moralmente. No habría habido ningún golpe ni asonada militar.
“El efecto Garzón”
-Para usted, jurídicamente hablando, ¿la tesis de la soberanía tenía validez?
-Pueden inventarse cualquier cosa. Imagínese que ellos hablaban de la no colonización de España en Chile. Cuando en realidad España estaba cumpliendo con sus propias leyes y los juristas que asesoraron al gobierno debiesen haber dicho eso.
-Pero el tema era más político que jurídico.
¿Habló con José Miguel Insulza sobre este punto alguna vez?
-Lo hablé a raíz de unas declaraciones muy desafortunadas de él. Insulza y el presidente Frei estuvieron pésimamente mal asesorados.
-¿Quiénes los asesoraron?
-No tengo idea quienes eran los que asesoraban. Pero lo concreto es que se produjo el “efecto Pinochet” que cambió todo. Esto viene de un artículo en que yo hablé de que la detención produjo efectos a nivel mundial: primero el “efecto Garzón”, que significó que los jueces de todo el mundo, incluidos los chilenos, aprendieron una lección muy importante: que hacer justicia es posible. Y segundo, el “efecto Pinochet”: los dictadores y violadores de derechos humanos más les conviene no moverse que salir a viajar. Eso no lo entendieron ni Alberto Fujimori ni el fiscal militar Alfonso Podlech.
-La Constitución del 80 es otro “efecto Pinochet” y perdura con reformas firmadas por Ricardo Lagos, que no es pinochetista que digamos.
-Yo esa reforma constitucional no la he entendido nunca. Creo que los gobiernos y la gente de la Concertación han querido cambiar la constitución y que los amarres y los altos quórum lo hacen imposible y eso ha provocado una resignación de las aspiraciones democráticas. Hay gente que cree que todos los miembros de la Concertación están contentos con la actual constitución y por eso no la cambian.
Yo sigo creyendo aún, no sé hasta cuando, que han querido y no han podido.
-A la vuelta de los años personeros como Enrique Correa reconocieron haber pactado muchas cosas con Pinochet por miedo.
¿Usted está de acuerdo con esa versión?
-La transición fue mucho más pactada o definitivamente pactada que lo que supimos nosotros los ciudadanos de a pie. Pero las leyes de amarre no las hicieron los Correa ni los Mapu. Sino Pinochet. Y la Concertación no las ha tocado. En parte porque necesita el apoyo de los ex funcionarios de Pinochet reconvertidos en parlamentarios. Esto que usted me está preguntando es causa directa y casi única de las razones de por qué los jóvenes no se inscriben en los registros electorales. Para votar por los pinochetistas o por los que quisieron proteger a Pinochet mejor no votar.
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_nueva.asp?id_noticia=260331

miércoles, 8 de octubre de 2008

Hay 6300 adolescentes en el sistema penal; el 40 por ciento con causas por delitos leves. (08-10- 2008)

UNO DE CADA CUATRO CHICOS EN CONFLICTO CON LA LEY ESTA PRIVADO DE LA LIBERTAD

Radiografía del encierro adolescente

Hay 6300 adolescentes en el sistema penal; el 40 por ciento con causas por delitos leves. La cuarta parte está en regímenes cerrados, donde reciben clases apenas entre 2 y 5 horas por día. Así lo revela un informe de Unicef, el Gobierno y la Untref.


Por Mariana Carbajal

En el país unos 6300 adolescentes sospechados o imputados de haber infringido la ley penal están cumpliendo algún tipo de medida punitiva ordenada por un juez. Uno de cada cuatro permanece alojado en institutos con regímenes cerrados, a pesar de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con rango constitucional, establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso, y sólo debe aplicarse en casos extremos. Sesenta y siete de los detenidos llevan presos más de dos años. De los datos disponibles, se sabe que casi el 40 por ciento está encerrado por delitos que no se consideran graves, como robos sin armas. La información surge de un relevamiento nacional sobre adolescentes en el sistema penal, que realizaron en forma conjunta el Gobierno, Unicef y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Mientras están encerrados, la oferta educativa que reciben los chicos menores de 18 años es muy pobre: apenas entre 2 a 5 horas diarias de clases, según el lugar. La mitad de los establecimientos no les da la posibilidad de realizar deportes y casi un 60 por ciento no les propone actividades lúdicas en el marco de un programa de rehabilitación ni de formación laboral.

“En algunas provincias la respuesta es el encierro o nada. También son encerrados chicos en situación de calle, aunque estar en la calle no es un delito. Es una grave vulneración de derechos”, alertó el subsecretario nacional de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, al dar a conocer los detalles del informe junto al director adjunto de Unicef Argentina, Ennio Cufino, a un grupo reducido de medios, entre ellos PáginaI12.

“Se debe ver a los adolescentes como adolescentes y no como infractores. Hay una fuerte decisión del Gobierno para realizar esa transformación”, subrayó Paola Vessvessian, secretaria del área, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Ayer por la tarde, la ministra Alicia Kirchner presentó oficialmente el estudio en la Jefatura de Gabinete: “El Gobierno definió como prioridad mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, basado en la promoción de sus derechos”, dijo. “Este trabajo es una interpelación sobre la realidad de los menores en lo cuantitativo y lo cualitativo, absolutamente serio y participativo”, explicó y advirtió que “estábamos acostumbrados a políticas sociales homogéneas, originadas en conceptos abstractos, de escritorio, destinadas a tranquilizar conciencias e intelectos de quienes tienen mucho más de entrenamiento en el discurso que en revertir una realidad social afectada por décadas de crisis y abandonos”.

Lerner reclamó al Congreso la reforma del actual Régimen Penal de la Minoridad, vigente por un decreto de la última dictadura militar. “Resulta imprescindible modificarlo” y “avanzar hacia un sistema penal juvenil respetuoso de los derechos, acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Nacional”, opinó. Además, agregó Lerner, se deben adecuar las legislaciones procesales y la organización de la Justicia en cada provincia, y reformular en todas las jurisdicciones las políticas y dispositivos gubernamentales de trabajo con los adolescentes infractores.

El estudio es una fotografía del sistema penal juvenil del segundo semestre de 2007, cuando se llevó a cabo el relevamiento en todo el país. Pero los datos no fueron de-sagregados por provincias.

Sus principales conclusiones son las siguientes:

- Se revelaron 6299 adolescentes menores de 18 años incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial por estar sospechados o imputados de haber cometido algún delito.

- Hay 1529 adolescentes privados de su libertad en institutos de régimen cerrado, con alambrados o muros y agentes de seguridad que los controla.

- Unos 270 permanecen internados en establecimientos con régimen semicerrado y pueden, en general, salir para ir a la escuela o trabajar solos o supervisados por personal del lugar.

- El resto de los adolescentes, unos 4495 presuntos infractores (71 por ciento del total) están bajo programas no privativos de la libertad, de acompañamiento y supervisión. Pero la mayoría de esos programas “no están especializados” en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal, señaló Gimol Pinto, especialista en Protección de Derechos de Unicef. Sólo se encontraron en nueve provincias programas similares a la modalidad de libertad asistida, una alternativa al encierro sugerida desde el organismo internacional y contemplada en varios de los proyectos legislativos de responsabilidad penal juvenil presentados en el Congreso (ver aparte).

- Las mujeres representan el 8 por ciento del total de adolescentes en distintos establecimientos (cerrados y semicerrados) y el 17 por ciento en programas.

Pinto destacó como “un avance importante” que la privación de la libertad de adolescentes sospechados o imputados de un delito no sea la respuesta mayoritaria que den los jueces. Pero advirtió que el “régimen cerrado” concentra todavía al 85 por ciento de los que están institucionalizados.

Un relevamiento anterior de Unicef, que se hizo en 2005 –y se publicó en 2006–, mostró que en aquel momento había unos 2377 chicos privados de libertad por causas penales. Las cifras no serían comparables, se explicó, por las distintas metodologías de recolección de datos aplicadas. Sin embargo, y aunque en el nuevo estudio podría haber un subregistro de un 20 por ciento, se estima que la cantidad de chicos presos habría disminuido en los últimos años por diversos motivos; uno de ellos, la sanción de la Ley 26.061, de Protección Integral de la Infancia, en 2005, a partir de la cual se empezaron a desarrollar programas alternativos al encierro. En la ciudad de Buenos Aires, donde los cinco institutos de menores dependen de la Nación, la tasa de encierro se redujo casi un 50 por ciento, entre 2003 y la actualidad, según indicó Gustavo Piantino, director nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal: de entre 550 y 500 se bajó a entre 230, 250, de los cuales unas 21 son chicas. “Esta reducción tuvo que ver con el cambio de criterio de los jueces y con la oferta de medidas alternativas desde Nación”, señaló el funcionario. Entre estas últimas, enumeró un programa de libertad asistida, en el marco del cual técnicos de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia periódicamente visitan al joven en su ámbito familiar y elaboran un informe que elevan al juez, y otro programa llamado “A la salida”, que obliga a los adolescentes a participar dos veces por semana de alguna actividad colectiva como un taller de formación en algún oficio o alguna actividad deportiva. En la primera modalidad, actualmente hay unos 300 adolescentes y en la segunda, cerca de 90.


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Se fue el REPRESOR Belisario Velasco (4-6-2008)




4 January, 2008

Se fue el REPRESOR Belisario Velasco

Renuncia al cargo de Ministro del Interior /
Su alejamiento del equipo de Gobierno ocurre horas después de que un universitario mapuche murió tras un confuso incidente con efectivos de Carabineros que concurrieron a un operativo en una hacienda en la localidad de Vilcún.

FUENTE: UNIRADIO - EFE

El ministro chileno de Interior, Belisario Velasco, presentó hoy su renuncia "indeclinable" a la presidenta, Michelle Bachelet, que la aceptó tras una larga reunión con quien también fuera jefe de gabinete.

Velasco agradeció a la presidenta Bachelet su designación en el cargo, en el que será subrogado interinamente por el subsecretario del Interior, Felipe Harboe.

"Tuvimos una reunión hoy en la tarde muy grata en la cual le manifesté (a la presidenta) mi renuncia indeclinable al cargo de ministro del Interior y dadas las características me fue aceptada", dijo en escuetas declaraciones en La Moneda el saliente ministro.

Consultado por las razones de su renuncia, Velasco se limitó a señalar que había cumplido un ciclo, y recordó que Bachelet "señaló que iba a iniciar un segundo tiempo", en alusión a un cambio de gabinete.

"Solo tengo palabras de agradecimiento. Me voy tranquilo, contento con lo que he hecho pensando que siempre podría haber hecho algo más", añadió el ex ministro.
"La verdad es que traté de hacerlo lo más eficiente posible y entregar mi experiencia y buen sentido a la causa que ella (Bachelet) tan dignamente preside", recalcó.

La renuncia de Velasco se da luego de una jornada de rumores sobre un tercer cambio de gabinete, acrecentadas por la reunión entre el propio ex ministro y Bachelet, la que se espera se concrete en los próximos días.

Al respecto, el portavoz de Gobierno, Francisco Vidal, indicó que las decisiones a futuro sobre eventuales cambios de gabinete "las toma la Presidenta, en el momento que ella estime pertinente".

La renuncia de Velasco, sin embargo, tomó por sorpresa a su partido, la Democracia Cristiana (DC), y a las otras agrupaciones de la oficialista Concertación que gobierna desde 1990.

Velasco fue durante los gobiernos de los presidentes Patricio Aylwin (1990-94) y Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) subsecretario del Interior, y en el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) cumplió labores como embajador en Portugal.

Su alejamiento del equipo de Gobierno ocurre horas después de que un universitario mapuche murió tras un confuso incidente con efectivos de Carabineros que concurrieron a un operativo en una hacienda en la localidad de Vilcún, a más de 600 kilómetros al sur de Chile, incidente que reavivó el conflicto entre mapuches y hacendados en el sur del país.

INVESTIGAN LA IDENTIDAD DE UN CADAVER EN SALTA SOSPECHA REPRESOR (08-10- 2008)

INVESTIGAN LA IDENTIDAD DE UN CADAVER EN SALTA

Un muerto sospechado de represor


La Justicia Federal de Salta investiga la identidad de un hombre fallecido en un geriátrico, ante la sospecha de que podría tratarse de un represor que se habría refugiado en la provincia, con un nombre falso, para eludir la cárcel. El hombre murió el 29 de junio pasado en el Hogar de Ancianos Pablo VI, de Ciudad del Milagro, y desde entonces no ha sido posible ubicar a ningún familiar ni nadie que reclame su cuerpo. Le encontraron una credencial de Gendarmería que lo acredita como periodista. El número de DNI que figura en ella correspondería, sin embargo, al de una persona fallecida en la provincia de Mendoza diez años atrás.

El misterio comenzó el pasado 29 de junio, día en que murió el anciano, quien se cree tenía 82 años. En un primer momento, según publicó el Nuevo Diario de Salta, los policías encargados del caso pensaron que estaban ante el cuerpo de Julio López, aunque esa hipótesis ya fue descartada.

El fallecido tenía documentos a nombre de Oscar Martínez Soria, nacido en Córdoba en 1926, y un carnet de la Gendarmería Nacional que lo acreditaba como periodista. La credencial no aclaraba si pertenecía a esa fuerza de seguridad o trabajaba para algún medio. Fue expedida en 2001, con la firma del entonces subdirector nacional de la Gendarmería, Néstor Oscar Dellabianca. Allí aparece un número de DNI que sería falso.

La responsable del hogar de ancianos, María Zabala, reveló que el hombre fue llevado al geriátrico hace dos años por dos abogados que dijeron ser de Buenos Aires, quienes nunca volvieron a visitarlo. Dos meses antes de que el anciano falleciera, cuando se enfermó, la mujer recurrió a la Gendarmería para que buscaran a sus familiares, pero allí le dijeron que no pertenecía a la fuerza. Sin embargo, un comandante le recomendó a Zabala que contactara a las Abuelas de Plaza de Mayo. “No me diga que tengo un represor en el hogar”, preguntó la mujer. El comandante no le contestó; de allí surge la versión de que podría tratarse de un ex integrante de un grupo de tareas. Ante esa posibilidad, el caso fue derivado del fuero en lo correccional al Juzgado Federal número 2 de Salta, a cargo de Miguel Antonio Medina.

Integrantes de los organismos de derechos humanos de la provincia dijeron a PáginaI12 que en las causas abiertas por violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia de Salta no surge ningún represor con el apellido Martínez Soria, pero no descartaron que el fallecido pueda ser otra persona o haber actuado en otra provincia.


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Navarro y fallo TC: derrota a "nostálgicos de la dictadura" (8-10-2008)

Miércoles 8 de octubre de 2008 11:41

/ Lanacion.cl / Agencias

Navarro y fallo TC: derrota a "nostálgicos de la dictadura"

Senador PS destacó que resolución favorable demuestra que los parlamentarios "no pueden vivir en una burbuja". "Se libró jabonado", comentó Cardemil.

Como una resolución adversa de quienes utilizaron argumentos pinochetistas, en alusión a la dictadura de Augusto Pinochet, calificó esta mañana el senador socialista (PS), Alejandro Navarro, el fallo favorable que logró en el Tribunal Constitucional (TC).
El legislador por el Bío Bío apuntó "a todos (los) parlamentarios y dirigentes de la derecha que por un lado se muestran como modernos y democráticos para tratar de llegar al gobierno y, por el otro, muestran su verdadera cara, nostálgica de la dictadura".
Dijo que estos además anhelan "la restricción de las libertades, tal como quedó claro en su acusación, acudiendo a argumentos de las actas de la constitución pinochetista de 1980 y a un proyecto de reforma constitucional de 1964".
"Este pronunciamiento establece jurisprudencia sobre algo que venimos diciendo hace muchos años: que los parlamentarios no pueden vivir en una burbuja, aislados de la gente, sus problemas y demandas", consideró.
El requerimiento fue encabezado por el diputado independiente Alberto Cardemil luego que Navarro participara en una marcha de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en agosto de 2007, en la que incluso fue golpeado por Carabineros.
Ante la derrota de su iniciativa, el ex RN comentó que "Navarro se libró jabonado, porque el Tribunal básicamente dice que esta materia es tan delicada que las causales de cesión del cargo tienen que configurarse de manera muy estricta y de manera muy grave".
La sentencia del TC dice que "la acusación de que el senador Navarro 'encabezó una columna de trabajadores, ejerciendo influencia ante autoridades administrativas, como es Carabineros, invocando su calidad de senador, a favor de ellos, tratando de evitar que (sic) Fuerza Pública cumpliera con sus obligaciones constitucionales', no configura la causal de cesación en el cargo a que alude el artículo 60, inciso cuarto de la Constitución".

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081008/pags/20081008114836.html
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Jueves 9 de octubre de 2008

/ La Nación

El senador indicó que el tribunal ha establecido una jurisprudencia al respecto
Navarro valora fallo del TC que rechazó su inhabilidad

Según el parlamentario socialista, la resolución del órgano jurisdiccional que determina el rol de representación de los congresistas es un punto clave, que viene a “silenciar” las críticas emanadas de la derecha. Acusó a sus adversarios de ser “nostálgicos” de la dictadura de Pinochet.


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El senador socialista por la Octava Región Norte, Alejandro Navarro, valoró ayer el fallo unánime del Tribunal Constitucional (TC) que el martes 7 rechazó la demanda de la derecha en su contra que pedía inhabilitarlo de su cargo parlamentario por haber intervenido, el 29 de agosto de 2007, en una jornada de protesta convocada por la CUT.
Navarro en particular ancló su satisfacción en que uno de los considerandos del TC determina que los congresistas no sólo tienen la función de legislar y fiscalizar, sino también la de representar los intereses de sus electores.
Según el senador, "este pronunciamiento establece jurisprudencia sobre algo que venimos diciendo desde hace muchos años: que los parlamentarios no pueden vivir en una burbuja, aislados de la gente, de sus problemas y demandas".
"Esa es la mayor derrota para los que quieren a los parlamentarios lejanos a la gente", añadió.
La definición del TC determina que además de legislar y fiscalizar, el rol del legislador "supone representar ( ) la opinión de sus mandantes: los ciudadanos; y el conocer su opinión incluye participar en aquellas modalidades en que aquéllos tratan sus asuntos comunes en goce de las libertades y derechos que la Constitución reconoce".
Según Navarro, la decisión emanada del TC debe ser una señal de advertencia a los representantes de la derecha, que "por un lado se muestran como modernos y democráticos para tratar de llegar al Gobierno y, por el otro, muestran su verdadera cara, nostálgica de la dictadura y de la restricción de las libertades, tal como quedó claro en su acusación, acudiendo a argumentos de las actas de la Constitución pinochetista de 1980 y a un proyecto de reforma constitucional de 1964".
El senador regresó ayer a Concepción, en cuyo aeropuerto fue esperado por dirigentes sociales y políticos de la Región del Biobío, quienes lo acompañaron en una caravana de automóviles llamada "de la democracia y de los trabajadores".
La manifestación culminó en el centro penquista con un show artístico-cultural.

Condenan a 15 años y un día a brigadier (r) del Ejército Víctor Raúl Pinto Pérez (8-10-2008)

8 de Octubre de 2008

Condenan a 15 años y un día a brigadier (r) del Ejército por causa de DDHH

El ministro Solís Montiel había establecido condena de 15 años y un día por el denominado episodio Maestranza y 10 años y un día cada uno por los casos de Martínez Aliste y Rojas Fuentes, pero al revisar todos las sentencias de manera conjunta se determinó una condena única por el delito más importante de acuerdo a las reglas de la unificación de penas.


La Corte de Apelaciones de San Miguel dictó condena única de 15 años y un día de presidio en contra del brigadier (r) del Ejército Víctor Raúl Pinto Pérez, como autor de los delitos reiterados de secuestro y homicidio en tres causas de violaciones a los Derechos Humanos que investigó el ministro en visita Héctor Solís Montiel.

En fallo unánime (en causas roles 1462-2007, 350-2008 y 465-2008), los ministros de la Cuarta Sala del tribunal de alzada Claudio Pavez, María Soledad Espina y Adriana Sottovia dictaron la condena única en la investigación por los episodios denominados Cerro Chena, René Martínez Aliste y Manuel Rojas Fuentes.

Asimismo la resolución judicial establece que “el procesado Raúl Pinto Pérez, ya individualizado, queda condenado a la pena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo; a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y al pago de las costas de la causa, como autor de los delitos reiterados de secuestro y homicidio calificados en las personas de Ramón Luis Vivanco Díaz; Adiel Monsalves Martínez; Manuel Zacarías González Vargas; José Leningrado Morales Álvarez; Arturo Koyck Fredes; Joel Guillermo Silva Oliva; Roberto Segundo Ávila Márquez; Alfredo Acevedo Pereira; Raúl Humberto Castro Caldera; Pedro Enrique Oyarzún Zamorano y Hernán Elías Chamorro Monardes, perpetrados los últimos días de septiembre y octubre del 1973 según causa Rol 1462; por el homicidio calificado de René Máximo Martínez Aliste (Causa Rol Corte Nº 350-2008) y; por el homicidio calificado de Manuel Tomas Rojas Fuentes (Causa Rol Ingreso Corte Nº 465-2008), hechos estos dos últimos ocurridos en los primeros diez días del mes de diciembre del año 1973, en la Escuela de Infantería de San Bernardo”.

El ministro Solís Montiel había establecido condena de 15 años y un día por el denominado episodio Maestranza y 10 años y un día cada uno por los casos de Martínez Aliste y Rojas Fuentes, pero al revisar todos las sentencias de manera conjunta se determinó una condena única por el delito más importante de acuerdo a las reglas de la unificación de penas.

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_nueva.asp?id_noticia=260275

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ABRIRAN LOS ARCHIVOS DE INTELIGENCIA SOBRE LA TOMA DE LA TABLADA (08-10-2008)



Durante el operativo de recuperación del cuartel de La Tablada, en 1989, hubo 39 muertos.
Imagen: Víctor Buge

ABRIRAN LOS ARCHIVOS DE INTELIGENCIA SOBRE LA TOMA DE LA TABLADA



Para cumplir con la CIDH



Lo dispuso la Presidenta a través de un decreto. El organismo internacional reclama desde 1997 que se investiguen torturas y ejecuciones que se cometieron durante la recuperación del cuartel.


Por Alejandra Dandan



Los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional deberán remitir “en forma inmediata” a la Justicia la documentación que posean sobre el copamiento de 1989 al Regimiento de La Tablada. Así lo señala un decreto de la presidenta Cristina Kirchner, publicado en el Boletín Oficial. El material incluye expedientes, documentos, fotos y grabaciones del operativo de recuperación del cuartel en el que hubo 39 muertos, entre ellos ejecuciones ilegales y tres de-saparecidos. La medida es una respuesta al informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997. Los querellantes aseguran que es la primera vez que la Justicia y el Ejecutivo avalan ese informe y encolumnan el trabajo detrás de esa resolución.

Según los querellantes, los jueces que tuvieron la causa desoyeron las recomendaciones de la CIDH, que apuntaban a garantizar una investigación sobre las torturas y ejecuciones que se cometieron durante la recuperación del cuartel. Uno de los casos más simbólicos es el del juez Gerardo Larrambebere: le dio a la policía la documentación que tenían los militantes del MTP que participaron de la toma. Sobre esos documentos se elaboró la sentencia. Otro de los ejemplos es lo que sucedió con los cuerpos. Las fuerzas de seguridad los destrozaron. Con el tiempo, algunos cadáveres que estaban en una fosa común pudieron reconocerse, pero cuando empezaban a estudiarlos volvieron a mezclarlos.

Roberto Felicetti entró en el regimiento, estuvo preso y es un sobreviviente. “Hasta ahora nadie daba respuesta al reclamo –dice–. Esto es un punto de partida, muy positivo pero un punto de partida; ahora hay que determinar la responsabilidad de las torturas y desaparecidos como también indicó el informe de la CIDH.”

En los hechos, por el Decreto 1578, el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional 1 de Morón a cargo del caso tendrá “el acceso irrestricto a los documentos relacionados con la causa”. Lo mismo sucederá con “cualquier otro magistrado a cargo de la causa”. La norma también “releva de la obligación de guardar secreto a los agentes o ex agentes de organismos del Sistema de Inteligencia Nacional” que presten declaración indagatoria o testimonial, excluida la “información de inteligencia estratégica militar”.

El decreto cita el informe de la CIDH y un pedido del 14 de febrero pasado del juzgado para que el Poder Ejecutivo “dispusiera la autorización” para que los organismos de inteligencia remitan “en forma inmediata” la información disponible. Allí no aparece, sin embargo, una de las razones que dispararon el reclamo sobre los archivos de la SIDE. Según el abogado Rodolfo Yanzón, se trata del testimonio de un integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército, que dijo que vio cómo se ordenó el traslado de Carlos Samojedny, hoy desaparecido, desde el Regimiento hasta el Comando Radioeléctrico de Lanús.

En septiembre de este año, el general Alfredo Arrillaga fue detenido por su actuación en Mar del Plata durante la última dictadura. El 23 de enero de 1989 fue el encargado de recuperar el cuartel. Los familiares piden que se avance con su condena.


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MARIA LUJAN TELPUK DENUNCIO QUE EL FBI LE OFRECIO ASILO Y TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS A CAMBIO DE QUE MODIFIQUE SU TESTIMONIO



MARIA LUJAN TELPUK DENUNCIO QUE EL FBI LE OFRECIO ASILO Y TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS A CAMBIO DE QUE MODIFIQUE SU TESTIMONIO


08-10-2008

“Era evidente que me estaban proponiendo algo”

La ex agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que halló la valija con los dólares volvió a declarar ante la Corte Federal de Miami, donde fue interrogada por la fiscalía. A la salida, contó a PáginaI12 del ofrecimiento que le hizo el FBI.

Por Irina Hauser

Los agentes del FBI que le dieron la “bienvenida” a María Luján Telpuk apenas se bajó del avión en Miami para declarar en el juicio de la valija, no sólo la interrogaron durante dos horas, sino que le ofrecieron “trabajo en una agencia de modelos y asilo político si tenía temor de volver a la Argentina”. “Era evidente que me estaban proponiendo algo a cambio de que yo modificara mi declaración y no contradijera a (Guido Alejandro) Antonini Wilson. Por supuesto que lo rechacé”, le contó a PáginaI12. La ex agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que descubrió los 800 mil dólares terminó ayer de dar su testimonio y salió furiosa después de largas horas ante el jurado. “El fiscal sólo pretendía desacreditarme con preguntas personales. ¿Qué tiene que ver cuánto me pagó Playboy o cuánto me paga Ideas del Sur con este juicio?”, protestó. “La sensación que tengo es que lo protegen a Wilson de una manera increíble”, dijo.

La historia del encuentro cercano de Telpuk con el FBI volvió a ser tema en la audiencia de ayer en Miami, donde se juzga a Franklin Durán, el ex socio de Antonini Wilson acusado de actuar como agente ilegal para encubrir el origen y destino de la valija. La chica no sólo reiteró que los hombres de la agencia estatal la interrogaron por dos horas, sino que nunca le aclararon que tenía derecho a irse sin responder. Ante una pregunta del defensor, Ed Shohat, dijo que tampoco le mostraron una copia de esa declaración sorpresiva, para que chequeara si reflejaba sus dichos.

“Cuando llegué me sacaron de la fila y de pronto estaba sola en un cuarto con tres personas del FBI. Con el cansancio, el susto, que no sabía ni adónde me habían llevado, no me iba a negar a contestar. Tampoco me explicaron nada”, relató la ex agente a este diario.

–¿Qué fue lo que le preguntaron? –le pidió detalles PáginaI12.

–Primero querían mi relato de cómo habían sido los hechos, pero después se empezaron a meter con mi vida, cuánto me habían pagado en Playboy por las fotos y cuánto cobro de Ideas del Sur. Después de todo eso, me preguntaron si tenía temor de volver a la Argentina, porque en ese caso dijeron que podían darme asilo político. Incluso me ofrecieron conseguirme trabajo en una agencia de modelos donde me decían que llevara mi book. No sé si fue el susto, pero de entrada les dije que no venía a eso, que sólo me interesaba declarar en el juicio. No les di opción a nada.

–¿Qué pretendían?

–Era evidente que me estaban proponiendo algo a cambio de que yo modificara mi declaración y no contradijera a Antonini Wilson. Por supuesto que lo rechacé. Estoy muy tranquila, me di cuenta de que fue una mala jugada de ellos. La sensación que tengo es que lo protegen a Wilson de una manera increíble.

Telpuk es una testigo de la defensa. Como era esperable, la fiscalía intentó incomodarla. Esta vez no fue el fiscal Tom Mulvihill quien asumió esa tarea, sino su colega John Shipley. Cuando abordó el capítulo del FBI, apuntó a transmitir que la chica sólo tuvo una entrevista en buenos términos en el aeropuerto con tres agentes y que nadie la forzó a nada.

–¿Al terminar les dio un beso y un abrazo?–, inquirió Shipley.

–Sí, es mi costumbre –replicó la ex agente.

En medio de sus cuatro horas de declaración, a Telpuk le tocó volver a describir el hallazgo de los 800 mil dólares. Mientras repasaba la escena, uno de sus comentarios desató un murmullo en la sala: fue cuando dijo que el funcionario de la Aduana que estaba con ella, Jorge Lamastra, le sugirió no controlar las valijas. “Esto sucedió después que llegó el vuelo, que (Lamastra) me dijo que ya era tarde y que dejáramos pasar el equipaje”, señaló. En rigor, esto mismo ya lo había dicho en la causa que tramita en Argentina. Sus palabras exactas habían sido: “...Lamastra se da vuelta y me dice ‘que se vayan, mirá si los vamos a revisar. Yo entendí como que él me dijo que se vayan, mirá la hora que es”.

“Ellos (los empleados de Aduana) trabajan de otra manera, si quieren controlan y sino no. Yo simplemente le dije a Lamastra ‘para algo estoy acá a esta hora’. Ahí le pedí al piloto que me pasara todo para revisarlo”, le dijo Telpuk a PáginaI12.

La versión que dio la joven en los tribunales de Miami es casi calcada de la que dio en Argentina. Ayer volvió a admitir que no tiene la certeza de haber revisado todas las valijas que venían en el avión. Dijo que pasó por el escaner las que le trajo el piloto, pero no sabe si los pasajeros se llevaron otras por otro pasillo. Hubo, sin embargo, un punto novedoso en el racconto que admitió haber hecho ante el FBI: tuvo la “sensación”, dijo, de que el maletín que Antonini decía que era suyo no le pertenecía.

–¿Qué le hizo pensar eso? –preguntó este diario.

–Tal vez me dejé llevar por su cara. Fue una apreciación personal, sólo eso. Lo concreto es que él me dijo que la valija era suya. Eso lo tengo muy en claro. Desde el momento en que pedí que se hiciera presente el dueño, vino él y se hizo cargo. No me iba a poner a interrogarlo a ver si era de otro. Igual que tampoco era mi trabajo revisar adentro del avión a ver si había algo más. Si lo de los 800 mil sirvió para destapar otra cosa, bienvenido sea. Ahora que den su testimonio los que lo tengan que dar.

En otro tramo de su exposición, Telpuk enumeró las contradicciones entre su versión y la de Antonini. Consultada por esta cronista, las resumió: “El dijo que traía la valija en la mano, que la llevó hasta el escaner y que no era de él. Está mintiendo y me da mucha bronca. Frente a mí siempre dijo que era suya, igual que primero dijo que había libros y papelitos y resulta que había plata. También dice ahora que quien le pidió que abriera la valija fue Lamastra, pero se lo pedí yo”, refunfuñó.

Haber puesto en evidencia su conocimiento de lo que dijo Antonini durante le juicio podría perjudicar el peso de su testimonio. Tanto el jurado como los testigos tienen vedado leer o tomar contacto con detalles del caso mientras dura el juicio. De hecho, la jueza Joan Lenard ya anunció que analizará la posibilidad de advertir al jurado que tome la declaración de la voluptuosa ex agente con pinzas.

Telpuk salió de pésimo malhumor del recinto, después de que Shipley se esmerara en hacerla trastabillar. Cuando le pidió precisiones sobre la imagen que vio en el escaner, él dijo que vio ladrillos bien definidos; luego admitió que al abrir la maleta había billetes desordenados. Pero eso no fue, al parecer, lo que más la alteró, sino las alusiones a sus incursiones en las revistas y la TV. “Parecía que me estaban juzgando a mí, en un momento estuve a punto de pararme y decir ‘vuelvo otro día con mi abogado’”, estalló después de la audiencia.

El fiscal pretendía mostrar que obtuvo beneficios económicos después de su hallazgo de los 800 mil dólares sin declarar. “Aprovechar no creo que sea la palabra”, le retrucó ella ante un comentario. “Me ofrecieron trabajo y acepté”, añadió. Shipley le preguntó si había recibido plata por notas vinculadas al valijagate y hasta si había posado con una valija y el gorro de la PSA. La revista Playboy, precisó Telpuk, le pagó “7000 dólares en Venezuela y 7000 pesos en Argentina”.

–¿Usted está en un programa de televisión (Patinando por un sueño) a partir de este caso? –insistió el fiscal.

–Sí, desde noviembre –contestó ella. Recibe, dijo, 2000 pesos al mes.

–¿Trajo los patines? –sorprendió Shipley.

–Es algo difícil (la práctica) que no se debe abandonar –dijo Telpuk.


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8 de Octubre de 2008

Caso maletín: Gobierno argentino acusa al FBI de ''coacción y soborno''

El titular de Justicia, Aníbal Fernández, dijo que en su país esos agentes estarían presos, y criticó que la prensa prefiera "pegarle palos" a su Gobierno en vez abordar los a su juicio ''delitos terribles'' que comete la agencia de inteligencia norteamericana.

El Gobierno argentino calificó de "coacción y soborno" a la oferta de asilo y empleo en EE.UU. que presuntamente hicieron agentes del FBI a la ex agente que descubrió los 800.000 dólares sin declarar que el venezolano Guido Antonini Wilson intentó presuntamente ingresar en Buenos Aires en 2007. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, fue consultado este miércoles sobre las declaraciones de María Luján Telpuk, quien aseguró haber recibido el ofrecimiento de miembros de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a cambio de modificar su testimonio en el juicio que se celebra en Miami por el llamado "caso del maletín".
"En Argentina esos agentes estarían presos por coacción y por soborno", dijo el funcionario, quien se quejó de que "los grandes nombres del periodismo argentino no vean lo irregular de esta situación, pero busquen enlodar el nombre de Argentina". Telpuk ha declarado en dos ocasiones en el juicio que se realiza en Miami contra el venezolano Franklin Durán, acusado de actuar en Estados Unidos como agente de su país para que Antonini Wilson no revelase el origen y el destino de ese dinero. "Cuando llegué (los agente del FBI) me preguntaron si tenía miedo de volver a Argentina luego de mi declaración, me dijeron que podía contar con ellos y hasta me dieron direcciones de lugares en los que podía encontrar trabajo como modelo", sostuvo. "Por suerte no tuve en cuenta todo eso, que claramente era una estrategia de ellos para desacreditarme como testigo", declaró desde Miami la ex agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina al canal de televisión bonaerense C5N. Telpuk ratificó ante el tribunal de Miami que Antonini Wilson dijo ser el propietario de la maleta con 800.000 dólares que ella detectó en Buenos Aires en agosto de 2007, con lo que contradijo la versión del venezolano, que aseguró que pertenecía a un funcionario del Gobierno argentino y que el dinero estaba destinado a la campaña que llevó a Cristina Fernández a la Presidencia de ese país. "En Argentina un fiscal hubiese pedido ver quiénes son los agentes y estarían detenidos en este momento, y un legislador seriamente hubiera pedido el nombre del fiscal, para ver si los agentes estaban autorizados para hacer esa acción y, si hubiese sido así, pedir el enjuiciamiento del fiscal", evaluó Fernández. El ministro dijo a periodistas que los cometidos por el FBI "son delitos terribles, pero nadie dice nada porque a todos les gusta pegarles palos al Gobierno" argentino. "En Argentina cuando interviene un juez, la policía no puede interrogar más y eso es lo que está sucediendo en este caso. Mire qué diferencia entre un país y otro", expresó. Al ampliar este martes su declaración judicial en Miami, Telpuk dijo que un agente de aduanas de Argentina sugirió que no se inspeccionase el equipaje de los empresarios venezolanos en el que se incluía el maletín con los 800.000 dólares. En el denominado "caso del maletín" están acusados, además de Durán, los venezolanos Moisés Maiónica, Carlos Kauffmann y Antonio José Canchica, así como el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello. Durán sostiene que es inocente, mientras que Maiónica, Kauffmann y Wanseele Paciello se declararon culpables tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Federal a cambio de condenas menos severas, y Canchica está prófugo.
Los 800.000 dólares del maletín supuestamente provenían de las arcas de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), según testigos de la Fiscalía Federal de Estados Unidos.
EFE

AI denuncia que 90 vuelos "ilegales" de la CIA pasaron por España - (8-10-2008)










Miércoles 8 de octubre de 2008 13:47

/ EFE

AI denuncia que 90 vuelos "ilegales" de la CIA pasaron por España

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que entre 2002 y 2007 al menos 90 vuelos de la CIA con origen o destino a centros de detención secreta, como la base militar de Guantánamo (Cuba), hicieron escala en 15 aeropuertos españoles, principalmente en las islas de Mallorca y Tenerife.

El director de AI en España, Esteban Beltrán, aseguró en rueda de prensa que España, al igual que otros países europeos, dejó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) utilizase durante cuatro años los aeropuertos y el espacio aéreo español en operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias, operaciones que vulneran el derecho internacional y los derechos humanos.

Según recoge el informe de AI "Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas", al margen de lo que puedan añadir otras investigaciones como la que lleva a cabo la Audiencia Nacional, el Parlamento Europeo ha demostrado que hasta finales de 2005, 68 aviones supuestamente vinculados a la CIA hicieron escala en España.

Informes posteriores han constatado que una docena de vuelos de la CIA hicieron escala en España entre 2002 y 2007 en su trayecto desde o hacia Guantánamo, unas paradas que en el caso de las bases de Rota y Morón de la Frontera (sur) estuvieron amparadas por un convenio de Cooperación y Defensa suscrito entre España y EEUU.

El informe de Amnistía Internacional añade que varios de estos aviones podrían haber trasladado a personas detenidas ilegalmente.

Se estima que unas 200 personas llegaron a Guantánamo en aviones militares estadounidenses que, aunque no siempre despegaron de bases españolas, sí cruzaron el espacio aéreo español.

Además de denunciar el uso de los aeropuertos y del espacio aéreo español para operaciones vinculadas a la llamada "guerra contra el terror", Amnistía criticó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nunca haya informado de estos vuelos ni al Parlamento español, ni al Parlamento Europeo, ni al Consejo de Europa.

El informe de Amnistía también acusó a la Unidad Exterior de la Policía (UEP) española de haber participado en los interrogatorios de al menos 13 presos de Guantánamo en julio de 2002, cuando era presidente del Gobierno el conservador José María Aznar.

Los agentes españoles fueron cómplices de las torturas cometidas por los estadounidenses en esa prisión "con el propósito de obtener información", subrayó esta organización.

Amnistía Internacional también calificó de "inquietantes" las extradiciones y expulsiones aprobadas por el Ejecutivo español y que, firmadas con el pretexto de luchar contra el terrorismo, permiten que solicitantes de asilo político sean devueltos a países como Marruecos, Argelia, Egipto o Estados Unidos.

En opinión de AI, en esos países no se garantiza la salvaguarda de los derechos humanos.

Por todo ello, el informe de AI exige al Gobierno que colabore "activamente" con la Audiencia Nacional, que investiga en qué medida ha facilitado o ayudado España en la comisión de prácticas ilegales y si puede haber responsabilidades penales.

También pide que aclare el alcance de los viajes de los policías españoles que grabaron algunos interrogatorios en Guantánamo.

Además, AI solicitó al Gobierno que garantice que "ninguna parte del territorio español" -incluido el espacio aéreo, aguas, aeropuertos y bases militares- volverá a utilizarse para detenciones ilegales o secretas y que cumpla "estrictamente" el principio internacional de no devolución de personas que puedan sufrir torturas o malos tratos en los países que los reclaman.

Los tratados y acuerdos internacionales que España firma y que le obligan a respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho "no pueden ser papel mojado", subrayó Beltrán.




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7 de Octubre de 2008


Ordenan por primera vez liberar en EEUU a detenidos de Guantánamo

El dictamen supone un revés para la administración del presidente George W. Bush, que había argumentado que los jueces federales no tienen autoridad para ordenar liberaciones en EE.UU. de detenidos en Guantánamo.

Un juez federal ordenó este martes por primera vez la liberación en territorio estadounidense de un grupo de detenidos en la base naval de Guantánamo (Cuba).

El juez de la Corte Federal del Distrito de Columbia Ricardo Urbina determinó que no había pruebas de que ese grupo, compuesto por 17 musulmanes de la minoría china Uigur, estuviera formado por "combatientes enemigos" o que supusieran un riesgo para EE.UU.

El dictamen supone un revés para la administración del presidente George W. Bush, que había argumentado que los jueces federales no tienen autoridad para ordenar liberaciones en EE.UU. de detenidos en Guantánamo.

El grupo de musulmanes chinos, que lleva casi siete años detenido en Guantánamo, esperaba desde 2004 su liberación.

El Pentágono ya no consideraba a los 17 uigures "combatientes enemigos", pero permanecían retenidos en la base naval de Guantánamo debido a que EE.UU. no ha encontrado un país que les acoja.

El Gobierno chino pidió a EE.UU. el traspaso de la custodia de los chinos musulmanes, pero la administración de Bush y organizaciones de derechos humanos temen que el grupo de detenidos pueda ser torturado si es devuelto a su país de origen.

El magistrado señaló en su argumentación que la Constitución estadounidense prohíbe detenciones indefinidas sin causa ni cargos.

El grupo de musulmanes chinos ha sido retenido en Guantánamo desde que fueron capturados en Pakistán y Afganistán en 2001.

Los esfuerzos del Gobierno estadounidense por encontrar un país que acepte a esa minoría han sido infructuosos por el miedo de muchos Estados a recibir represalias diplomáticas por parte de China.

En 2006, Albania dio refugio a cinco uigures de Guantánamo pese a las protestas de China.

Después de conocer la decisión del juez Urbina, la organización Human Rights Watch (HRW) celebró la liberación de los 17 detenidos en Guantánamo.

"Una vez más una corte federal ha rechazado la teoría de la administración de Bush de que su decisión puede triunfar sobre la revisión judicial y los derechos constitucionales", afirmó Jennifer Daskal, la principal abogada en asuntos de lucha contra el terrorismo de HRW.

EFE

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_nueva.asp?id_noticia=260150