Principales entidades vinculadas al tema se retiraron de asamblea y denunciaron a agrupaciones supuestamente falsas. Interior hará denuncia ante la Fiscalía
PHILLIP DURÁN y JAVIERA GONZÁLEZ
El martes a las 15.00 horas, la Presidenta Michelle Bachelet recibió a la nueva directiva del Partido Socialista. En la cita, los dirigentes le agradecieron la "rapidez y firmeza" del Gobierno para manejar una fuerte polémica ocurrida en el recién creado Instituto de DD.HH. La Mandataria, dice el diputado Fidel Espinoza -presente en la cita-, les expresó su "repudio y molestia" por la situación.
El caso había sido informado la mañana anterior por el ministro (S) del Interior, Patricio Rosende, a los presidentes de los partidos de la Concertación en la reunión de comité político: La Moneda decidió anular la elección de cuatro consejeros del instituto, quienes representarían a las agrupaciones de DD.HH. de todo el país en el directorio de 12 miembros, tras descubrirse serias irregularidades en el proceso.
El impasse se había originado justo una semana antes, cuando cuarenta organizaciones de DD.HH. se reunieron en el hotel Crowne Plaza para elegir a sus cuatro representantes. Todas estas agrupaciones estaban ahí luego de postular y haber sido incluidas en un catastro elaborado por la subsecretaría del Interior.
Sin embargo, las principales organizaciones de DD.HH. cuestionaron a 15 de ellas y se retiraron de la asamblea. La razón: habían sido creadas un año atrás, por lo que no cumplían el requisito legal de "trayectoria" en el tema. Además, los 15 grupos aludidos habían fijado como sede una misma dirección. Todos estos argumentos fueron comunicados a Bachelet en una carta, entregada ese mismo día y firmada por grupos como Fasic, Corporación Humanas, Codepu, Movilh y Pidee, fundación en que la Presidenta colaboró durante la década de 1980.
En la misiva, además, criticaron a Interior por no actuar con "la debida rigurosidad" en la constitución del registro de agrupaciones.
La respuesta les llegó un par de días después. El ministro José Antonio Viera-Gallo tomaría conocimiento del tema. En paralelo, Interior logró chequear que no eran 15, sino 19 los grupos que habían fijado su domicilio en una misma dirección en una casa de Puerto Varas. Además, los estatutos presentados ante La Moneda no eran los mismos registrados ante el municipio de dicha ciudad.
Así el gobierno optó por anular el proceso en que se había elegido a Jorge Campos y su esposa Anita Jacob, representantes de distintas organizaciones con la misma dirección en Puerto Varas. "Creemos que la dieta que recibe cada consejero y los planes de recibir pagos por ayudar a la gente a presentarse ante la reapertura de la comisión Valech motivaron esta conducta", dijo el diputado Fidel Espinoza.
El lunes las organizaciones volverán a reunirse para votar, ahora sin los grupos cuestionados. Interior, en tanto, decidió hacer una denuncia ante la Fiscalía.
En tanto, Bachelet deberá resolver un nuevo traspié sobre el instituto. Agustín Squella, designado la semana pasada por la Mandataria como uno de sus representantes en el consejo, comunicó que no puede asumir el cargo. Sus funciones como profesor en la U. de Valparaíso lo convierten en funcionario público, calidad incompatible con el puesto en el instituto. Su reemplazo será anunciado en los próximos días.
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