La imagen de un hombre parado sobre tierra carbonizada, un par de palos tirados y la nada alrededor, es una de las tantas postales que documentan la realidad cotidiana que viven las comunidades mapuches, al sur de la República Argentina.
El lunes previo, Otranto había ordenado un allanamiento por el que efectivos de las fuerzas represivas federales llegaron hasta la comunidad Mapuche Tewelche Vuelta del Río. Allí, con violencia, procedieron a buscar cualquier rastro o dato relacionado con Santiago Maldonado. De alguna forma estaban siendo acusados ellos, de tenerlo escondido o de tener algo que ver con su desaparición.
“El día lunes mandaron a reprimir. A dos pobladores los agarraron con sus familias, hay un poblador que le rompieron la cabeza y otro que le pisaron la espalda”, relató a La Izquierda Diario Marcelo Calfupan, vocero de la comunidad agredida, en la puerta del juzgado en Esquel. “Este poblador tiene 58 años. Hoy vinimos a tomar pacíficamente el juzgado federal para pedir la renuncia inmediata del juez Otranto. Porque el juez Otranto nos quiere involucrar a nosotros como comunidad con la desaparición de Santiago Maldonado. Si él como juez mandó a reprimir a la Lof se tiene que hacer cargo él. Estamos cansados que seamos perseguidos por la policía que el juez manda a reprimirnos”, sentenció Calfupan.
“Este es un mensaje urgente. Muy urgente. Mi nombre es Moira Millán, estoy denunciando que en este preciso instante están quemando las casas de los hermanos de Vuelta del Río que vinieron a hacer la ocupación pacífica para pedir que el juez Otranto renuncie a su cargo”, alertaba un audio que se viralizó rápidamente, ese mismo miércoles, pasadas las 22. “Ahora están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas. Aparentemente es un grupo de hombres armados que no sabemos si son policías o son parapoliciales. Ellos están llevando adelante estos crímenes. Es tremendo lo que está pasando en la Provincia de Chubut", finalizaba el mensaje. Una de las viviendas carbonizadas pertenecía al vocero Calfupan.
Según fuentes confiables de la zona, la patota incendiaria estaba compuesta por hombres que responden a Benetton. Las comunidades mapuches están sometidas al accionar violento de las fuerzas represivas del Estado, tal como se vio en el operativo intimidatorio del lunes. Pero, como si no bastara con esto, también están sometidas al accionar de bandas parapoliciales, las guardias blancas que operan bajo el amparo del Estado, a favor de los intereses del magnate italiano.
Bajo el signo del fuego
Rosa Rua Nahuelquir y su esposo Atilio Curiñanco, también conocen del despojo y de las llamas encendidas entre las que se esfuman sus cosas. En el año 2002 la situación económica crítica no les daba tregua, ni a ellos ni a sus hijos. Vivían en la ciudad y la poca plata que ganaba Atilio como trabajador del Frigorífico Esquel no alcanzaba. Volver al trabajo en la tierra, a la crianza de animales, fue la solución que la pareja vislumbró. Volver a su tierra, les parecía lo mejor.
Atilio y Rosa se dirigieron al predio de Santa Rosa, porción de tierra perteneciente a la estancia Leleque, actual propiedad de Bentton. Allí se instalaron y construyeron una casilla. Atilio nació por esa zona en julio de 1952. Su padre Julio Curiñanco, había sido ferroviario y ocupó una vivienda en Leleque. Atilio entonces, pensaba volver a ocupar la tierra que había sido de su padre, donde había vivido también su madre y su hermano.
Atilio y Rosa no improvisaron y antes de regresar a la tierra de su familia averiguaron lo que pudieron sobre el lugar. Creían que las tierras eran fiscales, que no pertenecían a nadie y que no estaban siendo utilizadas con ningún fin productivo. Se aseguraron y mandaron una solicitud de información a la oficina de la Dirección de Tierras de Chubut y al Instituto Autárquico de Colonización. Ningún funcionario en Chubut les mencionó el apellido Benetton.
“Atilio, Rosa y sus hijos permanecieron allí durante 38 días. Hasta que llegó la Policía, la represión. El desalojo. Y el fin de los sueños. (…) Una patrulla policial entró al predio a los tumbos, con órdenes judiciales de desalojo firmadas por el doctor José Oscar Colabelli, el mismo magistrado que tiempo después sería acusado de defender intereses de las corporaciones mineras y suspendido de sus funciones. A los Curiñanco los acusaban por el delito de usurpación y no tuvieron paciencia: los policías espantaron a los animales, derribaron la casilla, quemaron los despojos. Atilio quiso oponerse pero un impulso interno lo frenó. Así que se mantuvo firme, con la mirada perdida en el fuego, contemplando cómo huían despavoridas las gallinas.
Rosa, a su lado, insultaba pero también se quedaba quieta, inmóvil e impotente, ante el avance de la destrucción. Algunos gritos, el sol calentando la Patagonia, el humo negro y el ruido de las llamas, como tambores ejecutados con sigilo, los motores de los vehículos policiales, el ‘acompáñenos’ del comisario, son recuerdos sonoros de aquel día que los terminó aturdiendo y que significó también el principio del caso judicial, la antesala de la querella y del juicio civil” (Fragmento de “La Patagonia vendida. Los nuevos dueños de la tierra”, Gonzalo Sánchez, editorial Marea).
La pareja siguió peleando por la tierra que les pertenece y en ese litigio, terminaron reuniéndose con el mismísimo Benetton en Roma, en 2004. Diez años después, en 2014 el INAI reconoció a la familia Nahuelquir-Curiñanco como poseedores del predio y estableció que su título de propiedad era su presencia ancestral. Hasta hoy el conflicto continúa en los tribunales provinciales, aunque ambos ocupan el territorio que se propusieron recuperar de las garras del empresario voraz.
Rosa y Atilio tuvieron que vérselas con Ronald Mc Donald, el capataz de la estancia Leleque. Fue él quien en 2002 se tomó la molestia de impulsar las acciones judiciales y policiales para garantizar que las tierras del amo Benetton estuviesen despojadas de “usurpadores”. Cuando tomó conocimiento de la presencia de la pareja en el predio Santa Rosa, corrió rápido a hacer la denuncia a la comisaría del Maitén. Mc Donald es el mismo hombre que hoy, 15 años después, comanda las guardias blancas que imparten su peculiar sentido de la “justicia”, bajo el signo del fuego.
“Estaba mi familia entera en una casa”
“Voy a contar una historia”, comienza el relato de Doña Segunda, anciana miembro de la comunidad Vuelta del Río. “Nací en el 42. Al año 50 ya venía conociendo esta realidad que hay hoy. Estaba mi abuelo, estaba mi madre, estaba mi abuela, estaba mi familia entera en una casa, venía la Gendarmería, venía la policía, los sacaban de la cocina, los arrastraban”.
“De aquí de la cordillera los llevaban, dejaban abandonados todos los animales. Después pasaba un mes o dos, venía otra vez la policía con el juez, sacaban los animales y los llevaban. Y ahora sigue lo mismo”, continúa Doña Segunda. “¿Por qué vamos a tener vergüenza para hablar? Es un derecho nuestro, territorio nuestro, donde nacimos y nos criamos. Ahí tenemos que estar, cerca de morir tenemos que morir ahí también. Es así la cosa, yo pienso así”. Ante el contundente remate de su relato, el aplauso de los oyentes estalla. Segunda es testimonio vivo de la persistencia del asedio a su pueblo desde tiempos remotos. Los personajes de su relato, como bien insiste ella son los mismos: la Gendarmería, la policía, el juez. Y la disputa de siempre, el despojo de la tierra, el arrebato del territorio que habitaron sus ancestros.
https://www.youtube.com/watch?v=keArzkTeSQc |
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