Chile: La ratificación del Estatuto de Roma : Un paso positivo que no debe hacer olvidar la impunidad del pasado
18 junio 2009
Con la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Chile da un gran paso al futuro, pero no salda su deuda con el pasado, dijo Amnistía Internacional hoy tras la aprobación de la ley que autoriza el reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Aunque la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para investigar o juzgar los crímenes cometidos en Chile durante el periodo de gobierno militar (entre 1973 y 1990), el reconocimiento de su competencia para casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que pudieran ser cometidos en el futuro es, sin duda, un paso positivo que envía una señal clara de rechazo a la impunidad.
"El reconocimiento de la competencia de la Corte no debe hacer olvidar que en Chile aún perdura una ley de amnistía para crímenes atroces que el derecho internacional obliga a investigar y a sancionar", manifestó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Por otra parte, se ha interpretado con frecuencia que la vigencia de la "ley de amnistía" (Decreto Ley 2191/78) no constituye un obstáculo para la investigación y sanción de aquellos crímenes. No obstante, la jurisprudencia de los tribunales chilenos ha consagrado -en ciertas ocasiones- la prescripción de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el marco de un conflicto armado de carácter no internacional. Los tribunales también han impuesto en algunas ocasiones sanciones que no concuerdan con la gravedad de los crímenes perpetrados. "La prescripción de los crímenes de derecho internacional, como la tortura, la desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales y también de las acciones civiles reparatorias viola las obligaciones que el derecho internacional impone a Chile", sostuvo Susan Lee.
Amnistía Internacional insta al Estado chileno a investigar imparcialmente y a sancionar todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado; a derogar la "ley de amnistía" y a consagrar la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional y de las acciones reparatorias en su legislación interna. Asimismo, la organización pide al gobierno chileno establecer un programa de reparaciones integrales que se ajuste a los principios relativos al derecho de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y a obtener remedio y reparación, promovidos en las Naciones Unidas por el propio Estado chileno.
El 17 de junio de 2009, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el Acta de Ratificación del Estatuto de Roma con 79 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, así concluyendo el proceso legislativo. Queda aun pendiente su promulgación por la presidenta Bachelet y el depósito del instrumento de ratificación ante el secretario general de las Naciones Unidas.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue adoptado en Roma el 17 de julio de 1998. Ciento ocho Estados han aceptado hasta el presente la competencia de la Corte para investigar y juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto para cada Estado parte y, en todo caso, no antes del 1 de julio de 2002.
Según el Estatuto, la Corte Penal Internacional tendrá competencia cuando un Estado parte no pueda adecuadamente o no quiera ejercer su propia jurisdicción penal con relación a los crímenes citados, sea que fueran cometidos en su territorio o por sus nacionales en el territorio de otros Estados, incluyendo el territorio de Estados no parte en el Estatuto de Roma. También, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede referir al conocimiento de la Corte Penal Internacional una situación sobre un Estado Parte o no parte en la que considere que podrían estarse cometiendo o haberse cometido crímenes de competencia de la Corte.
Hasta el presente 108 Estados son parte en el Estatuto de Roma y Chile es el último Estado en América del Sur en incorporarse al sistema. La Corte Penal Internacional tiene investigaciones abiertas en la actualidad sobre Uganda, República Democrática de Congo, Darfur (Sudán) y República Centro Africana y ha emitido más de 15 órdenes de arresto. Salvo el caso de Sudán, las restantes tres situaciones le han sido referidas a la Corte por petición de los mismos Estados, que se han manifestado incapaces de investigar la comisión de los crímenes.
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Luego de siete años de tramitación
Tras 10 años Chile ratifica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Corporación Humanas considera lamentable la posición sostenida por un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, contrarios a la adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional: los senadores Jorge Arancibia y Juan Antonio Coloma (con su voto en contra y abstención, respectivamente); junto a los diputados Sergio Bobadilla, Sergio Correa, María Angélica Cristi, Andrés Egaña, José Antonio Kast, Ivan Moreira, Ivan Norambuena, Jorge Ulloa, Felipe Ward que votaron en contra, además de Alberto Cardemil que se abstuvo.
Humanas, miércoles 17 de junio de 2009
En una sesión histórica que expresa la voluntad nacional de combatir la impunidad de los crímenes más graves, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por una amplia mayoría. Igualmente mayoritario fue el respaldo a dicho mecanismo de justicia universal en el Senado, el pasado 10 de junio. Tan trascendental votación permitirá a Chile sumarse a los 108 estados que ya se han integrado a la Corte.Para Corporación Humanas, organización que ha trabajado por largos años por la ratificación e implementación del Estatuto de Roma en los países de la región, se trata de un hito significativo en la historia del país, especialmente en lo referido a las garantías de no repetición de graves violaciones a los derechos humanos, así como en la progresiva integración del país a los avances internacionales en la materia. Por ello expresa su profunda satisfacción por el proceso que el parlamento chileno culmina en la jornada de hoy.Sin embargo, Corporación Humanas considera lamentable la posición sostenida por un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, contrarios a la adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional: los senadores Jorge Arancibia y Juan Antonio Coloma (con su voto en contra y abstención, respectivamente); junto a los diputados Sergio Bobadilla, Sergio Correa, María Angélica Cristi, Andrés Egaña, José Antonio Kast, Ivan Moreira, Ivan Norambuena, Jorge Ulloa, Felipe Ward que votaron en contra, además de Alberto Cardemil que se abstuvo.La negativa de estos parlamentarios a la incorporación a la CPI refleja que aun existen ciertos grupos políticos al margen de los avances del derecho internacional de los derechos humanos y del combate mundial a la impunidad de los crímenes más graves. Preocupa dicha posición pues la vigencia plena de los derechos humanos para todos y todas es una aspiración que debiera convocar, en un estado realmente democrático, a todos los sectores políticos, con independencia de su ideología particular.La creación de la Corte Penal Internacional encarna uno de los mayores progresos del derecho internacional de los derechos humanos y derecho humanitario de los últimos tiempos. Su establecimiento mediante un tratado –superando la creación de tribunales penales ad hoc- firmado por más de 100 Estados en 1998, da cuenta de la enorme voluntad política internacional de contar con un instrumento efectivo para enfrentar la impunidad que, lamentablemente, muchas veces caracteriza la comisión de los crímenes más graves contra las personas y contra la humanidad en su conjunto.Igualmente, el Estatuto de Roma representa un avance invaluable en materia de justicia de género. Especialmente significativa resulta la tipificación de la violación sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otras formas de violencia sexual graves, dentro de los “crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”.Si bien la incorporación de Chile a la Corte ha sido lenta y compleja, finalmente se ha alcanzado el consenso político transversal requerido. Luego de siete años se logró aprobar la reforma constitucional exigida para el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; como asimismo, se tipificaron en la legislación nacional el conjunto de crímenes de competencia de la misma, de manera de garantizar la jurisdicción preferente de los tribunales chilenos. Todo ello contando con un amplio respaldo político, a fin de permitir que pudiera ratificarse el Estatuto de Roma, cuestión que hoy se materializa
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Miércoles 17 de junio de 2009 16:10
Por Angélica Meneses / Lanacion.cl
Pese a rechazo UDI, Chile ratifica Corte Penal Internacional
Con la aprobación de la Cámara de Diputados se completó la tramitación en el congreso, quedando listo para ser promulgado el proyecto mediante el cual Chile se hace parte de la CPI. Canciller destacó “momento histórico” para el país.
Con los votos en contra de 9 diputados de la UDI y la abstención de Alberto Cardemil, se aprobó, con 79 votos favorables, el proyecto mediante el cual Chile adhiere al Estatuto de Roma, quedando bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) que falla en casos de delitos internacionales, como genocidio, lesa humanidad y guerra.
El canciller Mariano Fernández destacó que se trata de “un momento histórico para Chile en los avances que hemos hecho en asuntos relativos a los derechos humanos”, subrayando que “el TPI no solo va a tener una gravitación importante respecto de crímenes, sino que también va a terminar con los tribunales ad hoc que se preparaban a propósito de tragedias o crímenes como fueron Nüremberg, Tokio y recientemente Yugoslavia y Ruanda”.
Los diputados gremialistas que votaron en contra argumentaron que se produciría una cesión de soberanía a favor de un organismo internacional. Iván Moreira planteó que “se está sentando un precedente internacional grave porque se le está dando soberanía a un órgano internacional que va a terminar politizándose”.
El punto fue desestimado por el canciller, quien sostuvo que “uno puede decir que se cede soberanía en muchas cosas, pero aquí nosotros le entregamos voluntariamente a un tribunal internacional el derecho a procesar crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra, que no están en condiciones de procesar tribunales nacionales”.
La iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como ley por la Presidenta Michelle Bachelet. El texto señala que la responsabilidad primaria del juzgamiento corresponderá a cada Estado y sólo supletoriamente a la CPI, que tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090617/pags/20090617161323.html
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