Las comunidades tienen el derecho de regresar al territorio de su pueblo
Fernando Kosovsky integra el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT) y asumió el patrocinio del “Lof Inkayal Walmapu Mew”. Antes de llevar a cabo su acción, la comunidad había hecho presentaciones en la APN y el INAI. El abogado del “Lof Inkayal Walmapu Mew” señaló además que retornar es un derecho que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le reconoce a los pueblos indígenas. La Argentina hizo operativos esos derechos a través de la Ley 24.071, en plena vigencia.
Por Adrián Moyano / Foto: Avkin Pivke Mapu
La comunidad mapuche que se instaló en Ñirihuau Arriba había realizado sendas presentaciones antes de ingresar al predio en la sede capitalina de la Administración de Parques Nacionales (APN) y también en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El abogado del “lof Inkayal Walmapu Mew” señaló además que retornar es un derecho que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le reconoce a los pueblos indígenas. La Argentina hizo operativos esos derecho a través de la Ley 24.071, en plena vigencia.
Fernando Kosovsky pertenece al Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT) y asumió el patrocinio jurídico de los mapuches que recuperaron un espacio territorial en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH). La estrategia consiste en “promover el respeto del Estado a los derechos que los pueblos tienen para concretar estas acciones. Lo hemos traducido en la práctica en una presentación que se ha realizado el viernes, previa a que se concretase la recuperación, donde le pedíamos a la APN y al INAI que reconociesen al lof (comunidad) Inkayal Walmapu Mew como parte integrante del pueblo mapuche, con derecho a reivindicar y ser reconocida como poseedora comunitaria de esas tierras que tradicionalmente ocupa”.
Kosovsky polemizó con los dichos que diera a conocer Juan Salguero, el intendente del PNNH. “Según los comentarios que ha realizado el intendente del Parque, evidentemente ignoraba que hay una reivindicación formal y escrita, seguramente por la incomunicación que existe en la burocracia del organismo, que depende de la Secretaría de Turismo de la Nación. Además, el derecho a regresar está consagrado en el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, que permite a los pueblos retornar a los lugares que ocuparon tradicionalmente. No habla de personas o de comunidades, habla de pueblos”, subrayó el abogado.
A propósito, recomendó “tener en cuenta la historia de estas personas, que está muy bien explicada en sus propias palabras. Nosotros siempre tratamos que la gente y las familias puedan plasmar sus historias y trayectos de vida para que el Estado pueda entender la situación de despojo que él mismo promovió, en este caso, en las familias que integran el lof Inkayal Walmapu Mew. En algunos casos, fue el ejecutor de algunos despojos territoriales y eso determinó que las personas que hoy lo integran, terminasen radicándose en barrios periféricos de San Carlos de Bariloche, pero nunca abdicaron de su identidad perteneciente al pueblo originario. Tampoco de su derecho de retornar al territorio de su pueblo, por eso es muy interesante destacar que la reivindicación no se limita a que los reconozcan a ellos como comunidad, sino que se reconozca que ese lugar es territorio mapuche”.
Estrategia violatoria
El integrante del GAJAT sostuvo que “la estrategia del intendente es manifiestamente violatoria de los derechos del pueblo mapuche, ha sido salir a individualizar el conflicto, inclusive con el reconocimiento de un poblador. Por más años que tenga el Parque Nacional, la existencia del Parque en sí es violatoria del derecho del pueblo a ser titular de ese territorio. Será el pueblo en un trawün o asamblea, de acuerdo a la cultura propia de ese pueblo, la que determine la forma de ocupación de ese lugar. El Estado tendrá que abstenerse de afectar el derecho de ocuparlo. En forma tradicional significa que no interesa cuanto tiempo haya transcurrido de esa ocupación, sino que reproduzca la forma y los valores propios de esta cultura diferente y preexistente, que es la cultura del pueblo mapuche. Eso es lo que está sucediendo en el Parque Nacional Nahuel Huapi”, insistió Kosovsky.
Por otro lado, según el relato del abogado, la “visita” de los guarda-parques no fue precisamente cordial. “El Estado no sólo tiene la obligación de respetar esa ocupación tradicional, sino que tiene que protegerla de la afectación de terceros y de propios. Este fin de semana, dos guarda-parques se presentaron en un vehículo a toda velocidad, asustando a los niños de la comunidad y amedrentando a algunos integrantes. Pretendieron identificarlos en forma prepotente y un chico entró en pánico en ese momento, entonces les pidieron si se podían encontrar no en el lugar donde están asentadas las personas, que es su domicilio por más precario que fuese, sino en la seccional, que es a muy pocos metros para poder dialogar, conversar tranquilos y explicar que había habido una recuperación. Pero estas personas no querían retirarse y se dio una situación bastante tensa”.
Para el abogado, se trata de un caso de doble rasero. “Ese tipo de presencia es el signo de los tiempos: en el discurso y en las proclamas que hace el organismo de Parques Nacionales, se habla del respeto a los pueblos originarios pero en la práctica, vemos que su personal no está capacitado e ignora los derechos que tienen hoy los pueblos. También ignora la carga simbólica que significa presentarse con un uniforme y entrar a toda velocidad, atropellando un lugar donde viven familias y hay niños, para esas familias que han sido despojadas justamente, en gran medida por Parques Nacionales. Hoy, los guarda-parques representan para gran cantidad de familias de pueblos originarios, al opresor. Esa figura tiene que ser asumida por el Estado, porque es lo que ha asumido en 1994, con la reparación histórica. Debe revertir esa historia a través del respeto”, sugirió.
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