martes, 12 de agosto de 2014

APROPIACION DE GUIDO (IGNACIO) MONTOYA CARLOTTO por empresario, fuertes lazos con la Iglesia y las Fuerzas Armadas y de seguridad. Presidio la Sociedad Rural de Olavarría, el club Estudiantes, el Consejo de Promoción Agropecuaria y el Centro de Equitación Local.

LOS CAMINOS DEL EXPEDIENTE JUDICIAL SOBRE LA APROPIACION DE GUIDO (IGNACIO) MONTOYA CARLOTTO

La historia que aún falta recuperar


Por Irina Hauser

La causa que lleva Servini de Cubría debe determinar dónde nació el nieto de Estela de Carlotto y quiénes estuvieron involucrados en la apropiación. Hay expectativa por la información que podría surgir del juicio por los crímenes en La Cacha.
Guido Montoya Carlotto, quien fue criado como Ignacio, logró recuperar su identidad, pero como suele suceder con los hijos de desaparecidos arrebatados a sus padres, es mucho más lo que tiene por recuperar. Por lo pronto, una parte crucial de su historia, la que dice dónde nació, qué médico intervino, cómo lo arrancaron de los brazos de Laura Carlotto, su mamá, quién se lo llevó, a las manos de quién pasó, de qué represores, y cómo llegó hasta la pareja de trabajadores rurales con los que creció y a quienes siempre vio como sus padres. En el armado de este rompecabezas, que se inicia en medio de un baño de emoción colectiva, será fundamental el papel más frío y burocrático de los tribunales y sus investigadores. Es poca la información que la jueza María Servini de Cubría tiene hasta ahora en la causa sobre la apropiación. Quizá lo más relevante sea la copia de una denuncia que recibieron las Abuelas de Plaza de Mayo hace cuatro años, que mencionaba a Ignacio como posible nieto buscado, y a un probable entregador, dueño de un gran campo en Olavarría. Justo ahora, además, está cerca de terminar el juicio por los crímenes del centro clandestino La Cacha, que entre otros casos incluye el secuestro y asesinato de Laura. Suena lógico, para los abogados de Abuelas, que entre los represores sentados en el banquillo esté el nexo con la apropiación de este nieto tan emblemático, o que al menos uno de ellos conozca algún dato.Por Irina Hauser

Después de recibir un escrito crítico de las Abuelas, que le cuestionaban la rápida difusión del nombre del nieto de Estela de Carlotto, la jueza Servini aceptó postergar –todavía sin fecha– la declaración testimonial de Ignacio, como él pidió que todavía lo llamen, aunque dijo comprender que para su familia biológica siempre fue Guido. La audiencia era el miércoles próximo, pero Carlotto pidió priorizar “la revinculación con su familia”. Mientras tanto, la jueza ordenó medidas elementales, como pedir la partida de nacimiento falsa, en la que el joven fue inscripto como nacido el 2 de junio de 1978, el legajo de las personas que lo criaron, Clemente Hurban y Juana María Rodríguez, y la documentación sobre la identificación lograda en 2009 de los restos de su padre biológico asesinado, Walmir Oscar Montoya, pareja de Laura, con quien militaba en Montoneros.

Reconstrucción

El último 2 de junio, la fecha en que siempre festejó su cumpleaños, Guido/Ignacio supo que quienes siempre había creído sus padres no lo eran. Ese día confirmaba un pálpito que había tenido por primera vez en 2010, casualmente después de participar en una jornada de música por la identidad. Por aquella época, llegaba a Abuelas una denuncia que hablaba de él, que decía que es músico, que toca el piano, el acordeón y canta, que había sido anotado como hijo de los Hurban pero que posiblemente no lo fuera. La pareja –precisaba la presentación– vive en un campo llamado Los Aguilares, cuyo dueño era Francisco “Pancho” Aguilar. Ese empresario, agregaba, vivía en el centro de Olavarría, con una posición económica acomodada y fuertes lazos con la Iglesia y las Fuerzas Armadas y de seguridad. Había presidido la Sociedad Rural de Olavarría, el club Estudiantes, el Consejo de Promoción Agropecuaria y el Centro de Equitación Local. Lo señalaba directamente como el entregador de Ignacio/Guido. Se lo habría dado a la pareja, que no podía tener hijos.
Aguilar murió el 26 de marzo último, y evidentemente ese hecho dio pie al camino hacia la verdad. Ignacio/Guido fue enseguida a hacerse el estudio de ADN que permitió saber que era el nieto de Estela, la presidenta de las Abuelas, el hijo de Laura, y confirmar que su papá había sido Puño Montoya, algo sobre lo que había algunas pistas pero persistían dudas. Laura y Walmir se habían enamorado, compartían la militancia y vivieron juntos en la clandestinidad.
Durante la última semana en Abuelas recibieron incontables llamados con ofrecimientos de información para reconstruir la historia, algunos más verosímiles que otros. Los abogados de la institución comenzaron a cruzar datos que ya tenían y a tratar de ensamblar piezas sueltas. En Olavarría, territorio de dominio de la Familia Fortabat, que allí tuvo su cementera Loma Negra, las vinculaciones de civiles poderosos con el terrorismo de Estado son conocidas. Algunas de las pistas que se analizan apuntan a la posible amistad entre un militar del Ejército relacionado con La Cacha y Aguilar.
Por el momento, la cadena de complicidades penitenciarias, militares y civiles que llevó a la apropiación de Ignacio/Guido será investigada por la jueza Servini de Cubría. Ella tiene una causa de más de treinta años donde las Abuelas denunciaban cerca de ochenta apropiaciones. No hay mayores movimientos en esos archivos. La decisión personal del nieto de Estela de buscar a su familia llevó a desempolvar su caso, que ahora tiene un expediente específico aparte. Lo que sucede es que rastrear el recorrido del hijo de Laura desde su nacimiento lleva inevitablemente a La Plata, donde ella estuvo secuestrada.
El tribunal que juzgó ya el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos condenó por su apropiación a los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Si bien se sostuvo que había nacido en el Hospital Militar Central, para las Abuelas siempre quedaron dudas, ya que las embarazadas de aquel centro de exterminio fueron llevadas a parir a lugares cercanos: el penal de Olmos y el Regimiento Séptimo de Infantería. Si se sumaran más datos que abonen esta hipótesis, la causa podría dejar de estar en manos de Servini y pasaría a la Justicia platense.

Los entregadores

En coincidencia con la aparición de Ignacio/Guido está en la recta final el juicio oral por los crímenes cometidos en La Cacha, un centro de detención al que los propios represores habían bautizado cínicamente de ese modo en alusión al personaje de la tira Hijitus, Cachavacha, que hacía desaparecer a las personas. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata juzga a 21 imputados por los secuestros y las torturas sufridos por 135 víctimas, siete de ellas embarazadas, Laura Carlotto entre ellas. Por su caso, además, se los acusa de homicidio.
La Cacha era un edificio con un sótano y dos plantas, donde había funcionado la antigua antena de Radio Provincia. Estaba ubicado entre la Unidad 1 de hombres y la 8 de mujeres de Olmos, a sólo 50 metros de ahí. Tenía, además, una casita rodante, donde los sobrevivientes relatan que los torturaban. Hasta mayo de 1977 el lugar no tenía ninguna fachada que lo mostrara dependiente de una dependencia oficial, era netamente clandestino. En ese entonces, el ministro de Gobierno Jaime Smart lo cedió al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Una de las particularidades de La Cacha es que allí convivían miembros de diferentes fuerzas: el destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, que lo comandaba, la Marina y el SPF.
Esto explica el abanico de personajes que están sentados en el juicio como acusados, empezando por Smart. También hay policías, con el ex comisario Miguel Etchecolatz a la cabeza, Horacio Elizardo Luján, Julio César Garachico y Eduardo Gargano. A ellos se suman dos penitenciarios, Héctor Raúl Acuña e Isaac Miranda; el marino Juan Carlos Herzberg y trece miembros del Destacamento 101, que tenía a su cargo el fallecido Alejandro Arias Duval.
Entre todos ellos hay entregadores y apropiadores de hijos de desaparecidos. Del destacamento 101 del Ejército: Ricardo Fernández fue el entregador de los mellizos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa, y Carlos del Señor Hidalgo Garzón es el apropiador de la nieta recuperada Catalina de Sanctis Ovando. Herzberg permitió la apropiación de Natalia Suárez Nelson. Arias Duval, la de la nieta restituida Silvia Cugura Casado. El ex teniente Luis Von Kyaw fue el entregador de Sebastián Casado Tasca. Von Kyaw estuvo cuatro años prófugo y fue atrapado recientemente en Panamá. No fue el único represor de La Cacha fugado, también lo estuvo Miguel Angel Amigo, y aún lo está Teodoro Gauto.
“Ahora tendremos que ver quién entregó a Guido”, dice Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas en el juicio de La Plata. Lovelli cuenta que los mellizos Reggiardo Tolosa nacieron en el hospital de la cárcel de Olmos, igual que Natalia Suárez Nelson. La partera que habría presenciado los nacimientos, Ilda Delgadillo, fue luego secuestrada y desaparecida. Se cree, por los testimonios, que fue quien llamó a la familia de Natalia para avisarle de su nacimiento. Todo indicaría que Silvia Cugura y Sebastián Casado nacieron en el Regimiento 7 de Infantería. Sus partidas falsas ponían como lugar de nacimiento la dirección de esa dependencia. Era un predio que tenía un área de sanidad y que daba apoyo logístico a La Cacha.
Sobre el lugar donde nació el bebé de Laura Carlotto se han establecido hipótesis en función de lo que declararon algunas de sus compañeras de cautiverio. Había sido secuestrada con dos meses y medio de embarazo (algo que su familia supo más tarde, por una sobreviviente). Tuvo su bebé el 26 de junio de 1978 y unos días después fue devuelta a La Cacha. Al regresar les contó a otros detenidos que había dado a luz en un piso alto, engrillada, en un edificio con custodia aparentemente militar, y que le habían dicho que entregarían al bebé en la Casa Cuna para que se lo dieran a su familia. Pudo estar sólo cinco horas con él, luego la doparon para sacárselo. Le había puesto Guido, como su abuelo, llegó a contar. Un ex conscripto testificó que había custodiado a una detenida que fue llevada a parir al Hospital Militar Central, y que por la foto era Laura. La realidad es que hubo distintos relatos y –por ejemplo– una de las sobrevivientes, Norma Aquin, dijo que Guido había nacido en la cárcel de Olmos, algo que podría tener cierta lógica.
No se sabe con certeza si quien era el compañero de Laura, Walmir, o Puño como lo apodaba su familia, estuvo secuestrado también en La Cacha. Las sospechas indicarían que sí, pero no fue incluido en el juicio, que a fin de mes entra en período de alegatos y tendría sentencia en octubre. El abogado de Abuelas, Alan Iud, señaló a Página/12 que la aparición de Guido/Ignacio tuvo un impacto tan grande que eso “aumenta las esperanzas de poder reconstruir el camino de Guido y sus padres”.
Estela de Carlotto declaró ante el TOF-1 de La Plata el 4 de junio último. Allí repasó con detalles cómo fue la búsqueda y el hallazgo del cuerpo de su hija, un día después de ser asesinada, el 25 de agosto de 1978. Tenía la cara deformada por un disparo, unas medias verdes con las que alguna de sus compañeras la vio irse, creyendo que la llevaban a la ESMA para un posterior Consejo de Guerra, y un corpiño negro que le había dado de recuerdo una de sus compañeras en La Cacha, Alcira Ríos. Ese día tan reciente, cuando la titular de Abuelas dio su testimonio, les habló a los acusados: “Tal vez alguna de mis palabras les llegue al corazón y puedan decir dónde están los nietos que falta recuperar”. Para ese entonces, su propio nieto ya estaba muy cerca, buscándola.

domingo, 10 de agosto de 2014

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:CASO SOBRE APLICACIÓN DE LEY ANTITERRORISTA A DIRIGENTES, MIEMBROS Y ACTIVISTA DEL PUEBLO INDÍGENA MAPUCHE San José, Costa Rica, 29 de julio de 2014.-

CASO SOBRE APLICACIÓN DE LEY ANTITERRORISTA A DIRIGENTES, 
MIEMBROS Y ACTIVISTA DEL PUEBLO INDÍGENA MAPUCHE


San José, Costa Rica, 29 de julio de 2014.-


http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_10_14.pdf

2 de agosto de 2014

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de aplicación de la Ley Antiterrorista



SERGIO FUENZALIda
Coordinador Programa de DDHH. Universidad Central de Chile Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Esta semana fue notificada la sentencia de la Corte IDH que dispuso que el Estado de Chile debe dejar sin efecto en todas sus partes las sentencias penales dictadas por los tribunales chilenos entre los años 2003 y 2004 que condenaron a dirigentes y comuneros mapuches, más una activista, utilizando la legislación antiterrorista.
El fallo internacional deja claro que para poder condenar por terrorismo los tribunales chilenos incurrieron en contravenciones tan graves como que se utilizó como fundamento para dictar las sentencias la condición étnica de los acusados, se violó un principio básico para el derecho penal como es la presunción de inocencia (suponiendo el carácter terrorista por el solo hecho de haberse utilizado ciertos medios), como también que se violó el debido proceso al obstaculizar la interrogación a testigos de cargo y la revisión efectiva de las condenas por un tribunal superior. Asimismo, se dispuso en estos casos de largas prisiones preventivas sin que existieran elementos que permitieran suponer la participación de los inculpados al momento de disponer las medidas cautelares. Por último, que la afectación a la libertad de expresión que conllevan las condenas, y la privación de la ciudadanía, son sanciones que resultan desproporcionadas y no se justifican en un régimen democrático, más todavía tratándose, en algunos de los casos, de dirigentes y autoridades indígenas.
Junto con reconocer una serie de derechos a favor de los pueblos indígenas, el Estado chileno en reiteradas ocasiones abandona su deber de protección y deja entregada a quienes tienen más poder la definición de las condiciones de vida de los mapuches y otros pueblos indígenas. Y, es más, rompe sus deberes más primordiales y utiliza su propio aparato policial y judicial en contra de sus habitantes.

El contenido del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la confirmación de lo que se ha venido diciendo reiteradamente por organismo internacionales y por observadores comprometidos con los derechos de las personas. El Estado de Chile al reprimir los hechos de violencia ocurridos en el sur del país ha incurrido en graves violaciones a derechos que el mismo país se ha comprometido a respetar, proteger y garantizar. Es decir, en este caso, como en otros, el mismo Estado ha violado el Estado de Derecho.
Lamentablemente este no es un hecho aislado. Junto con reconocer una serie de derechos a favor de los pueblos indígenas, el Estado chileno en reiteradas ocasiones abandona su deber de protección y deja entregada a quienes tienen más poder la definición de las condiciones de vida de los mapuches y otros pueblos indígenas. Y, es más, rompe sus deberes más primordiales y utiliza su propio aparato policial y judicial en contra de sus habitantes. Nadie afirma, ni menos la Corte Interamericana, que no se puedan utilizar las leyes y los procesos penales para reprimir los delitos, pero deben utilizarse bajo los parámetros que entrega la ley. De otro modo el Estado pierde su legitimidad y deja de ser tal para devenir en simple opresión.
Las causas más profundas de los hechos de violencia deben ser decididamente abordadas. Muchos estamos persuadidos de que nada de esto va a cambiar y, es más, se seguirá agravando si no se desarrolla un proceso para implementar las obligaciones que el mismo Estado se ha comprometido a cumplir. Para nombrar sólo algunos de estos compromisos, recordemos los siguientes: protección de los territorios indígenas, mecanismo eficaz de restitución de tierras, participación política, consulta de medidas susceptibles de afectarles a fin de alcanzar el consentimiento, autonomía en sus asuntos internos, etc.
Esto exige mucho. Mucho para una estructura estatal centralizada y fundada en la idea de nación única. Mucho para pueblos y comunidades indígenas muchas veces desavenidas. Pero no hay otra salida. O nos ponemos de acuerdo, reconociéndonos como distintos pero con igual dignidad y derechos, o empecemos desde ya a construir muros, enormes muros para no vernos, no olernos, no tocarnos. Aunque sabemos, todos lo sabemos, que siempre y en cualquier momento puede aparecer algo o alguien que nos salte a la cara.

Corte Interamericana de DD.HH condena a Chile por aplicar ley antiterrorista a ocho mapuche

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado chileno de violar los principios de legalidad y presunción de inocencia, entre otros, de ocho ciudadanos mapuche que fueron juzgados y condenados en base a la Ley Antiterrorista.
“La Corte concluyó que Chile violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia en perjuicio de las ocho víctimas de este caso por haber mantenido vigente y aplicado el artículo 1° de la Ley N° 18.314 que contenía una presunción legal del elemento subjetivo del tipo terrorista”, precisó un comunicado del tribunal, con sede en Costa Rica.
Los ocho involucrados en el caso fueron condenados a penas de entre 5 y 10 años por los delitos de incendio y tentativa de incendio, calificados de terroristas, en hechos ocurridos en los años 2001 y 2002 en las regiones chilenas de Bío Bío y La Araucanía.
Se trata de los lonko de Traiguén Aniceto Norín y Pascual Pichún, fallecido en marzo de 2013 (en la foto); el dirigente de Collipulli Víctor Ancalaf Llaupe; el lonko de Chequenco Juan Ciriaco Millacheo; los comuneros de Ercilla Jaime Marileo Saravia y Juan Patricio Marileo Saravia; el ex miembro de la Coordinadora Arauco Malleco y dirigente de Lleu Lleu, José Huenchunao; y la activista Patricia Troncoso Robles.
La Corte encontró además que en la fundamentación de las sentencias condenatorias se utilizaron “razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios”, lo cual configura una violación del principio de igualdad y no discriminación, y el derecho a la igual protección de la ley.
Los magistrados de la Corte regional encontraron también en los diferentes procesos contra los mapuche violaciones a las garantías judiciales, como el derecho de la defensa a interrogar testigos y recurrir los fallos penales.
Violaciones a la libertad personal, a la libertad de pensamiento y de expresión y a los derechos políticos son otras de las garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos que fueron vulneradas en perjuicio de varias de las víctimas, señaló el tribunal.
La sentencia ordena al Estado chileno, como medida de reparación, adoptar “todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de las ocho víctimas”.
Asimismo ordena otorgar becas de estudio en instituciones públicas chilenas a los hijos de las víctimas que lo soliciten y pagar indemnizaciones por los daños materiales y inmateriales causados a los demandantes.

http://www.biobiochile.cl/2014/07/29/corte-interamericana-de-dd-hh-condena-a-chile-por-aplicar-ley-antiterrorista-a-imputados-mapuche.shtml

miércoles, 30 de abril de 2014

Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MBNC)

14 AÑOS DE LUCHA CLANDESTINA POR LA LIBERTAD.

"Bolívar capitán, se divisa tu rostro. Otra vez entre pólvora
y humo tu espada está naciendo".
 
Pablo Neruda

 



¡Salud, bolivarianos de Colombia y de Nuestra América!

 
¡Salud, luchadores clandestinos que anónimos ponen su sacrificio y su fuerza de cambio al servicio de la causa popular!

Catorce años hace hoy del surgimiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia; más de una década de una experiencia que significa el renacer constante, entre vicisitudes y esperanzas, de los sueños de emancipación que vuelan con alas de patria sobre la conciencia de los hombres y mujeres, que en nuestro país han tomado para sí la causa de los pobres,no solamente de nuestra tierra comunera, sino de todo el orbe azotado por el neo-liberalismo, lacerado por la depredación del capital y asediado por la muerte que diseminan los imperios.

Aquí está el Movimiento Bolivariano, vital, y listo para emprender el camino de la paz; dispuesto a que si se alcanza la firma del acuerdo final, hacer del antifaz que lo resguarda de la guerra sucia y el terror que hasta ahora imperan en Colombia, una bandera tricolor al viento, un partido político abierto, legal, que recoja a las mayorías inconformes para proseguir la lucha por la democracia, la reconciliación y la justicia social, en un escenario en el que por fin se establezcan y respeten los derechos ciudadanos y la verdadera participación del pueblo en la conducción soberana del país, superando la mala hora del neo-liberalismo y sus miserias.

Debemos decir, que si algo palpita con fuerza telúrica dentro de ese derrotero de luchas por un mundo mejor, que en el presente se toma las calles y carreteras de Colombia, en caudales de masa indignada que van en creciente, son los sentimientos de los hombres y mujeres que en su mentalidad han asumido la condición de ser bolivarianos, lo cual significa sencillamente el reencuentro con el ideario del padre Libertador; retomar las reservas morales y espirituales, además, que los fundadores de nuestra americanidad mestiza y valiente, dejaron como herencia para estos pueblos que soñaron libres viviendo en condiciones de justicia y de concordia, pero que desafortunadamente sus destinos fueron asaltados por los usurpadores que los explotan y lo someten al vilipendio del neo-colonialismo y la pobreza.

Ser bolivariano es vivir con mérito y humildad, retomando y diseminando solidaridad, fraternidad, ideales de integración y de unidad que coadyuve en concretar el proyecto de gran nación de repúblicas que soñó el Libertador.

Ser bolivariano es dolerse del dolor ajeno, sufrir el sufrimiento de las mayorías explotadas y sometidas de cada rincón del continente, ser la indignación de los de abajo, que ya cansados de tanta iniquidad, se lanzan a la calle para decir basta ya.

Ser bolivariano, en relación con nuestro terruño, es estar dispuesto a dar la vida por la defensa y las reivindicaciones de esa inmensa masa de gente empobrecida de los campos y las ciudades, que durante décadas de desidia institucional ha soportado, además, la violencia y el terror de una oligarquía entregada a los intereses de las transnacionales; ha resistido y sigue en la acción con el pleno convencimiento de alcanzar la victoria que le entregue el poder a los desposeídos.

Ser bolivariano hoy es querer y luchar el cambio social, entregar lo mejor de sí por esa causa popular, asumir con valor, con honestidad, con capacidad de sacrificio, con orgullo de patria, con sentimientos de solidaridad, el combate por la definitiva independencia, pero en un sentido que va mucho más allá del propósito nacional, pensando en la América Nuestra en integración, haciéndonos un mismo manojo de pueblos y avanzar creciendo en identidad hacia la convicción de que Bolívar somos todos.

Y es precisamente esa razón la que en este aniversario exaltamos con un parte de alegría, diciendo a Colombia y a las gentes del mundo que acompañan nuestros sueños de paz, que hemos sobrevivido a la guerra sucia, hemos librado tormentas de masacres, desapariciones, desplazamientos y represión inenarrables, con la certeza de que somos parte de un pueblo bravío que no se amilana ni se rinde ante la peor de las adversidades, y que si ahora emprendemos el diálogo por la reconciliación, es porque existe la fuerza clandestina y pujante de una masa dispuesta a tomar de una vez por todas la conducción de su destino, con toda la disposición de amar y perdonar, pero también con toda la determinación de luchar en procura de su libertad.

A catorce años de aquel colorido 29 de abril de 2000 en el Caguán, decimos a Colombia, con el ejemplo del comandante Alfonso Cano en nuestros corazones, que el Movimiento Bolivariano está listo para continuar su avance, por la Nueva Colombia, ojalá en un nuevo escenario signado por la paz; pero en todo caso ondeando el amarillo, azul y rojode la emancipación, levantando ahora su voz por la Constituyente que rehaga el país y, con la potencia creadora del soberano,lo encamine hacia tiempos de restauración y grandeza, con el convencimiento de que si somos todos quienes nos necesitamos para alcanzar la libertad, esta es la hora de la unidad. Por ella clamamos y a ella le apostamos, con los brazos abiertos con el convencimiento de que como dijera el Libertador, “la mejor forma de alcanzar la libertad, es luchar por ella”.

¡Viva el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia!
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
 
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Miércoles 30 de Abril de 2014, 08:34 am

Fiscalía colombiana acusa a exgobernador por vínculos paramilitares

La Fiscalía colombiana acusó este martes a Francisco "Kiko" Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira (norte), por los cargos de concierto para delinquir y de tres asesinatos, así como se pidió que se investigue su posible participación en otros 15 crímenes ocurridos en ese departamento caribeño.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, informó a través de una rueda de prensa que las acusaciones contra el exgobernador, son por sus presuntos vínculos con Marcos de Jesús Figueroa García, alias "Marquitos", señalado como jefe de una banda criminal.

"Kiko" Gómez también está acusado de presuntas relaciones con el excomandante paramilitar y narcotraficante Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", extraditado a Estados Unidos (EE.UU.) en mayo de 2008.

Al exgobernador, capturado en octubre del año pasado y preso actualmente en una cárcel de Bogotá (capital), también se le acusa de tener relación con el asesinato del entonces concejal del municipio de Barrancas (en el departamento de La Guajira), Luis Gregorio López Peralta, ocurrido en 1997 cuando Gómez era alcalde de esa población.

Igualmente se le acusa de los homicidios de los campesinos Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera, en hechos ocurridos entre 1997 y 2000.

Esos crímenes al parecer fueron cometidos por sicarios de "Marquitos" en el municipio de Fonseca con el apoyo de Gómez Cerchar, "quien habría ayudado con armas, vehículos y equipos de comunicaciones" según la Fiscalía.

El fiscal anunció además que fue abierta una nueva investigación contra el exgobernador por su presunta responsabilidad en el asesinato de otras 15 personas en La Guajira.

Montealegre también afirmó que se están investigando las denuncias de la senadora electa Claudia López, de la Alianza Verde, quien dijo que organismos de seguridad del Estado la alertaron de un "riesgo extremo" de que la asesinen y culpó de ese peligro al exgobernador y a su socio "Marquitos".

El fiscal indicó que la mejor contribución para combatir este tipo de acciones es desarticulando esa organización y añadió que para el organismo que dirige los temas de amenazas, en especial contra líderes sindicales, opositores políticos y defensores de Derechos Humanos, éstos "tendrán prioridad".

teleSUR-EFE / ad - FC


miércoles, 16 de abril de 2014

G.B.I. Venezuela:Asesinan a Alexander Manzanares, coronel del Ejército que se desempeñaba como Director de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Bolívar.

                           http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Schneider

Coronel Alexander Manzanares

Bolívar: Asesinan en Puerto Ordaz al jefe de Contrainteligencia Militar de ese estado


Este viernes en horas de la tarde fue asesinado Alexander Manzanares, coronel del Ejército que se desempeñaba como Director de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Bolívar.

El efectivo se encontraba en un restaurante del sector de Villa Colombia de Puerto Ordaz cuando resultó baleado, posteriormente fue trasladado a una clínica a pocos metros del lugar. A través de su cuenta en la red social Twitter, el Comando Regional número 8 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) confirmó la muerte del funcionario: “La visita de Maria Corina a Pto Ordaz trajo violencia y muerte, asesinaron al Cnel Manzanares y se iniciaron guarimbas”.
 
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HABRIA TREINTA OFICIALES SOSPECHADOS DE UN INTENTO DE DERROCAR AL GOBIERNO EN VENEZUELA
 

Imputan a tres generales por golpismo

Los imputados son los generales de Aviación Hernández, Machillanda y Millán, así como el capitán retirado Nieto, por los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.
 

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Un tribunal militar venezolano imputó a tres generales y un capitán retirado de la fuerza armada por promover la rebelión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los militares forman parte de un grupo de treinta oficiales investigados por estar detrás de un plan de golpe, según publicó el diario venezolano Ultimas Noticias. Los imputados son los generales de Aviación Oswaldo Hernández, José Machillanda y Carlos Millán, así como al capitán retirado de la Guardia Nacional –policía militarizada– Juan Carlos Nieto, por los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.
Nieto fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar el miércoles 2 de abril en un shopping, dijo ayer su abogado defensor, Alonso Medina. “Se le imputó el delito de instigación a la rebelión. Las razones por las cuales se le imputa este delito es simplemente por un reporte de inteligencia que refleja que Juan Carlos estuvo en los Estados Unidos”, indicó el letrado. “Supuestamente (Nieto) traía unas instrucciones de su hermano, un capitán en situación de retiro, para otros oficiales, o sea, nada concreto”, agregó Medina. Juan Carlos Nieto es hermano de Javier Nieto, quien fue apresado durante un año y medio en 2004 por su presunta relación con un grupo de supuestos paramilitares colombianos. Tras ser liberado, salió del país.
“El intento desestabilizador debía ocurrir el jueves 20 de marzo, con operaciones aéreas y eventual ametrallamiento de soldados y otros hechos planificados para provocar confusión y probables enfrentamientos. Sin embargo, la madeja de la conspiración no ha sido revelada, toda vez que continúa la actividad del consejo de investigación, pero se ha comprobado que algunos de los oficiales estaban en contacto con por lo menos un dirigente político de la oposición”, señaló Ultimas Noticias.
Estos cuatro militares forman parte, de acuerdo con el diario, de un grupo de treinta oficiales que “estarían detenidos” por conspirar. El pasado 25 de marzo, el mismo día en que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) envió una delegación de ocho cancilleres a Caracas para empezar a buscar caminos de entendimiento en el medio de las protestas, Maduro anunció la detención de tres generales de la Aviación que, según dijo, pretendían alzar a la Fuerza Aérea contra el gobierno.
“Tengo que decirles aquí, sorprenderlos, pero tengo que decírselo: en la noche de ayer capturamos a tres generales de la Aviación que veníamos investigando gracias a la poderosa moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, indicó Maduro al inicio de la reunión con los cancilleres de Unasur. Maduro sostuvo entonces que los generales detenidos tienen vínculos directos con sectores de la oposición. Hasta el momento el gobierno no brindó una información oficial con respecto a las identidades de los oficiales presuntamente involucrados en ese intento de golpe ni tampoco de los cargos ni pruebas que pesan en su contra.
“La información que nosotros hemos procesado es la de los tres primeros generales que ya en su momento se divulgarán los nombres”, señaló la directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, Rocío San Miguel. “Frente a esta imputación pública de delito solicitamos a la fiscal que transmitiera un cuestionario al presidente de la República para que indique los tiempos, móvil y lugar en los cuales se basa esa acusación”, indicó San Miguel, quien aseguró que no conoce “ni de vista, trato o comunicación a esos señores a los que se nos ha vinculado”.
El principal jefe militar venezolano, el general Vladimir Padrino, indicó el domingo en una entrevista con el canal Televen que uno de los generales detenidos por conspirar, al que no identificó, confesó que participó en el intento de golpe porque se le ofreció un cargo importante en una eventual transición.
 pagina12

sábado, 1 de febrero de 2014

Procesan a médicos y oficiales del Ejército por envenenamiento de presos politicos en Cárcel Pública durante dictadura perrochet

Procesan a médicos y oficiales
del Ejército por envenenamiento
en Cárcel Pública en la dictadura
Seis personas fueron utilizadas como "conejillos de Indias" para probar toxinas mortales que usó el Ejército. Cuatro de ellos eran del MIR y estaban detenidos. Otros dos eran reos comunes que murieron al ser envenenados en 1981. Ese mismo año, Frei fue operado de hernia. Cuando estaba convaleciente, lo envenenaron.
Las víctimas de homicidio son: Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz y de homicidio frustrado: Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, todos ellos reos del ex penal que consumieron productos alimenticios inoculados con la toxina botulímica.
El ministro en visita Alejandro Madrid Crohare dictó sendos procesamientos en la investigación por los homicidios de dos reos de la ex cárcel Publica de Santiago y el homicidio frustrado de otros cinco internos del mismo penal envenados por toxina botulímica en el año 1981.
El magistrado declaró reos como autores del delito de homicidio calificado y homicidio frustrado al médico Eduardo Arriagada Rehren y al médico veterinario Sergio Rosende Ollarzú; asimismo en calidad de cómplice de los mismos ilícitos encausó al coronel en retiro del Ejército Joaquín Larraín Gana y al coronel en retiro del Ejército Jaime Fuenzalida Bravo; en la causa por la intoxicación en el penal ligada al proceso por la muerte del Presidente de la República Eduardo Frei Montalva.
Las víctimas de homicidio son: Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz y de homicidio frustrado: Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, todos ellos reos del ex penal que consumieron productos alimenticios inoculados con la toxina botulímica.

La resolución

El juez Madrid dice en su resolución que "el día 09 de diciembre de 1981 en el Centro de Detención Preventiva de Santiago, ex Cárcel Pública, ocho reclusos, de los residentes en la Galería N° 2, presentaron graves síntomas de salud, por lo que siendo las 15:30 horas fueron internados en la Enfermería del Penal".
"El parte N°636 de la Guardia Interna, de fs. 2473 de estos autos, señala que los primeros siete internos, ingresados a la Enfermería del Penal son: Víctor Hugo Corvalán Castillo, Rafael Enrique Garrido Ceballos, Héctor Pacheco Díaz, Guillermo Rodríguez Morales, Adalberto Muñoz Jara, Ricardo Aguilera Morales y Elizardo Aguilera Morales, haciendo presente en el punto 2 de dicho parte, que a las 08:00 horas del mismo día, dos del total de los reclusos internados, ya habían sido llevados a la Enfermería, por el funcionario de servicio en dicha Galería, por presentar, al parecer síntomas de gastritis", continúa el dictamen.
El jeuz Madrid continúa "atendida la gravedad de los síntomas de los presos, se dispuso el traslado de todos los procesados intoxicados al Hospital del Centro de Readaptación Social de Santiago (CERESO)".
"Primeramente -señala el magistrado- fueron trasladados a las 19:03 horas del día 09 de diciembre de 1981, los internos Víctor Corvalán Castillo, Elizardo Aguilera y Guillermo Rodríguez Morales y, en un segundo traslado del mismo día, a las 20:33 horas, los internos Héctor Walter Pacheco Castro, Ricardo Enrique Garrido Ceballos, Ricardo Aguilera Morales y Adalberto Muñoz Jara; ambos traslados se realizaron en el furgón celular N°29 y, asimismo, mediante oficio ordinario N°4484 del Jefe del Centro de Detención Preventiva de Santiago, Inspector Ronald Bennett Ramírez, de fecha 10 de diciembre de 1981, de fs. 2482 de estos autos y, dirigido a la Sra. Magistrado del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, en el acápite N°5 hace presente que se tuvo conocimiento que el reo VÍCTOR HUGO CORVALÁN CASTILLO, falleció en el trayecto a la Penitenciaría de Santiago".
El ministro en visita apunta que "por informe del Dr. Jorge Mery Silva, Médico Jefe del CERESO, queda establecido que a las 19:15 horas del día 09 de diciembre de 1981, son recibidos en el Hospital los reos Guillermo Rodríguez Morales, Elizardo Aguilera Morales y Víctor Hugo Corvalán Castillo, constatándose el fallecimiento de éste último y, respecto de los otros dos internos señala que "presentan sensación nauseosa y vómitos, ambos tienen intensa midriasis, dificultad en la emisión de las palabras, relatan disfagia intensa y sequedad de cavidad orofaringea".
Agrega, además, que a las 20:45 horas, "se recibe en el CERESO, a los reos Héctor Walter Pacheco Díaz, Ricardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, quienes presentan un cuadro similar a los pacientes antes ingresados, con un examen clínico idéntico, pero, en menor cuantía, siendo hospitalizados de urgencia e instalándose igual terapia".
"Como el Dr. Jorge Mery Silva plantea el diagnóstico de Intoxicación Botulínica, se toma contacto con el Dr. Álvarez, Médico Jefe de la Unidad de Tratamiento Intensivo de la Asistencia Pública, quien acorde con el diagnóstico dado sugiere el traslado del paciente más grave a dicha entidad asistencial y, a las 23:10 horas (fs. 2588) es llevado Elizardo Aguilera Morales en estado muy grave y crítico, ya que presentaba intensa depresión respiratoria con períodos de apnea; por tanto hubo que intubar y conectarlo de inmediato a respirador mecánico; presentando una discreta recuperación y, posteriormente son enviados a la Asistencia Pública, los restantes intoxicados: Ricardo Enrique Garrido Ceballos, Héctor Walter Pacheco Soto y Ricardo Aguilera Morales y, por parte N° 799 de la Guardia Interna de fecha 20 de diciembre de 1981, de fs. 2540 de estos autos, se da cuenta del fallecimiento en la Posta Central del reo Héctor Walter Pacheco Soto, a consecuencia de su gravedad", concluye el juez.
Ex senadora Carmen Frei afirma que proceso por
envenenamiento de reos llevará a la
verdad en el asesinato de su padre
Una declaración pública entregó la ex senadora Carmen Frei, a propósito del procesamiento que hizo el juez Alejandro Madrid respecto al envenenamiento de reos en la Cárcel Pública y que sería el antecedente al uso del mismo tipo de veneno para asesinar a su padre el presidente Eduardo Frei Montalva.
El siguiente es el texto de la declaración.
Hoy hemos conocido el autoprocesamiento del Juez Alejandro Madrid con respecto al
envenenamiento de los reos políticos y comunes en la cárcel pública, proceso del cuál
somos parte.
Hechos
El día 9 de diciembre de 1981, en la ex Cárcel Pública, ocho internos, todos ellos
residentes de la Galería N° 2, presentaron graves síntomas de salud, por lo que siendo las
15:30 horas fueron internados en la Enfermería del Penal.
Posteriormente, y atendida la gravedad de los síntomas, se dispuso el traslado de todos
los procesados intoxicados al Hospital del Centro de Readaptación Social de Santiago.
Víctor Corvalán Castillo falleció en el trayecto.
Los intoxicados fueron diagnosticados con "intoxicación botulínica". Los síntomas eran:
vómitos, midriasis, nauseas, disfagia, dificultad en la emisión de las palabras y sequedad
de la cavidad orofaringea.
La sustancia que produjo el envenenamiento de los internos fue obtenida por el Instituto
Bacteriológico, a través de una solicitud hecha por su Director, Joaquín Larraín Gana, al
organismo correspondiente en Brasil. Fue enviada mediante valija diplomática a Chile y,
con posterioridad, remitida al laboratorio ubicado en Carmen N° 339, dependiente de la
Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Luego, la toxina fue introducida a la Cárcel
Pública.
El día 8 de diciembre de 1981, los intoxicados fueron llevados a la Enfermería de la
cárcel, pero fueron devueltos a sus celdas, a pesar de que desde la tarde del día lunes 7
de diciembre, los familiares habían solicitado que un médico particular concurriera a la
cárcel, petición que fue negada.
Estos hechos, permiten tener por establecido que con la finalidad de proceder a la
eliminación física de opositores al régimen militar, se realizó una operación especial de
inteligencia que culminó con la muerte de Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz.
Los restantes afectados, sufrieron lesiones graves producto de la ingesta de los alimentos
contaminados, logrando sobrevivir, a pesar de la tardanza del auxilio, por el oportuno y
certero diagnóstico de la causa del envenenamiento y por la aplicación de la antitoxina
respectiva.
Este procesamiento permite establecer que en la década de los 80' existió un laboratorio
a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército, en el cual se fabricaron o manipularon
sustancias de alta toxicidad que, posteriormente, se utilizaron para eliminar a opositores
al régimen.
Los encargados de dicho laboratorio, Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende Ollarzu,
eran agentes de la DINE. El primero era médico y el segundo, veterinario.
El laboratorio del Ejército mantuvo relaciones de cooperación con el Instituto
Bacteriológico, a cargo de Joaquín Larraín Gana, también perteneciente al Ejército. En este
caso, fue el instituto el que consiguió la toxina.
De esto se tiene que en 1981, la inteligencia militar había desarrollado una nueva forma
de eliminar a sus enemigos, con la que, probablemente, se pretendía dejar menos rastros.
Esta nueva forma de eliminación no solamente fue utilizada en el caso del ex presidente
D. Eduardo Frei Montalva -como fue establecido en el procesamiento dictado por el M.
Madrid el año 2009- sino también, en el caso de los internos de la Cárcel Pública.
Si bien en un caso se utilizó toxina botulínica y en el otro, mostaza y talio, ambos casos nos
permiten concluir que el Ejército tuvo un laboratorio en el que se fabricaron sustancias
para causarle la muerte a los enemigos del régimen a través de complejas operaciones de
inteligencia en las que los partícipes fueron agentes especializados y pertenecientes a la
elite del Ejército.
El procesamiento nos confirma una vez más que llegaremos a la verdad sobre el asesinato
de mi padre y el de muchos otros chilenos.
Ha sido un camino largo, de mucha incomprensión, sin embargo hoy no puedo dejar de
reconocer que los avances que hemos logrado no los hubieramos podido alcanzar sin el
apoyo de mi marido Eugenio Ortega, quien dedicó gran parte de los últimos años de su
vida al avance de las causas judiciales.
Carmen Frei Ruiz-Tagle

"escandalosa denegación de justicia" ante crimenes de lesa humanidad del estado colonialista chileno durante dictadura militar

Carmen Hertz acusó "escandalosa denegación de justicia" en el caso "Caravana de la Muerte"







La abogada amenazó con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Es un escándalo que una causa lleve 16 años sin cerrarse", declaró a Cooperativa.

 

 


31 de enero de 2014
 
Caso Caravana de la Muerte:

Identifican restos del esposo de Carmen Hertz y otras cuatro víctimas de la dictadura

El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Leopoldo Llanos, entregó a los familiares los resultados de los informes periciales integrados, remitidos por el Servicio Médico Legal, asociadas a las 26 personas ejecutadas en la ciudad minera nortina el 19 de octubre de 1973.
El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Leopoldo Llanos, confirmó la identificación de Carlos Berger –esposo de la abogada Carmen Hertz–, y de otras cuatro víctimas de la dictadura militar, en el denominado “Caso Caravana de la Muerte-Episodio Calama”.
En ese marco, se reunió con los familiares de las víctimas para dar cuenta de los informes periciales remitidos por el Servicio Médico Legal, sobre las 26 personas ejecutadas por la dictadura en Calama, el 19 de octubre de 1973, cuyo proceso criminal lo investiga la ministra Patricia González.
Los resultados de los informes genéticos dieron cuenta de que se logró identificar científicamente los restos de Carlos Alfredo Escobedo Caris, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Mario Argüelles Toro, Luis Alfonso Moreno Villarroel, y Carlos Berger Guralnik.
Los restos de las personas asesinadas fueron encontrados en 1990, en una fosa ilegal al norte del kilómetro 16 y medio del camino a San Pedro de Atacama.
Las pericias iniciales establecieron que correspondían a sujetos diferentes, con una data de muerte anterior a 1975; y que, conforme a las estructuras óseas, eran odontológicamente mayores de 12 años.
En el proceso se indica que los restos permanecieron sepultados por más de 10 años, y que hubo exhumación de casi la totalidad de los restos, quedando en el lugar sólo un escaso remanente de ellos.
Con estas nuevas diligencias exitosas, se llega a un total de 18 víctimas identificadas, de un total de 26 cuerpos encontrados.
La Comisión Rettig se formó convicción de que todos ellos “fueron ejecutados al margen de la ley, con crueldad y ensañamiento, hecho ilícito de responsabilidad de agentes del Estado”.
El caso del militante comunista Carlos Berger, pareja de la abogada Carmen Hertz, es uno de los más reconocidos por distintas piezas audiovisuales que recrean su historia. De 30 años de edad al momento de su detención, periodista y abogado, era director de la Radio El Loa y jefe de Relaciones Públicas de Chuquicamata. Fue detenido el 11 de septiembre en las dependencias de Radio El Loa, sometido a Consejo de Guerra el 29 de septiembre y condenado a 60 días de prisión. Al momento de su ejecución se encontraba cumpliendo su condena.

domingo, 5 de enero de 2014

Gobierno brasileño expropia 92 haciendas en el marco de la reforma agraria -------27 de diciembre de 2013

27 de diciembre de 2013

Gobierno brasileño expropia 92 haciendas en el marco de la reforma agraria

La ley sólo permite expropiar tierras consideradas improductivas y el Ministerio precisó que 50 de las fincas expropiadas no tenían ningún tipo de cultivo y la productividad media llegaba al 22,2 %.
 
por EFE
 
El gobierno brasileño decretó este viernes la expropiación de 92 haciendas consideradas improductivas, en el marco de la reforma agraria que desarrolla en el país, para entregárselas a pequeños agricultores, informaron fuentes oficiales.
Las 92 expropiaciones de hoy, unidas a otras ocho anunciadas el pasado octubre, suman un área total de 1.935,56 kilómetros cuadrados y se reparten por 16 de los 27 estados que integran Brasil, según un comunicado del Ministerio de Desarrollo Agrario.
Las cien expropiaciones cumplen la meta que se había marcado el Gobierno para este año, según dijo la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en un mensaje de Twitter.
Estas tierras, que están aptas para producir alimentos, serán repartidas entre 4.670 familias de pequeños agricultores, según el comunicado.
El gobierno pagará 267,1 millones de reales (unos 114 millones de dólares) en indemnizaciones a los actuales dueños de las fincas y realizará los desembolsos en 2014.
La ley sólo permite expropiar tierras consideradas improductivas y el Ministerio precisó que 50 de las fincas expropiadas no tenían ningún tipo de cultivo y la productividad media llegaba al 22,2 %.
El Movimiento Sin Tierra (MST), la mayor organización campesina de Brasil, ha sido muy crítica con el Gobierno de Rousseff por entender que “paralizó” la reforma agraria.
En un comunicado difundido la semana pasada, el MST calificó 2013 como “el peor año” de la reforma agraria y precisó que el Gobierno ha asentado a 159 familias en haciendas expropiadas, la cifra más baja desde la implantación de la democracia en 1985.
 
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