miércoles, 29 de julio de 2009

Cámara aprueba creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Gobierno compromete veto aditivo para perfeccionar la ley - 29-07-09-

Cámara aprueba creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Gobierno compromete veto aditivo para perfeccionar la ley

Publicado el 29 de julio del 2009

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La Nacion.cl - País

16 May 2008 ... Es un deber del Ser Humano por sobre los gobiernos de turno. http://www.fotolog.com/kim_kupal_loncon/276617. Loncon Mellado Temuko ...
www.lanacion.cl/...v2/.../20080516111651.html - En caché - Similares

16/05/2008 - 23:07:05

La Nación ancestral Mapuche ha enfrentado en su devenir socio político histórico la relación con el occidental a través de constantes guerras y conflictos por la mantención de su territorio y continuidad de replicación de su Cosmovisión ancestral. El combate contra la impunidad desde una visión de irrestricta vigencia de los derechos humanos como fundamento de la vida en comunidad. Es un deber del Ser Humano por sobre los gobiernos de turno.

http://www.fotolog.com/kim_kupal_loncon/276617

Loncon Mellado
Temuko

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La Nación - Colegio pidió perdón por periodistas que mintieron

... TERRITORIO ANCESTRAL LAS MISMAS TECNICAS DE LA MUERTE, ECOCIDA, GENOCIDA OCCIDENTAL http://www.fotolog.com/kim_kupal_loncon/28085928. LONCON MELLADO ...
www.lanacion.cl/...v2/.../20080621165805

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27/06/2008 - 11:31:33

LOS EJERCITOS CRIMINALES OCCIDENTALES COMO EL CHILENO UTILIZAN DE FORMA SISTEMATICA ESTAS INGENERIAS DE GUERRA DE BAJA INTENSIDAD LAS CUALES VIVENCIAMOS AYER. HOY CON LA COMPLICIDAD DE LA RAZZZTREROS DE LA CONCERTACIÓN SE CONTINUAN IMPLEMENTANDO EN NUESTRO TERRITORIO ANCESTRAL LAS MISMAS TECNICAS DE LA MUERTE, ECOCIDA, GENOCIDA OCCIDENTAL

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LONCON MELLADO
TEMUKO

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¡¡MARICHI WEU!! ¡¡MARICHI WEU!!



Con el compromiso del Ejecutivo de remitir al Congreso Nacional un veto aditivo que reafirmará la facultad del Instituto de presentar querellas por crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra, y delitos investigados y sancionados en virtud de tratados internacionales, la Cámara aprobó hoy el informe de comisión mixta del proyecto de ley que crea el INDH.

La votación del informe de comisión mixta, que ahora será conocido por el Senado, fue de 57 votos a favor, 11 en contra y 31 abstenciones.

Veto

El veto aditivo, que se presentará una vez que el informe de mixta sea ratificado en el Senado, contendrá cuatro órdenes de materias, dijo el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.

Estas serán una precisión en las causales de cesación en sus cargos de los consejeros del Instituto; el envío obligatorio a la ONU del informe anual que elabore el organismo sobre la situación de los DD.HH. en el país; la explicitación de que los derechos humanos a que alude la ley son los preceptuados en los tratados internacionales; y la facultad específica de presentar querellas que poseerá el organismo en los delitos ya indicados.

Tras la votación, las tribunas del hemiciclo fueron desalojadas debido a protestas de familiares de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos.

Funciones

El Instituto será una corporación autónoma de derecho público que, entre sus funciones tendrá la misión de elaborar un Informe Anual, que deberá presentar al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema sobre sus actividades, sobre la situación nacional en materia de derechos humanos y hacer las recomendaciones que estime convenientes para su debido resguardo y respeto.

También deberá comunicar al Gobierno y a los distintos órganos de la administración del Estado que estime convenientes, su opinión respecto de las situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran en cualquier parte del país. Para el ejercicio de esta función, podrá solicitar al organismo o servicio de que se trate un informe sobre las situaciones, prácticas o actuaciones en materia de derechos humanos.

Asimismo, propondrá a los órganos de la Administración del Estado y al Congreso Nacional las medidas que estime deban adoptarse para la protección y la promoción de los derechos humanos, y promoverá que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, a fin que su aplicación sea efectiva.

El Instituto promoverá acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquéllas que, no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no hubieren sido ubicados.

En el cumplimiento de este objetivo, deberá recopilar, analizar y sistematizar toda información útil a este propósito; también podrá solicitar información acerca del funcionamiento de los mecanismos reparatorios, e impulsar, coordinar y difundir acciones de orden cultural y simbólico destinadas a complementar el respeto a los derechos humanos y a reivindicar a las víctimas y a preservar su memoria histórica.

Además, el organismo custodiará y guardará en depósito los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior, y por la Comisión de Prisión Política y Tortura creada por el decreto supremo Nº 1.040, del Ministerio del Interior, del año 2003.

Reactiva Comisión Valech

Precisamente, en los artículos transitorios del proyecto de ley, se reactiva el trabajo de esta comisión por un plazo de seis meses, cuyo objeto exclusivo será calificar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten y para el solo efecto de esta ley, a las siguientes personas:

a) Aquéllas que, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas. En ningún caso la Comisión podrá calificar la situación de personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos. Las personas que hubiesen presentado sus antecedentes a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, del Ministerio del Interior, de 2003, que no hubieren sido calificadas favorablemente, podrán presentar su postulación nuevamente, si acompañan nuevos antecedentes.

b) Aquéllas que, en el período señalado precedentemente, hubieren sido víctimas de desaparición forzada o correspondieren a ejecutados políticos, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio; como asimismo, los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos. Estas personas no podrán haber sido individualizadas en el Volumen Segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el decreto supremo N° 355, del Ministerio del Interior, de 1990, ni por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley N° 19.123, a menos que acompañen nuevos antecedentes.

La Comisión estará conformada por los mismos integrantes señalados en el decreto supremo Nº 1.040, del Ministerio del Interior, de 2003. En caso que una de estas personas no quisiere o no pudiere asumir, su reemplazante será designado por el resto de los integrantes que hayan asumido sus funciones, con un quórum de dos tercios. Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a percibir una dieta de cuatro unidades tributarias mensuales por cada sesión a la que asistan, con un máximo por cada mes calendario de cinco sesiones mensuales.

Calificación de los afectados

El proceso de calificación se regirá por las siguientes normas:

a) Los interesados dispondrán de un plazo máximo de seis meses, contado desde la conformación de la Comisión, para presentar a ésta los antecedentes que acrediten su pretensión, pudiendo la Comisión realizar todas las actuaciones que estime pertinentes para cumplir su cometido. Todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales.

b) La Comisión dispondrá del plazo de seis meses, contado desde el término del plazo a que se refiere la letra anterior, para calificar a quienes hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas, conforme a lo señalado en la letra a) del inciso primero.

c) En el mismo plazo, deberá calificar a quienes hubiesen sufrido desaparición forzada o correspondiesen a ejecutados políticos, o de los secuestros y los atentados contra la vida, de acuerdo a lo señalado en la letra b) del inciso primero.

d) En lo no regulado por las normas precedentes, la Comisión se regirá por un reglamento interno, el que deberá ser aprobado mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del Interior, el que deberá contar, además, con la firma del Ministro de Hacienda.

Una vez completada la labor de calificación, la Comisión deberá elaborar una nómina con los nombres de las personas calificadas de acuerdo a las letras b) y c) del inciso anterior. Transcurrido el plazo indicado en la letra b) del inciso precedente, la Comisión se disolverá automáticamente.

Consejo

La Dirección Superior del Instituto corresponderá a un Consejo, que estará integrado por dos consejeros designados por el Presidente de la República; dos por el Senado; dos consejeros por la Cámara; uno por los decanos de las facultades de Derecho y dos por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que gocen de personalidad jurídica vigente, inscritas en el registro respectivo que llevará el Instituto.

Miércoles 29 de julio de 2009
http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=35813

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Miércoles 29 de julio de 2009 13:11
Por Angélica Meneses / Lanacion.cl

Instituto de DDHH aprobado en la Cámara: Desalojan a organizaciones

Con el desalojo de las tribunas que rechazaron con carteles y consignas la aprobación del proyecto, los diputados dieron luz verde a la creación del Instituto de Derechos Humanos, faltando ahora sólo la ratificación del Senado.


Las organizaciones de Derechos Humanos no quedaron contentas con la creación del Instituto nacional especializado en la materia, el que quedó a un paso de convertirse en ley tras la aprobación del informe de comisión mixta en la Cámara de Diputados.

Así lo hicieron sentir desde las tribunas, donde sacaron carteles y gritaron consignas contra la Concertación, reclamando que la creación del Instituto de Derechos Humanos es una forma de impunidad, lo que hizo que fueran desalojados al término de la votación.

Fueron 57 votos a favor, 11 en contra y 31 abstenciones, sumándose a la aprobación finalmente la gran mayoría de la Concertación, tras comprometer el gobierno un veto aditivo que corregirá los puntos en que planteó discrepancias las Naciones Unidas.

En el oficialismo, sólo los diputados PPD Jorge Insunza y Rodrigo González no se convencieron y optaron por rechazar, tal como lo hizo una parte de la derecha, mientras el resto de la oposición se abstuvo.

VIERA GALLO: SE LOGRÓ AVANZAR

El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, comprometió enviar a la brevedad el veto aditivo, señalando que allí se recogen los 4 aspectos cuestionados por Naciones Unidas.

“Teniendo en cuenta las observaciones de Naciones Unidas, que van a ser válidas hoy, mañana y pasado mañana, cualquiera que sea el gobierno que asuma a partir de marzo próximo, el gobierno -en conversaciones con las bancadas de la Concertación e informando a las de la oposición- acordó enviar un veto aditivo”, indicó.

Destacó que también “se logró avanzar en materia de beneficios para las víctimas y sus familiares, teniendo en cuenta además que este proyecto reabre las comisiones Rettig y Valech y va a permitir que en un plazo de 6 meses las personas que no lograron calificación puedan presentar antecedentes para que la obtengan”.

El ministro subrayó la importancia que tiene para el gobierno de Michelle Bachelet “dejar no sólo el legado de que Chile queda adscrito a todos los tratados internacionales de Derechos Humanos, sino que además tiene una institución permanente que se ocupe de este tema para hoy y para mañana”.

LA MOLESTIA DE LA AFDD

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo que “lo que ha ocurrido es disfrazar con un veto la decisión política de terminar este gobierno lleno de símbolos, pero vacío finalmente en avanzar en verdad y justicia”.

Recalcó que “el problema no es si queremos o no Instituto de Derechos Humanos, no queremos este instituto de la impunidad y sí queremos el nunca más”.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090729/pags/20090729131140.html
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PPD valora aprobación de Instituto de Derechos Humanos

El jefe de la bancada del Partido Por la Democracia (PPD), Ramón Farías, calificó este miércoles como una gran noticia para el país la aprobación del Instituto de Derechos Humanos, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los partidos de la Concertación.
"Estamos orgullos como bancada de todo lo logrado durante estos últimos días de negociación con el Gobierno, ya que nos hicimos eco de los puntos que habían quedado pendientes en el proyecto que crea el Instituto de DDHH, que habían sido propuestos por la ONU y por las mismas agrupaciones de Derechos Humanos, ya que al haber sido aprobado por la comisión mixta no se podía hacer más cambios a esta iniciativa", explicó Farías.
También criticó que los parlamentarios de la Alianza se hayan abstenido durante la votación, e instó, principalmente a quienes se dicen cercanos al tema de los Derechos Humanos, a darle una explicación al país.
En tanto la diputada y miembro de la comisión de DDHH, Ximena Vidal, señaló que la demora en sacar adelante este proyecto se debió a que fue ampliamente discutido y revisado no sólo junto a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), sino que por todas las organizaciones de Derechos Humanos.
"Hemos llamado la atención al Ejecutivo sobre algunos puntos en discordia y hoy al fin, mayoritariamente, recogiendo el Gobierno todas las aprensiones, llegamos esta mañana a votar favorablemente este proyecto. No cabe duda de que toda ley es perfectible, pero también debemos decir que, en este caso, es imprescindible crearla, votarla y promulgarla para hacerla realidad", concluyó Vidal.

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lunes, 27 de julio de 2009

FAZZZISTA=García Ruminot J.=TERRORISMO MEDIATICO COPESA =AUSTRAL:llama a la ANI a continuar con el GENOCIDIO-ECOCIDIO DE LA NACIÓN MAPUCHE-20-07-09


Valparaíso 20/07/2009 Departamento de Prensa


Critican accionar de Agencia Nacional de Inteligencia por nuevo atentado incendiario en La Araucanía



Wallmapu Unido ¡¡¡¡¡¡¡Marichiwew!!!!!!!!!!
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El senador José García, asimismo instó al Ministerio del Interior a hacerse parte de las acciones judiciales aplicando la Ley Antiterrorista.


Un llamado al Ejecutivo y particularmente al Ministerio del Interior, para que se haga parte en las acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables por el nuevo atentado incendiario registrado en la región de La Araucanía, hizo el senador por esa zona José García.




El hecho dejó pérdidas por $50 millones, luego que encapuchados armados quemaran un camión en un estacionamiento que tenía resguardo policial y que se encontraba a sólo 150 metros de un retén móvil de Carabineros.

En su opinión, lo ocurrido es un nuevo "acto terrorista", pues fue realizado con un ánimo de amedrentamiento, y criticó a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), argumentando que la institución no tiene la capacidad de prever este tipo de hechos.




"Esta Agencia Nacional de Inteligencia tiene resultado cero, no funciona, no opera", dijo el senador tras solicitarle al Ministerio del Interior que se hiciera parte de las acciones judiciales aplicando la ley antiterrorista a quienes provoquen terror a los habitantes de la región.

"Nuestro llamado a que el Ministerio del Interior se haga parte de todas las acciones judiciales necesarias que lo haga por ley antiterrorista", precisó.

El senador García señaló que la Región de La Araucanía necesita "orden, paz y tranquilidad", ya que "casos como este hacen que no haya más inversión, que no haya más trabajo, y que nuestra región siga presentando los altos índices de pobreza y desempleo".

En su opinión, era absolutamente predecible que tras la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, se provocarían hechos de violencia como la quema de este camión por parte de encapuchados.

El parlamentario valoró la labor que desarrollan Carabineros y la PDI, pero señalaron que falta voluntad política por parte del Ministerio del Interior para poder perseguir efectivamente a quienes cometen este tipo de actos.

"Las policías recaban información, y se la entregan al Ministerio del Interior, ¿cuáles son las instrucciones que Carabineros e Investigaciones reciben?. ¿Pueden actuar de acuerdo a todas las atribuciones que la ley les otorga o no pueden?.Falta voluntad política por parte del Ministerio del Interior", sentenció.

http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20090720
/pags/20090720171746.html

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“¡Basta ya! ¡El Comando Hernán Trizano meterá sus manos en el asunto!”






Escrito por Administrator


Miércoles, 29 de Julio de 2009 10:46


Grupo anti mapuche se estaría reorganizando para aplacar asonada indígena

Dijo un integrante de la agrupación, quien manifestó que “los máximos dirigentes mapuches van a desaparecer del mundo, a partir de dos cartuchos de dinamita que colocaremos en sus cinturones si continúan con sus demandas por tierras”.El entrevistado -de espaldas- dijo que “el Comando Hernán Trizano a partir del próximo lunes, dará término al conflicto mapuche. Para ello utilizará armas y explosivos que darán que hablar en todo Chile” señaló.


Por Richard Burdiles M. PeriodistaVictoria.

- Costó, pero hasta nuestra redacción acudió silenciosamente y haciendo uso de su derecho al anonimato, uno de los integrantes del grupo anti mapuche "Hernán Trizano", que por estos días habría lanzado un llamado a sus bases para reorganizarse y enfrentar los últimos ataques que han realizado ciertos comuneros de la comuna de Ercilla, sobre todo en lo que respecta a los terrenos del agricultor René Urban. Para ello el “comando” manifestó en exclusiva a Las Noticias de Victoria, que a partir del lunes próximo el comando armado, “meterá sus manos en el asunto” refiriéndose a aplacar la asonada indígena en la provincia de Malleco, en lo particular. Ante ello reproducimos el diálogo -que no estuvo exento de suspenso y presión- que sostuvo este Diario y uno de los integrantes del llamado Comando "Hernán Trizano", que rememora el accionar del otrora militar que dio cuenta de las huestes mapuches hace unos siglos atrás.

P.L.N. ¿Qué hay de efectivo en que el Comando Hernán Trizano entrará en funciones?





R. “Luego de advertir la levantada mapuche en Ercilla y Temucuicui, en donde vimos que Carabineros nuevamente ha sido sobrepasado. Continúan los ataques incendiarios y los dueños de la propiedad han sido amenazados y maltratados. El Comando "Hernán Trizano" ha decidido reagruparse y entrar en funciones y meter la mano en el asunto. Más aún sabiendo que algunos agricultores y empresarios de la zona irán hoy (ayer) a apoyar al señor Urban. Apoyo que consideramos insuficiente ya que solo es de palabra” acotó el “comando”.

P.L.N. Entonces ¿Qué medidas pretenden adoptar como comando o grupo de choque?

R. “El Comando Trizano cuenta con dinamita -para los que saben de este asunto- que utilizará con detonadores Nº 8 y mecha lenta, los cuales no dudamos en ubicar en los cinturones de los señores Queipul, Ancalaf, Pilquinao para hacerlos volar de una vez y con ello daremos término al problema o conflicto mapuche, ya que nos aburrimos de esperar al Gobierno y a los propios agricultores quienes le temen a esta gente”, señaló.

P.L.N. ¿Con cuanta gente cuenta su agrupación?

R. “Mire. Somos muchos no le puedo decir el número, nombres ni apellidos por razones obvias, pero le puedo indicar que tenemos “comandos” desde Temuco a todas las ciudades de la Novena Región, listos y prestos para actuar. Necesitamos solo grupos de cinco a diez personas para actuar, quienes están a la espera de nuestra señal” afirmó.

P.L.N. Y ¿Desde cuándo pretenden “actuar”?

R. “Sin duda alguna desde la próxima semana. Desde esos días los señores Cayul Colihuinca, Cayul Queipul, Ancalaf, Huenchullán y doña Norma Pilquinao volarán por los aires a partir de uso de nuestros explosivos y armas que tenemos en gran cantidad, que sabemos usar y no dudamos en utilizar en contra de una lista de personas que a decir nuestro “está bueno que la corten” con su proceder en contra de nuestros terrenos” señaló con tono desafiante el entrevistado, quien agregó que “si el Gobierno no resuelve con prontitud el conflicto. El próximo lunes el Comando Trizano hará sentir su fuerza la cual hará eco en todo Chile” acotó.

P.L.N. ¿No cree usted que tal proceder puede acarrear más problemas que los ya suscitados?

R. “Yo creo que no, y le voy a decir por qué -añadió- yo no me refiero a todos los mapuches, porque hay gente muy buena entre ellos, incluso en el propio sector de Temucuicui, pero los malos lo van a pasar mal,” aseguró.

P.L.N. ¿Cree usted que los comuneros tienen cierta preparación paramilitar, como para enfrentar una represión como la que usted señala?

R. “Creo que no, fuera de armamento menor, puede que tengan algún arma traída desde el exterior, pero hemos encontrado ciudadanos españoles, holandeses, etc. Quienes andan movilizando a los mapuches” dijo.

P.L.N. A su juicio ¿Cuál es la solución final que proyecta el Comando "Hernán Trizano" para solucionar el problema?

R. “La solución final para este asunto -a nuestro juicio- es crear una reservación indígena entre Perú y Bolivia. Darles de comer y ropa y se termina el problema. Temucuicui en dos años ha robado más de 400 animales. Tal medida sale mucho más barato, construirles casas, darles de comer, vestirlos que entregarles dos mil hectáreas como las que tiene Temucuicui, la cuales hoy no tienen ni 50 centímetros de cilantro sembrado” cerró el “comando”, quien pidió reserva total de su identidad y su rostro, quien además nos mostró que entre sus pertenencias portaba una pistola semi automática de 15 tiros más dos cargadores para la misma, lista para ser usada.

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29 de Julio de 2009

Supuesto integrante de grupo antimapuche anuncia acciones armadas contra indígenas.

En una entrevista al diario "Las Noticias" de Victoria, un individuo que aseguró ser parte del

"Comando Hernán Trizano" amenazó con dinamitar y hacer "desaparecer del mundo" a varios dirigentes de grupos que promueven la reivindicación de tierras.



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Un supuesto integrante del Comando Hernán Trizano, agrupación antimapuche que hace varos años amenazó con enfrentar por la vía armada las acciones de reivindicación de tierras por parte de grupos indígenas radicales, anunció que la organización planea rearticularse para terminar con los hechos de violencia de los últimos días.

En una entrevista al diario Las Noticias de Victoria, el individuo que se mantuvo en el anonimato afirmó que se trata de un grupo organizado que tiene planeado utilizar dinamita contra un grupo acotado de dirigentes.

“Los máximos dirigentes mapuches van a desaparecer del mundo, a partir de dos cartuchos de dinamita que colocaremos en sus cinturones si continúan con sus demandas por tierras”, dijo.

Dijo que estas acciones "darán que hablar en todo Chile" y que resolvieron emprenderlas al considerar insuficiente el respaldo que algunos agricultores del sur del país le están dando a René Urban, cuyos terrenos reiteradamente son objeto de ataques de grupos mapuches.

"El Comando Hernán Trizano ha decidido reagruparse y entrar en funciones y meter la mano en el asunto. Más aún sabiendo que algunos agricultores y empresarios de la zona irán hoy (ayer) a apoyar al señor Urban. Apoyo que consideramos insuficiente ya que solo es de palabra” acotó el “comando”, sostuvo.

Agregó que para tal efecto los integrantes de la agrupación "cuenta con dinamita (...) que utilizará con detonadores Nº 8 y mecha lenta, los cuales no dudamos en ubicar en los cinturones de los señores Queipul, Ancalaf, Pilquinao para hacerlos volar de una vez y con ello daremos término al problema o conflicto mapuche, ya que nos aburrimos de esperar al Gobierno y a los propios agricultores quienes le temen a esta gente”.

Y luego insistió que desde la próxima semana "los señores Cayul Colihuinca, Cayul Queipul, Ancalaf, Huenchullán y doña Norma Pilquinao volarán por los aires a partir de uso de nuestros explosivos y armas que tenemos en gran cantidad, que sabemos usar y no dudamos en utilizar en contra de una lista de personas que a decir nuestro 'está bueno que la corten' con su proceder en contra de nuestros terrenos”, agregando que “si el gobierno no resuelve con prontitud el conflicto, el próximo lunes el Comando Trizano hará sentir su fuerza la cual hará eco en todo Chile”.


Y respecto a quienes serán el blanco de sus supuestos ataques aclaró que "no me refiero a todos los mapuches, porque hay gente muy buena entre ellos, incluso en el propio sector de Temucuicui, pero los malos lo van a pasar mal".

Finalmente, el supuesto dirigente del grupo paramilitar,propuso una insólita solución al conflicto mapuche. "La solución final para este asunto, a nuestro juicio, es crear una reservación indígena entre Perú y Bolivia. Darles de comer y ropa y se termina el problema".

La supuesta articulación de este grupo se remonta al año 2001, luego que el empresario Jorge Luchsinger llamara a los agricultores de la Araucanía a la "autodefensa" armada, debido a la a su juicio poca eficacia de Carabineros para poner freno a los hechos de violencia en la zona.


http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/supuesto-integrante-de-grupo-antimapuche-anuncia-acciones-armadas-contra-in//

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Accion resistencia ancestral mapuche en Villa Angostura, Neuquén: Queman Municipio:Neuquen- La Angostura 20-07-09

Accion resistencia ancestral mapuche en Villa Angostura, Neuquén: Queman Municipio.

Agrupación Mapuche Kilapan

Sábado 25 de julio de 2009, por

extraido de Agrupación Mapuche Kilapan

Debido a los últimos acontecimientos sucedidos en Villa la Angostura.


Reivindicamos la Acción de Resistencia contra el Municipio, donde se procedió a su quema.

Queremos dejar en claro que esta accion se realizo por los atropellos constantes que dicho municipio como parte de este estado fascista lleva a cabo contra nuestra gente y en defensa de los Terratenientes y los grandes intereses Capitalistas en el Territorio Ancestral Mapuche ocupado por el winka usurpador y las instituciones de sus estados.

Denunciamos que en particular este municipio se construyo sobre nuestros muertos, ya que allí mismo debajo del mismo reside un Eltun (Cementerio Ancestral). Además de que tanto funcionarios, jueces, abogados, inmobiliarias y terratenientes como Salamida, Café, Perez Calvo, Ferrari, Bianchini y hoy Fischer, Roviralta y otros han cometido numerosos crímenes incluso asesinatos que aun son impunes.

Instamos a Nuestro Pueblo a seguir Recuperando Territorio y Dignidad, ejerciendo los derechos que nos corresponden naturalmente, este acto de Resistencia es un paso más en el camino de la Defensa de Nuestro Territorio Ancestral Mapuche.

Fuera inmobiliarias, Terratenientes, Multinacionales y Estados Opresores.

Mientras los winka y su capitalismo nos opriman Renacera la Dignidad y Resistencia Ancestral. Fuera winka usurpadores del Wal Mapu

En Defensa del Wal Mapu, Contra el Winka Opresor y sus aliados. Por Resistencia, Cultura, Respeto, Territorio, Reconstruccion y Liberacion. Weftuiñ Weicha Kona, Wiñonieaiñ Tain Wal Mapu meu, Weuaiñ Weichan.

Resistencia Ancestral Mapuche, Nahuel Huapi Lafken, Puel Auka Che Wal Mapu meu.

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Edicion impresa pag. 19 » Municipales




Se adjudican ataque a edificio del municipio

VILLA LA ANGOSTURA (AVLA).- A través de un "comunicado público" difundido ayer a través de sitios web de comunidades aborígenes, un supuesto grupo denominado "Resistencia Ancestral Mapuche de comunidades autónomas y en conflicto" se adjudicó el incendio de la municipalidad de Villa La Angostura ocurrido el pasado domingo. La supuesta agrupación también se había adjudicado el incendio de un edificio donde funcionaba el Canopy, en el cerro Belvedere donde la comunidad local reclama tierras. El siniestro se produjo el 11 de junio y se presumía que había sido intencional. En el caso del incendio del Municipio local, pese a que el informe preliminar del perito de policía arrojó que la causa fue un cortocircuito, el disparo de la alarma de robo minutos antes de que el fuego se declarara aún genera dudas.

"Reivindicamos la Acción de Resistencia contra el Municipio, donde se procedió a su quema. Queremos dejar en claro que esta accion se realizo por los atropellos constantes que dicho municipio como parte de este estado fascista lleva a cabo contra nuestra gente", comienza el comunicado.

http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/07/25/1248490153175.php?nc=1&leidas=2

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Se incendió la municipalidad de La Angostura






Instalaciones vitales fueron arrasadas por el fuego. Una falla eléctrica fue el origen.


VILLA LA ANGOSTURA (AVLA).- Un incendio que, según los primeros peritajes no fue intencional, redujo a cenizas el 25% del edificio municipal de esta ciudad.

El fuego se declaró después de las 8 y afectó parte del inmueble y consumió valiosa información.

Según informó el comisario Nelson Ledesma, el fuego comenzó a las 8:20. Minutos después, la policía recibió el llamado del personal de la empresa de alarmas que monitorea el edificio, que primero fue hasta el lugar y después llamó a la policía.

Por un problema de la telefonía fija que existe en esta localidad, el primer llamado lo recib recibieron los bomberos de San Martín de los Andes mientras que los Bomberos Voluntarios de La Angostura tuvieron el alerta a las 8:30.

Por la tarde, un perito de la Policía de Junín de los Andes realizó la pericia dentro del edificio junto al comisario. "En principio la causa del incendio fue un cortocircuito. Según el perito primero se habría producido un cortocircuito importante en el área de Comercio y ese desencadenó otros 3 cortos más en el entramado del techo por las otras áreas afectadas", detalló Ledesma.

Las llamas consumieron íntegramente el área de Comercio, Recaudaciones y Recupero, la cocina, y todo el sector de atención al público. Quedó destruido el techo, el mobiliario, la documentación en papel y las computadoras. Quedaron a salvo la intedencia, la sala de reuniones, el área legales, la secretaria de Turismo, de Gobierno y el sector de sistemas.

Despertó sospechas el hecho de que primero se haya activado la alarma de robo y minutos después la de incendio. También una ventana que estaba abierta.

En un primer momento esos datos indujeron a los investigadores a pensar que podría tratarse de un incendio intencional.

"Para ingresar a la cocina hay que violentar una ventana que da a la parte posterior del edificio. Si alguien ingresó tendría que haber roto la ventana, la alarma detecta la presencia de un cuerpo, no la rotura de cristal (?) Cuando se trata de un edificó público se hace una investigación penal para determinar si fue intencional o no. Eso lo van a determinar los peritos, pero nosotros investigamos como si fuera intencional", detalló el comisario.

Luego de la pericia, Ledesma explicó que la ventana se habría abierto con posterioridad al comienzo del fuego, en virtud de que la parte de afuera de la abertura se encontraba intacta. Respecto del disparo de las alarmas, una de las hipótesis señala que por el aumento calórico en el ambiente - consecuencia de las llamas- se pudo haber activado el censor humano de la alarma.

"Extraoficialmente la empresa informó que primero se activó la alarma de presencia de intrusos y después la de incendios. Eso lo tendrá que informar oficialmente la empresa Protecsur", indicó el comisario de esta localidad. Tampoco se descarta la posibilidad de que el sistema de alarmas haya fallado.

Se requirieron cinco dotaciones de Bomberos para apagar el fuego, e inclusive el personal debió utilizar los equipos de respiración autónomos.

"Se activo el sistema, salió una primera unidad y constata que el incendio esta declarado en la parte posterior, comercio y cocina. Cuando llegamos el fuego era importante. Se trato de sacar tres líneas para atacar el fuego por la parte posterior, frente y costado", detalló a la prensa el jefe de Bomberos, William Trujillo.

No es la primera vez que el edificio comunal sufre un siniestro de estas características. Hace unos 20 años gran parte del edificio de la municipalidad de La Angostura se incendió, pero en esa ocasión se presume que fue intencional.


http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/07/20/1248051336134.php
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La invasión forestal:Organizaciones sociales advierten sobre los riesgos del monocultivo de árboles para la industria de la celulosa y aserraderos 26-

La invasión forestal

Organizaciones sociales advierten sobre los riesgos del monocultivo de árboles para la industria de la celulosa y aserraderos: concentración de tierras, pérdida de biodiversidad y desalojos campesinos e indígenas. Algo parecido a lo que ocurrió con la soja. Una legislación generosa incentiva su avance.

Por Darío Aranda

Verdes, prolijos y en línea. Son como un ejército en formación. El norte de Misiones está invadido por árboles que parecen clonados, miles de hectáreas de pinos, el cultivo más popular de la provincia, materia prima básica para plantas de celulosa y aserraderos. Impulsada por los gobiernos y el sector empresarial, la siembra masiva de árboles es un fenómeno en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas: pérdida de biodiversidad y desalojo compulsivo de campesinos e indígenas. “Es un avance como el de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Es que las forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial”, sostiene el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las organizaciones que se han declarado en alerta por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos crecientes en Río Negro y Neuquén. En la última década, la forestación intensiva duplicó su producción y la superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley –aprobada durante el menemismo y prorrogada luego– que otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA y exención de Ingresos Brutos, entre otras ventajas. En definitiva, una industria de bajo perfil y alta rentabilidad.

Industria poderosa

Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado”. En 2006, el último registro disponible, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento, seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento, Buenos Aires y Corrientes con el 8 por ciento. Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en ascenso. Neuquén extraía en 1999 sólo 22.000 toneladas. En 2006 ya lo triplicaba: 69.000 toneladas. En cuanto al pino, la estrella forestal, Río Negro exhibe un crecimiento notable: en el 2000 extraía seis mil toneladas. En 2006 ya había duplicado la cifra: 13.000 toneladas. “Mesopotamia y Patagonia son los polos productivos del país”, explican desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que reúne a las grandes y medianas empresas del sector.

La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. “En 2007 se exportó por mil millones de dólares”, detalla el vocero de AFOA, Jorge Barros, y explica que el país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Consultado sobre los efectos sociales de la avanzada forestal, Barros no dudó. “En la Argentina no hay campesinos. La Argentina tiene pequeños productores, pero no campesinos. Y hay muy pocos indígenas. ¿Conflictos? Pudo existir alguno puntual, pero son la excepción.”

Según la Secretaría de Agricultura, en la Argentina habitan 220 mil familias campesinas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce en la actualidad a 24 pueblos originarios.

Provincia modelo

Organizaciones sociales, movimientos campesinos y pueblos originarios advertían a fines de la década del ‘90 sobre el corrimiento de la frontera agropecuaria, de la mano del monocultivo de soja, y alertaban también sobre las consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Fueron sistemáticamente desoídos. Recién el año pasado –conflicto por las retenciones mediante–, el Gobierno reconoció el avance del monocultivo y sus efectos nocivos. En la actualidad, alertan sobre el avance forestal.

La comunidad guaraní Alecrín cuenta con 14.300 hectáreas. Está ubicada en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. La empresa forestal Harriet ingresó en 2007 a territorio indígena, volteó bosque nativo, alambró, contaminó el pozo de agua y arrasó la chacra de la comunidad y hasta el cementerio. Tenía como objetivo talar el bosque nativo y luego sembrar pinos.

Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria familiar (yerba mate, té y tabaco). Había grandes plantaciones y se trabajaba para un patrón, pero también subsistía el pequeño colono que comercializaba su producción. Esa historia comenzó a cambiar hace tres décadas por la desregulación en la producción (las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y emigraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia mutó el perfil productivo, impulsó el turismo, la energía hidroeléctrica (con las cuestionadas represas) y los negocios forestales.

Misiones cuenta con tres plantas de celulosa (Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero). En los primeros eslabones de su cadena productiva, cultivo de árboles y extracción, participan contratistas que suelen hacer punta en el avance sobre tierras de familias rurales. El resultado es la concentración de tierras por parte de privados.

Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). En la última década y en la zona de las pasteras (noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la Red de Agricultura Orgánica (RAOM).

Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas.

Patagonia forestal

La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con participación mayoritaria de los gobiernos provinciales, son las que encabezan el corrimiento de la frontera forestal patagónica.

“Las forestaciones con pinos no son bosques, son plantaciones industriales como lo es la soja”, denuncia la comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. Pese a que la comunidad habita el lugar desde fines del siglo XIX, la Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta. La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se reavivó el conflicto. Fue denunciado por “robo” en su propia tierra.

“Cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó la organización en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad exige que la empresa estatal se retire definitivamente de sus hectáreas.

El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto. “Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos de la naturaleza. No permitiremos que nuestro territorio sea parte de ese control y saqueo.”

Convenios internacionales de rango constitucional (el 169 de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones provinciales son muy claras. Toda actividad que se desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto bueno de las comunidades afectadas.

La empresa Emforsa no respondió las preguntas de este diario. Derivó las consultas a la Dirección de Bosques, que tampoco respondió los llamados.

En Neuquén, la compañía Corfone planifica sembrar 3500 hectáreas durante 2009 y tiene como meta –para el corto plazo– llegar a las 10 mil hectáreas anuales. Desde la empresa no respondieron los llamados de este diario, pero en declaraciones a medios provinciales el presidente de Corfone y subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Javier Van Houtte, explicó que apuestan a forestar 300 mil hectáreas en toda la provincia.

La Sociedad Rural de Neuquén es una aliada en esa cruzada. “La provincia cuenta con 1,2 millón de hectáreas para la actividad. Y cabe destacar que el 40 por ciento son tierras fiscales”, festeja en una publicidad corporativa.

Lo que Sociedad Rural y gobierno neuquino consideran tierras fiscales son, en gran parte, parcelas de pequeños campesinos y comunidades indígenas. En toda la zona se practica la ganadería trashumante, que consiste en el desplazamiento de animales según la estación del año. Durante los meses fríos (invernada) el ganado permanece en las tierras bajas. En los períodos cálidos (veranada) los animales son trasladados a las zonas de cerros, donde los pastos son abundantes y sirven de buena alimentación. El arreo de animales demanda días, hasta semanas, a cientos de kilómetros de distancia. Los conflictos suelen producirse en las zonas de veranada y en los caminos de arreo.

“Es parte de una política para el despojo del territorio indígena”, resume Relmú Ñamku, de la Confederación Mapuche de Neuquén. La Mesa Campesina del Norte Neuquino amplía: “Extender la superficie implantada fue uno de los ejes de la campaña del actual gobernador, que proponía quintuplicar la superficie forestada. En términos de espacio es una avanzada directa con los campos de veranada de campesinos y mapuches”, explica Diego Solana, integrante de la Mesa. El dirigente advierte que Corfone ingresa a tierras de familias rurales “por las buenas”, entrega materiales para el cierre de campos (postes, alambres) a cambio de que le cedan temporalmente una porción de tierras para forestación. “Una vez adentro, no la abandona más, y comienza a avanzar. Estos ‘acuerdos’ se repiten en todo el norte provincial, y luego sobrevienen los conflictos donde la empresa quiere echar las familias.”

Argentina, capital forestal

Las grandes empresas del sector alaban las facilidades que el Gobierno otorga a la industria forestal. Por esa sintonía entre el sector privado y estatal no sorprendió que Buenos Aires sea, en octubre próximo, la sede del XIII Congreso Forestal Mundial, el evento internacional más importante del sector, organizado cada seis años y clave para negocios a gran escala.

A pesar de las críticas que recaen sobre la industria forestal –consecuencias sociales y ambientales–, el Congreso Forestal Mundial cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de Parques Nacionales. Las máximas autoridades del evento internacional son Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, y Homero Bibilo-ni, el secretario de Ambiente de Nación.


LA FISCALIA FEDERAL SOLICITO LA DETENCION DE 28 MILITARES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD- "Para encerrar las garras del Cóndor " 27-07-09

LA FISCALIA FEDERAL SOLICITO LA DETENCION DE 28 MILITARES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Para

encerrar las garras del Cóndor


El dictador Reynaldo Bignone está imputado por su rol como segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1977.

En la causa que investiga la coordinación de las dictaduras en la región, el fiscal Osorio le solicitó al juez Oyarbide que sean detenidos represores responsables de torturas y desapariciones. Casación aún debe resolver quién juzga a los primeros 18 imputados.

Por Diego Martínez

Mientras la Cámara de Casación analiza un problema de competencias entre dos tribunales para resolver quién juzga a los primeros 18 octogenarios imputados por el Plan Cóndor, causa que se elevó a juicio hace veinte meses, el fiscal federal Miguel Angel Osorio solicitó la detención de otros 28 militares por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Más allá de viejos iconos del terrorismo de Estado como el general Reynaldo Bignone o condenados como el general Enrique Olea o el coronel Mario Gómez Arenas, el requerimiento que entregó al juez Norberto Oyarbide incluye en su mayoría a represores poco conocidos, oficiales superiores del Ejército que hace tres décadas ocupaban eslabones intermedios de la cadena de mandos y que no están imputados en otras investigaciones judiciales.

El primer tramo de la causa Plan Cóndor, como se denominó la coordinación represiva entre gobiernos de facto del Cono Sur, fue elevado a juicio en noviembre de 2007 con 18 imputados que promedian más de 75 años como Videla, Harguindeguy, Bussi y Menéndez. La responsabilidad de conducir el juicio recayó en el Tribunal Oral Federal Nº 1. A fines de 2008 el juez Daniel Rafecas elevó a un grupo de represores de Automotores Orletti, el centro clandestino más famoso del Cóndor. Cuando el TOF-2, previo sorteo, la recibió, observó que la mayor parte de las víctimas uruguayas que pasaron por la cueva de la SIDE eran comunes con Cóndor y sugirió acumular ambas en el TOF-1. Sin embargo, sus miembros también encontraron un argumento para no agarrar la papa caliente. Sostuvieron que en Orletti se investigan homicidios agravados, delitos más graves que los secuestros y la asociación ilícita imputados en Cóndor.

Mientras los mayores responsables de la dictadura argentina siguen en sus casas, en el peor de los casos con arresto domiciliario, la Sala IV de Casación se toma su tiempo para dirimir el conflicto de competencias. Videla & Cía. rezan para que recaiga en el TOF–2, donde irían a la cola del juicio al primer grupo de imputados por el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo y de los torturadores del Hospital Posadas.

Obra de cóndores

El detalle de secuestro, tormentos –cuando hay registros–, desaparición u homicidio –cuando se logró recuperar el cuerpo– se denomina en la jerga judicial “un caso”. La síntesis de los 64 casos enumerados en el documento de Osorio, quien solicita que la nueva tanda de cóndores sea indagada también por homicidios calificados, es elocuente sobre los lazos que ligaron a gobiernos, fuerzas armadas, de seguridad y aparatos de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil durante la última dictadura:

- Horacio Campiglia y Susana Pinus de Binstock fueron secuestrados el 12 de marzo de 1980, en el aeropuerto de Galeao, por policías de Brasil y militares argentinos que los trasladaron a Campo de Mayo, donde fueron vistos por última vez.

- El abogado paraguayo Fausto Carrillo fue secuestrado en agosto de 1976 en Formosa, donde se había refugiado para evitar caer en manos del dictador Alfredo Stroessner. Pasó por el centro clandestino Capilla San Antonio y todo indica que fue entregado a militares paraguayos.

- El chileno Edgardo Enríquez Espinosa, hermano del secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue secuestrado en Buenos Aires, pasó por Campo de Mayo y dos semanas después fue trasladado a Chile y entregado a la DINA, la dirección de inteligencia de Augusto Pinochet.

- Cristina Carreño fue secuestrada en Buenos Aires en julio de 1978, un día después de pedir asilo ante la Comisión Coordinadora de Acción Social por los seguimientos de emisarios de la DINA. Estuvo en cautiverio en los centros Banco y Olimpo, de donde fue trasladada en diciembre. Su cuerpo apareció en la costa atlántica, fue enterrado como NN e identificado en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

- Claudio y Lila Epelbaum fueron secuestrados en Montevideo por represores argentinos en noviembre de 1976. Fueron repatriados y vistos por última vez en la Brigada Güemes, de la Policía Bonaerense.

- Graciela Rutilo Artés fue secuestrada en Bolivia en abril de 1976 junto a su hija Carla, de meses, y a Enrique Lucas Company. Fue torturada en el Ministerio del Interior boliviano por miembros del Departamento de Orden Político del dictador Hugo Bánzer y por enviados de la Policía Federal Argentina. El 29 de agosto, madre e hija secuestradas ingresaron al país por la frontera Villazón-La Quiaca. Graciela fue vista por última vez en Automotores Orletti. Carla fue el botín de guerra del ex agente de la SIDE Eduardo Alfredo Ruffo, torturador de Orletti.

Nombres para la historia

Los responsables del Cóndor en condiciones de ser juzgados están acusados por delitos contra 108 víctimas, incluidas las 64 del requerimiento de Osorio. El representante del Ministerio Público organizó la lista de imputados en base a los lugares de los secuestros o de los cautiverios, y a las autoridades de las respectivas zonas, subzonas y áreas militares que el fallecido capitán José Luis D’Andrea Mohr detalló en su libro Memoria Debida. La mayoría son ilustres desconocidos para la sociedad. Si bien durante los años que duró la guerra sucia pasaron por distintos destinos, se los presentará con el criterio que aplicó el fiscal Osorio.

Zona I

- Coronel Alejandro Agustín Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Está procesado con prisión preventiva y en condiciones de ser juzgado por crímenes en la Comisaría 5ª junto a Miguel Etchecolatz y ex miembros del circuito Camps.

- Coroneles Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, ex jefes del Regimiento de Infantería Mecanizada y del área militar 112 en 1976/7 y 1978/9, donde funcionó el centro clandestino Pozo de Banfield.

- Coroneles Néstor Horacio Falcón y Jorge Hawkes, jefes del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell y del área 116 en 1977 y 1978 respectivamente.

- General Julián Eduardo Capanegra, jefe del Batallón de Arsenales 101 y del área militar IV de la Capital Federal.

- Mayor Omar Andrada, jefe de sección el Destacamento de Inteligencia de San Nicolás.

- Coronel Mario Alberto Gómez Arenas, jefe del Destacamento de Inteligencia 103 de Capital Federal entre 1979 y 1981. Condenado el año pasado por su actuación como jefe del Destacamento 182 de Neuquén.

- Coronel Horacio De Verda, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 de Capital Federal entre 1979 y 1980.

- General Rodolfo Wehner, ex jefe del Regimiento de Granaderos “General San Martín” en 1976 y 1977. Whener murió en junio. Su salud le evitó ser juzgado junto a Jorge Olivera Róvere y otros jefes de área de Capital.

Zona II

- General Juan Carlos Trimarco, comandante de la Brigada de Caballería Blindada II de Paraná, Entre Ríos. Trimarco fue declarado insano en la causa “Area Paraná”. Los querellantes denunciaron que se esconde “detrás de una enfermedad mental que no tiene”.

- Mayor Rubén Ignacio Gaitán, jefe de sección del Destacamento de Inteligencia 122 de Paraná.

- Mayor Edgar Gustavo Gomar, jefe del Destacamento de Inteligencia 124 de Formosa.

- Coronel Luis Carlos Sullivan, jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa.

- Coronel Domingo Manuel Marcellini, jefe del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe. Marcellini será juzgado por el TOF de Santa Fe junto al ex juez Víctor Brussa, entre otros, a partir del 1º de septiembre.

- Tenientes coroneles Armando Manuel Hornos y Roberto Luis Martínez, jefes del Destacamento de Inteligencia 124 de Resistencia, Chaco, en 1976 y en 1978/9 respectivamente.

Zona III

- Coronel Carlos Néstor Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20, de Jujuy. También fue gobernador de facto de la provincia.

- Teniente coronel Alberto Horacio Silva, jefe del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza.

- Coronel Juan Avelino Rodríguez, director del Liceo Militar “General Espejo” y jefe del área militar 331, de Mendoza, entre 1977 y 1979.

Zona IV

- Teniente coronel Nedo Otto Cardarelli, jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo entre 1978 y 1980.

- General Fernando Humberto Santiago, segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1976.

- General Reynaldo Bignone, segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1977.

- Coronel Rodolfo Emilio Feroglio, director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo.

- Coronel Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo.

- Coronel José Julio Mazzeo, director de la Escuela General Lemos y responsable del área militar 470, en General Sarmiento.

Zona V

- Coronel Emilio Silvano Mocchi, jefatura de inteligencia de la zona V.

- General Enrique Braulio Olea, jefe del Batallón de Ingenieros en Construcciones 181 de Neuquén, condenado el año pasado por el TOF de esa provincia.

“Los aquí imputados, integrantes de la ‘Operación Cóndor’, avasallaron y suplieron el orden constitucional, violando todas sus garantías y disponiendo de la libertad, la vida y la propiedad de los habitantes de modo criminal”, escribió Osorio. Destacó que “el pacto de silencio” y la negativa a entregar “las constancias que revelan el destino dado a miles de personas secuestradas” ponen de manifiesto la voluntad de entorpecer la investigación, por lo que solicitó que sean detenidos y no sólo citados a indagatoria. El escrito ya está en manos del juez Oyarbide.

domingo, 26 de julio de 2009

Fallo contra Celco Valdivia reactiva querellas criminales-23-07-09


Jueves 23 de julio de 2009

Por Antonio Valencia / La Nación


Fallo contra Celco Valdivia reactiva querellas criminales



La Planta Valdivia de Celulosa Arauco, tras cuatro años de litigio, deberá pagar por contaminar las aguas del río Cruces.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que tras cuatro años de litigio confirmóFallo contra Celco Valdivia reactiva querellas criminales" las multas por más de 250 millones de pesos aplicadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios a la Planta Valdivia de Celulosa Arauco permitirá "reactivar las querellas criminales contra ejecutivos de la empresa por su responsabilidad en la contaminación de las aguas del río Cruces y la muerte de los cisnes de cuello negro", sostuvo ayer José Araya, vocero del movimiento Acción por los Cisnes.
Añadió que la resolución judicial de segunda instancia establece un relevante antecedente jurídico que establece la causalidad entre los residuos industriales vertidos por encima de la norma y la responsabilidad en la contaminación de las aguas.
"Este fallo es una contribución muy concreta que restablece la relación causal y temporal que nos permitirá pedir nuevas diligencias, permitiendo continuar el juicio por daño ambiental que sigue el CDE", afirmó.
En tanto, la ONG ambientalista Terram valoró el fallo pues, acota Paola Vasconi, "es muy claro al pronunciarse sobre el rol de los organismos fiscalizadores. Nos parece bien que, en este reciente fallo y en el caso Campiche, las cortes revisen más el fondo que las formas, sin quedarse en asuntos administrativos", dijo.
Sara Larraín, de Chile Sustentable, sostuvo que el fallo "es un importante espaldarazo a los servicios públicos en el resguardo de la normativa sectorial de relevancia ambiental, que muchas veces ha sido puesta en riesgo, debido a la ‘influencia política’ de los intendentes y las coremas", dijo. Añadió que se "reafirma la relevancia de la nornativa ambiental vigente, y distingue su diferencia y autonomía con respecto a las resoluciones administrativas particulares, estableciendo su jerarquía jurídica", dijo.



EL MINISTRO DE MACRI:LOS NEXOS MONTENEGRO-PALACIOS-KANOORE EDUL 26-07-09


LOS NEXOS MONTENEGRO-PALACIOS-KANOORE EDUL

Hilando fino

El ministro de Macri, Guillermo Montenegro, contrató con Kanoore Edul la provisión de uniformes para las Fuerzas de Seguridad. Montenegro es el principal defensor del comisario Palacios, quien está al borde del procesamiento por haber avisado de un allanamiento a Kanoore Edul en la causa AMIA, anulada por la sucesión de irregularidades. Una de ellas: en el despacho de Montenegro se filmaba en forma clandestina a los testigos.


Por Horacio Verbitsky

Por dos resoluciones del ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adquirió uniformes para sus fuerzas de seguridad a dos empresas de los hermanos Alicia y Alberto Kanoore Edul. Montenegro es el principal sostenedor del comisario Jorge “Fino” Palacios como jefe de la policía metropolitana, a pesar de los reclamos de familiares de las víctimas del atentado a la asociación mutual judía de Buenos Aires y de organismos defensores de los derechos humanos. Palacios trabajó junto con Montenegro en algunas partes de la investigación por la voladura del edificio de la DAIA y la AMIA de la calle Pasteur al 600, en julio de 1994, que fueron señaladas como irregulares por la Corte Suprema de Justicia, como el maltrato y la coacción a algunos testigos y sus filmaciones clandestinas. Palacios estaba a cargo de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal y Montenegro era fiscal. Los Kanoore Edul son empresarios textiles y las contrataciones de Montenegro se realizaron sin seguir los procedimientos legales. ¿Para cuándo el regreso de Carlos, Munir, Emir y Amira?
Teléfonos
En la causa AMIA el fiscal Alberto Nisman solicitó que Palacios fuera procesado por encubrimiento dado que los policías a sus órdenes que debían allanar el domicilio de Kanoore Edul se estacionaron allí a las 8 de la mañana, tres horas después hubo dos llamadas de un teléfono de Palacios a dos de Kanoore Edul y el allanamiento recién se inició después de las cinco de la tarde. Luego de esos llamados, las escuchas judiciales mostraron que los ocupantes de la casa sabían que se preparaba el allanamiento y que recurrieron al gobierno del entonces presidente Carlos Menem para impedirlo. Palacios dijo que el llamado de un oficial de su unidad sólo buscaba confirmar que Kanoore estuviera en la casa. También se lo acusa por la desaparición de 66 casetes y sus transcripciones, entre ellos los que corresponden a las escuchas a Kanoore Edul. El abuelo de Kanoore Edul es originario del mismo pueblo sirio de los padres del ex presidente Carlos Menem. En cuanto se produjo el atentado fueron objeto de investigación, pero según el fiscal Nisman todo se detuvo cuando el hermano presidencial Munir Menem solicitó que no fueran molestados. La fuente de esa información es un ex colaborador del destituido juez Juan José Galeano. Carlos Menem negó esa intervención al ser indagado por el juez Ariel Lijo este año. Esta es la denominada “pista siria” de la investigación, aunque tanto Alberto como Alicia son argentinos nativos de segunda generación. De acuerdo con Lijo, esa línea se abandonó a partir del 1 de agosto de 1994, cuando el padre de Kanoore Edul visitó la casa de gobierno.
Los uniformes
El Boletín Oficial Nº 2955 incluye la resolución 352 sobre compra de uniformes para el personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, firmada por Montenegro el 30 de abril de 2008. Invocando el carácter de imprescindible y urgente de esa adquisición, el ministro dispuso omitir los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado. Así dispuso en forma directa la compra de uniformes por 97.104 pesos a Texticorp, empresa en la que figura como titular Alicia Z. K. Edul. Al mes siguiente, la resolución 432, del 30 de mayo de 2008, le adjudicó otros 800 sweaters por 61.600 pesos, ya que otra empresa que había cotizado mejor precio que Texticorp informó que no podía proveer la mercadería. La K de Alicia Edul corresponde al apellido Kanoore, que con suma prudencia fue omitido en la resolución ministerial. Alicia es una de las hermanas de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Pocos días antes Nisman había pedido la detención de Carlos y Munir Menem, de los ex jefes de la SIDE, Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar, del ex juez Galeano y de Palacios por obstaculizar la investigación sobre Kanoore Edul. El Boletín Oficial 3092, del 9 de enero de este año, incluye la Resolución 1039, del 20 de noviembre de 2008, sobre la adquisición de uniformes para el personal de las direcciones generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística y Defensa Civil y del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte. En este caso se adjudicó la contratación por 417.754,95 pesos a la firma Kanoore Edul Alberto. Más de medio millón de pesos por contratación directa y en un caso ocultando el apellido.
La defensa
Hace cinco años, en un extenso trabajo de impugnación a los cargos contra Kanoore Edul, Alejandro Olmos Gaona, hijo del fallecido Alejandro Olmos, el militante nacionalista que denunció la ilegalidad de la deuda externa, recapituló los datos en contra del comerciante, porque los hijos de ambos fueron compañeros en el Colegio del Salvador. Salvo paréntesis, aquí se sigue su relato. Los domicilios de Kanoore Edul en la calle Constitución 2745, 2633 y 2695 fueron allanados el 31 de julio de 1994 por el Departamento Protección del Orden Constitucional, que también detuvo a Alberto. El procedimiento fue ordenado porque desde un teléfono celular de la firma Aliantex SRL, con domicilio legal en Constitución 2695 y cuyo socio gerente era Kanoore, se hizo un llamado a Carlos Telleldin. Además Aliantex estaba a 70 metros del terreno de la calle Constitución 2657, en el cual la empresa Volquetes Santa Rita dejó un contenedor similar al que acababa de descargar en la sede de la AMIA, momentos antes de la explosión. En la agenda telefónica secuestrada en el allanamiento figuraba la anotación “Youseff Surami-Mezquita/Rabbani”. En su declaración indagatoria del 16 de febrero de 2000, Kanoore Edul dijo que no conocía al diplomático iraní Rabbani ni había estado nunca en la mezquita de la calle San Nicolás. También negó toda vinculación con la empresa de volquetes. Tres funcionarios municipales declararon que ellos habían pedido el servicio de volquetes para la limpieza de ese terreno. Kanoore Edul reconoció que había efectuado numerosas llamadas, una de ellas al domicilio de Telleldin, porque estaba buscando una camioneta Trafic para su empresa y había visto una en oferta en el diario Clarín. Pero negó conocer a Telleldin y haber visitado su domicilio. (Antes había declarado que la llamada la hizo su chofer, quien citado por la justicia lo negó y demostró que la comunicación se produjo un día feriado en el que no trabajó.)
Nada por aquí
De acuerdo con el relato de Olmos Gaona, Palacios informó al juez que según el sistema Fulcrund Find “del entrecruzamiento de los abonados Alberto J. Kanoore Edul, con Carlos A. Telleldin y Eduardo Telleldin, no surgía la existencia de ningún otro llamado, a excepción del registrado el día 10 de julio”. Palacios tampoco encontró nada llamativo en las conversaciones telefónicas de Kanoore con su primo, el policía bonaerense Víctor Chabán. Galeano volvió a indagar a Kanoore como imputado pero le dictó la falta de mérito, confirmada por la Cámara Federal. Olmos Gaona dice que el padre de Kanoore contribuyó para comprar el departamento que Menem ocupaba en la calle Cochabamba, como pied à terre en Buenos Aires cuando era gobernador de La Rioja, que la familia fue a saludarlo cuando asumió la presidencia y que le pidieron que agilizara un crédito que habían solicitado en el Banco Nación. Pero atribuye la sospecha de encubrimiento por parte de Menem a las afirmaciones de un arrepentido de la inteligencia iraní, cuya seriedad pone en duda. Añade que a raíz de la publicidad negativa recibida los Kanoore quebraron y perdieron todos sus bienes, lo cual sería prueba de su falta de vinculación con millonarios grupos fundamentalistas. También consigna que Alicia Kanoore Edul está casada con un primo de Monzer Al Kassar (hoy condenado a 30 años de cárcel en Estados Unidos por conspirar para matar a ciudadanos y militares estadounidenses) pero afirma que sólo hubo un contacto fugaz entre ambos. (Otro primo de Al Kassar, Mnawar Tarbuch, se casó con la prima de Menem, Amira Akil). La conclusión de Olmos Gaona es que el estallido se produjo por explosivos colocados dentro del edificio y que pudo ser parte de la misma lucha interna entre facciones israelíes que condujo al asesinato del ex premier Yitzhak Rabin. La misma línea de defensa-acusación sigue el abogado de Kanoore Edul en la causa, Juan Gabriel Labaké. El trabajo de Olmos Gaona es especialmente crítico con el responsable de contrainteligencia de la SIDE, Jaime Stiuso, a quien atribuye haber instalado la pista siria en torno de Kanoore Edul, sin elementos consistentes. Ese es también el argumento que esgrime en su defensa el comisario Palacios, cuya unidad antiterrorista compitió con el sector de la SIDE que conducía Stiusso, como se hizo evidente durante el juicio oral del Tribunal Federal 5.
Oscuros intereses
Alejandro Rúa tuvo a su cargo la oficina del ministerio de Justicia que revisó en forma crítica el expediente de la causa AMIA. A su juicio, tanto Palacios como el ministro Montenegro tuvieron su parte en las irregularidades para “satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”, lo cual condujo a la confirmada nulidad de lo actuado. La Corte Suprema dijo que el juicio oral y público dejó en evidencia que los funcionarios policiales comandados por Palacios actuaron contra “las mínimas exigencias de seriedad que la actividad les impone guardar como representantes del Estado a cargo de la investigación de tan graves hechos”. Según el fallo del tribunal oral confirmado por la Cámara de Casación y por la Corte Suprema, el trato a los testigos contravino las disposiciones legales, mediante “el allanamiento de sus viviendas, detenciones y comparecencia esposados a la sede del juzgado”, luego de pasar por la Unidad Antiterrorista de Palacios.
Una mujer contó que la sacaron de su casa y la llevaron a declarar “como si yo fuera una presidiario”. Le tomaron las huellas digitales y le leyeron los derechos de los imputados, pese a que sólo era testigo, y luego de un largo aislamiento la llevaron a presencia de Palacios, quien la intimidó. Le dijo “depende de usted irse o quedarse, según lo que usted diga”. La mujer insistió en que no sabía nada y Palacios la derivó a dos oficiales interrogadores, antes de llevarla al juzgado, previo paso por un médico forense, completamente desnuda. “Me dieron trato de preso. Subo por las escaleritas esposada”. También le sacaron los cordones y aritos. “Yo no entendía por qué y me decían que era porque me podía ahorcar.” Todo eso “me llamó la atención” y “no me sentí como una testigo, porque creo que los testigos no van esposados a declarar”. Otra persona contó en el juicio oral que un testigo analfabeto “volvió aterrado” del juzgado de Galeano. Para intimidarlo, antes de declarar le dijeron que lo enviarían a la cárcel de Olmos. También le pegaron: “quise agarrar el sanguche y me pegaron un cachetazo”.
El Gulag
Para la Corte Suprema esas vejaciones sufridas por meros testigos pusieron en evidencia “el empleo abusivo de las herramientas que la ley establece para investigar delitos”, y que las escenas reseñadas “recuerdan a las vívidamente relatadas por Alexander Solzhenitsyn en su libro El Archipiélago de Gulag”. A ello se suma, concluye la sentencia, “la intimidación del comisario Palacios antes de su declaración”. La sentencia también menciona la “actividad indebida” de Palacios al interrogar a uno de los policías bonaerenses detenidos. Para la Cámara de Casación “el fin no puede justificar los medios empleados para llegar a un resultado en una investigación, por más dificultosa que ésta se presente”. Pese a ello, Guillermo Montenegro sostuvo en la legislatura porteña que Palacios era “el mejor jefe de Policía que puede tener la ciudad”. También reconoció su amistad con el ex fiscal José Barbaccia, quien está procesado por las irregularidades que llevaron a la nulidad del caso AMIA. Podría haberlo estado el propio Montenegro quien, en cambio, fue promovido a juez federal, cargo del que pidió licencia para asumir como ministro de Maurizio Macri. Rúa menciona el tramo de la sentencia del tribunal oral sobre el caso de Miriam Salinas, a quien Galeano amenazó con “graves imputaciones, incluso la participación por el atentado, para obtener declaraciones testimoniales incriminantes hacia otros encausados”. Luego de intimidarla, Galeano le propuso una “espuria negociación”: la desvincularía del proceso si incriminaba a otra persona. En otros casos, “la moneda de cambio ofrecida por el juez consistió en omitir, mediante el ocultamiento de pruebas de cargo que comprometían a quien negociaba, alguna evidente imputación”, y que “en todos los casos el magistrado instructor otorgaba, a quien aceptara ese oscuro pacto, la reserva de su identidad en la declaración que luego se utilizaría como prueba de cargo. De esta forma se excluía, fácilmente, el eventual contralor de las partes”.
Sonría
La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Galeano, de Barbaccia y del también ex fiscal Eamon Mullen al acreditar “objetivamente la existencia de una clara presión” sobre Salinas, que en una semana pasó de imputada sobreseída a “testigo de identidad protegida en el mismo caso”. El tribunal afirmó que la mujer “fue coaccionada por Galeano” para que declarara como él quería. Estuvo tres días detenida, pero no en una unidad penitenciaria o de detención “sino sobre un colchón en el piso de la oficina judicial”. A la mañana declaró ante Barbaccia. El tribunal del juicio consignó que “las irregularidades evidenciadas no deben ser exclusivamente atribuidas al magistrado instructor y a los funcionarios intervinientes”, y que “la declaración de Miriam Salinas se recepcionó y filmó en la fiscalía del doctor Montenegro”, donde se encontraba instalado uno de los equipos permanentes de la SIDE para las filmaciones clandestinas. El 23 de octubre de 2008, Lijo careó a Galeano con su ex prosecretario Claudio Lifschitz. Acerca de las filmaciones que utilizaban para extorsionar, Galeano intentó rebatir que en su despacho hubiera una cámara fija. Lifschitz replicó que “las cámaras que estaban instaladas en la fiscalía del doctor Montenegro eran fijas” (foja 13.798 del expediente), es decir que no fueron colocadas para la ocasión. La Ciudad de Buenos Aires ya sabe lo que le espera con tal ministro y cual jefe de policía.


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Si hablamos de archivos

Por Horacio Verbitsky



Esta semana llegó al país el archivo del Arzobispado de San Pablo sobre los detenidos-desaparecidos en la Argentina. A través de uno de sus voceros extraoficiales, el presidente del Episcopado católico argentino, Jorge Mario Bergoglio, se atribuyó el mérito por la transferencia al Archivo Nacional de la Memoria de ese material que tres décadas después sigue señalando las omisiones de la Iglesia argentina. Para el vocero de Bergoglio “se trata de un aporte inédito de la Iglesia” a los derechos humanos. También participó la defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alicia Pierini, quien en 2000 colaboró con Bergoglio en el intento de sustraer de la justicia los crímenes de la dictadura y diluirlos en una mesa de diálogo que también incluyera los atentados de las organizaciones guerrilleras clandestinas. El ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni reveló que Bergoglio había denominado a ese proyecto compartido Memoria Completa. El vocero episcopal insistió ahora que “el actual Episcopado cree que la memoria debe incluir una revisión de las acciones cometidas por las organizaciones terroristas”, la misma denominación que usó la dictadura.
Fue por la repugnancia del Episcopado argentino a comprometerse con los perseguidos que las denuncias derivaron a la principal diócesis brasileña, donde grupos de exiliados se habían puesto en contacto con el cardenal Paulo Evaristo Arns. En colaboración con el pastor presbiteriano Jaime Wright, el franciscano Arns realizó y publicó la más completa investigación sobre las torturas en su país, “Brasil: Nunca Mais”. En 1975 Arns organizó el mayor acto de oposición al gobierno de facto en ocasión del funeral que concelebró con Wright y con un rabino por el asesinato en la mesa de torturas del periodista Wladimir Herzog, por quien antes había intercedido ante el gobierno y el Ejército. En 1978, Arns aprovechó la visita del presidente de los Estados Unidos James Carter para publicar una solicitada de una página en la que detalló el historial militar de torturas y desapariciones. La presión de Arns contribuyó a que la dictadura dictara en 1979 una ley de amnistía. Una de sus cláusulas permitía que los abogados de los presos o exiliados retiraran los respectivos expedientes por 24 horas. Wright y Arns organizaron entonces un fantástico operativo en el que fotocopiaron el archivo entero, más de un millón de páginas, que guardaban en sedes rotativas que les proveía Arns. El cardenal le pidió ayuda a dos periodistas para redactar el informe y gestionó su publicación con la editorial católica más importante de Brasil, “Vozes”, que aceptó mantener la impresión en secreto. “Brasil: Nunca Mais” apareció de sorpresa en las librerías en julio de 1985 y se mantuvo en el primer puesto de la lista de best sellers durante 25 semanas. El trabajo incluyó los nombres de más de cuatro centenares de torturadores. En sus últimos años al frente del Arzobispado, Paulo Evaristo defendió a los teólogos de la liberación perseguidos por el Santo Oficio y junto con el presidente de la Conferencia Episcopal, Ivo Aloisio Lorscheider, acompañó al sacerdote Leonardo Boff a las audiencias del proceso incoado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Bergoglio todavía sigue dando explicaciones sobre su rol en el secuestro de los jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, a quienes Emilio Mignone afirma que entregó.
Ante la indiferencia y aun la hostilidad del Episcopado argentino, que nunca recibió a los familiares de los detenidos-desaparecidos y llegó a cerrar las puertas de la Catedral en la cara de las Madres de Plaza de Mayo cuando la policía trataba de correrlas de la plaza, Arns recibió sus denuncias. La Conferencia Episcopal Argentina se negó a crear una Vicaría de la Solidaridad al estilo chileno y su presidente, Raúl Primatesta, contestaba las cartas que llegaban de todo el mundo con denuncias sobre la represión minimizando su gravedad y haciendo responsable de la situación a la guerrilla.
Venga conmigo a Roma y hable el asunto con el Papa, le sugirió Arns a Gabriel García Márquez, uno de quienes pidieron ayuda para los desaparecidos en la Argentina.
El propio cardenal solicitó la audiencia especial para el autor de Cien años de soledad. “En el aire inmóvil [del Vaticano] no se sentía Dios, como yo lo hubiera deseado, pero sí se sentía el poder de sus ministros”, escribió Gabo en sus memorias.
“El cardenal Arns me había dado una copia de la carta con que había solicitado la audiencia, y yo le rogué al Papa que la leyera, no sólo para acreditar mis títulos, sino porque allí había una síntesis compacta y convincente de mis propósitos en relación con unos diez mil desaparecidos en la Argentina. Aunque era una lectura dramática, no perdió ni un instante su buena sonrisa, y al final me devolvió la carta como si regresara de un viaje que conocía de sobra, y me dijo en un francés fluido:
Esto es idéntico a la Europa oriental.”
Cuando se proponía retomar su argumentación, García Márquez sintió que un botón metálico de su saco rodaba por el piso. “Me apresuré a recogerlo por temor de que él se me anticipara”. Nada de eso. “En ese mismo instante sonó el carillón de oro, y la audiencia terminó sin que yo tuviera ocasión de dar siquiera una réplica.” García Márquez recuerda que, “como lo decía la carta del cardenal Arns, lo único que le pedíamos al Papa era su bendición para la campaña. Pero las normas del Vaticano son inapelables, y la audiencia terminó sin una respuesta”.
La reverencia que aún concita la Iglesia Católica explica que el Archivo Nacional de la Memoria no haya solicitado en forma oficial al Episcopado que además del archivo paulista entregue una copia del propio, que el CELS le pidió en 2000 para recibir la inverosímil respuesta de que el Episcopado no tenía archivos, cuya falsedad pude comprobar cuando logré acceso subrepticio a ellos. El Archivo Nacional de la Memoria sólo hizo una gestión indirecta, que fue respondida con el mismo silencio que obtuvieron los pedidos desesperados de ayuda de las víctimas de la dictadura.


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