AVANZA LA REFORMA AGRARIA DE EVO MORALES EN BOLIVIA A PESAR DE LA RESISTENCIA ARMADA DE LOS HACENDADOS QUE EXPLOTAN A LOS ABORIGENES 01-12-08

AVANZA LA REFORMA AGRARIA DE EVO MORALES EN BOLIVIA A PESAR DE LA RESISTENCIA ARMADA DE LOS HACENDADOS QUE EXPLOTAN A LOS ABORIGENES

Un esperado regreso a la tierra milenaria de los guaraníes

Una de las veinte familias guaraníes de la comunidad de Iviyeca que viven en condición de servidumbre, según denunció la APG.

Cuando el funcionario llegó a Alto Parapetí para repartir tierras de acuerdo con la nueva Constitución, lo echaron a balazos. Pero volvió y ya hay varias estancias recuperadas.

Por Sebastián Ochoa

Desde Alto Parapetí

El lugar es paradisíaco, la casa es muy linda, pero se hace inevitable pensar en los miles de humillaciones, golpes, violaciones y deshumanizaciones que desde hace más de cien años soportan estas tierras. Huaraca es la estancia de Mario Malpartida, “un cruel hacendado”, lo define una de sus víctimas, el abogado guaraní Ramiro Valle Mandepora. Un hacendado más que concentra algunas de las 157 mil hectáreas correspondientes al Territorio Comunitario de Origen (TCO) Alto Parapetí, cuyo título será del pueblo guaraní, si se cumple el deseo del gobierno nacional y los indígenas. En el Chaco boliviano, que abarca parte de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, se calcula que hay entre 500 y 800 familias guaraníes sometidas a “servidumbre análoga a la esclavitud”, como constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en junio pasado. Y evidenció que la manera más saludable de liberarlos es devolviéndoles su territorio. Durante todo 2008, el gobierno intentó ingresar en Alto Parapetí para averiguar a quién pertenecen las tierras y para contactar a los guaraníes cautivos. Pero los hacendados se resistieron violentamente, porque si se demuestra que se valen de mano de obra esclava para reproducir sus fortunas, el Estado se apropiará de esas superficies y las entregará a las víctimas. Luego de meses de batallas perdidas, el Viceministerio de Tierras pudo ingresar con grupos especiales de la Policía Nacional.

La pulseada empezó el 13 de abril pasado, cuando técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) trataron de ingresar en Alto Parapetí, al sur de Santa Cruz, acompañados de 300 guaraníes. El anuncio había provocado una rebelión de los hacendados, que sacaron peones y tractores a bloquear todos los caminos de la zona para evitar la entrada de los funcionarios del Estado. Faltaban pocas semanas para el referéndum autonómico del 4 de mayo y los terratenientes exigían que sus predios fueran peritados por el Instituto Departamental de Tierras, organismo creado por ese estatuto. Así, el “gobernador” Rubén Costas, prefecto cruceño, sería el encargado de otorgar títulos de propiedad. Ya no el presidente de Bolivia.

Hubo una emboscada y más de 50 guaraníes resultaron heridos. Tres personas que fueron golpeadas y torturadas quedaron detenidas en el cuartel de Cuevo: el abogado Valle, la periodista Tanimbu Estremadoiro y el camarógrafo argentino Fernando Cola. El comandante de la guarnición no les permitía salir porque, según la alcaldesa, los pobladores de Cuevo tenían la intención de lincharlos. Pasados tres días, los detenidos comenzaron una huelga de hambre hasta que los sacaran del cuartel. Al instante, los disfrazaron de soldados y se los llevaron de Cuevo en una ambulancia.

Valle es asesor jurídico de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), organización que comenzó en 1996 el reclamo de 10 millones de hectáreas a favor de este pueblo. Finalmente, el Estado aceptó la cesión de dos millones de hectáreas. Alto Parapetí sería parte del territorio.

Hacendados rebeldes

En marzo, Valle había participado de una reunión con los hacendados rebeldes, que tenían el apoyo de la prefectura y de todos los alcaldes y comités cívicos de la zona. “Estaban los alcaldes de Lagunillas, Antonio Paniagua; de Gutiérrez, Alfonso Alvarez; de Cuevo, Sonia Guthrie; el subprefecto de Cordillera, Marcelino Apurani, representantes del comité de Santa Cruz y otras autoridades locales. En esa reunión empezaron a exponer temas políticos para desprestigiar el nuevo texto constitucional. Decían que Bolivia se iba a transformar en un Estado comunista, que las tierras iban a pasar a manos del Estado, que no habría la famosa transferencia de propiedad y sucesión hereditaria. Decían que el petróleo, los recursos naturales, el agua, iban a pasar a manos del pueblo guaraní y la TCO. Nosotros solamente exigíamos que se ejecutara el proceso de saneamiento con la ley vigente, acorde con la Constitución actual. En ese momento, el proyecto de nueva Constitución era un borrador que no tenía aplicación. Pero los hacendados se agarraron de ese tema como una excusa para obstaculizar y truncar los sueños de nuestros hermanos aún cautivos en su propio territorio”, dijo Valle a Página/12.

Las denuncias por las agresiones en Cuevo nunca fueron atendidas por la Justicia, fundamentalmente porque varios funcionarios de este poder tienen lazos de amistad o de sangre con los acusados, integrantes de grupos políticos y económicos que pretenden dominar el oriente boliviano. En 2008, paralelamente a Cuevo, el país atravesó toda clase de enfrentamientos por la causa de la nueva Constitución –impulsada por el presidente, Evo Morales– y los estatutos autonómicos de la entonces llamada Media Luna, cuyos titulares eran los prefectos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.

Durante el intento de golpe de Estado de septiembre, el Ministerio Público creó la Comisión Especial de Fiscales, cuya misión sería investigar los delitos allí donde el Poder Judicial estuviera amordazado por las autoridades locales. Por el caso de Cuevo, habían pasado seis fiscales que soltaron rápido el expediente. Hasta que intervino la comisión especial, que citó a declarar en La Paz a Mario Malpartida y a Ernesto Chávez, dos terratenientes identificados en las agresiones de abril. Como no concurrieron, se ordenó la detención de ambos.

En octubre, luego del “Gran Acuerdo Nacional” entre las fuerzas políticas que permitió convocar a referéndum constitucional, el gobierno recuperó el control del país, especialmente del oriente. Entonces decidió concluir la tarea en Chaco.

De vuelta en Alto Parapetí

El regreso a Alto Parapetí había sido anunciado por el Decreto Supremo N 29802, firmado por el presidente en ejercicio, Alvaro García Linera, el pasado 19 de noviembre. Allí, daba una lista de los tratados internacionales contra la esclavitud a los que adhiere Bolivia, además de las leyes vigentes sobre el tema. Y determinó que el INRA “emitirá una guía que establezca los criterios, la metodología y procedimientos para verificar y establecer la existencia de sistemas servidumbrales, trabajo forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud de familias o personas cautivas o formas análogas, en materia agraria”. Según las leyes vigentes, si se demuestra que un propietario tiene esclavos, el Estado puede disponer de esas tierras y titularlas a favor de las víctimas.

El jueves 20, funcionarios del Viceministerio de Tierras, el INRA y decenas de uniformados ingresaron en Alto Parapetí por Caraparicito, la estancia de Ronald Larsen, un ciudadano de Montana, Estados Unidos, que tendría 15 familias guaraníes cautivas. Allí, en febrero habían sido secuestrados por varias horas y amenazados de muerte el viceministro, Alejandro Almaraz, y el presidente de la APG, Wilson Changaray, además de seis empleados públicos e indígenas. La semana pasada, los peones de Larsen recibieron con bala a los funcionarios y a la Policía Nacional. Estos últimos entraron en casa de Larsen, detuvieron a tres personas, pusieron en fuga a varias más y decomisaron armamento de caza y de guerra.

Los patrones

“No sabes, hermanito, lo que sentí en casa de ese gringo, después de todas las que nos hicieron pasar”, dijo a este diario un técnico del INRA. El lujo y esplendor de lo de Larsen chocan con la pobreza a la que son sometidas decenas de guaraníes a su alrededor. La policía sólo encontró a los peones. El jacuzzi estaba vacío, nadie recorría el zoológico privado que tiene entre sus 15 mil hectáreas. Se dice que Larsen no está en Bolivia.

Tampoco Malpartida ni Chávez. Los patrones que desde hace décadas esclavizan comunidades, compran y venden tierra con los guaraníes como parte del paisaje, de pronto desaparecieron. Algunos terratenientes se refugiaron en Santa Cruz, donde sus familiares iniciaron una protesta en la plaza central contra “los atropellos del gobierno masista”. Por ahora, las estancias ocupadas por la fuerza pública son Huaraca, Caraparí y Buena Vista, de René Chávez. Garantizarán que el INRA pueda hacer el saneamiento.

Actualmente, las pericias transcurren en el municipio de Camiri. Se calcula que en un mes habrán concluido. En enero, continuarán el relevamiento en los municipios de Cuevo y Lagunillas, que también serán parte de la TCO.

En un pronunciamiento, los cívicos de Cordillera y la Asociación de Ganaderos de Camiri acusaron al gobierno de cometer “actos delictivos, con allanamiento a propiedades privadas, maltratando y torturando a ciudadanos bolivianos sin razón fundada, privando de libertad a humildes guaraníes, atentando contra derechos y principios constitucionales y universalmente consagrados”.

Por ello convocaron “a la unidad en defensa de la legalidad, la constitucionalidad, la democracia, la libertad y el estado de derecho, a defender lo que por historia y en justicia nos corresponde”.

Los terratenientes, autoproclamados “víctimas”, acusan al gobierno de todo tipo de ilegalidades. Algunos sostienen que los policías los torturaron y les mandaron a matar ovejas y gallinas para cocinarlas. La voz principal de los ganaderos la tiene el presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Guido Nayar, que hace años fue –cuándo no– ministro de Gobierno (Interior) del ex dictador Hugo Banzer.

“Rechazo completamente estas insinuaciones de alguna persona y tendrán que demostrarlo. Fueron los propios terratenientes y latifundistas quienes acudieron a la violencia hace unos meses para evitar el saneamiento”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

“Si vuelven a hablar de comités de defensa armados, como hicieron hace algunos meses, tendrán que saber que va a haber una respuesta del Estado con la fuerza legal y constitucional”, agregó el ministro.

El gringo Larsen

Luego de abril, cuando el gobierno fue expulsado de estas tierras, los hacendados y la Prefectura iniciaron un plan dentro de la TCO con el espíritu de quitar los deseos de libertad a los guaraníes esclavizados. Se dice que los latifundistas comenzaron a pagar 30 bolivianos (cuatro dólares) por la jornada de trabajo, que generalmente consiste de 14 horas. Antes de abril pagaban 15 bolivianos por día. “Pagaban” es una forma de decir, porque pocas veces el peón guaraní ve algo del dinero. Es costumbre que los patrones paguen en especias, como alimentos y una muda de ropa al año. Quién pone el precio ya se sabe, de modo que los guaraníes quedan permanentemente endeudados. Y las deudas serán la herencia de sus hijos.

La Prefectura, por su parte, empezó a enviar alimentos como parte de un programa gubernamental. También trajo un plan de viviendas, pero en las comunidades aseguran que los regalos se reparten sólo a los guaraníes autonomistas. Los indígenas que exigen el respeto de los derechos básicos quedan de lado por revoltosos. Si los siervos no son dóciles, la opción patronal es expulsarlos de la hacienda, sobre todo para ahorrarse los problemas legales que pudieran ocasionarles.

El gobierno prevé que con el avance del saneamiento de Alto Parapetí, varios hacendados se desharán de los guaraníes que tienen cautivos. Por eso, mediante decreto se comprarán “dos o tres haciendas”. Según el viceministerio una de ellas será Caraparicito, de Larsen. Inmediatamente, estos predios serán entregados al pueblo guaraní como adelanto de la TCO. Allí podrán asentarse los que fueron expulsados.

Miguel Corrales es responsable de Salud de la comunidad yaití, cuyas 15 familias están cautivas de la estancia homónima de Luis Chávez, según denuncia la APG: “Desde abril que no trabajamos más para ellos. A nosotros no nos quieren dar trabajo, aparte no nos pagan bien, no nos conviene. Ahora vino la Prefectura con la construcción de viviendas, pero dieron a la comunidad vecina, El Recreo, y a nosotros nos dejaron a un lao. Pedimos que el gobierno investigue lo que hace la Prefectura. A la otra comunidad la dejaron como autonomista. Antes los guaraníes estábamos bien organizados. No puede ser que un hacendado nos haga esto, engañe a la gente para que nos estemos peleando. Ahora tenemos que luchar por nuestros hermanos esclavizados, por eso apoyamos el trabajo del INRA”.

“No he estudiado ni un día”, contestó Andrea Cerezo Bejarano cuando le preguntaron si sabía leer y escribir. Mientras desgranaba maíz para hacer mote, contó que sirvió como cocinera en Villa Mercedes, “la hacienda de don Alejo Chávez. Ahí nació y ahí murió mi papá. Yo viví en la comunidad hasta los 15 años, cuando mi abuelita murió. Entonces mi papá me llevó a la hacienda. Le pidió al patrón tela porque yo no tenía ropa. En esa época nos daban tela y nos costurábamos. El patrón, en vez de poner la tela a cuenta de mi padre, la puso a cuenta de mí. Así que me puso a trabajar para pagar mi deuda propia. Yo trabajaba y nunca sabía la deuda que pagaba. Nunca veía la plata”.

Andrea cocinaba desde las seis de la mañana hasta las 9 de la noche, lo habitual cuando se es esclavo en la hacienda. Hacia 1980, los guaraníes crearon la APG para defenderse de tantos atropellos. “Cuando llegó la organización de indígenas, los patrones nos decían ‘aquí es privado, no van a poder trabajar en grupo’. Igual seguimos luchando.”

Muchas veces, los guaraníes tienen que servir en otras haciendas donde, aunque poco, pagan con dinero verdadero. “Nunca reconocieron a nuestros padres, que dieron todo su sudor al patrón. Entonces si no pagan, nos vamos a otro lado a trabajar. Y cuando regresamos nos dicen ‘¿por qué no se van de una vez?’. Pero nosotros somos de ahí, es nuestra tierra. No vinimos de otro lado a vivir. Pero ahora vivimos dentro de la propiedad privada, no tenemos tierra. Por eso queremos tierra para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos.”

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ENTREVISTA A ANTONIO GOMEZ, EL FISCAL QUE PROCESO AL VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MINERA 01-12-08

ENTREVISTA A ANTONIO GOMEZ, EL FISCAL QUE PROCESO AL VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MINERA

El fiscal que denuncia a La Alumbrera

El fiscal Gómez sostiene que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto.

Halló pruebas para procesar al vicepresidente de la compañía por violación a la ley penal ambiental. Denuncia que buscan destituirlo.

Por Darío Aranda

Minera Alumbrera es el símbolo de la minería metalífera a gran escala de la Argentina. Ubicada en Catamarca, hace trece años que extrae oro y cobre, explota 340 toneladas de roca por día y utiliza 4 millones de litros de agua por hora en zona desértica. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que reúne a cien pueblos en lucha, la exhibe como el ejemplo del fiasco minero, desmiente todas las promesas de las compañías: no generó desarrollo local, no aportó riqueza al país y, por sobre todo, afirman que contaminó el medio ambiente. Luego de filtraciones en el dique de colas –una olla de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad, que hace de basurero químico—, cuatro derrames e innumerables denuncias, el vicepresidente de la compañía fue procesado por el presunto delito de contaminación. Es el primer caso en Latinoamérica en el que un ejecutivo minero llega a esa instancia judicial. Las organizaciones sociales festejaron la medida y el sector empresarial se declaró en alerta. El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, fue el impulsor de la investigación y aportó las pruebas más comprometedoras. Asegura que la industria minera contamina, al igual que las pasteras y el monocultivo de soja. Afirma que detrás de cada hecho de contaminación hay un funcionario corrupto y reconoce que no hay condenas porque reina la impunidad. Gómez, que es jefe de fiscales federales, también denuncia una avanzada judicial que puede terminar con su destitución.

–¿Cómo comienza la causa Alumbrera?

–Nace con el antecedente de denuncias de comunidades de Catamarca y Tucumán. Y a poco de comenzar a investigar detectamos que Minera Alumbrera presentaba serios problemas de contaminación. Con Gendarmería Nacional comenzamos a hacer las primeras pericias y comprobamos que el canal DP2, donde Alumbrera descarga desechos, en Tucumán, tiene índices de contaminación muy elevados. Esa investigación preliminar concluye en dos partes: por el hecho de contrabando, que se requiere instrucción en Rosario, y la contaminación ambiental. Soy fiscal de Cámara, así que entrego esa información al fiscal de primera instancia. Este requiere instrucción, pide la declaración indagatoria de Julián Rooney (vicepresidente de Alumbrera).

–¿Qué pruebas permiten el procesamiento?

–Hay pruebas de contaminación hasta en los informes de impacto ambiental de la propia empresa. A confesión de partes, relevo de pruebas. Esos informes aceptan, literalmente, la contaminación por encima de los niveles permitidos por la Ley 24.051, que es nuestra ley penal ambiental. El informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en su página web, reconocía la contaminación y es otra prueba. Los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, con datos de altos índices de contaminación. Y la pericia que hicimos con Gendarmería muestra gran cantidad de metales en el ambiente.

–¿Cuál podría ser la condena de Rooney?

–La Cámara Federal diferencia el delito doloso y el culposo, y le imputa a Rooney el delito doloso de contaminar el ambiente, sostiene que lo hace intencionalmente, que no se trata de una cuestión negligente. Le puede corresponder un mínimo de tres años de prisión. El máximo depende de las víctimas y la lesión que se haya realizado al medio ambiente. Por ejemplo, si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más.

–En el caso de Alumbrera, ¿quién sería el funcionario responsable?

–Hay que remarcar que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto. En el caso Alumbrera he pedido la imputación directa del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Estoy seguro de que Mayoral sabía de la contaminación de Alumbrera.

–Minería, pasteras y monocultivo de soja. ¿Qué observa en común?

–Minería, pasteras y soja tienen en común que son impunes y que lucran con la salud pública. Y esto es un tema central de control. En este país, según Transparencia Internacional, es muy alta la impunidad. Y la corrupción es en función de la impunidad. Un dato: de 2000 a la fecha, hubo 1254 causas en el interior del país por delitos ambientales. En sólo cinco hubo condenas. Es una muestra de la impunidad.

–¿Fallan los organismos de control o es una política de complicidad para contaminar?

–En algunas áreas es una política de complicidad, con impunidad estructural y personal. Creo que la corrupción es transversal. Atraviesa toda la dirigencia, todas las capas. El poder económico viene a la Argentina a contaminar porque aquí le hemos facilitado las cosas. La minería es un caso emblemático. Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesaría explotar el negocio. Con las papeleras e ingenios sucede lo mismo.

–¿Qué opina del uso de agrotóxicos como el glifosato?

–Cuando cae a la tierra, provoca un grave caso de contaminación ambiental. No podemos rociar indiscriminadamente: cuando toca la tierra o el agua, es muy grave.

–El último año se fumigó con 165 millones de litros de glifosato. ¿Por qué no hay causas?

–Porque no hay fiscales preocupados en cuestiones ambientales y porque no hay jueces preocupados.

–¿Por qué en el caso del glifosato se pide que haya pruebas que demuestren el daño?

–Porque son ignorantes o cómplices. En esos casos debiera aplicarse la figura de delito de peligro. El delito de peligro clásico es el narcotráfico. Porque se captura la droga antes que haga daño. Con la droga se pone en peligro a la comunidad. Los delitos de contaminación son contra la salud pública de la misma manera que el narcotráfico. Y es un delito de peligro, se lo tiene que detener antes que haga daño a la comunidad. No se puede esperar, como ha dicho algún fiscal, una víctima y comprobar el nexo causal entre la contaminación y la víctima porque eso es inmoral. Está establecido en la ley, dice “quien ponga en peligro”, artículo 55 de la 24.051, no dice que “dañe”. Son dos cosas muy distintas. Narcotráfico y contaminación son delitos de salud pública. El narcotráfico sólo afecta a quien quiere consumir droga que puede ser un porcentaje determinado de la población, mientras que la contaminación afecta a quienes no quieren consumir, a todos, y a pesar de ello el dinero dispuesto desde el Estado para combatir el narcotráfico es interminable, pero para combatir la contaminación es casi inexistente.

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LAS PRESIONES AL FISCAL INCLUYEN UNA DENUNCIA POR INVESTIGAR

Presiones, sumario y destitución

–¿Qué relación existe entre la investigación Alumbrera y los pedidos de destitución en su contra?

–Los pedidos de destitución no son casuales, están vinculados con la causa Alumbrera. El procesamiento del vicepresidente de Alumbrera era algo cantado en febrero de este año y las denuncias en mi contra son posteriores. El secretario general del gremio judicial, Julio Piumato, me acusa de presionar a mis empleados. Es una gran mentira, y eso se traslució cuando los empleados le expresaron al procurador general y al propio Piumato que todas las aseveraciones que hacía Piumato eran absolutamente falsas. El otro pedido de destitución que tengo es por hacer investigaciones, así de ridículo. Es el caso de Miguel Gordillo, un empresario acusado de evasión que me denuncia por investigar, literal: me denuncia porque no le giré la causa a un fiscal. Y pide mi destitución por eso. Es cierto que como fiscal de Cámara no tengo obligación de hacer investigaciones preliminares, pero sí tengo el derecho.

–¿Cómo repercutieron esos pedidos de destitución?

–Coadyuvaron a que no realice más investigaciones preliminares. Además, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, firmó una resolución en 2007, la 121, en donde reguló las investigaciones preliminares, acortó el plazo de la investigación a 60 días y a los fiscales de Cámara sólo nos dejó el rol de controlar a los fiscales de primera instancia. Todo esto no ayuda a hacer investigaciones preliminares. Todo jugó muy en contra porque en Tucumán llevábamos más de cien causas de contaminación ambiental, investigamos ingenios, citrícolas, mineras, hospitales, frigoríficos, basurales y sanatorios.

–Pero no tiene prohibido realizar investigaciones preliminares.

–El procurador general no me prohibió las investigaciones, pero no desestimó las denuncias falsas que hay sobre mí y limitó el tiempo de las investigaciones. Los pedidos de destitución y el avance de esas denuncias me han llevado a no realizar más investigaciones preliminares. Es muy doloroso tratar de cumplir una función que no me es obligatoria y no contar con un respaldo concreto y efectivo de mi superior jerárquico. Hay que tener presente que un axioma que corre por Tribunales dice “si vos querés planchar a un magistrado activo, empapelalo a denuncias y demorale los trámites”. El Consejo Evaluador, que evalúa las denuncias en mi contra, consideró que hay motivos para hacerme un sumario. Estamos cerca de que me suspendan en el cargo y hagan un jury de enjuiciamiento. No cuestiono que se me investigue, que lo hagan, pero que por lo menos la denuncia incluya un delito, no como ahora que me denuncian por investigar.

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Director de PDI defenderá en la Cámara los tests antidrogas

Lunes 1 de diciembre de 2008



Por Claudio Leiva Cortés / La Nación

Afirma que no han disminuido y que se siguen realizando junto a otras medidas contra la corrupción

Director de PDI defenderá en la Cámara los tests antidrogas

Arturo Herrera recibirá hoy la invitación a la Comisión de Seguridad de los diputados. La sesión especial se realizará mañana o el miércoles y en ella deberá explicar los casos de Trevor Oyarzún y los “borrones mágicos”.

El director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, "no tiene problemas" en concurrir a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados a explicar los casos de corrupción que se han registrado al interior de la PDI en las últimas semanas.

"Todo lo contrario, está muy dispuesto a responder todos los requerimientos de los diputados, especialmente en lo referente a si se cumplen o no los tests de drogas y los monitoreos internos de factores de riesgo y conductas indebidas", explican los asesores del director de la PDI.

En la institución policial esperan recibir hoy la invitación para que Herrera concurra a la comisión que preside el diputado RN Cristián Monckeberg. Se estima que la sesión especial se realizará mañana o el miércoles. Los parlamentarios lo interrogarán por al menos cuatro casos de corrupción.

Los más difundidos son la red de "borrones mágicos", en la que hay 12 ex detectives en prisión preventiva", y las detenciones del ex prefecto Trevor Oyarzún y del ex comisario Jorge Sánchez, acusados de quedarse con 40 de los 922 millones de pesos del llamado "robo del siglo".

Pero también están los dos episodios ligados al caso Tata-Registro Civil. En el primero, cinco detectives son investigados por su presunta responsabilidad en la destrucción de dos discos duros, mientras que en el segundo, el ex jefe de la Unidad de Monitoreo Telefónico de la PDI, Jorge Donoso, reconoció haber quemado una cinta con escuchas.

"NADA SE OCULTA"

Los asesores del director Herrera destacan que "desde que asumió la dirección de la PDI, su política ha sido de tolerancia cero con los hechos de corrupción y de completa transparencia institucional. En la Policía de Investigaciones nada se oculta. Todos los posibles casos de corrupción no sólo se investigan, sino que también se informan".

"En esta línea de tolerancia cero -añaden-, el funcionario que se aparte de la probidad recibirá las máximas sanciones. No sólo serán expulsados, también la institución se querellará contra ellos y, en caso de ser declarados en prisión preventiva, se les negará la reclusión en los cuarteles de la PDI. Es decir, tendrán que ir a la cárcel".

En cuanto a los tests de drogas y controles internos, los asesores de Herrera afirman que "no han disminuido, sino que se han mantenido y han funcionado. Prueba de ello es que han posibilitado detectar estos últimos hechos y denunciarlos. Es la propia institución la que ha descubierto a los funcionarios corruptos. Por ende, los controles funcionan".

CÓDIGO DE ÉTICA

En la dirección de la PDI también destacan que la institución fue la primera de su tipo en América Latina en tener un código de ética. Incluso, fue adoptado por las policías de, por ejemplo, Costa Rica, Guatemala, Honduras y otros países.

"Este código de ética se incorporó a la malla curricular de la Escuela Policial y sus normas son conocidas por todos los funcionarios. Por lo tanto, quienes no lo respetan saben a lo que se exponen. El funcionario que se aparte de la probidad recibirá las máximas sanciones".

Para resumir, indican en la dirección de la PDI, las grandes ideas que defenderá Arturo Herrera en la Comisión de Seguridad de la Cámara son la rigurosidad de los tests antidrogas, el monitoreo permanente de los factores de riesgo y conductas indebidas y la transparencia institucional".

SIGUE INVESTIGACIÓN

En cuanto a la investigación que se sigue por la apropiación de los $40 millones, en la PDI no descartan que en el transcurso de las pesquisas aparezcan otros involucrados, además de Trevor Oyarzún y del ex comisario Jorge Sánchez.

"Hay una investigación en curso y no se puede descartar que haya uno o dos más involucrados, incluso de distintos estamentos", reiteraron en la PDI. No se especificó el rango ni las unidades a que pertenecerían los nuevos implicados.
Oyarzún y Sánchez permanecen recluidos e incomunicados en el penal de Santiago 1, a la espera de que la Corte de Apelaciones de la capital resuelva un recurso que presentaron los abogados defensores para revertir la prisión preventiva.

“REESTRUCTURACIÓN DE BIROM BUSCA DAR SEÑAL DE GARANTÍA”

“La mayoría de los detectives involucrados en hechos de corrupción provenía de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana (Birom) y por eso se ordenó su reestructuración”, reconocen la dirección de la Policía de Investigaciones.

La famosa Birom que encabezaba Trevor Oyarzún (en la foto) fue intervenida y el nuevo jefe nacional de Delitos contra la Propiedad, prefecto inspector Raúl Liberona, comenzó de inmediato a trasladar personal a otras unidades.

El primer afectado fue el subprefecto Héctor Romero, jefe de la Birom, redestinado al Instituto de Criminología. “Pero esta reestructuración no significa que sus integrantes estén acusados; se trata de dar una señal de garantía hacia la ciudadanía”, indican en la PDI.

El otro objetivo que busca la reestructuración es que la Birom responda de mejor forma ante los robos y asaltos, que son delitos de gran connotación social.





http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081130/pags/20081130230055.html






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01 de Diciembre de 2008

Corte revoca prisión preventiva a ex funcionarios de Investigaciones

La medida beneficia al ex jefe de la Brirom, Trevor Oyarzún, quien es vinculado al llamado "robo del siglo" ocurrido en 2006 cuando un grupo de individuos robó $922 millones a los guardias de un camión Brink's en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Sin embargo, aún debe responder ante la justicia por la acusación que pesa en su contra por la adulteración de una alcoholemia que se le practicó tras un accidente de tránsito.

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en forma unánime revocar la prisión preventiva dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía contra el ex jefe de la Brigada de Robos Metropolitana (Birom), Trevor Oyarzún, y el comisario de la Policía de Investigaciones, Jorge Sánchez, quienes fueron vinculados al llamado “robo del siglo” y a la red de corrupción, respectivamente.

Los magistrados Manuel Valderrama, Alfredo Pfeiffer y el abogado integrante Emilio Pfeffer justificaron el fallo poniendo énfasis en la insuficiencia de antecedentes que entregó el Ministerio Público para acreditar el ilícito y por ello decretaron la libertad de ambos imputados por falta de méritos.

Al respecto, la abogada de Oyarzún, María Verónica Rocca, se mostró satisfecha con el fallo, por cuanto tendrá “tiempo para demostrarle no sólo Ministerio Público sino al país completo que Trevor Oyarzún es la persona intachable que todos conocemos”.

Sin embargo, aún debe responder ante la justicia por la acusación que pesa en su contra por la adulteración de una alcoholemia que se le practicó tras un accidente de tránsito.

El ex jefe de la Brigada de Robos Metropolitana (Brirom), se encontraba detenido por su vinculación con el llamado "robo del siglo", ocurrido en 2006 cuando un grupo de individuos robó $922 millones a los guardias de un camión Brink's en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.Oyarzún y el comisario comisario en servicio activo, Jorge Sánchez Sandoval, comparecieron ante la justicia la semana pasada por la supuesta apropiación de parte del botín sustraído por delincuentes.Según la fiscalía centro norte, ambos se quedaron con $ 40 millones de pesos de $ 100 millones que eran parte del botín y que encontraron en un vehículo mientras realizaban la investigación.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/en_libertad_ex_funcionarios_de_investigaciones/



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Plaguicidas y trabajo infantil: niño de 12 años hospitalizado en Talca 21-11-08

Organizaciones sociales y ambientales -entre ellas la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL Chile), donde trabajo -denunciaron hoy las graves lesiones que sufrió un niño de doce años en la comuna de San Clemente, cuando trabajaba cosechando habas en el fundo "Cunquillar". La Alianza por una Mejor Calidad de Vida, integrada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL) sostuvo que el caso es una muestra más de la inexistencia en Chile de las denominadas "buenas prácticas agrícolas" en cuanto al uso de plaguicidas y respecto de la persistencia del trabajo infantil en Chile. Queda de manifiesto, una vez más, la inexistente fiscalización de las infracciones a la legislación que prohíbe el trabajo de menores. Cuando los niños trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas, la infracción, el riesgo y los daños son doblemente graves.El Hospital de Talca notificó de este hecho tardíamente a la Red de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas (REVEP, dependiente del Ministerio de Salud) como "reacción alérgica severa a plaguicidas", aunque inicialmente sólo había diagnosticado una dermatitis. Ariel Meza Mondaca, de 12 años,es el niño afectado por estas lesiones de aspecto idéntico a las quemaduras, atribuidas a agroquímicos no determinados. El menor permanece hospitalizado desde el sábado 15 de noviembre en Cirugía Infantil de ese establecimiento. Su madre, Angélica Mondaca, lo llevó al hospital en busca de atención adecuada luego de dos días de procurar sanarlo en su casa. Otro menor, Agustín Jara Alfán, de 14 años, y una trabajadora temporera adulta, Luisa Cáceres González, fueron atendidos por problemas similares en la posta del sector Mercedes (comuna de San Clemente, séptima región) lo que llevó a Salud Ocupacional de esa región a calificar el caso como brote.Estos incidentes ilustran el daño a la salud de los sectores más vulnerables de la población -familias campesinas de bajos ingresos y con escaso nivel de organización-, provocado por el uso indiscriminado y muchas veces negado de plaguicidas en zonas agroexportadoras. El slogan "Chile, potencia alimentaria" acuñado por el gobierno ignora los costos ocultos de esta opción, según recuerdan en su comunicado las organizaciones citadas.El menor presentó graves lesiones en la piel el jueves 13 de noviembre, luego de cuatro días de trabajo junto a un centenar de temporeros y temporeras en la cosecha de habas de ese predio de San Clemente, perteneciente a Luis Parot Smith (de la Sociedad Agrícola San Pedro Limitada) y administrado por Fernando Acuña. El pequeño esperaba recibir mil pesos por cada saco de 30 kilos de habas y, según la prensa local, quiso trabajar -sin autorización materna- para comprarse zapatillas. Salud Ocupacional de la Región del Maule calificó el caso como brote y lo notificó a la Red de Vigilancia Epidemiológica el 18 de noviembre, tres días después de la hospitalización. El hospital se alertó luego de la llamada de ese servicio, y comprobó la existencia de más afectados cuyos diagnósticos habían sido consignados como dermatitis.La subnotificaciónPamela Mejías, ingeniera en prevención de riesgo que trabaja en equipo con el doctor Carlos Concha, de Salud Ocupacional- Región del Maule, informó a RAP-Chile que la subnotificación es un grave problema en la zona. El hecho que no se considere como sospechoso de intoxicación por plaguicidas un caso de problema dérmico agudo es parte de ello.

El error de diagnóstico puede atribuirse a la alta rotación en los equipos de salud, lo que invalida la formación de capacidades especializadas que permitan diagnosticar correctamente y notificar en forma oportuna las intoxicaciones por plaguicidas. La epidemióloga del Hospital de Talca sólo consideró el caso como sospechoso de intoxicación por plaguicidas después de ser alertada por Salud Ocupacional. En esta oportunidad tampoco se tomaron muestras en el lugar, y al menor no se le hizo el examen de niveles de colinesterasa.Encubrimiento del uso de plaguicidasEl dueño del fundo Cunquillar y su administrador niegan haber aplicado plaguicidas, y afirman que las quemaduras corresponden a ¡un efecto alérgico provocado por el manzanillón!Este argumento había sido utilizado anteriormente por la parte patronal, cuando el 22 de octubre de 2004 temporeras de San Clemente que cosechaban habas resultaron con graves quemaduras. Las imágenes de las trabajadoras agrícolas con lesiones y llagas en distintas partes del cuerpo impactaron fuertemente a la opinión pública. Recién 11 días después de ocurrida esa intoxicación llegaron al lugar funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para tomar muestras del cultivo y someterlas a análisis. Debido al tiempo transcurrido, no se encontraron rastros de plaguicidas. Las trabajadoras solamente volvieron a sus casas 15 días después. Pero quedaron imposibilitadas de volver a trabajar en faenas agrícolas, única oportunidad laboral en su comuna.En 2006, la Corte Suprema de Justicia apoyó la sanción impuesta por la autoridad sanitaria de la VII Región que determinaba que las trabajadoras no contaban con los equipos necesarios para protegerse y el empleador, Antonio Navarrete Rojas, fue multado por más de seis millones de pesos. Sin embargo, las temporeras quemadas jamás fueron indemnizadas.Historial de este añoHasta la fecha ha habido 22 casos individuales de intoxicaciones en la Región del Maule, además del brote registrado a comienzos de año en Pelarco durante la cosecha de maíz. Según informó Pamela Mejías, se han estado haciendo talleres de capacitación a personal de atención primaria de salud en Cauquenes y Curicó. Al mismo tiempo, Salud Ocupacional está haciendo sumarios y auditorías en Molina, Lontué y Linares para cruzar los diagnósticos médicos de postas y hospitales y determinar la subnotificación de casos de intoxicación por plaguicidas.Por otra parte, la Dirección del Trabajo de la Región del Maule inició un sumario, ya que en Chile es ilegal que trabajen en predios niños en edad escolar.

Publicado por Lucía Sepúlveda en 4:38 PM

http://periodismosanador.blogspot.com/2008/11/plaguicidas-y-trabajo-infantil-nio-de.html

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COMANDO UNITARIO DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES, CHILE (actualizado 29-05-09)

PROPUESTA DEL COMANDO UNITARIO DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES: PROYECTO DE LEY

El Comando Unitario de Ex Presos Politicos y Familiares, entregó publicamente en la sede de Gobierno, específicamente en el Salon Montt Varas, el martes 26 de mayo del 2009, la Propuesta de Ley de Reparacion, que adjuntamos para su conocimiento. En este Acto participaron en representación del Ejecutivo, la Ministro Secretaria General de Gobierno, Carolina Toha, el Subsecretario de la misma cartera, Edgardo Riveros y la Presidenta de la Comisión Presidencial para los DD.HH, María Luisa Sepulveda, quienes recibieron la Propuesta, se comprometieron a estudiar los aspectos de esta que aun no estan incluidos en ningun proyecto de reparacion y de enviar al Congreso el proyecto que finalmente elabore el Gobierno, en el periodo legislativo de junio. Participaron en el acto mas de 20 dirigentes nacionales del Comando Unitario, que representaron a los miles de ex PP y Familiares que esperan una solucion digna y eficaz, antes de que termine el mandato la Presidenta Michelle Bachelet, la que en el discurso del 21 de mayo, se comprometió a realizar los esfuerzos para 'ampliar y perfeccionar las reparaciones a las victimas y sus familiares'. El llamado es a no bajar la guardia, a intensificar las conversaciones con los parlamentarios de todas las bancadas, a mantenernos movilizados, a informar a todos los ex PP no organizados de lo que esta en juego y asesorar debidamente a los compañeros y compañeras que aun no han sido reconocidos como victimas de prision politica y tortura. Como el tema de la Justicia, la Verdad y la Reparacion, no se agota en los temas aquí planteados, debemos evaluar, debatir y elaborar propuestas concretas en el Tercer Encuentro Nacional Unitario que se realizara el 20 y 21 de Junio. Se entregó el siguiente comunicado a los medios que cubrieron la ceremonia: UNA INVERSION ETICAMENTE NECESARIA Cuando ya han pasado cinco años de la promulgación de una Ley de Reparación “austera y simbólica” –la 19.992-, en materia de verdad, justicia, memoria y reparación integral, todavía no se han tomado todas las medidas que garanticen estos derechos a las víctimas. Para un país que ocupa un sitial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que cuenta con las condiciones políticas y financieras para hacer efectivamente justicia a quiénes fueron vulnerados en sus derechos más elementales, el establecer hoy una nueva Ley de Reparación es una inversión éticamente necesaria. Los fundamentos de las demandas de verdad, justicia, memoria y reparación integral, sustentados por las organizaciones de ex – presos políticos, han sido y son coherentes con los principios y directrices básicas del Derecho Humanitario Internacional, el que norma la obligación ética y política del Estado, de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida, frente a violaciones a los derechos humanos. En este sentido, Naciones Unidas establece que la Reparación debe ser proporcional a la violación de los derechos humanos y al daño causado y corresponde, en consecuencia, la restitución, compensación, y garantías de no repetición, es decir que Nunca Más se vuelvan a cometer en Chile delitos de lesa humanidad. En estos mismos argumentos se basó la propia Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura el 2004, para fundamentar las recomendaciones de reparación presentadas a su mandante, el entonces presidente Ricardo Lagos. Sin embargo la ley 19.992, que finalmente se aprobó, ignoró parte sustancial de las recomendaciones que hiciera la CNPPyT, he hizo caso omiso de la legislación internacional respectiva. Chile ha jugado un papel activo en el concierto de las Naciones, impulsando mejoras a la legislación internacional; es la hora de la coherencia interna. La Resolución 60/147, promovida por años por la delegación chilena, y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 marzo de 2006, establece con precisión las obligaciones de los Estados, es en este marco que el Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares presenta al Gobierno de Chile, formalmente su Propuesta para una Ley de Reparación, con la esperanza que sea prontamente ingresada al parlamento, donde cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para ser aprobada a la brevedad. Una nueva ley de Reparación, que como expresara la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo, tenga como objetivo “... ampliar y perfeccionar las reparaciones a las víctimas y sus familiares”. PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY DESTINADO A MODIFICAR LA LEY 19.992 SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA INTRODUCCION Cuando ya han pasado cinco años de la promulgación de una Ley de Reparación “austera y simbólica” –la 19.992-, la tramitación del Proyecto de Ley que pretendía crear un Instituto Nacional de Derechos Humanos transparentó la conciencia que existe en el Gobierno de Chile, en el Congreso Nacional, entre los Partidos Políticos y en la ciudadanía; que la reparación a los sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos en el país ha sido insuficiente y tardía. Siendo Chile un país que ocupa un sitial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que cuenta con las condiciones políticas y financieras para hacer efectivamente justicia a quiénes fueron vulnerados en sus derechos mas elementales, el establecer hoy una nueva Ley de Reparación es una inversión éticamente necesaria. Los fundamentos de las demandas de verdad, justicia, memoria y reparación integral,sustentados por las organizaciones de ex–prisioneros políticos, han sido y son coherentes con los principios y directrices básicas del Derecho Humanitario Internacional, el que norma la obligación ética y política del Estado, de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida, frente a violaciones a los derechos humanos. En este sentido la ONU establece que la Reparación debe ser proporcional a la violación de los derechos humanos y al daño causado y corresponde, en consecuencia, la restitución, compensación, y garantías de no repetición, es decir que Nunca Más se vuelvan a cometer en Chile delitos de lesa humanidad. En estos mismos argumentos se basó la propia Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura [CNPPyT] en 2004, para fundamentar las recomendaciones de reparación presentadas a su mandante, el entonces presidente Ricardo Lagos. Sin embargo la ley 19.992, que finalmente se aprobó, ignoró parte sustancial de las recomendaciones que hiciera la CNPPyT, he hizo caso omiso de la legislación internacional respectiva. El mayor valor que tiene el Informe de la CNPPyT es que estableció como verdad histórica - aceptada por el conjunto de la sociedad-, que durante la Dictadura se implementó una política global de Terrorismo de Estado y se violaron sistemáticamente todos los derechos humanos. Pero, en materia de verdad, justicia, memoria y reparación integral, cinco años después, todavía no se han tomado todas las medidas que garanticen estos derechos a las víctimas, los cuales están estipulados y consagrados en el Derecho Humanitario Internacional. Chile ha jugado un papel activo en el concierto de las Naciones, impulsando mejoras a la legislación internacional; es la hora de la coherencia interna. La Resolución 60/147, promovida por años por la delegación chilena, y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 marzo de 2006, establece con precisión las obligaciones de los Estados, en “LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES BÁSICOS SOBRE EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DDHH Y DE VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, A INTERPONER RECURSOS Y OBTENER REPARACIONES”. En su artículo V, principio 8, esta Resolución establece que: “se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa…” En su artículo IX, principio 15, plantea: “Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la Justicia…” y agrega “La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario…” El principio 18, especifica: “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, UNA REPARACION PLENA y EFECTIVA, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.” Es por esta razón que, en forma responsable los ex–prisioneros[as] políticos[as] de Chile y sus Familiares, representados por la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos [ANEXPP], la Brigada Nacional de Ex Prisioneros Políticos Socialistas [BEXPPS], la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos [CNEXPP], los Familiares de Ex Prisioneros Políticos Fallecidos [FEXPPF] y la Coordinadora de Ex Presos Políticos del PRSD [CEXPP/PRSD] agrupados en el Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares, planteamos al Ejecutivo y al Legislativo en el Congreso Nacional, la necesidad de presentar y aprobar una Ley de Reparación Integral que respete la legislación internacional, haga suyas las recomendaciones de la Comisión de Prisión Política y Tortura, y ponga fin a las graves injusticias cometidas contra quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Nuestra petición se da en el marco de los acuerdos establecidos en las conversaciones sostenidas con el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, y con la delegada Presidencial en DDHH, María Luisa Sepúlveda durante el año 2008, con la Presidenta de la Republica, Michell Bachelet, el 27 de noviembre pasado. Mismas a las que diera continuidad la actual Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá hasta la fecha; con las Comisiones de Derechos Humanos tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, que apoyaron en diversas peticiones al Ejecutivo nuestras legítimas demandas, en los Proyectos de Acuerdo aprobados en Sala en este mismo sentido y en la petición expresa firmada por 50 parlamentarios de todas las bancadas en orden a solicitar del Ejecutivo la presentación de una nueva ley de reparación de carácter general, que se funde en criterios de inclusividad, de no discriminación y dé garantías efectivas de no repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país entre 1973 y 1990. La Nueva Ley ha de estar fundada en un concepto amplio de reparación que comprende el entorno de la víctima de delitos de lesa humanidad, fallecida o sobreviviente como afectado directo, por el derecho humanitario internacional y que -en consecuencia- deberá cuidar de generar condiciones efectivas para el ejercicio del derecho a la Verdad, la Justicia, la Memoria y la Reparación. Establecido el compromiso del gobierno de resolver mas tardar en Junio del presente año y atendidas las palabras de la Presidenta en su reciente discurso de 21 de mayo, que aluden a la disposición de abordar los temas pendientes en materia de reparación a las víctimas y sus familias; hacemos entrega de la propuesta de Ley emanada de las organizaciones nacionales unitarias a continuación firmantes. Firman a continuación: NELSON ARAMBURU JUAN ROJAS Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos de Chile IRMA ALVARADO MIGUEL RETAMAL Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos Políticos de Chile MANUEL JIMENEZ PEDRO ORTIZ Brigada Nacional de Ex Prisioneros Políticos Socialistas ANA DE LA BARRA HAYDEE OBERREUTER Familiares de Ex Prisioneros Políticos Fallecidos 29/05/09

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Informe de situación

El 30 de diciembre, fue la última vez que el Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares se reunió con un alto representante del Gobierno en el marco de las negociaciones por una nueva Ley de Reparación. En la ocasión, el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, nos informó -poniendo de testigos a la Delegada Presidencial María Luisa Sepúlveda y al Asesor del Ministerio SGP, Cristian Opazo- que por expresas instrucciones de la Presidenta , los ex presos políticos tendríamos una nueva Ley de Reparación.

El procedimiento seria el siguiente: En enero el Gobierno repondría la urgencia en el Parlamento al Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que contempla tres importantes reivindicaciones de los ex PP: Apertura del Proceso de Calificación para aquellos ex PP que no han sido reconocidos y por tanto no tienen acceso a ningún beneficio, la heredabilidad de la pensión “a la viuda”, y el traspaso de beca universitaria a un hijo o nieto.

De ser aprobado el Proyecto, el Gobierno se comprometía a enviar una ley complementaria en marzo, que incorporaría los temas reparatorios pendientes: compatibilidad de pensiones, incremento de la pensión reparatoria, indemnización por prisión política, calificación expedita de los ex menores, apoyo jurídico para la presentación de querellas, asegurar por ley el Programa de Salud PRAIS, acceso a viviendas, derogación del articulo 15 de la Ley 19.992, que asegura 50 años mas de impunidad a quienes cometieron graves crímenes contra la humanidad, y declarar el 26 de junio como Día Nacional Contra la Prisión Política y la Tortura. De no ser aprobado el INDH en enero, se presentaría en marzo –luego de concordar con nosotros- un Proyecto de Ley de Reparación que contuviera todos los puntos.

El Gobierno puso Urgencia al Proyecto INDH en enero, pero ante la carencia del quorum suficiente para aprobarlo, la retiró; con lo que todo volvió a fojas cero. La salida de Francisco Vidal en marzo del MSGG, nos dejó sin interlocutor. Con la nueva Ministra Carolina Toha nos reunimos el 20 del mismo mes –a poco de haber asumido- y quedó de llamarnos en cuanto se reuniera con la Presidenta que a la sazón andaba en China. Estamos en mayo, los tiempos políticos se agotan (carrera electoral, fin del Gobierno de Bachelet); y no tenemos ninguna solución.

Si no logramos algo ahora, tendremos que comenzar todo otra vez con el nuevo Gobierno que asuma; y ya sabemos lo que le importan al senador Frei los Derechos Humanos (su Gobierno lo único que hizo en esta materia fue constituir la Mesa de Diálogo), y qué decir de Piñera.

Esto, mientras día tras día mueren compañeros sin haber obtenido el mínimo reconocimiento y dejando a sus familias en la indefensión. Esto explica la desesperación de nuestras bases, que exigen acciones más decididas para romper el estancamiento y obtener la legítima reparación social, política, ética y económica, que en justicia corresponde. Por esta razón, es que el Comando Unitario ante el incumplimiento del Gobierno, ha concordado presentar su Anteproyecto de Ley al Ejecutivo y exigir que sea presentado a la brevedad en el parlamento, donde existen compromisos firmados, que garantizan la aprobación de una Ley de estas características.

Si ello no ocurre, todas las organizaciones afiliadas al Comando unitario, iniciaremos una Huelga de Hambre a nivel nacional, que ponga en evidencia que la Verdad , la Justicia y la Reparación , no han alcanzado en Chile las cotas mínimas de cumplimiento, a pesar de lo que el Gobierno sostiene en el Informe que presentará el próximo 8 de mayo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Nelson Agustín Aramburu Coordinador del Comando Unitario de Ex PP y Familiares. 02 de mayo de 2009

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Ante los lamentables dichos del ex presidente Aylwin


Señor Aylwin,Los ex presos políticos y la opinión pública, hemos conocido sus últimas declaraciones a los medios, esta vez referidas al aniversario de la llamada Comisión Rettig instalada bajo su Gobierno el 25 de Abril de 1990. En ella usted opina además, respecto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura instaurada por el Gobierno de Ricardo Lagos en la segunda mitad del 2003.Antes que nada, no podemos dejar de recordarle de que usted no es una persona cualquiera, a la cual se pudiese catalogar de desinformada o sencillamente ignorante respecto de la historia de su país. Usted es un connotado miembro de la clase política chilena, que ha ocupado el mas alto cargo público que permite nuestro ordenamiento constitucional. Es más, es usted uno de los personajes claves de un momento trágico que finalmente terminó con la Democracia , instalándose en Chile el horror de la dictadura, cuyo entramado constitucional aun perdura. Es por ello que sus declaraciones lastiman nuestra dignidad. Usted ha señalado que no ve la necesidad de que se reabran ambas Comisiones pues a su parecer “ya no existirían personas que las justificaran”. Si usted se refiere a la no existencia de familiares de personas ejecutadas, desaparecidas o sobrevivientes (ex presos políticos y torturados) del terrorismo de Estado que asoló la Patria en nuestra historia reciente, esta muy equivocado, particularmente en lo que se refiere a los ex presos políticos y torturados, desde cuya condición respondemos sus lamentables declaraciones.Decimos lamentables, pues lo real y concreto es que hay miles de personas que fueron encarceladas y torturadas, por los que el Estado de Chile -responsable de ello-, aun no responde. Antecedentes de ello existen en instituciones de DDHH, entre numerosos parlamentarios y la propia Presidenta de la República , con quien nos reunimos el 27 de noviembre pasado, ocasión en que le entregamos formalmente nuestra demanda de 12 puntos.Por cierto nos damos cuenta de que tenemos distinta apreciación respecto del resultado final de las medidas reparatorias de su Gobierno y el del señor Lagos. Nosotros en tanto luchadores sociales, generosos en la lucha por la recuperación democrática, que pusimos el cuerpo y el alma en ese esfuerzo, que fuimos por ello objeto de crímenes contra la humanidad; sentimos en nuestro fuero íntimo haber sufrido un maltrato inmerecido desde la misma génesis de estas medidas, y humillados finalmente con lo otorgado por la ley 19.992, con la que el Estado pretendió después de 30 años, dar por reparado el daño causado a miles de compatriotas.A juicio nuestro, una iniciativa hipócrita y mezquina, muy lejos de los parámetros establecidos en los pactos y tratados internacionales sobre la materia, de los que Chile es signatario. Gracias a políticos como Ud., cientos, tal vez miles de ex presos políticos y torturados ya se fueron de este mundo sin haber obtenido la necesaria, debida y justa reparación por los crímenes cometidos en su contra, que destruyeron su entorno familiar y social.Para usted seguramente fue una respuesta del Estado bajo el criterio de lo posible. Para nosotros, a pesar de las declaraciones e informes oficiales, el Estado de Chile sigue en deuda. No solo con los ex presos políticos y torturados, sino con la sociedad entera ya que no ha respondido a cabalidad con los compromisos adquiridos internacionalmente, en el sentido de establecer una política de DDHH refrendada en leyes que impidan desde ya los abusos y acciones criminales de los agentes del estado en contra de los ciudadanos.Por ello creemos, a pesar de su egoísta opinión, que es necesario y urgente que el Estado de Chile y el Gobierno reabran ya ambas comisiones –respetando la palabra empeñada por la Presidenta- lo que sería una potente señal de la voluntad de profundizar en verdad, justicia y Reparación, condición básica para avanzar y hacer creíble la idea de un nunca más.

Sin otro particular,COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE EX-PP.

http://www.exprisioneroschile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=1

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Informe Reunión con Encargada Programa Jurídico de Reparacion, Liliana Latorre

El jueves 19 de marzo, invitamos a la reunión del CU, a la Encargada del Programa Jurídico de reparación, Liliana Latorre. Esta nos expuso lo realizado hasta ahora por ese Programa que inicio el 2007 Hugo Villar y que ya el 2009 es un programa consolidado y desplegado por todo el país, a través del Registro Civil e Identificación.

Originalmente, se planteo para atender dos líneas de trabajo: la nómina de Ex PP fallecidos calificados por la Comisión Valech, y la eliminación de antecedentes en virtud de la Ley 19962.
Actualmente, en razón de las peticiones de personas radicadas en el extranjero, han debido atender casos de pasaportes y de reconocimiento de hijos.

En el tema eliminación de antecedentes penales, las estadísticas son las siguientes

1889 casos analizados
742 prontuarios eliminados
224 casos en que se eliminó un prontuario, pero quedaron otros.
923 que no pudo eliminarse, pero se logro la omisión de antecedentes en el Certificado de antecedentes respectivo.

El mayor problema con que han topado, es la falta de información, tanto de Gendarmería de Chile, como de Carabineros, respecto al cumplimiento de condenas. Hay muchos registros que ya no existen, ya sea porque se cerro el recinto o se destruyeron los archivos por humedad o incendios.

Se requiere ver un mecanismo jurídico-politico que nos permita acreditar la extinción de la responsabilidad penal de los ex presos políticos.

Por lo tanto, la idea es reunirnos con el nuevo Director Nacional del registro Civil, Christian Bhem Sepúlveda y ver mecanismos de resolución. En el mismo sentido, buscaremos integrarnos a la Mesa de reinserción y Rehabilitación constituida por el Ministerio de Justicia, el de Interior y diversos Servicios Públicos que están trabajando el tema de la eliminación de antecedentes.

La primera reunión esta fijada para el proximo martes 7 de abril.

Informe reunión con Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Toha.

El viernes 20 de marzo, se concreto la primera reunión del Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares con la MSGG Carolina Tohá, en el Palacio de La Moneda. Ademas de los dirigentes del Comando (9), participaron el jefe de Gabinete de la Ministro, José Luis Sepúlveda y el Asesor del Ministro Vieragallo, Marco Opazo Godoy.

Esta reunión tenía para el Comando una importancia clave; pues las conversaciones tendientes a lograr una nueva Ley de Reparación, por instrucciones de la Presidenta, están en manos de esa Secretaría de Estado.

La Ministro nos acogió muy cordialmente, y nos planteo que recién estaba posesionándose de su cargo, con una “jefa” que habia partido en gira a la India, por lo que solo manejaba lo que le había transmitido su antecesor, y los asesores presentes.

Conocía de la Propuesta de Ley de Reparación que consta de 12 puntos, y lamento de que no se hubiera aprobado aun el Instituto de Derechos Humanos, porque a través de él se podían haber resuelto varios de los puntos ahí establecidos.
Los dirigentes del Comando, de acuerdo a la pauta establecida previamente, le resumieron lo que había sido el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet, luego de la reunión del 27 de noviembre. Los acuerdos establecidos con el Ministro Vidal sobre la materia, las 50 firmas de parlamentarios de todas las bancadas, que no dejan ninguna duda respecto al “piso político” con que contamos, para aprobar una nueva Ley.

Le informamos además, de la reunión sostenida con el Ministro Vidal el 30 de diciembre, en que ante la presencia de María Luisa Sepúlveda y los dos asesores presentes, nos dijo que por expresas instrucciones de la Presidenta, los ex PP tendríamos Ley de Reparación “sí o sí”.

En esa reunión se nos dijo que nos harian a mas tardar en febrero llegar los anteproyectos de Ley respectivos:
a) en la eventualidad de que se aprobara el Instituto
b) en el caso que fuera rechazado o no avanzara.

Lamentamos que estando a fines de marzo, aun no se hayan cumplido con este compromiso; pero como una nueva ley de Reparación, es para nosotros un tema de la maxima urgencia, ya que hombres y mujeres que lucharon por defender la democracia fallecen día tras día, sin ser calificado ni reparados, informamos a la Ministro de la constitución de nuestro Equipo Jurídico, conformado por abogados de prestigio nacional e internacional, el que tiene como tarea la redacción de nuestro anteproyecto de Ley de reparación.

Carolina Tohá, dialogó durante una hora con los dirigentes del Comando, preguntando sobre temas especificos y demostrando alta sensibilidad al respecto. Nos planteo que en cuanto sea recibida por la presidenta, expondra nuestras peticiones y nos informara inmediatamente, ya que tiene plena conciencia de en que los tiempos de resolución juegan en nuestra contra.

Nelson Agustín Aramburu
COORDINADOR COMANDO UNITARIO

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REUNION CON BACHELET: COMANDO DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES

A las 16:30 horas del jueves 27 de noviembre ingresaron al Palacio de La Moneda , los nueve dirigentes del Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares. En el Salón Azul de la casa de Gobierno, los esperaba la Primera Mandataria , Michelle Bachelet, flanqueada por el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal y la Comisionada presidencial, María Luisa Sepúlveda. La Presidenta acogió a la Delegación con sencillez y cordialidad, demostrando una clara voluntad de avanzar en la solución de los temas pendientes en materia de Reparación a las víctimas de Prisión Política y Tortura. La reunión se centro entonces, en el tema de los mecanismos. La Mandataria reafirmo su interés en sacar adelante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que contempla tres normas transitorias, que dan cuenta del animo de Reparar: La reapertura de la Calificación , la heredabilidad de un porcentaje de la pensión a “la viuda” y el traspaso de la beca a un hijo o nieto. Los dirigentes le hicieron ver lo insuficiente que eran esas medidas en el escenario actual y el interés de los Ex PP organizados, en tener una nueva Ley de Reparación, separada del Proyecto Instituto. Se le entrego directamente la Propuesta Base de 12 puntos, se analizaron en conjunto algunos puntos específicos y se le informo que además existe un “piso político” concreto para aprobar rápidamente una Ley Reparatoria en el Parlamento, a partir de los “acuerdos para legislar” emanados tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado de la República. La Dra. Bachelet, que en un principio desestimó la voluntad parlamentaria para resolver este tema –por las experiencias recientes en materia de proyectos presentados por el Ejecutivo- al enterarse de las gestiones realizadas por el Comando Unitario, incluso con parlamentarios de derecha, se comprometió a realizar un sondeo rápido de los eventuales votos disponibles y ver la factibilidad de presentar un proyecto de Nueva Ley de Reparación. Las Normas transitorias incorporadas en el Proyecto Instituto, ya no se pueden sacar y no son materia de modificación, por lo tanto de reponer el proyecto en tabla, este iría tal como salió de la Comisión Mixta del parlamento.

Por lo tanto el compromiso es, en base a la propuesta presentada, incorporar los temas pendientes en un nuevo Proyecto de ley. Proceso que no puede dilatarse en el tiempo y que sera monitoreado por los Ex PP a través del Ministro Vidal. Al término de la reunión ya en la despedida la Coordinadora le hizo entrega de una carta remitida por los compañeros de la Comisión de exonerados Miristas, la que acogió amablemente. La reunión terminó a las 17:30 hrs., luego de la cual los dirigentes del Comando Unitario que participaron en este histórico primer encuentro [Manuel Jiménez y Pedro Ortiz –BEPPS-, Miguel Retamal y Héctor Cataldo –ANEXPP-, Haydée Oberreuter y Ana de la Barra –AFEXXPPF-, Mario Artigas –AEXPPPRSD-, Juan Rojas y Nelson Aramburu –CNAEXPP-], cruzaron hacia la Plaza de la Constitución, donde los esperaban una cincuentena de ex presos políticos ansiosos por conocer los resultados de la reunión. Los dirigentes, sin ponerle ni quitarle, informaron a las y los compañeros presentes, de las materias tratadas y los compromisos asumidos por la presidenta con los Ex PP. COORDINADORA DE AGRUPACIONES DE EX PP.PD. Lo que se viene.

- Compañeros a modo de sugerencia vaya la siguiente reflexión. Se abre un espacio muy reducido de tiempo que debemos aprovechar al máximo. Hay que cobrar las palabras de todos aquellos parlamentarios quienes nos han prometido estar disponibles para una nueva ley de reparación. En Regiones hacer lo mismo con los parlamentarios de la zona. Ahora debemos tensionar las fuerzas y estar preparados para todo tipo de movilizaciones. Pensar en este contexto y como una forma más de movilización el 3º Encuentro Nacional de los ex presos políticos y familiares. Estas sugerencia y otras que todos aportemos ojala podamos debatirlas pronto y tener como Coordinadora Nacional una sola opinión para aportar en interés de todos los ex pp.

Nelson Aramburu - Juan Rojas

28 de noviembre 2008Informate de la realidad y las luchas sociales en Valparaiso. Escucha todos los Jueves de 18 a 19 Hrs el programa 'ciudadanos con memoria' en http://www.radioplaceres.cl/

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Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos propuso a la Comisión de Derechos Humanos una nueva ley de reparación

http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20081218/pags/20081218115649.html

La entidad expuso ante los senadores y les entregó un documento de 12 puntos en los que solicitan la reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura.Una propuesta para una nueva ley de reparación de carácter general, que aborde los temas que no se consideraron en las legislaciones anteriores, entregó el Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado.Así lo informó el integrante de esa instancia legislativa, senador Nelson Ávila, tras señalar que dicha agrupación "está impulsando el envío por parte del Ejecutivo de un nuevo proyecto que aborde todos los temas que la ley anterior dejó por fuera y que les creó diversas dificultades".

Tras recibir en audiencia a Nelson Aramburu, de la Coordinadora Nacional de ex Presos Políticos; a Víctor Cuevas, de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos de Chile; a Manuel Jiménez, de la Brigada Nacional de ex Prisioneros Políticos; a Haydee Oberreuter, de Familiares de ex Prisioneros Políticos Fallecidos y a Mario Artigas de la Coordinadora de ex Presos Políticos, la Comisión acordó oficiar al Ejecutivo para conocer mayores antecedentes sobre la materia."El acuerdo que adoptamos en la Comisión de Derechos Humanos es oficiar al Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, que es quien fue encargado por la Presidenta para ocuparse de estos temas, a los efectos de que informe en qué estado se encuentra el proyecto que prometió el gobierno", explicó el senador Ávila.

DOCE MEDIDAS

La propuesta que entregó esta agrupación a la Comisión apunta a la dictación de una nueva ley de reparación de carácter general "que se funde en criterios de inclusividad, de no discriminación y dé garantías de no repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país".Agregan que el entorno familiar de una víctima de delitos de lesa humanidad, fallecida o sobreviviente, es considerado afectado directo por el derecho internacional.En lo fundamental, solicitan la reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura; y eliminar la incompatibilidad de la pensión por prisión política y tortura con la pensión de exonerados y cualquier otra pensión.Asimismo, plantean una pensión reparatoria de un monto en concordancia con las recomendaciones hechas por la Comisión de Prisión Política y Tortura; la heredabilidad de la pensión, vitalicia y de un 100%; la extensión del beneficio educacional a los hijos y que estas becas puedan ser transmisibles a sus hijos.El Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile también solicita la reparación por prisión política; la calificación de todos los menores privados de libertad con o sin sus padres; establecer por ley la facultad del Programa de derechos Humanos del Ministerio del Interior, para apoyar jurídicamente la presentación de querellas por prisión política y tortura.La instancia solicita además incorporar las normas técnicas del Programa Prais a la ley de reparación; otorgar el subsidio máximo de la ley a las y los calificados que no hayan accedido a vivienda a través del subsidio estatal; derogar el artículo que impone 50 años de silencio a los testimonios de los ex prisioneros políticos y declarar el 26 de junio como el Día Nacional contra la Prisión Política y la Tortura.

http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20081218/pags/20081218115649.html

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PROPUESTA PARA UNA NUEVA LEY DE REPARACIÓNPOR PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA / Octubre 2008.

El Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile propone al Ejecutivo y al Parlamento, la dictación de una nueva ley de reparación de carácter general, que se funde en criterios de inclusividad, de no discriminación y dé garantías de no repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país entre 1973 y 1990.

Esta nueva herramienta de reparación debe considerar, que el entorno familiar de una víctima de delitos de lesa humanidad, fallecida o sobreviviente, es considerado afectado directo por el derecho humanitario internacional.En consecuencia, planteamos la necesidad de un nuevo cuerpo legal que ponga fin a las injusticias y discriminaciones cometidas contra los sobrevivientes de Prisión Política y Tortura y sus familias, de acuerdo con los criterios recomendados por la Comisión de Prisión Política y Tortura el año 2004 y se dé satisfacción a las siguientes demandas:

1. Reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura por efecto del Terrorismo de Estado. Mejorar difusión, emplear personal idóneo, definir un periodo de un año para la calificación, entregar un informe mensual de calificación para acceder de inmediato a los beneficios. No calificar a agentes del estado afectados por acciones de particulares, ya que eso corresponde desde siempre a la esfera del derecho penal.

2. Eliminar la incompatibilidad de la pensión por prisión política y tortura con la pensión de exonerados y con cualquier otra pensión. Considerar aspecto retroactivo.

3. Pensión reparatoria de un monto en concordancia con las recomendaciones hechas por la Comisión de Prisión Política y Tortura.

4. Heredabilidad de la pensión, vitalicia y de un 100%. Considerar aspecto retroactivo.

5. Extensión del beneficio educacional a los hijos, en los términos otorgados a los titulares de la ley Nº 19.992, y que estas becas puedan ser transmisibles a sus hijos.

6. Reparación por prisión política: La ley Nº 19.992, omitió legislar y hacer justicia para quienes pasaron tiempo en las cárceles y Campos de Detención, con lo que ello implica en materia de reinserción. En concordancia con la legislación internacional, corresponde que el Estado otorgue una reparación por cada día de prisión. Resarcir el lucro cesante y el daño emergente.

7. Calificación de todos los menores privados de libertad con o sin sus padres y/o familiares y aquellos que hayan estado en proceso de gestación o nacidos en prisión. En calidad de víctimas directas, otorgándoseles los mismos beneficios de la ley que repara a los ex Prisioneros Políticos.

8. Establecer por Ley la facultad del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, para apoyar jurídicamente la presentación de querellas por prisión política y tortura.

9. Incorporación de las Normas Técnicas del Programa PRAIS, a la ley de reparación.

10. Otorgar el subsidio máximo de la ley a las y los calificados que no hayan accedido a vivienda a través de subsidio estatal. Este beneficio podrá ser heredado a un hijo.

11. Derogar articulo Nª 3 de la Ley 19.992 que impone 50 años de silencio a los testimonios de los Ex Prisioneros Políticos.12. Declarar oficial el 26 de Junio como Día Nacional contra la Prisión Política y la Tortura. Indicación de conmemorar en establecimientos educacionales y reparticiones públicas.

http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=1828


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DECLARACIÓN DEL COMANDO UNITARIO DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES DE CHILE

Informe sobre reunion con Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal. De acuerdo a lo establecido, el lunes 10 de noviembre, a las 15:30 hrs. concurrio el Comando Unitario de Agrupaciones de Ex Presos Politicos y Familiares de Ex PP Fallecidos, a La Moneda, para reunirse con el Ministro Vidal. La reunion tenía un fin muy específico: entregar al Gobierno los 12 puntos que deben ser considerados en una eventual ley de Reparacion, separada del Proyecto de Ley que crea el Instituto de Derechos Humanos. [Más abajo se adjunta Propuesta].El Ministro nos informo que la Presidenta quiere dar pasos significativos en la necesaria institucionalidad en DD.HH. y en esa logica juega un rol clave el proyecto instituto; pero que en razon de las insistentes peticiones del maximo organismo articulador de los Ex PP, estarian dispuestos a considerar los diversos mecanismos que permitan dar satisfaccion a nuestras demandas, incluido un nuevo Proyecto de Ley.Enfatizó Francisco Vidal, que lo mas importante es que en estos momentos existe la voluntad politica del Ejecutivo para Reparar a las victimas sobrevivientes del terrorismo de Estado.En las diversas reuniones sostenidas con personeros de Gobierno, el Comando unitario ha insistido en que existe un 'piso politico' amplio para legislar al respecto, dado por los contundentes 'Acuerdos para Legislar' emanados del Senado y la Camara de Diputados y de las reuniones sostenidas con las bancadas parlamentarias y los jefes de partidos politicos.En este contexto, el ministro nos transmitio el deseo de la Presidenta Michelle Bachelet, de entregarnos personalmente su decision al respecto, lo que se concretaria el proximo jueves 20 de noviembre a las 16:00 hrs.

Por esta razon, el Comando unitario esta llamando a todos los ex PP del pais a acompañarlos en este significativo encuentro... el primero en todos estos años de Gobiernos de la Concertacion.Las organizaciones de ex PP de regiones, deben a la brevedad informar a nuestras bases, contactar con autoridades [parlamentarios, Alcaldes, Gobernadores e intendentes] sensibles al tema, para conseguir movilizacion para ese dia [pasajes o buses].Si somos capaces de congregar una multitud frente a la Moneda -lo que estaria autorizado- las posibilidades de conseguir una ley que plasme nuestras esperanzas de Reparacion, serian mayores.De uds. depende compañeros y compañeras

!Se informa ademas, que mañana tenemos reunion en el Congreso, con la Comision de DD. HH. de la Camara de Diputados, a las 15:30 hrs.

A ponerse las pilas con todo!!

Firman: Juan Rojas / Nelson Aramburu

Integran la coordinadora: Agrupacion ExPP de Copiapó, Agrupacion ExPP V Región, Coordinadora ExPP Santiago, Coordinadora de ExPP de Chillan, Coordinadora ExPP de Concepción, Agrupacion ExPP IX Región, Coordinadora Expp de Osorno, Agrupacion ExPP Salvador Allende de Puerto Montt.

Informate de la realidad y las luchas sociales en Valparaiso. Escucha todos los Jueves de 18 a 19 Hrs el programa 'ciudadanos con memoria' en www.radioplaceres.cl

http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=1815

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