Unas 34 mil personas serán nuevas beneficiarias de pensiones de reparación en materia de Derechos Humanos
Así lo acordó la Comisión especializada tras despachar el veto de la Presidenta Michelle Bachelet, al proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Un total de 34 mil 652 familiares de detenidos desaparecidos recibirán beneficios de reparación con pensiones de viudez y otras de acuerdo a lo establecido por el veto presidencial al proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Así lo afirmó el senador Hosaín Sabag, presidente de la Comisión especializada que despachó con votación dividida varias de las disposiciones del veto presidencial. Por ello, anticipó que el tema más complejo será la facultad que se entrega al Instituto de Derechos Humanos para querellarse respecto a los atropellos a los derechos fundamentales.
De este modo, la iniciativa que irroga un mayor gasto fiscal por más de $1.000 millones quedó en condiciones de ser analizada, por la Comisión de Hacienda, con el fin de que pueda ser vista por la Sala del Senado, la próxima semana.
El parlamentario recalcó que "esta iniciativa es muy importante para muchos sectores de derechos humanos y también para numerosos organismos internacionales que lo han requerido".
Se crea un Consejo de Derechos Humanos que tendrá facultades especiales para querellarse cuando haya atropellos a los derechos fundamentales y podrá constituirse donde se estén produciendo estas situaciones.
Se precisó que "dentro de la legitimación activa del nuevo Instituto se comprende la facultad de deducir querella respecto de hechos de crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra; tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas".
Además se señala expresamente que este organismo podrá deducir los recursos de protección y amparo consagrados en la Constitución, en el ámbito de su competencia.
Sin embargo, el senador Sabag aclaró que "las facultades de este Consejo regirán a partir de la promulgación de la Ley y no tendrán efecto retroactivo".
Aseveró que "el Consejo del Instituto de Derechos Humanos estará integrado por dos representantes del Presidente de la República, dos del Senado, dos de la Cámara de Diputados; un representante de las Facultades de Derecho y 4 representantes de las instituciones de derechos humanos que están organizadas".
Agregó que "estos personeros gozarán de inamovilidad y se explicitan las causales de remoción, aclarando que la petición exclusión de alguno de ellos deberá ser solicitada por la mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados".
BENEFICIOS
El senador Sabag informó que con el fin de fortalecer las políticas de reparación y de respeto a los derechos humanos, se amplían las medidas de reparación a todos los menores calificados como "víctimas indirectas" por la Comisión Valech.
Asimismo se establece un mínimo de pensión de viudez equivalente al de la pensión establecida por la ley relativa a la revalorización de pensiones. De esta manera las personas menores de 70 años recibirán una pensión mensual de $104.960; las personas entre 70 y 75 años recibirán un moto mensual de $114.766 y las mayores de 75 años recibirán $122.451 mensuales.
El texto legal libera de la obligación legal de cumplir el Servicio Militar a hijos, nietos y bisnietos de personas detenidas desaparecidas o torturados.
Se otorga además el rango legal al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), respecto de familiares directos de víctimas de prisión política y tortura.
Cabe recordar que la iniciativa que crea el Instituto de Derechos Humanos tuvo su origen en un Mensaje del Ejecutivo y responde a las conclusiones que arrojó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
El informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue aprobado por el Senado el 8 de septiembre pasado, pero en esa oportunidad, el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo anunció el envío de un veto aditivo para reafirmar la facultad de esa entidad de presentar querellas por crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra, cometidos a futuro.
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