ESTELA DE CARLOTTO RECIBIO EL PREMIO FOMENTO DE LA PAZ EN LA SEDE DE LA UNESCO JUNTO A CRISTINA KIRCHNER - 15-09-11

¡BASURA (as) APRENDE (an)! =Michele Bachelet J.


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Premio de la Unesco a las Abuelas de Plaza de Mayo

EL MUNDO LAS ABRAZA

Por Victoria Ginzberg

Estela de Carlotto recibió uno de los principales reconocimientos internacionales en el campo de los derechos humanos. “No somos heroínas, sólo mujeres, madres, abuelas”, dijo al agradecerlo. La acompañó la Presidenta, que también se reunió con su par francés, Nicolas Sarkozy

La directora de la Unesco, Irina Bokova, y el ex presidente portugués Mario Soares aplauden a Estela de Carlotto, abrazada por Cristina Kirchner.
Imagen: Télam

ESTELA DE CARLOTTO RECIBIO EL PREMIO FOMENTO DE LA PAZ EN LA SEDE DE LA UNESCO JUNTO A CRISTINA KIRCHNER

“No somos heroínas, sólo somos mujeres”

El organismo concedió ayer su distinción más importante a las Abuelas de Plaza de Mayo en reconocimiento a su labor. Estela de Carlotto agradeció: “Tenemos el compromiso de no renunciar a la lucha”. También habló CFK.


Por Victoria Ginzberg

Desde París

“Abuelas de la Plaza, el mundo las abraza.” La frase resonó en el gran salón de la Unesco en el momento en que la directora del organismo internacional, Irina Bokova, y el ex presidente de Portugal Mario Soares concretaban la entrega formal a Estela de Carlo-tto del premio Félix Houphouët-Boigny de Fomento de la Paz. “No somos heroínas ni diferentes, sólo somos mujeres, madres, abuelas”, resumió después la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y le contestó una ovación.

Desde temprano, los alrededores de la Place de Fontenoy, donde queda la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se fue llenando de gente que hacía fila bajo un estricto operativo de seguridad. La parte superior de la torre Eiffel se podía ver con solo levantar la cabeza. Túnicas brillantes, pañuelos, vestidos y sombreros de colores fuertes poblaban el lugar, ya que la distinción otorgada a las Abuelas fue establecida por los países africanos (lleva el nombre del primer presidente de Costa de Marfil independiente) y sus delegaciones eran mayoría.

Adentro, los argentinos se ubicaron en las primeras filas del auditorio. Allí estaban las abuelas Rosa Roisinblit, Elsa Oesterheld y Buscarita Roa, los nietos que recuperaron su identidad y los funcionarios que habían acompañado a la Presidenta en su viaje a París. En el escenario, delante de una pared con el logo de la Unesco y las banderas de todos los países miembro, se sentaron Estela de Carlo-tto, Cristina Kirchner, Bokova, Soares (fue el presidente del jurado), el ministro de Justicia y Libertades francés, Michel Mercier, y una decena de representantes de naciones africanas. En un costado se ubicó el coro de la Unesco, que dio inicio a la ceremonia con el “Laudate Dominum” de Mozart.

El acto continuó con los discursos de casi todos los que estaban en el escenario, empezando por los presidentes de los países que habían impulsado la creación del premio y que dedicaban varios minutos a agradecerse una y otra vez entre ellos. Pero el lugar distaba de ser solemne. Cada vez que uno de los jefes de Estado se acercaba al micrófono, una barra lo vivaba con melodías de cancha, chiflidos y agite de banderines. “Son los groupies”, describió una persona del lugar.

Cuando le tocó el turno a Cristina Kirchner, los argentinos no fueron menos y alentaron y aplaudieron de pie. “Hoy estoy aquí en mi doble condición. No solamente como presidenta de la República Argentina, sino como una ciudadana más”, comenzó CFK. “Quiero hacer un homenaje –dijo– en la figura de Estela a todos aquellos que durante muchísimos años reclamaron justicia. Estas mujeres jamás preconizaron o hicieron uso de la violencia. Al contrario, aun cuando casi todos habían perdido las esperanzas, siguieron reclamando ante los tribunales, ante los jueces del país, ante el Parlamento argentino, ante los distintos Poderes Ejecutivos, justicia, memoria y verdad. Recuerdo haber dicho en mi intervención en la Cámara de Senadores (en el debate por la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida) que no sé si a mí me hubieran arrebatado un hijo y no lo hubiera podido ni siquiera llorar o llevar una flor a su tumba, si hubiera tenido la entereza y la fortaleza para reclamar justicia, memoria, verdad en el tono y en la forma en que estas mujeres lo hicieron. Creo que esto es lo distintivo de ellas. No es solamente haber logrado recuperar identidad, sino haber podido persistir sin caer en esas falencias de la condición humana, que son muchas veces los instintos de venganza o de querer hacer justicia por la propia mano. Nada más alejado de estas mujeres que parecían muy débiles, que algunos calificaron de locas y creo que eran las más cuerdas y las más racionales en aquellos momentos en la Argentina.”

También describió al país como “un modelo de lo que debe ser un estado de derecho respetuoso de la vigencia de los derechos humanos en forma irrestricta” y recordó al ex presidente Néstor Kirchner. “Quiero decirles–-agregó– que la Argentina necesita de la memoria, necesita de la verdad, necesita de la justicia para dar vuelta esa página dolorosa que vivimos. Queremos dar vuelta esa página dolorosa, queremos recuperar a los nietos que nos faltan todavía y queremos, además, que, finalmente, se termine dando justicia a todos aquellos que la han reclamado.”

Antes, la directora de la Unesco dijo que como madre y como abuela saludaba la lucha de las Abuelas y su valentía: “A través de sus gestiones, ustedes han abierto el camino para una nueva Argentina”. La última en hablar fue Carlotto, que agradeció a la Unesco en nombre de todas las Abuelas y también elogió a Néstor y Cristina Kirchner.

Dijo que las mujeres que integran la organización que preside están lejos de ser el prototipo de la abuela de cabello blanco y anteojos caídos sobre la nariz que se abraza a su nieto en un sillón mientras le cuenta historias: “No estamos sentadas, el sillón está tan vacío como los brazos. En constante peregrinaje por el mundo en busca de nuestros hijos y nietos nació una lucha colectiva de Madres, Abuelas y Familiares que reclamaban por sus seres queridos”. Carlotto señaló que su tarea está guiada por amor y sentimientos pacíficos, pero que eran implacables en la convicción de buscar la verdad y la justicia y que, por su tarea, que tiene repercusiones en diferentes ámbitos, las llaman “abridoras de caminos”. “Tenemos el compromiso de no renunciar a la lucha. Y la advertencia de que este despojo no podrá repetirse en ningún lugar del mundo porque habrá mujeres que, como nosotras, se levanten para defender el cachorro. Se sabrá que hay lucha en paz para que nunca más sea posible tal despojo. No somos heroínas ni somos diferentes, sólo somos mujeres, madres, abuelas”, cerró su discurso y fue aplaudida por todo el auditorio, del que formaban parte, entre otros, la ex primera dama francesa Danielle Mitterrand, el ex primer ministro Lionel Jospin y el actual alcalde de París, Bertrand Delanoe.

Como cierre de la ceremonia del premio que ya recibieron Lula, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin y Shimon Peres, entre otros, el pianista y embajador Miguel Angel Estrella tocó con su cuarteto cuatro ritmos del Unasur, entre ellos “Alfonsina y el mar”. CFK y Carlotto escuchaban desde el escenario. La presidenta de Abuelas miraba al público. La sala estaba oscura, pero sabía que allí cerca estaban ocho de los 105 chicos que habían recuperado su identidad. Uno de ellos, Horacio Pietragalla, la miraba y lloraba.

SUBNOTAS

Un festejo íntimo Por Victoria Ginzberg

Baguettes

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Veintiséis represores frente a sus atrocidades -MEGAJUICIO POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE 281 VICTIMAS-13-09-11

EMPEZO EL MEGAJUICIO POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE 281 VICTIMAS EN EL CIRCUITO REPRESIVO DE RAMON CAMPS

Veintiséis represores frente a sus atrocidades

En el centro, el médico Bergés, uno de los represores que empezaron a ser juzgados por la represión ilegal ordenada por el fallecido Ramón Camps.
Imagen: Rafael Yohai

Durante un año y medio, más de 500 testigos contarán cómo fue el operativo en el que se secuestró a la hija de Chicha Mariani, cómo se torturó a los chicos de la Noche de los Lápices, qué le hicieron a Jacobo Timerman, entre otras causas emblemáticas.


Por Alejandra Dandan

Esas palabras que podían llegar a perforarles los oídos a medida que bajaban esposados de los móviles del Servicio Penitenciario Federal se potenciaron, abrumadoras, dentro de la sala, acaso acentuadas por las escenográficas formas del Teatro platense de la AMIA. Víctimas y sus victimarios se juntaron cuando todo estaba listo para comenzar un juicio histórico: el primero oral por los crímenes cometidos durante la dictadura en los centros clandestinos que integraron el llamado Circuito Camps. Pese a eso, a que todo estaba listo, algo pasó. Durante veinte minutos la sala estuvo sin los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1. Como en un ritual en el que de pronto se alteran todas las rutinas, las víctimas, solas, frente a las espaldas de los acusados, soltaron lo único que tenían a mano: sus palabras. ¡Cobardessss!, gritó alguien. ¡Asesino! ¡Hijos de putaaaa!, decía la sala convertida en una única voz. ¡Abusadores! ¡Violadores! ¡Pervertidos!, seguían. Y empezaron a pronunciar el nombre mántrico de los caídos: Jorge Julio López, Adriana Calvo. “¡Pónganle esposas al segundo que se hace el rengooo!”, dijeron. “¡Contestá dónde está López!”, se oyó. Dijeron y cantaron “Como a los nazis...”. Dijeron presente por los 30 mil desaparecidos. Volvieron a cantar hasta que entonces sí, dos horas después del comienzo previsto, y mucho después de que cada uno haya ocupado su lugar, el presidente del TOCF 1 Carlos Rozanski entró a empezar con el juicio.

El proceso que comenzó en La Plata tiene las dimensiones de una megacausa. Varios tramos de seis centros clandestinos que integraron el circuito de la Jefatura de Policía bonaerense a cargo del brutal Ramón Camps confluyeron en este juicio que reunirá durante un año y medio el tránsito de más de 500 testigos, por 281 víctimas, entre las que hay menores de edad y embarazadas, en contra de 26 represores, entre los cuales están las figuras negras de la represión de la provincia.

El jefe de la Brigada de Inteligencia de la Policía Bonaerense –el primer lugar al que llegaban las víctimas secuestradas y espacio de distribución de los prisioneros–, el policía Miguel Etchecolatz todavía no había llegado a la sala cuando empezó la audiencia. En ese comienzo, en cambio, se habían sentado los otros acusados, tres de los cuales subieron al escenario arrastrados en sillas de ruedas. Entre ellos, dos de los tres militares juzgados: Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense que llegó al juicio defendido por su hijo. Agustín Arias Duval, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y entre los dos se sentó el médico de policía Jorge Bergés, también reducido a la silla de ruedas. El resto ocupó otras tres tumultuosas hileras. En un extremo, se sentó el primer civil con rango de ministro que llega a ser juzgado por delitos de lesa humanidad: Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de Saint Jean, pero además abogado que consiguió poco más tarde la autorización del Tribunal para asumir su propia defensa. La decisión, complicada, criticada en otras jurisdicciones porque de ese modo puede preguntar a los testigos y convertir el interrogatorio en una suerte de careo, le permitió rápidamente desplazarse, maletín en mano, de la silla de acusado a la mesa de los abogados. Los otros acusados son mayoritariamente los ex policías de la Bonaerense que libraron la batalla en nombre de la represión. Entre ellos, Norberto Cozzani, mano derecha de Etchecolatz, y Hugo Alberto Gullana, su chofer, acusado de robarse a Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani.

Chicha también estaba ahí. Pese a sus ojos casi ciegos, a su bastón, se sentó a la espera, como en cada comienzo de juicio, de que, a lo mejor, alguno de ellos, esta vez, diga algo. “Para mí es muy distinto este juicio de los otros porque se va a juzgar el caso de Clara Anahí”, dijo Chicha. “No tengo muchas esperanzas porque los veo tan crueles, tan duros, pero uno siempre espera en un rincón del corazón que uno de ellos diga la verdad, es cierto que ya se murieron muchos, pero tengo la esperanza de que alguno hable.”

El hijo de Saint Jean en calidad de abogado dijo que su padre de 89 años tiene problemas de salud avalados por informes de tres peritos forenses: “¡Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala!”, clamó. La abogada de Arias Duval pidió lo mismo e invocó un cuadro de cáncer terminal. Se sumó el abogado de Rodolfo Campos, el tercer militar juzgado, subjefe de policía de Camps.

Rozanski reprendió al Servicio Penitenciario por las demoras. Y el más demorado fue Etchecolatz, que llegó después de la una de la tarde. Ante la ausencia, el juicio empezó con la lectura de los dos únicos tramos que no lo tienen de acusado. Uno, contra Bergés por falsificación de documentos en la apropiación de Pedro Luis Nadal García, y el otro contra el policía retirado Santiago Antonini por el secuestro de Chicha Mariani el 10 de diciembre de 1976, en su casa, durante media hora, pero cuando la patota que integraba buscaba a su hijo, a días del ataque a la casa de la calle 30. Ese comienzo azaroso por la ausencia de Etchecolatz se convirtió sin embargo en una entrada simbólica porque plantó en medio de la sala el ataque a la imprenta de Montoneros y el asesinato de los militantes de la calle 30.

Antonini estuvo en la casa de Chicha Mariani después del ataque. Ella lo reconoció en una audiencia de los Juicios por la Verdad, pero él participó a su vez del ataque a la casa de la calle 30, como surge de sus fojas de servicio. La Jefatura lo felicitó después del ataque “por haber participado” y abatir a quienes mantenían ocultas armas y hacer un hallazgo que calificaron de “sorprendente”, por la imprenta de Montoneros. El ataque, se recordó en la sala, buscó “anular el funcionamiento de una imprenta oculta ingeniosamente en la pared, donde se imprimía material de Montoneros”. Y “el objetivo principal fue exterminar a los ocupantes de la casa”. Recordaron el impresionante despliegue de fuerzas militares y policiales, la presencia anticipada de morgueros: “Esta es una muestra de la brutalidad que tenía quien comandó ese ataque, que fue Miguel Etchecolatz”, recordó la elevación. Hubo despliegue de todo tipo de armamentos, explosivos, lanzacohetes. “De allí que no hubo un enfrentamiento, sino una verdadera masacre planificada que cumplió con su objetivo de eliminar a los ocupantes para hacer tronar el escarmiento a implantar en La Plata y en el país y llevarse como trofeo a la pequeña hija de dos militantes de Montoneros.”
Ese será un eje al que volverá el debate en los primeros tiempos. De acuerdo con el cronograma, el debate comenzará con los casos que rodearon el ataque de la calle 30, el robo de Clara Anahí y el secuestro de Chicha. Esa escala permitirá ingresar a uno de los microcircuitos integrado por la Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría V con jurisdicción en el lugar y el Pozo de Arana.
Claudia Belingieri es perito de la causa, investigadora a cargo de los archivos de la ex Dipba, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense. “Los 29 centros clandestinos que incluyó el Circuito Camps funcionaron en comisarías, puestos y destacamentos, es decir –dice–, estaban montados sobre la estructura de la Policía Bonaerense que conducía Camps y Camps militarizó a la policía para ponerla al servicio de la represión.”
El debate avanzará así en causas emblemáticas que tuvieron lugar en ese tramo: el secuestro de los Graiver, el de Jacobo Timerman, Julio López y Adriana Calvo, quien seguramente encontrará la forma de estar presente pese a su muerte, porque la fiscalía pidió que se incorpore uno de sus últimos testimonios filmados. Lo mismo se hará con Julio López.

Emilce Moler era estudiante de Bellas Artes cuando empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Parte de los jóvenes secuestrados en la llamada Noche de los Lápices, otro de los casos que integrarán la primera parte del juicio. Emilce, que estuvo ayer en la sala, aclaró que no los secuestraron por la pelea del boleto estudiantil, que eso sucedió un año antes, que los secuestraron por la UES. Ella pasó el primer tramo de su secuestro en el Pozo de Arana, de ahí pasó a la Brigada de Quilmes, luego a la Comisaría de Valentín Alsina y luego quedó blanqueada en el Penal de Devoto hasta 1978, en que salió en libertad vigilada. “Yo siento que éste es un juicio bueno y reparador”, dijo al comienzo, todavía en la entrada. “Un juicio de esta magnitud es muy emblemático porque se puede centralizar el Circuito Camps, pero porque también aparece un civil, policías y militares: es una muestra de lo que pasaba con los distintos actores que intervinieron desde distintos lugares para que la represión de una dictadura cívico-militar pudiera darse en los distintos grados.”

Afuera, mientras tanto, estaban los que todavía no iban a entrar. Las banderas de HIJOS La Plata y de las agrupaciones que montaron una radio abierta. Las fotos de Jorge Julio López. El paso raudo de Etchecolatz más tarde bajando en medio de nuevos gritos de cobarde y de asesino. Las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Vera Jarach, Carmen Lapacó, Enriqueta Maroni, Mirta Baravalle, Elsa Pavón, Adelina de Alaye, Alba “Nieca” Martino. Las querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Justicia Ya!, Abuelas de Plaza de Mayo y Alejo Ramos Padilla, que acompañó por última vez a Chicha Mariani porque asumirá de juez en los próximos días. Entre el público, hubo sobrevivientes de todos los centros. La audiencia seguirá hoy y se hará lunes y martes en La Plata.

SUBNOTAS

A la espera de fechas

Amenazas e intimidaciones

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CH$LE PARAÍSO DE CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD CAMARISTA OTILIO ROMANO "FUNCIONAL" EN 103 DELITOS DE LESA -- 24-08-11

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011

Repudiamos la fuga del suspendido camarista Otilio Romano y reclamamos su urgente extradición

Abuelas de Plaza de Mayo repudia la fuga del país del suspendido camarista federal de Mendoza Otilio Romano, con un jury de enjuiciamiento en curso y procesado penalmente por su conducta funcional al terrorismo de Estado en 103 delitos de lesa humanidad. En este sentido, expresamos nuestro profundo malestar por la visa que el gobierno chileno entregó a Romano por ocho meses, reclamamos su urgente extradición y esperamos que se rechace su solicitud de asilo político, puesto que sólo se trata de un ardid para evadir las graves imputaciones que debe enfrentar.

Romano está acusado de omitir la investigación de delitos de lesa humanidad mientras era fiscal federal y juez federal subrogante, entre 1975 y 1983, denuncia que incluye el archivo de la causa por la apropiación de Rebeca Celina Manrique, la primera nieta restituida en la provincia de Mendoza. La acusación señala que, en la actualidad, el suspendido camarista todavía incurre en evidentes conductas colaboracionistas con los represores, que entorpecen el curso de las investigaciones.

Ante la gravedad de estos nuevos hechos, el Consejo de la Magistratura se reunirá extraordinariamente el jueves 15 para evaluar si suspende el pago de haberes al camarista prófugo, quien todavía goza de fueros, salario y obra social. La cobarde huida de Romano es una muestra más de su accionar contrario a la justicia. Por lo tanto, esperamos una rápida respuesta de los órganos competentes que derive en el retorno del funcionario procesista al país para que, finalmente, sea destituido y condenado.

http://www.abuelas.org.ar/comunicados/judiciales/jud110909_1706-1.htm

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10/09/2011

Organizaciones de Derechos Humanos rechazan refugio a juez argentino

Magistrado Otilio Romano Ruiz está imputado por crímenes de lesa humanidad, pero el gobierno le otorgó una visa por ocho meses. Diputado Hugo Gutiérrez (en la foto) dice que legislación internacional le impide obtener asilo.

Sábado 10 de septiembre de 2011 por Nación.cl

El diputado Hugo Gutiérrez, junto a participantes en el Tercer Encuentro Latinoamericano Memoria, Justicia y Verdad, rechazó el refugio temporal concedido por el gobierno chileno a un juez argentino, acusado de violar los derechos humanos en ese país.

"Los asistentes al Tercer encuentro latinoamericano Memoria, Justicia y Verdad, entre ellos, parlamentarios chilenos, uruguayos y argentinos no podíamos omitirnos de pronunciarnos sobre la presencia en Chile del juez argentino Otilio Romano Ruiz", explicó Hugo Gutiérrez.

El legislador comunista dijo que se trata de "un magistrado mendocino imputado por crímenes de lesa humanidad y que ha solicitado refugio en nuestro país. Creemos que esa circunstancia es grave y que nuestro gobierno debió haber reaccionado con la presteza que requiere dar cumplimiento a la legislación interna dentro de la serie de jurisprudencia que hay en el país que deja claramente establecido que una persona que ha cometido o se encuentra imputada o procesada por delitos de lesa humanidad no puede nunca obtener refugio, según lo dicen también los tratados internacionales que son ley de la República".

"Hemos tomado conocimiento que el gobierno le ha otorgado una visa por ocho meses que no guarda relación con lo que ha hecho este gobierno, por ejemplo, con jóvenes españoles, argentinos, italianos que, teniendo sospechas que estarían involucrados en algún movimiento mapuche o estudiantil, son rápidamente expulsados del territorio de la República, sin tener una orden de captura, ninguna implicación internacional", dijo.

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EL EX JUEZ OTILIO ROMANO, PROFUGO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD, PIDIO REFUGIO POLITICO EN CHILE

Cuando pa’ Chile me voy es que fugándome estoy

Cuando era inminente su suspensión como juez y su pérdida de fueros, Otilio Romano se fugó a Chile. Interpol informó a la Justicia argentina que allí obtuvo una visa por ocho meses y pidió estatus de refugiado.


Por Diego Martínez

Durante un año y medio dilató con éxito el proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y la pérdida de los fueros que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión de LAN rumbo a Chile. Ayer, mientras la noticia del camarista fugitivo circulaba en los medios trasandinos, Interpol le informó a la Justicia argentina que Otilio Romano, flamante ex juez con procesamiento firme como partícipe en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, se encuentra “con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades” chilenas. El próximo paso corresponde ahora al juez mendocino Walter Bento, en condiciones de pedir su captura internacional con fines de extradición. La última palabra la tendrá la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Chile, integrada por funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera. El Consejo de la Magistratura, que suspendió a Romano y ordenó un jury de enjuiciamiento por su actuación en el terrorismo de Estado, se reunirá “de urgencia” el próximo jueves para considerar la suspensión del pago de haberes ante “la intención evidente de abstraerse del proceso judicial en trámite así como del proceso de remoción”.

La noticia sobre el pedido de refugio de Romano despertó ayer suspicacias respecto del uso político que el gobierno de Piñera pueda hacer del caso, sobre todo a partir del asilo que la Conare argentina le otorgó el año pasado al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a quien Chile pretende juzgar por un asesinato y un secuestro en 1991. El gobierno chileno, patrocinado por un estudio de abogados argentinos, se presentó días atrás ante la Justicia en lo contencioso administrativo para intentar revertir la decisión de la Conare. Fuentes judiciales explicaron a Página/12 que “la presentación es técnicamente un disparate, porque el asilo es una decisión política que se funda en la oportunidad, el mérito y la conveniencia de quien tiene la facultad para ejercerla”, aunque no descartaron que Piñera utilice el caso “para devolver gentilezas”.

Salvo que Chile decidiera expulsar a Romano, decisión poco probable dado que no ingresó al país ilegalmente, el proceso para que el imputado retorne a la Argentina podría demorar semanas e incluso meses. Si bien no se conoce el escrito que el ex juez presentó para pedir refugio, abogados con experiencia en trámites de extradición consultados por este diario dieron por descontado que se presentó como “un perseguido político”, en línea con la carta pública que difundió desde el diario Los Andes en octubre de 2010, cuando vinculó el avance de la investigación sobre su pasado con el fallo de la Cámara Federal que convalidó la suspensión de todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales. Esa hipótesis fue desbaratada de inmediato por los organismos de derechos humanos de Mendoza, cuando recordaron que ya en enero de 2010 habían denunciado penalmente y habían pedido la destitución de Romano y de su entonces colega Luis Francisco Miret por su “compromiso ideológico” y su participación en “la persecución sistemática de la población civil emprendida por el régimen militar”.

Romano se convirtió en fugitivo para la Justicia el miércoles a las 13, cuando venció el plazo de 48 horas que el juez Bento le había fijado para demostrar que continuaba “sujeto a proceso”. Ayer por la mañana, antes de que el juez alcanzara a pedirle autorización al Consejo para dictar la orden de captura, la oficina de Interpol en Buenos Aires le informó que Romano “se encuentra en la República de Chile, con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades del citado país”.

Bento le informó la novedad al Consejo de la Magistratura, que el viernes 25 lo había suspendido y había designado a dos consejeros para que prepararan la acusación ante el jury de enjuiciamiento. La suspensión implica que el magistrado no puede concurrir a su trabajo ni firmar resoluciones, pero sí mantener su salario, su obra social y el tratamiento especial que se dispensa a Sus Señorías. Ante la novedad, el presidente del organismo, Mario Fera, convocó al resto de los consejeros para el jueves a las 10 con el fin de tratar “la propuesta de suspensión del pago de haberes al doctor Otilio Irineo Roque Romano”. Fera recordó que ayer venció “el plazo otorgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Romano para su presentación”, y al no presentarse le dio traslado al defensor oficial. “Deberían destituirlo de una vez, ahora no sólo por su participación en crímenes de lesa humanidad, sino por sustraerse a la Justicia, una conducta inadmisible en un magistrado”, opinó el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Cuyo.

Al margen de lo que decida el Consejo de la Magistratura, los próximos pasos están ahora en manos del juez Bento. Una vez que el magistrado pida la captura internacional, Cancillería deberá comenzar a tramitar la extradición. La Conare chilena deberá analizar entonces los argumentos de Romano y las pruebas provenientes de la Argentina, donde ya estaba en condiciones de afrontar su primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. El organismo del que dependerá la suerte del ex hombre fuerte de la Justicia cuyana está integrado por funcionarios de los ministerios del Interior, de Justicia, de Desarrollo Social y por el canciller de Chile. La principal diferencia con la Argentina y la mayor parte de los países de la región es que no cuenta con representantes del Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.

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09/09/2011

Pérez (UDI) propone canjear a Otilio Romano por Galvarino Apablaza

El secretario general de la UDI aseveró que si la justicia argentina quiere al juez, encausado por DDHH y declarado prófugo, debe entregar al "Comandante Salvador". "La situación se podría analizar si el Gobierno argentino deja de proteger al asesino del senador Jaime Guzmán", declaró.

Viernes 9 de septiembre de 2011 por Nación.cl

Como una oportunidad de "lograr justicia" en el asesinato del senador gremialista Jaime Guzmán, definió el secretario general de la UDI, Víctor Pérez, los requerimientos que la justicia argentina pueda realizar respecto de la permanencia en Chile del juez Otilio Romano.

"Si la justicia argentina quiere al juez Otilio Romano debe entregar a Galvarino Apablaza a la justicia chilena", afirmó el portavoz UDI, al proponer una suerte de canje.

El magistrado trasandino está procesado por 103 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina. Romano tiene una visa temporal de 8 meses para permanecer en Chile, donde se encuentra desde el 24 de agosto, un día antes de que fuera suspendido de sus funciones por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Una vez en Chile comenzó la tramitación de un proceso de asilo político, con el objetivo de sortear una orden de búsqueda y captura de la justicia argentina.
El magistrado trasandino Walter Bento, quien investiga la participación de Romano en una causa de violaciones a los derechos humanos en el vecino país, lo instó a comparecer esta semana. Desde entonces, lo considera prófugo de la Justicia.

OPCIÓN DE EXPULSIÓN

Al explicar su propuesta de canje por Apablaza, acusado de haber planificado el asesinato del fundador de la UDI Jaime Guzmán en 1991, pero con estatus de refugiado político en Argentina, Pérez señaló que “ésta es la oportunidad de lograr justicia".

Según el senador, "los gobiernos a través de la vía diplomática tienen la opción de expulsar a un ciudadano de otro país y, en este caso, se podría analizar la situación si el gobierno argentino deja de proteger al asesino del senador Jaime Guzmán. En Chile está impune el crimen de un senador de la República, porque el responsable es protegido por Argentina ".

A su juicio, "así como legítimamente el Estado argentino busca aplicar justicia a un eventual responsable de violaciones a los derechos humanos, en Chile hace muchos años que queremos que se haga justicia respecto de uno de los crímenes más alevosos de nuestro historia reciente".

Agregó que en la UDI "no vamos a renunciar a que en el caso del asesinato de Jaime Guzmán, los responsables cumplan su condena en nuestro país y vamos a agotar todas las instancias que se presenten".

En Argentina, ha trascendido que sorprendió la inmediata concesión de la visa temporal en Santiago. De hecho, según La Nación de Argentina, en círculos judiciales federales se teme una suerte de "revancha política" debido a que el Gobierno de Cristina Kirchner otorgó estatus de refugiado político a Apablaza, acusado también por el secuestro de Christian Edwards, hijo de uno de los dueños del diario El Mercurio.

En este contexto, el Gobierno chileno pidió, hace sólo una semana, la revisión del proceso de asilo político.

Nietos del TERRORISTA DE ESTADO José Alfredo Martínez de Hoz inician juicio por "injurias" en contra de Osvaldo Bayer 03-09-11

lunes 12 de octubre de 2009

GBI=TERRORISMO MEDIATICO BINACIONAL-“A los mapuches los respaldan miembros de las FARC y terroristas de ETA.”-Sapag (hermano ex gobernador Neuquen)

"INSOLITAS" ACUSACIONES DE LA SOCIEDAD RURAL CONTRA LOS MAPUCHES








http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2009/10/gbiterrorismo-mediatico-binacional-los.html

Los Martínez de Hoz al ataque

Por Osvaldo Bayer

No me puedo quejar. Hay que tener suerte. Los Martínez de Hoz me han iniciado juicio. Eso no le pasa a cualquiera. Ahora sí que me siento un elegido por el destino.

Es por el film Awka Liwen donde se analiza la Campaña del Desierto de Roca y mencionamos al fundador de la Sociedad Rural que fue, por supuesto, un Martínez de Hoz. El juicio alcanza también al codirector del film, Mariano Aiello y al historiador Felipe Pigna. Los que inician el juicio son los dos nietos de José Alfredo Martínez de Hoz, el conocido ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. A nosotros nos defenderá el conocido abogado de derechos humanos Beinusz Szmukler.

“¡Qué extraño!”, me digo, los tataranietos se sienten injuriados por lo que se sostiene del retatarabuelo y no por lo que hizo el abuelo, el mejor amanuense de la última dictadura más feroz de nuestra historia. La acusación contra nosotros es por “injuriar” al fundador de la Sociedad Rural. Lo escrito en esa acusación provoca hasta conmiseración en el lector, cuánto sentimiento cuando se habla de los hechos de un antepasado de hace ciento cincuenta años. Y nace una especie de sonrisa irónica cuando el lector piensa: ¿por qué tanto sentimiento por un lejísimo antepasado y no dolor y vergüenza por un abuelo que dominó en una brutal dictadura la economía mientras a su lado se torturaba, se desaparecía, se arrojaba vivos a prisioneros al mar desde aviones? Personaje que sigue teniendo juicios en la actualidad por acciones deshonestas, entre ellas la de Papel Prensa.

Me hubiera gustado que esos nietos me hubieran desafiado a un debate en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, donde hubiéramos podido públicamente abrir todos los documentos que aseveran lo que sostenemos en el film. No. Inician un juicio, donde exigen una condena en dinero impagable por la cual los supuestos condenados deberíamos pagar solicitadas en todos los diarios del país declarándonos culpables de haber falsificado la historia. Por mi parte no tengo ningún temor. En mi vida de investigador histórico sobre los aspectos más oscuros y dramáticos de nuestra historia del último siglo he ganado todos los juicios o se han enterrado todas las amenazas de juicios. Porque siempre he sostenido que en historia no se puede mentir ya que, de hacerlo, alguna vez vendrá un investigador surgido de las bibliotecas y archivos para demostrar la verdad. Si en este caso el juez podría tener en cuenta el “dolor de retataranietos”, demostraré que no tengo ni por asomo fondos como para pagar lo que exigen –ellos, acostumbrados a las grandes sumas– y preferiré ir a la cárcel para pagar lo que no he cometido. No será la primera vez que estaré entre rejas por lo que escribo, aunque eso fue en dictaduras militares.

Leer el escrito de los nietos del ex ministro dictatorial nos despierta curiosidad. Sostienen, por ejemplo, que lo que se describe acerca del retatarabuelo estanciero Martínez de Hoz causará daños irreparables a la actual familia. Por ejemplo, le escriben el juez: “¿Advierte Vuestra Señoría el daño que las acreditadas falsedades de los autores contra los Martínez de Hoz causarán a la familia, a los suscriptos y a nuestros descendientes si tales falsedades son introducidas al ámbito escolar? El perjuicio contra nuestra familia sería, lisa y llanamente irreparable”.

Ante esta frase podemos sonreír: no se hagan problemas, el daño irreparable ya ha sido hecho por el abuelo José Alfredo Martínez de Hoz, repetimos, ministro de la dictadura más feroz de nuestra historia. Con ganarnos el juicio por unas escenas de nuestro film acerca de la Campaña del Desierto y el genocidio indígena no van a limpiar nunca jamás el nombre de Martínez de Hoz. Les recomiendo que en vez de preocuparse por el retatarabuelo, los descendientes se quiten la parte de Hoz, y se llamen a partir de ahora sólo Martínez, que es un apellido muy difundido y así pueden liberarse de ese terrible pasado familiar que es la figura del ministro dictatorial. El es quien asestó un golpe feroz e ilevantable contra su familia al ser ministro de esa dictadura.

Más todavía que el abogado que nos hace el juicio, ese nieto, se llama justamente José Alfredo Martínez de Hoz, igual que el ministro de la vergüenza nacional.

¿No es acaso este juicio un principio de tratar de hacer olvidar nuestro presente con una acusación contra un film que habla de la historia de cómo se robaron las tierras en las cuales vivieron durante siglos los pueblos originarios?

Los nietos demandantes sostienen que su retatarabuelo no intervino para nada con respecto a esas ocupaciones de tierras donde nacieron luego los grandes latifundios tan bien representados por la actual Sociedad Rural.

Justamente, ahora, aquí, voy a reproducir un documento de la Sociedad Rural donde habla acerca del fundador de esa entidad de estancieros, justamente de José Martínez de Hoz.

Esta solicitada fue publicada nada menos que el lunes 11 de junio de 1979, es decir, en plena dictadura militar de Videla, a página entera, siendo ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, por el diario Clarín, cuando se cumplieron cien años de la Campaña del Desierto. La solicitada dice, a todo título: “La Sociedad Rural Argentina, las Fronteras y los Indios”. En la misma se trae la resolución del ministro de Guerra, coronel Martín de Gainza de junio de 1870 que (textual) “acude a la Sociedad Rural Argentina pidiéndole se hiciera cargo de adquirir 1500 caballos para el Ejército con destino a la campañas contra los indios”. Luego sigue la solicitada (textual): “El entonces señor presidente de la Sociedad Rural Argentina, don José Martínez de Hoz respondió a ese petitorio diciendo: En contestación a la nota de V.E.... felicitándose la Sociedad Rural de que V.E. le haya dado esta brillante oportunidad para demostrar cuánto puede hacer en beneficio de los intereses rurales que está encargada de promover, cooperando siempre en todo sentido cuando se trata de dar seguridad y bienestar a nuestros pobladores de la campaña”. Aquí habría que decir que más bien se refería a la propiedad nueva de que se iban apoderando los nuevos dueños de la tierra con ayuda oficial. Luego, en la solicitada viene la circular firmada por Martínez de Hoz del 4 de julio de 1870 donde dice: “Siendo un deber de todo ciudadano prestar su auxilio y cooperación a los gobiernos, siempre que se ocupen de la seguridad y bienestar de las sociedades que dirigen, la corporación que presido no ha titubeado ni un momento en encargarse de la compra de 1500 caballos que el Excmo. Gobierno Nacional necesita urgentemente. La Comisión Directiva de la Sociedad Rural no ha trepidado ni un solo momento en tomar a su cargo tan importante comisión, porque ha creído que aceptándola trabaja en el sentido de favorecer los intereses rurales que tiene el deber de promover”. Firmado José Martínez de Hoz.

“Los intereses rurales”, dice el retatarabuelo de quienes nos iniciaron juicio. ¿Cuáles intereses, los de los pueblos originarios que vivían allí desde hacía veinte siglos? No, los intereses de los recién llegados que vieron que eso era una fuente de riquezas. El mismo día se hace la “asamblea general extraordinaria de la Sociedad Rural”. Y en el comunicado señala que el objeto de esa reunión es tratar la oferta hecha por “el gobierno de la Pcia. de Bs. As. al de la Nación para alejar los indios al otro lado del río Negro”. Misión que llevará a cabo ocho años después el general Roca. En la asamblea se resuelve ofrecerle al gobierno “la cooperación de los hacendados sin limitación alguna”. Estas tres palabras lo dicen todo.
Luego, los hacendados levantan el tono y ofrecen al gobierno: “La más decidida cooperación para reunir los elementos bélicos necesarios que, ayudando a los que tiene la Nación, sirvan a repeler los indios lejos de nuestras fronteras actuales”. Todo, firmado por José Martínez de Hoz.

Y trescientos ganaderos.

Luego sí, Martínez de Hoz muere antes de la expedición de Roca. Pero es que la Campaña del Desierto ya había comenzado mucho antes.

Bien, he presentado la primera prueba. Mi esperanza es –aunque yo vaya preso por faltar el respeto “a la Sociedad Rural”– que con esto tome un nuevo curso la gran polémica en el país acerca del genocidio que los argentinos cometimos hace un siglo y medio contra los pueblos originarios. Así que, bienvenido el juicio que nos han iniciado los Martínez de Hoz. Servirá para ventilar ese oscuro pasado.

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CINE TIERRA ADENTRO -“Argentina se fundó sobre un genocidio” - “Se impone una reparación masiva”, dice De la Orden. - 19-08-11

Viernes, 19 de agosto de 2011

CINE › ULISES DE LA ORDEN HABLA SOBRE SU NUEVO DOCUMENTAL, TIERRA ADENTRO

“Argentina se fundó sobre un genocidio”

El realizador de Río arriba aborda un relato coral, con múltiples voces y testimonios, que dan cuenta del exterminio de los pueblos originarios iniciado con la Campaña del Desierto. “Se impone una reparación masiva”, dice De la Orden.


Por Diego Braude

En una foto, detrás de una mesada de laboratorio, asoma un hombre semicalvo, de anteojos y guardapolvo que mira atento a la cámara, posando, rodeado de gabinetes donde se apilan calaveras, esqueletos, lo que fueran cuerpos con una historia. En el museo de La Plata están depositados, catalogados y ordenados, miles de restos de una masacre. Son la otra cara de la imagen triunfal que habita en todos los billetes de cien pesos. La foto es parte del material de archivo presente en Tierra adentro, el segundo film de Ulises de la Orden, después de la exitosa Río arriba.

Fue hace cinco años cuando De la Orden conoció a Marcos O’Farrell, músico y descendiente de Eduardo Racedo, uno de los generales que lideraron la expansión de fronteras allá por fines de 1870. La historia de O’Farrell operó como disparador para lo que terminó siendo Tierra adentro, que se viene exhibiendo desde hace un par de semanas en el Malba y que desde ayer se puede ver también en el Artecinema de Constitución, en Burzaco y en La Plata, con próximas paradas en el Espacio Incaa 0km - Gaumont y, a partir de septiembre, también en salas de la Patagonia.

Después de la odisea que implicó realizar Río arriba, De la Orden tenía la intención de ser más pragmático en el siguiente proyecto, pero, como la primera vez, “me terminó agarrando y me metí de cabeza en esa historia, que es la más negra de todas. Es la fundación del Estado argentino a través de un genocidio”.

Si bien la Revolución de Mayo es el estallido festejado, para muchos el nacimiento de la Argentina como nación se ubica en el proyecto fundacional de la llamada Generación del ’80, con Julio Argentino Roca y su Conquista del Desierto como símbolos. El modelo agroexportador explota en ese contexto y se comienza a plasmar el proyecto de poblar al país con inmigrantes europeos. Es en esa misma época en que se sanciona la ley 1420 (que establece la educación primaria gratuita, obligatoria y laica) y se consolida el Ejército Argentino.

En Bariloche, Pablo, un chico que, como muchos otros, va a la escuela pública, asiste también a la Ruca Mapuche (en mapuche, “casa”), organización donde realiza talleres y actividades que lo ponen en contacto con sus raíces ancestrales, donde puede recuperar la identidad que le fue negada. En ese doble transitar, se encuentra heredero de las contradicciones nacidas de la masacre lejana sólo en el tiempo: la escuela le enseña que es argentino; la reconstrucción de la historia de los suyos, que el país que lo alberga quiso exterminarlo (literalmente primero, estigmatizándolo desde entonces).

Del otro lado de la frontera, desde Chile, Alfredo Seguel –quien se autodefine como comunicador y pertenece a la agencia de noticias Mapuexpress– parte hacia Buenos Aires, siguiendo el trayecto del Wall Mapu. “El Wall Mapu, el espacio ancestral territorial mapuche –explica el director– iba de océano a océano, y de hecho muchas familias mapuches tienen miembros a ambos lados de la cordillera. Aún hoy se usan pasos ancestrales, que no son los pasos por donde va la ruta. Además, está la historia de la Pacificación de la Araucanía: no me quería quedar sólo con la Conquista del Desierto, porque era limitarse a una mitad de la historia. De entrada, yo pretendía tener un historiador argentino y un historiador mapuche.” La contraparte argentina de Seguel, Mariano Nagy, realiza desde Buenos Aires su propia investigación.

En Buenos Aires, Marcos O’Farrell –que también compuso la música de Tierra adentro– inicia literalmente un viaje de reencuentro con su historia familiar, un poco como hiciera el propio De la Orden en Río arriba, cuando volvía a las tierras salteñas donde su bisabuelo había sabido llevar adelante un ingenio azucarero. Como en aquel viaje iniciático del cineasta, acá el tataranieto del general Racedo recorre el camino para encontrarse con ese pasado con el cual su historia personal y familiar se entrelaza de manera directa.

La idea de museo atraviesa el documental: el pasado como algo congelado, definido y hasta legitimado científicamente. La viruela que diezmó a las poblaciones, los campos de concentración en que fueron depositados, el robo de sus niños, no como una limpieza étnica planificada, sino como la consecuencia natural de su inferioridad; la decadencia y destrucción del indio era lógica y necesaria para el avance del progreso y de la economía. Como algo del pasado, a su vez, era necesario estudiarlos, catalogarlos y exhibirlos. “Los mismos documentos del Estado argentino demuestran el genocidio”, resalta De la Orden. “No hace falta más que las notas de los militares mismos, la cartografía, ahí está todo.”

Todos los personajes de Tierra adentro realizan un viaje tanto exterior como interior, impulsados por la necesidad de dialogar o debatir sobre el pasado. La pregunta (de la entrevista formal, del encuentro informal) desarma y expone las percepciones cristalizadas que buscan justificar el crimen fundacional. La pregunta, sin embargo, también es la que abre la posibilidad de encontrarse con la raíz perdida.

En un encuentro que ocupa apenas unos minutos del documental, es entrevistado Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema. “Era fundamental tener tipos como Nagy o Walter del Río (otro de los historiadores que participan del film)”, dice De la Orden con respecto a su búsqueda de brindarle un plus de legitimidad académica a su relato. “Para mí era importante que el discurso histórico estuviera en boca de historiadores o de los mismos mapuches, y que al final alguien lo pusiera en caja jurídica, en el marco de la Filosofía del Derecho. ¿Y quién mejor que un juez de la Corte, que además es el representante de uno de los tres poderes del Estado? Entonces, hay uno de los tres poderes del Estado que, a través de uno de sus representantes, reconoce el genocidio. Un paso enorme.”

Zaffaroni prefiere, para desarrollar su exposición, reemplazar el término “genocidio” por el de “masacre estatal”. Elaborando ese concepto, describe entre sus características la búsqueda de la neutralización de una heterogeneidad en función de construir una homogeneidad determinada. Por eso, Zaffaroni extiende la duración de la influencia ideológica de aquel proceso iniciado por la Generación del ’80 hasta la última dictadura militar incluida.

La cámara se detiene en rutas que se extienden y en la belleza de los paisajes, así como en rostros, marcas de la piel que cuentan historias, en miradas recelosas y doloridas, viejas y jóvenes, a la defensiva y amables. Están también otros signos que dan identidad, como el vestuario o el omnipresente mate, como los nombres y la manera de nombrar. Para el realizador, “tarde o temprano, la república entera se va a tener que encaminar hacia una reparación masiva, y que tiene que ver con la propiedad de la tierra”. En las palabras del winka, del blanco, el otro era y sigue siendo, en muchos casos, la indiada, el malón, el indio borracho, bruto e improductivo. En Tierra adentro convive lo brutal con lo poético y viceversa.

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Víctimas identificadas de la dictadura de Pinochet ascienden a 40 280, revela informe - cubadebate.cu/noticias/2011/08/18/

Víctimas identificadas de la dictadura de Pinochet ascienden a 40 280, revela informe





El número de víctimas del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) superó las 40.000 personas (cifra en la que se incluyen 3.225 muertos o desaparecidos), según un nuevo informe oficial elaborado por la Comisión Valech que investiga los abusos a los derechos humanos en Chile en las décadas de 1970 y 1980.

El informe revela que existen casi 10.000 víctimas más de lo que se había registrado inicialmente.

Según la directora de la comisión, María Luisa Sepúlveda, se han identificado otras 9.800 personas víctimas de torturas y persecución política y 30 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados. De esta manera, el número total de víctimas oficiales entre ejecutados, desaparecidos y torturados durante los 17 años del gobierno de Pinochet quedó establecido en 40.280.

Las nuevas personas acreditadas recibirán los mismos beneficios establecidos para las víctimas de la dictadura: una pensión mensual de unos 250 dólares, más beneficios en salud y educación.

Se trata del tercer documento de este tipo publicado por el gobierno chileno en los 20 años transcurridos desde el final de la dictadura. Para elaborar el informe fueron recabados los testimonios de más de 32.000 personas.

Sin embargo, la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos ha criticado los resultados de esta labor afirmando que el número de víctimas puede superar los 100.000.

(Con información de RT Noticias)

http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/08/18/victimas-identificadas-de-la-dictadura-de-pinochet-ascienden-a-40-280-revela-informe/comment-page-1/#comment-288484

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LONCÓN MELLADO LORENZO dijo: Su comentario ha sido recibido.

MEMORIA ORAL ANCESTRAL AUTOBIOGRÁFICA KUPAL LONCÓN MELLADO, NACIÓN MAPUCE Temuko.

DESCRIBIR OPERACIONES GENOCIDAS DE TERRORISMO TRANSGENERACIONAL DEL ESTADO OCCIDENTAL CHILENO, CONTRA SOBREVIVIENTES KUPAL EN ®ESISTENCIA ANCESTRAL LONCÓN MELLADO. CONSTATANDOSE EL ASESINATO,SECUESTRO, TORTURA, EXILIÓ, DESTERRITORIALIZACIÓN, PRISIÓN SOCIO POLÍTICA, OPERACIONES SICOLÓGICAS, GOLPIZAS, DESARTICULACIÓN SOCIO FAMILIAR, TERRORISMO MEDIATICO, QUEMA DE CASA (2008)ETC. IMPLEMENTACIÓN ACTUAL DIVERSOS OPERATIVOS CON LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE “GUERRA DE BAJA INTENSIDAD”.

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”

Declaración universal de los derechos humanos (Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A(III), de 10 de diciembre de 1984) Preámbulo, pag. 19.

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/GULU%20MAPU%3A%20PREPARACI%C3%93N%20TRIBUNAL%20PERMANENTE%20DE%20LOS%20PUEBLOS%20TEMUKO


Ese supuesto dirigente, Lorenzo Loncon, es un ciudadano chileno, activista mapuche-18-10-09
“Mire, por este asunto de las relaciones con las FARC yo recibí una carta documento de un supuesto dirigente de la Confederación Mapuche que me pedía que ratificara o rectificara mis dichos. Por supuesto que los ratifico. Ese supuesto dirigente, Lorenzo Loncon, es un ciudadano chileno, activista mapuche que firmó para la Coordinadora Popular Colombiana, en París, una carta internacional a favor de la senadora Piedad Córdoba en la que se dice, entre otras cosas, que valoran que las guerrillas de las FARC estén dispuestas a intercambiar prisioneros. Loncon firma como werken (portavoz) de la comunidad mapuche Newen Mapu, provincia de Neuquén”.

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2009/10/los-mapuches-tienen-apoyo-de-las-farc-y.html
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lunes 12 de octubre de 2009

GBI=TERRORISMO MEDIATICO BINACIONAL-“A los mapuches los respaldan miembros de las FARC y terroristas de ETA.”-Sapag (hermano ex gobernador Neuquen)
“INSOLITAS” ACUSACIONES DE LA SOCIEDAD RURAL CONTRA LOS MAPUCHES

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2009/10/gbiterrorismo-mediatico-binacional-los.html

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2009/08/mapuches-y-la-farc-en-prensa-argentina.html

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CHILE-REUNÓN CON RELATOR ESPECIAL DE DERECHOS INDÍGENAS ONU. SR. JAMES ANAYA - TEMUKO-3 April, 2009

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/REUN%C3%93N%20CON%20RELATOR%20ESPECIAL%20DE%20DERECHOS%20IND%C3%8DGENAS%20ONU.%20SR.%20JAMES%20ANAYA%20-%20TEMUKO-3%20April

SOBREVIVIENTE DEL KUPAL LONCÓN MELLADO LORENZO - FIDEL LONCÓN B. - EXPONE ANTE EL RELATOR ESPECIAL DDHH.

Wallmapu, país mapuche, en ambos lados de la cordillera.“Nos están llevando a todos a un ecocidio y etnocidio”, sostiene Lorenzo Loncón de la organización mapuche urbana Newén Mapu de Neuquén, en el Puelmapu (Argentina). “Hace cien años, Koz-Koz sirvió para denunciar el despojo por chilenos y colonos extranjeros, ahora es el de las empresas transnacionales. El manejo globalizado de la información nos hace creer que la idea de capitalismo es la correcta. Pero no lo es, pues destruye todo: acá son las forestales y empresas energéticas, allá son las petroleras. Ad Mapu es la ley mapuche que respetaba y respeta la naturaleza. Son normas de respeto también a las personas, para vivir en armonía. El despojo no es sólo material, sino también espiritual y la religión católica es la que más nos ha afectado. Ha permitido que la tierra sea un infierno. Se nos quiere hacer creer que hay un solo pensamiento religioso, pero aquí en Koz-Koz queda claro que somos distintos. De hecho, los temas de discusión en el Parlamento han sido abordados de manera circular, como lo hacían los antiguos. Además no nos mandamos solos, la naturaleza nos va indicando caminos. Ya se ha perdido la tierra, pero nos quedan los sueños y esto significa que tenemos una tarea que es gigantesca y la única solución es colectiva. Tenemos que reconstruir nuestro tejido social que está muy lastimado y en este sentido, aquí en el Parlamento, se ha rearticulado la idea esencial de que somos una nación con mucha identidad como personas, con fuerzas espirituales que nos guían”.

http://www.puntofinal.cl/634/kozkoz.htm

!ABAJO¡ EL ESTADO COLONIALISTA GENOCIDA ECOCIDA=FASCISTA EURO-U$A-CH$LENO- LEY DE AMNISTIA PRESOS SOCIOPOLITICOS MAPUCES=BICENTENARIO DD.HH.

http://memoriaoralancestralautobiogrf.blogspot.com/2011/01/abajo-el-estado-colonialista-genocida.html

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Centro Documentacion Tecnologico Supervivientes Ancestrales Mapuches-EAMLN= MCR-MIR-SUBJEFATURA CENTRO SUR:WEYCHAFE LONCÓN MELLADO LORENZO: VALECH 00007-Buenos Aires-30-03-2010

http://memoriaoralancestralautobiogrf.blogspot.com/2011/03/cdtecnologico-supervivientes.html


Plataforma Unitaria de Ex PP y Familiares de Chile, Junio de 2010

http://memoriaoralancestralautobiogrf.blogspot.com/2011/08/plataforma-unitaria-de-ex-pp-y.html*
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# 18 Agosto 2011 a las 20:27

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18 de Agosto de 2011

Presidente Piñera recibe informe de la Comisión Valech en La Moneda



El documento contiene la clasificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura.

El Presidente Sebastián Piñera recibió en La Moneda el informe de la Comisión Valech, la cual acogió más de 32 mil casos de los cuales calificaron casi 9.800 víctimas de prisión política y torturas y otros 30 de desaparición forzada y ejecución política.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, explicó que el documento fue entregado al Mandatario, quien “nos ha agradecido el informe, él nos ha dicho que éste es un nuevo aporte a cómo la sociedad chilena ha ido abordando el tema de las violaciones de Derechos Humanos, que va a darse el tiempo prudente para poder leerlo y después comunicarlo al país”.

Sepúlveda agregó que “no nos cabe duda que este es un paso en el abordaje en las políticas públicas que ha tenido el Estado de Chile en relación con las violaciones de Derechos Humanos en el tiempo de la dictadura”.

Al respecto se refirió también el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien señaló que el Presidente Piñera “agradece y valora el trabajo que ha realizado la comisión que ayer a las 24 horas ha concluido su mandato legal” y agregó que “esperamos que este informe contribuya a la paz y a la reconciliación”.

upi/so

elmostrador.

Parapolítica - Habrían comprometido a hijos de Uribe con nexos 'paras', según Iván Cepeda - 03-08-11

Parapolítica

Habrían comprometido a hijos de Uribe con nexos 'paras', según Iván Cepeda

Hijos de expresidente colombiano Álvaro Uribe acusados de tener nexos con paramilitares

Por: Elespectador.com

El representante entregó a la Fiscalía la declaración del exjefe paramilitar, José Gelvez, alias ‘El Canoso’, que relaciona a Tomás y Jerónimo Uribe Moreno.

El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, este miércoles dio a conocer que en desarrollo de sus visitas a las cárceles donde están recluidos los exjefes paramilitares, conoció la declaración del exjefe paramilitar, José Gelvez, alias ‘El Canoso’, que señala a los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez de haber tenido negocios con paramilitares en Santa Marta.
Tal como aparece en la grabación y según lo publicaron varios medios de comunicación como la revista Semana, en una columna de María Teresa Ronderos: “El Canoso dijo ante Justicia y Paz que Art Coco —una empresa de Ignacio ‘Nacho’ Rodríguez, concejal de Santa Marta elegido con los votos ‘paras’ que manejaba Hernán Giraldo en la Sierra Nevada— era proveedora de artesanías para Salvarte, la empresa de los hijos del expresidente Uribe, Tomás y Jerónimo”.
Según un comunicado de Cepeda, en la grabación, ‘El Canoso’ cuenta cómo los paramilitares ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo y su sobrino lograron entrar en la concesión del Parque Tayrona a través de un socio de Aviatur en Santa Marta, negocio en el cual habrían participado también Tomás y Jerónimo Uribe.

Conforme a la columna de Semana, el señor Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, admitió que recibió el consejo del presidente Uribe de asociarse con una empresa para dicha concesión y que cuando se enteró de que los paramilitares habían entrado a su empresa, él les compró la parte correspondiente.

El representante Iván Cepeda puntualizó que la entrega de esta grabación se hace como parte de sus funciones parlamentarias para que el órgano investigador adelante las acciones pertinentes.
Cepeda fue a las cárceles colombianas para entrevistarse con los exjefes paramilitares y para verificar la situación de derechos humanos en dichos establecimientos. En las cárceles de Valledupar, La Picota y El Buen Pastor de Bogotá se encontraron graves irregularidades que serán objeto de debate de control político el próximo 24 de agosto en la Comisión Segunda de la Cámara de representantes.

Igualmente, el legislador anunció que las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso continuarán visitando los establecimientos carcelarios con el fin de hacer un seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, y de verificar la situación de derechos humanos que viven los presos. La próxima visita será a la cárcel Bellavista, en Bello (Antioquia), por petición de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En su momento, los Uribe Moreno emitieron la siguiente declaración:

Ante las polémicas declaraciones, los hijos del expresidente Uribe, a través de un comunicado, reconocieron tres reuniones con el extraditado Rodríguez, pero negaron haber sabido de sus nexos delincuenciales. Indicaron que en una de ellas estuvo el actual alcalde de Santa Marta.

“Conocimos al señor Rodríguez en el año 2004, por amigos comunes de Santa Marta y por su participación en una compañía que fabricaba artesanías de coco con habitantes de la Sierra Nevada, promocionadas en programas financiados por el gobierno americano. Tanto al señor Rodríguez, como a su familia, los precedía una excelente reputación, la cual pueden corroborar distinguidas personas de la sociedad samaria”, indicaron.

Concluyeron que el testimonio de alias El Canoso, a quien niegan conocer, “está plagado de mentiras y falsas intenciones”.

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20 Abr 2009 - 11:00 pm

Crece debate por negocio de los hijos de Uribe

Por: Elespectador.com

Ello por la compra de terrenos en Zona Franca de Occidente.

Foto: David CampuzanoEste es el terreno que ha generado polémica. Está ubicado en inmediaciones del municipio de Mosquera, en Cundinamarca.

Polémica por terrenos en Zona Franca

La venta de dos predios en Mosquera que al parecer fueron incluidos en una Zona Franca, abre polémica. Hijos del Presidente dicen que actuaron legalmente, no se cambió el uso del suelo y compraron por metro cuadrado.

Un debate de control político en el Congreso, programado inicialmente para el próximo 12 de mayo, es la primera consecuencia de la denuncia planteada el domingo pasado por el informativo de televisión Noticias Uno, según el cual, los dos hijos del presidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, se habrían beneficiado con la valorización de terrenos de su propiedad ubicados en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), al quedar incluidos en una reglamentación de Zona Franca. El hecho habría tenido lugar en diciembre del año pasado, avalado por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, del cual hacen parte los ministros de Comercio y de Hacienda.

La información de Noticias Uno, respaldada por su director Daniel Coronell en su columna de la revista Semana, sostiene que con la decisión adoptada, los terrenos rurales de propiedad de los hijos del Presidente pasaron de una valorización de $33 millones a un estimativo de $3.000 millones. Supuestamente los predios en mención, conocidos como El Paraíso y San Laureano, hace dos años fueron adquiridos por una fiducia constituida por la sociedad Residuos Ecoeficiencia, controlada por Tomás y Jerónimo Uribe Moreno. Las decisiones posteriores, según el reporte noticioso, también favorecieron al ex alcalde de Mosquera Álvaro Rozo.

La publicación y el reporte del noticiero de televisión causaron revuelo político y el primero en salir al ruedo fue el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo, quien anunció ayer un debate de control político en el Congreso, inicialmente para que el ex alcalde de Mosquera le explique al país por qué después de la compra del lote por parte de los hijos del Presidente, a los pocos días se le cambió el uso del suelo de rural a industrial, facilitando una primera “granvalorización”, y por qué después el mismo alcalde terminó comprando una parte de ese mismo lote a los hijos del Primer Mandatario. Robledo aclaró que también varios ministros deben explicar qué sabían de ese negocio.

Ayer mismo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, calificó de infundadas las acusaciones sobre un supuesto tráfico de influencias por parte de los hijos del Presidente, argumentó que la aprobación de la Zona Franca de Occidente se ajustó a los requerimientos de las leyes colombianas, que nunca hubo preferencias ni dádivas y que los hijos del Presidente no son socios de la Zona Franca. “Estamos armando una tormenta en un vaso de agua y no veo cuál es la sustancia detrás de todo esto. Tráfico de influencias hubiera existido si ellos se hubieran aprovechado de su posición o estuvieran pidiendo que se les rebajaran las condiciones. Nada de eso sucedió”.

A su vez, a través de distintos medios de comunicación, los hijos del Presidente negaron enfáticamente cualquier responsabilidad sobre el hecho. Tomás Uribe sostuvo que las acusaciones son tendenciosas y que la negociación se hizo sin violar las disposiciones legales. “Acá no se abusó del poder, sino que se ejerció un derecho que tenemos todos. Son falsedades. No se cambió el uso del suelo, no es cierto que se le haya vendido el predio al alcalde de Mosquera a precio de ganga y también es falso que se haya comprado por hectáreas y no por metros cuadrados. Nosotros quedamos con una participación minoritaria del 7% cada uno y no como dice el periodista Coronell, que fue del 60%”.

Añadió que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, desde el 2000 el predio en cuestión es de expansión industrial y no rural, como asegura Coronell.
El hijo del Presidente insistió en que el debate de fondo es siél y su hermano pueden o no hacer negocios. Se declaró en todo momento dispuesto a hacer declaración punto por punto sobre lo sucedido. Precisamente ese es el escenario que pretende ahora plantear la oposición política encarnada en el Polo Democrático, uno de cuyos miembros, el ex ministro Parmenio Cuéllar, observó que una administración “debe evitar que los hijos del Presidente hagan negocios mientras él sea mandatario”. En tal sentido, planteó como una necesidad que se escuche a los funcionarios del Estado que tuvieron que ver con la aprobación de esa Zona Franca y, por supuesto, que se oiga a los hijos de Uribe.

El presidente del Congreso, Hernán Andrade, aceptó que puede ser un tema delicado o al menos incómodo, aunque en principio cree que todo el trámite se hizo bajo criterios legales, incluyendo la Zona Franca. Aun así, admitió que “lo que viene es el debate político, en el sentido de evaluar la manera como las decisiones administrativas pueden beneficiar a los hijos del mandatario. De aprobarse el debate de control político para el 12 de mayo, la idea es que Tomás y Jerónimo Uribe sean escuchados.

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03-08-11--Entrando y saliendo del Museo de la Memoria con los 119

Entrando y saliendo del Museo de la Memoria con los 119








Lunes, 01 de Agosto de 2011 16:25




Lucía Sepúlveda Ruiz

El 25 de julio, en el Museo de la Memoria, nos reencontramos con los 119, a 36 años de la desaparición de estos chilenos y chilenas por la DINA. Gracias a la lucha de sus familiares y amigos de hoy y ayer, organizados en el Colectivo 119 y en Londres 38, justo a la entrada del imponente edificio lleno de cristales y altas techumbres estaban como dándonos la bienvenida Ariel Salinas, (ex dirigente de la FEC de Concepción de los años 70) y Carmen Bueno, actriz, junto a María Angélica Andreoli, estudiante universitaria. Ariel seguro ya está enterado del montaje policial contra Recaredo Gálvez, el dirigente actual de la FEC que los pacos acusaron impunemente como homicida y que la Corte de Apelaciones liberó después.


Los tres forman parte de la lista de 119 chilenos y chilenas desaparecidos en la Operación Colombo, la mayoría muy jóvenes luchadores sociales de la resistencia al régimen de Pinochet en sus más feroces años: 1974 y 75. La instalación que representa a nuestros compañeros y compañeras detenidas en la Operación Colombo permanecerá durante agosto y septiembre en el Museo de la Memoria.

A ellos los instaló la DINA en un montaje mediático armado con el fin de amedrentar y desconcertar a los familiares de los desaparecidos y a los organismos de derechos humanos. Buscaban encubrir los secuestros presentándolos como hechos delictuales ocurridos en el extranjero (“Los miristas se matan entre sí” decían algunos titulares), y desprestigiar la lucha de resistencia. Contaron para ello con la complicidad de La Segunda y toda la cadena de El Mercurio, la tv y la prensa oficial.

Justo frente a las siluetas gigantes de Ariel Salinas y Carmen Bueno - asumiendo que muchos y muchas jóvenes de hoy ni siquiera saben que existió el horror de esos días - se exponen en el Museo fotos de los memoriales contra el olvido: majestuosos o pequeños, simbólicos o tradicionales, grandes estructuras o pequeñas placas que se han erigido a lo largo de Chile por las organizaciones y familiares junto a quienes nos negamos al olvido y cultivamos la semilla de la justicia y la verdad.

Ahí están por ejemplo el memorial del Liceo Manuel de Salas (cinco de los 119 habían sido alumnos de ese liceo experimental de Santiago) o el de la Escuela de Economía (en la Lista de los 119 había varios alumnos de esa escuela de la Universidad de Chile).

Memoria y acción

Antes de entrar al Museo hubo en el auditórium anexo, un taller de memoria/acción en que se buscaba unir presente y pasado, sacar lecciones de la (escasa) justicia lograda y de la (inmensa) injusticia pendiente. Allí se habló de vincular las luchas y demandas sociales, y todos saludaron las masivas movilizaciones, acordando también presionar para que en el Senado se vote una iniciativa que impida que la impunidad siga avanzando, ahora por la vía de posibles indultos gubernamentales.

Magdalena Navarrete, dirigente del Colectivo 119 y de la AFDD línea fundadora, madre de Sergio Reyes, estudiante de Economía, con voz entrecortada por la emoción reiteró al inaugurar la muestra, que su organización comparte las demandas de los jóvenes de hoy y que en ellas ven renacer la esperanza de sus hijos. Ellos, los 119 también están en la calle, en las tomas y en las marchas estudiantiles y ciudadanas exigiendo educación pública, expresaba Roberto D’Orival, hermano de Jorge D’Orival, veterinario cuyo nombre también figuró en la Lista de los 119. El Museo rindió un homenaje especial al arquitecto y académico de la Universidad de Chile, Francisco Aedo, también desaparecido en la Operación Colombo.

El ambiente era un poco surrealista porque desde el piso de arriba, llegaban los ecos apagados de consignas y cánticos de los años 70, que forman parte de la banda sonora de algunos de los videos exhibidos allí para recrear el ambiente de esos años.

Más abajo, esa noche, estaba iluminada la silueta del activista que impulsaba los consejos comunales campesinos en Linares, Juan Molina, al lado de Pedro Merino, el sastre y dirigente de las Juventudes Comunistas cuyo caso es uno de los pocos que este año avanzó en tribunales con una sentencia de primera instancia para los criminales. También en ese grupo estaba Luis Guajardo, el ciclista y activista mirista en Pudahuel, entonces llamado "Barrancas". Los estudiantes Bárbara Uribe y Erick Van Yurik estaban juntos, como siempre, mirándose... una pareja hermosa. Casi a la bajada de la escala se ubicó Antonio Cabezas, ex interventor de la textil Comandari. Era una larga tarea la de saludar a los sobrevivientes, a los familiares, y a los que partieron. Así me encontré con Cecilia Radrigán cuando ella ya partía y cuando comenté que no podía evitar emocionarme, me confesó que ella sentía que la estaban mirando, que todo el tiempo sintió eso cerca de donde estaba parada la silueta de su hermano, Osvaldo Radrigán. Por ahí andaba también Mario Calderón, el periodista de Valparaíso. Y cuando finalmente ya entrada la noche salí del museo hacia el metro Matucana, allí me despidió en ese pasillo Leopoldo Muñoz Andrade, de Lo Valledor, fuera de la instalación, como diciéndome que estaban ahí pero en realidad preferían estar afuera…

Esas siluetas maravillosas las hizo un artista, el pintor y escultor José Rodríguez, a partir de los retratos de estos luchadores sociales, junto a un potente equipo de familiares, amigos y estudiantes que trabajaron en el local de la FECH el año 2005 y las pasearon desde Londres 38 hasta la misma Moneda, donde se instalaron cuando se cumplían 30 años de la desaparición. Ahora las restauraron para este nuevo aniversario.

La prensa y los montajes

En el acto de la prensa hubo alusiones a la prensa actual en Chile, solo para constatar que es la misma de ayer: fabricante/cómplice de montajes, urdidora de mentiras, vendiendo un país de fantasía y cómplice de los dueños del poder en Chile. ¡Cincuenta años cumplió esta misma semana el vespertino La Segunda, sin jamás pedir perdón por su rol en esta macabra operación de la DINAy su titular: “Exterminados como ratones”! El Colegio de Periodistas sí lo hizo en 2007, como resultado de un juicio ético que llevó a cabo a solicitud del Colectivo 119, bajo la presidencia de Alejandro Guillier.Pero también estaba en el Museo de la Memoria la prensa popular, muchas cámaras de corresponsales independientes, un equipo de Umbral Tv de la Villa Francia (de donde eran José Villagra, Enrique Toro, y Eduardo Lara). Pablo, hijo de José Villagra, director del periódico virtual www.elirreverente.cl, trabaja también en un documental sobre montajes de los medios de comunicación. Allí también se hicieron presente audiovisualistas de Londres 38, varios medios barriales y virtuales, tesistas que indagan en la memoria y otros. Lo nuevo con lo viejo, el ying y el yang, el dolor con la esperanza, sobrevivientes y jóvenes que pisan esas calles nuevamente, marchando por la Alameda.

Los criminales

Según un informe de la Universidad Diego Portales (Balance de Causas DDHH en Chile, Observatorio de DDHH, julio 2011) divulgado en el Taller Memoria/Acción, de los 87 casos de la Operación Colombo en que hay causa judicial abierta, se han logrado 19 condenas definitivas (lo que implica un 21,8% de los casos investigados), pero la mayoría de las causas (59) apenas están en etapa de sumario. Hay 4 condenas de primera instancia, y 1 condena emitida por la Corte de Apelaciones. Y en muchos casos ni siquiera hay un juicio entablado.

Augusto Pinochet Ugarte, el máximo responsable de estos crímenes, sólo será juzgado por la historia ya que la complicidad de los tribunales chilenos le permitió finalmente eludir la acción judicial con su muerte. El propio dictador, Augusto Pinochet Ugarte, desaforado en 2006, estuvo encausado por la Operación Colombo, por resoluciones adoptadas por los Ministros de fuero Alejandro Solís y por Victor Montiglio, el juez recientemente fallecido que procesó a 98 agentes partícipes en estos crímenes. Pero los procesamientos no siempre culminan en una sentencia. La muerte llegó antes para el ex dictador, frustrando las expectativas de justicia de los chilenos que luchan contra la impunidad. Hay consenso que los avances en materia de justicia se han logrado por la lucha de los familiares y organizaciones secundados por los abogados de derechos humanos, y que en cambio no ha habido voluntad política de los sucesivos gobiernos de la Concertación de hacer justicia. Una muestra de ello es que nunca se logró derogar el decreto ley de amnistía y por el contrario, en varias oportunidades gobiernos intentaron que el congreso aprobara leyes de punto final.

Más de 68 de los procesamientos dictados desde 2005 en estos casos, son para Manuel Contreras, el ex director de la DINA, la policía secreta de Pinochet que tuvo ese nombre en los primeros años de dictadura y fue reemplazada luego por la CNI. En las 84 sentencias judiciales que se han dictado hasta ahora, según el informe citado, han sido declarados culpables de 14 de estas desapariciones el ex Director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko, (ex jefe de la Brigada Halcón de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi). Por estas y otras causas, Contreras tiene más de 239 años de cárcel confirmados. En 9 casos fue hallado culpable el suboficial Basclay Zapata Reyes (Brigada Halcón), en tanto que Pedro Espinoza Bravo (ex jefe de la DINA) recibió 7 sentencias de culpabilidad. Antes de su muerte, Osvaldo Romo (Brigada Halcón) fue condenado en 4 casos, en tanto que 3 sentencias en su contra acumulan los criminales Francisco Ferrer Lima (Ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército), Palmira Guzmán (jefa de la plana mayor de la Villa Grimaldi), Rodolfo Wenderoth Pozo (Brigada Mulchén y Villa Grimaldi). Raúl Iturriaga Neumann (jefe de la sección exterior de la DINA) y Fernando Laureani (jefe de la brigada Vampiro) han sido condenados por 2 de los 87 casos tardíamente investigados por los tribunales chilenos. Gerardo Godoy (Brigada Tucán) fue condenado por una desaparición, al igual que Fernando Gómez Segovia, Jefe de la Brigada Sur (Chillán) de la DINA. También en ocasiones la Corte Suprema ha aplicado la amnistía. En enero de 2009, la Corte Suprema absolvió a los criminales de la DINA identificados como autores de la desaparición de la estudiante de servicio social Jacqueline Binfa, una de las compañeras desaparecidas en la Operación Colombo. El alto tribunal absolvió de toda responsabilidad penal a la cúpula del servicio secreto de la dictadura pinochetista por el secuestro calificado de la universitaria, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecida el 27 de agosto de 1974, en Santiago.

En total por todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, hay en Chile 1446 causas activas tanto por ejecuciones, como por desapariciones, torturas y exhumación ilegal. 546 represores están procesados o condenados sin sentencia definitiva, 159 criminales fueron condenados pero gracias a la Corte Suprema y su teoría de aplicación de la “media prescripción” (rebaja de penas) lo hacen sin pasar un día en prisión. El estudio de la UDP no menciona los casos de aplicación de amnistía por desapariciones, que han ocurrido cuando la composición de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema integra a determinados ministros partidarios de la impunidad total.

Discriminación judicial

Es así como culpables de delitos de lesa humanidad, juzgados de acuerdo a las leyes penales antiguas salen a la calle, o cumplen penas irrisorias (firmar en un registro) sin control alguno, mientras la nueva justicia penal chilena condena, por ejemplo, a penas de más de 20 años de cárcel al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor Llaitul, y a 15 años a otros luchadores sociales que han actuado en la recuperación del territorio ancestral de su pueblo y no son responsables de ningún hecho de sangre. Asimismo, la justicia militar deja sin castigo hasta ahora a los asesinos de jóvenes mapuche asesinados por la espalda en recuperaciones de tierra.

Sólo 66 de estos autores de crímenes de lesa humanidad en Chile bajo dictadura, están cumpliendo sus penas en la cárcel. Por supuesto la mayoría son ex oficiales y cuentan con todas las comodidades en cárceles especiales de Punta Peuco y el Regimiento de Telecomunicaciones.

Las sentencias definitivas que significaron justicia, aunque tardía (desde 2005 en adelante), son las del secuestro y desaparición de la asistente social María Teresa Bustillos Cereceda; los ex miembros del GAP Manuel Cortez Joo y Miguel Angel Sandoval Rodríguez; los hermanos chillanejos Hernán y María Elena González Inostroza; los estudiantes de ingeniería Luis Guajardo y Julio Fidel Flores Pérez (en 2009); y el estudiante de filosofía, Jorge Espinosa Méndez, todos ellos militantes del MIR. También hubo sentencia del máximo tribunal en el caso del estudiante secundario Mario Carrasco Díaz, socialista. Por la desaparición de Espinosa el único sentenciado, sin embargo, es el agente Osvaldo Romo, que murió en prisión. Entre las sentencias a firme más recientes dictadas por la Corte Suprema está la dictada en julio de 2009 por la desaparición del veterinario Jorge D’Orival, confirmándose las condenas a la cúpula de la DINA.

Justicia en Francia

El 17 de diciembre de 2009, el Tribunal Criminal de París condenó en ausencia a 14 militares chilenos por la desaparición de cuatro ciudadanos franceses durante el gobierno militar. Entre ellos está Alfonso Chanfreau –cuyo nombre figuró en la Lista de los 119- junto a Georges Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean-Yves Claudet-Fernández, desaparecidos en otras circunstancias. El juez Hervé Stephan condenó a presidio perpetuo a Manuel Contreras y a su segundo en la DINA, el brigadier (R) Pedro Espinoza. Herman Brady, ex ministro de Defensa de Pinochet fue condenado a 30 años de cárcel, al igual que Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko. Esta la única condena que recibió Brady, procesado por la desaparición de 12 asesores del presidente Allende, antes de morir en el Hospital Militar en mayo de este año.

Más información sobre quiénes eran los 119, en mi libro "119 de nosotros" (LOM 2005).

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Una estafa de 16 billones de dólares - Por Atilio A. Boron

Una estafa de 16 billones de dólares


Por Atilio A. Boron

La atención de la opinión pública internacional está centrada en el acuerdo pírrico firmado entre Barack Obama y el Congreso mediante el cual el presidente se compromete a aplicar un duro programa de ajuste fiscal, centrado en el recorte de gastos sociales (salud, educación, alimentación) e infraestructura por 2,5 billones de dólares (2.500.000 millones de dólares) pero preservando, como lo exige el Tea Party, el nivel actual del gasto militar y su eventual expansión. A cambio de esto, la Casa Blanca recibió la autorización para elevar el endeudamiento de Estados Unidos hasta 16,4 billones de dólares (es decir, 16.400.000 millones de dólares), cifra superior en unos dos billones al PIB de ese país. Con esto se espera –confiando en la “magia de los mercados”– superar la crisis de la deuda pública y reactivar la languideciente economía norteamericana. Esta receta ya fue implementada a sangre y fuego en América latina y no funcionó; y tampoco lo hizo en la convulsionada Europa de estos días. Con este acuerdo, lo único seguro será el agravamiento de la crisis y, de su mano, la acentuación de la belicosidad norteamericana en el escenario mundial.

El debate sobre el posible default de EE.UU. eclipsó por completo un escándalo financiero de inéditas proporciones: el 21 de julio pasado se conoció el resultado de la auditoría integral realizada por la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (Government Accountability Office, GAO por su sigla en inglés) en la Reserva Federal (Fed), el banco central de los Estados Unidos, la primera que se practica a dicha institución desde que fuera creada, en 1913. Los resultados son pasmosos: en un plazo de poco más de dos años y medio, entre el 1º de diciembre del 2007 y el 21 de julio de 2010, la Fed otorgó préstamos secretos a grandes corporaciones y empresas del sector financiero por valor de 16 billones de dólares, una cifra mayor que el PIB de los Estados Unidos, que en el año 2010 fue de 14,5 billones de dólares, y más elevada que la suma de los presupuestos del gobierno federal durante los últimos cuatro años. No sólo esto: la auditoría reveló también que 659 millones de dólares fueron abonados a algunas de las instituciones financieras beneficiadas arbitrariamente por este programa para que administrasen el multimillonario salvataje de bancos y corporaciones dispuesto como mecanismo de “salida” de la nueva crisis general del capitalismo. De ese gigantesco total, unos 3 billones fueron destinados a socorrer a grandes empresas y entidades financieras en Europa y Asia. El resto fue orientado al rescate de corporaciones estadounidenses, encabezadas por el Citibank, el Morgan Stanley, Merrill Lynch y el Bank of America, entre las más importantes. Todo esto mientras la crisis profundizaba hasta niveles desconocidos la desigualdad económica dentro de la población estadounidense a la vez que hundía a crecientes sectores sociales en la pobreza y la vulnerabilidad social. Por supuesto, esta información apenas si mereció un espacio completamente marginal en la prensa financiera, tanto la internacional como la norteamericana, o en los grandes medios de comunicación de Estados Unidos. Son noticias que, como recuerda Noam Chomsky, no tienen por qué ser conocidas por el gran público.

Las asombrosas revelaciones de este informe deberían habilitar una discusión sobre varios temas de gran importancia. Uno, la extremadamente desigual distribución de los esfuerzos requeridos para enfrentar la crisis. Hasta ahora aquellos han sido aportados por los trabajadores, mientras que las grandes fortunas personales o corporativas así como los fenomenales ingresos de los más ricos se han beneficiado con las rebajas de impuestos y rescates multimillonarios dispuestos por George W. Bush y ratificados por Barack Obama en el reciente acuerdo. Dos, sobre los inexistentes –o sumamente débiles e ineficaces– mecanismos de auditoría y control democrático sobre las políticas y decisiones de una institución crucial para la economía norteamericana y el bienestar de su población como la FED. Tres, sobre la dudosa compatibilidad existente entre un orden que se reclama democrático y el estatuto jurídico e institucional de la FED como entidad autónoma que no tiene la obligación de rendir cuentas ante ninguna instancia de control democrático. En relación con esto último, la Fed manifestó su predisposición a “considerar muy seriamente” las recomendaciones de la GAO, pero al no ser una institución gubernamental no puede ser forzada a aceptarlas. Pese a su carácter privado, el presidente (Chairman) de la FED y los siete miembros de su directorio son designados por el presidente de los Estados Unidos y sujetos a su posterior confirmación por el Senado. Pero contrariamente a lo que piensa la abrumadora mayoría de la población norteamericana, la FED no es una agencia del gobierno federal sino una corporación privada. En términos políticos, es el partido del capital financiero.

Su autonomía es tan grande que no se saldría un milímetro de la legalidad si sus autoridades decidieran desoír las recomendaciones de la GAO o rebelarse abiertamente contra ellas. No existe, para la Fed, la rendición democrática de cuentas ante la comunidad y por ser una entidad de derecho privado no tiene por qué acatar ni siquiera lo dispuesto en la Ley de Libertad de Información, cuya jurisdicción se extiende tan sólo a las instituciones públicas. Situación aberrante si las hay: una cifra equivalente al total de la deuda pública estadounidense que puso a EE.UU. al borde del default fue desembolsada en rescates fraudulentos, secretos y muy beneficiosos para los prestatarios y lesivos para el contribuyente, con cuyo dinero un banco central “independiente” como la FED financió toda esta operación. Cabe preguntarse: ¿independiente de quién?

* Director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales.

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