EL PAIS › Nota de tapa
Por Miguel Jorquera
El Congreso puso fin al negocio de la jubilacion privada:Por una abrumadora mayoría de 46 votos a favor y 18 en contra, el Senado aprobó anoche el proyecto de ley que declara el fin de las AFJP y unifica las jubilaciones en el sistema de reparto.
EL SENADO APROBO EL PROYECTO OFICIAL Y CREO EL SISTEMA INTEGRADO DE PREVISION ARGENTINO
Las AFJP ya son otro recuerdo de los ’90
Con 46 votos a favor y 18 en contra, el kirchnerismo sancionó la ley que devuelve al Estado la administración de las jubilaciones. Además de los senadores oficialistas, el Gobierno sumó el apoyo de legisladores socialistas, del MPN y del ARI fueguino.
Por Miguel Jorquera
Era un final anunciado, pero no por eso menos importante. El Senado selló ayer el fin de las AFJP. Sin sorpresas ni sobresaltos, con 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el oficialismo consiguió convertir en ley el proyecto que devuelve a manos del Estado el manejo sobre todo el sistema previsional. A los votos oficialistas se sumaron los de varios opositores. Los aristas fueguinos, el socialismo y el Movimiento Popular Neuquino respaldaron la eliminación del régimen de jubilaciones privadas. En cambio, el radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo anti K y algunos partidos provinciales rechazaron de plano el proyecto del Gobierno.
Tras casi un mes de trámite parlamentario, el Congreso transformó en ley el proyecto que la Presidenta anunció públicamente el 20 de octubre en un acto en la Anses. A los senadores les llevó ayer casi doce horas de debate en el recinto fijar posiciones que ya se conocían y definir en la votación el destino final del sistema privado de capitalización –creado por Carlos Menem y Domingo Cavallo–, que convivió durante catorce años con el estatal de reparto. Ahora, a partir de la promulgación de la ley, la Anses manejará el Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA) y todos sus recursos económicos.
“Estamos ante un cambio de trascendencia histórica, tal vez después se pueda mejorar. Pero acá estamos defendiendo el núcleo duro del tema: que el Estado maneje los recursos del sistema previsional. El sector privado ha fracasado”, dijo el jefe del bloque k en el Senado, Miguel Angel Pichetto. Hacia el cierre del debate, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Anses, Amado Boudou, seguían la sesión en el recinto junto al presidente de la comisión de Previsión de la Cámara baja, el formoseño Juan Carlos Díaz Roig. “No estamos violando el derecho de propiedad”, sentenció el senador rionegrino para ahuyentar los fantasmas sobre la litigiosidad que, según empresarios y opositores, los aportantes al sistema privado desatarán contra el Estado.
Nadie, ni defensores ni detractores del proyecto oficial, arrojó un salvavidas a las administradoras privadas. La mayoría de los 39 oradores arremetieron contra el “saqueo” que las AFJP ejercieron sobre los aportes de los trabajadores. Toda la discusión giró alrededor de la “necesidad” de otorgar más tiempo a la discusión sobre una “reforma integral” del sistema previsional y los controles que, de ahora en más, deberían ejercerse sobre el manejo de los recursos por parte de la Anses: un fondo de entre 80 y 90 mil millones de pesos que recibirá del sistema privado, más un flujo anual de entre 12 y 14 mil millones de pesos entre aportes de los trabajadores y contribuciones patronales.
Así, el oficialismo logró alinear al grueso de su tropa detrás del proyecto oficial, que llegó con algunas modificaciones desde Diputados, y dejó a la oposición sin aliados. Sólo quedaron afuera los rebeldes salteños Juan Carlos Romero –que presidió la Comisión de Presupuesto del Senado cuando se aprobó la creación del sistema privado– y su compañera Sonia Escudero. El cordobés Roberto Urquía, que tampoco avalaba la iniciativa, faltó a la cita. En cambio, los díscolos santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre acompañaron en general, pero prefirieron no expresar sus disidencias en particular durante el debate. La chaqueña Elena Corregido se plegó en general, pero expresó sus “observaciones”.
Algunos bloques opositores también respaldaron en general el proyecto: el MPN, el socialismo y el ARI de Tierra del Fuego. “Para los socialistas es volver a la Constitución. El artículo 1º determina la vuelta al sistema de reparto, aunque vamos a plantear serios reparos en particular. Los socialistas estamos votando con la misma convicción que en ’93, cuando dijimos que la privatización del sistema previsional iba a ser una gran estafa”, dijo el santafesino Rubén Giustiniani.
Desde la oposición, el arista José Martínez fue uno de los más acérrimos defensores del regreso del sistema previsional al Estado. “Coincidimos con el Gobierno, a pesar de todas nuestras críticas, en que el Estado es el que debe manejar los recursos jubilatorios”, dijo. El senador fueguino recordó que su provincia se enfrentó a Menem y Cavallo y se negó a privatizar el sistema previsional. El ex radical k Pablo Verani –que planea su regreso al redil radical opositor– pidió “permiso para abstenerse”.
El resto de la oposición mantuvo su rechazo al proyecto. “La Anses va a manejar el Fondo Monetario Nacional, con el 40 por ciento del PBI y sin ningún tipo de control”, arrancó el radical Gerardo Morales para luego pedir que el Banco Nación maneje los fondos que la Anses heredará del sistema de capitalización. Aunque admitió que “las AFJP saquearon y ralearon los bolsillos de los trabajadores”. Por la CC, María Eugenia Estenssoro rechazó de plano el proyecto oficial. “Proponemos un plazo de siete meses para discutir un sistema único de reparto, porque la precariedad institucional de este proyecto es gravísima”. Y advirtió sobre la catarata de juicios que afrontará el Estado.
Adolfo Rodríguez Saá fue la voz del peronismo anti k, con citas a Perón y críticas a un proyecto que “afecta la propiedad privada” y “la seguridad jurídica”. Chiche Duhalde prefirió no hablar en el recinto, pero también votó en contra. Sin representantes en la cámara, el macrismo recurrió al clamor desesperado para sostener con vida a las AFJP: los diputados Federico Pinedo y Julián Obiglio se ganaron un espacio en los medios al pedirle a Julio Cobos que, en su calidad de vicepresidente a cargo del Ejecutivo, vetara la ley (ver página 4). Nadie en el kirchnerismo le prestó seriamente atención al pedido. Ya habían pasado casi trece horas de debate y ni el tratamiento en particular había logrado alterar los 46 votos oficialistas. El funeral de las AFJP ya estaba en marcha.
Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-115405-2008-11-21.html
*********
OPINION
La irritación del poder
Por Alfredo Zaiat
La culminación de la etapa de las AFJP que se extendió por catorce años significa la medida más trascendental del reordenamiento del sistema previsional público. A esta altura, la abrumadora mayoría en uno de los poderes de la República, aspecto que tanto inquieta a los gendarmes de los buenos modales democráticos, no deja margen de duda sobre el respaldo que reunió el proyecto para poner fin a ese negocio financiero con el dinero previsional de los trabajadores. También cualquier evaluación técnica que tenga un mínimo de honestidad intelectual revelará la inconsistencia fiscal y la desestructuración de la seguridad social que significaba el régimen de AFJP. Frente a esa contundencia, la reacción destemplada de economistas de la city se entiende porque pierden uno de sus clientes favoritos. Las administradoras no se fijaban en gastos por informes y asesoramientos de esos gurúes debido a que el dinero no salía de bolsillos de gerentes de sueldos elevados, sino del aporte de los trabajadores. Como a ese grupo de brujos de la economía el destino de los jubilados les resulta totalmente indiferente, los análisis de catástrofes inminentes que no se cansan de pronosticar sin éxito se deben traducir en el lamento por la pérdida de contratos que merecerían conocerse para transparentar el debate, del mismo modo que sirvió en ese sentido la revelación de PáginaI12 sobre los abultados salarios del cuerpo ejecutivo de las AFJP.
Más relevante aún es profundizar por qué el fin de las AFJP ha instalado un estado de cólera permanente en los ámbitos del poder. Las cámaras empresarias, los voceros mediáticos y la secta de economistas amplificaron esas quejas con fervor militante. Por cierto, éstas no tiene su origen en la preocupación por la solvencia intertemporal de las cajas previsionales. Tampoco por la eliminación de las cuentas individuales, por el proceso de recuperación del régimen de reparto o por el mejoramiento de las cuentas fiscales, que con una particular contabilidad creativa los cruzados del neoliberalismo lo traducen en debilitamiento para pagar la deuda. La profunda irritación del poder tiene su razón en el inesperado avance del Estado en espacios que estaban vedados: en el capital de empresas privadas. El cientista político e historiador Natalio R. Botana ha sido el primero que lo expresó con claridad en un artículo publicado ayer en La Nación: “Esta política expansiva sobre la sociedad civil, con la captura por parte del Gobierno de un paquete significativo de acciones pertenecientes a empresas privadas...”.
Con el fin de las AFJP pasarán a manos del Estado paquetes de acciones de unas cuarenta empresas líderes, petroleras, metalúrgicas, bancos, grupos multimedios, telefónicas, cerealeras, que antes de la debacle de los mercados sumaban unos 10 mil millones de pesos. La exasperación del poder no es sólo por ese porcentaje de acciones, que no supera el 25 por ciento en cada una de esas compañías, sino por la incertidumbre sobre cuál puede ser el próximo paso de un gobierno al que consideran imprevisible o por el temor a la venta futura de esas acciones a otros inversores privados que no sean ellos.
Si se transparentaran los motivos de la batalla, el debate sería menos confuso para una mayoría inocente atrapada en una batería de amenazas de cataclismos próximos que afecta las expectativas sociales y, en consecuencia, las perspectivas de los sectores más vulnerables.
Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-115406-2008-11-21.html
************
OPINION
Entre el ayer y la crisis
Por Mario Wainfeld
El temario de este año ha sido inesperado, por doquiera. La Argentina agregó su cuota de color local a una agenda que nadie podía intuir cuando asumió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin ir más lejos: la reforma del sistema previsional, el retorno al pleno sistema de reparto estaba en las previsiones de nadie. Su magnitud la ranquea entre las medidas más potentes del kirchnerismo, en rango similar a los cambios en la Corte Suprema, la política de derechos humanos y la refinanciación de la deuda externa. Es un legado institucional interesante, de sesgo estabilizador, estatista y progresista. Se redondea en medio de una colosal crisis económica mundial y del más arduo trance político que atravesaron los dos últimos gobiernos.
En la Casa Rosada, Olivos y zonas de influencia están convencidos de que este paso gigantesco configura el real comienzo del actual mandato presidencial. Así dicho, el análisis subestima cuánto se debilitó el oficialismo en un puñado de meses, cuánto dejó agrandar a la oposición, cuánto caudal propio dilapidó en buena medida por errores no forzados. Si se computan esos retrocesos, puede coincidirse: la coyuntura económica y la reconfiguración de la política doméstica le abren a la Presidenta una ventana de oportunidad que nadie hubiera considerado necesaria hace un año, que casi ninguno estimaba factible a mediados de 2008.
Para llegar a este contragolpe, el Gobierno tomó nota de condicionantes impuestos por el escenario ulterior a la derrota en el conflicto por las retenciones móviles. Para capturar su nueva oportunidad deberá sopesar asimismo las restricciones y condiciones incubadas por el colapso del paradigma económico de la era Bush, cuya traducción, hasta ahora, es recesión en el centro del mundo y desaceleración del crecimiento en los países emergentes.
- - -
La república y las derrotas. Para sepultar a las nefastas AFJP, el Frente para la Victoria (FpV) capitalizó lecciones aprendidas con el rechazo de la resolución 125: la nueva centralidad del Congreso, la necesidad de articular mayorías amplias, allende la fuerza propia. Conseguir ambos objetivos lo compele a una gimnasia que subestimó (o hasta despreció) antaño: abrir los debates y los proyectos. Sumar opositores sólo es accesible si se les reconoce protagonismo, escucha y se habilita que metan cuchara en los proyectos que vienen del Ejecutivo. En la aciaga hora de las retenciones, tanto como cuando las modificaciones en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo se jugó a ganar con lo justo. Es un estilo arriesgado, que crispa en exceso y que mitiga las proyecciones sociales de las leyes. Una normativa acompañada por consensos extendidos tiene otro peso, que el oficialismo pudo paladear en sus reformas educativas durante el gobierno de Néstor Kirchner. Claro que eso exige trabajo, muñeca, tolerancia y firmeza, virtudes que el diputado Agustín Rossi ha demostrado en todo este tiempo. La lógica parlamentaria en un esquema pluralista no debe ser, como regla, el juego de suma cero. Congregar a otros es redituable, el camino es que los demás participen y mejoren su posición relativa.
La oposición parlamentaria que se sitúa a la izquierda del FpV fue constructiva, coherente con su pasado y su discurso. El socialista Rubén Giustiniani, por caso, pudo evocar un dictamen firmado hace 15 años por sus compañeros Alfredo Bravo, Estévez Boero y Luciano Molinas. Eso le permite interpelar mejor a sectores progresistas críticos del kirchnerismo, a quienes no les hablan el PRO, la Coalición Cívica, el neoduhaldismo y el radicalismo, arraigados en el enfrentamiento automático a todo lo que provenga del Gobierno.
Ese sector de la oposición, que clamaba por enviar la 125 al Congreso como artículo de fe republicana, desmerece el veredicto legislativo cuando les es adverso. La fe republicana, medida en la cancha, sólo se activa si se logra un score favorable. Cuando se es vencido, se rompe el compromiso sistémico, al modo del “dueño de la pelota”, que se la lleva si el partido viene mal.
La lógica rupturista opera aún con una ley aprobada por diferencias aplastantes en ambas Cámaras, votada por un amplio arco político, que incluye a los socialistas, eventuales (y valorados) integrantes de la virtual coalición antikirchnerista para 2009 y 2011.
Las reacciones intolerantes y el volumen de los discursos fueron directamente proporcionales a esa (por llamarla de modo compasivo) mezquindad. La diputada Patricia Bullrich (itinerante, ahora en la Coalición Cívica) acusó a una colega de haber promovido juicios contra el Estado. El embate fue falso. El tono, de fiscal de la Inquisición. Pero, en paralelo, la misma Bullrich y sus aliados en esta votación compitieron en augurar y justificar futuros juicios contra el Estado. La palabra del legislador en el recinto, según la jerga jurídica, es “interpretación auténtica”, la de la oposición es un borrador prefigurado para litigantes futuros. Si hasta se puede imaginar a un abogado de fondos buitre (llamémoslo Doctor John Crow) cortando y pegando en su compu las arengas opositoras para presentarlas ante el honorable juez Griesa.
- - -
Miles de millones de razones. El sistema solidario tiene un sustrato ideológico-valorativo digno de rescate. La capitalización individual fue un emergente del pensamiento conservador de los ’90, ligado a la hipótesis de la salvación individual y a la ruptura de lazos sociales. El reparto restaura la solidaridad en la clase trabajadora y entre generaciones. El régimen individualista fracasó, si es que así puede llamarse a su éxito, que fue forrar a las empresas y a sus gerentes y dejar a gamba a los jubilados para que los rescatara la eterna (y traqueteada) ambulancia estatal.
El oficialismo fue parco para hablar del otro núcleo de la medida, el de fondear al Estado, ampliando la solvencia fiscal en una etapa que impone activismo estatal. La oposición y los adalides mediáticos de las AFJP equiparan la “caja” con el pecado, mientras las empresas en que revistan piden créditos y subsidios con manga ancha.
Relegado del centro del debate por un equívoco pacto tácito, el ángulo fiscal es más que importante. Y, al paladar de este cronista, encomiable en su rumbo, que es fortalecer las arcas fiscales, un afán que aúna a todos los gobiernos del mundo.
Claro que el oficialismo no sostiene bien su causa, callando lo evidente y comunicando tan mal como de costumbre. El dinámico Sergio Massa ha entrado en una etapa apagada, ningún miembro del equipo económico toma el micrófono. El vacío de información resuena estruendoso, en circunstancias que claman por liderazgo y autoridad pública.
- - -
¿Te acordás, hermano? Las cadenas noticiosas de TV por cable no se conciernen cuando hay leyes importantes sin suspenso en la resolución ni gritos en el recinto. El compromiso republicano no es para tanto, se prefiere dedicar la cadena privada a transmitir el sorteo de la Copa Davis.
Sin el asedio de micrófonos y cámaras, José Pampuro presidió en calma la sesión. Julio Cobos se ausentó con aviso: ejerce la primera magistratura y ya protagonizó dos hechos históricos en un año, desde la cima de las decisiones. Miguel Pichetto tuvo una sesión relajada, yendo en auto a la mayoría de 46 votos contra 18.
Malas noticias para él: no tendrá oportunidad para distenderse. Se avecinan otros proyectos que pintan más peliagudos para el oficialismo, con emblocamientos más obvios, menos estimulantes. En Diputados confían sacar con holgura la ley del cheque y la de emergencia. “La salida de Felipe Solá no nos quita votos, los que se fueron no acompañaron ni las AFJP. Al contrario, nos ordena internamente. Con los propios y los aliados juntaremos cerca de 140 a favor”, porotean muy cerca del Chivo Rossi. Los aliados principales son el Movimiento Popular Neuquino, los radicales–concertadores santiagueños de Zamora, el bloque de Ariel Basteiro-Vilma Ibarra y varios monobloques. La pretensión oficialista se angostará en el Senado, que le viene costando más. Es menos plural en su composición, tienen un peso alto de peronistas díscolos como los Rodríguez Saá, Chiche Duhalde y Carlos Menem, los senadores tributan más a sus gobernadores.
Ni los números ni la razón terminan de asistir al Gobierno en el debate en ciernes. La angustia financiera de las provincias es palpable e inspira amagues de aumento de impuestos en Santa Fe, en Buenos Aires, en Capital, por mentar a distritos renombrados. Por ahora, los intentos se retractan, pero ese minué no durará si no mejora el flujo de recursos. Suena excesiva la insistencia del gobierno nacional en no mejorar la coparticipación, cuando el horizonte compartido tiende a la baja.
- - -
La gesta y la calma. La retórica oficialista se complace en confrontar con sus adversarios más brutales y en enaltecer cada una de sus acciones como una gesta, sin percatarse de que las dos tribunas ululantes (la afín y la hostil) son minoritarias. Subsiste una tendencia, o hasta una obstinación, en mantener en vilo a la sociedad que, seguramente, anhela otras señales.
La aceptación del Gobierno ha caído bastante este año... y el mundo cambió. En ese marco, con mejor sustento fiscal, llega el momento de propagar serenidad, emitiendo informaciones precisas para el corto y mediano plazo. Los argentinos, curtidos en tantas crisis, son presa fácil de la desolación o de los rumores que se contrarrestarían mejor si se detallara un programa financiero para el año entrante y una lista de las principales medidas económicas proactivas. Más allá de elogiar los valores de la medida, explicar para qué van a servir el flujo y el stock de dinero de la Anses. Bien usados, pueden trasfundir crédito a la economía local y al Gobierno.
La obra pública, la intervención estatal, el desendeudamiento externo, la respuesta cotidiana a los problemas, están en el ADN del oficialismo, tanto como aspirar al centro de la escena. Infundir calma y predecibilidad, definir objetivos e instrumentos futuros les place (les cabe) menos a los Kirchner. Pero la necesidad tiene cara de hereje: las chances de reconstruir la autoridad o hasta el liderazgo de la Presidenta (pocas, pero no nimias) dependen de que ejercite el rol de piloto de crisis, mucho menos lineal que la pura confrontación o el sobresalto cotidiano.
* mwainfeld@pagina.12.com.ar
Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-115407-2008-11-21.html
**********
EL SISTEMA PRIVADO DE CAPITALIZACION DESDE SU ORIGEN HASTA LA ACTUALIDAD
Una historia de promesas incumplidas
Una historia de promesas incumplidas
Se consolidaron debido a la crisis del régimen público, la propaganda oficial, las presiones empresarias, la complicidad de algunos sindicatos y una intensa campaña publicitaria que prometía el paraíso. Sin embargo, el resultado fue ruinoso.
La campaña a favor de las AFJP fue abrumadora y obtuvo resultados contundentes. En menos de un año, casi cuatro millones de personas optaron por el sistema de capitalización, incentivadas por la crisis del régimen público, la propaganda oficial, las presiones empresarias, la complicidad de algunos sindicatos y la publicidad de las propias administradoras que les prometían el paraíso a quienes les cedieran sus aportes. Fueron pocos los que a mediados de los ’90 resistieron los cantos de sirenas y se opusieron a un cambio que a la larga terminó siendo ruinoso para los trabajadores.
La Argentina tuvo hasta 1994 un Sistema Nacional de Previsión Social que, sustentado en un pacto de solidaridad intergeneracional, financiaba las jubilaciones con el aporte de los trabajadores en actividad. A medida que la política de previsión social fue quedando su-bordinada a las necesidades coyunturales de los distintos gobiernos, el sistema se fue desfinanciando y comenzaron a cobrar fuerza los pedidos de reforma inspirados en la Nueva Ortodoxia Previsional, que propagandizó el Banco Mundial. Según esa concepción, los sistemas de reparto son económicamente ineficientes y socialmente injustos. Por lo tanto, se propuso reemplazarlos por un esquema de acumulación de ahorro en cuentas individuales.
En Argentina, lo que se terminó implementando fue un sistema mixto, pero al régimen de reparto se le asignó un papel residual, pues se le quitó su principal base de financiamiento: el aporte de los trabajadores en actividad. Luego la ley de Solidaridad Previsional, ideada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, terminó de consumar la estafa al su-bordinar los haberes jubilatorios a la recaudación poniendo fin al principio de movilidad.
El gobierno de Carlos Menem además hizo todo lo posible para convencer a los trabajadores de que derivaran sus aportes a las AFJP. A fines de 1993, el Ministerio de Trabajo, entonces comandado por Enrique Rodríguez, editó una historieta de doce páginas, a todo color, destinada a explicar los puntos más importantes del nuevo régimen jubilatorio. En los hechos, este comic protagonizado por tres oficinistas y guionado por dos periodistas era una apología del sistema de capitalización.
En una parte de la historia, uno de los personajes afirmaba que un trabajador, que ganaba 1000 pesos y tenía 10 años de aporte al viejo régimen, al momento de jubilarse iba a percibir 138 pesos por la Prestación Básica Universal (PBU) y 150 pesos por la Prestación Compensatoria (PC), lo que sumaba 288 pesos, pero si se jubilaba por el sistema estatal tendría que sumar 170 pesos por la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), lo que le daba un haber de 458 pesos. Mientras que si lo hacía por una AFJP, tendría que agregar 209 pesos, pudiendo llegar a cobrar 497. El cálculo estaba claramente manipulado a favor del sistema de capitalización, pues la única forma de proyectar el ingreso futuro siempre fue a partir de supuestos y los supuestos utilizados en ese caso favorecían al régimen privado, sin que ello fuera aclarado en ningún momento.
Por si ese tipo de maniobras no bastaran, mientras estuvo abierta la posibilidad de elección entre ambos sistemas, Menem denostó públicamente el régimen de reparto y exaltó las bondades de la capitalización individual. “Vamos a tener que elegir entre el viejo sistema, que ha llevado a la destrucción de los ahorros, o el nuevo, que tan excelente resultado da en Chile”, aseguró el 29 de abril de 1994 durante una jornada de capacitación sobre la jubilación privada, luego de aclarar que por su cargo de presidente no le correspondía decir qué opción era más conveniente. Tres meses después llegó a decir, incluso, que había optado por una administradora “porque voy a poder controlar mis depósitos”.
Domingo Cavallo también hizo campaña a favor de los bancos, recomendando varias veces el sistema privado. Incluso siendo él ministro de Economía llegó a poner en duda la posibilidad del Estado de cumplir con los compromisos. “El que se queda en la jubilación estatal va a tener que seguir creyendo, como creyeron los jubilados de hoy, en que los funcionarios van a tomar las medidas para poder cumplir con promesas que sólo están escritas en las leyes”, afirmó el 23 de mayo de 1994.
Reconocidos miembros del establishment también desplegaron un fuerte lobby a favor de las AFJP, adjudicando al sistema privado propiedades sanatorias. “Esto da tranquilidad a las nuevas generaciones, que saben que, cuando lleguen a viejos, no necesitarán seguir trabajando y tampoco deberán apelar a hijos u otros para su sostenimiento. Desaparecerá el drama de los que de hecho no pueden jubilarse, porque ello implica un brusco descenso en sus ingresos y su nivel de vida, que frecuentemente no pueden soportar”, afirmó por entonces Juan Alemann, ex secretario de Hacienda del dictador Jorge Videla.
También hubo sindicalistas que no sólo consintieron la reform, sino que participaron del negocio. La Unión Obrera de la Construcción, encabezada por Gerardo Martínez, y la Federación de Trabajadores de la Sanidad, liderada por Carlos West Ocampo, se asociaron en la AFJP Claridad. Los gastronómicos participaron de la AFJP San José y Luz y Fuerza fundó la administradora Futura, entre otros. “Todas las AFJP ofrecen seguridad y solvencia”, aseguró West Ocampo al diario Crónica el 23 de abril de 1994.
Pese al rosario de promesas de prosperidad, la realidad que enfrentaron los trabajadores terminó siendo muy diferente. Un informe elaborado a fines del año pasado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA destacó que desde la instauración del régimen privado de capitalización, las AFJP habían recibido 93.870 millones de pesos (valuados a precios de 2006) y se quedaron con 30.789 millones en concepto de comisión (32,8 por ciento). Con el resto del dinero se dedicaron a especular financieramente, con resultados catastróficos para el trabajador, y cuando la crisis económica de fines de los ’90 se agudizó se convirtieron en prestamistas del Gobierno a tasas usurarias. La reciente crisis financiera internacional los encontró con el 75 por ciento de su cartera invertido en bonos, acciones locales y extranjeras que se derrumbaron estrepitosamente.
Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-115403-2008-11-21.html
*
*
*
.jpg)
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario