Espera de una definición
El máximo tribunal debe pronunciarse sobre la recusación de los camaristas Durán y Di Donato por Justicia Ya! por sus vínculos con la Policía Jorge
Jorge Julio López desapareció en 2006.
Por Adriana Meyer
La causa por la desaparición de Jorge Julio López volvió a la Corte Suprema. Hace dos años, el máximo tribunal decidió que la investigación sobre el testigo desaparecido debía estar en el fuero federal porque se trataba de una desaparición forzada y no de una búsqueda de paradero. Ahora tiene que resolver sobre la recusación que plantearon los querellantes de Justicia Ya! contra los camaristas Alberto Durán y Alicia Di Donato, por sus vínculos con la Policía Bonaerense, sospechada en el caso. “La mayoría de las líneas apuntan a personal de la Bonaerense, por lo tanto estos jueces no ofrecen garantía de imparcialidad para intervenir en el caso”, explicó la abogada Guadalupe Godoy.
Durán fue profesor en la Escuela Superior de Policía, mientras que Di Donato perteneció a las filas de esa fuerza entre 1978 y 1990. Los querellantes de Justicia Ya! recorrieron un largo camino para llegar a la Corte, con el objetivo de apartarlos de la causa. Los jueces Julio Reboredo y Carlos Compaired, colegas de los camaristas platenses recusados, habían votado a su favor, con la disidencia de Carlos Vallefin. Los querellantes fueron entonces a la Cámara de Casación y como tampoco tuvieron éxito, por cuestiones formales, plantearon la recusación “en queja” ante la Corte. El expediente ya está circulando por los despachos, pasó por el de Raúl Zaffaroni y ahora estaría en el de la jueza Carmen Argibay.
En una solicitada publicada meses atrás, organismos sociales, gremiales y de derechos humanos expresaron que la causa López no puede servir “ni para lavar imágenes personales ni para dirimir internas”. Precisamente, en la caliente interna de la Justicia platense la causa es “ambicionada por muchos”. Si bien Durán y Di Donato accedieron al reiterado pedido de Justicia Ya! para que la Bonaerense fuera separada de la investigación, la abogada Godoy recordó que lo hicieron argumentando la “torpeza” de los uniformados y no por haber “obstruido intencionalmente la investigación”, como planteaba esa querella. De hecho, en aquella resolución los camaristas dedicaron varios párrafos a cuestionar la ineficacia profesional del perro adiestrado Kintín, que participó del irregular procedimiento en la localidad de Atalaya, a pocos días de la desaparición de López.
Por otra parte, el juez federal Arnaldo Corazza decidió que la investigación ya no sea coordinada por el secretario Edgardo Duró, sino por la secretaría especial para casos vinculados con delitos de lesa humanidad, a cargo de Martín Nogueira. Justicia Ya! había solicitado en forma insistente el apartamiento de Duró y ahora tiene una “buena expectativa” de que se profundice la búsqueda de los responsables de la desaparición de López entre los miembros de la policía, en actividad y retirados. Además, Nogueira está consustanciado con las causas por los delitos cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en Arana y en la Comisaría 5ª de La Plata, por los que pasó el testigo desaparecido. En tanto, la denuncia del abogado Alfredo Gascón contra las abogadas de López y los funcionarios que participaron del juicio al represor Miguel Etchecolatz “por no haber protegido al testigo” sigue buscando un fiscal que la impulse. Tanto el juez Corazza como el fiscal Marcelo Molina la desestimaron, por lo cual el letrado de la familia López apeló ante la Cámara Federal platense. Los cuestionados camaristas Durán y Di Donato solicitaron a la fiscalía que se expida, pero hasta ahora no hubo quién avalara la denuncia porque, uno tras otro, varios fiscales se excusaron o se declararon incompetentes. Pero tampoco hubo ninguno que pidiera su archivo por inexistencia de delito, como hizo Molina, de modo que sigue abierta la posibilidad de que los protagonistas del juicio en el que Etchecolatz terminó condenado a prisión perpetua por delitos cometidos en el marco de un genocidio sean llevados al banquillo de los acusados.
Jorge Julio López, un albañil jubilado de 77 años sobreviviente de la dictadura, tenía que presentarse en la audiencia de alegatos del juicio contra Etchecolatz. Era el 18 de septiembre de 2006, pero nunca llegó.
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