sábado, 20 de febrero de 2010

DENUNCIAN A NEUQUÉN ANTE -COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (CERD) en la ONU, Ginebra-19-02-10

DENUNCIAN A NEUQUÉN ANTE LA ONU


El Estado argentino presentó su Informe ante el COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (CERD) en la ONU, Ginebra.


El informe que periódicamente debe presentar el Estado Argentino ante el COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (CERD) en la ONU, Ginebra, fue revisado por dicho Comité, los días miércoles y jueves pasados, en su 76ª periodo de sesiones. A través de este informe, Argentina debe demostrar que su política interna se ajusta a las obligaciones que tiene con la comunidad internacional. En nombre del Estado se presentaron las autoridades del INADI e INAI.

En el marco de las 76º periodo de sesiones del CERD, Argentina expuso luego de su último informe en 2005. Entre varios aspectos el “informe oficial” resalta el trabajo realizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, el racismo y la xenofobia -INADI-, y por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI-.

Pero en ese “cuento de bellos paisajes”, Argentina prefirió no mencionar al “bosque embrujado” instalado en las realidades provinciales, a las que no alcanzan los expedientes de las oficinas de Buenos Aires.

La principal tarea que actualmente tiene el INAI consiste en dar cumplimiento a la ley 26.160 de relevamiento territorial, a fin de cumplir con los compromisos internacionales que obligan al Estado a determinar los territorios indígenas. Sin embargo dicho relevamiento ha sido trabado o desviado por los gobiernos provinciales y a más de tres años de la sanción de la ley, aún no se han producido resultados pese a que vencieron los plazos previstos para su realización.

Es por eso que en las provincias con mayor presencia indígena, como Neuquén, Río Negro, Chubut, Salta, Tucumán y Formosa, entre otras, se ha continuado produciendo desalojos pese a la expresa prohibición legal ante la pasividad de los organismos del gobierno nacional.

El Contrainforme.

Además del informe oficial de los Estados, el Comité también escuchó el "contrainforme", elaborado en este caso por el Centro de Estudios Legales y sociales de Argentina, (CELS), por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén (ODHPI), y por Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES),

En nombre de estos organismos de Derechos Humanos, se habilito un espacio de reunión con los miembros del Comité en el que participaron el werken Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuce de Neuquén y el abogado Mikel Berraondo, colaborador del ODHPI. En dicha reunión el werken Jorge Nahuel pudo explicar al Comité las problemáticas crecientes que existen en el país con respecto a la aplicación en Argentina de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, y pudo también exponer los vacíos y contradicciones del informe oficial.

El Werken Nahuel expresó que “pese a que transcurrieron cinco años desde las observaciones del Comité, la situación prácticamente no ha variado. Entre otras razones, porque el Estado Nacional no asume el rol central que le asigna la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 17 como garante de los derechos de los pueblos indígenas, pues no desarrolla los mecanismos de incidencia federal que permitan que estos pueblos puedan ejercer efectivamente sus derechos en todo el territorio de la Nación. Por tal motivo, en la actualidad, el goce de los derechos indígenas está librado a la voluntad discrecional de cada Estado provincial y, en consecuencia, es dispar e inequitativo.”

Entre los fundamentos del “contrainforme” se remarca la obligación política del INAI de generar condiciones que permitan una real participación. También sostiene que “tanto en el orden federal como en los órdenes provinciales no existen leyes que reglamenten el derecho a la consulta. Además existen otras dificultades vinculadas con el ejercicio de los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos y comunidades indígenas. La respuesta estatal a los reclamos territoriales indígenas continúa siendo el desalojo, la represión y la persecución penal de los miembros de las comunidades.”

Situación en Neuquén

El werken Jorge Nahuel resaltó especialmente la gravedad de la situación en la Provincia del Neuquén, en donde pese a la importancia histórica y social de la presencia del Pueblo Mapuce, la estructura institucional del Estado, su orientación ideológica así como sus decisiones cotidianas, son monoculturales y discriminatorias en tanto niegan la cultura indígena y pretenden disolverla en las formas de la cultura vencedora de la llamada “conquista del desierto”. Nahuel se refirió con énfasis a la generalizada discriminación en el ámbito del Poder Judicial, en donde los jueces y funcionarios que debieran velar por la protección de los derechos resultan los instrumentos cotidianos de su violación.

De esta manera a través de la intervención de los voceros de la Confederación Mapuce y ODHPI se busca sacar a la luz la impunidad, el abuso de autoridad, la campaña de criminalización del ejercicio del derecho mapuce que las provincias, y en particular el gobierno de Neuquén, han desatado contra sus autoridades y organización política.

Luego de la exposición del Estado, durante casi dos horas el Comité, con la información brindada por los organismos de derechos humanos, señalo los vacíos de su Informe Oficial y la jornada finalizó con los distintos Expertos interpelando a la delegación argentina con más de 30 peguntas que debieron responder en la sesión del día siguiente.

El Estado argentino, tendrá que empezar a realizar sus deberes y tareas en materia de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, considerando que su obligación es diaria y con prácticas reales, ya que ni las obligaciones internacionales ni la Constitución le permiten dejar la protección de los derechos indígenas en manos de sus principales incumplidores: los Estados provinciales.

Próxima a cumplir 200 años, la Argentina debería dejar de ser “desaprobada en discriminación” y convertirse en una real cumplidora del derecho internacional, máxime cuando pretende apoyarse en él para sostener sus objetivos de política exterior.

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas

www.odhpi.org
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viernes, 19 de febrero de 2010

Organizaciones de DD.HH llaman a manifestarse contra la impunidad en Chile--más fuerza y decisión de combate-18-02-10

Organizaciones de DD.HH llaman a manifestarse contra la impunidad en Chile


Al cumplirse 19 años del Informe de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), el próximo 4 de marzo, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), llamó a los chilenos y chilenas a exigir que se inicien las investigaciones judiciales por los más de mil 100 crímenes cometidos por agentes del Estado y que aún permanecen en la más absoluta impunidad jurídica.

“Cuando sus objetivos históricos siguen lejos de cumplirse y cuando en el país existen hoy condiciones más duras para la larga lucha en defensa de la vigencia plena de los Derechos Humanos, nuestra Agrupación llama a conmemorar el nuevo Aniversario con más fuerza y decisión de combate”, sostuvo a Crónica Digital, Alicia Lira, presidenta de la AFEP. Las declaraciones las realizó esta mañana, tras reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica.

La líder de los familiares de los Ejecutados Políticos, sostuvo que “los avances políticos y judiciales en materia de verdad y justicia experimentados desde el fin de la dictadura han sido mínimos en relación a la magnitud de la tragedia vivida en nuestro país”.

Agregó que -en todo caso- los avances en materia judicial “han sido sólo fruto de la lucha sin tregua de las familiares de las víctimas y sus agrupaciones, además del compromiso de algunos profesionales y el respaldo de las fuerzas políticas y sociales”.

Acusó a los gobiernos de la Concertación de aplicar políticas que no han ido en la dirección correcta. Alicia Lira, ejemplificó cuando el gobierno de Eduardo Frei trajo de vuelta al ex dictador Augusto Pinochet desde Londres, para salvarlo de la justicia.

Al ser consultada sobre la reunión con Milton Juica, la defensora de los derechos humanos, reveló a “le mostramos nuestra preocupación sobre el estancamiento de varios procesos judiciales que están estancados, pero además, le hemos señalado que existen más del mil 100 casos que no han sido investigados todavía por la justicia”.

En ese mismo plano, Lira señaló que le hicieron ver al presidente del Poder Judicial chileno que en las dignaciones en cargos de alta responsabilidad militar que realizó el gobierno de Michelle Bachelet, “existen altos oficiales comprometidos en procesos judiciales como los casos de los generales Santelices, Fuentealba y Le Dantec”.

“Es por ello que le manifestamos que pese a las altas responsabilidades que ostentan estos militares, si se comprueba su partición en violaciones a los derechos humanos, la justicia debe actuar, pese a los altos grados o responsabilidades que ellos ostentan ahora”, señaló Lira.

“Es por ello que le hicimos ver al presidente de la Corte Suprema que el Estado de Chile contraviene en esta materia no sólo la legislación nacional sino los Tratados y Convenios internacionales”.“Hoy siguen siendo miles los casos de victimas cuyos familiares aun esperamos saber la verdad para que se haga justicia en el caso de nuestros seres queridos sin que de parte de los gobiernos de la Concertación haya existido jamás una clara voluntad para aplicar una política integral de derechos humanos”, apuntó Lira.

“Se ha escuchado más a los victimarios que a las víctimas. Es el fruto de la política de los consensos, es decir de las negociaciones entre la Concertación y la derecha pinochetista, acentuada en los últimos años. Hoy esa derecha pinochetista será gobierno desde los próximos días. Pretenderá sin duda la impunidad para los criminales de la dictadura, es el compromiso de Piñera. Pretenderá acallar al movimiento de derechos humanos y paralizar a los tribunales”, vaticinó la presidenta de la AFEP.

Es por ello que apuntó Lira que: “El pueblo chileno, gran víctima de los golpistas, tiene todo el derecho y todo el deber de reagruparse, de organizarse mejor, de reforzar su unidad, no sólo para defender lo poco que se ha logrado sino para avanzar contra todos los obstáculos hasta lograr que en Chile se conozca toda la verdad y se aplique toda la justicia necesaria. No en la medida de lo posible, sino en la medida de lo que sea necesario. Para eso convocamos a la actividad y convocamos sobre todo a la movilización social el próximo 4 de marzo a las 11 horas en la Plaza de la Constitución”, finalizó.


Santiago de Chile, 18 de febrero 2010


Crónica Digital

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jueves, 18 de febrero de 2010

CRIMINAL DE LESA:BUSSI REPITIO QUE SALVARON AL PAIS DEL “MARXISMO” Y NEGO LA EXISTENCIA DE DESAPARECIDOS-18-02-10

BUSSI REPITIO QUE SALVARON AL PAIS DEL “MARXISMO” Y NEGO LA EXISTENCIA DE DESAPARECIDOS

“Son los códigos de la guerra”

En la segunda jornada del juicio por la represión ilegal en la Jefatura de Policía de Tucumán, el represor se presentó como “un protagonista principalísimo” que con sus subordinados “contribuyó a salvar las instituciones de la República”.

Por Ramiro Rearte

Desde Tucumán

“Hubo una guerra y en ella sólo existen muertos en combate. Los cuerpos que recuperábamos iban a la morgue, pero nadie los buscó, con la única excepción de Julio Alsogaray (sobrino del capitán ingeniero Alvaro). Tenían vergüenza de hacerlo o les aconsejaron que no lo hagan para poder reclamar luego una indemnización. Por cada uno se pagó 250.000 dólares.” El dictador Antonio Domingo Bussi repitió ante el tribunal que lo juzga por 22 desapariciones que no hubo desaparecidos y que las Fuerzas Armadas protagonizaron “una epopeya” para derrotar “el marxismo leninismo”. Condenado ya a cadena perpetua por el secuestro y desaparición del ex diputado Gerónimo Vargas Aignasse, usó casi tres horas para reivindicarse como “protagonista principalísimo” de la lucha antisubversiva, relatar el apoyo de la Iglesia y deslindar responsabilidades en los políticos que ampararon “el accionar” militar. Su ex jefe Luciano Benjamín Menéndez, quien ya acumula tres condenas, seguía el relato desde una sala contigua protegido por sus problemas de salud.

Bussi, quien llegó en ambulancia y fue asistido con dos tanques de oxígeno por personal del Sistema Provincial de Salud tucumano, se jactó de “la calidad institucional y la libertad de expresión”, que había en Tucumán durante su paso como interventor militar, como jefe de la subzona 32. Por otra parte, tildó a Diego Guelar, dirigente del PRO, como “terrorista”, a pesar de que Guelar había pedido una amnistía para represores a fines del año pasado. A pesar de haber comenzado diciendo que “estoy enfermo y me siento enfermo y es de vuestro conocimiento por la documentación médica presentada”, enfatizó en varias oportunidades palabras como “revolución”, “terroristas”, “República”. Varios de los familiares de las víctimas abandonaron la sala como signo de repudio ante la visión fundamentalista del represor.

“Mis médicos me han prevenido de las consecuencias de acudir y someterme a las exigencias de este debate y voy a agotar hasta el último de mis esfuerzos para contribuir a la verdad histórica que rodearon los supuestos hechos, que fue cambiada y distorsionada pero que no se ajusta a la realidad que vivió la Argentina y Tucumán en la década del ’70. Lo hago para contribuir con mi verdad como protagonista principalísimo de la historia”, dijo Bussi.

“A muchos de los muertos fue difícil identificar, porque fueron tragados por la espesura del monte o por las tácticas desplegadas por las propias organizaciones guerrilleras, como los cementerios clandestinos o las fosas comunes, para evitar que se conociera su identidad”, dijo Bussi, sin inmutarse. Los abogados querellantes le pidieron al tribunal que se les prohíba a los imputados agraviar la memoria de las víctimas.

El abogado Bernardo Lobo Bugeau le dijo a Página/12 mientras salía de la sala de audiencias que “no se puede sostener una teoría como la que expresa Bussi, ya que se olvida de qué manera se secuestró a muchas personas y cómo se quedaban con sus casas y sus bienes”.

A sus distorsiones históricas sumó un exabrupto verbal. “Que me disculpen las damas si se sintieron agraviadas por mis palabras. Y también que me disculpen los damos”, dijo Bussi. En ese momento, un puñado de seguidores del represor aplaudieron. El presidente del Tribunal, Raúl Jiménez Montilla, les llamó la atención y el fiscal general Alfredo Terraf dijo que “no se puede permitir que haya gente que se exteriorice y aplauda, porque está prohibido por ley”. Y luego de leer el artículo referido a este tema, agregó: “Si cada vez que alguien diga algo van a aplaudir, esto se va a convertir en un circo y no en un juicio”.

El detenido sostuvo enfáticamente la teoría de los dos demonios, al resaltar que ninguno de los “caídos” en el monte tucumano fue reclamado por sus familiares. “Son los códigos de la guerra”, dijo el represor, que llegó a primera hora a la sala de audiencias para evitar los abucheos de los militantes de los organismos de derechos humanos y partidos políticos de izquierda que se encontraban en la puerta del lugar. “Lo que digo lo hago en resguardo de mis subordinados de todas las jerarquías que con sacrificio y coraje han ayudado a salvar las instituciones de la República, entre ellas la misma Justicia de la época. Me voy a permitir rescatar esta época pero, no de mi boca, sino de la boca de las instituciones de entonces, para que sepan cuál es la verdad”, resumió Bussi.

Al referirse al presidente Juan Domingo Perón, por el “que muchos se rasgan sus vestiduras”, citó una frase del año 1974, “luego del ataque de la guarnición de Azul, en enero de ese año, Perón dijo que estábamos en presencia de verdaderos enemigos de la Patria. Organizados para luchar con fuerza en contra del Estado. Se trata de poner coto a la acción disolvente y criminal que atenta contra la existencia misma de la Patria”.

Cuando leyó la parte referida al apoyo eclesiástico, citó a los capellanes castrenses Adolfo Tortolo (“Tengo la convicción de que las Fuerzas Armadas, aceptando la responsabilidad tan grave y seria de esta hora, cumplen con su deber”) y Guillermo Bolatti (“si este proceso iniciado en nuestra Patria a los seis meses fracasa, terminaremos en el Marxismo”). También expuso la posición del Episcopado Argentino del año 2005, “llama a no callar los crímenes de la guerrilla. Los jóvenes deben conocer también este capítulo de la verdad histórica”, aseveró. Luego pidió un receso por sentirse “descompensado”, repitió esta actitud dos veces más durante la jornada.

En esta oportunidad, a Bussi no lo acompañó casi nadie. Estuvo su hijo José Luis, pero no su hijo Ricardo, ya que atraviesan por una disputa política interna para determinar quién se queda con las migajas que dejó el geronte cuando se alejó de su partido Fuerza Republicana.

El geronte insistió con que “la guerrilla metida en los montes carece de banderas y de sentimientos. No tiene sentimientos porque destruye y no tiene bandera porque es antinacional”. Minutos más tarde fue trasladado en ambulancia hacia el coqueto country de Yerba Buena, donde cumple su condena mientras caía la tarde en la capital tucumana.

En la causa por la represión en la Jefatura de Policía de Tucumán están imputados, además de Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, los ex militares Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo y los ex policías Roberto “El Tuerto” Albornoz y los hermanos Luis y Carlos de Cándido.


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GRAN BRETAÑA CONOCE LA RIQUEZA EN HIDROCARBUROS DESDE HACE DECADAS. LAS RESERVAS PODRIAN VALER MEDIO BILLON DE DOLARES -18-02-10




GRAN BRETAÑA CONOCE LA RIQUEZA EN HIDROCARBUROS DESDE HACE DECADAS. LAS RESERVAS PODRIAN VALER MEDIO BILLON DE DOLARES

Tras un manto de sospechas y especulaciones

El interés de Gran Bretaña por el petróleo de Malvinas tiene, por lo menos, 35 años. A partir de 1975, la Corona había iniciado relevamientos. Dos misiones exploratorias, entre 1998 y

2009, terminaron demostrando su potencialidad.

Por Federico Bernal

La inclusión del petróleo en la disputa por las islas Malvinas no es algo nuevo. Entre 1974 y 1980 el precio internacional de la lana –principal sustento económico kelper y único producto de exportación– sufrió una caída histórica, deprimiendo el PBI de las islas en un 25 por ciento (Robert Laver. The Falklands/Malvinas Case, 2001). La situación socioeconómica se hizo insostenible. Gran Bretaña se vio entonces en la disyuntiva de ceder finalmente a los reclamos argentinos o bien intentar una urgente diversificación y modernización económica de las islas. El plan consistió en sustituir progresivamente la lana por otros recursos: los pesqueros, en el corto plazo, y los minerales e hidrocarburos, en el mediano y largo plazo.


A los efectos de relevar la riqueza natural del archipiélago, fundamental para el éxito del plan, Gran Bretaña envió a las islas entre 1975 y 1976 sendas misiones integradas por parlamentarios, geólogos y militares. Los resultados fueron esperanzadores. La estrategia de modernización económica –clave para retener las islas bajo dominio de la Corona– llevaba implícito colocar a la población de las islas en la mesa de negociación con la Argentina, violando la Resolución 2065 de la ONU, pues los principales interesados en la explotación de estos nuevos recursos serían los kelpers. Treinta y cinco años después, el plan británico de modernización socioeconómica de las islas está a un paso de concretarse.

Que hay petróleo en las Malvinas ya no es sorpresa para nadie. Sin embargo, cabe preguntarse en qué cantidad. Y para ello resulta clave conocer el precio mínimo del barril que viabilizará su explotación comercial y el tipo de crudo que se espera extraer. ¿Cuál es ese piso y cuál la calidad del crudo? Por debajo de una cotización internacional de 25 dólares/barril, según indicaron las mismas operadoras (Rockhopper-Interim Report 2008), la extracción del petróleo malvinense será inviable. Hoy el barril cotiza a 77 dólares y todas las proyecciones indican que se mantendrá en esos valores o incluso aumentará en los próximos años.



En cuanto a su calidad –y en principio sólo para la Cuenca Norte de Malvinas–, el pozo 14/10-1 perforado en 1998 por Shell probó la existencia de un crudo de tipo medio o 27º API (North Falkland Basin-Desire Report 2009). Tras conocerse esos datos, se encaró la primera fase exploratoria entre 1998-2001, de la que participaron Shell, Amerada Hess, Lasmo, Lundin, el Servicio Geológico de Gran Bretaña y el Servicio Geológico de Estados Unidos. La segunda fase exploratoria, entre 2001 y 2009, contó con las compañías británicas Borders and Southern Petroleum, Rockhopper Exploration, Desire Petroleum, Arcadia Petroleum y Argos Petroleum. Ahora, la australiana BHP Billiton y la kelper Falkland Oil and Gas Limited (FOGL) se aprestan a adentrarse en la última fase exploratoria, aquella que finalmente ratificará la potencialidad petrolera malvinense e inaugurará la tan preciada fase extractiva.

Según cálculos de las mismas operadoras, el potencial petrolero en el off-shore alrededor de las islas tendría un mínimo de 6525 millones de barriles de petróleo. De comprobarse estas reservas probables –equivalentes a unos 502.425 millones de dólares a 77 dólares/barril a la cotización de ayer–, el crudo malvinense más que triplicaría las reservas certificadas de nuestro país a diciembre de 2008 (1987 millones de barriles, según la Secretaría de Energía de la Nación).

Mientras tanto, los contratos por las áreas licitadas benefician desde hace años al gobierno kelper: 30.000 dólares por año de impuestos antes del descubrimiento. Una vez descubierto el crudo (comprobadas las reservas e iniciada la etapa de extracción), el gobierno isleño cobrará a las operadoras unos 375.000 dólares por año/área en producción, un 21 por ciento de impuestos corporativos (que luego de un año de contrato saltan al 26 por ciento) y un 9 por ciento de regalías sobre el total extraído.

La capacidad exploratoria off-shore total de las Malvinas viene dada por la superficie de las cuatro cuencas sedimentarias a su alrededor. Entre las cuatro, totalizan un área de aproximadamente 400.000 km2, más de treinta veces el tamaño de las islas Gran Malvina y Soledad juntas, casi dos veces y media la provincia de Córdoba y un 50 por ciento más grande que los campos petroleros británicos del Mar del Norte. De las cuatro cuencas, la menos costosa (por sus bajas profundidades y cercanía a las islas) y la de mayor potencial petrolero (3900 millones de barriles o un 60 por ciento de los volúmenes estimados camino a ser certificados) es la denominada Cuenca Norte. Dicha cuenca tiene una superficie de 50 kilómetros de ancho por 230 kilómetros de largo. Las cuencas al sur y al este, si bien muy prometedoras, están a mayores profundidades y las áreas licitadas más próximas a las islas se ubican recién a 150 kilómetros de distancia (contra unos 25 km para la Cuenca Norte).

¿Por qué tan lejos? ¿Obedece a una cuestión geológica? Según confirmó la ministra de Minería de las islas, Phyll Rendell, a este autor en 2004, se ha creado una suerte de área de exclusión al sur de las islas donde se prohíbe cualquier tarea de perforación. La razón es simple: en esa zona se registraron hundimientos de barcos británicos que se presumen contienen material nuclear bélico.

Entre las principales operadoras petroleras en Malvinas se destaca Desire Petroleum (1996), cuyo fundador, el diputado laborista Colin Phipps, participó de una de las misiones de mediados de la década del 70, como se dijo, con el objetivo de relevar la riqueza natural del archipiélago. Fallecido Colin en 2009, su hijo Stephen, de 52 años, se hizo cargo de la empresa, con el 13,38 por ciento de la participación accionaria. Stephen –ex corredor de las Bolsas de Londres y Nueva York durante veinte años– cuenta que su padre participó de la reunión de gabinete en la que Margaret Thatcher decidió declarar la guerra a la Argentina (UK News-9/12/09).

Con la plataforma semisumergible de tercera generación Ocean Guardian contratada por Desire para esta fase final, los primeros pozos habrán de perforarse en el área denominada Liz (92,5 por ciento Desire, y 7,5 por ciento Rockhopper), para luego avanzar bajo la operación de Rockhopper en las áreas Sea Lion y Ernest. En función de los resultados, se proseguirá con las restantes quince áreas de la Cuenca Norte. Los volúmenes técnicamente recuperables que podrían confirmarse en los próximos meses equivalen a lo que la Argentina extrae de crudo en ocho meses.

El inicio de esta última fase exploratoria tiene para la Argentina (y Unasur) no sólo implicancias geopolíticas (base militar de una potencia extranjera en territorio nacional) y políticas (el único enclave colonial del siglo XXI en actividad), sino y fundamentalmente económicas (las reservas probables en las islas equivalen a unos 502.425 millones de dólares) y energéticas (de certificarse esas reservas, el horizonte de vida de las reservas probadas en la Argentina pasarían de 6-7 años a unos 27). La iniciativa británica perjudica sobremanera la seguridad nacional, económica y energética del país.

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AFEP critica plazo en el que operará Comisión Valech-18-02-10

AFEP critica plazo en el que operará Comisión Valech

/ UPI

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se reunió esta mañana con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, expresó que si bien la reciente reapertura de la Comisión Valech fue una demanda permanente de la AFEP, reprochó que se le haya puesto un plazo de 6 meses para que se reúnan nuevos antecedentes “ya que el informe de Verdad y Reconciliación debería ser permanente”.

Lira manifestó su disconformidad a que nuevamente se califiquen a las víctimas y a los torturadores en el mismo informe “ya que ofende a la memoria de las víctimas” de la dictadura.

La dirigente realizó estas declaraciones tras reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica.

Lira comentó que “como agrupación expresamos nuestra preocupación a raíz de las fecha de términos de los procesos relacionados con las violaciones a los derechos humanos”.

La dirigente se manifestó satisfecha del encuentro sostenido con la máxima autoridad del Poder Judicial, aduciendo que “percibimos en él una real preocupación, asegurándonos que mantendrán a los ministros con dedicación exclusiva y que se llegará a la verdad en los temas pendiente relacionados con derechos humanos”.

LA NACIÓN

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miércoles, 17 de febrero de 2010

AFDD: “Deuda del Estado con víctimas aún no se ha saldado”--17-0210

AFDD: “Deuda del Estado con víctimas aún no se ha saldado”

Miércoles 17 de febrero de 2010

Tras la reapertura de la Comisión Valech, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, expresó este miércoles que la “deuda que tiene el Estado con las víctimas de torturas durante el régimen militar aún no se ha saldado”.

Esto respecto al período que dura la instancia encargada de recibir los testimonios de quienes padecieron vejámenes durante la dictadura y que reanudó sus funciones para garantizar que ninguna víctima quede sin reparación.

La dirigente expresó que “el Estado debería evidenciar estas intenciones con una responsabilidad política permanente en un ministerio, en la que se generará un espacio donde cualquier víctima o familiar pueda hacer la denuncia y ser reconocido como tal”.

Pizarro estimó que la Comisión Valech es una buena oportunidad para los que aún no han sido reconocidos como víctimas, pero para que funcione eficientemente, el Estado debe entregar orientación e información para que las personas puedan hacer sus denuncias sin problemas.

Además la presidenta de la AFDD, comentó que si bien se viene un “difícil” escenario a los Derechos Humanos debido al ingreso a la Presidencia “del mismo sector político que apoyó a la dictadura”, la organización no va a dejar de luchar por sus derechos, independiente de la llegada de Sebastián Piñera al poder.

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Comisión Valech AFDD reafirma que ‘la deuda que tiene el Estado con las víctimas de torturas aún no se aún no se ha saldado’-17-02-10

FDD reafirma que ‘la deuda que tiene el Estado con las víctimas de torturas aún no se ha saldado’

Lorena Pizarro estimó que la instancia es una buena oportunidad para los que aún no han sido reconocidos como víctimas, pero cree que para que funcione eficientemente, el Estado debe entregar orientación e información para que las personas puedan hacer sus denuncias sin problemas.

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  1. LONCON MELLADO LORENZO
  2. 18 de Febrero de 2010, a las 00:46 LONCON MELLADO LORENZO dijo:

    BICENTENARIO DD.HH:CONTRA GENOCIDIO, ECOCIDIO,CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, TERRORISMO DE ESTADO, GBI ETC.
    -DEMANDAMOS DE LOS ESTADOS COLONIALISTAS OCCIDENTALES EL ESTABLECIMIENTO DE:

    -TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL- TPI -TRIBUNAL CIVIL INTERNACIONAL – TCI
    GULU MAPU:KUPAL LONCÓN MELLADO LORENZO – PREPARACIÓN TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS TEMUKO- 08 –TEMUKO CRIMENES DE LESA HUMANIDAD = TERRORISMO ESTADO= INAMNISTIABLE E IMPRESCRIPTIBLE – PETU MONGUELEYIN – ¡¡MARICHI WEU!!

  3. LONCON MELLADO LORENZO 6
    18 de Febrero de 2010, a las 00:49 LONCON MELLADO LORENZO dijo:

    lunes 19 de octubre de 2009
    Los mapuches tienen apoyo de las FARC y relaciones con la ETA”, acusa Carlos Sapag, hermano del gobernador de Neuquén, y enciende la mecha-18-10-09

    Animos caldeados, acusaciones cruzadas

    http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2009/10/los-mapuches-tienen-apoyo-de-las-farc-y.html

    Expandir ↓
  4. LONCON MELLADO LORENZO 7
    18 de Febrero de 2010, a las 00:50 LONCON MELLADO LORENZO dijo:

    lunes 12 de octubre de 2009

    GBI=TERRORISMO MEDIATICO BINACIONAL-“A los mapuches los respaldan miembros de las FARC y terroristas de ETA.”-Sapag (hermano ex gobernador Neuquen)

    “INSOLITAS” ACUSACIONES DE LA SOCIEDAD RURAL CONTRA LOS MAPUCHES

    http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2009/10/gbiterrorismo-mediatico-binacional-los.html
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17 de Febrero de 2010

Tras reapertura de la Comisión Valech

AFDD reafirma que ‘la deuda que tiene el Estado con las víctimas de torturas aún no se ha saldado’

Lorena Pizarro estimó que la instancia es una buena oportunidad para los que aún no han sido reconocidos como víctimas, pero cree que para que funcione eficientemente, el Estado debe entregar orientación e información para que las personas puedan hacer sus denuncias sin problemas.

Tras la reapertura este miércoles de la Comisión Valech, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, expresó este miércoles que la deuda que tiene el Estado con las víctimas de torturas durante el régimen militar aún no se ha saldado.

Con respecto al período que dura la comisión, la dirigente expresó que “el Estado debería evidenciar estas intenciones con una responsabilidad política permanente en un ministerio, en la que se generará un espacio donde cualquier víctima o familiar pueda hacer la denuncia y ser reconocido como tal”.

Lorena Pizarro estimó que la Comisión Valech es una buena oportunidad para los que aún no han sido reconocidos como víctimas, pero para que funcione eficientemente, el Estado debe entregar orientación e información para que las personas puedan hacer sus denuncias sin problemas.

Además la presidenta de la AFDD, comentó que si bien se viene un ‘difícil’ escenario a los Derechos Humanos debido al ingreso a la Presidencia “del mismo sector político que apoyó a la dictadura”, la organización no va a dejar de luchar por sus derechos, independiente de la llegada de Sebastián Piñera al poder.

elmostrador

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Chile:Decreto y Ficha + Instructivo para presentar ante Comisión Prisión Política y Tortura

Compañeros - compañeras:

Remito decreto de creación recientemente promulgado, instructivo, ficha para completar y presentar antecedentes ante la Comisión sobre Prisión Política y Tortura que recientemente se ha constituido y que tiene un plazo de 6 meses para recepcionar antecedentes de personas que declaren haber sido objeto de torturas por razones políticas y prisión política durante los años que duró la dictadura (11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de1991).

Es importante que las personas llenen la ficha y realicen el trámite personalmente sea en Gobernaciones, Embajadas, Consulados o en el local donde sesionarán los comisionados en Santiago, ubicado la Galería Los Presidentes, Pasaje Philips N° 451, Piso 3, Metro Plaza de Armas, previo toma de hora al fono 800 411 400.

El decreto de creación incluye acoger a calificación los casos de prisión política y tortura y los casos de detención y desaparición forzada de personas y ejecutados políticos donde agentes del Estado estuvieron involucrados; para mayor información se adjunta link respectivos.

http://www.comisionvalech.gov.cl/frmPrisionPolitica.html
http://www.comisionvalech.gov.cl/frmDetenidoDesaparecido.html

Se solicita dar la máxima difusión.

Fraternalmente,

Juana Aguilera- Equipo de trabajo de la Comisión Etica Contra la Tortura
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Transcripción texto del Diario Oficial de la República de Chile

Sábado 13 de febrero 2010

MINISTERIO DEL INTERIOR

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

ESTABLECE COMISIÓN ASESORA PARA LA CALIFICACIÓN DE DETENIDOS DESAPARECIDOS, EJECUTADOS POLÍTICOS Y VÍCTIMAS DE PRISIÓN
POLÍTICA Y TORTURA ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 Y EL 10 DE MARZO DE 1990


Santiago, 27 de enero de 2010.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 43.- Vistos:Lo dispuesto en los artículos 6, 7, 32 N° 6 de la Constitución Política de la República; el DFL N°1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales dela Administración del Estado; la ley N° 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos; y el decreto supremo N° 1.040 del Ministerio del Interior, de fecha 26 de septiembre de 2003;

Considerando:

Que, la Ley Nº 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, establece en su artículo 3° transitorio que el Presidente de la República establecerá una Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, en adelante “la Comisión”.

Que, el artículo 3° transitorio de la ley 20.405, establece, en su inciso tercero, letra d) que la Comisión, en lo no regulado por la ley 20.405, se regirá por un reglamento interno, que deberá ser aprobado mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior, que deberá contar, además, con la firma del Ministro de Hacienda.

Decreto:

Título I
DE LA COMISIÓN Y SU OBJETIVO

Artículo 1°.- Créase, como un órgano asesor del Presidente de la República, una Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, en adelante “la Comisión”.

Artículo 2°.- El objetivo exclusivo de la Comisión será calificar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, a las siguientes personas:

a) Aquellas que, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas. En ningún caso la Comisión podrá calificar la situación de personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos. Las personas que hubiesen presentado sus antecedentes a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, que no hubieren sido calificadas favorablemente, podrán presentar su postulación nuevamente, si acompañan nuevos antecedentes.

b) Aquellas que, en el período señalado precedentemente, hubieren sido víctimas de desaparición forzada o correspondieren a ejecutados políticos, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio; como asimismo, los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos. Estas personas no podrán haber sido individualizadas en el Volumen Segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el decreto supremo Nº 355, de 1990, del Ministerio del Interior, ni por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley Nº 19.123, a menos que acompañen nuevos antecedentes.

Artículo 3°.- En el cumplimiento de su objetivo, la Comisión no podrá, de manera alguna, asumir funciones de carácter jurisdiccional y, en consecuencia, no podrá pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a la ley pudiere caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento.


Título II
DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, SU
CONFORMACIÓN Y FUNCIONES

De los integrantes de la Comisión y su conformación.

Artículo 4°.- La Comisión estará conformada por los mismos integrantes señalados en el decreto supremo Nº 1.040 de 2003, del Ministerio del Interior, esto es, por:

- Don Sergio Valech Aldunate, quien la presidirá;
- Don Miguel Luis Amunátegui Monckeberg;
- Don Luciano Foullioux Fernández;
- Don José Antonio Gómez Urrutia;
- Doña Elizabeth Lira Kornfeld;
- Doña María Luisa Sepúlveda Edwards;
- Don Lucas Sierra Iribarren, y
- Don Álvaro Varela Walker.

Artículo 5°.- En caso que una de las personas señaladas en el artículo anterior no quisiere o no pudiere asumir, su reemplazante será designado por el resto de los integrantes que hayan asumido sus funciones, con un quórum de dos tercios. La persona que no quiera o no pueda asumir como integrante de la Comisión deberá manifestar tal hecho por escrito, sin que sea necesaria expresión de causa. Se entenderá que la persona no quiere o no puede asumir como integrante de la Comisión si no se presenta a la primera sesión de conformación de la Comisión. Deberá dejarse constancia de este hecho en el acta de conformación.

Artículo 6°.- La Comisión deberá reunirse dentro de los 5 días siguientes contados desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. Se entenderá conformada la Comisión una vez reunidos los integrantes señalados en el artículo 4° o sus reemplazantes,
según el caso. La Comisión deberá dejar constancia en un acta de la conformación de la Comisión.

Artículo 7°.- Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a percibir una dieta de cuatro unidades tributarias mensuales por cada sesión a la que asistan, con un máximo por cada mes calendario de cinco sesiones mensuales.

Artículo 8°.- La Comisión tendrá una Vicepresidencia Ejecutiva, a cargo de María Luisa Sepúlveda Edwards. Corresponderá a la Presidencia de la República apoyar las funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva, para lo cual pondrá a su disposición el personal y los medios necesarios para el desarrollo de sus tareas. El Ministerio del Interior otorgará el apoyo técnico y administrativo que sea necesario para el desarrollo de sus funciones.

De las funciones de la Comisión

Artículo 9°.- La Comisión sesionará en forma ordinaria y extraordinaria. Son sesiones ordinarias aquellas que determine la Comisión para días y horas determinadas, en las cuales se tratarán todas las materias que el Presidente fije en la tabla respectiva, la que deberá ser comunicada a los miembros de la Comisión por lo menos con 24 horas de anticipación a la fecha de la sesión. Son sesiones extraordinarias aquellas en que la Comisión es convocada especialmente por su Presidente para conocer exclusivamente de aquellas materias que motivan la convocatoria. Ésta podrá ser a iniciativa del Presidente o a requerimiento escrito de tres miembros de la Comisión, a lo menos. La citación a sesión extraordinaria deberá hacerse con una anticipación no inferior a 48 horas y deberá contener expresamente las materias a tratarse en ella.

Artículo 10.- El Consejo sesionará con la mayoría de sus miembros en ejercicio y adoptará sus decisiones por la mayoría de los miembros presentes. Para los efectos de revocar acuerdos ya adoptados, se requerirá de un quórum mínimo de 5 integrantes. En caso de empate, el voto del Presidente será siempre dirimente. Cualquier miembro que tenga un voto disidente podrá solicitar que se deje constancia de éste en el acta de la respectiva sesión y, llegado el caso, en el informe final de la Comisión.

Artículo 11.- De cada sesión se levantará acta por el Secretario en la que se dejará constancia de los acuerdos adoptados y una somera relación de las materias tratadas. Una vez aprobada el acta, deberá ser firmada por los Consejeros asistentes a la sesión de que ésta trata y deberá ser guardada por el Secretario, con la debida reserva, manteniendo un archivo correlativo de las actas.

Artículo 12.- Será competencia de la Comisión:

1. Calificar la condición de las personas afectadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 2°.
2. Designar un Secretario Ejecutivo de la Comisión de entre el personal que la sirva.
3. Solicitar informes, documentos o antecedentes a las autoridades y servicios del Estado, a menos que genérica o específicamente hubiere delegado esta atribución.
4. Aprobar los comunicados públicos de la Comisión.
5. Encomendar a uno o más de sus miembros el cumplimiento de alguna determinada función o diligencia.
6. Conocer las demás materias que el Presidente incorpore de oficio o a solicitud de uno de sus integrantes a la tabla o a solicitud del Secretario, y ordenar la práctica de las diligencias que la Comisión estime pertinente.
7. Autorizar la constitución de la Comisión en regiones y el traslado y estadía de Comisionados y de profesionales.
8. Elaborar la nómina de calificados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.

De las funciones del Presidente de la Comisión

Artículo 13.- Serán atribuciones del Presidente:
1. Presidir las sesiones que la Comisión celebre y fijar su tabla.
2. Representar oficialmente a la Comisión ante cualquiera autoridad chilena o extranjera.
3. Convocar a la Comisión a sesiones extraordinarias.
4. Suscribir las comunicaciones que despache la Comisión en el cumplimiento de sus funciones a entidades públicas o privadas, pudiendo delegar esta atribución en la Vicepresidenta Ejecutiva o en otro miembro de la Comisión para que lo haga por orden suya.
5. Las demás que le confiera el presente decreto.

Artículo 14.- En caso de ausencia o impedimento temporal, el Presidente será subrogado por la Vicepresidenta Ejecutiva, doña María Luisa Sepúlveda Edwards. En caso de ausencia o impedimento temporal de ella, el orden de subrogación continuará alfabéticamente de acuerdo a los apellidos paternos de los demás integrantes de la Comisión.

De las funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva

Artículo 15.- Serán funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva.
1. Organizar y coordinar el trabajo de la Comisión, distribuyendo tareas entre sus miembros.
2. Dirigir al personal.
3. Delegar en quien estime conveniente alguna de sus funciones.
4. Mantener relaciones directas e inmediatas con el Ministerio del Interior y demás Servicios Públicos.
5. Administrar los fondos de la Comisión, sin perjuicio de entregar una cuenta mensual a su Presidente y a quienes se los hubiesen proporcionado.

Del Secretario Ejecutivo y sus funciones

Artículo 16.- Para su funcionamiento, la Comisión nombrará un Secretario Ejecutivo cuyas funciones serán:
1. Redactar las actas de las sesiones de la Comisión.
2. Adoptar, de oficio o a petición de parte, las medidas que estime adecuadas para garantizar el resguardo de la identidad de quienes proporcionen información o colaboren
en las tareas de la Comisión, reserva que, en ningún caso, alcanzará a los miembros de la Comisión.
3. Practicar las diligencias, actuaciones, estudios o informes que le hubieren sido encomendadas expresamente por la Comisión, ya sea en forma genérica o específica,
las que en ningún caso podrán recaer o referirse a las materias señaladas en el artículo 12.
4. Relatar los casos que sean presentados a la Comisión para su calificación, agruparlos y proponer una clasificación de los mismos.


Título III
DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN


Artículo 17.- Los interesados dispondrán de un plazo máximo de seis meses, contado desde la conformación de la Comisión, para presentar a ésta los antecedentes que acrediten su pretensión. La Comisión dispondrá del plazo de seis meses, contado desde el término del plazo a que se refiere el inciso anterior, para calificar a quienes hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas, conforme a lo señalado en la letra a) del artículo 2°. En el mismo plazo, deberá calificar a quienes hubieren sido víctimas de desaparición forzada o correspondieren a ejecutados políticos, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio; como asimismo, los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos, de acuerdo a lo señalado en la letra b) del artículo 2°.

Artículo 18.- La Comisión podrá realizar todas las actuaciones que estime pertinentes para los efectos de calificar a las personas señaladas en el artículo 2°, tales como recibir o
requerir de las agrupaciones de víctimas, de las organizaciones de defensa de derechos humanos y de asistencia humanitaria, y de organismos gubernamentales o no gubernamentales, los antecedentes que en su oportunidad pudieren haber reunido.
Los órganos de la Administración del Estado deberán prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus atribuciones, toda la colaboración que ésta solicite en el desarrollo de sus
labores, poner a su disposición los antecedentes que se les requieran y facilitar su acceso a todos los lugares que ella estime necesario visitar.

Artículo 19.- Todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá, de oficio o a petición de parte, adoptar medidas tendientes a garantizar la reserva de identidad de quienes le proporcionen antecedentes o colaboren en sus tareas.

Artículo 20.- Una vez concluida la labor de calificación, la Comisión deberá elaborar una nómina con los nombres de las personas calificadas de acuerdo a los incisos segundo y final del artículo 17.



Título IV
PRESUPUESTO


Artículo 21.- Los costos de traslado y estadía de los miembros de la Comisión originados por sus viajes a regiones, incluyendo pasajes, otros traslados, alimentación y alojamiento,
y los demás necesarios para realizar sus funciones, serán financiados con los recursos que se consulten en el presupuesto vigente de la Presidencia de la República.


Título V
DE LOS BENEFICIOS QUE OTORGA LA CALIFICACIÓN

Artículo 22.- La calificación que efectúe la Comisión otorgará los siguientes beneficios:
a) Las personas individualizadas en la nómina señalada en el artículo 20, referidas a las personas calificadas de acuerdo al inciso segundo del artículo 17, tendrán derecho
a los beneficios otorgados por la ley N° 19.992, en lo que resulte pertinente; y a los demás otorgados por la ley N° 20.405, en lo que resulte pertinente. Asimismo, será aplicable lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley N° 19.992.
b) Los familiares de las víctimas individualizadas en la nómina a que se refiere el artículo 20, respecto de las personas calificadas de acuerdo al inciso final del artículo 17, tendrán derecho, en lo que resulte pertinente, a los beneficios establecidos por el Título II y siguientes de la ley N° 19.123, resultando aplicable, además, lo dispuesto en el artículo quinto de la ley N° 19.980; y a los demás beneficios otorgados por la ley N° 20.405, en lo que resulte pertinente.


Título VI
DE LA DISOLUCIÓN DE LA COMISIÓN

Artículo 23.- Transcurrido el plazo indicado en el inciso segundo del artículo 17, la Comisión se disolverá automáticamente.

Tómese razón, comuníquese y publíquese.-

MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.-
Patricio Rosende Lynch, Ministro del Interior (S).- Andrés
Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Pamela Figueroa Rubio, Subsecretaria del Interior Subrogante.

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Hugo Gutiérrez lamentó que reapertura de comisión Valech sea "apéndice" al Instituto de DD.HH.---17-02-10

Hugo Gutiérrez lamentó que reapertura de comisión Valech sea "apéndice" al Instituto de DD.HH.

Pese a celebrar la reapertura de la comisión Valech, que se concreta este miércoles, el abogado y diputado electo Hugo Gutiérrez, lamentó que esta medida vaya ligada a la creación del Instituto de Derechos Humanos.

"Creemos que el Instituto debió haber seguido por su cuerda separada y que aquí en Chile debió haber existido una ley de reparación para la prisión política, la tortura, la desaparición forzada y que no debió haberse puesto como un apéndice a la creación del Instituto", afirmó el jurista.

A pesar de ello, Gutiérrez señaló que "lo significativo de la reapertura es que se va a poder cuantificar de manera correcta el número de personas que fue víctima".

Por su parte, el ministro José Antonio Viera-Gallo destacó que hay beneficios a los cuales optar en caso de calificar dentro de la lista, como lo establece la ley, la que dio creación también al Instituto de Derechos Humanos, el cual "tendrá su primera asamblea la primera quincena de marzo".

La comisión tiene seis meses para recibir los antecedentes y otros seis para analizarlos y estará compuesta, entre otros, por el obispo Sergio Valech, María Luisa Sepúlveda, el abogado Alvaro Varela y el senador y ex ministro de Justicia José Antonio Gómez.

En la práctica, también se abre la comisión Rettig, ya que podría engrosar su lista de nombres, al atender casos de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no aparecen en ella.

cooperativa

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Miércoles 17 Febrero 2010 | 14:32

Diputado electo Hugo Gutiérrez confía en que nuevas autoridades asuman relevancia histórica de los DD.HH

Publicado por Gabriela Ulloa • La información es de Agencia UP

El abogado y actual diputado electo Hugo Gutiérrez (PC) se manifestó este miércoles confiado en que el nuevo gobierno asuma la relevancia histórica que implica para el país el tema de los DD.HH, al reanudarse el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial en la recopilación de casos de víctimas del régimen militar que no figuran en los informes de las comisiones Rettig y Valech.

El jurista dijo a Agencia UPI que esta es la oportunidad de poder cuantificar de forma correcta el número de personas que fue víctima de las políticas represivas de la dictadura (1973-1990).

“Espero y confío plenamente en que esta buena noticia, como lo es el trabajo que se emprende para conocer a las victimas de detenciones, políticas represivas, violencia y la tortura durante la dictadura de (Augusto) Pinochet. Es una buena noticia para miles personas que no pudieron calificar cuando estuvieron operando las comisiones Rettig y Valech, incluso victimas fatales recientemente identificadas que dan cuenta de la represión aplicada durante la dictadura”, declaró el futuro legislador.

Gutiérrez expresó su confianza en que las autoridades que asumen el 11 de marzo “no sean una cortapisa para promover y reparar a los afectados por violaciones a los derechos humanos”.

Hasta el 17 de agosto, se recibirán los testimonios, y luego, habrá otros seis meses para calificar los casos.

Durante este proceso, las personas que tengan los requisitos pueden acercarse para dar a conocer su situación, tras lo cual se determinará si pueden o no optar a los beneficios que establece la ley.

Las denuncias se recibirán en el pasaje Phillips 451, a un costado de la Plaza de Armas.

radiobiobio
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Las FF.AA. = FASCISTAS de Bolivia impiden a un fiscal acceder a los archivos sobre desaparecidos. La Paz, 17 -02-10

Las FF.AA. de Bolivia impiden a un fiscal acceder a los archivos sobre desaparecidos

La Paz, 17 feb (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Bolivia impidieron hoy a un fiscal acceder a sus archivos para esclarecer las desapariciones en la dictadura de Luis García Meza (1980-1981), pese a que el Gobierno de Evo Morales anticipó esta semana que los militares iban a cooperar en la investigación.

Como estaba anunciado, el fiscal Milton Mendoza ingresó hoy a las 09.30 hora local (13.30 GMT) al archivo del Estado Mayor del Ejército y una hora después salió de las instalaciones castrenses denunciando "una obstaculización al proceso de investigación".

Según Mendoza, la cúpula militar explicó que la documentación desclasificada sobre esos casos de desaparecidos se entregará a un juez a finales de febrero, pero no a la Fiscalía.

El fiscal calificó la decisión de "despropósito" porque existe una orden judicial para que el Ministerio Público reciba esa información.

Ante la imposibilidad de acceder a los archivos militares, el fiscal Mendoza anunció que evaluará si los jefes de las Fuerzas Armadas pueden ser demandados penalmente por incumplir la citada orden judicial.

El propósito de esta investigación es esclarecer la desaparición de varios bolivianos en la dictadura de García Meza, entre ellos, el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.

La defensora del Pueblo, Rielma Mencias, dijo estar "muy molesta" con la actitud de los militares quienes, a su juicio, no tienen por qué negar el acceso del fiscal Mendoza a los archivos de las FF.AA.

"Sabemos que hay una deuda histórica y las Fuerzas Armadas tienen mucho que decir (...) y no tendrían por qué negar la posibilidad de que el fiscal pueda revisar archivos e identificar elementos que le sirvan para su investigación", dijo Mencias a los periodistas.

Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, reiteró hoy, antes de la visita del fiscal a los archivos militares, que las Fuerzas Armadas habían recibido la orden judicial "y con el espíritu democrático" no iban a poner ninguna objeción a que se cumpla la norma.

"En la ley orgánica se prevé que se pueda acceder a información confidencial (...) siempre y cuando exista una orden judicial. En este caso existe la orden judicial", dijo el ministro Saavedra.

Quiroga Santa Cruz y otros dirigentes de izquierda fueron asesinados y desaparecidos en julio de 1980 cuando se produjo el golpe de Estado de García Meza, quien está preso desde hace trece años en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro del departamento de La Paz con una pena de 30 años por los delitos de la dictadura.

A la misma prisión ingresó en agosto pasado el que fue su ministro de Gobierno (Interior), Luis Arce Gómez, entregado a las autoridades bolivianas por EE.UU.

Según la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Democracia (Asofamd), hay 156 denuncias registradas por la organización respecto a personas desaparecidas en las dictaduras de las décadas de 1960, 1970 y 1980.

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DE ZAPALA AL MUNDO-Carlos Natalio Sapag -mapuches ETA -FARC ----07-10-10

miércoles 7 de octubre de 2009

DE ZAPALA AL MUNDO


Carlos Natalio Sapag, hermano del gobernador y empresario, afirmó en declaraciones reproducidas días atrás por los diarios regionales y algunas emisoras locales, que "los dirigentes que encabezan este tipo de maniobras (por la ocupación de tierras) están respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA que se encuentran ocultos en la Novena Región de Chile"."Sabemos que en la Novena Región de Chile hay gente escondida que pertenece a las FARC y a ETA que se relacionan con algunos dirigentes mapuches para instalar la anarquía total en Neuquén", expresó. Las repercusiones de esos dichos se sucedieron desde diversos sectores, comenzando por los principales implicados. El dirigente de la Confederación Mapuche de Neuquén, Lorenzo Loncón, le envió una carta documento reclamándole que ratifique o rectifique las denuncias "vinculándonos con grupos armados o guerrilleros". El representante de la Confederación, le expresó que "sus palabras son un incitación a la violencia racial y lo hacemos responsable de cualquier acto de violencia que atente contra miembros o autoridades del pueblo mapuche". “Entendemos su preocupación ante el estado de movilización de las comunidades porque estas han llegado al límite de su capacidad de tolerancia ante la falta de tierras y de condiciones de tener una vida digna que los libere del clientelismo del estado que ha denigrado y manoseado su estado de pobreza", expresó Loncón."Es intolerable que pretenda que el Estado sea administrado como una estancia, donde se reprime al peón que se rebela", le dijeron al hermano del gobernador. "Un sector de la sociedad neuquina se imagina un Neuquén sin demanda social, con mapuches callados y mendigantes que sólo se los descubra en los himnos o el folklore local. A estos se los respeta y reconoce", dice la dura misiva. (Río Negro) Por su parte la delegada en Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, informó que elevó un informe al titular de la cartera, Eduardo Luis Duhalde, debido "a la gravedad" de las expresiones del empresario Sapag. "La semana próxima viajaré a Buenos Aires para reunirme con Duhalde porque es un tema serio, son expresiones muy graves", aseguró. Fueron muchos más quienes se expresaron en la región, pero el tema cruzó las fronteras y los dichos de Sapag merecieron notas periodísticas en diarios como El Espectador de Colombia y el prestigioso diario El Mundo de España. Este último dijo que “En el territorio de Neuquén la población está dividida. Mientras que por el pequeño poblado de Alumine marchan los ganaderos y empresarios que acusan a los mapuches de "terroristas", en la capital, Neuquén, las calles centrales han sido ocupadas por grupos en defensa de los derechos aborígenes. La Confederación Mapuche, agrupaciones sociales, sindicales y de derechos humanos se han unido en un intento por desmentir los rumores acerca de la creación de una organización guerrillera.El último escándalo lo ha desatado el empresario Carlos Sapag, hermano de quien fue durante varios años gobernador de Neuquén, y uno de los mayores propietarios de tierras de dicha provincia, cuando dijo que los Mapuche han instaurado "un régimen de terror e inseguridad" en la provincia”, finaliza diciendo El Mundo, de España.

Presentación en la Legislatura

El Diputado Radical José Luís Saez, presento ante la Honorable Legislatura un Proyecto de Declaración, solicitando al Fiscal Federal en turno, con competencia en la Provincia del Neuquén, inicie con carácter de urgente una minuciosa investigación en relación a las denuncias públicas vinculadas a la toma de tierras y la infiltración de grupos armados desde el país vecino. En el mismo proyecto solicitó al Gobernador instruya al Fiscal de Estado para que se interiorice en el tema y actúe en consecuencia.- Entre los fundamentos del proyecto el legislador sostuvo “...los conflictos de tierras con las comunidades mapuches en la Provincia del Neuquén no son recientes...desde el Poder Ejecutivo Provincial se viene prometiendo la regularización, mediante las mensuras y entrega de títulos de las tierras que ocupan estas comunidades...”; recordó que “...oportunamente presenté un proyecto de declaración para cambiar la dependencia funcional de la Dirección Provincial de Tierras a la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y se comience con la regularización de las mismas...”. Siguiendo con la línea argumental, planteo “...la situación tiene un componente extremo que agrava aún más el problema, nos encontramos con una decisión por parte de algunos sectores de las comunidades aborígenes dispuesta a llevar adelante acciones que atentan con la legalidad...”. Finalmente resaltó “...surge de las denuncias públicas efectuadas, que la toma de tierras responde a un plan y una estrategia con un fuerte componente ideológico y sustentado desde el exterior, con un problema difícil de dimensionar y que atenta contra la soberanía y seguridad nacional por lo que amerita tomar cartas en el asunto y actuar en consecuencia...” El Diputado zapalino, espera que el oficialismo provincial reflexione sobre la gravedad de las denuncias públicas, y permita el tratamiento del proyecto a la mayor brevedad para poder comenzar a buscar una solución antes de que sea demasiado tarde.

elmangrullozapala.blogspot.com
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Siguen los asesinatos de miembros de la resistencia en Honduras 16 Febrero 2010

Siguen los asesinatos de miembros de la resistencia en Honduras

16 Febrero 2010

Siguen los asesinatos de miembros de la resistencia hondureña, de acuerdo con una denuncia que un asiduo colaborador de Cubadebate nos hizo llegar a la redacción.

“Hace aproximadamente dos horas asesinaron al dirigente obrero Julio Benítez en la colonia Brisas de Olancho, de Tegucigalpa. Aparentemente le dispararon varios balazos en la cabeza. Fueron varios sicarios a bordo de motocicletas y un taxi”, dice el comunicado urgente.

Añade que “quieren crear terror y miedo entre los miembros de la Resistencia, más no saben que con estos actos lo único que causan es cólera y repudio en contra de este gobierno de títeres y asesinos”.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) también emitió el siguiente comunicado:

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, con suma preocupación se dirige a la comunidad nacional e internacional denunciando y repudiando el allanamiento ilegal a la residencia del dirigente social Porfirio Ponce, Vicepresidente de la Junta Directiva Central del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares STIBYS, sindicato base del Frente Nacional de Resistencia Popular, hechos que colocan en alto riesgo la vida e integridad del dirigente y su familia

El jueves 11 de febrero de 2010, a las 4:40 p.m., sujetos desconocidos que mostraban destreza y agilidad violaron la seguridad de la casa de habitación de Porfirio Ponce, ubicada en la ciudad de Tegucigalpa, minutos después que su esposa y sus tres hijos habían salido de la residencia. Los vecinos de Porfirio Ponce alertaron a la policía cuando observaron que las puertas y balcones estaban violentadas. La policía, a pesar de tener una de sus delegaciones a pocas cuadras, tardó media hora en presentarse.

Los sujetos registraron toda la casa incluyendo las habitaciones de los menores y los gaveteros de la familia. Los individuos dejaron sangre en las gavetas, interruptores de energía eléctrica y en la cama del matrimonio. A pesar que en la casa había otros objetos de valor solo se llevaron una computadora que el Sindicato le ha asignado a Ponce.

Este tipo de hechos tiene un efecto amedrentador sobre la familia y la sociedad, pues genera inseguridad; “si el domicilio no es seguro, ya no hay un solo sitio seguro”. La inexistencia de investigaciones efectivas e imparciales y la falta de sanción penal para los autores multiplican la vocación de los criminales que desde el estado se ven arropados con el manto de la impunidad.

Antecedentes.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares STIBYS, constantemente ha sido objeto de persecución e intimidación, situación que se agudizó desde el 28 de junio de 2009.

El 26 de julio de 2009, a las 12: 00 meridiano una granada de fragmentación explotó en el interior de las instalaciones. Un miembro de la Resistencia que salía de las oficinas ese mismo día, fue atacado con balas de goma.

En el mes de agosto sujetos desconocidos dispararon contra las instalaciones físicas. Tres disparos impactaron en las ventanas del salón de sesiones.

El 11 de agosto las principales entradas al Sindicato fueron militarizadas, un contingente de soldados en comandos y tanquetas fueron apostados desde las cuatro de la tarde hasta el día 12 de agosto, impidiendo que las caravanas de la resistencia que se concentraba en Tegucigalpa arribaran a esta sede que estaba siendo utilizada como centro de alojamiento. Tres personas que ingresaron a las instalaciones fueron detenidas y acusadas de robo e incendio agravado.

El 28 de noviembre el ejército volvió a militarizar las instalaciones y una tanqueta militar provista de un cañón de largo alcance fue apostada en su entrada principal.

Contexto

A partir de 27 de enero de 2010 , se observa un giro en las forma de ataque a los miembros de la resistencia y activistas sociales, se utiliza el modus operandis de la delincuencia común, secuestran, asaltan residencias y atacan a sus víctimas en la calle.

En el último mes el Cofadeh ha registrado tres atentados contra personas, nueve secuestros, dos violaciones sexuales contra mujeres y la muerte violenta de tres personas, entre ellas dos sindicalistas, Vanesa Zepeda del Sitraihss y Julio Fúnez Benítez del Sitrasanaa , ambos miembros activos de la resistencia. Así como allanamientos ilegales dirigidos por la policía a ciudadanos identificados con la resistencia en los diferentes barrios y localidades del país. 53 personas han sido detenidas por la policía preventiva, bajo el argumento que se trata de una consigna, el común denominador de los interrogatorios a los detenidos es la indagación sobre armas y dinero.

Petición

El efecto negativo de hechos como el denunciado solamente puede ser impedido mediante la voluntad manifiesta del Estado de sancionar a los responsables y de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente de los activistas sociales que coadyuvan al respeto de los derechos humanos.

El Cofadeh solicita a la comunidad internacional y nacional exigir al Estado de Honduras tome las medidas necesarias para garantizar que el allanamiento al domicilio de Porfirio Ponce, no quede impune y disponga de mecanismos efectivos para proteger la vida y la integridad del dirigente sindical Porfirio Ponce y su familia. De igual forma garantice la protección efectiva a todos los activistas sociales y garantice el derecho a defender los derechos humanos universalmente reconocido, como lo establece la Declaración Universal de los Defensores de las Naciones Unidas, aprobada en 1998 y las Resoluciones de la OEA de 1999 y 2000.

Acciones recomendadas:

En relación con los hechos solicitamos dirigirse al Estado de Honduras exigiendo:

* Un investigación exhaustiva e imparcial de los hechos y hacer públicos los resultados.
* Tomar medidas inmediatas para garantizar la vida e integridad de Porfirio Ponce y su familia.
* Garantizar que los miembros de la organización sindical a la que pertenece Porfirio Ponce puede llevar a cabo su trabajo de defensa de los derechos humanos sin temer por su seguridad, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Honduras en virtud de la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, y en virtud también de la resolución de junio de 2004 de la Organización de los Estados Americanos sobre defensores y defensoras de los derechos humanos.

Sus llamados hacerlos llegar a:

Abogado Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República
Edificio Ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras
lrubi@mp.hn
gsuazo@mp.hn

Abogado Jorge Rivera
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Edificio Corte Suprema de Justicia
Tegucigalpa, Honduras
mlanda@poderjudicial.gob.hn
presidencia@poderjudicial.gob.hn

Con copia a:
mail@cofadeh.org
defensoresenlineacofadeh@gmail.com
stibys@reytelhn.com

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