Argentina,Formoza:Lider QOM hijo de Félix Díaz es torturado,golpeado etc.

QOM: Patota muele a palos a hijo de Félix Díaz (VIDEO)

05/05/2013 Por Diego Rojas (@zonarojas)

 

 

Una nueva agresión sobre un familiar del cacique qom provoca sospechas que Félix Díaz explica en este video exclusivo.

Abelardo Díaz, hijo de Félix, apaleado por una patota.

(Especial desde Formosa)

Una vez más la violencia se abalanza sobre la comunidad qom La Primavera, en Formosa. Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz -carashe (cacique) de la comunidad)-, y Carlos Sosa fueron atacados salvajemente por una patota que los dejó gravemente heridos. En la actualidad las víctimas del ataque se encuentran internados en el hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón, en la capital provincial.

Se lo nota cansado, apesadumbrado. No es la primera vez que la familia de Díaz sufre este tipo de ataques. Hace meses apenas su sobrino falleció en circunstancias dudosas. Otros de sus hijos fueron golpeados. El mismo Díaz ha sufrido atentados contra su vida. Por eso mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el gobierno debía proteger la vida del cacique y de su familia.

Carlos Sosa, otro miembro de la comunidad qom atacado.

Protección que no se hace todavía efectiva. Díaz señala que este tipo de provocaciones apuntan a que reaccione y pueda ser acusado por el poder mientras en la actualidad sufre el acoso judicial, ya que se encuentra bajo proceso penal por usurpación. Díaz indica que al gobernador Gildo Insfrán, en el poder desde hace 18 años, no le interesa la seguridad de los qom. Pedimos disculpas por la calidad del video. Mañana publicaremos la desgrabación de la entrevista. Pero no queríamos dejar de mostrar cómo se atenta contra el entorno del líder qom, opositor al gobierno kirchnerista que encabeza el feudalista Insfrán en la provincia de Formosa.

 

Frenar el etnocidio

may 10th, 2013 | By odhpi |   

La violencia contra la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), las denuncias contra el gobernador Insfrán, el silencio de la Presidenta y el rol de los organismos de derechos humanos. Los pueblos indígenas de Argentina marcharán a Formosa.

 

Por Darío Aranda

 

“Hemos intentado llegar a la Presidenta y y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”. El cuestionamiento, en tono triste pero también con enojo, provino de una de las referentes de los derechos humanos en Argentina, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Fue en la conferencia de prensa de ayer, donde organismos de derechos humanos denunciaron el “etnocidio” en Formosa, la “violencia sistemática” contra la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) y exigieron medidas urgente del Gobierno Nacional para frenar la violencia. Amanda Asijak (esposa de Félix Díaz), confesó tener miedo por lo que pueda pasar a sus hijos, reconoció que el líder qom evalúa dar un paso al costado, aunque también afirmó que ambos deben seguir en la lucha. En junio habrá una gran cumbre indígena, de comunidades de todo el país, en Formosa.

El fin de semana pasado la comunidad volvió a ser noticia luego de que una patota atacara al hijo de Félix Díaz y Amanda Asijak. La conferencia de prensa fue una consecuencia del nuevo ataque contra la familia del líder qom.
La sala del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) quedó chica. Periodistas y militantes desbordaron el espacio. “Es una buena señal”, celebró el anfitrión, Adolfo Pérez Esquivel, que se limitó a señalar la “grave situación que padecen los pueblos indígenas en el país, en particular el Pueblo Qom de Formosa”. Y anunció que iban a hablar como parte de la “Comisión de garantes” que se había conformado (hace dos años) en el marco de una mesa de diálogo reconocida por el Gobierno Nacional.
 

Modelo
 

Aldo Etchegoyen, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), señaló que “la constante en todo el país es la frontera sojera y minera avanzando sobre los pueblos originarios” y que “ese modelo conlleva desmontes, heridos y muerte”. Denunció que “tanto el Gobierno como la Justicia” discriminan a los pueblos pueblos indígenas y recordó que hay leyes (que protegen sus derechos) pero que no se cumplen. Ejemplificó con la Ley 26.160, sancionada en 2006, que suspende las órdenes de desalojos y orden un relevamiento territorial. “Pero los desalojos siguen”, sentenció.
Puntualizó que en abril pasado se firmó en Formosa, con presencia del secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda, un protocolo de intervención para garantizar la integridad de las familias de la comunidad La Primavera. “A pocos días de firmarse, atacaron a Abelardo (hijo de Félix y Amanda). Es una nueva provocación del gobierno de Gildo Insfrán”, afirmó.
 

Miedo y lucha
 

Amanda Asijak habló suave pero firme. Su palabra era la más esperada, por la salud de su hijo y por las versiones sobre los pasos a seguir por Félix (un rumor indicaba que dejaría su rol de “qarashé”, autoridad qom).
“Estoy dolida por lo que pasó a mi hijo. No es la primera vez, soy madre, es difícil. Es una tristeza muy grande, estamos sufriendo”, fueron las primeras palabras. Contó que había hablado con Félix y que lo notó triste, con “ganas de dejar la lucha”. Advirtió que aún no había tomado una decisión, que lo hablarán en familia ni bien ella regresa a Formosa.

“Tengo que decir a Félix de seguir. Seguir peleando por tierra, salud, agua”, adelantó, pero de inmediato también reconoció que “son muchos años de lucha y no podemos encontrar algo concreto”. Recordó la represión de 2010, confesó que tiene miedo por lo que pueda pasarles a sus hijos, rememoró “el asesinato” de su sobrino (Daniel Asijak, en enero pasado –la comunidad denunció un ataque y el gobierno de Formosa que fue un “accidente” de tránsito–).

Amanda apuntó a los dirigentes gildistas que están en la comunidad, pidió “apoyo para seguir adelante” y preguntó varias veces “¿dónde están nuestros derechos?”.

En los diez minutos que duró su exposición insistió con un temor: que le suceda algo a sus hijos. Y finalizó como había comenzado, con vos suave y firme. “Aunque la policía nos pegue, tenemos que seguir adelante, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando, como Pueblo Qom, como pueblo originario”.

Sobrevino un aplauso sostenido.
CELS

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mantiene un difícil equilibrio. Reconocido por su defensa de los derechos humanos, también con mucha cercanía al Gobierno Nacional, lleva las causas de la comunidad La Primavera.
“Acá se pone en evidencia una situación compleja y también injusta”, resumió el abogado del CELS, Federico Efrón.
Recordó que pesan sobre la comunidad cuatro causas judiciales, dos por usurpación y dos por el corte de ruta de 2010, que terminó con la represión del 23 de noviembre de 2010 y el asesinato del abuelo qom Roberto López. Ese día la policía de Formosa golpeó a integrantes de la comunidad e incendió una veintena de viviendas. Pero, paradoja de la justicia formoseña, hay 23 imputados qom, incluidos Félix Díaz y Amanda Asijak.

Efrón recordó que Félix Díaz fue procesado, hace dos semanas, por “usurpación” del territorio comunitario. “Hay una persecución contra Félix”, afirmó.
 

Cumbre indígena
 

Verónica Hullipan, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de CTA y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), alertó que la criminalización de los pueblos indígenas se reitera en todo el país pero que “Formosa es una caso paradigmático, donde no puede seguir el avasallamiento”.
Explicó que la situación de vulneración de derechos es idéntica para los cuatro pueblos que habitan la provincia (Qom, Wichí, Pilagá y Nivaclé). “Los cuatro pueblos reclaman derechos colectivos, reclaman territorio y se le violan los derechos humanos”, afirmó. Relató que existen muertes por enfermedades evitables y por desnutrición, y lamentó que en la comunidad La Primavera haya “matones con rostro indígena que atacan a los hermanos que luchan”.

Apuntó a un actor hasta ese momento ausente en la conferencia de prensa. “El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) es el operador del gobierno nacional en Formosa, siempre juega a favor de Gildo Insfrán. El INAI debe reconocer a Félix Díaz como qarashé de la comunidad, pero sigue las instrucciones de Insfrán y actúa en contra en Félix”, denunció la dirigente mapuche.

Afirmó que es necesario “un gesto” del gobierno nacional para con los pueblos originarios y anunció que comunidades indígenas de todo el país se reunirán del 3 al 5 de junio en Formosa para “exigir el respeto a nuestros derechos y para dar una clara señal de respaldo a la lucha de los cuatros pueblos indígenas de Formosa”.
 

Etnocidio
 

Lorena Cardín es la persona externa a la comunidad qom que más conoce Potae Napocna Navogoh (hace doce años que acompaña, desde el territorio, las luchas, alegrias y pesares). Además es antropóloga y docente de la UBA.
“Denunciamos el etnocidio en Formosa”, comenzó Cardín y explicó que se suceden las muertes por tuberculosis, por chagas y por falta de asistencia médica.

Y apuntó a los clásicos argumentos oficiales. Reconoció que la provincia fue pionera, en 1984, con una ley que reconoce los derechos indígenas. “¡Pasaron 29 años! Ese logro ya no tapa la situación que padecen los cuatro pueblos indígenas que viven en Formosa”, reclamó y detalló que en la provincia hay un “control total” de Gildo Insfrán. Ejemplificó: el ProHuerta (un plan nacional de huertas familiares dependiente del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social) tiene prohibido entregar semillas a la comunidad La Primavera.

“En Formosa hay una violencia estructural”, aseguró la antropóloga y desafió: “El que tenga voluntad, que vaya y vea por sí mismo”. Pero de inmediato aclaró: “Claro que no tienen que seguir el circuito turístico que les arma el gobierno provincial” (reconocidos periodistas porteños visitaron la provincia de la mano de Gildo Insfrán y aún hoy derrochan alabanzas sobre la gestión gildista).

Cardín lamentó no poder contar todas las riquezas que tienen la comunidad (por ejemplo la lengua originaria, la cultura, los saberes), e insistió en la coerción que ejerce el Gobierno. Pero finalizó con un guiño: “Ese control no es perfecto. No pudo con Félix”.
 

“No se tolera más”
 

Nora Cortiñas recordó dos hechos que la unen a la lucha qom. La mañana de 2011 en que La Cámpora actuó como fuerza de choque (con Andrés Larroque a la cabeza) y desalojó el acampe de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Y la elección realizada en la comunidad, en la que Félix Díaz fue elegido por amplia mayoría (por sobre el antiguo cacique, Cristino Sanabria).

“Félix ganó la representación de la comunidad, pero nunca fue reconocido por el gobierno nacional. Y el Gobierno permite ese doble comando porque quieren echar a Félix. Mientras la comunidad es atacada criminalmente”, advirtió la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, lamentó la falta de respuesta de la Presidenta y aclaró: “¿Qué queremos? Que se terminen los ataques. No se tolera más la violencia”.
 

DDHH
 

Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, recordó que luego del acampe qom en Avenida de Mayo el gobierno nacional aceptó la creación de una mesa de diálogo. Detalló que se firmaron actas y, a pedido del Gobierno, se aceptó una elección en la comunidad para determinar quién era la autoridad e interlocutor (si Félix Díaz o Cristina Sanabria, aliado de Insfrán). “Se les impuso un método de elección que no era propio de la comunidad, con observadores de Nación y Provincia. Así y todo fue electo Félix, pero no lo reconocen, juegan al desgaste. Ningunean a la comunidad y ningunean a los organismos de derechos humanos”, denunció.

Pimentel recordó que en esa mesa de diálogo, que coordinaba el ministro del Interior, Florencio Randazzo, participaban también Abuelas de Plaza de Mayo (en su lanzamiento había estado su presidenta, Estela de Carlotto). “Hoy no están”, lamentó. Y resumió: “Los derechos humanos se defienden o se violan. Y acá se están violando. Hay que acabar con este genocidio silencioso”.
 

Maravilla
 

Mirta Acuña de Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue muy breve. Lamentó la violencia contra el Pueblo Qom y fue directo al grano: “La semana pasada vi por la tele a la Presidenta con Maravilla Martínez. Y me pregunté ‘¿Y Félix Díaz?’. Tiene tiempo para un boxeador y no para Félix. Hay que reclamarle que reciba a Félix”.
 

Reacción y silencio
 

Desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamaron ayer a la tarde a Félix Díaz. Le anunciaron que el 22 de mayo se hará pública la definición del máximo tribunal respecto al reclamo de la comunidad (el año pasado se había realizado en la Corte una audiencia pública por el conflicto territorial).

Al momento del cierre de esta nota, ningún funcionario nacional se había comunicado con el líder qom por los reclamos pendientes ni por los hechos de violencia que padeció la comunidad qom.

Viernes 5 de julio de 2013 » Pueblos originarios

Dos muestras (más) del genocidio indígena

Entre la semana pasada y el transcurso de la presente dos hechos importantes tuvieron poca difusión en los medios masivos: por un lado, integrantes de la Comunidad Originaria Wichí de Ingeniero Juárez (Formosa) denunciaron que el cuerpo de Víctor Segundo - wichí que falleció a causa de una salvaje golpiza de criollos de la zona - fue entregado sin órganos a sus familiares. También, se supo que el domingo pasado en la localidad chaqueña de Fontana fue asesinado el qom Maximiliano Pelayo, con cuatro tiros policiales por la espalda. Informe: ANRed.   Formosa: Salvaje golpiza, muerte e irregularidades El 22 de junio, en circunstancias poco claras, el wichí Víctor Segundo, fue víctima en la localidad formoseña de Ingeniero Juárez de una brutal golpiza de parte de criollos de la zona. Pocos días después, producto de los golpes fallece. El miércoles 26 de junio por la noche comienza a circular en las redes sociales que el cuerpo de Víctor Segundo fue entregado a sus familiares sin sus órganos, lo cual generó que familiares y vecinos del wichí asesonado rodeen la comisaría solictando explicaciones por lo sucedido. "El cuerpo de Víctor Segundo, asesinado a golpes por un criollo de Ingeniero Juárez llegó sin órganos. Esto se sabe porque los familiares abrieron el cajón. Víctor Segundo no tenía documentos y la familia nunca fue consultada ni tampoco informada al respecto de lo que se hizo con el cuerpo", denunciaba aquella noche Agustín Santillán, referente de la comunidad wichí en Juárez, al oeste de la provincia de Formosa. El referente ya había denunciado en la Cumbre de los Pueblos Originarios a Cristino Mendoza, intendente de Ingeniero Juarez, y al gobernador Gildo Insfrán, por su política represiva y de generar áreas liberadas para los contantes ataques a su comunidad. Por el asesinato de Segundo se encuentra detenido González Herrera en la comisaría de Las Lomitas, que la comunidad defiende ya que lo considera inocente, y que es víctima de una causa armada. En los últimos años se fueron acumulando casos similares al de Víctor Segundo, como los de los asesinatos de Anastacio Giménez, René Torres, José Brandán, Linaura Andrada y María Rosa Cuello, por sólo nombrar algunos. Por eso mismo, la comunidad wichí hizo público el miércoles pasado un comunicado en el cual denuncia:" Queremos comunicar que aquí (Formosa), hoy y ahora estamos siendo perseguidos y asesinados. Queremos comunicar que la muerte nos acecha desde hace décadas, que las mujeres de nuestra comunidad sufren violaciones y abusos que nunca se investigan o que se mienten; que nuestras niñas y niños continúan muriendo por hambre, por desnutrición, por tuberculosis, y por demás enfermedades que son curables". Asimismo, denunciaron que les han "robado los documentos en las últimas elecciones y que nunca han sido devueltos, que la salud no existe para las comunidades originarias del oeste, que el acceso a la educación es un camino difícil de andar, porque a nuestros memas (maestros bilingües) les son indiferentes, cuando no los amenazan, y en muchos casos son Ssuspendidos o dejados sin trabajo (...) Nuestros referentes son sistemáticamente perseguidos, vigilados y amenazados, queremos decir que todo esto sucede bajo el poder político del intendente Cristino Mendoza, que hace 8 años está en el poder, y que es amparado por el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán". Chaco: balas policiales para el qom El pasado domingo 30 de junio Maximiliano Pelayo, de 22 años, integrante del pueblo qom de Chaco, fue asesinado en la localidad de Fontana de cuatro disparos de bala de parte de oficiales de la policía provincial. El asesinato policial ocurrió cuando dos efectivos de la fuerza se trasladaron al barrio Cacique Pelayo, de Fontana, para intervenir ante denuncias de vecinos del lugar de que había peleas entre unas veinte personas, entre las que se encontraba el joven asesinado. Maximiliano Pelayo fue herido en la zona toráxica y en el brazo izquierdo, y luego due trasladado a bordo de un patrullero al Hospital "Luis Fleitas", de Fontana, donde falleció a las pocas horas de ingresar. La investigación la lleva la fiscal de Instrucción 3 de Resistencia, Carmen Scarpin, quien ordenó la detención del agente y el suboficial involucrados en el operativo, quienes fueron alojados en la División Bomberos de Resistencia. Marcos Verbeek, titular del Ministerio de Gobierno del Chaco, luego de los hechos, y producto de una movilización de organizaciones junto a los familiares del joven, dispuso que sea intervenida la Comisaría 1a. de Fontana, que actuó en los hechos, como medida complementaria a la tomada por la fiscal. Como la muerte generó una gran conmoción en la comunidad de Fontana, la mañana del miércoles pasado se realizó una movilización convocada por la Multisectorial de agrupaciones sociales hasta las puertas de la Casa de Gobierno del Chaco. Miembros de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Federación Popular y CUBA, entre otras agrupaciones, se movilizaron y denunciaron abusos por parte de la policía provincial y pidieron por "el inmediato esclarecimiento de la muerte de Pelayo". Intimaciones al INAI Desde algunos bloques del parlamento se elevó un pedido de citación al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, a que dé explicaciones a la Cámara de Diputados por lo sucedido en Chaco y el rol del instituto frente a situaciones similares, como la acontecida en Formosa o con los integrantes del pueblo mapuche Maliqueo, que están encadenados a una parte de la institución y en huelga de hambre en reclamo del otorgamiento de su personería jurídica, que vienen tramitando desde el 2006. Asimismo, el pasado miércoles 3 se sumó la Corte Suprema de Justicia, que intimó al gobierno de Formosa y al INAI a reformular el cronograma de relevamiento de tierras de la comunidad indígena Qom, una propuesta que se está retrasando, a pesar de todas las muertes y heridos graves que en estos últimos meses tuvo la comunidad, como sucedió hace dos meses con Abelardo Díaz - hijo del qarashe Félix Díaz - y Carlos Sosa, ambos miembros de la comunidad Qom de la provincia de Formosa que sufrieron brutales heridas producto de un ataque. FALLOS EN FAVOR DE PUEBLOS ORIGINARIOS, MIENTRAS ESPERAN LA RURAL Y CLARIN Prolegómenos La Corte Suprema falló a favor de los qom de Formosa y los mapuches de Río Negro. Los derechos de los pueblos originarios fueron un taparrabo de la Convención de 1994, que constitucionalizó los principios del liberalismo privatizador, pero aún hoy no tienen plena vigencia. Legitimada ante la corporación judicial, la Corte debe decidir ahora la ley audiovisual y la propiedad del predio de Palermo, que enfrentan al sistema institucional con los poderes fácticos. La economía en año electoral.   [cerrar] Comparta esta nota con un amigo E-Mail de su amigo Su nombre Su E-Mail Por Horacio Verbitsky   El fallo que la Corte Suprema de Justicia preparaba respecto de un pueblo originario no era uno sino dos. Uno le dio la razón a la comunidad Qom La Primavera en el litigio por la medición de sus tierras, contra la provincia de Formosa, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y una fracción indígena respaldada por la administración de Gildo Insfrán. El otro suspendió el desalojo de un inmueble propiedad de la comunidad mapuche Las Huaytekas dispuesto por los tribunales de la provincia de Río Negro, para lo cual tomó en cuenta un dictamen del INAI. En los dos casos formaron la mayoría Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda, a quienes se sumaron Carlos Fayt en el fallo de los Qom y Carmen Argibay en el de los mapuches. En ninguno votó Enrique Petracchi. Ambos se firmaron en el acuerdo del martes 2 de julio. La visibilidad mayor corresponde a la comunidad toba Qom, porque su cacique Félix Díaz posee una especial aptitud comunicativa y ha desarrollado una intensa actividad pública, dentro y fuera del país, con apoyo de diversas organizaciones políticas a derecha e izquierda, que incluyó una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano. Pero los mapuches constituyen la mayor entidad del Consejo Plurinacional Indígena y del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO). En cualquier caso, la firma simultánea de las dos decisiones, sumada a los fallos recientes que reconocen capacidad para representar a los trabajadores a organizaciones que no cuenten con la personería gremial, no ocurre por azar y ejemplifica el rechazo de la Corte a ser caracterizada como defensora de intereses oligárquicos o antipopulares. Estos fallos forman parte implícita del debate sobre la democratización de la Justicia, y preceden a la decisión que la Corte debe tomar acerca de la constitucionalidad de la ley audiovisual, sancionada por una amplia mayoría del Congreso hace cuatro años, pero que aún no ha podido ser aplicada por medidas cautelares y planteos de fondo presentados por el Grupo Clarín, que cuestiona su constitucionalidad. Una vez que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial satisfizo la pretensión del Grupo Clarín y elevó el expediente, la Corte dio traslado a la Procuración General de la Nación, que podría emitir su dictamen la semana próxima, antes del comienzo de la feria judicial de invierno (simpático nombre de las vacaciones pagas extra de que gozan durante dos semanas los jueces, mientras el resto de las profesiones y oficios continúan con sus labores). Las tierras indígenas Los casos de los pueblos originarios son importantes en sí, porque se refieren a derechos reconocidos en la Constitución reformada en 1994 y reglamentados en la ley de emergencia sobre tierras indígenas 26.160, de 2006. Ante el avance de la frontera agropecuaria sobre los pueblos originarios esa ley, promovida por la actual ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, suspendió la ejecución de desalojos de territorios de posesión o propiedad comunitaria y ordenó que el INAI realizara el relevamiento técnico jurídico catastral de esas tierras y la titulación comunitaria de su propiedad. Pero la tarea ha avanzado con suma lentitud. La ley fue prorrogada al vencer en noviembre de 2009 y deberá serlo otra vez en noviembre de este año, lo cual ratifica tanto la voluntad de cumplir con su propósito como las dificultades para su implementación, que desde el gobierno nacional se atribuyen a reticencia de las provincias. En mayo, la Corte había citado a una audiencia en la que Formosa y el INAI se comprometieron a que el relevamiento de tierras en el territorio provincial comenzara por la comunidad La Primavera, para lo cual debían elaborar un cronograma. Pero cuando lo presentaron a la Corte, contemplaba que comenzara por otros departamentos de la provincia (Ramón Lista, Bermejo y Matacos), y recién entonces llegará al departamento Pilcomayo, donde está la Comunidad Toba La Primavera, en la Colonia Laguna Blanca. La Corte no aceptó esa alteración del calendario de trabajo y además sostuvo que la propuesta respecto de La Primavera era imprecisa acerca de las fechas de realización de cada tarea y estimaba un plazo de ejecución de seis meses, que “no responde a la gravedad de los conflictos existentes”. Como considera que se necesitan “medidas inmediatas, la concentración de actividades y una propuesta de una fecha limite razonable”, el tribunal intimó a que en diez días hábiles (que vencen dentro de una semana) Formosa y el INAI reformulen el cronograma de tareas y cumplan con la decisión de la Corte Suprema de comenzar por La Primavera. En otra resolución del mismo día, la Corte Suprema dispuso suspender el desalojo de lo que los mapuches llaman “territorio recuperado”, una propiedad a 30 kilómetros de El Bolsón, que la comunidad ocupó en 2011 para impedir la construcción de un barrio privado del sindicato de petroleros de Comodoro Rivadavia que colocaría en terrenos del bosque sagrado Las Huaytekas, considerado único en el mundo, 60 cabañas, confitería, clínica de reposo y cancha de golf. En ese bosque milenario, en el que sin consentimiento de la comunidad cincuenta personas introdujeron maquinaria y vehículos con materiales y tambores de combustible, los mapuches realizan sus ceremonias ancestrales. Por eso decidieron impedir la realización de ese proyecto y defender el territorio de quienes atacan la naturaleza, “queriendo cambiar ríos, tirando árboles, contaminando, destrozando, usando en provecho propio lo que es bien de todos”, para lo cual cuentan por apoyo policial y de patotas. El INAI dictaminó que el terreno en disputa formaba parte del territorio tradicional de la comunidad indígena. Pese a ello, un juez de primera instancia, una Cámara de Apelaciones Civil y Comercial y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazaron con distintos argumentos las presentaciones de la comunidad Las Huaytekas, incluyendo su recurso extraordinario. Por eso, con el patrocinio del abogado Fernando Kosovsky, Coordinador del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra en la Patagonia (GAJAT), debió llegar en queja a la Corte Suprema, que detuvo el desalojo. Ese Grupo Jurídico, junto con el CELS, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena cuestionó el año pasado los puntos del proyecto de reforma del Código Civil elaborado por Lorenzetti y Highton referidos a las comunidades indígenas, porque “reiteran los vicios de la visión liberal que en el siglo XIX despojó a esas comunidades de casi todos sus derechos”. La reforma propuesta sólo considera el derecho a la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras y a participar en la gestión de los recursos naturales, a aquellas comunidades que tengan personería jurídica reconocida. También objetaron que el proyecto considere a las comunidades indígenas personas jurídicas de derecho privado, como las asociaciones civiles, las fundaciones y las sociedades comerciales, en lugar de personas de derecho público. Esto “implica olvidar que la Constitución Nacional reconoce a estas comunidades como preexistentes al Estado Nacional”. La propia incorporación de las comunidades indígenas al Código Civil no toma en cuenta la relación especial que tienen con sus tierras ni los estándares mínimos reconocidos por los órganos internacionales de derechos humanos. Una tercera resolución de la Corte, también del 2 de julio, conminó a la provincia de Formosa para que le informe quién ejerce la autoridad en la asociación civil Comunidad Aborigen La Primavera. En su nombre pretende participar de las negociaciones el cacique Cristino Sanabria, pese a que en las elecciones celebradas con control del gobierno nacional, por voto secreto y con padrones, fue derrotado en proporción 2 a 1 por Félix Díaz. Señales Estas resoluciones son señales emitidas por la Corte hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, que tienden a complejizar el debate por la democratización de la Justicia que planteó el gobierno nacional. La mayor ironía de las últimas reformas constitucionales fue que consagraron en la letra derechos sin correlato alguno en la realidad política y social del país. El gobierno militar surgido del golpe de 1955 convocó en forma ilegal a una convención reformadora, que en 1957 sancionó como única enmienda el artículo 14 bis, donde se enumeran todos los derechos imaginables, incluyendo aquellos conquistados por los trabajadores en la década previa, que la dictadura que fusiló obreros había abolido por la fuerza. El objetivo central de esa reforma fue suplantar la Constitución de 1949, que a los derechos y garantías del texto del siglo XIX había sumado los principios del constitucionalismo social (con los Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura) y declarado los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, y los servicios públicos como propiedad del Estado, cuya explotación no podría ser enajenada o concedida. El artículo 14 bis fue un cínico taparrabos para disimular ese despojo. Algo equivalente ocurrió con la reforma constitucional pactada entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín en 1993. La Convención de 1994 adobó los principios del neoliberalismo privatizador con el reconocimiento de los derechos humanos, los del consumidor y los de los pueblos originarios. Sólo la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos ha tenido una aplicación significativa, porque organizaciones previas a la reforma, creadas en la resistencia a la dictadura, los reivindican como instrumento propio y han recurrido a las instancias internacionales para asegurar su vigencia. Los derechos de los pueblos originarios son desconocidos por diversos gobiernos provinciales, a menudo vinculados en forma más o menos directa con los agronegocios o con los emprendimientos mineros más contaminantes, como el que la semana pasada debió retroceder en La Rioja ante la sostenida impugnación social. Con timidez y aún sin definir su propia competencia en el proceso, la Corte comienza a hacerse cargo de esta problemática. La prueba ácida El tribunal también tiene para resolver la constitucionalidad de una ley y de un decreto que apuntan al núcleo de la confrontación entre las autoridades constitucionales representantes de la voluntad popular y los poderes fácticos, que no reconocen restricción legal alguna a sus prácticas e intereses. La ley audiovisual fue sancionada por una amplia mayoría de las dos cámaras del Congreso en 2009, luego de intensos debates en cada una de ellas y de una serie de foros regionales en los diversos puntos del país, con un grado de participación de la sociedad sin precedentes. Pero medidas cautelares dispuestas por el juez suplente jubilado Edmundo Carbone, que había sido funcionario político en las dictaduras de 1966 y 1976, frenaron su aplicación durante tres años, hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por jueces que el Estado denunció porque habían realizado viajes por cuenta de una entidad de lobby financiada por el Grupo Clarín (Ricardo Guarinoni, María Najurieta y Francisco de las Carreras), declaró inconstitucionales varios de sus artículos que obligan al Grupo a reducir el grado de concentración que alcanzó en el mercado de la televisión, violando incluso los topes que fijaba el decreto de la dictadura vigente hasta 2009. La Corte Suprema recibió el expediente el mes pasado con los recursos de las partes y lo remitió a la Procuración General para que dictamine. La Procuradora Alejandra Gils Carbó había iniciado el estudio del caso mucho antes de que le llegara el expediente, ya que todas las resoluciones eran públicas, por lo cual podría firmar su presentación antes de que comiencen las dos semanas de vacaciones de invierno del Poder Judicial. La Corte también recibió la medida cautelar por la que la misma Cámara impidió la ejecución del decreto 2552/12 del Poder Ejecutivo que anuló la venta de los terrenos que la Sociedad Rural ocupa en Palermo. Los jueces Ricardo Guarinoni, Graciela Medina y Francisco de las Carreras entendieron que “resulta verosímil” que el predio de Palermo sea propiedad de la Sociedad Rural y que el Estado Nacional no podría “recuperar un bien que vendió hace más de veinte años”. Según cuál sea el pronunciamiento de la Corte, el desenlace será recordado como parte crucial de un proceso profundo de redistribución del poder o como la declaración de impotencia de la democracia republicana ante algunos de los sectores particulares más poderosos, que han acompañado a todos los procesos de facto. Con la nulidad de la reforma del Consejo de la Magistratura, la Corte se legitimó ante la corporación judicial. Lo que está en juego ahora es la reconciliación de la justicia y de todo el sistema institucional con los intereses populares.   pagina12.