Le ha correspondido recibir las denuncias y encabezar la investigación administrativa para dar con los antecedentes, como los de Gustavo Soto Peredo, que murió antes del golpe, y el de su hijo, del cual ni siquiera hay datos de dónde está, vivo o muerto. Como sea, ambos no corresponden a la calificación de víctimas de la represión.
Pero hay una "verdad histórica irrefutable", dice Rosende, que no puede ser desvirtuada por estos casos falsos que comenzaron a aparecer en diciembre, cuando el Gobierno derivó los antecedentes a la justicia. Rosende explica que el Gobierno no tiene facultades para "revisar" o "chequear" el trabajo que realizaron las comisiones Rettig y Valech, que investigaron los crímenes de la dictadura. Pero la decisión del Gobierno es sobre todo política: volver sobre los informes de alguna manera significaría deslegitimarlos. Menos, como dice el subsecretario de Interior, cuando la derecha ha confirmado la seriedad de las investigaciones.
-¿Cómo ha sido este proceso de verificación de casos falsos de detenidos desaparecidos?
-Ha sido un tema muy duro en lo personal. Con esta situación uno logra confirmar, más allá de la existencia de estos casos de falsos detenidos desaparecidos, la brutalidad con la que se actuó en la época. Estos crímenes se cometieron con el objetivo explícito de impedir su investigación, de impedir que se encontraran los cuerpos de las víctimas. Eso fue avalado por una conspiración del silencio con respaldo militar y político. Eso lo hace una situación compleja y muchos de estos casos son producto de ese ocultamiento, ahí está la operación "Retiro de televisores". Uno puede hacer una lista de las enormes dificultades que tuvo la Comisión Rettig para llegar al fondo de las denuncias que recibió. Hubo ocultamiento de información y poca colaboración. Además había susto, mucha gente no se atrevió a hacer denuncias de casos; por eso estoy convencido que son muchas más las violaciones de los derechos humanos que no están calificadas.
-¿Por eso es necesario reabrir las comisiones Rettig y Valech?
-En el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos el Gobierno planteó la reapertura de ambas comisiones y eso está en el debate parlamentario.
-Las agrupaciones humanitarias plantean una instancia más permanente que recoja esta información, entre otras cosas, porque estiman que el período de ambas comisiones fue insuficiente...
-No fue por el tiempo que duraron las comisiones que no se avanzó más, sino porque para los comisionados no fue posible formarse convicción en base a los antecedentes que se reunieron. Hoy también es difícil reunir más información, pero no por un problema de tiempo. Lo que importa es que se ha manifestado la decisión política del Gobierno de reabrir las comisiones para calificar nuevos casos y -si hay nuevos antecedentes- revisar lo que haya que revisar. Para el Gobierno, tan importante como la reapertura de las comisiones es la aprobación del Instituto de Derechos Humanos, porque con eso instalamos una institucionalidad que es muy necesaria. Cada vez que ocurren estos casos uno se da cuenta que una entidad como ésta es necesaria; creo que las agrupaciones se han equivocado en el diagnóstico que han hecho del Instituto.
-¿Cómo encaja el Plan de Derechos Humanos que debería estar en octubre y que busca adecuar la legislación nacional a los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile?
-Ese es un trabajo que se viene haciendo hace tiempo; el anuncio lo hizo el ministro de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo y fijó los plazos. Chile aspira a integrarse a organismos internacionales sobre derechos humanos. Tal vez es razonable la crítica que se hace de que estamos atrasados en estas materias, porque hemos estado dedicados a las investigaciones de casos como éstos y no nos hemos podido desprender de esta situación, porque mientras no encontremos al último detenido desaparecido será imposible desprenderse de esta historia. Este plan requiere de una institucionalidad que se haga cargo de la globalidad de los derechos humanos, y ese es el Instituto, que está en la agenda legislativa y que podrá ser votado apenas haya espacio para ponerlo en tabla.
-¿Qué tan distinto es este caso de Gustavo Soto Peredo, que incluso murió en un accidente antes del golpe militar del ’73, a los denunciados anteriormente?
-No es tan distinto. Acá hubo una persona que mintió, construyó una realidad inexistente y que la mantuvo durante quince años ante la Vicaría de la Solidaridad y ante la Comisión Rettig, con una historia muy consistente. No hubo posibilidad ni de sospechar siquiera de que estábamos frente a una situación de engaño, porque posteriormente lo confirmó el Ejército.
-¿Pero además se agrega el caso del hijo de esta persona, que también es denunciado como detenido desaparecido?
-La señora María Cabrera Silva, que es la persona que compareció ante la Vicaría y la Comisión Rettig, que dijo ser conviviente de Gustavo Soto Peredo, construyó este caso involucrando también a su hija que atestiguó ante la Comisión Rettig. Ahí declaró que además había desaparecido su hermano, Rubén Simón. Para la comisión todo era coherente, no era el primer caso en que varios familiares desaparecen en circunstancias similares, no había registro de defunción ni noticias de su paradero. A la comisión le pareció plausible este caso tan similar a tantos otros.
-¿Pero existe Rubén Simón Soto?
-Hay una inscripción de nacimiento, pero no hemos podido dar con el paradero de él. Nunca pidió carné de identidad, no tiene inscripción electoral, tampoco registra salidas del país, no hay más antecedentes. La investigación administrativa que podemos hacer no puede ir más allá de eso, por eso lo que corresponde es una investigación judicial más de fondo.
-Eso ya está en curso...
-Sí, pedimos un ministro en visita cuando parecieron los primeros casos en diciembre, la Corte designó al juez Carlos Gajardo, que ahora está de vacaciones, y ahora lo está viendo la jueza Amanda Valdovinos hasta marzo. Estos casos tienen que estar en manos de un mismo juez.
-¿Está previsto volver a chequear toda la información consignada en los informes Rettig y Valech?
-No corresponde revisar, porque el trabajo que se hizo en ambas comisiones obedeció a una realidad y se estableció -así lo entiende el Gobierno- una verdad histórica incuestionable, de un valor moral que nadie puede poner en duda. Cuando usted anuncia que hará una revisión total, está poniendo en tela de juicio el conjunto de ese trabajo. Hasta la misma gente de derecha ha dicho que el trabajo que se hizo es impecable, serio y que dio cuenta de las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Además, el Gobierno no tiene facultades para revisar el trabajo de estas comisiones. La ley sólo nos faculta a prestar asistencia social y jurídica a los familiares de las víctimas, y a ser los custodios de los expedientes y antecedentes que las comisiones conocieron. No tenemos facultades para iniciar procesos investigativos, salvo las investigaciones administrativas que podemos realizar ante denuncias precisas, que en la mayoría de los casos presentados terminan descartados.
-La diputada RN Karla Rubilar dijo hace unos días que tenía nuevos casos, ¿los ha informado?
-No. Parece que hay gente muy interesada en denunciar falsos casos, pero a mí me gustaría que tengan el mismo ímpetu para entregar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Nunca hemos recibido antecedentes para avanzar en esa investigación.
Ley Antiterrorista
-La destituida abogada de la Intendencia de la Araucanía Alicia Guzmán ha dicho que no existe un instructivo escrito que diga que debe ser invocada la Ley Antiterrorista, pero que entiende que esa es la conducta que orienta al Gobierno, ¿cuál es en definitiva la posición gubernamental?
-La Ley Antiterrorista está vigente, se aplica en todos aquellos casos en que la instancia judicial competente se forma la convicción de que se ha producido un hecho de esas características. En el sistema judicial chileno a quien le corresponde hacer esas calificaciones es al Ministerio Público, que es una entidad autónoma, formaliza y persigue las responsabilidades criminales. El Ministerio Público formalizó hace unos días a una persona por delitos de la Ley Antiterrorista y está muy bien si llegó a la convicción que debía hacerlo. Otra cosa es la demanda insistente y mediática de que hay que aplicar la Ley Antiterrorista a lo que se ha denominado el conflicto mapuche. Nosotros decimos que ante la demanda de este pueblo por sus tierras ancestrales, el Estado de Chile tiene una política clara que va por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, integración a la vida nacional y la superación de la pobreza, ese es el llamado conflicto mapuche. Hay 1.200 comunidades indígenas y en sólo quince hay problemas. Cuando haya una situación en que tengamos antecedentes que ha habido un comportamiento terrorista, donde la persona imputada sea mapuche, huinca o sueca, la Ley Antiterrorista será aplicada.//LND
“Percibimos más violencia en la actividad delictual”
-¿Cómo explica que esta semana de nuevo efectivos policiales están involucrados en delitos, esta vez con el robo de drogas incautadas?
-La PDI en los últimos 20 años ha tenido un proceso de modernización y profesionalización como pocas instituciones. Casos como éste ántes se habrían ocultado. Hoy la PDI mediante los controles internos propios, detectó un comportamiento delictual. Esto no fue por una denuncia externa o porque haya sido sorpresivo. La policía detuvo a los funcionarios y la propia PDI informó a la opinión pública. Esa es una demostración de transparencia muy importante y necesaria.
-Es cierto, las propias policías han descubierto los delitos de sus funcionarios, pero algo está fallando, ¿hay problemas en la selección de personal, en la instrucción...
-Hay que entender que la labor propia de la policía es trabajar en el mundo del delito. Su rol consiste en infiltrar a las organizaciones criminales para desbaratarlas. En esa actividad siempre es posible la tentación del dinero fácil. Por eso hay que valorar la acción proactiva de la policía de apartar las manzanas podridas del cajón.
-¿Cuál es la preocupación prioritaria en seguridad pública para el Gobierno?
-Nos preocupan todos, la seguridad pública es un bien que nos interesa proteger permanentemente. La estrategia nacional de seguridad pública busca coordinar a todas las instituciones que están relacionadas con esto, y eso nos parece que ha sido exitoso. Hemos logrado una reducción de la victimización, la meta que nos habíamos impuesto para el 2010 casi se cumplió el 2008, eso significa que hay menos gente que ha sido víctima de delitos, pero paralelamente los delitos que se cometen son más espectaculares, más violentos. Percibimos más violencia en la actividad delictual.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090214/pags/20090214184849.html
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