"Creemos en la justicia de Dios, no en la de los hombres"
El padre de Jonathan Vega es claro en declarar la absoluta inocencia de su hijo en los hechos de los que se le acusa. "En la audiencia fue tratado como un terrorista. No sé mucho acerca de eso, pero pienso que una persona terrorista tiene una carrera, una trayectoria realizando esos hechos. Me duele que mi hijo sea tratado de esa forma", señala Joel Vega. Mientras su madre advierte que llegará hasta La Moneda exigiendo justicia, Intendenta Regional responsabiliza a Ministerio Público de aplicar la polémica Ley Antiterrorista.
Por Azkintuwe / Jueves 13 de Noviembre de 2008
TEMUKO / "Él es inocente. Es una persona súper transparente y ama la libertad, así que cada día que pasa es más difícil para él y también para nosotros", dice Ana Gajardo, la madre de Jonathan Vega uno de los tres jóvenes detenidos en la madrugada del 31 de octubre en las cercanías del by pass de Temuko y quienes son acusados del delito de ataque incendiario contra una patrulla policial.No han sido días fáciles para los padres de Jonathan Vega y sus demás familiares. Originarios de Coronel han permanecido desde el 31 de octubre en La Araucanía y han tratado de estar a diario en contacto con su ser querido, aunque las dificultades han comenzado a presentarse durante las últimas horas debido a que los recursos económicos con los que contaban se empiezan a acabar.Joel Vega, padre del joven detenido, dice que la noticia de la detención de su hijo los golpeó fuertemente como familia y que sólo se enteraron de los hechos a través de los medios de comunicación. "Estábamos en Coronel viendo las noticias, cuando nos enteramos de que Jonathan había sido uno de los tres detenidos en el by pass. Fue terrible para nosotros", cuenta Joel Vega.El recurso de protección en la Corte de Apelaciones, agrega el padre de Jonathan , era una de las pocas esperanzas que tenía para ver a su hijo nuevamente en libertad, pero la iniciativa legal no prosperó y los magistrados indicaron que la aplicación de la Ley Antiterrorista que pesa sobre Jonathan y los otros dos detenidos no vulnera la ley. "Hay mucha gente que está sufriendo con esto. Jonathan tiene una hija de diez meses y la madre de la bebé sufre mucho con todo esto. Lo único que quiero es que a mi hijo no me lo cambien", afirma entre sollozos Ana Gajardo, la madre de Jonathan.
No han sido días fáciles para los padres de Jonathan Vega y sus demás familiares. Originarios de Coronel han permanecido desde el 31 de octubre en La Araucanía y han tratado de estar a diario en contacto con su ser querido, aunque las dificultades han comenzado a presentarse durante las últimas horas debido a que los recursos económicos con los que contaban se empiezan a acabar.
Su hijo, agrega, es una persona muy transparente y muy querida en Coronel y entre su grupo de amigos y compañeros de la carrera de Antropología de la Universidad Católica de Temuko donde estudiaba. "Nosotros somos una familia muy ligada a la fe y allí se nos enseña a respetar la ley establecida, pero con todo esto no sabemos que pensar. Creemos en la justicia de Dios y no en la de los hombres. Sé que al final va a haber justicia", asevera Ana Gajardo.El padre de Jonathan Vega es claro en declarar la absoluta inocencia de su hijo en los hechos de los que se le acusa. "En la audiencia fue tratado como un terrorista. No sé mucho acerca de eso, pero pienso que una persona terrorista tiene una carrera, una trayectoria realizando esos hechos. Me duele que mi hijo sea tratado de esa forma", señala Joel Vega.La familia dice que durante los próximos días continuaran con las gestiones judiciales que permitan comprobar la inocencia de su hijo y reunir las pruebas que le otorguen su libertad. "Vayan a preguntar por él a la gente que lo conoce. Vayan a Coronel vayan a la universidad, pregunten como era él y se van a dar cuenta que mi hijo es inocente. No sé si soportaré mañana o si él seguirá soportando esta situación. Lo único que estoy segura es que si a mi hijo le pasa algo, yo voy a llegar hasta el último", afirma Ana Gajardo
Ley AntiterroristaJonathan Jeremías Vega Gajardo (26) junto a Fennix Aquiles Delgado Ahumada (21), ambos estudiantes de Antropología de la Universidad Católica de Temuko y un menor de 17 años fueron detenidos en la madrugada del 30 de octubre en el bypass de la Ruta 5 Sur. Los tres jóvenes fueron aprehendidos a sólo minutos que se registrara un ataque con bombas molotov a un carro de Carabineros que realizaba un patrullaje por el sector. En las cercanías de ese lugar había ocurrido un ataque incendiario a un camión el 1 de febrero del 2008 (a la altura del kilómetro 671,9). Lo ocurrido motivó la activación inmediata de los dispositivos de seguridad y el personal policial rastreó el lugar. Los policías detuvieron a dos sujetos, quienes vestían ropas oscuras y cubrían sus rostros con pasamontañas. Cercano al lugar donde se produjo el incidente y a un costado de la ruta, entre los matorrales, fueron hallados bidones con bencina y 14 neumáticos, por lo que no se descarta que estuviesen planificando un ataque incendiario de mayor envergadura. El Ministerio Público aplicó la ley antiterrorista a los tres jóvenes detenidos y los tres se encuentran desde ese momento privados de libertad.
Cabe destacar que el pasado 8 de noviembre, la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Víctor Reyes, Héctor Toro y Fernando Carreño, rechazó al acción legal que buscaba dejar sin efecto el proceso que el Ministerio Público inició contra los dos estudiantes. En tanto en el caso del adolescente mapuche de 17 años, identificado con las iniciales R.A.H.I, quien permanece con arresto domiciliario total en su domicilio del sector Radal, los ministros hicieron una observación respecto a que la jueza de Garantía, María Elena Llanos, quien tomó conocimiento de la aplicación de la norma especial, no tomó los debidos resguardos para la integridad del menor.
Cabe destacar que el pasado 8 de noviembre, la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Víctor Reyes, Héctor Toro y Fernando Carreño, rechazó al acción legal que buscaba dejar sin efecto el proceso contra los dos estudiantes. En tanto en el caso del adolescente mapuche de 17 años, identificado con las iniciales R.A.H.I, los ministros hicieron una observación respecto a que la jueza de Garantía, María Elena Llanos.
Para el abogado defensor, Ricardo Cáceres, esto dice relación con que el adolescente en un primer momento fue derivado hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de adultos, situación que no se concretó porque se percataron que era menor. Luego fue ingresado al Centro de Privación de Libertad (CPL) que recibe infractores de ley, pero allí se dejó una constancia que ingresó sin una orden judicial.
Esto para los defensores penales públicos vulnera los derechos de los menores que supuestamente están protegidos por la ley de responsabilidad penal adolescente y que es la normativa que a juicio de los abogados se debió aplicar. Los ministros son claros en establecer que la observación realizada a la resolución que adoptó la jueza de Garantía no es una medida disciplinaria, pero aclararon que podría influir al momento de calificarla.
Hasta La MonedaLos tres fueron formalizados por lanzar bombas incendiarias con la intención de causar daños y temor en la población de provocar un delito similar, en relación al atentado incendiario que el 1 de febrero del 2008 destruyó un camión en el mismo sector. El 20 de noviembre en el Juzgado de Garantía se debería realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares respecto del menor de 17 años, quien es alumno del liceo industrial de Temuko, donde tiene promedio 6,0.
Los defensores penales públicos que asumieron la defensa de los universitarios y del adolescente, informaron que apelarán a la Suprema para intentar revertir la situación. En tanto la madre Jonathan dijo que llegará hasta la Moneda si es necesario, porque tiene la convicción de que su hijo es inocente de los cargos que le imputan. Al ser consultada la Intendenta Regional, Nora Barrientos, por el descontento mostrado por familiares de los dos estudiantes detenidos con aplicación de la polémica norma, esta aseveró que el Gobierno no ha aplicado la Ley Antiterrorista y es consecuente con lo afirmado por la Presidenta Michelle Bachelet. "Yo quiero manifestarle a la comunidad que, como Gobierno, no nos hemos hecho parte en este caso y es el Ministerio Público, una entidad autónoma al Ejecutivo, que ha resuelto aplicar la ley antiterrorista. La Presidenta ha sido categórica, dentro de su Gobierno no aplicaremos esta ley", dijo Barrientos. La intendenta dijo que para el Gobierno, la polémica normativa aplicada a los tres estudiantes no "está validada, porque no se creó en democracia". Al ser consultada respecto a la calificación de escándalo que los representantes de Amnistía internacional le dieron a la aplicación de la ley, Barrientos señaló que la organización que vela por Derechos Humanos en el mundo ha entendido que son poderes distintos / AZ
Hace 4 años que no se aplicaba La aplicación de Ley Antiterrorista aparece como una excepción en este caso, luego que la Presidenta Michelle Bachelet aseveró que ésta no se aplicaría a causas relacionadas con el conflicto mapuche. La Ley 18.314 permite a los fiscales recluir a los imputados en lugares especiales, así como facultades especiales de investigación, como la intercepción o registro de comunicaciones del detenido y la restricción al régimen de visitas carcelarias.La normativa estricta no se invocaba desde 2004, cuando fueron detenidos varios mapuches acusados de incendio terrorista al predio Poluco Pidenco, propiedad de Forestal Mininco en Ercilla. En esta causa fue condenada Patricia Troncoso Robles, apodada La Chepa, quien tras una prolongada huelga de hambre le dobló la mano al gobierno y el ejecutivo debió acceder a sus peticiones.También fue aplicada en 2003, en el caso de los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín, quienes fueron condenados a 5 años y 1 día de presidio como autores de amenazas terroristas en contra de Juan Agustín Figueroa. El ministro del Interior (s), Felipe Harboe, destacó que la decisión del Ministerio Público de acusar a tres estudiantes en Temuko de infringir la Ley Antiterrorista "es la aplicación del marco jurídico" existente y el Gobierno observará el proceso a la espera de resultados."Si las leyes están vigentes son para aplicarlas y si el Ministerio Público lo ha decidido, está bien y ojalá que obtenga los resultados", dijo Harboe, quien resaltó que "las normas están para aplicarlas y lo que corresponde en este caso es que se apliquen". En esa línea, la autoridad remarcó que "si esta ley u otra da resultados, bienvenida sea", porque "al Gobierno lo que le interesa son los resultados".
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