Calle Santa Fe: una película obligada
Documental-testimonio de las razones de la lucha revolucionaria que se desarrolló en Chile durante los tiempos de la Unidad Popular bajo el impacto de la Revolución cubana y el movimiento guevarista.
Este film de Carmen Castillo es tan bello como sobrecogedor. También un documento demoledor de los sacrificios de la lucha clandestina contra el terror fascista de Pinochet.
Entre la historia y la autobiografía… entre el yo y el nosotros Uno de los aspectos más interesantes de la película es su vaivén permanente entre lo personal y lo político, entre el aspecto histórico y el autobiográfico de una época. Muestra que el compromiso con un proyecto político no inhibe, sino que alimenta y potencia el crecimiento de personalidades ricas y vitales. Los individuos crecen cuando luchan por algo que es mucho más importante que ellos mismos. La organización es lo contrario de la atomización. La disciplina es la base de la fuerza colectiva, pero a la vez un síntoma de madurez personal y de sentido de la responsabilidad. Solos no somos nada, juntos todo es posible. Es emocionante ver como muchos militantes del MIR admitían que su militancia política les aportó conciencia y autoestima, ilusión y esperanza, solidaridad y conocimientos. Una militante lo definía así: “para mí el partido era mi verdadera familia”.
Entre la historia y la autobiografía… entre el yo y el nosotros Uno de los aspectos más interesantes de la película es su vaivén permanente entre lo personal y lo político, entre el aspecto histórico y el autobiográfico de una época. Muestra que el compromiso con un proyecto político no inhibe, sino que alimenta y potencia el crecimiento de personalidades ricas y vitales. Los individuos crecen cuando luchan por algo que es mucho más importante que ellos mismos. La organización es lo contrario de la atomización. La disciplina es la base de la fuerza colectiva, pero a la vez un síntoma de madurez personal y de sentido de la responsabilidad. Solos no somos nada, juntos todo es posible. Es emocionante ver como muchos militantes del MIR admitían que su militancia política les aportó conciencia y autoestima, ilusión y esperanza, solidaridad y conocimientos. Una militante lo definía así: “para mí el partido era mi verdadera familia”.
La historia del MIR, un partido revolucionario
La película rinde homenaje a los hombres y mujeres de carne y hueso que lo dieron todo por la revolución y la lucha clandestina en esos tiempos. Da cuenta de la plenitud de la vida cuando cada acto está repleto de sentido, cuando la vida y la política se funden. Como dice una militante torturada por la dictadura, “sin memoria los ojos no ven nada”. Por esto es tan importante esta película. Los sacrificios de esa generación, tan brillantemente retratados por Carmen Castillo, nos interpelan, nos cargan de deberes, nos recuerdan que nunca se puede tirar la toalla… por ellos y ellas, sin duda, pero también por nosotros y nosotras… En fin, nos aporta dinamita contra el desaliento y voluntad de redimir a los nuestros. El combate heroico de Miguel Enríquez nos recuerda la gesta del Che y renueva nuestro odio al enemigo. Como dice una militante del MIR al final de la película: “mataron a los mejores”… por eso debemos superarnos cada día y crecer.
Un film que permite el debate estratégico
Las pinceladas que aparecen sobre el contexto de la Unidad Popular permiten abrir ricos debates políticos. La naturaleza del régimen de Allende y sus contradicciones, el problema de cómo enfrentarse a la reacción, la cuestión del armamento del proletariado, de la autoorganización, de la relación entre las vanguardias revolucionarias y las grandes organizaciones populares, de la lucha armada… permiten abrir riquísimos debates políticos… Quizás, junto con la Revolución portuguesa de 1974-75 y las luchas de los tiempos de la República de Weimar (1918-33) en Alemania, el ascenso de la actividad de las masas durante la Unidad Popular chilena sea la experiencia prerrevolucionaria que plantea más elementos pertinentes para los debates de estrategia revolucionaria que deben dar cuerpo al socialismo del siglo XXI.
Política y vida
Otro gran activo de la película es el hecho de que se piensa la política y el compromiso también desde el punto de vista de las mujeres. Las dificultades por encontrar un equilibrio entre las necesidades de la vida de pareja y familiar y las exigencias de la lucha revolucionaria son retratadas de un modo desgarrador. Es una reflexión sobre el dolor y el peaje emocional que supone ser aplastados por la historia. El exilio y la melancolía, los espectros de los ausentes, el dolor del retorno y el extrañamiento están siempre presentes.
Después de una generación… viene otra
En fin, el otro aspecto realmente interesante de la película es ver cómo, a través de sus retornos a Chile, Carmen Castillo va tomando consciencia de que se puede matar a los militantes pero no a sus ideas, de que aún hay una tradición de autoorganización popular que sobrevivió a la dictadura, que una nueva generación revolucionaria se reconoce en sus ancestros del MIR. Como dicen los raperos que aparecen al final de la película, “¡lucha, conciencia y organización!”. En fin, ¡¡todos y todas al cine cagando leches!!… que durará cuatro días en la cartelera. Por desgracia, sólo ha llegado a un cine de Madrid y a otro de Barna.
Domingo 7 de septiembre de 2008
INGENERIAS DE RESISTENCIA ANCESTRAL AL CAPITALISMO MUNDIAL INTEGRADO
Un homenaje “a los que resistieron”
ACTO DE EX PRESOS POLITICOS EN LA ENTRADA DE LA CARCEL DE DEVOTO
Ex presos políticos durante la dictadura, sus padres, sus hijos y sus nietos inauguraron una baldosa frente al penal en memoria de tres compañeros muertos. El Servicio Penitenciario no quiso que el acto se hiciera adentro.
Por Laura Vales
Iban a visitar la cárcel, ya habían arreglado incluso cómo: en grupos de 30 ex presos políticos por vez, durante dos viernes, hasta cubrir los 600 que se habían anotado para volver a Devoto. Pero después de dos meses de preparativos, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal dieron marcha atrás. El argumento: que los presos comunes podrían sentirse estresados por la visita de los ex presos políticos. “¿Y no será que ya están estresados por otros motivos?”, se pregunta con ironía Gustavo Westerkamp en la puerta del penal, mientras prueba el sonido para el encuentro que de todos modos convocaron frente a la cárcel. Aunque sin la visita al interior del penal, ayer los ex presos políticos realizaron un acto en Devoto, en homenaje “a los que resistieron y murieron tras las rejas” durante la dictadura.
Por Laura Vales
Iban a visitar la cárcel, ya habían arreglado incluso cómo: en grupos de 30 ex presos políticos por vez, durante dos viernes, hasta cubrir los 600 que se habían anotado para volver a Devoto. Pero después de dos meses de preparativos, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal dieron marcha atrás. El argumento: que los presos comunes podrían sentirse estresados por la visita de los ex presos políticos. “¿Y no será que ya están estresados por otros motivos?”, se pregunta con ironía Gustavo Westerkamp en la puerta del penal, mientras prueba el sonido para el encuentro que de todos modos convocaron frente a la cárcel. Aunque sin la visita al interior del penal, ayer los ex presos políticos realizaron un acto en Devoto, en homenaje “a los que resistieron y murieron tras las rejas” durante la dictadura.
Un poco eso –la actividad central fue descubrir en la vereda una baldosa en memoria de tres de sus compañeros muertos en el lugar–, el encuentro tuvo también como objetivo hacer un agradecimiento a los familiares que los acompañaron mientras estuvieron dentro.
“Y otra razón fue continuar con la serie de visitas que venimos haciendo a otras cárceles, como las de Rawson y La Plata”, agrega Nelfa Suárez, el pelo largo, lacio y oscuro como en los ’70, también ex detenida.
El acto juntó en el asfalto de la calle Bermúdez a cuatro generaciones: los padres de los ex presos, los ex presos, sus hijos y sus nietos. Algunas frases escuchadas en los grupos que se armaron a los costados del escenario:
“Casi todas las presas que estuvimos acá éramos militantes. Tratábamos de estar muy activas. Estudiábamos, hacíamos cosas para estar organizadas. Teníamos una consigna: ‘la neurona que nos quedó, hay que usarla a mil’.”
“Ellos montaron un sistema de calesita porque no querían que hubiera lazos. Nos hacían rotar, pero también fue una ventaja porque nos fuimos conociendo más.”
“Todavía es difícil contar qué nos pasó. La gente te escucha dos minutos y no quiere oír más. Hay una especie de rechazo, una sociedad que no asume.”
“Las requisas eran violentas. Nosotras no nos desnudábamos, nos quedábamos en bombacha y corpiño, y ésa era una forma de resistir. Tampoco permitíamos que nos tocaran, aunque nos metían en la celda de castigo. Pero no nos tocaban: éramos presas políticas.”
“La memoria va mucho más allá del recuerdo. Lo vivimos con el conflicto del campo que lo mostró, ahí podías repetir la información o hacer un análisis crítico, pero para eso es necesario ir a la memoria. Lo del campo provocó mucha fragmentación y mucha confusión en la sociedad; ¿desde dónde trabajás eso? Desde la memoria, pero una memoria crítica, no una memoria del recuerdo.”
“Salí en el ’83. Me sentía una extraterrestre. Mi familia, mis amigos estaban en otra cosa. No me entendían ni yo tampoco a ellos, porque había vivido en otro mundo, una especie de comunidad en la cárcel.”
Patricia Traba y Silvia Abdolatif explican que Devoto “fue donde la dictadura llevó a la mayoría de las presas mujeres”.
Los militares la usaron además como una vidriera, porque ante la presión internacional por los desaparecidos durante la dictadura necesitaban tener algo para mostrar. Trasladaron así a muchas detenidas de cárceles de provincia. “Que te trajeran era una garantía de que ibas a vivir. Pero no del todo, porque también acá tuvimos una desaparecida.”
La baldosa de homenaje se instaló en la vereda de la entrada principal. En ella figuran los nombres de Teresita Di Martino, a quien la dictadura fingió liberar para que un grupo de tareas la secuestrara, y el de Alicia Pais, una presa que murió en el interior de Devoto: era asmática y no le dieron atención médica.
El tercer nombre es el del abogado Mario Abel Amaya, un conocido defensor de presos políticos, militante radical, a quien trasladaron desde Rawson en muy mal estado físico por la tortura, y que murió a poco de haber ingresado.
Varias bandas de música y una murga actuaron antes de que ex presos, familiares y amigos subieran al escenario para decir unas palabras. El abogado Hipólito Solari Yrigoyen, a quien secuestraron junto a Amaya, fue el primero en hacerlo. Un amigo de Teresita Di Martino recordó su militancia en el PRT. Otros, como Liliana Rossi, ex detenida, y Camilo, hijo de Alicia Pais, cantaron. Para después del acto se había organizado una peña en la Mutual “El Sentimiento”. Es que como sucedió con otras visitas, el evento había reunido a gente de varios puntos del país después de 25 años.
Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-111523-2008-09-13.html
KIRCHNER ORDENO QUE SE TOMARAN MEDIDAS PARA HALLAR LOS RESTOS
En busca del cuerpo de Santucho
Ante las negativas militares a informar dónde se hallan los cadáveres de los líderes del ERP Mario Santucho y Benito Urteaga, el Presidente instó a las Fuerzas Armadas a brindar colaboración de manera urgente. Se presume que los cuerpos estarían en Campo de Mayo.
La Casa Rosada inició ayer su actividad con una reunión entre Néstor Kirchner y la ministra de Defensa, Nilda Garré. El Presidente le ordenó, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tomen "todas las medidas que resulten conducentes a fin de lograr la recuperación de los restos de Mario Roberto Santucho y Benito Jorge Urteaga". El reclamo por la localización de los cuerpos de los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) lleva ya muchos años y, tras el fracaso de numerosas excavaciones, se renuevan hoy las esperanzas de sus allegados. Luego de sucesivas negativas de los militares a informar la ubicación de los cadáveres, el Poder Ejecutivo les reclamó de manera "urgente" que se brinde colaboración y, de ser necesario, procederá la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a autorizar el acceso a la información.
La ministra de Defensa mantendrá entre hoy y mañana una reunión con familiares de Santucho, el abogado Manuel Gaggero y Facundo Urteaga, hermano de Benito, para ultimar detalles sobre los pasos a seguir. Van a informarle las investigaciones realizadas y acordar cómo continuar la búsqueda.
"Estamos contentos", se anticipó Manuel Gaggero, antes de que Página/12 le preguntara sobre el tema. El abogado de los familiares de Santucho y Urteaga, se declaró "absolutamente convencido" de que las Fuerzas Armadas tienen información sobre los paraderos aunque no pudo poner la misma certeza en la voluntad militar para encontrarlos. En julio de este año, Gaggero envió una carta documento a la Rosada con el pedido que se concretó ayer. Por esos días, Kirchner recibió en Tucumán a Blanca Santucho y le "prometió profundizar la investigación para encontrar los restos" de su hermano.
El 19 de julio de 1976, Santucho y Urteaga fueron asesinados por un grupo comando integrado por hombres del Batallón 601 del Ejército y de la Policía Federal, al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. Estaban en un departamento de Villa Martelli junto a Liliana Delfino, Domingo Mena y Ana Lanzillotto –embarazada de seis meses–, todos ellos desaparecidos.
Según la versión que quiso instalar la dictadura, los líderes guerrilleros murieron en un "enfrentamiento" y sus acompañantes fueron "trasladados" a Campo de Mayo. Una semana después de presentarse en la prensa como "una victoria en la lucha contra la guerrilla subversiva", el tema desapareció de los medios de comunicación. Al cumplirse 20 años de esos hechos, se inició la primera causa para averiguar el destino de los cuerpos. El juez federal de San Martín, Alfredo Bustos, intentó sin éxito establecer los paraderos.
La declaración del suboficial "arrepentido" Víctor Ibáñez había aportado información sobre el lugar donde se encontrarían los cuerpos cuando admitió que fueron enterrados en Campo de Mayo, cerca de donde funcionó el Museo contra la Subversión. Se buscó en el predio que señaló el represor y no se hallaron los cadáveres. Durante la investigación fue hallada una foto de Santucho aparentemente muerto y se pudo recuperar su diploma de contador: ambos documentos eran exhibidos como "trofeos de guerra" por Antonio Bussi.
Hasta la fecha, existen cuatro expedientes en la Justicia con más de cinco mil fojas, de los cuales dos se encuentran "en pleno trámite". En el 2002, cuando los demás casos fueron paralizados, se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por estos días la CIDH solicitó las actuaciones realizadas para corroborar si se cumplió con el fallo de la Corte Suprema que en ese entonces reconoció el "derecho a la verdad" de los familiares de los desaparecidos.
Gaggero le contó a este diario que está en condiciones de ser elevada a juicio la causa penal que lleva entre los acusados a Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares que funcionaba en Campo de Mayo; Antonio Domingo Bussi, subjefe de ese organismo; y José Eduardo Valladares, secretario administrativo de Riveros. Los militares están imputados por homicidio, tormentos y, posteriormente, fue incorporada la figura de genocidio, reconocida por el tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz.
Desde el Gobierno, intentan "reafirmar la firme voluntad y decisión de contribuir al completo esclarecimiento de los hechos". Sin embargo, hasta ahora nada pudo torcer la voluntad de ocultamiento por parte de los responsables del genocidio. Sin su colaboración, la búsqueda de los cuerpos no ha arrojado hasta ahora resultados. Al respecto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, recomendó "bucear entre los documentos del Ejército para poder determinar los posibles lugares de sepulturas clandestinas ya que los militares tienen archivos, documentación e información reservada que aún no fue destruida".
Informe: Sebastián Abrevaya.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-94261-2007-11-07.html
LA EMPRESA QUE BRAVO BAUTIZO CON SUS INICIALES
Siempre cerca de las milicias
Por Diego Martínez
"RGB Group Inc. es una gerenciadora de servicios de Alta Tecnología para compañía e instituciones en los campos de la Seguridad Nacional y de la Salud. Desde 1990 hemos construido una prestigiosa reputación basada en una valiosa e intensa experiencia, y en el apoyo de nuestro excelente personal. Hemos formado una compañía que provee a nuestro clientes servicios de la más alta calidad, al costo más razonable", explica la empresa en su sitio web. La firma presta servicios en más de treinta estados y entre "nuestros satisfechos clientes" se destacan el Departamento de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, los Marines (tropas de elite de esa fuerza), el Federal Bureau of Prisons (servicio penitenciario) y la Guardia Costera. La casa central de RGB funciona en el 4141 de la avenida Miami.
Según una entrevista publicada por La Opinión Digital, sección negocios, la empresa emplea a más de 600 personas. Como clave de su éxito, el empresario Bravo destaca que busca empleados "dispuestos a trabajar para cumplir proyectos y no horarios" y que además de estar bien remunerados deben "sentir el orgullo de trabajar para la compañía". Esa es la clave que le permitió alcanzar "un ritmo fuerte y constante" de crecimiento. En otra entrevista, en el Business Journal de South Florida, Bravo celebra su inclusión a partir de 1998 en un programa de gobierno ("Small Business Administration's") que le permitió, sólo durante el año 2000, ganar seis millones de dólares en contratos con el Estado. Durante toda la semana pasada Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo. Antes de conocer el motivo del llamado, personal de su empresa informó que "entra y sale todo el tiempo". Anoticiados de que la consulta era "por una causa judicial reabierta en la Argentina", tomaron nota del pedido de entrevista pero nunca respondieron
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-99181-2008-02-19.html
En busca del cuerpo de Santucho
Ante las negativas militares a informar dónde se hallan los cadáveres de los líderes del ERP Mario Santucho y Benito Urteaga, el Presidente instó a las Fuerzas Armadas a brindar colaboración de manera urgente. Se presume que los cuerpos estarían en Campo de Mayo.
La Casa Rosada inició ayer su actividad con una reunión entre Néstor Kirchner y la ministra de Defensa, Nilda Garré. El Presidente le ordenó, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tomen "todas las medidas que resulten conducentes a fin de lograr la recuperación de los restos de Mario Roberto Santucho y Benito Jorge Urteaga". El reclamo por la localización de los cuerpos de los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) lleva ya muchos años y, tras el fracaso de numerosas excavaciones, se renuevan hoy las esperanzas de sus allegados. Luego de sucesivas negativas de los militares a informar la ubicación de los cadáveres, el Poder Ejecutivo les reclamó de manera "urgente" que se brinde colaboración y, de ser necesario, procederá la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a autorizar el acceso a la información.
La ministra de Defensa mantendrá entre hoy y mañana una reunión con familiares de Santucho, el abogado Manuel Gaggero y Facundo Urteaga, hermano de Benito, para ultimar detalles sobre los pasos a seguir. Van a informarle las investigaciones realizadas y acordar cómo continuar la búsqueda.
"Estamos contentos", se anticipó Manuel Gaggero, antes de que Página/12 le preguntara sobre el tema. El abogado de los familiares de Santucho y Urteaga, se declaró "absolutamente convencido" de que las Fuerzas Armadas tienen información sobre los paraderos aunque no pudo poner la misma certeza en la voluntad militar para encontrarlos. En julio de este año, Gaggero envió una carta documento a la Rosada con el pedido que se concretó ayer. Por esos días, Kirchner recibió en Tucumán a Blanca Santucho y le "prometió profundizar la investigación para encontrar los restos" de su hermano.
El 19 de julio de 1976, Santucho y Urteaga fueron asesinados por un grupo comando integrado por hombres del Batallón 601 del Ejército y de la Policía Federal, al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. Estaban en un departamento de Villa Martelli junto a Liliana Delfino, Domingo Mena y Ana Lanzillotto –embarazada de seis meses–, todos ellos desaparecidos.
Según la versión que quiso instalar la dictadura, los líderes guerrilleros murieron en un "enfrentamiento" y sus acompañantes fueron "trasladados" a Campo de Mayo. Una semana después de presentarse en la prensa como "una victoria en la lucha contra la guerrilla subversiva", el tema desapareció de los medios de comunicación. Al cumplirse 20 años de esos hechos, se inició la primera causa para averiguar el destino de los cuerpos. El juez federal de San Martín, Alfredo Bustos, intentó sin éxito establecer los paraderos.
La declaración del suboficial "arrepentido" Víctor Ibáñez había aportado información sobre el lugar donde se encontrarían los cuerpos cuando admitió que fueron enterrados en Campo de Mayo, cerca de donde funcionó el Museo contra la Subversión. Se buscó en el predio que señaló el represor y no se hallaron los cadáveres. Durante la investigación fue hallada una foto de Santucho aparentemente muerto y se pudo recuperar su diploma de contador: ambos documentos eran exhibidos como "trofeos de guerra" por Antonio Bussi.
Hasta la fecha, existen cuatro expedientes en la Justicia con más de cinco mil fojas, de los cuales dos se encuentran "en pleno trámite". En el 2002, cuando los demás casos fueron paralizados, se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por estos días la CIDH solicitó las actuaciones realizadas para corroborar si se cumplió con el fallo de la Corte Suprema que en ese entonces reconoció el "derecho a la verdad" de los familiares de los desaparecidos.
Gaggero le contó a este diario que está en condiciones de ser elevada a juicio la causa penal que lleva entre los acusados a Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares que funcionaba en Campo de Mayo; Antonio Domingo Bussi, subjefe de ese organismo; y José Eduardo Valladares, secretario administrativo de Riveros. Los militares están imputados por homicidio, tormentos y, posteriormente, fue incorporada la figura de genocidio, reconocida por el tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz.
Desde el Gobierno, intentan "reafirmar la firme voluntad y decisión de contribuir al completo esclarecimiento de los hechos". Sin embargo, hasta ahora nada pudo torcer la voluntad de ocultamiento por parte de los responsables del genocidio. Sin su colaboración, la búsqueda de los cuerpos no ha arrojado hasta ahora resultados. Al respecto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, recomendó "bucear entre los documentos del Ejército para poder determinar los posibles lugares de sepulturas clandestinas ya que los militares tienen archivos, documentación e información reservada que aún no fue destruida".
Informe: Sebastián Abrevaya.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-94261-2007-11-07.html
LA EMPRESA QUE BRAVO BAUTIZO CON SUS INICIALES
Siempre cerca de las milicias
Por Diego Martínez
"RGB Group Inc. es una gerenciadora de servicios de Alta Tecnología para compañía e instituciones en los campos de la Seguridad Nacional y de la Salud. Desde 1990 hemos construido una prestigiosa reputación basada en una valiosa e intensa experiencia, y en el apoyo de nuestro excelente personal. Hemos formado una compañía que provee a nuestro clientes servicios de la más alta calidad, al costo más razonable", explica la empresa en su sitio web. La firma presta servicios en más de treinta estados y entre "nuestros satisfechos clientes" se destacan el Departamento de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, los Marines (tropas de elite de esa fuerza), el Federal Bureau of Prisons (servicio penitenciario) y la Guardia Costera. La casa central de RGB funciona en el 4141 de la avenida Miami.
Según una entrevista publicada por La Opinión Digital, sección negocios, la empresa emplea a más de 600 personas. Como clave de su éxito, el empresario Bravo destaca que busca empleados "dispuestos a trabajar para cumplir proyectos y no horarios" y que además de estar bien remunerados deben "sentir el orgullo de trabajar para la compañía". Esa es la clave que le permitió alcanzar "un ritmo fuerte y constante" de crecimiento. En otra entrevista, en el Business Journal de South Florida, Bravo celebra su inclusión a partir de 1998 en un programa de gobierno ("Small Business Administration's") que le permitió, sólo durante el año 2000, ganar seis millones de dólares en contratos con el Estado. Durante toda la semana pasada Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo. Antes de conocer el motivo del llamado, personal de su empresa informó que "entra y sale todo el tiempo". Anoticiados de que la consulta era "por una causa judicial reabierta en la Argentina", tomaron nota del pedido de entrevista pero nunca respondieron
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-99181-2008-02-19.html
PAGINA/12
UBICO EN EE.UU. A ROBERTO GUILLERMO BRAVO, FUSILADOR DE LA MASACRE DE TRELEW
El marino que está a punto de encallar
El marino que está a punto de encallar
El teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, prófugo de la Justicia desde hace diez días, acusado de fusilar a los presos del penal de Trelew en 1972, está radicado en Florida, Estados Unidos, según pudo confirmar este diario. Bravo es un próspero empresario que hace un mes puso en venta una de sus casas. Pedirán hoy su captura internacional.
Por Diego Martínez
El principal imputado por la Masacre de Trelew, el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, con paradero desconocido en los últimos treinta años y prófugo de la Justicia desde hace diez días, vive en los Estados Unidos y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios médicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. Ya en 1974 los sobrevivientes del fusilamiento en la Base Aeronaval Almirante Zar identificaron al Ñato Bravo como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. Hace más de un mes, cuando el juez federal Hugo Sastre aún no había librado las órdenes de detención, el marino puso en venta su casa en Tampa, costa oeste de Florida. Por alguna razón que la inmobiliaria no explica su precio ya bajó de 215.000 a 167.900 dólares. Durante toda la semana pasada Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo en RGB Group. El teniente empresario aún estaba allí: uno de sus empleados informó que “entra y sale todo el tiempo”. Hoy el juez federal Hugo Sastre pedirá a Interpol su captura internacional.
Gracias al testimonio de los tres sobrevivientes de la masacre, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar, que el poeta Paco Urondo entrevistó en la cárcel de Villa Devoto el 24 de mayo de 1973, el comportamiento del teniente Bravo antes, durante y después del fusilamiento está documentado desde hace tres décadas. Bravo se distinguió desde el primer día por su cinismo y el verdugueo constante a los detenidos. Cuando se hizo cargo de su primera guardia ordenó que no los sacaran a comer por celda sino de a uno, con varios soldados apuntando, y fijó un límite máximo de cinco minutos.
–¡Si seremos boludos! –pensó en voz alta. En lugar de matarlos estamos engordándolos.
Camps recordó que Bravo “se las ingeniaba para estar siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cumplía él con su equipo, diurnas y nocturnas. Diría que dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día”.
Bravo “buscaba excusas” para sancionarlos. “La sanción, por llamarla así, era hacernos desnudar y hacer cuerpo a tierra de boca hacia abajo o de espaldas en el suelo, o pararnos lejos de la pared y hacernos apoyar con la punta de los dedos en la pared: eso en un tiempo prolongado entumece los dedos”, contó Camps. Otra tortura consistía en impedirles dormir. “Recorría las celdas y apenas encontraba a alguno que estuviera cabeceando, lo pateaba, o nos hacía estar parados”, agregó. Los propios colimbas admitían ante los presos que Bravo era “un hijo de puta”. Una mañana llevó una corneta para enseñar qué era la diana.
–Ustedes tienen que conocer esto. Desde ahora se les va a despertar así y se les va a dar el silencio de esta manera.
Otro día llevó una revista que las Fuerzas Armadas utilizan para adoctrinar a sus soldados. Se titulaba El Desengaño y contaba una historia en la cual los estudiantes se incorporaban a la guerrilla y cometían todo tipo de atropellos. Cuando algún militante aburrido le explicaba que esas historias no encajaban en la realidad, Bravo refunfuñaba y se alejaba. Con Mariano Pujadas tenía una saña particular. Le hacía barrer el piso desnudo.
–¿Hace frío? –preguntaba, y largaba la carcajada.
Clarisa Lea Place se negó a ponerse cuerpo a tierra. Bravo sacó la pistola, la amartilló y se la puso en la cabeza:
–Vas a morir, hija de puta –le advirtió.
Poco después cumplió su palabra.
Meterse con la Marina
La madrugada de la masacre el teniente Bravo era jefe de turno de la guardia. Despertó a los presos a las 3.30.
–Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Van a ver lo que es el terror antiguerrillero –les advirtió. “Era un poco la ‘teoría’, entre comillas, que manejaba Bravo. ‘Al terror se lo combate con el terror.’ El aseguraba que nosotros éramos terroristas”, recordó María Antonia Berger ante Paco Urondo, que en base a sus relatos publicó La Patria Fusilada.
Los hicieron salir de los calabozos, formar en dos filas y dieron una orden que nunca antes habían dado:
–Mirar al piso.
La primera ráfaga de ametralladora impactó en la hilera de la derecha. Entre quejidos y puteadas, Sosa y Bravo, pistola en mano, recorrieron los calabozos para dar tiros de gracias.
Camps recordó que junto con Mario Delfino se tiraron cuerpo a tierra a tiempo. Aún estaban ilesos cuando “llega Bravo y nos hace parar, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Estaba parado, más o menos a un metro de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio, le decimos que no, y ahí me tira, a mí primero, y cuando estoy cayendo escucho otro tiro y veo que cae Mario. Tiró desde la cintura con pistola. Bonet junto con Alfredo Kohon también vieron a Bravo. Nos ordenó que nos paráramos y preguntó si íbamos a declarar. Le respondimos que sí, por decirle algo, porque era una pregunta totalmente fuera de lugar después de una masacre. Bravo estaba con el brazo extendido, caído y suelto, y con la pistola en la mano, pero él no tiró, sino que se fue y enseguidita llegó otro oficial, que siempre vestía de azul. Ni bien apareció en la puerta levantó la mano, con el brazo extendido me apuntó a mí y me tiró”. Berger también recuerda que le disparó “el de azul”. Minutos después, ya cuando sacaban los cadáveres, “viene dos veces más Bravo a la puerta, con un jadeo totalmente nervioso, y muy preocupado porque no me moría. ‘¡Pero esta hija de puta no se muere! ¡Cuánto tarda en desangrarse!’. Yo juntaba sangre en la boca y la escupía para hacer parecer que me estaba desangrando, pese a que ya se me había parado mucho la hemorragia”. Berger también escuchó, minutos después, cuando inventaban la versión que luego difundiría la Armada y el presidente de facto Alejandro Lanusse:
–Bueno, vos tenías una metra y Pujadas intentó quitártela.
Cuando llegaron los primeros marinos que no habían participado (el capitán de navío retirado Rubén Paccagnini declaró el miércoles que fue él el primero en llegar), Haidar escuchó la explicación de Bravo:
–Aquí Pujadas le quiso quitar la pistola al capitán, se quisieron fugar.
Treinta y cinco años después, el jueves pasado, el capitán Sosa repitió la versión oficial. Cuando pasó a inspeccionar los calabozos, Bravo le dijo: “Esta gente se porta muy mal, hablan entre ellos, se quejan, por eso los tengo fuera de los calabozos”, declaró. Sosa decidió “hacer una especie de perorata” para que “tuvieran un poco de paciencia” porque los infantes de marina están “modelados para otras tareas” (sic), declaró ante la Justicia. El capitán Sosa asegura que dos veces caminó ida y vuelta entre las dos filas. Cuando volvía por tercera vez recibió “una patada de karate” que lo dejó conmocionado. Cuando se intentó incorporar “ya habían empezado a tirar las ametralladoras PAM”. Alcanzó a ver “cuatro bocas de fuego desde tres metros”. Identificó a tres de los fusiladores: teniente Roberto Bravo, el teniente Emilio Del Real y el cabo Carlos Marandino.
Refugio en Puerto Belgrano
Cuando los nombres de los fusiladores de Trelew trascendieron, la Marina se ocupó de protegerlos. El capitán Paccagnini declaró que Bravo y Sosa “se fueron de pase a los dos o tres días” de la masacre. Sosa calculó que “en noviembre” ya estaba escondido en Puerto Belgrano, el mayor asentamiento naval del país, cuna de los conspiradores que bombardearon Plaza de Mayo en 1955 y símbolo de persecución ideológica durante el último medio siglo. El 22 de agosto de 1974 el diario Noticias informó que los paraderos de Bravo y Sosa eran “uno de los secretos más celosamente guardados por la Marina hasta hoy”. Ese mismo año el abogado Juan Carlos Ibarborde informó a la Justicia que sus defendidos Bravo y Sosa no podían presentarse a declarar porque “se encuentran en el extranjero” y apuntó el domicilio donde podía ubicarlos: “Agregaduría Naval Argentina en Estados Unidos, 1816 Corcoran St., N. W., Washington D. C.”. Bravo era aún teniente de fragata. Sus pasos posteriores son un misterio. Se desconoce si durante la última dictadura militar seguía en Estados Unidos o prestó servicio en algún centro clandestino de la Armada. En los libros oficiales consta que pasó a retiro el 1º de abril de 1979, como teniente de navío.
Ayer el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Luis Duhalde, informó que Bravo “hizo cursos en Estados Unidos: de paracaidismo, de reconocimiento anfibio, todas preparaciones que concluyen recién en 1981, lo que hace pensar que fue preparado para actividades en Centroamérica”. Igual que Paccagnini, Bravo es oriundo de Bahía Blanca. Se crió en el barrio Sánchez Elías. Al menos un hermano suyo es suboficial de Infantería de Marina. Su padre falleció hace dos meses, a sus 91 años. El teniente está casado con una mujer norteamericana, con buenos vínculos en el mundillo político local, y es ciudadano norteamericano. Su casa, en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, Florida, fue construida en 1977 y está en venta desde hace “más de 30 días”. La inmobiliaria que la ofrece informa que cuesta 215.000 dólares, pero for a quick sale –venta urgente– se conforman con 167.900.
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A DOS AñOS DE LA DESAPARICION DEL TESTIGO CONTRA ETCHECOLATZ
El largo camino que le esperaba a López
Por Adriana Meyer
A Julio López le quedaba todavía un largo camino a recorrer como testigo. El albañil –de cuya desaparición se cumplen esta semana dos años, luego de testimoniar contra Miguel Etchecolatz– había sobrevivido a tres años de cautiverio en cinco centros clandestinos del circuito Camps, y su precisa memoria habría contribuido a condenar a medio centenar de represores. Una vez terminado el juicio contra el ex comisario, en sus planes inmediatos estaba la idea de presentarse a declarar en la causa por los crímenes cometidos en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario. Y seguramente sería llamado cuando comenzaran los juicios orales por los casos de la comisaría 5ª de La Plata y por el centro clandestino de Arana. López también tenía algunos proyectos personales: aún no había terminado los trámites para cobrar la indemnización por su secuestro durante la dictadura y quería festejar los 78 con sus compañeros.
En los primeros años de los ‘70 ya era un padre de familia. Trabajaba de albañil toda la semana y en sus ratos libres se acercaba a participar en la Unidad Básica de Los Hornos, que respondía a la Juventud Peronista. Sus compañeros cuentan que siguió hasta las últimas consecuencias. Pastor Asuaje, su amigo y confesor, define que “era el ejemplo de un obrero con poca formación pero gran claridad y tozudez, dispuesto a sacrificarse”. El hijo mayor de López, Ruben, recuerda esas tardes de domingo cuando jugaba a la carrera de embolsados, mientras su papá, “peronista de toda la vida”, Patricia Dell’Orto y Marco de Ambrosio servían chocolate a los chicos.
El 27 de octubre de 1976 Jorge Julio López fue secuestrado por una patota encabezada por el ex jefe de Investigaciones de la policía bonaerense. “Rompieron la puerta. Etchecolatz estaba en el auto. Me vendaron los ojos con un pulóver por encima de la cabeza, y me ataron con las mangas y con alambre, pero podía ver”, relató en su última declaración judicial. López fue llevado primero a Cuatrerismo y luego a Arana. “Ahí nos picanearon toda la noche. Etchecolatz no tenía compasión, él mismo iba y nos pateaba”, describió al referirse a quien fuera la mano derecha de Ramón Camps.
De Arana pasó al centro clandestino que funcionaba en la comisaría 5ª de La Plata, hasta diciembre de ese año. “Ponían lo que le decían el asador, era la cama, atados de pies y manos, y después le pasaban la picana, los pateaban”, describió López en julio de 1999 ante la Cámara Federal en el Juicio por la Verdad de La Plata. “¿Usted fue objeto de esos tormentos?”, le preguntó el presidente del tribunal, Leopoldo Schiffrin. “Sí, si usted tiene alguna duda le muestro el pecho”, respondió el testigo. Con mayor nivel de detalle declaró siete años después sobre los mismos hechos, en el juicio contra Etchecolatz. Era la cuarta vez que lo hacía, y lo habría vuelto a hacer en el inminente juicio oral por los delitos cometidos en comisaría 5ª. La causa iba a ser elevada sin su caso, pero el fiscal federal Sergio Franco amplió el requerimiento para que los acusados también sean juzgados por la privación ilegal de la libertad, torturas y tentativa de homicidio de Jorge Julio López. En principio iban a juicio 10 represores, pero a Juan Fiorillo y Reinaldo Tabernero la muerte les dio la absolución. El fiscal imputó, además, a Hugo Guallama, Miguel Etchecolatz, Raúl Pedro Muñoz, Carlos Alberto Basualto, Oscar Bravo, Juan Ramón Rodas, Gregorio Medina, Julio César Pasquale, Héctor Herrera, Jorge Bergés, Julio César Garachico, Manuel Aguiar, un policía de apellido Urcola, Angel “Ganga” Trotta, Carlos “Manopla” Gómez, José Orellana, un penitenciario de apellido Ponce y un funcionario policial conocido como Rudi Calvo. Trotta y Aguiar quedaron afuera porque fallecieron.
Dijo el fiscal Franco: “La importancia de los testimonios de López y su verosimilitud surgen de la constante comparación de sus dichos con los de otros sobrevivientes y presuntos victimarios. Si bien el paso de los años y las condiciones de detención padecidas por López constituyen un impedimento para aportar precisiones, el testigo demostró en las cuatro oportunidades que declaró que tiene una gran memoria y lucidez”. Y recordó que la principal prueba de cargo por los homicidios de la pareja Dell’Orto-De Marco contra Etchecolatz fue el testimonio de López, “único testigo vivo de aquellas ejecuciones”. El fiscal destacó que “la precisión de los relatos y el mejoramiento de ellos, en cuanto a descripción de lugares, víctimas y victimarios, con el transcurso del tiempo, evidencian la preocupación del testigo por reconstruir la historia que padeció y son una muestra cabal de su verosimilitud”.
En su primera declaración testimonial ante la Cámara Federal, López había indicado que Camps presenciaba y ejecutaba las torturas en el Pozo de Arana junto a un hombre flaco con cara de mono. Y después pudo señalar, con el tiempo, que aquel hombre era Etchecolatz. Lo mismo ocurrió con el método de tortura utilizado por el ex comisario y sus laderos. López refirió que en Arana había sido picaneado con alambres conectados a las baterías de los autos que servían para secuestrar personas y que, posteriormente, cuando fue llevado a la comisaría 5ª fue torturado con una picana conectada a la red eléctrica. En el juicio oral recordó aquel momento: “Etchecolatz decía ‘dale, dale, subila un poco más’ que ‘la de allá (por la picana de Arana) era floja’”. Por otro lado, López reconoció a Bergés entre los represores de la comisaría 5ª, en coincidencia con el reconocimiento de voz de ese mismo imputado que hizo Adriana Calvo en los días previos al –y durante el– parto de la desaparecida Inés Ortega. Al parecer, el juez Arnaldo Corazza no hizo la misma ponderación que el fiscal porque aún no se pronunció sobre este escrito presentado en enero de 2007.
López pasó de la comisaría 5ª a la 8ª hasta que en abril de 1977 ingresó a la Unidad 9 de La Plata, donde quedó a disposición del Poder Ejecutivo. Su liberación coincidió con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a esa cárcel, en septiembre de 1979. “Entraron los Derechos Humanos por el frente y a nosotros nos largaron por atrás para que no nos vieran”, contó. La causa por los crímenes cometidos en la Unidad 9 también será juzgada por el Tribunal Oral que preside Carlos Rozanski, con 17 imputados y 2 prófugos, varios de los cuales aún gozan de cierta protección política. Pero López no figurará como caso, no llegó a concretar lo que había acordado con otros sobrevivientes: ir a declarar. También habría sido testigo en el juicio, aún lejano, por Arana, en el que hay diez procesados y seis pedidos de capturas, aunque algunos ya fallecieron, como Mario Tocho, Carlos Vercellone y Mario Jaime.
El 25 de noviembre quería hacer una fiesta (eso sí, a la canasta). Habría sido un doble festejo: el final de juicio y su cumpleaños. Un merecido momento de distensión para él y sus compañeros sobrevivientes, luego de tanto trajinar juzgados, audiencias y reconocimientos de campos de exterminio.
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LOS REPRESORES PROCESADOS QUE COBRAN UNA PENSION HONORIFICA POR MALVINAS
Con el honor metido en el bolsillo
Uno está prófugo y once, procesados por crímenes de lesa humanidad. Todos reciben aún la pensión de los ex combatientes de Malvinas. Uno por uno, su historial.
Por Diego Martínez
Un militar prófugo de la Justicia y al menos otros once procesados por crímenes de lesa humanidad cobran la pensión “honorífica” que el gobierno nacional paga a ex combatientes de Malvinas. Seis meses atrás, a partir de la denuncia de organismos de derechos humanos, la Anses suspendió preventivamente el beneficio a ocho represores, incluido el marino Jorge Acosta, jefe de inteligencia de la ESMA. En teoría, la Anses y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos iban a controlar cada mes el padrón de beneficiarios para que los nuevos procesados dejaran de cobrar y sólo volvieran a hacerlo si eran absueltos. En la práctica, pese a la insistencia de PáginaI12, fue imposible conocer oficialmente si los controles derivaron en nuevas exclusiones, pero sí fue posible confirmar que al menos una docena de retirados de dudosa honorabilidad cobra su pensión.
El caso más insólito es el del coronel retirado Norberto Ricardo Villegas, con pedido de captura de la Justicia federal de Tucumán desde febrero de 2006 por el caso Vargas Aignasse y por la desaparición y el robo de la casa de Marta y Rolando Coronel en 1977. Según el sitio web de la Anses, Villegas puede retirar su pensión a partir del 22 de septiembre en la sucursal Luis María Campos del Banco Nación. El riesgo de quedar detenido es ínfimo: la Unidad Especial de búsqueda de prófugos, creada por una ley del Congreso que la presidenta Cristina Fernández promulgó en mayo, se resiste a existir. El 9 de agosto, Aníbal Fernández adjudicó la demora a que la Jefatura de Gabinete no le transfirió los fondos y anticipó que la creación se concretaría esa misma semana. No volvió a dar señales de vida.
La zanahoria
La pensión para los colimbas que pelearon en Malvinas fue impulsada por los Centros de Ex Combatientes durante los ’80 y se concretó por ley 23.848 a fines de 1990. El pago equivalía al modesto sueldo de un cabo del Ejército. Carlos Menem la extendió a militares en situación de retiro o baja voluntaria. En 2004, por decreto 1357, Néstor Kirchner traspasó la administración del beneficio de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la Anses, la transformó en pensión “honorífica”, aumentó el monto hasta el equivalente a tres jubilaciones mínimas (poco menos de dos mil pesos) e igualó a sobrevivientes con derechohabientes de los caídos.
La zanahoria se volvió sabrosa y la Comisión Nacional de Ex Combatientes, dependiente del entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, comenzó a presionar para que el pago se extendiera a los militares, que desde 1994 cobran un plus salarial como ex combatientes. Lo logró en 2005: por decreto 886 pasaron a cobrar todos los miembros de las Fuerzas Armadas “que hubieran estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas”, incluidos marinos mercantes y miles de oficiales y suboficiales que no se movieron de las bases continentales.
Los primeros en cuestionarlo fueron los ex conscriptos, obligados tras la derrota a firmar en Campo de Mayo un compromiso de silenciar estaqueamientos, desnutrición y torturas que padecieron de sus superiores. “Los militares fueron a la guerra por vocación, cobrando un sueldo, cumpliendo su deber, y al volver siguieron cobrando. A los soldados se les dio de baja y cada uno se las arregló como pudo”, explica Ernesto Alonso, presidente del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata. “Reconocer a los militares con una pensión honorífica es un acto que coloca bajo el manto del olvido el reclamo de verdad, justicia y memoria que los soldados sostenemos desde hace 25 años”, agrega.
Los abusos contra colimbas, que el cineasta Tristán Bauer instaló en centro de la escena en Iluminados por el fuego, derivaron en 2007 en una denuncia ante la Justicia federal de Río Grande, Tierra del Fuego, presentada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, actual secretario del Consejo de la Magistratura. La presentación detalla 73 hechos que podrían ser considerados delitos de lesa humanidad e identifica a 62 imputados, varios de ellos aún en actividad. La instrucción está a cargo de la jueza Lilian Herraez y del fiscal Mario Rapoport. Aún hoy resta que declaren más de sesenta personas, entre víctimas y testigos. Cuando lo hagan, la jueza comenzará a citar a indagatoria y se producirán las primeras detenciones.
El decreto
El problema es que ni una imputación por estaquear a un soldado hasta convertirlo en hielo ni un procesamiento por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura impiden cobrar la pensión “honorífica”. El decreto 886/05 de Kirchner excluyó a condenados por violaciones a los derechos humanos, traición a la Patria, delitos contra el orden constitucional, la vida democrática, o sedición, pero no sentó ningún criterio sobre los procesados, situación jurídica que exige un considerable cuadro probatorio, pero no es sinónimo de culpabilidad: somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Según los registros del programa Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, al día de hoy existen 421 procesados, 42 prófugos y más de trescientos denunciados por secuestros, torturas y asesinatos, contra apenas 32 condenados, los únicos excluidos del cuadro de honor.
En marzo, ante el reclamo de organismos de derechos humanos, el entonces director ejecutivo de la Anses, Claudio Moroni, ordenó suspender el pago a los represores procesados, “teniendo en consideración el especial espíritu que ilustra, motiva y conlleva el reconocimiento”. Fueron excluidos entonces los marinos Jorge Acosta, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Ricardo Corbetta, Hugo Enrique Damario y Juan José Lombardo, el general Osvaldo Jorge García y el suboficial del Ejército, Juan Carlos Camicha.
Moroni también convino con el Ministerio de Justicia un control mensual para que dejaran de cobrar y sólo volvieran a hacerlo en caso de ser absueltos. Desde hace dos semanas PáginaI12 intenta infructuosamente que la Anses, que dirige Amado Boudou, informe si el control existe y si hubo nuevos excluidos. El ministro Fernández informó por medio de su vocero que cada mes el Registro de Reincidencia actualiza el padrón de procesados, aunque ignora si hubo nuevos excluidos. En los recuadros que acompañan esta nota se enumeran once casos de militares procesados por secuestros, torturas y homicidios que ponen en duda su honorabilidad y que aún cobran la pensión. A ellos debe agregarse el prófugo Villegas y también ex carapintadas que no llegaron a ser condenados sólo porque se fugaron del país a tiempo, como el mayor médico Pablo Santiago Llanos.
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CAPITAN, HUIDIZO Y FUSILADOR
Plá, el preso
- El capitán Carlos Esteban Plá, ex subjefe de policía en San Luis, está sindicado como el autor material del asesinato de la estudiante Graciela Fiochetti. El ex chofer del servicio de inteligencia de la policía Jorge Velázquez declaró que Fiochetti fue torturada y violada. Le hicieron firmar un acta de liberación, pero al día siguiente volvió a verla en un centro clandestino. Dos noches después la llevaron junto a otro secuestrado a un descampado. Plá los obligó a arrodillarse. “¿Van a hablar o no van a hablar?”, gritó. Ante el silencio, les disparó a la nuca. Plá fue detenido el 26 de septiembre de 2007, después de dos años prófugo.
- El teniente coronel José Tadeo Luis Bettoli, oficial de inteligencia y presidente del Instituto Sanmartiniano de Formosa, está procesado por torturas y desapariciones en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, Chaco (causa “Caballero”). También está imputado por la masacre de Margarita Belén.
- El coronel César Amadeo Fragni está procesado en la megacausa Campo de Mayo y será juzgado junto a otros cuatro militares por el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda, de 14 años, cuyo cadáver torturado y atado de pies y manos apareció en la costa uruguaya. El 15 de abril de 1976 el oficial de infantería Fragni estampó su firma en la constancia de detención de Iris Pereyra, en el mismo operativo que su hijo Floreal. Está detenido en el Instituto Penal de Campo de Mayo.
- El coronel Osvaldo César Quiroga está procesado por los homicidios de Miguel Vaca Narvaja, Arnaldo Toranzo y Gustavo De Breuil. El 12 de agosto de 1976, como miembro del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, los retiró de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba con una orden firmada por el general Juan Bautista Sasiaiñ. Luego los fusilaron en presencia de un hermano de De Breuil, también secuestrado, en inmediaciones del estadio Chateau Carreras.
- El teniente coronel Luis Alberto López está procesado como cómplice del asesinato de José Angel Pucheta, Carlos Sgandurra y José Villada, el 28 de mayo de 1976. Como miembro del mismo regimiento que Quiroga y también por orden de Sasiaiñ, los retiró de la cárcel de Córdoba amordazados y encapuchados. Los tres fueron fusilados por un grupo de militares y miembros del célebre Departamento II de la policía provincial. Familiares de Quiroga y de López cobran en la sucursal Belgrano del Banco Nación.
- El teniente coronel Ernesto Hugo Kishimoto cobró su pensión en la sucursal Abasto del Banco Nación durante el año y medio que permaneció prófugo. Fue detenido el 4 de junio, cuando entregó su DNI para el check in en el aeropuerto de Posadas. Fue procesado por delitos cometidos en el Regimiento de Infantería de Monte 29, pero está excarcelado.
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DE LA GUERRA A LA PICANA
Tirador Binotti
El capitán de fragata Julio César Binotti fue durante 1976 y 1977 jefe de la sección “tiradores” del Batallón de Infantería de Marina 2, en Baterías, donde funcionó un centro clandestino que la Justicia federal de Bahía Blanca aún no investigó. En 1982 integró la única unidad naval que combatió cuerpo a cuerpo con los ingleses, el Batallón de Infantería de Marina 5, que tras la derrota se replegó en orden y con sus oficiales a la cabeza. El Centro de Ex Combatientes de Corrientes denunció que Binotti ordenó estaquear a un soldado chaqueño, de apellido Ferreyra, por un supuesto acto de indisciplina. “Lo ataron al suelo por los pies y las manos y le tiraron encima una lona, que no lo dejaba ver qué podían hacerle. Lo tuvieron así desde la mañana hasta la media tarde, durante siete horas”, relató el soldado Orlando Pascua. Tras la derrota, Binotti se integró al Grupo de Operaciones Especiales de la ESMA, con los alias “Fernando” o “Ciscardo”. El sobreviviente Víctor Basterra, que lo fotografió disfrazado de policía, contó en el Juicio a las Juntas que Binotti participó de secuestros, torturas y traslados, entre otros el de René Haidar. “¿Ustedes ahora terminan?”, le preguntó Basterra. “Este gobierno termina. Los grupos de tareas de la Armada nunca terminan”, respondió hace un cuarto de siglo el marino, ahora preso en Marcos Paz.
Al caso de Binotti se suman otros como beneficiarios de la pensión honorífica:
- El capitán de navío Carlos Eduardo Daviou compartió el primer “vuelo de la muerte” que el marino Adolfo Scilingo relató ante el juez español Baltasar Garzón, quien solicitó su extradición en 1997. A diferencia de otras celebridades de la ESMA, Daviou fue un tapado que hizo carrera: llegó a ser segundo jefe de Inteligencia de la Armada, se retiró a fines de 1999 y fue detenido y procesado por el juez federal Sergio Torres recién en marzo pasado. En la ESMA utilizaba el alias “Justo”. Está preso en Marcos Paz.
- El capitán de navío Francisco Lucio Rioja, alias “Fibra” o “Jirafa”. Fue jefe del Servicio de Inteligencia Naval desde junio de 1976 hasta fines de 1977. Luego fue trasladado a Mar del Plata. Está procesado desde junio de 2006 por secuestros y torturas en la ESMA y en la Casa del SIN. También está imputado por extorsionar a secuestrados para robarles sus propiedades. Está preso en Marcos Paz.
- El capitán de navío Hugo Enrique Damario, alias “Jirafa”. Fue oficial de operaciones del GT 3.3.2 entre 1977 y 1978, cuando fue designado en el área de prensa de la Cancillería, donde eran obligadas a trabajar varias mujeres secuestradas en la ESMA. En marzo, la Anses informó que lo excluyó del beneficio, pero en su sitio consta que cobra. Está preso en Marcos Paz.
- El almirante Edgardo Aroldo Otero, alias “Honda”, fue director de la ESMA y comandante del grupo de tareas 3.3.2 desde enero hasta diciembre de 1980. Fue detenido recién en marzo pasado y goza de arresto domiciliario.
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