Asesor clave para transparencia y probidad está vinculado al caso EFE - 20-11-08

20 de Noviembre de 2008

Carlos Bascuñán, yerno de Patricio Aylwin

Asesor clave para transparencia y probidad está vinculado al caso EFE

DC ENTREGANDO GOBIERNO A PIÑERA

La contratación del historiador DC para “manejo y gestión documental”, hecha por la comisión que implementa la Ley de Transparencia, fue tema de debate dentro de la Segpres. Su nombre, que apareció en la investigación por las irregularidades en Ferrocarriles, los llevó a plantearse los problemas de imagen que traería a una institucionalidad nacida de un caso de corrupción y captura partidista del Estado. Esto se suma a los trascendidos de que se aplazaría la entrada en vigencia de la norma, y a las críticas por la conformación del propio Consejo para la Transparencia a partir de una lógica de cuoteo político.

La opacidad y el cuoteo rondan al Consejo de Transparencia (22 de septiembre de 2008)


Por Pablo Basadre

Hace unas semanas, en una reunión de trabajo de la Comisión Asesora Ministerial para la Probidad y la Transparencia, que depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y que dirige el subsecretario de la cartera Edgardo Riveros (DC), se analizó el flanco comunicacional que podría abrir la contratación del historiador DC Carlos Bascuñán, marido de Mariana Aylwin, para asesorar la puesta en marcha de la nueva ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. Esta comenzaría a regir en abril próximo y, en palabras de la Presidenta Bachelet, representa un gran cambio cultural en la relación de los ciudadanos con el Estado.

La mayor preocupación en la Segpres es que el nombre de Bascuñan fue mencionado en la investigación que instruye el ministro en visita Omar Astudillo por las graves irregularidades en la estatal EFE. El cuestionamiento a Bascuñan en ese caso es producto de la asesoría que realizó entre el 2004 y el 2006 a Ferrocarriles, donde recibió un pago de $50 millones por la organización de documentos de la empresa y su traslado a una bodega adecuada para su conservación.

Si bien el trabajo de Bascuñán forma parte de su expertise profesional, lo que llevó al juez a indagar esta arista fue un hecho que según un testigo de la causa había sido irregular: en la contratación de los servicios de Bascuñán se habrían pasado por alto las disposiciones que obligan a contar con tres cotizaciones antes de formalizar una relación comercial en contratos con el Estado. Según versiones judiciales, a esto se sumarían las discordancias que detectó el magistrado entre las declaraciones que tomó al ex presidente de EFE, el también DC Luis Ajenjo, amigo de Bascuñan y cuñado de la senadora Soledad Alvear, y las declaraciones del historiador. Consultado por El Mostrador, Bascuñán explica que se siente orgulloso del trabajo que realizó en EFE y que está tranquilo por la investigación del juez Astudillo. “Si no fuera por mis vínculos familiares, probablemente no sería motivo de sospecha. Existen pocos que hacemos este trabajo en el país”.

Los archivos X

En el gobierno también existe inquietud por la puesta en marcha de la nueva ley, que entre otras cosas, se hará cargo de transparentar la gestión de todos los ministerios y servicios públicos del país. Cercanos al Subsecretario Riveros admiten que se ha conversado la posibilidad de postergar la fecha de entrada en vigencia de la norma, sobre todo por las opiniones que han recibido de parte de la Dirección de Presupuesto, quienes están monitoreando el proceso de trabajo que ha realizado la Comisión Asesora para la Transparencia. Fuentes de la Segpres aseguran que Riveros tiene serias dudas de que se llegará a buen puerto dentro del plazo fijado, esto es el próximo 20 de abril.

Uno de los capítulos fundamentales dentro de la nueva legislación será el orden, la mantención y la recuperación de los archivos de la administración pública, que podrán ser requeridos por cualquier ciudadano. Según Felipe del Solar, secretario ejecutivo de la Comisión, se necesitaba una contraparte técnica que llevara el trabajo en conjunto con la Dibam y el Archivo Nacional. Por eso, explican, se requería alguien de la experiencia del ex jefe de gabinete de Patricio Aylwin. También porque, según comentan en la Segpres, la relación entre la Comisión y el Archivo Nacional no ha sido buena, lo que habría empujado la decisión de externalizar este trabajo, una cuestión que la directora de la Dibam, Nivia Palma, desmiente.

Consultado al respecto, el historiador Carlos Bascuñan comenta que su trabajo se centrará en la gestión documental, que será la información base que se utilizará para responder las consultas públicas.

En la Segpres comentan que incluso los ministros Pérez Yoma, Viera Gallo y Velasco analizaron la posibilidad de abrir puentes en el Congreso para contar con un piso político que les permita pedir una postergación de la puesta en marcha de la ley. Sin embargo, otras autoridades explican que esa discusión nunca ha estado en la mesa y que por “ningún motivo” se aplazará el hito más importante de la agenda de probidad y transparencia de Bachelet.

En Interior afirman que Pérez Yoma manifestó su interés por trasladar el trabajo hacia su ministerio, pero que finalmente se desestimó, pues esto no sería conveniente a escasos seis meses de comenzar a regir la nueva legislación.

El Consejo a toda máquina

Otro de los aspectos importantes en la implementación de la ley es la Transparencia Activa, que obligará a los servicios públicos a tener en sus sitios web actualizados, una serie de antecedentes, tales como la estructura orgánica; las facultades, funciones y atribuciones de sus unidades; el marco normativo, entre muchas otras. Este ítem tampoco ha estado exento de problemas. La encargada de esta tarea es la división de Estrategia Digital, dependiente del Ministerio de Economía, la que, comentan, no ha logrado una relación de trabajo fluida con la Comisión Asesora para la Transparencia. Una fuente del ministerio de Economía señala que “no estamos cómodos, porque en reiteradas ocasiones se ha dicho desde la Segpres que se requiere externalizar este trabajo y no estamos de acuerdo”.

A esto se suma el alejamiento de la Comisión Asesora de los profesionales Rodolfo Aldea, abogado experto en Derecho Administrativo, y María Alejandra Sepúlveda, experta en materias de modernización.

Mientras se resuelven conflictos y se disipan las dudas por el inicio de la nueva ley, el Consejo para la Transparencia, constituido el 29 de octubre pasado e integrado por el abogado Juan Pablo Olmedo (presidente), cercano al PPD-PS, el ex ministro DC Alejandro Ferreiro; el abogado Roberto Guerrero, vinculado a la UDI; y el ex parlamentario de RN Raúl Urrutia, está trabajando intensamente en la institucionalidad que deberán desarrollar para enfrentar las primeras demandas de información.

Para los consejeros, según cuentan en el gobierno, ya pasó el momento de las críticas que se hicieron al Ejecutivo por sus nominaciones. Tal como lo dio a conocer El Mostrador hace semanas, todas las ONG relacionas con el tema, tales como Proacceso, la Corporación Participa, Genera, Fundación Ideas, Humanas, Fundación Probono; y el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, mostraron su molestia por el “cuoteo político” que nuevamente imperó en la elección de los nombres elegidos.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/asesor_clave_para_transparencia_y_probidad_esta_vinculado_al_caso_efe


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22 de Septiembre de 2008

ONG`s critican el proceso impulsado por Bachelet

La opacidad y el cuoteo rondan al Consejo de Transparencia



De perfiles disímiles, los nominados por la Presidenta al organismo que deberá fiscalizar al Gobierno representan el ''equilibrio político'' necesario para que sus nombres sean visados por el Senado, pese a los posibles conflictos de interés que saltan al mirar los currículos. El proceso despertó críticas de las principales organizaciones expertas en la materia. Tanto, que en abril enviaron una carta a la mandataria sugiriendo criterios para la elección de candidatos, como la paridad de género y


Por Miguel Paz


Un cercano al PPD-PS (Juan Pablo Olmedo), un DC (Alejandro Ferreiro), un cercano a la UDI (Roberto Guerrero) y un RN (Raúl Urrutia). Así es el mapa político detrás de los cuatro profesionales elegidos por la presidenta Michelle Bachelet para integrar el Consejo de Transparencia, dado a conocer el martes pasado por el secretario general de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo.

La nómina despertó críticas de un excesivo cuoteo político y "falta de transparencia" en el proceso de selección de los candidatos, por parte de ONG`s que desarrollan labores de promoción y fiscalización de la transparencia y el acceso a información en los organismos del Estado.

Si bien aplaudieron la iniciativa, en particular la designación del abogado Juan Pablo Olmedo, que proviene del sector y es reconocido por su experiencia en la materia, aseguran que la Presidenta desoyó criterios de transparencia y paridad de género en el proceso para escoger a los integrantes del Consejo, entidad que deberá velar por la transparencia en el sector público y fiscalizar el cumplimiento de la Ley que les otorga a los ciudadanos el derecho de solicitar información pública a los aparatos del Estado, so pena de multas y sanciones para los funcionarios que no entreguen la entreguen.

Carta sin respuesta

En abril pasado las ONG mencionadas: Proacceso, la Corporación Participa, Genera, Fundación Ideas, Humanas, Fundación Probono; y el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, enviaron una carta a Michelle Bachelet donde manifestaron su apoyo a la creación del Consejo y sugirieron criterios para desarrollar el proceso de selección de los candidatos, conforme a la experiencia internacional comparada que ha incluido procesos abiertos y con participación de la sociedad civil "de manera de evitar que los candidatos sean asignados políticamente". No obtuvieron respuesta.

Además, propusieron varios puntos que no fueron tomados en cuenta, asegura María Eugenia Díaz, directora ejecutiva de Genera, como que se conozca previamente el mérito de los candidatos, que estos acrediten expertise en acceso a la información, se pueda presentar candidatos a la Presidenta y seguir el proceso de selección a través de Internet.

Al respecto, Claudia Lagos, del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, señala su satisfacción porque entre los candidatos esté Olmedo "pero no sabemos cuáles son los criterios usados para seleccionar a los nominados". Lagos asegura que no se trata de cuestionar a los profesionales sino la forma en que La Moneda llevó a cabo el proceso: a puertas cerradas.

Lo mismo dice María Eugenia Díaz. "La falta de transparencia en la designación de los candidatos al Consejo de Transparencia, es un contrasentido. El cuoteo es parte de las reglas del juego a estas alturas y pelear por eso es ridículo. Pero sí es importante conocer cuáles son las razones del gobierno para elegir a estas personas para estos cargos tan trascendentes. Esperamos que en el Senado conozcamos sus méritos y la argumentación de la votación. Es una oportunidad para que el gobierno y los parlamentarios partan practicando la transparencia que debe avalar precisamente este consejo".

A condición de anonimato otro de los profesionales de las ONG resume la discusión del siguiente modo: "Sin quitarle méritos a los profesionales seleccionados esto es como la conformación del directorio de TVN del año 90. Hay que reconocer que fueron elegidos con lupa por sus vinculaciones partidarias y eso inevitablemente levanta sospechas de posibles presiones políticas a su labor en el Consejo".

El factor Pfeiffer

La primera semana de octubre Olmedo, Ferreiro, Guerrero y Urrutia expondrán ante la comisión de Constitución de la Cámara Alta en sesiones televisadas, siendo la primera vez que se hace algo así en el Congreso. Sus nombres deberán ser visados por dos tercios del Senado. Un dato que influyó decisivamente, reconoce Viera-Gallo, en el cuoteo político del listado que deberá ser aprobado o rechazado en paquete. El ministro rechaza los cuestionamientos calificándolos de "crítica injusta" pero es pragmático: "El proceso es conforme a la ley y dice que la Presidenta de la República tiene que proponer nombres que en su conjunto saquen los dos tercios de los votos. Tenemos que construir una propuesta que tenga el consenso adecuado en el Senado".

Según otras fuentes de La Moneda, consultadas por El Mostrador.cl el temor a repetir el episodio del rechazo del nombramiento de Alfredo Pfeiffer como ministro de la Corte Suprema pesó para diseñar el listado con realismo político.

El senador Jaime Gazmuri, coautor de la primera moción legislativa sobre transparencia y acceso a información, opina lo mismo: "Son nominaciones muy políticas pero esto es así", y adelanta que dará su voto a la propuesta del gobierno pese a que en un primer minuto manifestó su sorpresa por la inclusión de Urrutia en el grupo.

El perfil de los candidatos

El ex diputado de RN Raúl Urrutia se hizo conocido por encabezar la investigación del desmalezado millonario de la Refinería de Petróleos en Con Con pero no tiene trayectoria en la materia. Su nombre recién entró en competencia, según La Tercera, a sugerencia del senador de ese partido Sergio Romero, y tanto Urrutia como Guerrero fueron contactados hace dos semanas por Viera-Gallo para ofrecerles el cargo.

Guerrero es vicedecano de Derecho de la Universidad Católica y miembro del estudio jurídico "Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz", fundado en 1980 por el senador de la UDI, Jovino Novoa, el ex ministro de Pinochet, Hernán Felipe Errázuriz, Carlos Olivos Marchant, miembro del directorio del banco Santander y CCU, y el padre de Guerrero, Roberto Guerrero del Río. Este integra el directorio de Chiletabacos, empresa para la cual trabaja el bufete y que en 2006 desplegó un fuerte lobby en el Congreso para evitar la aprobación de la Ley Antitabaco, que exigió incluir avisos antitabaco en las cajetillas de cigarros. El estudio, además, cuenta con una larguísima lista de clientes en la que destacan Endesa y Telefónica, dos compañías que en 2004 estuvieron en el ojo del huracán por el lobby desplegado en el caso de la Central Ralco -la primera-, y por cuestiones tarifarias -la segunda-. Según se lee en información oficial del bufete, este se precia de contar con abogados con experiencia como funcionarios en entidades gubernamentales y autónomas. Si se aprueba la nómina para el Consejo de Transparencia, Roberto Guerrero se sumaría a esa lista.

El abogado y ex superintendente Alejandro Ferreiro (DC) es experto en temas regulatorios y es miembro de la comisión asesora presidencial en materia de probidad. Cercano a la presidenta de la Falange, Soledad Alvear, fue parte del "petit comité" que en junio pasado trabajó para ella una propuesta global de modernización del Estado. Todas las fuentes consultadas destacan su experiencia e idoneidad para el cargo de consejero.

Pero también recuerdan que en julio de 2007 Ferreiro fue duramente cuestionado por activistas digitales que dieron a conocer un acuerdo reservado entre el gobierno y Microsoft, firmado por Ferreiro cuando era ministro de Economía, en el cual según los activistas, que acusaron falta de transparencia en el tema, se asignaba directamente a Microsoft un acuerdo para usar los programas computacionales de la empresa de Bill Gates en la capacitación y alfabetización digital de ciudadanos chilenos. Ferreiro, además, fue contratado recientemente por Telefónica para asesorar legalmente a la compañía en sus alegatos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la regulación tarifaria de la telefonía fija que coordina la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Ninguna de las cuestiones mencionadas anteriormente es incompatible con integrar el Consejo de Transparencia, según la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública, pero hacen que algunos levanten las cejas.

"No voy a juzgar intenciones", dice María Eugenia Díaz, "pero este es un proceso súper delicado. Estamos partiendo con esta ley y el Consejo tiene un rol muy relevante por lo tanto hay que ser exagerado en la revisión de los nombres propuesto para el Consejo y cualquier hecho que pudiera parecerse siquiera a un conflicto de interés".

Muy distinta es la opinión que existe sobre Juan Pablo Olmedo. Socio del bufete Colombara y Olmedo y ex director de Proacceso, una de las fundaciones firmantes de la carta a Bachelet, el jurista ha destacado "por su compromiso e historia en la promoción del acceso a información", explica Claudia Lagos. De hecho, algunos creen que con la nominación de Olmedo, resistido por ciertos senadores debido a su cercanía con Guido Girardi y porque lideró acciones judiciales contra el Estado chileno, se buscó reconocer el rol de la sociedad civil en la promoción de la ley de Transparencia y la creación del Consejo, pero a la vez se buscó acallar posibles críticas al cuoteo político y a los nombres de Roberto Guerrero y Raúl Urrutia.

La paridad y el diseño comunicacional

El tema de la paridad de género, uno de los caballitos de batalla de Bachelet cuando asumió la jefatura de Estado, es otro de los aspectos del documento enviado a la Mandataria por las ONG's que fue desoído, pese a que el nombre de la periodista Patricia Politzer estuvo en la mesa cuando se discutieron los posibles nominados.

Davor Harasic, abogado y presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional, está de acuerdo con la lista de candidatos pero añade que "es indudable que faltó (la paridad de género)". "Entiendo que se hicieron todos los esfuerzos por incorporar mujeres y, las que se propusieron generaron resistencias o por su falta de estudios, experiencia e interés anterior en el tema o por no haber demostrado un compromiso con el acceso a la información pública", explica.

Otra de las críticas apunta al diseño comunicacional de La Moneda para dar a conocer a los nominados. Por la relevancia de la labor que deberá enfrentar el Consejo como entidad autónoma que fiscalizará a los poderes del Estado, algunos de los consultados señalan que Viera-Gallo al anunciar los nombres el martes pasado en una conferencia de prensa improvisada en la sala de lectura del Senado, deja mucho que desear. "Le resta solemnidad al tema y la imagen que queda es que este es un cacho para el Gobierno", aseguran.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulopre/65169/

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