lunes, 2 de noviembre de 2009

Contra el burocratismo, por Ernesto Che Guevara

Contra el burocratismo, por Ernesto Che Guevara


inSurGente.


- "(...) Si conocemos las causas y los efectos del burocratismo, podemos analizar exactamente las posibilidades de corregir el mal. De todas las causas fundamentales, podemos considerar a la organización como nuestro problema central y encararla con todo el rigor necesario. Para ello debemos modificar nuestro estilo de trabajo; jerarquizar los problemas adjudicando a cada organismo y cada nivel de decisión su tarea; establecer las relaciones concretas entre cada uno de ellos y los demás, desde el centro de decisión económica hasta la última unidad administrativa y las relaciones entre sus distintos componentes, horizontalmente, hasta formar el conjunto de las relaciones de la economía. Esa es la tarea más asequible a nuestras fuerzas actualmente, y nos permitirá, como ventaja adicional encaminar hacia otros frentes a una gran cantidad de empleados innecesarios, que no trabajan, realizan funciones mínimas o duplican las de otros sin resultado alguno. Simultáneamente, debemos desarrollar con empeño un trabajo político para liquidar las faltas de motivaciones internas, es decir, la falta de claridad política, que se traduce en una falta de ejecutividad. Los caminos son: la educación continuada mediante la explicación concreta de las tareas, mediante la inculcación del interés a los empleados administrativos por su trabajo concreto, mediante el ejemplo de los trabajadores de vanguardia, por una parte, y las medidas drásticas de eliminar al parásito, ya sea el que esconde en su actitud una enemistad profunda hacia la sociedad socialista o al que está irremediablemente reñido con el trabajo. (...)"

Contra el burocratismopor Ernesto Che Guevara
Publicado por primera vez en el no. 18 de Cuba Socialista (febrero de 1963).Texto digitalizado cortesía de la Biblioteca de Textos Marxistas.Recodificado para el MIA por Juan R. Fajardo, 1999.

Nuestra Revolución fue, en esencia, el producto de un movimiento guerrillero que inició la lucha armada contra la tiranía y la cristalizó en la toma del poder. Los primeros pasos como Estado Revolucionario, así como toda la primitiva época de nuestra gestión en el gobierno, estaban fuertemente teñidos de los elementos fundamentales de la táctica guerrillera como forma de administración estatal. El "guerrillerismo" repetía la experiencia de la lucha armada de las sierras y los campos de Cuba en las distintas organizaciones administrativas y de masas, y se traducía en que solamente las grandes consignas revolucionarias eran seguidas (y muchas veces interpretadas en distintas maneras) por los organismos de la administración y de la sociedad en general. La forma de resolver los problemas concretos estaba sujeta al libre arbitrio de cada uno de los dirigentes.

Por ocupar todo el complejo aparato de la sociedad, los campos de acción de las "guerrillas administrativas" chocaban entre sí, produciéndose continuos roces, órdenes y contraórdenes, distintas interpretaciones de las leyes, que llegaban, en algunos casos, a la réplica contra las mismas por parte de organismos que establecían sus propios dictados en forma de decretos, haciendo caso omiso del aparato central de dirección. Después de un año de dolorosas experiencias llegamos a la conclusión de que era imprescindible modificar totalmente nuestro estilo de trabajo y volver a organizar el aparato estatal de un modo racional, utilizando las técnicas de la planificación conocidas en los hermanos países socialistas.

Como contra medida, se empezaron a organizar los fuertes aparatos burocráticos que caracterizan esta primera época de construcción de nuestro Estado socialista, pero el bandazo fue demasiado grande y toda una serie de organismos, entre los que se incluye el Ministerio de Industrias, iniciaron una política de centralización operativa, frenando exageradamente la iniciativa de los administradores. Este concepto centralizador se explica por la escasez de cuadros medios y el espíritu anárquico anterior, lo que obligaba a un celo enorme en las exigencias de cumplimiento de las directivas. Paralelamente, la falta de aparatos de control adecuados hacía difícil la correcta localización a tiempo de las fallas administrativas, lo que amparaba el uso de la "libreta". De esta manera, los cuadros más conscientes y los más tímidos frenaban sus impulsos para atemperarlos a la marcha del lento engranaje de la administración, mientras otros campeaban todavía por sus respetos, sin sentirse obligados a acatar autoridad alguna, obligando a nuevas medidas de control que paralizaran su actividad. Así comienza a padecer nuestra Revolución el mal llamado burocratismo.

El burocratismo, evidentemente, no nace con la sociedad socialista ni es un componente obligado de ella. La burocracia estatal existía en la época de los regímenes burgueses con su cortejo de prebendas y de lacayismo, ya que a la sombra del presupuesto medraba un gran número de aprovechados que constituían la "corte" del político de turno. En una sociedad capitalista, donde todo el aparato del Estado está puesto al servicio de la burguesía, su importancia como órgano dirigente es muy pequeña y lo fundamental resulta hacerlo lo suficientemente permeable como para permitir el tránsito de los aprovechados y lo suficientemente hermético como para apresar en sus mallas al pueblo.
Dado el peso de los "pecados originales" yacentes en los antiguos aparatos administrativos y las situaciones creadas con posterioridad al triunfo de la Revolución, el mal del burocratismo comenzó a desarrollarse con fuerza. Si fuéramos a buscar sus raíces en el momento actual, agregaríamos a causas viejas nuevas motivaciones, encontrando tres razones fundamentales. Una de ellas es la falta de motor interno. Con esto queremos decir, la falta de interés del individuo por rendir su servicio al Estado y por superar una situación dada. Se basa en una falta de conciencia revolucionaria o, en todo caso, en el conformismo frente a lo que anda mal.
Se puede establecer una relación directa y obvia entre la falta de motor interno y la falta de interés por resolver los problemas. En este caso, ya sea que esta falla del motor ideológico se produzca por una carencia absoluta de convicción o por cierta dosis de desesperación frente a problemas repetidos que no se pueden resolver, el individuo, o grupo de individuos, se refugian en el burocratismo, llenan papeles, salvan su responsabilidad y establecen la defensa escrita para seguir vegetando o para defenderse de la irresponsabilidad de otros.
Otra causa es la falta de organización. Al pretender destruir el "guerrillerismo" sin tener la suficiente experiencia administrativa, se producen disloques, cuellos de botellas, que frenan innecesariamente el flujo de las informaciones de las bases y de las instrucciones u órdenes emanadas de los aparatos centrales. A veces éstas, o aquellas, toman rumbos extraviados y, otras, se traducen en indicaciones mal vertidas, disparatadas, que contribuyen más a la distorsión.
La falta de organización tiene como característica fundamental la falla en los métodos para encarar una situación dada. Ejemplos podemos ver en los Ministerios, cuando se quiere resolver problemas a otros niveles que el adecuado o cuando éstos se tratan por vías falsas y se pierden en el laberinto de los papeles. El burocratismo es la cadena del tipo de funcionario que quiere resolver de cualquier manera sus problemas, chocando una y otra vez contra el orden establecido, sin dar con la solución. Es frecuente observar cómo la única salida encontrada por un buen número de funcionarios es el solicitar más personal para realizar una tarea cuya fácil solución sólo exige un poco de lógica, creando nuevas causas para el papeleo innecesario.
No debemos nunca olvidar, para hacer una sana autocrítica, que la dirección económica de la Revolución es la responsable de la mayoría de los males burocráticos: los aparatos estatales no se desarrollaron mediante un plan único y con sus relaciones bien estudiadas, dejando amplio margen a la especulación sobre los métodos administrativos. El aparato central de la economía, la Junta Central de Planificación, no cumplió su tarea de conducción y no la podía cumplir, pues no tenía la autoridad suficiente sobre los organismos, estaba incapacitada para dar órdenes precisas en base a un sistema único y con el adecuado control y le faltaba imprescindible auxilio de un plan perspectivo. La centralización excesiva sin una organización perfecta frenó la acción espontánea sin el sustituto de la orden correcta y a tiempo. Un cúmulo de decisiones menores limitó la visión de los grandes problemas y la solución de todos ellos se estancó, sin orden ni concierto. Las decisiones de última hora, a la carrera y sin análisis, fueron la característica de nuestro trabajo.
La tercera causa, muy importante, es la falta de conocimientos técnicos suficientemente desarrollados como para poder tomar decisiones justas y en poco tiempo. Al no poder hacerlo, deben reunirse muchas experiencias de pequeño valor y tratar de extraer de allí una conclusión. Las discusiones suelen volverse interminables, sin que ninguno de los expositores tenga la autoridad suficiente como para imponer su criterio. Después de una, dos, unas cuantas reuniones, el problema sigue vigente hasta que se resuelva por sí solo o hay que tomar una resolución cualquiera, por mala que sea.
La falta casi total de conocimientos, suplida como dijimos antes por una larga serie de reuniones, configura el "reunionismo", que se traduce fundamentalmente en falta de perspectiva para resolver los problemas. En estos casos, el burocratismo, es decir, el freno de los papeles y de las indecisiones al desarrollo de la sociedad, es el destino de los organismos afectados.
Estas tres causas fundamentales influyen, una a una o en distintas conjugaciones, en menor o mayor proporción, en toda la vida institucional del país, y ha llegado el momento de romper con sus malignas influencias. Hay que tomar medidas concretas para agilizar los aparatos estatales, de tal manera que se establezca un rígido control central que permita tener en las manos de la dirección las claves de la economía y libere al máximo la iniciativa, desarrollando sobre bases lógicas las relaciones de las fuerzas productivas.
Si conocemos las causas y los efectos del burocratismo, podemos analizar exactamente las posibilidades de corregir el mal. De todas las causas fundamentales, podemos considerar a la organización como nuestro problema central y encararla con todo el rigor necesario. Para ello debemos modificar nuestro estilo de trabajo; jerarquizar los problemas adjudicando a cada organismo y cada nivel de decisión su tarea; establecer las relaciones concretas entre cada uno de ellos y los demás, desde el centro de decisión económica hasta la última unidad administrativa y las relaciones entre sus distintos componentes, horizontalmente, hasta formar el conjunto de las relaciones de la economía. Esa es la tarea más asequible a nuestras fuerzas actualmente, y nos permitirá, como ventaja adicional encaminar hacia otros frentes a una gran cantidad de empleados innecesarios, que no trabajan, realizan funciones mínimas o duplican las de otros sin resultado alguno.
Simultáneamente, debemos desarrollar con empeño un trabajo político para liquidar las faltas de motivaciones internas, es decir, la falta de claridad política, que se traduce en una falta de ejecutividad. Los caminos son: la educación continuada mediante la explicación concreta de las tareas, mediante la inculcación del interés a los empleados administrativos por su trabajo concreto, mediante el ejemplo de los trabajadores de vanguardia, por una parte, y las medidas drásticas de eliminar al parásito, ya sea el que esconde en su actitud una enemistad profunda hacia la sociedad socialista o al que está irremediablemente reñido con el trabajo.
Por último, debemos corregir la inferioridad que significa la falta de conocimientos. Hemos iniciado la gigantesca tarea de transformar la sociedad de una punta a la otra en medio de la agresión imperialista, de un bloqueo cada vez más fuerte, de un cambio completo en nuestra tecnología, de agudas escaseces de materias primas y artículos alimenticios y de una fuga en masa de los pocos técnicos calificados que tenemos. En esas condiciones debemos plantearnos un trabajo muy serio y muy perseverante con las masas, para suplir los vacíos que dejan los traidores y las necesidades de fuerza de trabajo calificada que se producen por el ritmo veloz impuesto a nuestro desarrollo. De allí que la capacitación ocupe un lugar preferente en todos los planes del Gobierno Revolucionario.
La capacitación de los trabajadores activos se inicia en los centros de trabajo al primer nivel educacional: la eliminación de algunos restos de analfabetismo que quedan en los lugares más apartados, los cursos de seguimiento, después, los de superación obrera para aquellos que hayan alcanzado tercer grado, los cursos de Mínimo Técnico para los obreros de más alto nivel, los de extensión para ser subingenieros a los obreros calificados, los cursos universitarios para todo tipo de profesional y, también, los administrativos. La intención del Gobierno Revolucionario es convertir nuestro país en una gran escuela, donde el estudio y el éxito de los estudios sean uno de los factores fundamentales para el mejoramiento de la condición del individuo, tanto económicamente como en su ubicación moral dentro de la sociedad, de acuerdo con sus calidades.
Si nosotros logramos desentrañar, bajo la maraña de los papeles, las intrincada relaciones entre los organismos y entre secciones de organismos, la duplicación de funciones y los frecuentes "baches" en que caen nuestras instituciones, encontramos las raíces del problema y elaboramos normas de organización, primero elementales, más completas luego, damos la batalla frontal a los displicentes, a los confusos y a los vagos, reeducamos y educamos a esta masa, la incorporamos a la Revolución y eliminamos lo desechable y al mismo tiempo, continuamos sin desmayar, cualesquiera que sean los inconvenientes confrontados, una gran tarea de educación a todos los niveles, estaremos en condiciones de liquidar en poco tiempo el burocratismo.
La experiencia de la última movilización es la que nos ha motivado a tener discusiones en el Ministerio de Industrias para analizar el fenómeno de que, en medio de ella, cuando todo el país ponía en tensión sus fuerzas para resistir el embate enemigo, la producción industrial no caía, el ausentismo desaparecía, los problemas se resolvían con una insospechada velocidad. Analizando esto, llegamos a la conclusión de que convergieron varios factores que destruyeron las causas fundamentales del burocratismo; había un gran impulso patriótico y nacional de resistir al imperialismo que abarcó a la inmensa mayoría del pueblo de Cuba, y cada trabajador, a su nivel, se convirtió en un soldado de la economía dispuesto a resolver cualquier problema.
El motor ideológico se lograba de esta manera por el estímulo de la agresión extranjera. Las normas organizativas se reducían a señalar estrictamente lo que no se podía hacer y el problema fundamental que debiera resolverse; mantener la producción por sobre todas las cosas, mantener determinadas producciones con mayor énfasis aún, y desligar a las empresas, fábricas y organismos de todo el resto de las funciones aleatorias, pero necesarias en un proceso social normal.
La responsabilidad especial que tenía cada individuo lo obligaba a tomar decisiones rápidas; estábamos frente a una situación de emergencia nacional, y había que tomarlas fueran acertadas o equivocadas; había que tomarlas, y rápido; así se hizo en muchos casos.
No hemos efectuado el balance de la movilización todavía, y, evidentemente, ese balance en términos financieros no puede ser positivo, pero sí lo fue en términos de movilización ideológica, en la profundización de la conciencia de las masas. ¿Cuál es la enseñanza? Que debemos hacer carne en nuestros trabajos.
Ernesto

insurgente.

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Comienza debate de proyecto de ley que crea Ministerio de Asuntos Indígenas y Agencia de Desarrollo del área 02-11-09

Comienza debate de proyecto de ley que crea Ministerio de Asuntos Indígenas y Agencia de Desarrollo del área

Publicado el 02 de noviembre del 2009

La nueva Secretaría de Estado estará encargada del diseño, coordinación e implementación de la Política Nacional Indígena, en tanto que la Agencia de Desarrollo Indígena será el servicio público que la llevará a cabo.

El mensaje del Ejecutivo (boletín 6726) -que ingresó el pasado 6 de octubre a la Comisión de Gobierno Interior y a la Comisión de Hacienda- establece la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y una Agencia de Desarrollo Indígena, suprimiendo la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).Con el fin de iniciar su discusión en la Comisión de Gobierno Interior -que preside el diputado Germán Becker (RN)- se recibió al Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien expuso los fundamentos que sustentan la iniciativa con esta nueva institucionalidad, cuyo fin es el diseño, coordinación e implementación de la Política Nacional Indígena.Esta política nacional deberá contemplar lineamientos efectivos que aseguren a los pueblos indígenas su plena participación en la vida nacional y que contribuyan a crear las condiciones que les permitan su mayor realización espiritual y material, con pleno respeto a sus derechos y especificidad, como asimismo, la promoción de un enfoque multicultural, que facilite el reconocimiento de sus valores culturales y su aporte a la comunidad nacional. Sostuvo el Ministro Viera Gallo que el proyecto busca desarrollar una sociedad chilena en conjunto con todas las comunidades étnicas. No se trata de asimilarlos a la cultura occidental ni segregarlos, sino que sus realidades sean parte de lo que es Chile, con respeto, reconocimiento, participación y desarrollo de los mismos.“Esta nueva institucionalidad está dirigida a todos los habitantes de Chile, sean de la nacionalidad que sean. Pueden haber indígenas que vienen de otros países, a todas las personas indígenas sean chilenos o extranjeros”, afirmó. Agregó el Secretario de Estado que para ser efectivos los derechos que entrega la legislación a favor de los indígenas es necesario “que ellos se inscriban en el registro indígena y participen de una comunidad”. Durante su exposición, el Ministro hizo un análisis del problema indígena indicando que es histórico y profundo, pero que en las últimas décadas se han hecho esfuerzos importantes. En este sentido, recordó que en la década del ochenta, los pueblos indígenas no estaban reconocidos en el ordenamiento jurídico chileno. Sin embargo, el año 1989, con la suscripción del Acta de Nueva Imperial por parte de los dirigentes de los pueblos indígenas y el candidato presidencial de la época, Patricio Aylwin, comienza a construirse una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado.Agregó que uno de los primeros pasos en la implementación de una nueva política indígena fue la ley N° 19.253 del 5 de octubre de 1993 por la que se reconoce a los pueblos indígenas de Chile y se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).Entre el año 2001 y siguientes -indicó Viera Gallo- se realizaron otras acciones que han favorecido el reconocimiento constitucional y legal de los pueblos indígenas. Este proyecto de ley viene a culminar este proceso, ya que se entrega una institucionalidad para llevar a cabo una política nacional indígena y se crea un servicio capaz de llevarla a cabo.Para el diputado Sergio Ojeda (DC) las materias indígenas son trascendentes y por eso considera de vital importancia esta nueva institucionalidad. “Hemos sabido también que fue presentado el proyecto de ley sobre Consejo de pueblos indígenas, de tal manera que este es un paquete de leyes encaminadas a diseñar un programa o una estructura que atienda a comprender y atender los problemas esencialmente indígenas”.Agregó el parlamentario que “no obstante, consideramos que estos proyectos no pueden aprobarse sin la intervención, sin la consulta de los organismos o las organizaciones correspondientes, es por ello que nosotros vamos a elaborar un plan con el objeto de recibir aquí en la comisión a los dirigentes de las organizaciones indígenas, a las instituciones y a todo aquel que sea necesario”, puntualizó.Por su parte, el diputado Esteban Valenzuela (IND) consideró positivo el reemplazo de la CONADI por una Agencia de Desarrollo: “Está bien que el Gobierno se haya puesto las pilas en ordenar y transparentar la CONADI, que estaba con pésimas prácticas, no todos los funcionarios, pero especialmente el Fondo de Tierras”.Sin embargo, agregó el diputado independiente que existe una diferencia respecto del Ministerio: “Nuestra postura, la mía y la de Marco Enríquez-Ominami, es que hay que fortalecer más bien la participación indígena en las regiones que tienen una población indígena importante, no sólo una agencia nacional”. En este sentido señaló que hay que “confiar en las regiones que son -Araucanía, Los Ríos, la zona altiplánica- para que puedan tener una fuerte área en sus gobiernos regionales, que tengan un consejero regional indígena y una fuerte política de desarrollo indígena”.Organización institucionalidad indígenaLa organización del Ministerio que se propone contempla solamente los niveles de Ministerio y Subsecretaría, y se establece expresamente que no existirán Secretarías Regionales Ministeriales en su organización interna.La Agencia de Desarrollo Indígena, en tanto, será un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Asuntos Indígenas. Estará encargado de administrar el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, establecido en el artículo 20 de la ley N° 19.253, pudiendo, además comprar las tierras que sean necesarias para el cumplimiento de esta función. Asimismo, podrá recibir del Fisco, a título gratuito, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, de otros organismos públicos o de personas privadas, bienes raíces o derechos de agua para asignarlos a comunidades o personas indígenas en propiedad, uso o administración. También estará encargado de administrar el Fondo de Desarrollo Indígena y contempla direcciones regionales en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Magallanes y la Antártica Chilena, y Metropolitana.Lunes 2 de noviembre de 2009
editor@congreso.cl
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Senadores polemizan por eventual utilización de niños y mujeres en protestas mapuches-02-11-09

Valparaíso 02/11/2009 Departamento de Prensa

Senadores polemizan por eventual utilización de niños y mujeres en protestas mapuches

Mientras el senador Andrés Chadwick, aseguró que "no hay nada que justifique la presencia de menores en actos violentos"; su par, el senador Alejandro Navarro calificó de "mentira" la información dada a conocer por el Subsecretario del Interior, Patricio Rosende.

Sus visiones contrapuestas sobre el giro que habría tomado el conflicto mapuche con la utilización de niños y mujeres como "escudos" humanos, en los enfrentamientos con la policía dieron a conocer los senadores Andrés Chadwick y Alejandro Navarro.

Mientras el primero afirmó que "mucha de esta información se manejaba a nivel policial"; su par negó de plano las denuncias del Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, porque "avalan la tesis de la existencia de una guerra convencional en La Araucanía"

El senador Andrés Chadwick, aseguró que las revelaciones del subsecretario del Interior son graves y precisó que "las fotos y el video dados a conocer por la autoridad son tremendamente importantes, pero además significan la constancia de algo que ya se conocía a nivel policial: el uso de menores de edad en actos que tienen un alto grado violencia".

Agregó que "no hay nada que justifique en las reivindicaciones del pueblo mapuche, la utilización de niños como escudos en manifestaciones con adultos que van armados", dijo Chadwick.

Indicó que "hemos conocido oficialmente esta información y esperamos que los líderes y jefes de las comunidades mapuches, aquellos que están vinculados a estos actos de violencia, cambien su actitud, porque esta práctica no es nueva: viene de las guerrillas y del crimen organizado que usan a menores para generar una situación de catástrofe".

En este sentido, el senador Chadwick hizo un llamado "a las familias mapuches para evitar que sus hijos sean utilizados y puestos en riesgo y también a las autoridades para que puedan adoptar medidas, a través del diálogo y las conversaciones para que sea una condición básica que los niños no estén presentes en las manifestaciones, porque eso no tiene el perdón de Dios".

Puntualizó que "esta situación es el resultado de toda una acción que se ha estado desarrollando durante muchos años de manera muy equivocada. La situación en La Araucanía es extraordinariamente grave y cada vez más difícil, porque las propias autoridades reconocen que las políticas de entrega de tierras adoptadas en el pasado han fracasado".

Manifestó que "la CONADI se ha derrumbado por las irregularidades, la corrupción, la falta de cumplimiento de la ley y la pésima implementación de la política de entrega de tierras. Nadie sabe quién cumple o no los requisitos, se han entregado predios a personas involucradas en hechos violentos y se ha descontrolado tanto el número de comunidades como los precios de las tierras".

Sostuvo que lamentablemente "los gobiernos de la Concertación han actuado con un verdadero complejo al momento de aplicar la Ley y estos movimientos han ido creciendo. Estamos en un estado de violencia, donde existe un grupo militarizado con conexiones en el extranjero y donde el Estado chileno no está en condiciones de garantizar el libre tránsito y la paz".


TESIS INVENTADA

Por su parte, el senador Alejando Navarro, rechazó las acusaciones del Gobierno y aseguró que "el Subsecretario Patricio Rosende miente descaradamente respecto de la presencia de niños en el denominado conflicto mapuche".

Recordó que "solo hace unos días, el Gobierno negaba de plano las heridas con perdigones y balines que muchos niños mapuches han recibido a manos de las fuerzas policiales y de lo cual he sido testigo. Y ahora, inventa la tesis de los niños usados como escudos humanos, pretendiendo crear la sensación de una guerra convencional como en Irak".

El parlamentario quien viajó a Buenos Aires a pedir a la Cruz Roja Internacional ayuda médica para los niños afectados en el conflicto dijo que "el subsecretario Rosende ha hecho todos los anti-méritos para quedarse con el título del más duro y represivo en el cargo y ahora será el responsable de lo que pase en La Araucanía, por su visión unilateral y maniquea".

Añadió que "mientras se ensaña con los mapuche hace la vista gorda con las bandas paramilitares civiles fascistas que operan en la zona. Esta no es la mejor fórmula para avanzar en ninguna dirección". "Hemos llegado a un punto preocupante -prosiguió- pues los mapuche ya no están yendo a los hospitales porque aunque la lesión se haya producido por accidente, de inmediato es acosado policial y judicialmente".

El legislador recalcó que "el Gobierno sólo entiende por Estado de Derecho la protección de la propiedad privada, las tierras y camiones de particulares y de grandes consorcios forestales, así como la mantención del "orden público" que abomina de las reuniones y manifestaciones públicas y que pese al recurrente discurso pro-libertad de expresión busca limitar o inhibir cualquier crítica, por legítima que esta sea, en contra de las políticas implementadas por el Gobierno o el Parlamento".

El senador Navarro fue enfático en señalar que "los adoradores de la OCDE no han reparado en que los países que integran y conviven con pueblos indígenas, hace rato vienen construyendo caminos de acuerdo, respeto e integración, que en nada se parecen a la mano dura ejercida contra ancianos, mujeres y niños indígenas en nuestro país".

Precisó que "la aplicación de la ley antiterrorista, significa el cuestionamiento de los organismos internacionales de DDHH a Chile, por la discriminación y racismo que se ejerce contra el pueblo mapuche". Ejemplos de esto son: "la detención de la documentalista Elena Varela, los juicios con testigos enmascarados y repetidos hasta lograr la culpabilidad, los interrogatorios a niños mapuches, la expulsión de ciudadanos extranjeros y las huelgas de hambre de los comuneros",
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Bignone, el último presidente de la dictadura-02-11-09

EL ULTIMO DICTADOR



Por Diego Martínez

COMIENZA EL JUICIO A BIGNONE

Hoy empieza el proceso por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, el mayor centro de torturas y exterminio de los militares. El principal acusado es el último presidente de la dictadura, Reynaldo Bignone, a 25 años de haberle cedido su lugar a Raúl Alfonsín

COMIENZA HOY EL SEGUNDO JUICIO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN CAMPO DE MAYO

Bignone, el último presidente de la dictadura

El ex dictador Reynaldo Bignone será juzgado por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo. Riveros y Verplaetsen van por su segunda condena. Debuta el coronel Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601.

Por Diego Martínez

Un cuarto de siglo después de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín, el último dictador rendirá cuentas ante la Justicia. Reynaldo Benito Bignone, el general que ordenó incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra sucia y que confesó ante una periodista francesa que los desaparecidos “sólo fueron ocho mil”, comenzará a ser juzgado mañana por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, el mayor centro de torturas y exterminio del país durante la última dictadura. El ex presidente de facto tras la aventura de Malvinas, de 81 años, estará acompañado por cinco generales, incluidos tres condenados en agosto por el asesinato de Floreal Avellaneda, más el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Alberto Tepedino, y el ex comisario Germán Montenegro. Están imputados por 56 casos de secuestros, tormentos y homicidios.



Reynaldo Bignone fue uno de los jefes de los centros de tortura y exterminio que funcionaron en Campo de Mayo durante la dictadura.
Imagen: DyN
Ultima escala de miles de desaparecidos, Campo de Mayo es tal vez la mayor deuda del Poder Judicial con la sociedad argentina. A diferencia de la causa ESMA, con setenta procesados y ninguna condena, la mayor guarnición del Ejército va por su segundo juicio con el noventa por ciento de sus represores libres e impunes. La escasez de sobrevivientes es uno de los motivos, tan real como las deficiencias en la instrucción y los obstáculos de la Cámara Federal de San Martín. El condenado más famoso es el general Santiago Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares, de la ex Zona IV, y responsable de los centros clandestinos El Campito, Las Casitas, el Hospital Militar donde funcionó la maternidad clandestina, y la ex Cárcel de Encausados, que hoy aloja a represores con preventiva pero donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular.
Riveros, de 86 años, quien purga su sentencia en el penal de Marcos Paz, volverá a ser juzgado junto con otros dos condenados: los generales Fernando Ezequiel Verplaetsen, 84 años, ex jefe de inteligencia, y Jorge Osvaldo García, 82 años, que esta vez no será juzgado como ex director de la Escuela de Infantería sino del Colegio Militar de la Nación, escala previa al “Campito” de varios secuestrados. García lamentó hace dos meses la pasividad de sus cómplices civiles, “entusiastas de las Fuerzas Armadas de entonces” a quienes “no se les pide adhesión pero sí memoria”. El nuevo juicio le permitirá seguir pensando el tema, ya que incluirá el caso de Héctor Ratto, obrero de Mercedes Benz. Su gerente de producción Juan Rolando Tasselkraut entregó en presencia de Ratto la dirección de uno de los catorce delegados de la firma que permanecen desaparecidos.
Los otros dos generales tienen 83 años. Eugenio Guañabens Perelló será juzgado como autor mediato de secuestros y homicidios cuando dirigía en 1977 la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y comandaba el área militar 470, en el partido de General Sarmiento. Eduardo Alfredo Espósito fue ese mismo año director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410, que abarcaba Escobar y Tigre, pagos del preso más famoso de la causa: el ex intendente y torturador confeso Luis Patti.
El séptimo militar es Tepedino, a quien Página/12 fotografió y denunció en 2003 por violar su arresto domiciliario. El coronel retirado de 82 años fue director de Inteligencia Interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y comandó el Batallón de Callao y Viamonte en 1978 y 1979. El 601 procesaba y redistribuía la información que los destacamentos de inteligencia del Ejército de todo el país arrancaban en las mesas de torturas. Tanto Bignone como Riveros destacaron en sus indagatorias el rol de los subordinados de Tepedino. “El traslado de detenidos era decidido por personal de inteligencia del Batallón 601 destinado en Campo de Mayo, ya que eran los especialistas en interrogatorios. Gracias a ellos se ganó la guerra”, celebró Riveros.
Uno de los torturadores más recordados entre los sobrevivientes fue Néstor León López, miembro de Prefectura Naval a quien el 601 destinó en comisión a El Campito, donde se especializó en militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. “El Alemán”, que usaba una fusta para realzar su autoridad, fue identificado cuando ya había muerto por Juan Carlos Scarpati, que no dudó al ver las fotos de su legajo. También murió a tiempo el teniente coronel Jorge Voso, alias “Ginebrón” o “Víctor”, ex responsable del centro clandestino.
Otro interrogador impune pero vivo es Carlos Eduardo Somoza, alias “Gordo” o “Fito”, ex miembro de Gendarmería y de la Central de Reunión del 601. Hace treinta años usaba el nombre de cobertura César Ernesto Segal y se especializaba en militantes de Montoneros. Tal como informó Página/12, Somoza se fugó hace tres meses con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba. La captura frustrada la había requerido el juez Ariel Lijo por su rol en el Operativo Murciélago. Su detención en la causa Campo de Mayo fue solicitada hace dos años, pero ni el ex juez Martín Suares Araujo ni su subrogante Juan Manuel Yalj la ordenaron aún.
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“Mapuche, marxistas, ecologistas y nazis”* - 31-11-09

“Mapuche, marxistas, ecologistas y nazis”*

escrito por Augusto Samaniego Mesías sábado, 31 de octubre de 2009

Víctor Farías (quien ejerce ahora en una universidad chilena), articulista del diario chileno La Segunda, emite flagrantes errores históricos y tergiversaciones del conocimiento científico social. Nos presenta el horror actual del comunismo, el marxismo, aliado de los ecologistas, indigenistas y neo-nazis.

Esa ‘alianza’ (imaginada por Farías) anti-neoliberal pareciera restablecer la lógica de la ‘guerra fría’: por fin reencuentra un enemigo frontal; vuelca su adrenalina sobre el pensamiento crítico y las prácticas opuestas al liberalismo y el capitalismo contemporáneo. Invoca falsamente conocimientos para descalificar groseramente a quienes apoyen el reconocimiento de derechos colectivos del pueblo mapuche, en Chile. Farías debiera responder intelectual y éticamente ciertas falsificaciones básicas que estampa: - Lo que llama ideología nazi, mito de “un pueblo sin espacio” para agredir y expandirse, nada tiene que ver con la historia mapuche. Esa historia no es de expansión militar y negación de otras identidades y pueblos. Ha sido de resistencia contra el Estado inka, el imperio español, la ocupación de su territorio por el Estado de la República (décadas de 1860 a 1880), el “arreducionamiento” de los lof o comunidades en pocas y malas tierras. Ha enfrentado el afán del Estado chileno, secundado por intelectuales políticos del tipo Farías que han buscado por dos siglos dar con una “solución final” que pretende exterminar su identidad como pueblo mapuche mediante la supresión de la propiedad colectiva de la tierra comunitaria y la imposición de ‘títulos de propiedad individuales’, los abusos y robos de tierra y otros mecanismos para ampliar la migración a las ciudades y para entregar la mano de obra mapuche al mercado. Al contrario, la racionalidad liberal que formó y dirigió el Estado chileno -como cualquier colonialismo de raíz liberal en Europa o América- avasalló a los pueblos originarios –en tales caso sí con el pretexto de ‘falta de espacio vital’- para realizar la ‘civilización’ conforme a las reglas de la explotación de la masa de trabajadores directos = capitalismo. Queda claro que el fundamento ético-político-intelectual de la ideología nazi es muy afín con el fondo de los argumentos que sostiene Farías.

- El anti marxismo de Farías falsea la historia de ese pensamiento. Marx jamás colocó en términos excluyentes el concepto de ‘clase’ y de grupo étnico. Baste aludir a sus trabajos sobre la independencia de los irlandeses, de la comuna rural rusa, etc. ¿No ha reparado Farías que los mapuche, o aymara o los campesinos mestizos en nuestro sub continente se han proletarizado y desproletarizado, han transitado del trabajo asalariado a sus ‘comunidades’ y viceversa…sin que los liberales logren (“solución final”) que dejen de saberse cultural, identitariamente distintos? ¿No ha entendido que para lograr una convivencia humana y eficaz de chilenos-mestizos y mapuche, se debe primero reconocer su identidad y derechos colectivos inherentes? Su ira ideológica-política reside en que los mapuche, mediante sus luchas y acción proactiva, no necesitaron del marxismo ni de otras corrientes para resistir. Han mostrado que su identidad étnica puede, en momentos históricos relevantes, ir junto con una conciencia ‘de clase’; saben que ambas expresiones pueden retroalimentarse y dar a sus demandas un contenido tan anti liberal como que hoy el principal denegador de sus derechos es el gran capital (empresas hidroenergéticas, forestales, de celulosa, pesqueras, etc., su lógica contaminadora, destructora del medio ambiente de mapuches y chilenos. Por eso es que tantos no mapuche y mapuche coincidimos, para su pesar. No es ‘el enemigo interno’ el que lo amenaza a Ud., señor Farías, sino la búsqueda de una convivencia humana y justa, Un futuro conjunto es lo que aúna a ecologistas, marxistas, cristianos, etc., contra la depredación la sobre-explotación social.

- Muy torpe y desinformada es la ‘noticia’ de que tribus en EEUU reúnen 1500 millones de dólares para emprender negocios…Farías agrega que aquellas estnias nunca ‘tuvieron trato especial’ del Estado. No obstante, los liberales de EEUU (orgullosos o no de las masacres de indios como recurso para construir ‘La Unión’) han reconocido derechos de las ‘naciones indias’. Los liberales han preferido, eso sí, otorgar concesiones a las ‘reducciones’ para que instalen casinos, vendan alcohol o gasolina sin impuestos: un camino que intentan para corromper o simplemente ‘integrar’ a esas etnias. Farías pensará que es un buen precio a pagar a favor de ‘integrar indios’ al liberalismo…

Irracional y falso es decir que ‘el mito racial’ sería la única forma de entender el concepto de etnia. Tal afirmación es un recurso seudo intelectual para insistir en la eliminación de las culturas e identidades de pueblos indígenas; o sea, es un subproducto de ideologías del avasallamiento, ¡como la nazi! Para abreviar, dejemos que sea Alejandro Lipschutz F- nacido en familia judía en Riga, chileno por su propia opción, marxista y Primer Premio Nacional de Ciencias en este país (en 1969)-, quien responda escuetamente (mediante su escrito de hace seis décadas) el falso concepto de etnia de Farías. Dice Lipschutz: “la palabra griega étnos es una noción de orden social, mientras que genos es una de orden biológica”. En tal sentido develó el reduccionismo biológico que sustentó la ideología de la expansión colonial y otros procesos similares, señalando analíticamente el significado de étnos se opone al de genos o raza:“...un mismo grupo étnico se puede conformar, y en la mayoría de los casos se conforma, de diversos grupos raciales”.

Así, son posibles las ‘mutaciones étnicas’: el paso de indígenas o mestizos a blancos y de blancos a indígenas (o lo que él denomina ‘mutación étnica invertida o excepcional’). Agrega que el rechazo al cambio étnico obedece exclusivamente a condiciones de orden social. “Étnos es una noción sociológica general...; tribu y Nación son nociones sociológicas especiales”. Tribu y Nación (la cual puede estar constituida por varias tribus) son “grupos étnicos de distinta complejidad”.

Lejos de la ‘guerra contra el enemigo interno’ que anima a Farías, los derechos mapuche tienen que ser reconocidos y realizados para construir una convivencia más justa entre todos los que compartimos esta tierra. Sr. Farías, ¿considera que el Estado chileno es nazi al ratificar, y luego aplicar el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas? Somos cada vez más los que creemos que es posible y deseable compatibilizar la diversidad cultural, en tanto valor universal que se plasma en los derechos que hacen posible que se reproduzca la propia identidad étnica, con la acción histórica para hacer avanzar valores culturales objetivos de la humanidad entera.
Respuesta a Víctor Farías (columnista de La Segunda, 02.10.09)

Augusto Samaniego Mesías, historiador -USACH
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LA DISCUSION QUE NIEGA DERECHOS A PUEBLOS ORIGINARIOS DEL SUR- 01-10-09

LA DISCUSION QUE NIEGA DERECHOS A PUEBLOS ORIGINARIOS DEL SUR

El debate mapuche

Comunidades indígenas y académicos advierten sobre una ofensiva mediática y judicial contra los mapuches, que busca “demostrar” que vienen de Chile para negarles derechos sobre tierras argentinas.


Por Darío Aranda

Los mapuches provienen de Chile. Los mapuches mataron a los tehuelches, que eran indígenas argentinos, buenos y serviciales. Los mapuches no tienen derechos sobre los territorios que ocuparon. Los tres ejes conforman la cadena argumentativa utilizada en la Campaña al Desierto, que fue retomada con insistencia en los últimos meses por los grandes estancieros nucleados en la Sociedad Rural y los medios de comunicación que le son afines para exigir represión frente a los reclamos de los pueblos originarios. El mundo académico, que sobre la base de pruebas contundentes había dado por cerrado el debate, reaccionó primero con rechazo y luego con preocupación. “La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denuncia un comunicado del Consejo Directivo de esa casa de estudios. La avanzada contra el pueblo mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos (con el correlativo aumento de la conflictividad), el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán.

Crecencio Pilquimán tiene 73 años y siempre vivió en el Paraje Cerro Bayo, en el inhóspito desierto de Chubut. Es miembro de la comunidad aborigen Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo. En 2007 tuvo que recurrir a la Justicia porque el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) había cedido campos comunitarios a un estanciero de la zona. Según deja claro la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT, se debió consultar a la comunidad antes de decidir cualquier medida que pueda afectarla. Pero ni siquiera se le informó.

Hubo una primera medida favorable a la comunidad, pero luego la Justicia rechazó la acción de amparo, a pesar de demostrarse que en el predio había un cementerio donde yacían sus antepasados. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió. Pero lo particular y preocupante fue que el abogado del estanciero, Eduardo Zabaleta, se basó en la supuesta “chilenidad” del pueblo mapuche para negarle el derecho a su territorio. Utilizó como fuente y contrató como perito al historiador patagónico Rodolfo Casamiquela, referente de la teoría de mapuches invasores y asesinos.

“La particularidad del caso es la utilización de un argumento erróneo, ampliamente difundido como cierto en la opinión pública, pero refutado por la historia y la antropología, que pretende demonizar al pueblo mapuche y arrebatarle derechos estipulados en la Carta Magna y tratados supranacionales”, explicó Eduardo Hualpa, abogado especializado en derecho indígena y defensor de Pilquimán.

La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) es hoy el blanco de ciertos medios de comunicación y estancieros. Al frente de la ofensiva está el empresario Carlos “Nuno” Sapag (hermano del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag), integrante activo de la Sociedad Rural. “Son respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA que se encuentran en Chile. Tienen armas y se financian con el narcotráfico”, afirmó Sapag en una solicitada. La única prueba fue un artículo del conservador diario chileno El Mercurio.

La Confederación Mapuche informó que las comunidades enfrentan 32 causas penales (con más de 150 imputados), advirtió sobre la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.

“La razón fundamental de esta persecución mediática se debe a que el pueblo mapuche quiere sacar a la luz la manera fraudulenta e ilegal en que se han apropiado de la tierra indígena, mal llamada ‘tierra pública’, donde privados especuladores han contado con complicidad de organismo públicos. Es urgente un pacto con el Estado para generar la restitución territorial”, afirmó Jorge Nahuel, vocero de la Confederación. Ante la sostenida acción de esos medios de comunicación, la Confederación lanzó un comunicado. “Nos inventan desoriginados, ajenos, lejanos. En Chile dicen que somos de Argentina, que los invadimos. En Argentina repiten que somos de Chile. Tales transmigraciones se produjeron cuando ni Chile ni Argentina habían nacido”, explican y comparan: “A las multinacionales mineras y petroleras que nos saquean nadie les pide explicaciones sobre sus orígenes y las leyes las protegen con eficacia”.

En el polémico e irresuelto caso Pilquimán, el Tribunal no se expidió sobre el hecho histórico, pero solicitó pericias científicas a la Unidad de Antropología y Arqueología del Centro Nacional Patagónico (Cenpat), representada por su director, Julio Vezub. “El registro arqueológico, histórico y etnográfico documenta el poblamiento milenario del interior patagónico (...) y la continuidad étnica y familiar entre los actores (comunidad indígena) y la ocupación histórica, anterior a la expansión del Estado nacional y la llegada de los inmigrantes”, precisa Vezub, y rebate falsas verdades: “Las clasificaciones rígidas que asocian mapuche con indígena chileno y tehuelche con indígena argentino han sido desestimadas por la ciencia antropológica e histórica de los últimos treinta años. Estas identidades se anticiparon al trazado de los límites nacionales y se configuraron territorialmente a ambos lados de la cordillera de los Andes”.

La antropóloga, docente e investigadora de la UBA Diana Lenton también se presentó en la causa judicial. Recordó que ese discurso (del “haber llegado después”) fue utilizado recurrentemente durante la Campaña del Desierto y hasta en la década del ’30 para despojar a los indígenas de sus territorios y para deslegitimar sus reclamos. “El mismo tópico argumentativo surge una y otra vez. Adquiere mayor importancia si advertimos que el discurso legal construye sus contextos en base a (esos) otros discursos”, alerta.

La última semana, y en una inusual medida, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA emitió una “declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche”. Sólo menciona al diario La Nación, pero advierte sobre otros medios de circulación regional en la Patagonia. “La lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Estas notas no son ajenas a estos intereses, dado que tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”, denuncia la facultad e insta a los medios masivos de comunicación a “abordar la temática con la complejidad y responsabilidad
correspondiente.
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Genocidio y negación de derechos

Por Darío Aranda

Al negar los orígenes del pueblo mapuche se intenta utilizar la discusión histórica como mecanismo de negación de los derechos indígenas. Es una de las conclusiones de Walter Delrio, doctor en historia, investigador del Conicet y –aunque él prefiera evitar la calificación– uno de los académicos que más conocen sobre los pueblos originarios del sur del país. Lo alertó lo que denomina “nueva oleada de expresiones mediáticas”, y la vincula directamente con “diversos sectores que proponen no contemplar las demandas de las poblaciones originarias”.
Delrio afirma que la actual ofensiva sobre el pueblo mapuche contiene un “error conceptual de base en toda su argumentación” (por atribución de nacionalidades a pueblos preexistentes), xenofobia selectiva y discriminación de clase. “La arqueología comprobó la ocupación milenaria de ambas vertientes andinas como una misma área y no sólo como cruces cordilleranos de población humana sino de la utilización conjunta de aquello que hoy se ve como ‘ambos lados de la cordillera’”, explicó.
Docente de la Universidad Nacional de Río Negro y autor del libro Memorias de Expropiación (material imprescindible para entender las políticas estatales hacia los pueblos indígenas), Delrio remarca que las poblaciones cruzaron la cordillera de manera regular desde miles de años antes a la conformación de los Estados nación, pero advierte que no es casual el momento histórico en el que esa acción comenzó a ser vista como contraria y enemiga a la identidad nacional. “Hacia la década de 1870 (inicio de la Campaña del Desierto) convertir la globalidad de la población originaria de la Pampa y Patagonia en ‘invasores extranjeros’ otorgaba una supuesta legalidad a las campañas militares que las sometieron, expulsaron y se apropiaron de sus tierras y fuerza de trabajo”.
El historiador solicita que, al analizar el presente, se tenga en cuenta el accionar de las campañas militares de los Estados argentino y chileno. “Atacaron coordinadamente y se repartieron los territorios. Concebían a la sociedad indígena como una unidad que debía ser destruida en su conjunto.”
pagina12.
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BBC Mundo: Grupo mapuche le "declara guerra" al estado chileno- 02-11-09

2 November, 2009

BBC Mundo: Grupo mapuche le "declara guerra" al estado chileno

El martes 20 se conoció la supuesta declaración de CAM al Estado Chileno, Aucan Huilcaman de inmediato puso en duda el comunicado "Una organización seria debe dar los nombres de sus dirigentes y decir qué comunidades y qué personas están diciendo eso, con todo lo que está sucediendo cualquier persona pudo haber hecho eso”, luego se rumoreó la muerte de un hermano mapuche a manos de la policía el dirigente José Nain sostuvo esto “puede tratarse de un montaje que busque perjudicar a los indígenas de la Araucanía”…

FUENTE: BBC Mundo

Por Rodrigo Bustamante

Pueblo Mapuche - La jornada del martes 20 de octubre empezó con dos vehículos de transporte destruidos y un enfrentamiento entre encapuchados y carabineros, que se sumó a otros hechos de violencia que el pasado 16 de octubre terminaron con cinco comuneros detenidos, y procesados por la ley Antiterrorista.
La situación se hizo más tensa cuando la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) -considerada el grupo más radical de esta etnia- envió a los medios un correo electrónico en que sus integrantes dieron "término a todo diálogo con la República de Chile, declarándole la guerra al Estado chileno".
El voceo mapuche Aucan Huilcaman de inmediato puso en duda el supuesto comunicado de CAM por carecer de firmas "Con todo lo que está sucediendo cualquier persona pudo haber hecho eso. Creo que una organización seria además debe dar los nombres de sus dirigentes y decir qué comunidades y qué personas están diciendo eso, porque si no estamos cayendo todos en el juego como si esto fuera una guerra cibernética", señaló a BBC Mundo.
La supuesta declaración de guerra pasó a un segundo plano cuando a algunos medios de la región de la Araucanía llegó la información de la muerte de un comunero mapuche en un enfrentamiento con la policía.
En un principio, el dirigente José Naín dio la noticia por segura y dijo que sólo faltaba la identificación del indígena muerto, pero con el correr de las horas el propio dirigente fue cambiando su versión y sobre el final de la jornada admitió a BBC Mundo que la situación es poco clara.
A la espera de un pronunciamiento oficial del gobierno, José Naín sostuvo que puede tratarse de un montaje que busque perjudicar a los indígenas de la Araucanía "La gente de la zona está desconcertada, los mapuches están muy asustados, y este puede ser un operativo del Estado para aseguir allanando y persiguiendo a la gente", indicó.

mapuexpres


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Grupo mapuche "declara guerra" al estado chileno

Rodrigo Bustamante

Santiago de Chile

El encendido escenario en la región de la Araucanía en el sur de Chile tuvo su jornada más álgida el martes, cuando se conoció la supuesta declaración de guerra de un grupo mapuche al Estado y se rumoreó la muerte de un comunero indígena a manos de la policía.

La última semana en esta zona ubicada a unos 600 kilómetros al sur de la capital, Santiago, estuvo marcada por un recrudecimiento de la violencia en el marco del llamado "conflicto mapuche", con grupos que quemaron camiones de empresas forestales en la carretera y dos funcionarios policiales heridos.

La jornada del martes empezó con dos vehículos de transporte destruidos y un enfrentamiento entre encapuchados y carabineros, que se sumó a otros hechos de violencia que el pasado 16 de octubre terminaron con cinco comuneros detenidos, y procesados por la ley Antiterrorista.

La situación se hizo más tensa cuando la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) -considerada el grupo más radical de esta etnia- envió a los medios un correo electrónico en que sus integrantes dijeron "renunciar a la nacionalidad chilena".

Además, proclamaron como "nación autónoma mapuche" el territorio desde el río Bío Bío (a unos 500 kilómetros de Santiago) al sur, y dieron "término a todo diálogo con la República de Chile, declarándole la guerra al Estado chileno".

No hay tierras

Desde el gobierno, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, enfatizó que si hay comunidades que amparen a quienes cometen hechos de violencia "éstas no tendrán ninguna posibilidad de tener conversaciones con la autoridad para posibles entregas de tierras".

La autoridad rechazó los ataques que se han registrado en la zona, y dejó en claro que "con los métodos violentos el gobierno no está dispuesto a dialogar". Además, aseguró que estos hechos no van a mermar los esfuerzos de la administración de Michelle Bachelet para responder a las demandas de recuperar tierras ancestrales.

Representantes mapuches de inmediato pusieron en duda el supuesto comunicado de la CAM por carecer de firmas, y así lo dijo a BBC Mundo el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán.

"Con todo lo que está sucediendo cualquier persona pudo haber hecho eso. Creo que una organización seria además debe dar los nombres de sus dirigentes y decir qué comunidades y qué personas están diciendo eso, porque si no estamos cayendo todos en el juego como si esto fuera una guerra cibernética", señaló.

Máxima tensión

La supuesta declaración de guerra pasó a un segundo plano cuando a algunos medios de la región de la Araucanía llegó la información de la muerte de un comunero mapuche en un enfrentamiento con la policía.

En un principio el vocero José Naín dio la noticia por segura y dijo que sólo faltaba la identificación del indígena muerto, pero con el correr de las horas el propio dirigente fue cambiando su versión y sobre el final de la jornada admitió a BBC Mundo que la situación es poco clara.

"Sería de una comunidad llamada Rayen Mapu, pero en realidad en la zona los dirigentes no tienen ninguna información. Estamos absolutamente desconcertados porque a las 8 de la tarde se terminó una ronda por las comunidades del lugar y no tenemos antecedentes reales", declaró.

Antes, carabineros confirmó el hallazgo de sangre humana y de armas en el sector donde en la madrugada hubo un enfrentamiento con encapuchados. Incluso, el jefe zonal de la policía, general Hero Negrón, reportó el ataque de cinco personas contra un vehículo institucional y admitió el uso de escopetas y pistolas de servicio para repelerlo.

Y a la espera de un pronunciamiento oficial del gobierno, José Naín sostuvo que puede tratarse de un montaje que busque perjudicar a los indígenas de la Araucanía.

"La gente de la zona está desconcertada, los mapuches están muy asustados, y este puede ser un operativo del Estado para aseguir allanando y persiguiendo a la gente", indicó.

bbc.co.uk/mundo/america_latina

Convicción indígena v/s colusión Estado-empresarial-30-09-09

Convicción indígena v/s colusión Estado-empresarial

Sergio Campusano representa a 250 familias agrupadas en la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos, quienes han llevado al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el atentado que ha hecho junto a Barrick Gold en contra de su territorio. Pero el Gobierno, como si nada, sigue adelante con el Proyecto Pascua-Lama, aunque las evidencias indiquen que el daño ambiental es irreparable, afirmando que éste es uno de sus logros en materia de minería.

“Hemos llegado a una solución que permitió que un proyecto tan importante como Pascua-Lama pudiese comenzar su desarrollo en tiempos en que en todo el mundo los proyectos en carpeta eran postergados”, declaró la subsecretaria de Minería, Verónica Barahona, a la revista Norte Minero de agosto. Es la única posición oficial del Gobierno que hemos obtenido, referente a un tema que pareciera estar vedado.

Luego de múltiples intentos de contacto con el Ministerio de Minería, la Conama y diversos órganos estatales, es inevitable sospechar que todo lo relacionado con la zona de la Alta Cordillera, en el Huasco, es un tema complicado.

Quienes no han tenido problema en hablar y propiciar todas las posibilidades de debate y cuestionamiento, son los representantes de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos, que han llegado a interponer una causa aceptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), solicitando una medida precautoria con la intención de parar el proyecto. Esperan que la instancia internacional se pronuncie antes de que sea demasiado tarde.

Según el abogado Ignacio Montecino, representante de la comunidad, el Gobierno pretende trabajar sobre la lógica de los hechos consumados, cuando ya no haya nada que hacer por salvar los tres glaciares que se están viendo afectados o cuando la vida de más 250 familias -algunas compuestas por más de 50 personas- se haya visto destruida. De ahí, suponen, que el Gobierno se abstenga de responder a la Comisión IDH y evada el tema, acotando el tiempo para que el proyecto avance.

Está por verse si primará la lógica de la extracción o una forma de vida centenaria, que se instaló en la zona antes de la llegada de los españoles, con títulos de dominio a nombre de los diaguitas, que han pagado impuestos por ese territorio desde 1903.

PASCUA-LAMA Y SUS TENTÁCULOS

A este proyecto se suman, además, dos proyectos complementarios: Mina de Caliza Potrerillos, que proyecta su ubicación en el Valle del Huasco y que fue aprobado a través de una Declaración de Impacto Ambiental, y la Central Termoeléctrica Punta Colorada, cuya ubicación está proyectada en la Cuarta Región.

Además del proyecto del Morro, de la transnacional Xstrata, que promete ser tanto o más grande que Pascua-Lama.

Cabe señalar que Pascua-Lama fue aprobado en 2006 con la condición de que los glaciares no deben ser intervenidos directamente. Además, está condicionado a la explotación subterránea del yacimiento. Y que el primer informe ambiental que presentó Barrick Gold no mencionaba la existencia de los glaciares Toro I, Toro II ni Esperanza.

“Aún cuando existen estas condicionantes, no es posible explotar el yacimiento de manera subterránea y la no intervención directa de los glaciares no asegura su mantenimiento”, indica un informe preparado por profesionales asesores de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos que no hemos podido contrastar con la Conama en Santiago, a pesar de los más de diez intentos de contacto.

Ahora, la Barrick Gold busca ampliar el proyecto Pascua-Lama hacia la parte superior de la quebrada Pachuy, también dentro de terrenos diaguitas, reconocidos por título de dominio de 1997. “A pesar de que los diaguitas huascoaltinos hemos decidido negar la entrada a Barrick, el Código de Minería nos obliga a dejar que se apropien de nuestras tierras ancestrales”, acota Sergio Campusano, presidente de la Comunidad.

Y agrega: “La empresa, desde que llegó hace más de diez años, ha estado dañándonos. Desde que llegaron han invadido nuestro territorio, nuestra forma de vida, nuestras costumbres y han puesto en la balanza los valores y principios”.
Por su parte, Ana Lya Uriarte, ministra de Medio Ambiente, dijo hace un año que “la comunidad se ha dividido en torno al proyecto. Algunos lo aprueban y lo quieren y otros lo rechazan. Un proyecto de esta envergadura, que ha generado temor respecto de la comunidad involucrada, naturalmente tendrá una atención particularísima a la hora de la fiscalización”. Las declaraciones se dieron en medio de una instancia de cooperación ambiental con el Gobierno de Canadá.

Misma ocasión en que Jenna McKay –Alie, cabeza de la delegación canadiense, instara a las comunidades para que “continuaran con su reivindicación y presenten su caso ante las autoridades gubernamentales”. Y agregó que “el Gobierno de Canadá, no estaba al tanto que Barrick Gold no esté cumpliendo con las directivas, procedimientos, leyes y regulaciones de Chile”.

Vincent Borg, vicepresidente de comunicaciones de Barrick Gold (Canadá), ha señalado para el documental El Dorado, la sed del oro, que “el proyecto aún no se construye. Hay muchos glaciares a través de Los Andes, pero en las inmediaciones del yacimiento aurífero hay tres pequeños que no serán afectados. Debido a otros factores, en muchos años, el calentamiento global afecta las masas de hielo y los glaciares del mundo”.
Pero la realidad es que un glaciar ya ha desparecido por efecto de las mineras, y los tres en las inmediaciones de Pascua-Lama han reducido un 70% de su volumen, según informes técnicos que esgrimen los huascoaltinos. Cosa que tampoco tiene vuelta atrás.

Para Sergio Campusano, aquí hay un Estado que no respeta la existencia de un pueblo, con el consecuente derecho de determinación de su territorio y a una cosmovisión distinta: “Nuestra forma de vivir es basada en el ser. Compartir con la naturaleza y el campo. Cómo vemos los elementos que componen el ambiente. Una gran empresa minera invasora, está focalizada en extraer una riqueza, llevársela y no contempla cómo queda el ambiente”.

Campusano explica que sus demandas no tienen eco debido a una lógica de desarrollo que se pretende imponer a la fuerza. Pero la convicción de luchar por una causa justa y por orden de la Asamblea Comunitaria, llegarán hasta las últimas consecuencias por defender su forma de vida. “Nosotros vemos a un cerro y al agua como parte de lo que somos, no nos brillan los ojos con las riquezas que puede haber debajo. El territorio es parte de nosotros y si nos lo roban es como morir un poco. Nuestra lucha es por la vida”.

Visión contraria a la declaración del magnate minero Peter Munk, principal accionista de Barrick: “El buen Dios, por alguna única razón desconocida, eligió poner oro en plena selva de Tanzania o en la cima de Los Andes, en comunidades remotas donde las opciones de escapar a la pobreza son nulas. Y Barrick y otras compañías llegan y generan decenas de miles de empleos, eso implica miles de oportunidades para gente que no lo obtendría de otro modo”.

El pueblo Diaguita, según sus representantes, prefiere declinar esa oferta.
Por César Baeza Hidalgo

www.elciudadano.cl
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ESKUCHA HUINKKKA"en el mundo nadie puede pensar eso, de que uno va a echar al niño (para) que lo maten, que lo hieran. Pucha que cobardía sería eso"

02 de Noviembre de 2009

Califican de ‘montaje’ denuncia de niños usados como escudo




Juan Catrillanca, lonko de la Comunidad Tradicional de Temucuicui, negó la versión dada a conocer por el subsecretario del Interior, Patricio Rosende.

El lonko de la Comunidad Tradicional de Temucuicui, Juan Catrillanca, calificó de montaje la denuncia hecha por el subsecretario del Interior, patricio Rosende, en relación al uso de niños como “escudos” humanos durante los enfrentamientos con la fuerza policial.

En conversación con radio Cooperativa, el dirigente indicó que "en el mundo nadie puede pensar eso, de que uno va a echar al niño (para) que lo maten, que lo hieran. Pucha que cobardía sería eso".

"Esa persona, si dice así, es porque quiere salvarse y quiere seguir matando", agregó.

El subsecretario del Interior aseguró que algunos dirigentes mapuches utilizan a mujeres y niños como "escudos" en los enfrentamientos con la policía.

Rosende agregó que el Gobierno maneja "información e imágenes" que lo demuestran.

Hizo un llamado para que los niños estén "al margen" del llamado conflicto mapuche, que los indígenas mantienen en el sur del país por la propiedad de unas tierras que consideran ancestrales.

elmostrador.

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Domingo 1 Noviembre 2009 19:04

Critican a subsecretario Rosende por decir que comunidad mapuche usa a sus niños como escudo
Publicado por Denisse Charpentier

Críticas generaron las palabras del subsecretario del interior, Patricio Rosende, quien aseguró que los niños eran utilizados como escudos por la comunidad mapuche durante los enfrentamientos en la Araucanía

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Subsecretario Rosende descarta que exista tráfico de armas en zona de conflicto mapuche
Rosende dice que hechos individuales de algunos mapuche no pueden imputarse a toda una comunidad

Términos relacionados:


http://www.radiobiobio.cl/2009/11/01/critican-a-subsecretario-rosende-por-decir-que-comunidad-mapuche-usa-a-sus-ninos-como-escudo/

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Representante de Unicef se reunirá este lunes con autoridades de La Araucanía

Gary Stahl expresará la preocupación del organismo por las denuncias de violencia contra niños mapuches.

El funcionario se entrevistará con jefes políticos, policiales y religiosos.

Cooperativa.cl

El representante en Chile del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Gary Stahl, se reunirá durante este lunes con varias autoridades de la Región de La Araucanía para expresarles la preocupación del organismo respecto de las denuncias de actos de violencia realizados por efectivos de Carabineros en contra de niños mapuches, en el marco del conflicto por tierras.

Stahl se entrevistará a las 12:30 horas con la intendenta Nora Barrientos, a las 16:00 con el general jefe de la Novena Zona de Carabineros, Hero Negrón, y a las 19:00 con el obispo de Temuco, Monseñor Manuel Camilo Vial.

En los encuentros se revisarán las acusaciones que organizaciones como la Fundación Instituto Indígena han hecho llegar a Unicef, a medida que ellos mismo anuncian apoyo legal a las familias que se han visto afectadas por los señalados hechos, que obedecen, según Carabineros, a una funesta utilización de los niños por parte de los comuneros.

"Carabineros no tiene ningún tipo de conflicto con menores de edad, es una institución que tiene un historial de apego a los menores de edad. Las situaciones especiales que se han originado en la Novena Región han sido producto de personas adultas que han inducido a los menores a atacar a Carabineros o, en caso contrario, los han puesto por delante durante un procedimiento policial.

Nuestros principios doctrinarios, valóricos, jamás van a ir en el sentido de atentar contar menores de edad", aseguró el general Negrón.






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01 de Noviembre de 2009

Gobierno acusa a dirigentes mapuches de utilizar mujeres y niños como escudos

Llamó a que los niños estén "al margen" del llamado conflicto, que los indígenas mantienen en el sur del país por la propiedad de unas tierras que consideran ancestrales.

El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, aseguró que algunos dirigentes mapuches utilizan a mujeres y niños como "escudos" en los enfrentamientos con la policía.En unas declaraciones realizadas el sábado durante un acto sobre la prevención de drogas, recogidas este domingo por la prensa local, Rosende agregó que el Gobierno maneja "información e imágenes" que lo demuestran.
Hizo un llamado para que los niños estén "al margen" del llamado conflicto mapuche, que los indígenas mantienen en el sur del país por la propiedad de unas tierras que consideran ancestrales.

"Los conflictos de esta naturaleza se resuelven entre adultos, a través del diálogo y la conversación, no con niños de por medio", indicó.

Por otro lado, afirmó que en los próximos días el Ejecutivo analizará la petición del fiscal nacional, Sabas Chahuán, y de los alcaldes de la región de La Araucanía, para aumentar la dotación policial en el territorio, aunque cree que no es necesario.Destacó que la presidenta Michelle Bachelet concluirá su mandato el próximo año con 115 comunidades indígenas con su petición de tierras resuelta.

"Ésa es la manera como el Gobierno va a enfrentar lo que se ha denominado el conflicto mapuche. Los actos de violencia tienen otro carril", subrayó el subsecretario del Interior.

EFE
elmostrador.

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Lunes 2 de noviembre de 2009

Patricio Rosende exhibió videos donde mapuches usan a niños como "escudos"

09.15

Ese material se exhibió el martes pasado al término de la sesión especial de la Comisión de Constitución del Senado, en la que se analizó la violencia en La Araucanía.

Impacto entre las autoridades provocaron las revelaciones del subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien aseguró que los dirigentes mapuches usan a niños y mujeres como "escudos" durante las reivindicaciones de tierras en La Araucanía.

Rosende dijo que hay "información e imágenes'' que lo demuestran, e instó a resolver el conflicto "entre adultos''.

Ese material se exhibió el martes pasado al término de la sesión especial de la Comisión de Constitución del Senado, en la que se analizó la violencia en La Araucanía.

Rosende mostró un video en el que se ve a un mapuche que a la altura del bolsillo posterior del pantalón porta un elemento con características de arma de fuego. Delante de esa persona se aprecia a dos menores que sirven de escolta o escudo al adulto.

El fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, y el presidente de la comisión de Constitución, Alberto Espina, vieron esas imágenes cuando ya se habían ido los ministros Edmundo Pérez-Yoma y José Antonio Viera-Gallo.

australtemuco
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domingo, 1 de noviembre de 2009

Berríos camino a la muerte- Escalante Jorge -01-11-09

Berríos camino a la muerte

Por Jorge Escalante / investigacion@lanacion.cl

El juez Alejandro Madrid dictará sentencia en los próximos días en el caso por el asesinato del ex agente de la DINA, el servicio secreto de Pinochet. Un equipo de tres policías, que se convirtió en el brazo derecho del ministro en el proceso, penetró los muros que escondían a sus victimarios y desentrañó el crimen. En su búsqueda descubrieron episodios desconocidos de la vida del químico.

Corrían los primeros meses de 1978 y el químico Eugenio Berríos se sentía abandonado y sin protección. El reino de la DINA había terminado no hacía mucho. En la pugna interna del poder militar, sus principales padrinos yacían derrotados y Augusto Pinochet se había visto obligado a poner fin a la organización criminal. El gobierno de Estados Unidos del demócrata Jimmy Carter presionaba a Chile por el crimen de Orlando Letelier.

Una mañana, Berríos llegó a conversar con dos agentes de la flamante Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA: David Morales Lazo y Jaime Cortínez Méndez. Como credencial, presentó su trabajo en experimentos de armas químicas junto a Manuel Contreras y Michael Townley. Los CNI lo llevaron al Comando de Ingenieros del Ejército y lo pusieron en manos del coronel Víctor Barría, ahora ex DINA, quien lo contactó con el general Héctor Orozco. Berríos pedía relacionarse con el Complejo Químico Industrial del Ejército en la comuna de Talagante. Le prometieron trabajo.

Poco después, el agente Ítalo Secattore buscó a Berríos en la panadería San Pancracio de calle Carmen 1167 en Santiago. El químico había transformado el local de su tía Berta en otro búnker: alojaba allí y había construido un segundo laboratorio artesanal. El otro lo tenía en casa de sus padres en calle Antonio Bellet, pero peleaba seguido con ellos.

Después de la visita de Secattore, a quien agasajó con pasteles de la tía Berta, Berríos sintió que recuperaba su vida. El desastroso final de la DINA quedaba atrás. Regresaba en gloria y majestad bajo el manto protector de la milicia. Retornaban las tertulias en Les Assessins, el barcito de calle Merced, y florecía el amor con la atractiva Gladys Schmeisser.

Berríos tenía un humor fino, en sintonía con su voz algo afeminada. Era obediente, ordenado en sus quehaceres, inteligente, aplicado en sus conocimientos, innovador, pero algo ordinario cuando había que serlo. También era un gran consumidor de cocaína, que solía compartir con sus amigos. Bajo el efecto de la droga, en ocasiones Berríos adoptaba un comportamiento violento. Gladys sufría sus golpizas.

Años después, el Ejército volvió a deshacerse de él. Comenzaban las primeras protestas en el país. El dictador perdía terreno. Berríos sintió que regresaban los nubarrones, la soledad, la escasez de dinero y la falta de protección. Ahora las cosas serían más difíciles y peligrosas para él. El hombre del sarín y la botulinia sabía demasiado.

Apesadumbrado, a fines de los ’80, se refugió otra vez en su tía Berta y se hizo cargo de la panadería, que estaba al borde de la quiebra. Aparecieron los prestamistas con sus intereses usureros. Como no confiaba en ellos, filmaba cada transacción con una cámara oculta, mientras aparentaba amabilidad regalando pasteles. Las reuniones con los oscuros dueños de la plata, que acudían a cobrar y a seguir prestando para salvar la pequeña empresa, se hacían alrededor de una mesa redonda, cubierta por un mantel floreado de hule. La tía Berta jugaba al solitario y Berríos sacaba cuentas con lápiz y papel. A lo lejos, un loro adornaba la escena con su parloteo.

En ese tiempo, Berríos cayó preso por giro doloso de cheques y permaneció un tiempo en la cárcel de Valparaíso y después en el anexo cárcel de Capuchinos en Santiago.

“Estoy vivo”

A comienzos de 1991, Berríos estrechó sus lazos con los peruanos Juan Cornejo Hualpa, de chapa Jorge Acosta Vargas, y Jorge Sáez Rivero, de nombre supuesto Jorge Saer Becerra. Ambos financiaban dos laboratorios para producir cocaína, uno en una aislada zona fronteriza de Iquique y el otro en Avenida Los Molles 841 en Conchalí, bajo el escudo de la empresa Inversiones Río Cipreses S.A. Berríos colaboraba en la producción y el tráfico junto al peruano Máximo Bocanegra Guevara, especie de administrador del polvo blanco.

El mundo se le venía encima. Ese mismo año, el juez Adolfo Bañados inició la investigación por el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Berríos estaba en la lista de quienes debían declarar. Sabía bastante de ese y otros crímenes. Los prestamistas apremiaban y amenazaban. La tía Berta se hundía y él con ella. Su matrimonio estaba por el suelo. Y en el negocio de la coca lo estafaron con 36 mil dólares, como lo registró su propia voz en una grabación telefónica encontrada en su casa allanada tras su muerte (audio en www.lanacion.cl). El escenario era distinto al de junio de 1978, cuando, el ser interrogado por primera vez judicialmente acerca de su trabajo en la DINA en una causa por delitos de lesa humanidad, Berríos sorteó con inteligencia el asunto desconociendo a la DINA y todo cuanto lo vinculara con el crimen.

A comienzos de los ’90, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) servía de refugio a centenares de funcionarios de la CNI. El organismo puso al agente José Ríos San Martín pegado a los talones de Berríos para controlar cualquier locura. Ríos, ex DINA y miembro de la Brigada Mulchén, sabía cómo vigilar al enemigo. La DINE preparaba su secuestro y salida clandestina del país.

“Estoy en los siete mares de Simbad el Marino. No sé qué me salva, si la ingenuidad o la huevonería, pero el hecho es que estoy vivo, Tata”, dijo un día Berríos a su amigo, el coronel Manuel Pérez Santillán, diálogo registrado en la grabación. Su desastrosa situación financiera lo tenía, a 1991, con el teléfono cortado para llamar y sin dinero para hacerlo desde un aparato público, como le confesó al coronel Pérez. Tampoco lo salvó la fracasada venta de anfetaminas en cápsula que producía en el laboratorio de Antonio Bellet.

DEA y FBI

En su desesperación, el químico decidió delatar en la embajada de Estados Unidos en Santiago, ante agentes antidrogas de la Drug Enforcement Administration (DEA), un gran ocultamiento de cocaína en el norte de Chile. Nunca se supo si a quienes denunció fueron sus socios peruanos. A cambio quería dinero y que lo sacaran del país. La DINE aumentaba el control de sus movimientos y la investigación del juez Bañados crecía en información. Para llegar a la DEA, el químico se contactó con Jaime Melgoza Garay, un informante de la agencia estadounidense.

A Melgoza lo conocía de sus años mozos, cuando éste era escolta del general Roberto Viaux, quien lideró el alzamiento del Regimiento Tacna en 1969. Un año más tarde, Melgoza disparó al comandante en jefe del Ejército René Schneider, junto a Juan Luis Bulnes Cerda y Julio Izquierdo Menéndez. Según los archivos de inteligencia de la Policía de Investigaciones de la época, Berríos era entonces un joven integrante de la comisión política del movimiento ultraderechista Patria y Libertad, comandado por el abogado Pablo Rodríguez Grez.

Berríos y Melgoza llegaron juntos a la embajada norteamericana, ubicada entonces en calle Agustinas. Se reunieron con el agente de la DEA, el chileno Jorge Alarcón Dubois, y el jefe de éste, “un tal Jeff”, según Melgoza. Pero con la DEA nada funcionó. Sus agentes en Santiago sabían que los socios peruanos de Berríos preparaban un importante envío de cocaína a Estados Unidos, que allá sería recibida por el narcotraficante Jesús Ochoa Gálvez, pariente de los Ochoa Vásquez del cartel de Medellín, quien había instalado su operación en Chile. A la DEA no le interesó la denuncia porque querían que el cargamento llegara a destino y así fuese descubierto en Estados Unidos.

Eso explica que la DEA y el FBI no informaran a la Policía de Investigaciones (PDI) ni a la Corte Suprema sobre el paradero de Eugenio Berríos, quien ya se había ocultado con la ayuda de amigos, sin sospechar que la inteligencia militar estaba al tanto de sus andanzas.

Por esos días de 1991 emerge la figura del entonces subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Nelson Jofré Cabello, quien, junto al comisario Rafael Castillo, se convierten en crucial apoyo del juez Adolfo Bañados y otros magistrados que comenzaban a investigar más seriamente los crímenes cometidos bajo la opresión militar. Con el tiempo, Jofré se mantuvo más estrechamente ligado a los principales casos.

Su amigo Duque

Por orden de Augusto Pinochet, a comienzos de agosto de 1991, la DINE encerró a Berríos en un sótano del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) en calle García Reyes 12. El juez Bañados lo había citado a declarar varias veces sin que concurriera. Los policías Jofré y Castillo no daban con su paradero. La DEA y el FBI seguían en silencio. Los prestamistas caían encima de la tía Berta y para ellos ya no había pastelitos de regalo. Su amigo, el abogado y ex fiscal militar Aldo Duque, el hombre del sombrero alón y compañero de banco en la carrera de Derecho del “Mamito” Contreras y el abogado Cristián Espejo en la Universidad Gabriela Mistral, no pudo salvarlo de los protestos ni usura de los prestadores. Su mujer estaba en la ruina. La suerte del químico estaba echada.

El 26 de octubre de ese año, la Unidad de Operaciones Especiales de DINE, al mando del mayor Arturo Silva Valdés, lo sacó de Chile a Uruguay vía Argentina con la chapa de Manuel Antonio Morales Jara. Horas antes, un grupo de amigos le dio al químico una curiosa despedida mientras continuaba encerrado en el sótano del BIE. Aldo Duque brindó por él.

Eugenio Berríos desaparecía del mapa. La milicia uruguaya, aún impregnada de sus propios crímenes bajo el mando militar, ayudó con valiosa infraestructura a sus amigos chilenos para mantener oculto al químico. Tras un año, Berríos quiso volver a Chile para contar a la justicia sus secretos. Por eso lo mataron en noviembre de 1992, cuando intentó fugarse desde una casa en el balneario Parque del Plata, cerca de Montevideo.

Un equipo de tres policías inició la búsqueda de las pistas del crimen: los subcomisarios Palmira Mella San Martin y José Araneda Isamit, bajo la conducción del actual prefecto Nelson Jofré Cabello. Partían de cero, porque, en Chile, el Ejército cuidó celosamente el acceso a cualquier antecedente. Comenzaron a indagar desde Uruguay y Argentina para llegar a Chile. En Uruguay tuvieron que sortear múltiples obstáculos porque a nadie le interesaba que afloraran pistas. Los tres altos oficiales uruguayos involucrados en el homicidio mantenían poderosas redes de protección.

En Montevideo, recurrieron a la DEA y el FBI locales y allí sí obtuvieron pistas. Se las arreglaron para interrogar a decenas de testigos y revisaron miles de tarjetas migratorias para identificar militares chilenos que viajaban a ese país. También ubicaron a los tres uruguayos que sirvieron de apoyo a los agentes chilenos. Lo mismo hicieron en Buenos Aires, donde incluso penetraron la estructura del servicio secreto exterior de la inteligencia del Ejército chileno. De vuelta en Santiago, cruzaron toda la información con las estructuras de la DINA, CNI y DINE que manejaban y así quedó en evidencia el núcleo chileno que había mantenido a Berríos secuestrado en el exterior. A pesar de los continuos intentos de los agentes por borrar sus huellas en Argentina y Uruguay, cometieron un gran descuido: siempre arribaron a Montevideo con sus nombres reales. Fue el gran error de la inteligencia del Ejército de Pinochet en este caso.

Los últimos días de noviembre de 1992, arrodillado y atado por los brazos, al químico lo obligaron a bajar la cabeza. Arturo Silva le dio el primer tiro. El otro lo disparó uno de los tres militares uruguayos bajo arraigo en Chile. Fue un pacto de honor y silencio. Una bala por cada país. En el proceso que instruyó el juez Alejandro Madrid, cuya sentencia está pronta a dictarse, el único ex agente chileno que contó cómo murió Berríos y quienes lo mataron fue el coronel (R) Mario Cisternas Orellana. El resto niega hasta hoy el asesinato.

En la pestaña de Audio (sobre la foto principal) escuche 3 conversaciones telefónicas de Berríos

lanación

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La FIDH y CODEPU llaman al gobierno chileno a poner fin a la violencia policial contra las comunidades indígenas El Mapocho, lunes 26-10-09

La FIDH y CODEPU llaman al gobierno chileno a poner fin a la violencia policial contra las comunidades indígenas

El Mapocho, lunes 26 de Octubre de 2009



La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), organización miembro de la FIDH en Chile, manifiestan su preocupación frente a la continuación de los actos de violencia de la policía en comunidades mapuche, principalmente en contra de niños, como lo ocurrido en la comunidad de Temucuicui el pasado 16 de octubre.

De acuerdo a las informaciones registradas por numerosos testigos, entre los que hay funcionarios públicos de la Corporación Nacional Forestal, y las informaciones recopiladas por organismos de derechos humanos y medios de comunicación, el pasado día 16 de octubre, un numeroso grupo de policías – Carabineros e Investigaciones - llegó hasta el sector de la escuela de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco, y por motivos aun no aclarados, empezaron a disparar balines y bombas lacrimógenas hacia la escuela, en contra de miembros de esta comunidad. El operativo dejó doce heridos con balines de perdigones, y cerca de 30 personas con asfixia, la mayoría de ellos niños. Procedieron, asimismo, a detener a dos dirigentes tradicionales. Estos denunciaron haber sido víctima de tratos vejatorios, insultos racistas y violencia desmedida.

Estos hechos se inscriben en una serie de graves abusos cometidos en contra de las comunidades Mapuche. Así, el pasado 5 de octubre, en la comunidad de Rofúe, comuna de Padre las Casas, un niño de 14 años sufrió heridas de balines y fue amenazado de muerte a bordo de un helicóptero, mientras el mismo 16 de octubre, un menor de 13 años de la comunidad José Guiñon, comuna de Ercilla, fue golpeado junto a su madre. Tal y como lo demuestra el Observatorio Ciudadano de Chile en el informe que entregó hoy a la Sra Presidenta Michelle Bachelet, estos actos son numerosos y afectan en particular la integridad física y psicológica de los niños.

La FIDH y CODEPU llaman a que estos hechos sean investigados y que sus autores sean juzgados y sancionados penalmente. Aún si en algunas ocasiones, los policías responsables de actos de violencia y malos tratos han sido objeto de sanciones administrativas, éstas no son suficientes para actos que revisten esta gravedad.

Frente a esta situación de uso excesivo de la fuerza que, de manera reiterada, se aplica contra las comunidades indígenas, la FIDH llama a gobierno chileno a cumplir con sus obligaciones internacionales. Recordemos que el pasado mes de mayo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, expresó su preocupación por las numerosas denuncias de abusos de agentes policiales contra comunidades Mapuche.

Entre las recomendaciones que este Comité expuso al gobierno de Chile, están el tomar las medidas necesarias para llevar a cabo investigaciones efectivas y transparentes, y sancionar a los funcionarios policiales que cometan este tipo de abusos. Se recomendó, asimismo, el introducir medidas legislativas para que hechos como estos no queden impunes y solicitó reforzar los programas educativos de la policía sobre Derechos Humanos.

CODEPU y la FIDH respaldan las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y llaman, una vez más, a que cese el maltrato al que es sometido constantemente, el pueblo Mapuche por parte de las fuerzas de seguridad del Estado chileno. La reciente ratificación del Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales no debe quedarse a nivel de un acto simbólico: Chile tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas que viven en su territorio.


Mapuexpress

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01 de Noviembre de 2009

Gobierno acusa a dirigentes mapuches de utilizar mujeres y niños como escudos

Gobierno acusa a dirigentes mapuches de utilizar mujeres y niños como escudos Llamó a que los niños estén "al margen" del llamado conflicto, que los indígenas mantienen en el sur del país por la propiedad de unas tierras que consideran ancestrales.

El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, aseguró que algunos dirigentes mapuches utilizan a mujeres y niños como "escudos" en los enfrentamientos con la policía.

En unas declaraciones realizadas el sábado durante un acto sobre la prevención de drogas, recogidas este domingo por la prensa local, Rosende agregó que el Gobierno maneja "información e imágenes" que lo demuestran.

Hizo un llamado para que los niños estén "al margen" del llamado conflicto mapuche, que los indígenas mantienen en el sur del país por la propiedad de unas tierras que consideran ancestrales.

"Los conflictos de esta naturaleza se resuelven entre adultos, a través del diálogo y la conversación, no con niños de por medio", indicó.

Por otro lado, afirmó que en los próximos días el Ejecutivo analizará la petición del fiscal nacional, Sabas Chahuán, y de los alcaldes de la región de La Araucanía, para aumentar la dotación policial en el territorio, aunque cree que no es necesario.

Destacó que la presidenta Michelle Bachelet concluirá su mandato el próximo año con 115 comunidades indígenas con su petición de tierras resuelta.

"Ésa es la manera como el Gobierno va a enfrentar lo que se ha denominado el conflicto mapuche. Los actos de violencia tienen otro carril", subrayó el subsecretario del Interior.


EFE

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Senador Navarro: "Chile debe respetar sus obligaciones internacionales" -26-10-09

Senador Navarro: "Chile debe respetar sus obligaciones internacionales

El Mapocho, lunes 26 de Octubre de 2009

Así lo manifestó el senador Alejandro Navarro, refiriéndose a la situación de niños mapuches, tras reunirse en Buenos Aires, con el representante para América Latina de la Cruz Roja para pedir que se traslade a la zona de conflicto.

Un llamado a las autoridades políticas a que respeten los compromisos internacionales en materia de protección de la infancia realizó el senador Alejandro Navarro quien aseguró que "la institucionalidad interna ha sido incapaz de impedir los abusos y atropellos hacia los niños mapuches que viven en la zona de conflicto en La Araucanía".

El parlamentario valoró que la UNICEF, a través de su representante en Chile, Gary Stahl, haya expresado su preocupación por los hechos violentos que afectan la integridad física y psíquica de niños y adolescentes de la etnia indígena.

Cabe señalar que el representante del organismo anunció que la próxima semana se reunirá con los ministros de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera-Gallo; secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá y de Planificación, Paula Quintana.

"Valoro que la UNICEF se involucre en esta realidad porque tenemos informes médicos fehacientes que comprueban que hay niños mapuches con perdigones en sus cuerpos y que han sido atendidos en los recintos de salud de la zona", dijo el parlamentario.

Indicó que "a esto hay que agregar las situaciones de allanamiento que provocan severos daños sicológicos a esos niños. Quiero recordar que los jóvenes que hoy lideran los procesos de recuperación de tierras tenían 4 ó 5 años a principios de la década de los noventa cuando los allanamientos que se aplicaban eran bastante brutales".

El senador Navarro explicó que "la UNICEF debe exigir que los procesos de allanamientos sean selectivos y no masivos y que tampoco incorporen a los niños dentro de los operativos policiales".


FICHA MÉDICA Y POLICIAL

Por otra parte, el legislador afirmó que "por temor a estos allanamientos muchos comuneros de la zona en conflicto no concurren a atender sus lesiones a las postas y consultorios porque la ficha médica se transforma de inmediato en una ficha policial y, cada vez que se atiende un mapuche con una herida sospechosa de enfrentamiento, su hogar es allanado".

Aseveró que esta situación está generando "un problema de salud pública", por lo que el parlamentario viajó a Buenos Aires acompañado de dos consejeros nacionales indígenas para reunirse con el representante de la Cruz Roja Internacional para América Latina.

"Le pedimos que médicos de este organismo se trasladen a la zona del conflicto mapuche y puedan otorgar atención a estas personas", dijo el senador Navarro.

Respecto a las denuncias de uso de menores de edad en los enfrentamientos entre comuneros y carabineros, el parlamentario recalcó que "eso forma parte de una fantasía que ha pretendido asimilar La Aracanía con Chiapas, pero en esa región no hay movimientos guerrilleros ni de terrorismo".

Recordó que el año pasado "durante la huelga del cobre los subcontratistas quemaron 7 buses y a ellos no se les aplicó la Ley Antiterrorista ni a nadie se le ocurrió declarar que eran terroristas. Sin embargo, hay un sesgo racista de parte la autoridad política para enfrentar este tema y un doble juicio a través de la aplicación de la Ley antiterrorista, en la justicia militar y la civil".

Finalmente, el senador Navarro manifestó que "esta Ley va a llevar a Chile a ser condenado a nivel internacional, porque ya el relator de derechos humanos, ha recomendado la no aplicación de esta normativa a un conflicto social".

elmapocho.

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