jueves, 7 de enero de 2010

Chile: La Concertación podría estar preparándose para recibir la bofetada de su vida-07-01-10

Chile: La Concertación podría estar preparándose para recibir la bofetada de su vida

Por: Nìkolas Stolpkin Fecha de publicación: 07/01/10
aporrea.org

Ahora podría estar aclarándose un poco más el panorama. La decisión de Marco Enríquez-Ominami (ME-O), candidato presidencial en la primera vuelta, de crear un nuevo partido despeja en algo lo que se venía acumulando.
Y es que había cierta duda sobre este candidato: o se trataba de una estrategia de la Concertación o se trataba más bien del nacimiento de una nueva fuerza política en el país. Y al parecer lo segundo es lo que está sucediendo.
La primera señal fuerte de Marco Enríquez-Ominami, luego de haber sacado en primera vuelta un 20,13% [1] (1.396.655 de votos), de no “endosar” sus votos a ningún candidato para ser utilizados en segunda vuelta, haría presagiar lo que de algún modo se habría de despejar más adelante. El haber entregado inmediatamente su apoyo al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, que te todas formas no sucedió, lo habría situado en una posición que hubiese apuntado a su candidatura como una estrategia planificada favorable a la Concertación. De haber sido así, las ventajas que hoy podría tener la Concertación para ganar las elecciones, serían hoy mucho mayor.
Pero hoy esas ventajas de la Concertación se ven mucho más disminuidas después del anuncio del ME-O de formar un nuevo partido político. Si Marco Enríquez-Ominami no hubiese movido un solo dedo después de haber presentado la primera señal fuerte de no “endosar” sus votos, hoy quizá las ventajas de la Concertación hubiesen sido mucho más favorables aún cuando ME-O diera anteriormente muestras de no estar con ninguno.
Ahora todo habrá de depender de la estrategia propagandística que utilice la Derecha de ahora en adelante y el rol que cumpla los Medios de Difusión Masiva con respecto a la cobertura que se le podría dar a Marco Enríquez-Ominami con respecto a este nacimiento de la nueva fuerza política. Este segundo punto que acabo de señalar podría ser la clave en una futura victoria de la Derecha. Los instrumentos para llevarlo a cabo están a favor de la Derecha (canales de televisión: Megavisión y Chilevisión, principalmente; prensa escrita: el Mercurio y sus crios).
Tal como van las cosas sería muy difícil que Marco Enríquez-Ominami ahora diera su apoyo a la candidatura de Eduardo Frei. Por lo que se podría vaticinar un posible triunfo de la Derecha. Pero en cuestiones de política nada está escrito, todo puede pasar. Incluso se podría presagiar que una Derecha con las aguas tranquilas podría estar preparando una ofensiva propagandística dura a últimos días de finalizar la propaganda política, en contra de la candidatura de Eduardo Frei, que podría significar el tiro de gracia para hundir más profundamente las pretensiones presidenciales de la Concertación.
Y Eduardo Frei Ruiz-Tagle sí que tiene las de perder: fue este mismo señor que estuvo en su momento a favor del Golpe Militar de 1973 y quien aportó descaradamente dinero a la Junta Militar; bajo la Dictadura Militar también tuvo la oportunidad de profundizar aún más su riqueza y fortuna; en su gobierno (1994-2000) se dedicó sin ninguna vergüenza a privatizar servicios como la telefonía, empresas sanitarias (privatización del agua), empresas portuarias del Estado, cerrando minas de carbón estatales, privatizando aún más CODELCO, disminuyendo significativamente el pago de impuestos de las empresas privadas; y fue este mismo señor que bajo su gobierno junto con el actual secretario general de la OEA, Miguel Insulza, otrora canciller del gobierno de Eduardo Frei, salvaron al ex Dictador Augusto Pinochet de ser juzgado en el extranjero; y fue este mismo señor que se encargó de despejar el camino para la construcción de la represa Ralco a favor de los intereses capitalistas españoles. O sea, este señor dizque “progresista”, que está “a favor de los intereses de la clase media y desposeída”, no ha hecho más que beneficiar en su vida los intereses capitalistas internacionales y sus propios bolsillos en Dictadura.
El triunfo de la Derecha, por tanto, está más cerca que nunca. Un futuro triunfo de la Derecha significará el aumento significativo e inevitable de las contradicciones. A su vez podría significar el fortalecimiento de una izquierda revolucionaria que hasta ahora se encuentra muy dividida. Y como broche de oro: un triunfo de la Derecha significará al mismo tiempo el ocaso categórico de forma progresiva de la Concertación.
http://stolpkin.net/

*
*
*
*

MEO: “Sigo creyendo que Piñera es un tremendo retroceso”--07-01-10

MEO: “Sigo creyendo que Piñera es un tremendo retroceso”

Por Por Lorena Tejero B./Lanacion.cl

El ex candidato independiente reconoció los gestos que ha hecho la campaña de Frei, pero dijo que aún espera la renuncia de los presidentes de la Concertación que se mantienen en sus cargos. Hoy encabezó la fundación de su nuevo referente político.

Jueves 7 de enero de 2010 Actualizada 14:12 Política

En la presentación formal de su nuevo partido político, Marco Enríquez Ominami mantuvo su postura crítica hacia los dos candidatos que estarán en la papeleta en las elecciones el próximo 17 de enero, al plantear que ni Eduardo Frei ni Sebastián Piñera son la alternativa correcta.

“Sigo creyendo que Sebastián Piñera es un tremendo retroceso y que Eduardo Frei no es ningún progreso”, dijo el diputado ex PS. “Si hubiéramos creído que alguien representaba nuestros anhelos, no hubiéramos hecho este episodio histórico a la patria”, añadió.

Respecto al candidato de la Coalición por el Cambio y su conglomerado, Enríquez Ominami fue tajante, cerrando la puerta a todo gesto de entendimiento: “Con Sebastián Piñera no tengo ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo porque no entiendo el mundo como lo entiende él. Sí creo, a diferencia de los partidos que lo apoyan, que los derechos civiles deben abordarse, en el voto de los chilenos en el extranjero, en la inscripción a automática y voto voluntario y los que lo acompañan no creen en eso”.

Respecto a un eventual acercamiento al candidato de la Concertación, el diputado ex PS insistió en que pese a los gestos que ha hecho el bloque oficialista, estos aún no son suficientes. Por eso, dio por lejano un eventual acercamiento, al plantear que “uno no puede durante un año convocar a los chilenos a un voto valiente y al día siguiente a votar por el mal menor”.

El ex candidato mantuvo que “sigo creyendo que el 20% de los chilenos no ha sido escuchado". Y cuando se le consultó sobre su preferencia personal, dijo que era “muy simple, me voy a sumar al 20% de chilenos que están pidiendo un conjunto de cosas. Pidieron renuncia de los presidente de los partidos, leyes y hemos visto lo que ha ocurrido… presidentes que se aferran como el presidente del PS (Camilo Escalona) que se niega a renunciar a su partido sin asumir sus responsabilidades, por lo tanto sigo como muchos chilenos atento a lo que está ocurriendo. Esperamos que de aquí al 17 de enero el 20% de los chilenos haya sido escuchado en plenitud, lo que no ha ocurrido el día de hoy”.

Hasta ahora, el parlamentario continúa con la idea de dejar a la conciencia de cada uno de los ciudadanos que votaron por él en primera vuelta su elección en el balotaje: “La libertad de acción que dije el 13 de diciembre es para todos, incluido para mí, y la voy a ejercer”, dijo.

OMINAMI: “HAY FUERTES RETROCESOS”

Los dardos lanzados por MEO hacia el Partido Socialista fueron reforzados por su padre adoptivo, Carlos Ominami. El senador reconoció que si bien hay “gestos” desde la Concertación y el comando de Frei hacia el mundo progresista, como la renuncia de los presidentes del PPD y el PRSD y la nueva agenda legislativa, estos esfuerzos se ven entrampados por la actitud de “un sector de la dirigencia de la Concertación que no está escuchando” a la ciudadanía.

“Hay fuertes retrocesos, como cuando uno ve al presidente del Partido Socialista y del Demócrata Cristiano instalados ahí en la impunidad, en la irresponsabilidad política, no reconociendo los errores que han cometido”, acusó, apuntando a Camilo Escalona y Juan Carlos Latorre.

De todos modos, dejó entrever que el marquismo aún puede tomar partido por la candidatura del “mal menor”, como definió a la Concertación. “Hay un proceso de evaluación de que si este mal menor se puede transformar en una alternativa que efectivamente merezca ser votada”, comentó, precisando que “aún tenemos algunas horas para evaluar esta situación”.

EL NUEVO PARTIDO

Marco Enríquez Ominami dio el inicio para la creación de un nuevo partido político que será inscrito en marzo de este año y que necesita la firma de más de cien mil personas.

Más de de un centenar de adherentes acompañaron al ex candidato en la plaza de la calle Concha y Toro y firmaron el acta para poder comenzar con la inscripción de este referente. El nuevo partido aún no tiene nombre, ya que la idea de MEO es que sea la propia gente la que aporte con ideas.

Al acto asistieron los actores Edgardo Bruna, Cristián García Huidobro, Patricio Strahovsky, Rodrigo Muñoz, Claudia Pérez y los dirigentes Esteban Maturana, Esteban Valenzuela, Marcelo Trivelli y la embajadora chilena en Suiza, Carolina Rosseti.
*
***********

7 de Enero de 2010
También arremetió contra permanencia de Escalona
ME-O sigue condicionando eventual apoyo a Frei


Al lanzar el nuevo partido político que lo representa, el ex candidato presidencial reiteró que en ningún caso Sebastián Piñera será su opción en la segunda vuelta del 17 de enero. Y pese a que considera que Eduardo Frei es un "líder del pasado", dijo que el senador DC todavía está a tiempo de hacer un gesto a la ciudadanía, aunque sin aclarar si de ello depende su apoyo explícito al abanderado de la Concertación.

por El Mostrador
El ex candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami, dejó la puerta abierta este jueves a un eventual apoyo al abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, indicando que ello dependerá de los gestos que todavía no ha hecho el senador DC y que, a su juicio, son los que interesan al 20% del electorado que le dio su respaldo en las elecciones del pasado 13 de diciuembre.
Al encabezar un acto donde anunció la creación de un nuevo partido político que todavía no tiene nombre, el diputado ex PS, dejó claro que en ningún caso su opción será la del candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, quien a su juicio no encarna el concepto de “cambio” en el que está basada su campaña, y reiteró que votar por él significa un retroceso para el país.
Sobre Frei, Enríquez-Ominami lo definió como un líder del pasado, aunque dijo que todavía está a tiempo, cuando faltan 10 días para la segunda vuelta del 17 de enero, de dar el giro que esperan quienes se alejaron de la Concertación. Sin embargo, mantuvo el misterio sobre si le dará su respaldo abiertamente en caso que ello ocurra.
En ese sentido se mostró esperanzado que ello ocurra de aquí al martes, cuando el Congreso se pronuncie sobre proyectos clave para el electorado que le dio su voto. Y aunque valoró hechos como la renuncia de los timoneles del PPD y el PRSD, Pepe Auth y José Antonio Gómez, manifestó al mismo tiempo que recibió con ffrustración” la permanencia de Juan Carlos Latorre en la DC y especialmente el senador Camilo Escalona al frente del PS.
“Estoy esperando que aquí se produzcan hechos y cuando ocurrió la renuncia de los presidentes de partido, observamos con expectativas complejas los procesos y quedamos muy frustrados cuando un presidente de partido como Camilo Escalona no renunció a su cargo por cuotas de poder. Queremos decir que la Concertación no nos está escuchando”, señaló.
Respecto a su nuevo partido, Enríquez-Ominami destacó, en un acto realizado en la Plaza Concha y Toro, que éste ejercerá una oposición “combativa, participativa y propositiva” y que a diferencia de las tiendas de la Concertación “escuchará la voz del pueblo que pide participación, con primarias obligatorias, con directivas anuales, con ley de cuotas, un partido programático de 2010 y no un partido de 1910″.
Agregó que por estatuto el cargo de presidente de partido será revocable, no durará más de un año y habría primarias obligatorias para designar todos los cargos.
El nombre del partido aún no esta decidido, y según explicó el propio parlamentario, éste será elegido por los propios adherentes durante una gira que realizará a lo largo de todo el país.
“Es un partido en construcción, hoy parte, en marzo comenzaremos a reunir las firmas y desde hoy estamos a disposición para discutir los estatutos, el nombre y el concepto de este partido programático, me estoy preparando y vamos a seguir ganando la batalla a las ideas”, finalizó el diputado.
*
*
*

FUE DETENIDO UN SOSPECHOSO DE HABER INTERFERIDO LA RADIO DEL HELICOPTERO EN EL QUE VIAJABA LA PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER-07-01-10

FUE DETENIDO UN SOSPECHOSO DE HABER INTERFERIDO LA RADIO DEL HELICOPTERO EN EL QUE VIAJABA LA PRESIDENTA


La voz que pronunció las amenazas

“Maten a la yegua”, se oyó en el helicóptero el 11 de diciembre.
Imagen: Enrique Garcia Medina

El juez federal Ariel Lijo ordenó detener a Néstor González, un radioaficionado de 62 años. En su casa se hallaron equipos de comunicaciones, antenas y armas. Según un peritaje, pudo haber sido quien dijo “¡Maten a esa yegua!”.

Por Irina Hauser


Néstor González, un radioaficionado de 62 años al que se le encontró toda clase de equipos de comunicaciones, antenas y armas en su casa, fue detenido ayer por orden del juez federal Ariel Lijo, bajo sospecha de haber sido el autor de las amenazas que recibió Cristina Kirchner mediante una interferencia a la radio del helicóptero en el que viajaba desde Olivos hacia la Casa Rosada. Según un primer peritaje de voces, la suya podría haber sido la que se oyó en la frecuencia operativa de la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery el 11 de diciembre, justo cuando empezaba el juicio a los represores de la ESMA. “¡Maten a esa yegua!”, fue la primera advertencia que se filtró. “¡Maten al pescado!”, siguió la voz. Luego sonó “La avenida de las Camelias”, la típica marcha militar de los comunicados de la última dictadura.
“Me dedico a la computación”, fue lo único que dijo González cuando el juez quiso tomarle indagatoria, aunque en los papeles del trámite de su cédula de identidad dice que es mecánico de aviones. Por lo demás, se negó a declarar y su defensora oficial, Silvia Otello Rella, pidió la excarcelación, un planteo que Lijo resolvería hoy. Mientras, quedó detenido en la alcaidía de los tribunales de Retiro. Se le imputan los delitos de tenencia de armas de guerra e interferencia a los servicios de comunicación (en este caso ligado a un medio de transporte oficial). Ambos son excarcelables.
Los investigadores llegaron a González por la declaración de un testigo vinculado al mundo de los radioaficionados. En el allanamiento en su casa, en Monte Grande, encontraron antenas portátiles y fijas, equipos de comunicación, valijas para interferencias y hasta grabaciones de la torre de control de Aeroparque, que están siendo analizadas para determinar, entre otras cosas, de qué fecha son. También hallaron una escopeta calibre 14 y un revólver calibre 22. González no tiene antecedentes penales, pero sí colecciona sanciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones por obstaculizar comunicaciones.


Como las amenazas a la Presidenta quedaron grabadas, se hizo un primer cotejo de voces, del cual resultó que la que apareció en la frecuencia de radio del helicóptero presidencial se asemeja a la de González. De todos modos, el juez Lijo quiere hacer un nuevo peritaje, ya que la grabación de Aeroparque no sería muy buena. Entretanto, el juzgado apunta ahora a determinar si se trata de un personaje trastornado que actúa por su cuenta o si responde a alguien. Ahora están en pleno análisis sus llamados telefónicos, para establecer con quién hablaba, en particular en los días cercanos a la intimidación. En el operativo en su vivienda, se descubrió que usaba más teléfonos que los que hasta el momento conocía el juzgado: también serán estudiados.


Según explicaron fuentes de la causa, el tipo de interferencia al helicóptero presidencial es fácil de realizar y no requiere aparatos muy sofisticados. Basta con equipos de radio o algún handy y con hallar la frecuencia buscada. La aeronave que habitualmente traslada a Cristina de Olivos a Plaza de Mayo no suele usar una frecuencia secreta.


Pero más allá de la autoría directa de las amenazas, el juez Lijo busca establecer quién fue el autor intelectual. Una de las pistas apunta a que el mismo día y casi a la misma hora de la interferencia comenzaba el juicio contra los represores de la ESMA. Otra pista estaría vinculada con carapintadas. Analiza la posible conexión con otra causa que se abrió sólo cinco días antes, y que también quedó a cargo de Lijo, en la que un teniente coronel del Ejército, Esteban Milillo, denunció que el director del portal Seprin, Héctor Alderete, amenazó con “convocar a un grupo de carapintadas con fusiles para asesinar” a la Presidenta, a su marido, a varios ministros, a otros funcionarios y a un grupo de periodistas. Alderete es uno de los implicados en una causa que investiga una red de espionaje dedicada a hackear, comercializar y difundir e-mails de políticos, artistas y periodistas. El teniente coronel Milillo declaró ante Lijo que Alderete podría estar detrás de las amenazas a la radio del helicóptero.



pagina12
*

* ***************

EL JUEZ LIJO DENEGO LA EXCARCELACION DEL PRESUNTO AUTOR DE LAS AMENAZAS A LA PRESIDENTA



El sospechoso queda tras las rejas



Una pericia le advirtió al juez que los equipos del detenido estaban preparados para interferir la frecuencia que usa la custodia presidencial.

Por Irina Hauser



El juez federal Ariel Lijo le denegó la excarcelación a Néstor González, el radioaficionado detenido el miércoles último como sospechoso de haber sido quien amenazó a Cristina Kirchner mediante una interferencia a la radio del helicóptero que la llevaba de Olivos a la Casa Rosada. El juez tomó esa determinación tras conocer el informe preliminar de un peritaje que reveló que, con uno de sus equipos, González también había ingresado en la frecuencia que utiliza la custodia presidencial para comunicarse con la Policía Federal y con la Casa Militar. El mismo aparato estaba preparado para interceptar comunicaciones de la Gendarmería y frecuencias específicas utilizadas por barcos.
Lijo mandó detener a González tras recibir el resultado de un análisis de voces que determinó que la suya guarda una importante semejanza con la que el 11 de diciembre se oyó en la frecuencia de la radio del helicóptero en el que viajaba la Presidenta, casi al mismo tiempo que comenzaba el juicio contra los represores de la ESMA. “¡Maten a esa yegua!”, se escuchó primero. “¡Maten al pescado!”, siguió la voz. Además, en un allanamiento en la casa del radioaficionado, el juez encontró antenas portátiles y fijas, varios equipos de comunicación, aparatos para interferencias e incluso grabaciones de la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery. También había una escopeta calibre 14 y un revólver 22.
La Policía Federal ya había avanzado ayer con el análisis del material secuestrado, y en un informe inicial le advirtió al juez que uno de los equipos hallados estaba preparado para entrar en la frecuencia de radio que utiliza la custodia de la mandataria, informaron fuentes de la investigación a Página/12. A diferencia de la frecuencia utilizada por el helicóptero presidencial, la de la custodia no es pública, como tampoco lo es la de la Gendarmería, que González tenía igualmente programada. Por eso, los investigadores sospechan que algún miembro de las fuerzas de seguridad debe de haberle facilitado la frecuencia. Aunque entienden que las amenazas al helicóptero no habrían sido un episodio aislado, de todos modos los investigadores aún no descartan que González sea un personaje excéntrico que incursiona en las frecuencias de radio como divertimento.
González le dijo al juez que se dedica “a la computación”. Según consignó al tramitar su cédula de identidad, es mecánico de aviones. No tiene antecedentes, aunque cuenta con un historial de sanciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones por generar interferencias. El juzgado todavía desconoce si tiene vinculaciones con militares. Es una línea de investigación que está en pleno de-sarrollo, a la espera del análisis de sus llamados telefónicos, papeles y el contenido de las computadoras incautadas en su domicilio. También intenta determinar el contenido y las fechas de grabaciones clandestinas que obtuvo a través de su intromisión en frecuencias de radio. Lijo sigue una pista que podría vincular el caso con carapintadas, informaron allegados al caso. También cuenta con una denuncia que apunta a Héctor Alderete, responsable del portal Seprin, investigado por otras amenazas a funcionarios. Por lo pronto, mientras sigue detenido, a González se le imputan los delitos de tenencia de armas de guerra e interferencia a los servicios de comunicación, ambos excarcelables.



pagina12
*
*

EL PODER EJECUTIVO DESCLASIFICO DOCUMENTACION DE LA DICTADURA MILITAR-07-01-10

EL PODER EJECUTIVO DESCLASIFICO DOCUMENTACION DE LA DICTADURA MILITAR


Archivos de la represión que ya no guardan secretos


Para acceder a los archivos, hasta ahora hacía falta el pedido de un juez y una autorización por decreto en cada caso.
Imagen: Gonzalo Martínez
La Presidenta decretó la apertura de toda “la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas” en el período 1976-1983. La desclasificación sólo excluye material relacionado con la guerra de Malvinas y conflictos entre Estados.

Por Alejandra Dandan


El Poder Ejecutivo decretó la desclasificación de toda “la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas” durante la última dictadura militar. Pese a que gran cantidad de la documentación ya estaba en manos de los jueces que llevan adelante las causas contra los represores, hasta ahora hacía falta en cada caso un decreto que autorizara la desclasificación y legalizara su uso. El decreto 4 de 2010, publicado ayer en el Boletín Oficial, elimina esa instancia. Y abre las puertas de los archivos, además, para quienes manifiesten un interés legítimo por acceder a ellos. Entre otros documentos se hallan los archivos del personal del Batallón 601, uno de los ejes de la represión ilegal, en el que figuran datos de los agentes civiles de inteligencia, la repartición y los alias con los que actuaron.


Entre los considerandos del decreto que lleva la firma de la Presidenta y de los ministros Julio Alak (Justicia) y Nilda Garré (Defensa) se argumenta que la medida fue tomada porque “la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático, sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto”.


Pasados más de veinticinco años de reestablecido el Estado democrático, se indica en el decreto, “no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de ‘Secreto de Estado’ o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado”.

En diálogo con Página/12, el subsecretario de Derechos Humanos de Nación, Luis Alén, aclara que “no son los archivos que todo el mundo espera ver”. Se refiere a que el material desclasificado no incluye los documentos que siempre se aguardan con listas de los desaparecidos y lugares donde fueron dejados sus cuerpos, datos que se supone fueron destruidos por los militares antes de abandonar el poder. Lo que sí hay entre los documentos ahora accesibles son los datos con la identidad de las personas que actuaron en la represión organizada por el Estado, boletines reservados, partes de condecoraciones, con referencias a una medalla, por ejemplo, que alguien recibió por su participación en determinado hecho.

–¿Referencias a operaciones?

–No, porque no guardaron esos datos. Pero lo que hay permite determinar quién estuvo, cuándo y dónde.

En sus primeros párrafos, el decreto 4/2010 ordena la desclasificación de los archivos comprendidos en el período de 1976 a 1983. Y la documentación producida en otros años, en relación con la represión ilegal. Indica a su vez que podrá ser desclasificada toda la documentación, con excepción de aquella relacionada con un conflicto bélico como la guerra de Malvinas y “cualquier otro conflicto de carácter interestatal”, así como “la información de inteligencia militar estratégica”.

Entre los fundamentos aparecen datos sobre las razones que motivaron la resolución. Un elemento que además puede fijar sus alcances, y también los límites. En el origen se enuncia una medida propuesta por el Ministerio de Defensa, a partir de un pedido del Juzgado Federal 1 de La Plata en la causa por los crímenes cometidos en el centro clandestino de La Cacha, impulsada por el fiscal federal Félix Crous. Señala la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que generaron “el requerimiento de una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas”.

En ese sentido, el objeto de la desclasificación sería “desburocratizar” el avance de las causas judiciales. Porque hasta ahora los jueces debían pedir un decreto presidencial para acceder a los documentos y usarlos como pruebas. El nuevo decreto elimina esa instancia. Los jueces van a poder usar los archivos sin los tiempos que requiere la desclasificación. Pero además blanquea una situación de hecho. La mayor parte de los datos se conocían y se usan en las causas judiciales, pero como la desclasificación sigue en trámite o demora, muchas veces los jueces o los fiscales no pueden usarlos legalmente como pruebas y, si los usan, corren el riesgo de que alguien les haga un planteo de nulidad.

Uno de los temas que más importantes de la desclasificación, según las fuentes consultadas, es el acceso a los datos del Batallón 601, clave en el terrorismo de Estado. “Era uno de los nudos desde donde se estructuró la represión, la punta de una pirámide”, señala Alén. “Desde ahí se organizaron todos los servicios, los grupos de tareas, los blancos, los que decían los interrogatorios, el destino final de las personas, esa modalidad de inteligencia se copió además en cada una de las armas, un esquema que también siguieron las fuerzas de seguridad de las provincias”.

Fuera de eso, el decreto también deja preguntas abiertas. Una de ellas es sobre las fechas. Uno de los impulsores de buena parte de las causas por violaciones a los derechos humanos se pregunta ante este diario por qué el decreto libera documentación sólo del período que data entre 1976 y 1983, dejando fuera archivos como los del Operativo Independencia, la primera incursión militar contra la guerrilla en la provincia de Tucumán, en 1975. Pero el decreto parece dejar abierta una chance para acceder a este tipo de temas. Allí dice “entre 1976 y 1983”, pero aclara que se podrá desclasificar toda la documentación producida en otros años en relación con la represión ilegal. Esta última línea puede ser la puerta de ingreso a los archivos de los años anteriores, pero también fue ayer motivo de debate. Uno de los funcionarios superiores del Ministerio de Justicia dice que no. “El fundamento de este decreto –asegura– son los pedidos de los jueces y por las causas de lesa humanidad que llevan adelante. Está claro que eso es sobre el período de la dictadura militar y obviamente podría ser también sobre años posteriores al ’83, con la idea de que después las Fuerzas Armadas pudieron ocultar información. Más complejo es invocar este decreto por situaciones como la del Operativo Independencia, que deberían dar motivo a otros decretos.”

pagina121

*


*

*

*

Francia tendrá jueces para genocidios y crímenes contra la humanidad-06-01-10

6 de Enero de 2010

Francia tendrá jueces para genocidios y crímenes contra la humanidad

"Las víctimas de la barbarie humana tienen derecho a que se persiga y se condene a sus verdugos", sostuvieron los ministros franceses de Exteriores, Bernard Kouchner, y de Justicia, Michèle Alliot-Marie.

por EFE

El sistema judicial francés va a contar con una sección, dentro del Tribunal de París, especializada en procesos por genocidios y crímenes contra la humanidad que reunirá a magistrados y expertos que completarán la acción de la Corte Penal Internacional (CPI).

La creación de esta nueva sección dedicada a ese tipo de delitos se formalizará con un proyecto de ley que deberá ser tramitado por el Parlamento este primer semestre, anunciaron los ministros franceses de Exteriores, Bernard Kouchner, y de Justicia, Michèle Alliot-Marie.

Esta nueva instancia se basa en la experiencia de secciones especiales del Tribunal de Gran Instancia de París (con competencia para toda Francia) dedicadas a la lucha antiterrorista, al crimen organizado y a cuestiones de sanidad, destacaron Kouchner y Alliot-Marie en un artículo conjunto publicado hoy por “Le Monde”.

“Las víctimas de la barbarie humana tienen derecho a que se persiga y se condene a sus verdugos”, subrayaron los dos ministros, que añadieron que las sociedades en las que se producen ese tipo de delitos “tienen derecho a que se les ofrezca una posibilidad de reconciliación” y “la humanidad tiene derecho a defenderse contra el olvido”.

Aseguraron que “Francia, patria los derechos humanos, no será nunca un santuario para los autores de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad”

La nueva sección judicial, que tratará “el conjunto de los contenciosos” de genocidios y crímenes contra la humanidad, “favorecerá la mutualización de competencias al reunir magistrados especializados, así como traductores, intérpretes, expertos e investigadores indispensables para tratar casos tan sensibles como complejos”, señalaron los ministros.
elmostrador
*
*

*

Gobierno presentará 24 querellas por delitos de lesa humanidad-07-01-10


Gobierno presentará 24 querellas por delitos de lesa humanidad


Por Jorge Escalante / La Nación


La autoridad interpondrá las acciones criminales como superior jerárquico del Programa de Derechos Humanos de ese ministerio. Al menos diez corresponden a víctimas por las cuales hasta ahora no existe un juicio.


Jueves 7 de enero de 2010 País




La presentación de las acciones criminales es una esperanza para los familiares de ejecutados políticos. Foto: La Nación


En un acto inédito en los 20 años de gobierno de la Concertación, el subsecretario de Interior, abogado Patricio Rosende, interpondrá en los próximos días en la Corte de Apelaciones de Santiago, en nombre de la “sociedad chilena”, 24 querellas por delitos de lesa humanidad por igual número de víctimas ejecutadas durante la dictadura militar.
En su calidad de superior jerárquico del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior (PDHMI), la acción que emprende el subsecretario es la primera por la cual este organismo interpone querellas por este tipo de delitos, y también será la primera vez que se hace por víctimas que tienen la calidad de ejecutados políticos, y no de detenidos desaparecidos.
Otro elemento nuevo será que de las 24 acciones criminales, 10 corresponderán a ejecutados por los cuales no existe hasta ahora un juicio abierto.
De esta manera, el subsecretario Rosende estrenará la nueva facultad para iniciar querellas que otorgó al programa la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La presentación de estas acciones legales podría implicar el procesamiento de ex agentes militares o civiles cuyas identidades hasta ahora no han aparecido en los juicios que actualmente se instruyen en el país.
La Ley 20.405 vino a fortalecer las atribuciones del Programa de Derechos Humanos de este ministerio, y de paso causó el mismo efecto respecto del cargo de subsecretario de Interior, jefe máximo de este organismo.
El PDHMI constituye hoy el principal soporte de los procesos abiertos por los crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado de las Fuerzas Armadas, pues el trabajo sistemático de sus abogados dedicados exclusivamente a esta tarea permite no sólo monitorear todas las causas a través del país, sino darles movimiento mediante la petición de diligencias y aportar antecedentes tanto jurídicos como de los hechos que rodearon los crímenes.
Hasta ahora el PDHMI es parte en todos los procesos que existen por detenidos desaparecidos, pero ahora lo podrá hacer también por los ejecutados, vale decir, por aquellas víctimas asesinadas cuyos cuerpos no desaparecieron.
A ello se suma la facultad de querellarse a nombre de la sociedad chilena y solicitar por ello el procesamiento de los autores, cómplices y encubridores.
Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado, que acciona en nombre del Estado chileno en las causas, si bien actúa en este tipo de procesos no lo hace en todos, lo que a juicio de los organismos de derechos humanos refuerza la importancia de la acción y permanencia del PDHMI.
EL EVENTUAL FACTOR PIÑERA
Pero dado que este programa continuador de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y de la posterior Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, fue creado por un decreto supremo (Nº 1005 de 1997) y no por una ley, puede ser eliminado por la misma vía tan sólo por un acto administrativo del Ejecutivo.
Por ello sus integrantes temen que ante un eventual triunfo de la derecha el próximo 17 de enero, el gobierno de Sebastián Piñera si bien no lo borre de una plumada, realice cambios que en la práctica lo transformen en un ente que, más que activar los juicios, colabore de una manera sutil a su paulatino descuido o abandono.
Eso, teniendo en cuenta de que hasta ahora Piñera ha sido evasivo para revelar cómo enfrentará en concreto su eventual gobierno el curso de estos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Aunque, al menos en sus reuniones privadas con centenares de militares que cometieron crímenes o fueron parte del aparato represivo, o que ocuparon funciones de Estado bajo el dictador Augusto Pinochet, ha mostrado como intención de principios interceder para tratar de poner fin cuanto antes a estas causas, acusando veladamente a los jueces de no aplicar los principios del debido proceso, de ser parciales con los militares involucrados, poniendo en cuestión de que el Estado de derecho se esté aplicando en plenitud por el Poder Judicial en estos juicios.
Por ello, en su momento recibió la respuesta del entonces vocero de la Corte Suprema, actual presidente Milton Juica, quien le replicó diciendo que en el Poder Judicial se aplican los principios del debido proceso a los acusados.
EL “PASAPORTE”
En las nuevas querellas que interpondrá el subsecretario Rosende, lo que ocurriría la próxima semana ante la Corte de Apelaciones de Santiago, éste solicitará la designación de nuevos ministros en visita o de fuero para que las instruyan, pudiendo también ocurrir que la corte, si las acoge a tramitación, las reparta entre los ministros que actualmente tramitan estos procesos.
En sus presentaciones, la autoridad dejará claramente establecido que las acciones criminales que se interponen tienen como fundamento el artículo 10 transitorio de la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que faculta al PDHMI ahora para “presentar querellas respecto de los delitos de secuestro o desaparición forzada en su caso, y de homicidio o de ejecución sumaria en su caso”.


Resolución del pleno de la Suprema


El pleno de la Corte Suprema resolvió el 13 de mayo de 2009 que, dado que los jueces del crimen y la figura de los ministros en visita o de fuero debían terminar a fines del año pasado de acuerdo a la última fase de la reforma procesal penal, los ministros de Corte de Apelaciones que conocen estas causas continuarán a cargo de ellas “hasta su término”.


De esta manera, el pleno despejó la duda que existía acerca de la suerte que correrían todos estos procesos, y dejó categóricamente establecido que estos juicios no tendrán plazo de término y que se extenderán hasta que los jueces les pongan fin cumplidas todas las fases del antiguo proceso penal por el que se rigen.


Actualmente existen 22 ministros de corte en visita extraordinaria o de fuero, para instruir 297 procesos, de los cuales casi el 80% están concentrados en la Región Metropolitana. En estas causas por delitos de lesa humanidad, existen a la fecha 779 agentes encausados, de los cuales 279 ya tienen una condena, sea que ellas se encuentren ya confirmadas por la Corte Suprema, o que aún estén en estado de apelación. De los 279 condenados, 55 de ellos tienen más de una condena, mientras que entre los no condenados aún, 232 tienen más de un procesamiento.


Un paso trascendente


En su calidad de superior jerárquico del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior Patricio Rosende interpondrá 24 querellas por delito de lesa humanidad por igual número de víctimas ejecutadas durante la dictadura militar.
De esta manera, Rosende estrenará la nueva facultad para iniciar querellas que otorgó al programa la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.


La presentación de estas acciones legales podría implicar el procesamiento de ex agentes militares o civiles cuyas identidades hasta ahora no han aparecido en los juicios que actualmente se instruyen en el país.


Este es un acto trascendente en materia de derechos humanos así como la inauguración del Museo de la Memoria, que se realizará el próximo lunes 11 en un acto al que están invitadas unas mil personas, procedentes de todas las regiones y de otros países. La única oradora será la Presidenta Michell Bachelet.


María Luisa Sepúlveda, presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, calificó como “discusiones ficticias” informes de prensa que hablaron de polémica sobre incorporar o no el período del gobierno de Salvador Allende en el museo, así como incluir casos de miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el espacio que se inaugurará en el barrio Matucana.

*

*************

7 de Enero de 2010

Gobierno presentará 24 querellas por casos de ejecutados políticos

Las querellas serán sustentadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y son las primeras que dicho organismo patrocina en casos de ejecutados políticos o de detenidos desaparecidos.

por EFE

El Gobierno presentará en los próximos días 24 querellas por otros tantos ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet, de los que diez no habían llegado nunca ante los tribunales de Justicia.

Así lo adelanta hoy el diario “La Nación”, que precisa que las querellas serán presentadas por el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en nombre “de la sociedad chilena” contra quienes resulten responsables de esos delitos, catalogados “de lesa humanidad”.

Las querellas serán sustentadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y son las primeras que dicho organismo patrocina en casos de ejecutados políticos o de detenidos desaparecidos.

Serán además las primeras acciones legales que emprende el Gobierno en el marco de las facultades que le otorgó la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Según el periódico, en estos casos podrían ser procesados agentes represores de la dictadura que hasta ahora han logrado permanecer al margen de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Hasta el momento, 779 antiguos agentes han sido enjuiciados y 279 han sido condenados en un total de 297 juicios por violaciones de los derechos humanos, que están a cargo de 22 jueces especiales.

Durante la dictadura unas 2.279 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 tienen la condición de detenidos desaparecidos, según estableció el informe Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

La Comisión Rettig y la Comisión Valech, que en 2005 certificó más de 28.000 casos de tortura cometidos también durante la dictadura de Pinochet, serán reabiertas en las próximas semanas y durante seis meses, por iniciativa del Gobierno, para recoger nuevos datos, desconocidos hasta ahora.
elmostrador
*
*
*
*

miércoles, 6 de enero de 2010

Congreso dio luz verde a la píldora del día después 06-01-10


Congreso dio luz verde a la píldora del día después

/ Lanacion.cl

Diputados aprobaron los cambios hechos por el Senado a la iniciativa que fue despachada del congreso, asegurando la distribución gratuita del mecanismo de anticoncepción de emergencia.

Miércoles 6 de enero de 2010 Actualizada 13:32 País

Pese a los cuestionamientos a la modificación del Senado que hace referencia a la prohibición del aborto, salió adelante en su último trámite el proyecto que garantiza la distribución gratuita de la píldora del día después.
La Cámara aprobó por 54 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones la polémica indicación que sentencia que “no se considerarán anticonceptivos aquellos métodos cuyo objetivo o efecto directo sea provocar un aborto”.
Por 59 votos a favor y 29 en contra se aprobó que el medicamento sea entregado a las niñas menores de 14 años con el posterior aviso a un adulto responsable que ellas indiquen.
La ministra del Sernam, Carmen Andrade, destacó que esta ley “permite la distribución de la píldora en todos los consultorios del país, lo que hoy estaba restringido porque solamente era posible adquirirlo en las farmacias, es decir que las personas que tenían recursos podían adquirirla y no así las mujeres de sectores pobres”.
Marco Antonio Núñez (PPD) apuntó que con esta aprobación “hemos dejado atrás definitivamente una intentona que duró muchos años, encabezada por los parlamentarios de la UDI, que hizo que la píldora del día después haya estado vedada de los consultorios y prohibido su uso en la práctica para la gran mayoría de chilenas”.
Recalcó que una vez que la Presidenta Michelle Bachelet promulgue el proyecto, luego que pase la revisión constitucional, “todas las familias van a poder elegir el método anticonceptivo que más les convenga sin que ningún Tribunal Constitucional por minoría quiera decidir por ellos de manera dogmática”.
Este proyecto viene a corregir la situación generada a partir del fallo del TC que, a petición de un grupo de diputados mayoritariamente de derecha, frenó la distribución de la píldora en los consultorios.
Uno de los principales detractores de la píldora, José Antonio Kast (UDI), dijo que “un fallo del TC no se enmienda a través de una ley posterior, por lo tanto esta ley opera sobre lo que dice el fallo”, apuntando que no es contrario a los anticonceptivos, sino que “lo único que discutimos es el uso de pastillas como esta que tienen eventualmente efectos abortivos”.
Reclamos de personas como Kast que pudieran producirse contra la píldora del día después, insistiendo en que sería abortiva, no generarían problemas en la distribución, ya que sería el reclamante quien debiera probar en ese caso que hay efecto abortivo, cuestión que científicamente no se ha hecho.
*
*
*

POLICIA BRAVA- VIOLENCIA DE LA POLICIA FEDERAL EN LOS ULTIMOS MESES-06-01-10

POLICIA BRAVA





Por Horacio Cecchi


Un informe de la Defensoría del Pueblo porteña alerta sobre el aumento de la violencia desplegada en la Capital por la Policía Federal en los últimos dos años. Los veinte casos graves seleccionados incluyen cuatro homicidios, desalojos y represión


UN INFORME DE LA DEFENSORIA PORTEñA ALERTA SOBRE EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA DE LA POLICIA FEDERAL EN LOS ULTIMOS MESES


Volvió el palito de abollar ideologías





El Informe de la Defensoría porteña fue realizado sobre un centenar de denuncias recibidas en los últimos dos años. De ellas seleccionaron los veinte casos más violentos de intervención de la Federal. Entre ellos, cuatro homicidios, desalojos y represión.

Por Horacio Cecchi


Veinte casos de extrema gravedad –entre los que se cuentan cuatro homicidios–, sobre un centenar de denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dan cuenta del grado de violencia de la Federal entre 2008 y 2009. Todos los casos fueron llevados a la Justicia penal, pero en buena parte los denunciados fueron sobreseídos o las causas archivadas rápidamente si se tiene en cuenta lo reciente de las denuncias. Los veinte casos forman parte de un informe desarrollado por la ombudsman porteña Alicia Pierini, a partir de la creación en 2007 de la Oficina de Seguridad Urbana. El informe sostiene que la violencia policial se agravó en estos dos últimos años y, especialmente, en los últimos meses de 2009. El documento cubre las denuncias recibidas por la Defensoría hasta el 31 de octubre pasado y no llegó a incluir la represión en el recital de Viejas Locas (14 de noviembre pasado) en Vélez Sársfield, del que resultó la muerte del adolescente Rubén Carballo, o el violento desalojo de la Plaza de Mayo en oportunidad de la marcha de la Mutual Sentimiento (9 de noviembre). “Hace mucho tiempo que en la Capital no se desataban represiones como éstas, sin que hubiera una provocación previa. Es preocupante porque va en contra de la política del gobierno nacional, que no es represiva”, señaló Pierini a Página/12. “Todo lo que es un exceso una vez probado se sanciona –aseguró a este diario el secretario de Seguridad, Sergio Lorusso–. Los que ocurren son excesos individuales. Ellos (por los federales) saben que todos los excesos van a ser llevados por particulares o por la misma institución a la Justicia.”
El informe, de 65 páginas, consta de diez capítulos y tres anexos sobre causas abiertas por represión policial en marchas, desalojos, y sobre casos de víctimas individuales. Bajo el título de “Informe especial sobre violencia policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, el documento describe y trabaja sobre “los patrones comunes de irregularidades” policiales. En su Introducción, el informe sostiene que “el nivel de violencia institucional en general, y en particular de violencia policial, también había mostrado un descenso hasta el año 2007 (...). Sin embargo, eso no significaba que muchas de las prácticas policiales ilegales se hubieran eliminado. Por el contrario –subraya el documento–, en varios de los casos que llegaban a conocimiento de esta Defensoría del Pueblo, así como en otros que tomaron conocimiento público o fueron trabajados por otros organismos, se pudo observar que estas prácticas persistían”.
El argumento central del documento es que el abuso, la corrupción y la violación de los derechos humanos, con índices diferentes según los años, constituyen prácticas policiales que la Federal pareciera arrastrar después de veintiséis años del fin de la dictadura militar, especialmente el funcionamiento de un “modelo tradicional que supone el predominio de rutinas y hábitos caracterizados por un sesgo autoconservativo, orientado a desarrollar acciones inscritas en una perspectiva bélica del control delictivo”. Agrega que dicho modelo tradicional está dirigido a controlar “todo tipo de conducta, incluso de acciones no delictivas, inscritas en conceptos primitivos de salubridad y moralidad pública”, y que en general dicho control se realiza sobre “personas en general socialmente vulnerables, consideradas y estigmatizadas por la propia policía como peligrosas, según una visión asentada, casi siempre, en una perspectiva discriminatoria”. A tales efectos, podría hablarse de jóvenes, marginales, desempleados, piqueteros y protestas sociales.
“No es toda la Capital –dijo Alicia Pierini–. Son comisarías. La mayoría del sur y del centro de la ciudad, las que tienen relación con el fútbol, roce con las barrabravas. Lo que hacemos es poner un alerta para que se tome en cuenta, sobre todo porque esta violencia no le hace ningún favor a la política del gobierno nacional, que no es represiva. ¿Cómo puede ser que un chico esté en la morgue 65 días y sea enterrado como NN? No pasó jamás en la democracia.”
El análisis de las situaciones de violencia policial fue realizado sobre desalojos, marchas o víctimas individuales. Entre los veinte casos seleccionados figuran el del desalojo de la cooperativa de cartoneros El Alamo, del Centro cultural Almagro, el 12 de agosto pasado (donde se registraron heridos y nueve detenidos), el desalojo de la Huerta Orgázmika, en Caballito, el 18 de mayo pasado, y la represión el día posterior por una protesta ante el CGP 6, en reclamo por el violento desalojo policial.
En los casos de violencia policial en desalojos, el informe diferencia entre los que se produjeron con orden judicial y los que no la tuvieron, y entre estos últimos, los que se sostienen en “una resolución administrativa” y los que se producen alegando “facultades propias de la policía”.
“Lejos de respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los han transgredido incumpliendo con las normas vigentes.” El documento agrega que “se ha podido apreciar en la mayoría de los procedimientos de desalojos la presencia de niños, lo cual es un agravante visto y considerando la normativa de protección preferencial de este grupo”.
Otro capítulo lo constituye la “actuación policial en casos individuales”. En ellos, la violencia parece sostenerse en el hecho de que las víctimas fueron descriptas como “supuestos delincuentes”, lo que según el discurso policial habilitaría a la acción de “abatirlos (...) como una práctica aceptada dentro de las rutinas cotidianas” policiales. Como explicación de la acción aparece el objetivo de “control de ‘ilegalismos’, (que) es lo que permite –sostiene el informe– que la cuestión de la brutalidad policial entre y salga del debate público, sin mayores modificaciones del número de víctimas sobre las cuales año a año se ejerce este abusivo accionar policial”.
El eje de esta práctica se sostiene por la “deficiente formación en derechos humanos de la policía, que no percibe que la vida es el derecho de mayor jerarquía, y en consecuencia no puede ser violado en defensa del derecho de propiedad”.
Que el informe se traduzca en una crítica severa si no en una denuncia salta a la vista cuando sostiene que “abatir a un supuesto ladrón, sin que medie la legítima defensa, es lisa y llanamente un homicidio, aunque luego el subterfugio de ‘plantar’ un arma y aducir enfrentamientos otorgue impunidad”. Del mismo modo, tampoco parece medirse la vida del propio policía como un valor, “y no debería arriesgarse sin medir cabalmente el derecho que se defiende y cómo se lo hace”. Vidas policiales que, por otro lado, al perderse son levantadas públicamente por la institución como mártires, con lo que se logra un doble objetivo: encubrir el error de no valorar la vida del policía y sostener en alza la rueda de violencia policial supuestamente justificada.
El informe agrega que “en los casos aquí analizados se advierte una brecha entre el ‘accionar real’ desplegado por los efectivos policiales en el procedimiento y el ‘deber ser’ jurídico al que están legalmente sujetos. El uso de la fuerza resultó excesivo, desproporcionado o irracional; y llevado a cabo generalmente contra personas y sectores de la población social y económicamente más vulnerables de la ciudad”.
El motivo de la “mala imagen” de la Federal, como destaca el Informe, se sostiene no sólo en sus actos violentos, sino que también “en muchas oportunidades la versión policial dista notablemente de la versión de las víctimas y, en algunas de ellas, se ha constatado que inclusive difieren de los hechos comprobados en causas judiciales”. En pocas palabras, el escaso ajuste de la versión policial a la realidad.
Para analizar los patrones comunes de la actuación policial, el Informe plantea encontrar respuestas a “la legitimación social que los agentes encargados de hacer cumplir la ley creen estar cumpliendo”. Y agrega que “falsamente se presupone de antemano que ante mayor protección de los derechos individuales, menos seguridad y viceversa. Visto de esta manera el hecho de que los agentes del orden violen los derechos humanos estaría justificado a los fines de la seguridad pública general. Esta tensión entre la protección del derecho a la integridad física de los ciudadanos y el uso real de la fuerza para prevenir el crimen y la delincuencia naturaliza la violencia y los abusos. Pareciera que algunas prácticas indebidas han quedado legitimadas al interior de la propia fuerza como consecuencia de su reiteración e impunidad”.
Entre las prácticas recurrentes aparecen “la utilización de estereotipos de la ‘sospecha’ sobre grupos sociales vulnerables ya sea por portación de tatuajes, rostro, vestimenta, edad en el caso de los jóvenes, características étnicas y también orientaciones sexuales, estableciéndose por parte de la policía juicios de peligro a priori sobre eventuales conductas de algunas personas, contrariando la tarea que les asigna la ley”. Estos estereotipos, finalmente, funcionan a modo de control social y se los intenta legitimar con la denominación de “conductas predelictuales”.
La justificación del accionar policial se sostiene en supuestas circunstancias previas que recomiendan la intervención policial, y lo hacen a partir del “grado de sospecha” que esas circunstancias provocan, lo que permite la “detención o la requisa de la posterior víctima. Sin embargo, los ‘indicios vehementes’ –tal como citan los partes policiales–, las ‘circunstancias debidamente fundadas’ o los ‘motivos para presumir’”, requieren de descripciones precisas que fundamenten las “sospechas”. “Dicha fundamentación por lo general es inexistente y por ello se la ‘crea’ presumiblemente ‘a posteriori’ en varias ocasiones.”
hcecchi@pagina12.com.ar



SUBNOTAS


La autoridad como un abusoPor Horacio Cecchi




*

*

*

*

Juica defiende mea culpa por rol de Justicia en dictadura--06-01-10

Juica defiende mea culpa por rol de Justicia en dictadura


/ Lanacion.cl / Agencias


El ex juez de la Primera Sala civil del máximo tribunal asumió esta mañana como nuevo presidente de la Corte Suprema, afirmó que las causas de derechos humanos tendrán una preocupación preferente durante su administración.


Miércoles 6 de enero de 2010 Actualizada 11:45 País


Milton Juica asumió esta mañana como nuevo presidente de la Corte Suprema en una ceremonia en donde defendió el mea culpa realizado el pasado 18 de diciembre sobre la actuación de la Justicia durante la dictadura de Augusto Pinochet.


“Creo que no provocó tanta discusión y controversia, no siento que haya sido una expresión que causara impacto en la sociedad, la cual la asimiló sin trauma”, manifestó Juica.


Dichas expresiones fueron defendidas por el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien declaró que lo que el ex juez de la Primera Sala civil del máximo tribunal dijo es “lo que todos los chilenos pensábamos. Me parece bien que lo haya dicho, era necesario que la máxima autoridad del Poder Judicial dijera lo que muchos chilenos pensábamos, que el Poder Judicial durante la dictadura no cauteló los derechos de las personas”.


También Enrique Cury, ex magistrado de la sala penal de la Corte Suprema, se refirió al tema y aseveró que las declaraciones de Juica “me parecen extraordinariamente relevantes, hubo una oportunidad en que se discutió el asunto en la corte y se censuró a un muchacho que escribió una tesis en que decía que debería haber pasado eso y yo fui el único que voté que no se podía sancionar a un niño que decía lo que yo pensaba sobre lo que la Corte debía haber hecho”.


El nuevo presidente del máximo tribunal agregó que el tema de los derechos humanos tendrá una preocupación preferente durante su administración, siendo partidario que los procesos pendientes avancen lo más rápido posible y concluyan en el próximo bienio.


“Esa aspiración depende de otros factores ajenos a nuestras voluntades. Tengo la conciencia que nuestros jueces están trabajando duramente para poner término a esos procesos y dar a la ciudadanía una respuesta, lo que servirá para apaciguar los espíritus de los sucesos que dieron lugar a los procesos”, afirmó.


A la ceremonia concurrieron, además del ministro Maldonado; el vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi; el fiscal nacional, Sabas Chahuán, y el contralor general de la República, Ramiro Mendoza.

*

**

**

Brasil crisis militar renuncia masiva FF.AA:Lula propone la creación de una Comisión Nacional de la Verdad--06-01-10

Miércoles, 6 de Enero

Lula propone la creación de una Comisión Nacional de la VerdadCúpula militar brasileña presiona para que no se investiguen los crímenes de la dictadura

En ningún país resulta fácil afrontar el pasado y depurar responsabilidades: de eso saben mucho en Latinoamérica, especialmente allá donde se sufrieron dictaduras militares en los setenta. Pero mientras en los últimos años países como Argentina y Chile han comenzado a procesar a quienes fueran sus tiranos, en Brasil, un cuarto de siglo después del fin de la dictadura que gobernó la nación entre 1964 y 1985, sigue pendiente la cita con la historia.

Consciente de ello, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva proponía el pasado 21 de diciembre la creación de una Comisión Nacional de la Verdad para investigar los delitos que se cometieron al amparo de aquel régimen. Al día siguiente, se desataba la que muchos califican como la peor crisis político-militar en los siete años de presidencia de Lula.

La Comisión, propuesta dentro de un Programa de Derechos Humanos, pretendía identificar a los responsables de 475 muertes o desapariciones y de las torturas a 20.000 personas durante ese periodo. En cambio, los militares lo interpretaron como un intento de derogar la Ley de Amnistía de 1979, una ley de punto y final sobre esa etapa de Brasil.

Dimisiones

El proyecto que fue tildado de “provocador y revanchista” por los militares, también contemplaba el cambio de nombres y edificios que fueron bautizados en homenaje a los dirigentes de la la dictadura.

El ministro de Defensa, Nelson Jobim, y los tres comandantes de las Fuerzas Armadas el general Enzo Peri, del Ejército, el general Juniti Saito, de la Fuerza Aérea, y el almirante Julio Moura Neto, el comandante de la Marina pusieron la semana pasada sus cargos a disposición del presidente, quien no aceptó las dimisiones y acabó cediendo a sus presiones: Lula se comprometió a “revisar” los aspectos más delicados del proyecto y retrasó hasta abril una definición del plan.
Una vez más, la cúpula uniformada hizo valer su fuerza. “La presión militar es fortísima”, confesó un miembro del Gobierno al diario Folha de Sao Paulo.

Lucha armada

Cuando la crisis saltó a las páginas de los diarios, el ministro de Justicia y uno de los precursores del proyecto, Tarso Genro, minimizó lo ocurrido y aseguró que Lula “lo resolverá todo cuando regrese” de vacaciones el 11 de enero. Sin esperar a esa fecha, los militares siguieron haciendo ruido: el parlamentario responsable de Defensa, Raul Jungmann, aseguró que “la crisis está solucionada, pero va a dejar secuelas porque se ha quebrado la confianza” de los mandos del Ejército.
Uno de los aspectos que más les ha molestado es la ausencia de referencias en el texto del proyecto al otro lado, el de los militantes de izquierdas que utilizaron la lucha armada para combatir la dictadura. Un general lo expresó con contundencia en declaraciones al diario O Estado de Sao Paulo: “Si quieren colocar a coroneles y generales en el banco de los acusados, también vamos a poner a Dilma [Rousseff, candidata de Lula a las presidenciales de este año]“, dijo en alusión al pasado guerrillero de la ministra.

Polémica amnistía

Lo cierto es que la ley de 1979 protege a unos y a otros; pero no se trató de una amnistía consensuada por las dos partes, sino de una ley impuesta por los dictadores antes de su disolución para garantizarse la impunidad.
El proyecto presentado por Lula no hablaba de derogar la Ley de Amnistía, pero sí de identificar a víctimas y verdugos, lo que podría abrir una vía para la depuración de responsabilidades. Máxime cuando el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, está analizando desde hace más de un año una demanda de familiares de asesinados y torturados para acabar con la impunidad.
La Corte Suprema está debatiendo si los casos de tortura y homicidio deben ser incluidos entre los “crímenes políticos” de que habla la ley. La cuestión llegó al alto tribunal después de que un juez de São Paulo rechazase que el ex coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, después condenado por torturas, se acogiese a la amnistía para evitar el proceso.

Heridas por cicatrizar

Al contrario que en Argentina, Chile o Uruguay, en Brasil todavía queda un largo camino por recorrer para que cicatricen las heridas que dejó el oscuro capítulo de la dictadura. La polémica sobre la amnistía surge de tanto en tanto, pero la indulgencia de Lula hacia los militares dista mucho de la firmeza de Néstor Kirchner y Michelle Bachelet.

No lo ha tenido fácil: cada vez que se ha avanzado un mínimo hacia el fin de la impunidad, las Fuerzas Armadas brasileñas han reaccionado en bloque y con rapidez, hasta conseguir que se entierre el debate. Una capacidad de influencia que lleva a preguntarse hasta qué punto la cúpula militar sigue controlada por la misma elite que gobernó el país durante el régimen militar.

Público / LibreRed

Fecha: 06/01/2010

abrebrecha.com
*
*************

Brasil-DDHH: Militares amenazan con renunciar

/ ANSA

Miércoles 30 de diciembre de 2009 Actualizada 08:25 Internacional

Los comandantes del Ejército, Enzo Martins Pieri, la Aeronáutica, Juniti Saito, y el ministro de Defensa Nelson Jobim amenazaron renunciar si el Presidente brasileño Luiz Lula da Silva crea la Comisión de la Verdad sobre los crímenes durante la dictadura militar, revelaron hoy medios locales.
Los altos jefes militares expresaron su disposición a dejar sus cargos luego que el Gobierno aprobó un proyecto para crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes contra disidentes políticos durante la dictadura (1964-1985), informó hoy Folha de Sao Paulo.
Ese proyecto, presentado en un acto el 21 de diciembre, encabezado por el Mandatario Lula y el secretario de Derechos Humanos Paulo Vannucci es “excesivamente insultante, agresivo y revanchista” hacia las Fuerzas Armadas, dijeron los militares el pasado 23 de diciembre, reveló Folha.
“La presión (militar) es fortísima”, afirmó una fuente del Gobierno a ese diario.
Se estima que el Presidente no adoptará una posición definitiva sobre el tema en los próximos días, pero se espera que lo haga a su regreso de las vacaciones el 11 de enero.
De acuerdo con Folha, el Mandatario dialogó con el secretario Vannucci a quien sugirió reelaborar el proyecto y buscar una fórmula de 2conciliación”.
Vannucci, ex preso político, también analiza renunciar al cargo en caso que la propuesta sea vetada por la presión militar.
En tanto, el diario Estado de Sao Paulo indica que el ministro de Defensa, Nelson Jobim, también habría expresado su intención de dejar el cargo ante el tenor “revanchista” de la iniciativa respaldada por la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia.
El Plan Nacional de Derechos Humanos lanzado por Lula y Vannucci incluye varios ejes sobre temas como minorías sexuales, discapacitados y derechos sociales.
El punto que causó incomodidad entre los uniformados fue el “Eje Orientador 6: Derecho a la Memoria y la Verdad” que entre sus objetivos consigna el de “identificar y tornar públicas las estructuras” que el régimen montó para secuestrar, torturar y matar.
Ese ítem obligaría a las Fuerzas Armadas a entregar supuestos archivos con documentación sobre la represión.
El diario Estado publicó que los militares no aceptarán la revisión de la ley de Amnistía, sancionada en 1979, la cual prohíbe investigar y abrir procesos contra los uniformados.
Según ese diario, un general en actividad dijo que si los militares son procesados también deberían serlo la ministra y pre candidata presidencial Dilma Rousseff, ex presa política tras haber integrado una organización armada que enfrentó al gobierno de facto.
lanación
*
*
***********

Crisis militar en Brasil por la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad

La cúpula de la Fuerzas Armadas amenazó con una renuncia masiva, en repudio a la iniciativa.
El organismo busca investigar delitos cometidos por el régimen militar entre 1964 y 1985. Y podría generar la reapertura de los juicios contra represores, congelados por una ley de 1979.

El proyecto del gobierno brasileño de crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de la dictadura (1964-85) desencadenó una inesperada reacción del cúpula militar, que amenazó con una dimisión generalizada.
La disputa se originó en vísperas de Navidad, con el lanzamiento del Programa Nacional de Derechos Humanos, una iniciativa del oficialismo que prevé la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad para investigar crímenes cometidos por el régimen militar.
"Se trata de la mayor crisis político-militar del gobierno de Lula Da Silva", expresó Nelson During, editor de un sitio especializado de defensa.
Contrariamente a otros países de la región, en Brasil sigue en vigor una ley de Amnistía de 1979, que garantiza que no haya procesos contra los represores. "Existía un acuerdo de que cualquier modificación que afecte la amnistía obligaría a investigar los delitos de los dos lados (represores y resistencia), pero el Programa del gobierno mencionó sólo a los militares", dijo el titular de la comisión parlamentaria de Defensa, Raúl Jungmann.
El legislador confirmó que, roto el acuerdo, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, secundado por los comandantes de las tres Fuerzas, pusieron su cargo a disposición, y sólo retrocedieron ante el compromiso del presidente Lula de revisar los puntos sensibles del Programa de Derechos Humanos.
"Desde el punto de vista militar, la crisis está solucionada, pero dejará secuelas porque se quebró la confianza", dijo Jungmann, quien advirtió que la resistencia ahora es del ministro de Derechos Humanos, Paulo Vanucci.
No existe "ninguna controversia insanable entre el ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos. (Lula) lo va a resolver con su capacidad de mediación cuando vuelva de vacaciones", declaró a la prensa este miércoles el ministro de Justicia, Tarso Genro.
El colegio de abogados brasileño criticó las "presiones" del comando militar: "Amnistía no es amnesia", replicó Cesar Britto, presidente de la entidad, que reclama con una acción en la Corte Suprema una reinterpretación de la ley de amnistía que permita conocer la verdad y procesar a los torturadores.
Los militares se han resistido a toda iniciativa que amenace revisar la amnistía en Brasil, país que reconoce 400 víctimas entre muertos y desaparecidos. "Si quieren poner a coroneles y generales en el banco de los acusados, también vamos a poner a Dilma (Rousseff, ministra jefe de Gobierno, ex guerrillera, y posible candidata de Lula a sucederlo en 2010)", desafío un general en estricto anonimato.
clarin.com
*
*
*
*

Atacante contra CIA en Afganistán era doble agente-06-01-10


La Habana, 6 de enero de 2010

Atacante contra CIA en Afganistán era doble agente

AMMÁN .
— El autor de un reciente ataque contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en Afganistán trabajaba como agente de los servicios de inteligencia jordanos y de Al-Qaeda, informaron hoy varias fuentes.

Según PL, la agencia de noticias Petra identificó al suicida que atentó el pasado 30 de diciembre contra la base de la CIA Chapman, en la provincia afgana de Khost, como Hammam Khalil Abu Mulal al-Balawi, médico de profesión, quien tenía la misión de cooperar con la inteli­gencia norteamericana.

Petra y el canal qatarí Al Jazeera citaron fuentes de Jordania, según las cuales Al-Balawi —también conocido como Abu Dujana Al-Khorasani— era un doble agente que igualmente trabajaba para la red Al-Qaeda.

La misma fuente aseguró que Al­Bawali fue invitado a la base, porque declaró tener información útil para capturar a la mano derecha de Osama bin Laden, el egipcio Ayman al Zawahri.

Como resultado del ataque, murieron cuatro agentes y tres guardias de la CIA, así como el agente secreto jordano Ali bin Zaid, en lo que se considera el atentado más grave contra la seguridad estadounidense desde abril de 1983.

Un informe revelado este martes por tanques pensantes de Washington califica a los oficiales y analistas de inteligencia norteamericanos de ignorantes, enfocados demasiado en los enemigos, y no en los pobladores civiles que pueden ser reclutados.
granma.cu
***************
Miércoles, 6 de Enero
Hammam Khalil Abu Mulal al-Balawi, de profesión médico Atacante contra CIA en Afganistán era doble agente

Ammán, 5 ene (PL) El autor de un reciente ataque contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en Afganistán trabajaba como agente de los servicios de inteligencia jordanos y de Al-Qaeda, informaron hoy varias fuentes. La agencia de noticias Petra identificó al suicida que atentó el pasado 30 de diciembre contra la base de la CIA en la localidad afgana de Khost como Hammam Khalil Abu Mulal al-Balawi, de profesión médico y que tenía la misión de cooperar con la inteligencia norteamericana.

Petra y el canal qatarí Al Jazeera citaron fuentes de Jordania, según las cuales, Al-Balawi -también conocido como Abu Dujana Al-Khorasani-, era un doble agente que también trabajaba para la red Al-Qaeda, que lidera Osama Bin Laden.

El sujeto trabajaba para la inteligencia jordana y apoyaba a la CIA en los esfuerzos por recabar información sobre el paradero del segundo hombre de Al-Qaeda, el egipcio Ayman Al-Zawahiri, y entrevistarse con él, apuntaron las fuentes.

Supuestamente proporcionó esos datos antes de llegar a la base de Khost y detonar los explosivos que el pasado miércoles causaron la muerte de ocho personas, de ellos cuatro oficiales de la CIA y tres guardias de seguridad contratados.

En el ataque también se reportó entonces la muerte de un oficial de inteligencia jordano que la agencia Petra identificó como capitán Sharif Ali Bin Zeid, cuya pertenencia a la familia real hashemita justificaron la presencia de los reyes en su funeral.

Las autoridades jordanas expresaron su malestar por las revelaciones de que Al-Balawi haya trabajado al servicio de Al-Qaeda y que, de acuerdo con algunas hipótesis, haya sido enviado por el propio Al-Zawahiri para perpetrar el ataque.

ocs/ucl
Fecha: 06/01/2010
gacetaoficial.abrebrecha
*
**************

Jefe de servicios de inteligencia estadounidenses critica papel del espionaje en Afganistán

El representante de servicios de inteligencia en Afganistán señala que las actividades han sido confusas.
Michael Flynn, critica que su país se haya dedicado a "capturar o matar a insurgentes de medio y alto nivel".

En el ataque suicida donde murieron siete agentes de la CIA tambien falleció el capitán jordano Sharif Ali Bin Zeid.

Tras el ataque suicida que mató a siete agentes de la CIA en Afganistán, el responsable de los servicios de inteligencia estadounidense en territorio afgano criticó la labor de espionaje de Estados Unidos tras ocho años de guerra en esa nación centroasiática.

TeleSUR _ Hace: 13 horas

El responsable de los servicios de inteligencia del Ejército de Estados Unidos (EE.UU.) en Afganistán, el general Michael Flynn, ha criticado el trabajo de las agencias de espionaje de su país en territorio afgano y lo considera "confuso".
En un informe de la organización Center for New American Security, Flynn, afirma que en ocho años de guerra, la actividad de los servicios secretos ha sido marginalmente importante en la estrategia global en Afganistán. El jefe de los servicios de inteligencia estadounidense en Afganistán critica que los agentes de su país se hayan centrado casi exclusivamente en "capturar o matar a los insurgentes de medio y alto nivel".
"Es necesario para ganar una guerra", asegura el general, pero pasa a segundo plano si se compara con la importancia de obtener información "sobre el contexto de las operaciones" y de "distinguir entre los talibanes y el resto de la población afgana" con el fin de tomar las "decisiones importantes".
Según un informe que muestra las tensiones entre el Ejército y las agencias de espionaje estadounidenses, Flynn cree que los agentes son "desconocedores de la economía local y de los terratenientes, están confusos sobre las personas próximas al poder y cómo pueden influir en ellas".
Asegura además que no se interesan en los proyectos de desarrollo y en la forma en que los campesinos podrían ayudar, asimismo no se comprometen con "la gente en la mejor posición para encontrar respuestas, como cooperantes o soldados afganos".Flynn exhortó también a realizar "importantes cambios culturales" a la hora de obtener una información más amplia en mayor número de capas sociales.
El informe se publicó días después de que un suicida matase a siete miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) en una base estadounidense al este de Afganistán. El hecho es considerado uno de los ataques más sangrientos en la historia de la CIA.
Suicida: agente doble
El suicida que atacó a los siete agentes de la CIA la semana pasada en Afganistán era un "agente doble": trabajaba en la agencia estadounidense y para la Inteligencia jordana, según informó este martes el sitio web de la cadena qatarí Al Yazira.
Por su parte, la corresponsal de Al Yazira en Ammán (capital de Jordania), Nesrin al Shamyleh, explicó que, en el pasado, el atacante Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi había sido detenido y torturado en prisiones jordanas por participar en reuniones de la red Al Qaeda.
"Tras su liberación, fue convocado varias veces por la Inteligencia de Jordania y se cree que, durante ese período, y por los valiosos conocimientos de Al Balawi sobre Al Qaeda, él podría haber sido reclutado por la Inteligencia jordana", agregó Shamyleh.
Agentes y ex funcionarios de inteligencia dijeron que la CIA inició una profunda investigación sobre esa falla de seguridad sin precedentes.
Las investigaciones revisarán cómo el supuesto atacante suicida fue reclutado por la inteligencia jordana y si otros agentes que trabajan con EE.UU. pueden ser espías.
Ex funcionarios de la agencia afirmaron que los investigadores exploran un amplio margen de pistas, que incluye posibles vínculos entre el atacante y la red del comandante talibán afgano Jalaluddin Haqqani, uno de los objetivos prioritarios de la CIA.
El ataque, ocurrido el pasado miércoles 30 de diciembre, se cobró las vidas de siete trabajadores de la agencia estadounidense y de un agente de la Inteligencia jordana, identificado por la agencia de noticias estatal de Jordania, Petra, como capitán Sharif Ali bin Zeid, capitán del Ejército y familiar lejano del rey de Jordania, y que era el contacto del espía doble dentro de la base.
Según Al Yazira, el kamikaze se trasladó en coche desde Pakistán a la base Chapman de la CIA, donde ocurrió el atentado, situada en la provincia oriental afgana de Jost.A su llegada a la base de Chapman no fue registrado y se le facilitó el paso, pues se esperaba su visita con una información que podía conducir a las fuerzas estadounidenses hasta los líderes de Al Qaeda. La cadena de noticias qatarí señaló que se cree que Al Balawi, también conocido como Abu Duyana al Jurasani, ofreció a la agencia estadounidense de inteligencia nuevas informaciones sobre el paradero del "número 2" de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri.

teleSUR-El país-Efe-Reuters/yi-MFD
*
******************
El terrorismo islamista

El agente doble que eligió la ‘yihad’

El suicida que mató a siete miembros de la CIA en Afganistán se llamaba Human al Balawi, era jordano y trabajaba para Ammán y para Al Qaeda

YOLANDA MONGE - Washington - 06/01/2010
Su misión oficial era infiltrarse en las filas de Al Qaeda como un yihadista extranjero y obtener información para los estadounidenses sobre el paradero de la mano derecha de Osama Bin Laden, el médico egipcio Ayman Al Zawahiri. Pero el terrorista suicida que la semana pasada se inmoló en una base de la CIA en Afganistán matando a siete agentes tenía su propia agenda oculta.


Considerado un informante del espionaje jordano al servicio de los intereses de Washington en Afganistán, el espía trabajaba como agente doble al servicio de Al Qaeda, y habría sido enviado por el propio Al Zawahiri para cometer el atentado, uno de los más mortíferos —al menos conocido— en la historia de los servicios secretos de EE UU.

La CIA reconoce haber perdido “sólo” a 90 agentes en sus más de 60 años de polémica existencia. En su sede de Langley (Virginia), 90 estrellas de color negro sobre mármol blanco representan de forma anónima cada una de las bajas sufridas. El tributo a los caídos se completa con una inscripción en grandes letras doradas que dice: “En honor de aquellos miembros de la Agencia Central de Inteligencia que dieron su vida al servicio de su país”.

El autor del atentado ha sido identificado por la cadena de televisión NBC como Human Jalil Abu Mulal al Balawi, de 36 años. Era médico de profesión y provenía de Zarqa (Jordania), casualmente el mismo lugar donde había nacido el líder de Al Qaeda en Irak, Abu Musab Al Zarqawi, muerto en 2006 durante un ataque aéreo estadounidense.

Según los relatos de los medios de comunicación norteamericanos —que citan una fuente occidental conocedora de la investigación del caso—, el suicida habría sido arrestado en Jordania hace más de un año por las autoridades de Ammán, y convencido para que apoyase los esfuerzos de EE UU y Jordania en Afganistán para derrotar a Al Qaeda. Los servicios de espionaje jordanos estaban convencidos de que habían ganado al doctor para su causa y le enviaron a Afganistán, presumiblemente —y siempre según la misma fuente citada anteriormente— bajo las órdenes de un agente jordano, el capitán Sharif Ali Bin Zeid, cercano colaborador de la CIA en su base afgana.

Siguiendo un argumento digno de John Le Carré, la muerte de este auténtico agente jordano fue hecha pública la semana pasada, pero no se detalló el lugar exacto de su fallecimiento ni cuál era su misión en Afganistán. La agencia estatal de noticias jordana, Petra, sólo se limitó a decir que el capitán Zeid había sido asesinado en Afganistán “mientras llevaba a cabo labores humanitarias junto al contingente jordano de las fuerzas de paz de Naciones Unidas”. Al entierro de Zaid asistió el rey de Jordania, familiar lejano del capitán fallecido.

Human Jalil Abu Mulal al Balawi, el doble agente, no fue registrado a su llegada a la base de la CIA en la provincia afgana de Khost (al sureste del país). Franqueó todos los controles de acceso a la base Chapman porque era conocido y se esperaba su visita portando “importante” información. Una de las preguntas sin respuesta hasta el momento era por qué había tantas personas —tantos agentes— en la reunión con el atacante. Según relataba ayer la cadena MSC-NBC, la respuesta está en el plan diseñado por el suicida, que, conocedor de lo mucho que se esperaba de él, fue reclamando la presencia de más y más personal de la CIA hasta que logró que estuviera la propia jefa de la base. Entonces se voló en pedazos.

Según personas familiarizadas con el modus operandi de la Agencia, tan sólo uno, como máximo dos agentes, están presentes con los informantes en el momento de recibir los testimonios. Se llevan a cabo encuentros muy reducidos para minimizar riesgos y para no exponer las identidades, tanto del espía como del colaborador.

Lo sucedido en Afganistán pone de relieve y eleva a titular de periódico la estrecha relación existente entre los servicios de espionaje jordanos y la CIA en la lucha contra el terrorismo. Tanto EE UU como la CIA son muy impopulares en Jordania, donde casi la mitad de la población es de origen palestino y donde se condena duramente el apoyo de Washington a Israel.

A pesar de que el reino hachemí colabora como el más fiel aliado de EE UU en la zona a la hora de apoyar operaciones contraterroristas y dar soporte estratégico para las operaciones del Pentágono en Irak, siempre ha intentado lucir un perfil bajo y mantener las misiones en secreto. No por más tiempo.

Los cuerpos de los siete miembros asesinados de la CIA llegaron el lunes por la noche a la base aérea militar de Dover (Delaware), donde fueron recibidos por el director de la Agencia, Leon Panetta, y familiares y amigos. Como es preceptivo en la CIA, no se han revelado los nombres de los fallecidos. Sólo se sabe que la jefa de la base atacada era una mujer, madre de tres hijos y considerada una experta veterana en estas misiones. Otros seis agentes resultaron heridos durante el ataque del pasado miércoles.

A FONDO
Sede:Washington (Estados Unidos)
Ver cobertura completaLa ofensiva de Al Qaeda
A FONDO
Amenaza internacionalVer cobertura completa

Jordania envió a Al Balawi a localizar al lugarteniente de Bin Laden
elpais.com
*
*
*
*