Desde hace unos 15 años el Estado chileno comenzó a utilizar contra el pueblo mapuche leyes tales como la 12.927, llamada Ley de Seguridad Interior del Estado, hasta llegar a la aplicación de la denominada Ley Antiterrorista.
Desde entonces, alrededor de 300 mapuches -hombres, mujeres y ancianos- han pasado por diversas cárceles chilenas. Más de 10 ministros especiales, 9 fiscalías militares, se han encargado de investigar acciones de protesta social indígena enmarcada en un conflicto que se agudiza año a año, y donde el reclamo por el territorio usurpado a las comunidades sigue siendo el factor principal de confrontación.
La cifra total de personas sometidas a proceso en el mismo período se eleva por sobre las 500. Y, en la actualidad, alrededor de 150 personas se encuentran sometidas a procesos por tribunales civiles y fiscalías militares por su participación en movilizaciones, ya sea en zonas urbanas y rurales. A esta cifra se suman órdenes de detención vigente contra una veintena de comuneros, además de 15 presos recluidos en las cárceles de Traiguén, Lebu, Temuco, Lautaro y Angol. Condenados, en su mayoría, por la ley Nº 18.314, sobre conductas terroristas.
En este país, la acción del pueblo indígena para recuperar su tierra ha sido denominada “acción terrorista”.
Durante el año que terminó, nuestra preocupación, así como la de muchas organizaciones y personas en Chile y del mundo, ha estado centrada en la acusación que afecta a Juan y Jaime Marileo, Patricia Troncoso, José Huenchunao, Juan Ciriaco Millacheo, quienes fueron condenados a 10 años y un día por el caso Poluco Pidenco.
Un incendio de bosques de la empresa forestal Mininco, ocurrido en diciembre del 2001, por la cual, a pesar de que no hubo víctimas fatales, se le aplicó la ley antiterrorista, lo que elevó gravemente las condenas en relación a lo que les habría correspondido por ser procesados por un delito común. En este proceso se utilizaron los llamados “testigos sin rostros” para obtener testimonios de culpabilidad, y en que también se les condenó al pago de una indemnización de casi 425 millones de pesos, poco menos de un millón de dólares actuales.
Chile ha sido condenado por la Comisión, Económica y Social de las Naciones Unidas, por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través del informe de Rodolfo Stabenhave, que señala claramente que la aplicación de la ley antiterrorista es una violación a la legislación internacional, violación que sigue latente y flagrante, hoy día, tras la condena a estos diez años a este grupo de mapuches.
Quienes están detenidos por este caso -luego de haber sido rechazados en el Senado un proyecto de ley que presenté junto a los senadores Guido Girardi y Juan Pablo Letelier, en mayo de 2006, y que buscaba se concediera la libertad condicional a los condenados por conductas terroristas y otros delitos, por causas relacionadas con reivindicaciones violentas de derechos consagrados en la ley Nº 19.253 o Ley Indígena- optaron, a partir del 10 de octubre del año 2007, llevar adelante una huelga de hambre indefinida, hasta las últimas consecuencias, como medida de presión por sus demandas.
Al cabo ya de 80 días de huelga de hambre, Patricia Troncoso aún permanece en huelga y es trasladada periódicamente desde la cárcel de Angol al hospital. Está sometida a un régimen de aplicación de suero. Está en una huelga de hambre líquida y tengo la convicción de que de no mediar una pronta reacción del Gobierno, Patricia puede fallecer.
Creo que el karma que significa para el Estado de Chile, para la Presidenta Bachelet, para el parlamento, para la ciudadanía, que una persona deba morir por su convicción en torno a la aplicación de una ley que ha sido condenada por organismos internacionales, que en todo su proceso ha sido cuestionada por multitud de juristas chilenos que han señalado que su aplicación fue indebida. Un error, por cierto, de los Gobiernos de la Concertación, en particular, y debo decirlo, a pesar del extenso afecto que le tengo, del Presidente Ricardo Lagos.
La aplicación de la Ley Antiterrorista, en estos casos, jamás debió haber sido empleada. Creo que cometimos un error grave al ampliar y duplicar las penas en torno a una situación que es por todos conocida. En Chile, pedófilos y asesinos, que hoy día circulan por las calles, tienen penas de cinco años. Los mapuches, por quemar un bosque, sin que haya un costo de vidas humanas, ni un costo, ni una sola persona ni animal muerto, tienen diez años y están pagando con cárcel en Angol, en Traiguén, en Temuco.
Patricia Troncoso, como Héctor Llaitul decidieron continuar el ayuno. Héctor Llaitul lo ha bajado hace algunos días. Continúa solo Patricia.
La pregunta que nos hacemos: ¿es necesario que Patricia Troncoso deba morir? ¿Es necesario que se la someta a un suicidio voluntario para poder establecer claramente que la ley que se le ha aplicado es una ley injusta, arbitraria, y por la cual Chile ha sido condenado, llamado de atención por los organismos internacionales?
Cierto que esto puede provocar un daño profundo, tremendo a la imagen de la Presidenta. Cierto que quienes han rodeado, su equipo de asesores, no se han dado cuenta de lo grave y profundo del drama.
Chile es el único país en América Latina que no reconoce institucionalmente a los indígenas. No hay otra nación en América que no tenga en su Constitución el reconocimiento a los indígenas. Y no hay otra nación en América que no haya firmado el tratado, el Convenio 169 de la OIT, que ratifica derechos indígenas. O sea, Chile es único: no reconoce absolutamente ningún derecho en materia internacional a los pueblos originarios.
Y quiero decir que en materias internas, claramente presta mayor atención a las empresas forestales que han usurpado por décadas los terrenos y territorios indígenas, que especialmente a las propias comunidades.
Esta es una situación que va a traer efectivamente noches muy negras y mucho desagrado para el Gobierno.
Yo quiero señalar que la indolencia que he observado respecto de este proceso no hace sino confirmar mi convicción del agotamiento de la Concertación. Del agotamiento frente a los temas que son sensibles para la ciudadanía y que, en definitiva, en muchos casos, ya da exactamente lo mismo ser de Derecha o ser de la Concertación.
Frente a estos temas, muchos de la Concertación se han comportado tales como los dueños de forestales; como los gerentes generales de Mininco; como agentes de la CORMA, que frente a estos temas, por cierto, prefieren cuidar el árbol y no la vida de las personas. Prefieren negar el hecho que han ocupado, como lo estableció la Comisión Histórica de Verdad y Justicia -que el Presidente Aylwin mandató y se constituyó- que al menos el 25 por ciento de los territorios hoy día en disputa en las zonas indígenas fueron usurpadas de manera ilegal. Ahí está la Comisión de Verdad Histórica.
Es por eso, que es oportuno y necesario recordar que el propio Gobierno envió a trámite legislativo el boletín 4298-07, con fecha 5 de junio del 2006, para excluir de la ley antiterrorista los delitos contra la propiedad. La aprobación de este proyecto de ley del Gobierno beneficiaría a los presos mapuches por la rebaja de penas. Es retroactiva, de acuerdo al artículo 18 del Código Penal. Por lo tanto, disminuirían las penas, lo que posibilitaría que ellos accedieran a beneficios carcelarios.
En razón de esto, le hemos enviado una carta a la Presidenta de la República para que pueda dar urgencia al proyecto. Aún no tenemos respuesta.
A su vez, solicité a la Organización de Estados Americanos (OEA) y, particularmente, a su Secretario General, José Miguel Inzulsa, el envío de un relator especial, tal como lo establecen los estatutos de la OEA, para tratar los asuntos indígenas en Chile, asuntos que el Estado chileno no ha podido resolver.
http://www.senado.cl/blog/anavarro/?p=36#more-36
*
*
*
*
.jpg)
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario