miércoles, 12 de octubre de 2011

LA ANTROPOLOGA DIANA LENTON, A PROPOSITO DE UN NUEVO 12 DE OCTUBRE -









LA ANTROPOLOGA DIANA LENTON, A PROPOSITO DE UN NUEVO 12 DE OCTUBRE







“El Estado se construyó sobre un genocidio”











Integrante de la Red de Investigaciones en Genocidio y doctora en Antropología, Diana Lenton aporta pruebas del genocidio de los pueblos originarios. Campos de concentración, asesinatos masivos, fusilamientos y niños robados. Roca, el papel del Estado, la sociedad y los intelectuales.


Por Darío Aranda




–¿Por qué afirma que el Estado argentino se funda sobre un genocidio?




–El Estado moderno constituye una forma de entender las relaciones entre Estado y sociedad, y construye todo un modo político de accionar, una normativa, instituciones que se fundan en el mismo momento que se realiza el genocidio. Y no lo relacionamos sólo porque es contemporáneo al genocidio sino porque esa estructura de Estado requirió que no hubiera más diversidad interna en el Estado. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado.




–Existen sectores que aún niegan que haya sido un genocidio. ¿Qué pruebas dan cuenta de que sí lo fue?



–Las ciencias sociales no tienen un concepto analítico acabado. Desde el campo jurídico internacional sí, lo provee Naciones Unidades en 1948 para juzgar los crímenes del nazismo. Esa definición habla de distintos elementos. Es genocidio cuando se puede establecer la intencionalidad de destruir a un pueblo. Otra característica es impedir la reproducción de ese grupo y también el robo de niños, cuando son secuestrados y entregados a familias de grupos dominantes, y se les reemplaza los nombres, porque así se atenta contra la continuidad de ese pueblo porque se le roba la memoria.



–¿Qué hechos concretos hubo?



–Matanza de población civil. Algunos tienen la imagen de batallas al estilo romántico de un ejército contra otro. La característica de la campaña de Roca es que está principalmente dirigida a la población civil. Las memorias del comandante Prado dicen claramente que el ataque a las tolderías es para caerles encima a las mujeres y niños que quedaron cuando los hombres no estaban. Estaba planificado así para llevarse el botín, sobre todo el ganado, y las familias porque ésa era la operación que iba a llevar a los indios a rendirse. Son operaciones contra la población civil, donde mueren mujeres y niños, o eran enviados como mano de obra esclava para el trabajo doméstico urbano o para la agroindustria, caña de azúcar y viñedos. También se cumplen otros elementos de genocidio, el someter a la población a condiciones que acarreen daño en su subsistencia, que pueda provocar enfermedad o muerte, y eso implicaron los traslados de la población sometida a campos de concentración.



–Ustedes dan cuenta de que el diario La Nación lo llamó crímenes de lesa humanidad.


–Mitre decía que lo que hacía Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino, eran crímenes de lesa humanidad porque se fusilaban prisioneros desarmados y se tomaban prisioneros a mujeres y niños. Para un sector del espectro político no era lo correcto, incluso Mitre, que no era nene de pecho, que tuvo responsabilidad en la guerra del Paraguay con episodios espantosos, sin embargo estaba asombrado, no criticaba que se hiciera la Campaña, sí cuestiona que un gobierno estuviera minando su propia legitimidad al desoír lo que eran avances de la civilización.


–También hubo campos de concentración.



–Hubo campos de concentración en Valcheta, Martín García, Chichinales, Rincón del Medio, Malargüe, entre otros. Son todos lugares donde se encierran a las personas prisioneras sin destino fijo. La autoridad militar era la dueña de la vida y muerte de ellos. La idea era de depósito porque iban a ser distribuidos. Eran prisioneros y esclavos. Se recibían pedidos de Tucumán, ingenios, de Misiones, estancias. Llegaban como familias y se los separaba. Hay pruebas de la violencia, cartas entre curas y arzobispos. Había muerte por las condiciones a las que estaban sometidos, ahí está también el genocidio. Y también había suicidios por el trauma social al que estaban sometidos. Los padres sabían que les quitaban a sus hijos, lo veían y decidían matarse. O mujeres que se tiraban al agua con sus hijos. En Valcheta hay documentos donde se describe que no se les daba alimentos y morían de hambre.



–¿Qué documentos existen?


–Existe mucha documentación oficial para discutir la historia impuesta. Los archivos oficiales, Archivo General de la Nación, la Armada, los archivos de las provincias. Y archivos privados de personas, de militares que han escrito cartas. También documentos de la Iglesia: de ahí surgen datos de cientos de chicos destinados a Jujuy y Tucumán. Quedan claras las edades de servicio doméstico, chicos desde los 2 o 3 años y hasta los 8. Los adultos que eran destinados al cañaveral y morían con sus familias, eso también es parte del genocidio.


–¿Hay cifras?


–El Poder Ejecutivo decía para 1879 que se habían trasladado 10 mil prisioneros de lo que era la frontera, se estaba recién en la zona norte de Patagonia, para trabajar hacia el Norte y Mendoza, industrias, servicios doméstico y Martín García. Para 1883, un informe oficial ya dice que son 20 mil. En el Chaco son cifras mucho mayores.



–¿Por qué la campaña militar al Norte no es tan conocida?


–No ha habido una manera sistemática de presentar la historia y menos la historia de los pueblos indígenas. Nos han legado imágenes, hemos aprendido que el Estado o territorio actual se completa con Roca, y él estuvo en el Sur.


–Suele justificarse la violencia con que “hay que situarse en la época”, como si fueran normales esas campañas militares.


–Algunos senadores como Aristóbulo del Valle, quizá la voz más clara contra la Campaña, preguntaban cuáles habían sido los resultados de la campaña al Sur y se decía que esos territorios no están incorporados al trabajo. Era el momento que se estaba rifando territorio, como dijeron en esa época observadores militares, no era para los pioneros ni para los agricultores, como se había prometido, sino para latifundistas. Aristóbulo del Valle denunciaba que el hombre había sido esclavizado, la mujer prostituida, los niños utilizados para el trabajo esclavo. No había, decía, ni avance económico ni cívico. Incluso hubo oposición de sectores de las elites.


–Igual se realiza.



–Se hace y es un fracaso desde el punto de vista militar. Hacia 1884 lo que consigue el general Victorica, que estaba al frente como ministro de Guerra, es derrotar a los principales jefes, pero no consigue ocupar el territorio. Eso recién pasará hacia 1911. No consigue ocupar porque el Chaco estaba mucho más densamente poblado por pueblos indígenas y con una variedad de pueblos, de lenguas y culturas distintas.


–¿Fue igual de cruenta que la del Sur?


–Sí, no sólo fue igual sino que esa operativa de secuestrar chicos, atacar mujeres, se extendió hasta avanzado el siglo XX; aun hoy todas las comunidades tienen recuerdos de los chicos robados por el Ejército.


–¿Cifras?



–No las tenemos, estamos trabajando, pero las víctimas superan ampliamente las cifras de la Patagonia. Y hay otros sectores del país donde tampoco se sabe mucho.


–¿Por ejemplo?


–Cuyo y la Puna. Estamos comenzando a trabajar lo que fue la Campaña a la Puna, que se conoció como Campaña al Susques, que se da por terminada en 1874, con la batalla de Quera. Aparentemente lo que más hubo fueron fusilamientos masivos que acabaron con la resistencia, lo que se llamó la Pacificación de la Puna, fusilamientos masivos durante 1874 y 1875.


–En Cuyo hubo campos de concentración...



–Sí, por la campaña al sur de Mendoza y norte de Neuquén, donde tomaron gran cantidad de familias prisioneras, que fueron utilizadas en la industrias de la vendimia en lo que hoy es Malargüe. La persona que más sabe es Diego Escolar, que vive allá, tiene muy documentado y cuantificado no sólo los prisioneros sino también la cantidad de chicos que eran enviados solos a la vendimia para trabajar para siempre, no iban y venían.


–¿Roca es sólo un símbolo o el responsable?


–Roca fue responsable del genocidio. Tuvo posibilidades de otro tipo de política. Hay pruebas de que él se informó con un enviado de su confianza en Estados Unidos para ver cómo funcionaban las reservas. Y estudió también a los franceses en Argelia. Decidió el modelo francés porque decía que el modelo de reservas era muy costoso. Hubo campañas militares anteriores, pero la de Roca fue la más sistemática y que tuvo un objetivo más declaradamente genocida. Hay declaraciones de Roca sobre destruir hasta el último indígena. Su discurso de asunción de la presidencia festeja que no cruza un solo indio la pampa.


–Es conocida la postura de los intelectuales de la derecha sobre Roca y los pueblos originarios. ¿Y la mirada de los intelectuales de izquierda o progresistas?
–Hay cierto progresismo que se construyó sobre el paradigma que dio lugar al genocidio y a una noción de la Argentina sin indígenas. A gran parte de los intelectuales no les importan los pueblos originarios. Se ha construido una idea de progresismo que puede ignorar a los pueblos originarios como si no existieran y tenemos una izquierda que ha ignorado las luchas indígenas, por eso todo es mucho más difícil.


–¿Por qué el genocidio sigue pareciendo algo sólo de la dictadura y no también algo que afectó a los pueblos originarios?


–Porque cuesta a gran parte de los argentinos considerar la historia de los pueblos indígenas como parte de la historia argentina. Tiene directa relación con asumir si es algo que les pasó y pasa a los argentinos o les pasó y pasa a otros.


–El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, le agrega el factor de la clase social afectada.


–Sin duda tiene que ver la clase social víctima, pero sobre todo hay una mirada racista dentro de lo que es el sentido común argentino. La sociedad argentina es racista respecto de los pueblos originarios. Se piensa que lo que sucede con otras personas no es tan importante, por eso hay dolores que no nos conmueven y otros que sí. Para mucha gente un campo de concentración se define como tal cuando ahí adentro hay gente que se parece a mí, si no, no es un campo de concentración.


–¿De ahí la negación del genocidio?


–Tenemos un paradigma donde la palabra “genocidio” se puede aplicar cuando a mí me importa, cuando mi grupo de pertenencia es el afectado. Y la mayor parte de la intelectualidad, de la gente que construye teoría y construye consenso social en estas situaciones, compartimos un sistema cultural de pertenencia. Hasta tanto no podamos siquiera entender el dolor de los otros y sentirlo como el propio, no hay interculturalidad posible. No hay forma de dialogar.


–¿Interpreta continuidades de las campañas militares a fines del siglo XIX y la situación actual de muerte por desnutrición en Chaco, Misiones y Salta, o por represión en Formosa?


–Los pueblos originarios son víctimas de un genocidio que aún no terminó. Por eso como Red hablamos de que en la Argentina existe un proceso genocida de los pueblos indígenas porque no le podemos encontrar la fecha de finalización. No sólo el Estado se construye sobre un genocidio sino que también nuestro marco de pensamiento se construye sobre el genocidio, de tal manera que no hemos salido aún de él. El genocidio realizado por el nazismo tiene fecha de finalización. El fin de la guerra, el suicidio de Hitler, los tribunales de Nuremberg. El genocidio de la dictadura tuvo una Conadep, juicios. El genocidio indígena no tiene fecha de finalización y no hay juicios.


–No existió un “Nunca más” para los pueblos originarios.


–No hubo fecha de finalización. No hay ni hubo una instancia de reparación. ¿Cuál sería la instancia autorizada si queremos hacer juicios? Porque el Estado es el mismo Estado genocida. La única manera para poder realizar algo similar a los juicios de la dictadura es que también esté integrado por pueblos originarios.


–¿Lo cree posible?


–Hoy en día hay un movimiento importante de pueblos originarios que no había hace diez años, y en algún momento se va a dar. No puede ser la misma sociedad genocida la que lleve la acusación; lo que sí puede hacer la misma sociedad genocida es movilizar la posibilidad de generar un cambio interno.


–¿Por qué “sociedad genocida”?


–Porque hay procesos que se siguen produciendo. Si bien hay una apertura muy importante para la inclusión de los derechos específicos de los pueblos indígenas dentro de los derechos humanos, la actitud del Estado hoy en día no es la misma que se tenía hace diez años, hay un cambio positivo. Pero cuando esos derechos reconocidos de los pueblos originarios confrontan contra intereses económicos, ya sea del Estado o de particulares, siempre se atenta contra los pueblos originarios.


–¿Por ejemplo?


–El Estado sustenta buena parte de su modelo en actividades como la soja, el petróleo y la minería, entonces el derecho indígena se cae. El mismo Estado que habilita a los pueblos originarios a hacer determinados reclamos por otro lado los hace callar con la violencia que sea necesaria cuando está en juego una actividad económica que el Gobierno impulsa.


–¿Cómo se entiende esa contradicción?


–Por eso digo que la sociedad no terminó aún de ser genocida con los pueblos originarios. Porque frente a estos dos parámetros en conflicto automáticamente le da la razón al paradigma económico.


–¿La sociedad o el Gobierno?


–Van uno con el otro, es un ida y vuelta. El paradigma económico es el que se constituyó junto con el Estado y hoy se desarrolla la continuidad de ese paradigma. Si bien hay espacios de apertura interesantes, cuando confrontan paradigmas el que sale ganador es el paradigma racista, donde tenés derecho a decir lo que quieras, pero si tenés petróleo en tu comunidad el organismo que decide no es el INAI, el Inadi, ni una oficina de interculturalidad, sino la Secretaría de Energía. Y punto, no hay discusión posible.


–Es la economía...


–Cuando lo que está en juego son intereses económicos, siempre se atenta contra los derechos indígenas, con leyes que debieran respetarse.


–Las campañas militares tuvieron una matriz económica, una decisión política y una complicidad o al menos una indiferencia de la sociedad. ¿Observa paralelos?
–Es muy similar. ¿Cómo se definió el avance económico a fines del siglo XIX? Se decidió por la apertura de nuevos terrenos para la explotación intensiva junto con nuevas tecnologías que tenían que ver con el manejo de la ganadería, alambrados, nuevas técnicas que acompañaban la inclusión de territorios para el mercado exportador. Y ahora estamos viviendo lo mismo, la soja es exactamente eso. La nueva tecnología y la incorporación de nuevos territorios que antes estaban libres, donde había comunidades que podían vivir.


–El petróleo y la minería repiten la misma lógica.


–Lo están padeciendo, entre otros, los mapuches en zona de meseta. Cuando las comunidades se habían establecido en la meseta, ese lugar no era objetivo de explotación; ahora sí. Hoy sufren un acoso tremendo e ilegítimo de parte de mineras y petroleras.


–Hay un argumento legitimador que se repite: el progreso.


–Sí, hoy es el desarrollo, como una utopía de la sociedad occidental, pero el problema es que se establecen como si fueran características que pudieran tener sólo la sociedad occidental y los otros no, y que además son a costa del vivir de los otros. El problema de este concepto de desarrollo o progreso, hoy encarnada en la política económica extractiva, es que se les da una entidad más importante que la vida y la dignidad humanas. El desarrollo es importante, pero, ¿es tan importante como para avalar que el avance petrolero, minero y sojero ocasione contaminación y muerte? Y, no es casual, siempre ese “progreso” es a costa del “otro”, nunca es a costa del grupo de pertenencia dominante.


–Usted afirma que el genocidio aún no tiene fecha de finalización, mientras los pueblos originarios se organizan y luchan.


–Sin dudas, hoy han ganado visibilidad como nunca antes y tiene directa relación con la organización y los conflictos que enfrentan en los territorios. Por eso siento mucho respeto por los dirigentes e intelectuales indígenas, sé que hay diferencias como en cualquier espectro político, pero tengo un gran respeto porque tienen que tener mucha decisión y coraje, ya que están haciendo un trabajo de concientización, de educación política a todo el resto de la sociedad. Ser dirigente indígena sigue siendo profesión de riesgo, sobre todo en algunos provincias, porque es muy probable que vayas preso o te maten por defender el territorio. Nunca hay que olvidar que son pueblos que sufrieron un genocidio, pero se mantienen vivos.


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sábado, 17 de septiembre de 2011

ESTELA DE CARLOTTO RECIBIO EL PREMIO FOMENTO DE LA PAZ EN LA SEDE DE LA UNESCO JUNTO A CRISTINA KIRCHNER - 15-09-11





¡BASURA (as) APRENDE (an)! =Michele Bachelet J.


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Premio de la Unesco a las Abuelas de Plaza de Mayo








EL MUNDO LAS ABRAZA




Por Victoria Ginzberg




Estela de Carlotto recibió uno de los principales reconocimientos internacionales en el campo de los derechos humanos. “No somos heroínas, sólo mujeres, madres, abuelas”, dijo al agradecerlo. La acompañó la Presidenta, que también se reunió con su par francés, Nicolas Sarkozy









La directora de la Unesco, Irina Bokova, y el ex presidente portugués Mario Soares aplauden a Estela de Carlotto, abrazada por Cristina Kirchner.
Imagen: Télam






ESTELA DE CARLOTTO RECIBIO EL PREMIO FOMENTO DE LA PAZ EN LA SEDE DE LA UNESCO JUNTO A CRISTINA KIRCHNER




“No somos heroínas, sólo somos mujeres”




El organismo concedió ayer su distinción más importante a las Abuelas de Plaza de Mayo en reconocimiento a su labor. Estela de Carlotto agradeció: “Tenemos el compromiso de no renunciar a la lucha”. También habló CFK.


Por Victoria Ginzberg




Desde París




“Abuelas de la Plaza, el mundo las abraza.” La frase resonó en el gran salón de la Unesco en el momento en que la directora del organismo internacional, Irina Bokova, y el ex presidente de Portugal Mario Soares concretaban la entrega formal a Estela de Carlo-tto del premio Félix Houphouët-Boigny de Fomento de la Paz. “No somos heroínas ni diferentes, sólo somos mujeres, madres, abuelas”, resumió después la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y le contestó una ovación.




Desde temprano, los alrededores de la Place de Fontenoy, donde queda la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se fue llenando de gente que hacía fila bajo un estricto operativo de seguridad. La parte superior de la torre Eiffel se podía ver con solo levantar la cabeza. Túnicas brillantes, pañuelos, vestidos y sombreros de colores fuertes poblaban el lugar, ya que la distinción otorgada a las Abuelas fue establecida por los países africanos (lleva el nombre del primer presidente de Costa de Marfil independiente) y sus delegaciones eran mayoría.



Adentro, los argentinos se ubicaron en las primeras filas del auditorio. Allí estaban las abuelas Rosa Roisinblit, Elsa Oesterheld y Buscarita Roa, los nietos que recuperaron su identidad y los funcionarios que habían acompañado a la Presidenta en su viaje a París. En el escenario, delante de una pared con el logo de la Unesco y las banderas de todos los países miembro, se sentaron Estela de Carlo-tto, Cristina Kirchner, Bokova, Soares (fue el presidente del jurado), el ministro de Justicia y Libertades francés, Michel Mercier, y una decena de representantes de naciones africanas. En un costado se ubicó el coro de la Unesco, que dio inicio a la ceremonia con el “Laudate Dominum” de Mozart.




El acto continuó con los discursos de casi todos los que estaban en el escenario, empezando por los presidentes de los países que habían impulsado la creación del premio y que dedicaban varios minutos a agradecerse una y otra vez entre ellos. Pero el lugar distaba de ser solemne. Cada vez que uno de los jefes de Estado se acercaba al micrófono, una barra lo vivaba con melodías de cancha, chiflidos y agite de banderines. “Son los groupies”, describió una persona del lugar.



Cuando le tocó el turno a Cristina Kirchner, los argentinos no fueron menos y alentaron y aplaudieron de pie. “Hoy estoy aquí en mi doble condición. No solamente como presidenta de la República Argentina, sino como una ciudadana más”, comenzó CFK. “Quiero hacer un homenaje –dijo– en la figura de Estela a todos aquellos que durante muchísimos años reclamaron justicia. Estas mujeres jamás preconizaron o hicieron uso de la violencia. Al contrario, aun cuando casi todos habían perdido las esperanzas, siguieron reclamando ante los tribunales, ante los jueces del país, ante el Parlamento argentino, ante los distintos Poderes Ejecutivos, justicia, memoria y verdad. Recuerdo haber dicho en mi intervención en la Cámara de Senadores (en el debate por la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida) que no sé si a mí me hubieran arrebatado un hijo y no lo hubiera podido ni siquiera llorar o llevar una flor a su tumba, si hubiera tenido la entereza y la fortaleza para reclamar justicia, memoria, verdad en el tono y en la forma en que estas mujeres lo hicieron. Creo que esto es lo distintivo de ellas. No es solamente haber logrado recuperar identidad, sino haber podido persistir sin caer en esas falencias de la condición humana, que son muchas veces los instintos de venganza o de querer hacer justicia por la propia mano. Nada más alejado de estas mujeres que parecían muy débiles, que algunos calificaron de locas y creo que eran las más cuerdas y las más racionales en aquellos momentos en la Argentina.”



También describió al país como “un modelo de lo que debe ser un estado de derecho respetuoso de la vigencia de los derechos humanos en forma irrestricta” y recordó al ex presidente Néstor Kirchner. “Quiero decirles–-agregó– que la Argentina necesita de la memoria, necesita de la verdad, necesita de la justicia para dar vuelta esa página dolorosa que vivimos. Queremos dar vuelta esa página dolorosa, queremos recuperar a los nietos que nos faltan todavía y queremos, además, que, finalmente, se termine dando justicia a todos aquellos que la han reclamado.”




Antes, la directora de la Unesco dijo que como madre y como abuela saludaba la lucha de las Abuelas y su valentía: “A través de sus gestiones, ustedes han abierto el camino para una nueva Argentina”. La última en hablar fue Carlotto, que agradeció a la Unesco en nombre de todas las Abuelas y también elogió a Néstor y Cristina Kirchner.




Dijo que las mujeres que integran la organización que preside están lejos de ser el prototipo de la abuela de cabello blanco y anteojos caídos sobre la nariz que se abraza a su nieto en un sillón mientras le cuenta historias: “No estamos sentadas, el sillón está tan vacío como los brazos. En constante peregrinaje por el mundo en busca de nuestros hijos y nietos nació una lucha colectiva de Madres, Abuelas y Familiares que reclamaban por sus seres queridos”. Carlotto señaló que su tarea está guiada por amor y sentimientos pacíficos, pero que eran implacables en la convicción de buscar la verdad y la justicia y que, por su tarea, que tiene repercusiones en diferentes ámbitos, las llaman “abridoras de caminos”. “Tenemos el compromiso de no renunciar a la lucha. Y la advertencia de que este despojo no podrá repetirse en ningún lugar del mundo porque habrá mujeres que, como nosotras, se levanten para defender el cachorro. Se sabrá que hay lucha en paz para que nunca más sea posible tal despojo. No somos heroínas ni somos diferentes, sólo somos mujeres, madres, abuelas”, cerró su discurso y fue aplaudida por todo el auditorio, del que formaban parte, entre otros, la ex primera dama francesa Danielle Mitterrand, el ex primer ministro Lionel Jospin y el actual alcalde de París, Bertrand Delanoe.




Como cierre de la ceremonia del premio que ya recibieron Lula, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin y Shimon Peres, entre otros, el pianista y embajador Miguel Angel Estrella tocó con su cuarteto cuatro ritmos del Unasur, entre ellos “Alfonsina y el mar”. CFK y Carlotto escuchaban desde el escenario. La presidenta de Abuelas miraba al público. La sala estaba oscura, pero sabía que allí cerca estaban ocho de los 105 chicos que habían recuperado su identidad. Uno de ellos, Horacio Pietragalla, la miraba y lloraba.





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Un festejo íntimo Por Victoria Ginzberg




Baguettes




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martes, 13 de septiembre de 2011

Veintiséis represores frente a sus atrocidades -MEGAJUICIO POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE 281 VICTIMAS-13-09-11



EMPEZO EL MEGAJUICIO POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE 281 VICTIMAS EN EL CIRCUITO REPRESIVO DE RAMON CAMPS




Veintiséis represores frente a sus atrocidades

En el centro, el médico Bergés, uno de los represores que empezaron a ser juzgados por la represión ilegal ordenada por el fallecido Ramón Camps.
Imagen: Rafael Yohai


Durante un año y medio, más de 500 testigos contarán cómo fue el operativo en el que se secuestró a la hija de Chicha Mariani, cómo se torturó a los chicos de la Noche de los Lápices, qué le hicieron a Jacobo Timerman, entre otras causas emblemáticas.


Por Alejandra Dandan



Esas palabras que podían llegar a perforarles los oídos a medida que bajaban esposados de los móviles del Servicio Penitenciario Federal se potenciaron, abrumadoras, dentro de la sala, acaso acentuadas por las escenográficas formas del Teatro platense de la AMIA. Víctimas y sus victimarios se juntaron cuando todo estaba listo para comenzar un juicio histórico: el primero oral por los crímenes cometidos durante la dictadura en los centros clandestinos que integraron el llamado Circuito Camps. Pese a eso, a que todo estaba listo, algo pasó. Durante veinte minutos la sala estuvo sin los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1. Como en un ritual en el que de pronto se alteran todas las rutinas, las víctimas, solas, frente a las espaldas de los acusados, soltaron lo único que tenían a mano: sus palabras. ¡Cobardessss!, gritó alguien. ¡Asesino! ¡Hijos de putaaaa!, decía la sala convertida en una única voz. ¡Abusadores! ¡Violadores! ¡Pervertidos!, seguían. Y empezaron a pronunciar el nombre mántrico de los caídos: Jorge Julio López, Adriana Calvo. “¡Pónganle esposas al segundo que se hace el rengooo!”, dijeron. “¡Contestá dónde está López!”, se oyó. Dijeron y cantaron “Como a los nazis...”. Dijeron presente por los 30 mil desaparecidos. Volvieron a cantar hasta que entonces sí, dos horas después del comienzo previsto, y mucho después de que cada uno haya ocupado su lugar, el presidente del TOCF 1 Carlos Rozanski entró a empezar con el juicio.


El proceso que comenzó en La Plata tiene las dimensiones de una megacausa. Varios tramos de seis centros clandestinos que integraron el circuito de la Jefatura de Policía bonaerense a cargo del brutal Ramón Camps confluyeron en este juicio que reunirá durante un año y medio el tránsito de más de 500 testigos, por 281 víctimas, entre las que hay menores de edad y embarazadas, en contra de 26 represores, entre los cuales están las figuras negras de la represión de la provincia.


El jefe de la Brigada de Inteligencia de la Policía Bonaerense –el primer lugar al que llegaban las víctimas secuestradas y espacio de distribución de los prisioneros–, el policía Miguel Etchecolatz todavía no había llegado a la sala cuando empezó la audiencia. En ese comienzo, en cambio, se habían sentado los otros acusados, tres de los cuales subieron al escenario arrastrados en sillas de ruedas. Entre ellos, dos de los tres militares juzgados: Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense que llegó al juicio defendido por su hijo. Agustín Arias Duval, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y entre los dos se sentó el médico de policía Jorge Bergés, también reducido a la silla de ruedas. El resto ocupó otras tres tumultuosas hileras. En un extremo, se sentó el primer civil con rango de ministro que llega a ser juzgado por delitos de lesa humanidad: Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de Saint Jean, pero además abogado que consiguió poco más tarde la autorización del Tribunal para asumir su propia defensa. La decisión, complicada, criticada en otras jurisdicciones porque de ese modo puede preguntar a los testigos y convertir el interrogatorio en una suerte de careo, le permitió rápidamente desplazarse, maletín en mano, de la silla de acusado a la mesa de los abogados. Los otros acusados son mayoritariamente los ex policías de la Bonaerense que libraron la batalla en nombre de la represión. Entre ellos, Norberto Cozzani, mano derecha de Etchecolatz, y Hugo Alberto Gullana, su chofer, acusado de robarse a Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani.



Chicha también estaba ahí. Pese a sus ojos casi ciegos, a su bastón, se sentó a la espera, como en cada comienzo de juicio, de que, a lo mejor, alguno de ellos, esta vez, diga algo. “Para mí es muy distinto este juicio de los otros porque se va a juzgar el caso de Clara Anahí”, dijo Chicha. “No tengo muchas esperanzas porque los veo tan crueles, tan duros, pero uno siempre espera en un rincón del corazón que uno de ellos diga la verdad, es cierto que ya se murieron muchos, pero tengo la esperanza de que alguno hable.”


El hijo de Saint Jean en calidad de abogado dijo que su padre de 89 años tiene problemas de salud avalados por informes de tres peritos forenses: “¡Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala!”, clamó. La abogada de Arias Duval pidió lo mismo e invocó un cuadro de cáncer terminal. Se sumó el abogado de Rodolfo Campos, el tercer militar juzgado, subjefe de policía de Camps.


Rozanski reprendió al Servicio Penitenciario por las demoras. Y el más demorado fue Etchecolatz, que llegó después de la una de la tarde. Ante la ausencia, el juicio empezó con la lectura de los dos únicos tramos que no lo tienen de acusado. Uno, contra Bergés por falsificación de documentos en la apropiación de Pedro Luis Nadal García, y el otro contra el policía retirado Santiago Antonini por el secuestro de Chicha Mariani el 10 de diciembre de 1976, en su casa, durante media hora, pero cuando la patota que integraba buscaba a su hijo, a días del ataque a la casa de la calle 30. Ese comienzo azaroso por la ausencia de Etchecolatz se convirtió sin embargo en una entrada simbólica porque plantó en medio de la sala el ataque a la imprenta de Montoneros y el asesinato de los militantes de la calle 30.


Antonini estuvo en la casa de Chicha Mariani después del ataque. Ella lo reconoció en una audiencia de los Juicios por la Verdad, pero él participó a su vez del ataque a la casa de la calle 30, como surge de sus fojas de servicio. La Jefatura lo felicitó después del ataque “por haber participado” y abatir a quienes mantenían ocultas armas y hacer un hallazgo que calificaron de “sorprendente”, por la imprenta de Montoneros. El ataque, se recordó en la sala, buscó “anular el funcionamiento de una imprenta oculta ingeniosamente en la pared, donde se imprimía material de Montoneros”. Y “el objetivo principal fue exterminar a los ocupantes de la casa”. Recordaron el impresionante despliegue de fuerzas militares y policiales, la presencia anticipada de morgueros: “Esta es una muestra de la brutalidad que tenía quien comandó ese ataque, que fue Miguel Etchecolatz”, recordó la elevación. Hubo despliegue de todo tipo de armamentos, explosivos, lanzacohetes. “De allí que no hubo un enfrentamiento, sino una verdadera masacre planificada que cumplió con su objetivo de eliminar a los ocupantes para hacer tronar el escarmiento a implantar en La Plata y en el país y llevarse como trofeo a la pequeña hija de dos militantes de Montoneros.”
Ese será un eje al que volverá el debate en los primeros tiempos. De acuerdo con el cronograma, el debate comenzará con los casos que rodearon el ataque de la calle 30, el robo de Clara Anahí y el secuestro de Chicha. Esa escala permitirá ingresar a uno de los microcircuitos integrado por la Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría V con jurisdicción en el lugar y el Pozo de Arana.
Claudia Belingieri es perito de la causa, investigadora a cargo de los archivos de la ex Dipba, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense. “Los 29 centros clandestinos que incluyó el Circuito Camps funcionaron en comisarías, puestos y destacamentos, es decir –dice–, estaban montados sobre la estructura de la Policía Bonaerense que conducía Camps y Camps militarizó a la policía para ponerla al servicio de la represión.”
El debate avanzará así en causas emblemáticas que tuvieron lugar en ese tramo: el secuestro de los Graiver, el de Jacobo Timerman, Julio López y Adriana Calvo, quien seguramente encontrará la forma de estar presente pese a su muerte, porque la fiscalía pidió que se incorpore uno de sus últimos testimonios filmados. Lo mismo se hará con Julio López.


Emilce Moler era estudiante de Bellas Artes cuando empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Parte de los jóvenes secuestrados en la llamada Noche de los Lápices, otro de los casos que integrarán la primera parte del juicio. Emilce, que estuvo ayer en la sala, aclaró que no los secuestraron por la pelea del boleto estudiantil, que eso sucedió un año antes, que los secuestraron por la UES. Ella pasó el primer tramo de su secuestro en el Pozo de Arana, de ahí pasó a la Brigada de Quilmes, luego a la Comisaría de Valentín Alsina y luego quedó blanqueada en el Penal de Devoto hasta 1978, en que salió en libertad vigilada. “Yo siento que éste es un juicio bueno y reparador”, dijo al comienzo, todavía en la entrada. “Un juicio de esta magnitud es muy emblemático porque se puede centralizar el Circuito Camps, pero porque también aparece un civil, policías y militares: es una muestra de lo que pasaba con los distintos actores que intervinieron desde distintos lugares para que la represión de una dictadura cívico-militar pudiera darse en los distintos grados.”


Afuera, mientras tanto, estaban los que todavía no iban a entrar. Las banderas de HIJOS La Plata y de las agrupaciones que montaron una radio abierta. Las fotos de Jorge Julio López. El paso raudo de Etchecolatz más tarde bajando en medio de nuevos gritos de cobarde y de asesino. Las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Vera Jarach, Carmen Lapacó, Enriqueta Maroni, Mirta Baravalle, Elsa Pavón, Adelina de Alaye, Alba “Nieca” Martino. Las querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Justicia Ya!, Abuelas de Plaza de Mayo y Alejo Ramos Padilla, que acompañó por última vez a Chicha Mariani porque asumirá de juez en los próximos días. Entre el público, hubo sobrevivientes de todos los centros. La audiencia seguirá hoy y se hará lunes y martes en La Plata.




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CH$LE PARAÍSO DE CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD CAMARISTA OTILIO ROMANO "FUNCIONAL" EN 103 DELITOS DE LESA -- 24-08-11

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011



Repudiamos la fuga del suspendido camarista Otilio Romano y reclamamos su urgente extradición



Abuelas de Plaza de Mayo repudia la fuga del país del suspendido camarista federal de Mendoza Otilio Romano, con un jury de enjuiciamiento en curso y procesado penalmente por su conducta funcional al terrorismo de Estado en 103 delitos de lesa humanidad. En este sentido, expresamos nuestro profundo malestar por la visa que el gobierno chileno entregó a Romano por ocho meses, reclamamos su urgente extradición y esperamos que se rechace su solicitud de asilo político, puesto que sólo se trata de un ardid para evadir las graves imputaciones que debe enfrentar.



Romano está acusado de omitir la investigación de delitos de lesa humanidad mientras era fiscal federal y juez federal subrogante, entre 1975 y 1983, denuncia que incluye el archivo de la causa por la apropiación de Rebeca Celina Manrique, la primera nieta restituida en la provincia de Mendoza. La acusación señala que, en la actualidad, el suspendido camarista todavía incurre en evidentes conductas colaboracionistas con los represores, que entorpecen el curso de las investigaciones.



Ante la gravedad de estos nuevos hechos, el Consejo de la Magistratura se reunirá extraordinariamente el jueves 15 para evaluar si suspende el pago de haberes al camarista prófugo, quien todavía goza de fueros, salario y obra social. La cobarde huida de Romano es una muestra más de su accionar contrario a la justicia. Por lo tanto, esperamos una rápida respuesta de los órganos competentes que derive en el retorno del funcionario procesista al país para que, finalmente, sea destituido y condenado.






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10/09/2011

Organizaciones de Derechos Humanos rechazan refugio a juez argentino

Magistrado Otilio Romano Ruiz está imputado por crímenes de lesa humanidad, pero el gobierno le otorgó una visa por ocho meses. Diputado Hugo Gutiérrez (en la foto) dice que legislación internacional le impide obtener asilo.




Sábado 10 de septiembre de 2011 por Nación.cl



El diputado Hugo Gutiérrez, junto a participantes en el Tercer Encuentro Latinoamericano Memoria, Justicia y Verdad, rechazó el refugio temporal concedido por el gobierno chileno a un juez argentino, acusado de violar los derechos humanos en ese país.



"Los asistentes al Tercer encuentro latinoamericano Memoria, Justicia y Verdad, entre ellos, parlamentarios chilenos, uruguayos y argentinos no podíamos omitirnos de pronunciarnos sobre la presencia en Chile del juez argentino Otilio Romano Ruiz", explicó Hugo Gutiérrez.



El legislador comunista dijo que se trata de "un magistrado mendocino imputado por crímenes de lesa humanidad y que ha solicitado refugio en nuestro país. Creemos que esa circunstancia es grave y que nuestro gobierno debió haber reaccionado con la presteza que requiere dar cumplimiento a la legislación interna dentro de la serie de jurisprudencia que hay en el país que deja claramente establecido que una persona que ha cometido o se encuentra imputada o procesada por delitos de lesa humanidad no puede nunca obtener refugio, según lo dicen también los tratados internacionales que son ley de la República".



"Hemos tomado conocimiento que el gobierno le ha otorgado una visa por ocho meses que no guarda relación con lo que ha hecho este gobierno, por ejemplo, con jóvenes españoles, argentinos, italianos que, teniendo sospechas que estarían involucrados en algún movimiento mapuche o estudiantil, son rápidamente expulsados del territorio de la República, sin tener una orden de captura, ninguna implicación internacional", dijo.




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EL EX JUEZ OTILIO ROMANO, PROFUGO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD, PIDIO REFUGIO POLITICO EN CHILE



Cuando pa’ Chile me voy es que fugándome estoy



Cuando era inminente su suspensión como juez y su pérdida de fueros, Otilio Romano se fugó a Chile. Interpol informó a la Justicia argentina que allí obtuvo una visa por ocho meses y pidió estatus de refugiado.


Por Diego Martínez



Durante un año y medio dilató con éxito el proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y la pérdida de los fueros que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión de LAN rumbo a Chile. Ayer, mientras la noticia del camarista fugitivo circulaba en los medios trasandinos, Interpol le informó a la Justicia argentina que Otilio Romano, flamante ex juez con procesamiento firme como partícipe en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, se encuentra “con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades” chilenas. El próximo paso corresponde ahora al juez mendocino Walter Bento, en condiciones de pedir su captura internacional con fines de extradición. La última palabra la tendrá la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Chile, integrada por funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera. El Consejo de la Magistratura, que suspendió a Romano y ordenó un jury de enjuiciamiento por su actuación en el terrorismo de Estado, se reunirá “de urgencia” el próximo jueves para considerar la suspensión del pago de haberes ante “la intención evidente de abstraerse del proceso judicial en trámite así como del proceso de remoción”.



La noticia sobre el pedido de refugio de Romano despertó ayer suspicacias respecto del uso político que el gobierno de Piñera pueda hacer del caso, sobre todo a partir del asilo que la Conare argentina le otorgó el año pasado al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a quien Chile pretende juzgar por un asesinato y un secuestro en 1991. El gobierno chileno, patrocinado por un estudio de abogados argentinos, se presentó días atrás ante la Justicia en lo contencioso administrativo para intentar revertir la decisión de la Conare. Fuentes judiciales explicaron a Página/12 que “la presentación es técnicamente un disparate, porque el asilo es una decisión política que se funda en la oportunidad, el mérito y la conveniencia de quien tiene la facultad para ejercerla”, aunque no descartaron que Piñera utilice el caso “para devolver gentilezas”.



Salvo que Chile decidiera expulsar a Romano, decisión poco probable dado que no ingresó al país ilegalmente, el proceso para que el imputado retorne a la Argentina podría demorar semanas e incluso meses. Si bien no se conoce el escrito que el ex juez presentó para pedir refugio, abogados con experiencia en trámites de extradición consultados por este diario dieron por descontado que se presentó como “un perseguido político”, en línea con la carta pública que difundió desde el diario Los Andes en octubre de 2010, cuando vinculó el avance de la investigación sobre su pasado con el fallo de la Cámara Federal que convalidó la suspensión de todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales. Esa hipótesis fue desbaratada de inmediato por los organismos de derechos humanos de Mendoza, cuando recordaron que ya en enero de 2010 habían denunciado penalmente y habían pedido la destitución de Romano y de su entonces colega Luis Francisco Miret por su “compromiso ideológico” y su participación en “la persecución sistemática de la población civil emprendida por el régimen militar”.



Romano se convirtió en fugitivo para la Justicia el miércoles a las 13, cuando venció el plazo de 48 horas que el juez Bento le había fijado para demostrar que continuaba “sujeto a proceso”. Ayer por la mañana, antes de que el juez alcanzara a pedirle autorización al Consejo para dictar la orden de captura, la oficina de Interpol en Buenos Aires le informó que Romano “se encuentra en la República de Chile, con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades del citado país”.



Bento le informó la novedad al Consejo de la Magistratura, que el viernes 25 lo había suspendido y había designado a dos consejeros para que prepararan la acusación ante el jury de enjuiciamiento. La suspensión implica que el magistrado no puede concurrir a su trabajo ni firmar resoluciones, pero sí mantener su salario, su obra social y el tratamiento especial que se dispensa a Sus Señorías. Ante la novedad, el presidente del organismo, Mario Fera, convocó al resto de los consejeros para el jueves a las 10 con el fin de tratar “la propuesta de suspensión del pago de haberes al doctor Otilio Irineo Roque Romano”. Fera recordó que ayer venció “el plazo otorgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Romano para su presentación”, y al no presentarse le dio traslado al defensor oficial. “Deberían destituirlo de una vez, ahora no sólo por su participación en crímenes de lesa humanidad, sino por sustraerse a la Justicia, una conducta inadmisible en un magistrado”, opinó el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Cuyo.



Al margen de lo que decida el Consejo de la Magistratura, los próximos pasos están ahora en manos del juez Bento. Una vez que el magistrado pida la captura internacional, Cancillería deberá comenzar a tramitar la extradición. La Conare chilena deberá analizar entonces los argumentos de Romano y las pruebas provenientes de la Argentina, donde ya estaba en condiciones de afrontar su primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. El organismo del que dependerá la suerte del ex hombre fuerte de la Justicia cuyana está integrado por funcionarios de los ministerios del Interior, de Justicia, de Desarrollo Social y por el canciller de Chile. La principal diferencia con la Argentina y la mayor parte de los países de la región es que no cuenta con representantes del Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.






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09/09/2011

Pérez (UDI) propone canjear a Otilio Romano por Galvarino Apablaza



El secretario general de la UDI aseveró que si la justicia argentina quiere al juez, encausado por DDHH y declarado prófugo, debe entregar al "Comandante Salvador". "La situación se podría analizar si el Gobierno argentino deja de proteger al asesino del senador Jaime Guzmán", declaró.



Viernes 9 de septiembre de 2011 por Nación.cl



Como una oportunidad de "lograr justicia" en el asesinato del senador gremialista Jaime Guzmán, definió el secretario general de la UDI, Víctor Pérez, los requerimientos que la justicia argentina pueda realizar respecto de la permanencia en Chile del juez Otilio Romano.



"Si la justicia argentina quiere al juez Otilio Romano debe entregar a Galvarino Apablaza a la justicia chilena", afirmó el portavoz UDI, al proponer una suerte de canje.



El magistrado trasandino está procesado por 103 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina. Romano tiene una visa temporal de 8 meses para permanecer en Chile, donde se encuentra desde el 24 de agosto, un día antes de que fuera suspendido de sus funciones por el Consejo de la Magistratura de la Nación.



Una vez en Chile comenzó la tramitación de un proceso de asilo político, con el objetivo de sortear una orden de búsqueda y captura de la justicia argentina.
El magistrado trasandino Walter Bento, quien investiga la participación de Romano en una causa de violaciones a los derechos humanos en el vecino país, lo instó a comparecer esta semana. Desde entonces, lo considera prófugo de la Justicia.



OPCIÓN DE EXPULSIÓN



Al explicar su propuesta de canje por Apablaza, acusado de haber planificado el asesinato del fundador de la UDI Jaime Guzmán en 1991, pero con estatus de refugiado político en Argentina, Pérez señaló que “ésta es la oportunidad de lograr justicia".



Según el senador, "los gobiernos a través de la vía diplomática tienen la opción de expulsar a un ciudadano de otro país y, en este caso, se podría analizar la situación si el gobierno argentino deja de proteger al asesino del senador Jaime Guzmán. En Chile está impune el crimen de un senador de la República, porque el responsable es protegido por Argentina ".



A su juicio, "así como legítimamente el Estado argentino busca aplicar justicia a un eventual responsable de violaciones a los derechos humanos, en Chile hace muchos años que queremos que se haga justicia respecto de uno de los crímenes más alevosos de nuestro historia reciente".



Agregó que en la UDI "no vamos a renunciar a que en el caso del asesinato de Jaime Guzmán, los responsables cumplan su condena en nuestro país y vamos a agotar todas las instancias que se presenten".



En Argentina, ha trascendido que sorprendió la inmediata concesión de la visa temporal en Santiago. De hecho, según La Nación de Argentina, en círculos judiciales federales se teme una suerte de "revancha política" debido a que el Gobierno de Cristina Kirchner otorgó estatus de refugiado político a Apablaza, acusado también por el secuestro de Christian Edwards, hijo de uno de los dueños del diario El Mercurio.



En este contexto, el Gobierno chileno pidió, hace sólo una semana, la revisión del proceso de asilo político.




miércoles, 7 de septiembre de 2011

Nietos del TERRORISTA DE ESTADO José Alfredo Martínez de Hoz inician juicio por "injurias" en contra de Osvaldo Bayer 03-09-11

lunes 12 de octubre de 2009

GBI=TERRORISMO MEDIATICO BINACIONAL-“A los mapuches los respaldan miembros de las FARC y terroristas de ETA.”-Sapag (hermano ex gobernador Neuquen)

"INSOLITAS" ACUSACIONES DE LA SOCIEDAD RURAL CONTRA LOS MAPUCHES








http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2009/10/gbiterrorismo-mediatico-binacional-los.html





Los Martínez de Hoz al ataque





Por Osvaldo Bayer



No me puedo quejar. Hay que tener suerte. Los Martínez de Hoz me han iniciado juicio. Eso no le pasa a cualquiera. Ahora sí que me siento un elegido por el destino.


Es por el film Awka Liwen donde se analiza la Campaña del Desierto de Roca y mencionamos al fundador de la Sociedad Rural que fue, por supuesto, un Martínez de Hoz. El juicio alcanza también al codirector del film, Mariano Aiello y al historiador Felipe Pigna. Los que inician el juicio son los dos nietos de José Alfredo Martínez de Hoz, el conocido ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. A nosotros nos defenderá el conocido abogado de derechos humanos Beinusz Szmukler.



“¡Qué extraño!”, me digo, los tataranietos se sienten injuriados por lo que se sostiene del retatarabuelo y no por lo que hizo el abuelo, el mejor amanuense de la última dictadura más feroz de nuestra historia. La acusación contra nosotros es por “injuriar” al fundador de la Sociedad Rural. Lo escrito en esa acusación provoca hasta conmiseración en el lector, cuánto sentimiento cuando se habla de los hechos de un antepasado de hace ciento cincuenta años. Y nace una especie de sonrisa irónica cuando el lector piensa: ¿por qué tanto sentimiento por un lejísimo antepasado y no dolor y vergüenza por un abuelo que dominó en una brutal dictadura la economía mientras a su lado se torturaba, se desaparecía, se arrojaba vivos a prisioneros al mar desde aviones? Personaje que sigue teniendo juicios en la actualidad por acciones deshonestas, entre ellas la de Papel Prensa.


Me hubiera gustado que esos nietos me hubieran desafiado a un debate en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, donde hubiéramos podido públicamente abrir todos los documentos que aseveran lo que sostenemos en el film. No. Inician un juicio, donde exigen una condena en dinero impagable por la cual los supuestos condenados deberíamos pagar solicitadas en todos los diarios del país declarándonos culpables de haber falsificado la historia. Por mi parte no tengo ningún temor. En mi vida de investigador histórico sobre los aspectos más oscuros y dramáticos de nuestra historia del último siglo he ganado todos los juicios o se han enterrado todas las amenazas de juicios. Porque siempre he sostenido que en historia no se puede mentir ya que, de hacerlo, alguna vez vendrá un investigador surgido de las bibliotecas y archivos para demostrar la verdad. Si en este caso el juez podría tener en cuenta el “dolor de retataranietos”, demostraré que no tengo ni por asomo fondos como para pagar lo que exigen –ellos, acostumbrados a las grandes sumas– y preferiré ir a la cárcel para pagar lo que no he cometido. No será la primera vez que estaré entre rejas por lo que escribo, aunque eso fue en dictaduras militares.


Leer el escrito de los nietos del ex ministro dictatorial nos despierta curiosidad. Sostienen, por ejemplo, que lo que se describe acerca del retatarabuelo estanciero Martínez de Hoz causará daños irreparables a la actual familia. Por ejemplo, le escriben el juez: “¿Advierte Vuestra Señoría el daño que las acreditadas falsedades de los autores contra los Martínez de Hoz causarán a la familia, a los suscriptos y a nuestros descendientes si tales falsedades son introducidas al ámbito escolar? El perjuicio contra nuestra familia sería, lisa y llanamente irreparable”.


Ante esta frase podemos sonreír: no se hagan problemas, el daño irreparable ya ha sido hecho por el abuelo José Alfredo Martínez de Hoz, repetimos, ministro de la dictadura más feroz de nuestra historia. Con ganarnos el juicio por unas escenas de nuestro film acerca de la Campaña del Desierto y el genocidio indígena no van a limpiar nunca jamás el nombre de Martínez de Hoz. Les recomiendo que en vez de preocuparse por el retatarabuelo, los descendientes se quiten la parte de Hoz, y se llamen a partir de ahora sólo Martínez, que es un apellido muy difundido y así pueden liberarse de ese terrible pasado familiar que es la figura del ministro dictatorial. El es quien asestó un golpe feroz e ilevantable contra su familia al ser ministro de esa dictadura.


Más todavía que el abogado que nos hace el juicio, ese nieto, se llama justamente José Alfredo Martínez de Hoz, igual que el ministro de la vergüenza nacional.


¿No es acaso este juicio un principio de tratar de hacer olvidar nuestro presente con una acusación contra un film que habla de la historia de cómo se robaron las tierras en las cuales vivieron durante siglos los pueblos originarios?


Los nietos demandantes sostienen que su retatarabuelo no intervino para nada con respecto a esas ocupaciones de tierras donde nacieron luego los grandes latifundios tan bien representados por la actual Sociedad Rural.


Justamente, ahora, aquí, voy a reproducir un documento de la Sociedad Rural donde habla acerca del fundador de esa entidad de estancieros, justamente de José Martínez de Hoz.


Esta solicitada fue publicada nada menos que el lunes 11 de junio de 1979, es decir, en plena dictadura militar de Videla, a página entera, siendo ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, por el diario Clarín, cuando se cumplieron cien años de la Campaña del Desierto. La solicitada dice, a todo título: “La Sociedad Rural Argentina, las Fronteras y los Indios”. En la misma se trae la resolución del ministro de Guerra, coronel Martín de Gainza de junio de 1870 que (textual) “acude a la Sociedad Rural Argentina pidiéndole se hiciera cargo de adquirir 1500 caballos para el Ejército con destino a la campañas contra los indios”. Luego sigue la solicitada (textual): “El entonces señor presidente de la Sociedad Rural Argentina, don José Martínez de Hoz respondió a ese petitorio diciendo: En contestación a la nota de V.E.... felicitándose la Sociedad Rural de que V.E. le haya dado esta brillante oportunidad para demostrar cuánto puede hacer en beneficio de los intereses rurales que está encargada de promover, cooperando siempre en todo sentido cuando se trata de dar seguridad y bienestar a nuestros pobladores de la campaña”. Aquí habría que decir que más bien se refería a la propiedad nueva de que se iban apoderando los nuevos dueños de la tierra con ayuda oficial. Luego, en la solicitada viene la circular firmada por Martínez de Hoz del 4 de julio de 1870 donde dice: “Siendo un deber de todo ciudadano prestar su auxilio y cooperación a los gobiernos, siempre que se ocupen de la seguridad y bienestar de las sociedades que dirigen, la corporación que presido no ha titubeado ni un momento en encargarse de la compra de 1500 caballos que el Excmo. Gobierno Nacional necesita urgentemente. La Comisión Directiva de la Sociedad Rural no ha trepidado ni un solo momento en tomar a su cargo tan importante comisión, porque ha creído que aceptándola trabaja en el sentido de favorecer los intereses rurales que tiene el deber de promover”. Firmado José Martínez de Hoz.


“Los intereses rurales”, dice el retatarabuelo de quienes nos iniciaron juicio. ¿Cuáles intereses, los de los pueblos originarios que vivían allí desde hacía veinte siglos? No, los intereses de los recién llegados que vieron que eso era una fuente de riquezas. El mismo día se hace la “asamblea general extraordinaria de la Sociedad Rural”. Y en el comunicado señala que el objeto de esa reunión es tratar la oferta hecha por “el gobierno de la Pcia. de Bs. As. al de la Nación para alejar los indios al otro lado del río Negro”. Misión que llevará a cabo ocho años después el general Roca. En la asamblea se resuelve ofrecerle al gobierno “la cooperación de los hacendados sin limitación alguna”. Estas tres palabras lo dicen todo.
Luego, los hacendados levantan el tono y ofrecen al gobierno: “La más decidida cooperación para reunir los elementos bélicos necesarios que, ayudando a los que tiene la Nación, sirvan a repeler los indios lejos de nuestras fronteras actuales”. Todo, firmado por José Martínez de Hoz.


Y trescientos ganaderos.


Luego sí, Martínez de Hoz muere antes de la expedición de Roca. Pero es que la Campaña del Desierto ya había comenzado mucho antes.


Bien, he presentado la primera prueba. Mi esperanza es –aunque yo vaya preso por faltar el respeto “a la Sociedad Rural”– que con esto tome un nuevo curso la gran polémica en el país acerca del genocidio que los argentinos cometimos hace un siglo y medio contra los pueblos originarios. Así que, bienvenido el juicio que nos han iniciado los Martínez de Hoz. Servirá para ventilar ese oscuro pasado.



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viernes, 26 de agosto de 2011

CINE TIERRA ADENTRO -“Argentina se fundó sobre un genocidio” - “Se impone una reparación masiva”, dice De la Orden. - 19-08-11



Viernes, 19 de agosto de 2011

CINE › ULISES DE LA ORDEN HABLA SOBRE SU NUEVO DOCUMENTAL, TIERRA ADENTRO





“Argentina se fundó sobre un genocidio”


El realizador de Río arriba aborda un relato coral, con múltiples voces y testimonios, que dan cuenta del exterminio de los pueblos originarios iniciado con la Campaña del Desierto. “Se impone una reparación masiva”, dice De la Orden.


Por Diego Braude




En una foto, detrás de una mesada de laboratorio, asoma un hombre semicalvo, de anteojos y guardapolvo que mira atento a la cámara, posando, rodeado de gabinetes donde se apilan calaveras, esqueletos, lo que fueran cuerpos con una historia. En el museo de La Plata están depositados, catalogados y ordenados, miles de restos de una masacre. Son la otra cara de la imagen triunfal que habita en todos los billetes de cien pesos. La foto es parte del material de archivo presente en Tierra adentro, el segundo film de Ulises de la Orden, después de la exitosa Río arriba.


Fue hace cinco años cuando De la Orden conoció a Marcos O’Farrell, músico y descendiente de Eduardo Racedo, uno de los generales que lideraron la expansión de fronteras allá por fines de 1870. La historia de O’Farrell operó como disparador para lo que terminó siendo Tierra adentro, que se viene exhibiendo desde hace un par de semanas en el Malba y que desde ayer se puede ver también en el Artecinema de Constitución, en Burzaco y en La Plata, con próximas paradas en el Espacio Incaa 0km - Gaumont y, a partir de septiembre, también en salas de la Patagonia.



Después de la odisea que implicó realizar Río arriba, De la Orden tenía la intención de ser más pragmático en el siguiente proyecto, pero, como la primera vez, “me terminó agarrando y me metí de cabeza en esa historia, que es la más negra de todas. Es la fundación del Estado argentino a través de un genocidio”.


Si bien la Revolución de Mayo es el estallido festejado, para muchos el nacimiento de la Argentina como nación se ubica en el proyecto fundacional de la llamada Generación del ’80, con Julio Argentino Roca y su Conquista del Desierto como símbolos. El modelo agroexportador explota en ese contexto y se comienza a plasmar el proyecto de poblar al país con inmigrantes europeos. Es en esa misma época en que se sanciona la ley 1420 (que establece la educación primaria gratuita, obligatoria y laica) y se consolida el Ejército Argentino.



En Bariloche, Pablo, un chico que, como muchos otros, va a la escuela pública, asiste también a la Ruca Mapuche (en mapuche, “casa”), organización donde realiza talleres y actividades que lo ponen en contacto con sus raíces ancestrales, donde puede recuperar la identidad que le fue negada. En ese doble transitar, se encuentra heredero de las contradicciones nacidas de la masacre lejana sólo en el tiempo: la escuela le enseña que es argentino; la reconstrucción de la historia de los suyos, que el país que lo alberga quiso exterminarlo (literalmente primero, estigmatizándolo desde entonces).


Del otro lado de la frontera, desde Chile, Alfredo Seguel –quien se autodefine como comunicador y pertenece a la agencia de noticias Mapuexpress– parte hacia Buenos Aires, siguiendo el trayecto del Wall Mapu. “El Wall Mapu, el espacio ancestral territorial mapuche –explica el director– iba de océano a océano, y de hecho muchas familias mapuches tienen miembros a ambos lados de la cordillera. Aún hoy se usan pasos ancestrales, que no son los pasos por donde va la ruta. Además, está la historia de la Pacificación de la Araucanía: no me quería quedar sólo con la Conquista del Desierto, porque era limitarse a una mitad de la historia. De entrada, yo pretendía tener un historiador argentino y un historiador mapuche.” La contraparte argentina de Seguel, Mariano Nagy, realiza desde Buenos Aires su propia investigación.


En Buenos Aires, Marcos O’Farrell –que también compuso la música de Tierra adentro– inicia literalmente un viaje de reencuentro con su historia familiar, un poco como hiciera el propio De la Orden en Río arriba, cuando volvía a las tierras salteñas donde su bisabuelo había sabido llevar adelante un ingenio azucarero. Como en aquel viaje iniciático del cineasta, acá el tataranieto del general Racedo recorre el camino para encontrarse con ese pasado con el cual su historia personal y familiar se entrelaza de manera directa.


La idea de museo atraviesa el documental: el pasado como algo congelado, definido y hasta legitimado científicamente. La viruela que diezmó a las poblaciones, los campos de concentración en que fueron depositados, el robo de sus niños, no como una limpieza étnica planificada, sino como la consecuencia natural de su inferioridad; la decadencia y destrucción del indio era lógica y necesaria para el avance del progreso y de la economía. Como algo del pasado, a su vez, era necesario estudiarlos, catalogarlos y exhibirlos. “Los mismos documentos del Estado argentino demuestran el genocidio”, resalta De la Orden. “No hace falta más que las notas de los militares mismos, la cartografía, ahí está todo.”



Todos los personajes de Tierra adentro realizan un viaje tanto exterior como interior, impulsados por la necesidad de dialogar o debatir sobre el pasado. La pregunta (de la entrevista formal, del encuentro informal) desarma y expone las percepciones cristalizadas que buscan justificar el crimen fundacional. La pregunta, sin embargo, también es la que abre la posibilidad de encontrarse con la raíz perdida.


En un encuentro que ocupa apenas unos minutos del documental, es entrevistado Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema. “Era fundamental tener tipos como Nagy o Walter del Río (otro de los historiadores que participan del film)”, dice De la Orden con respecto a su búsqueda de brindarle un plus de legitimidad académica a su relato. “Para mí era importante que el discurso histórico estuviera en boca de historiadores o de los mismos mapuches, y que al final alguien lo pusiera en caja jurídica, en el marco de la Filosofía del Derecho. ¿Y quién mejor que un juez de la Corte, que además es el representante de uno de los tres poderes del Estado? Entonces, hay uno de los tres poderes del Estado que, a través de uno de sus representantes, reconoce el genocidio. Un paso enorme.”


Zaffaroni prefiere, para desarrollar su exposición, reemplazar el término “genocidio” por el de “masacre estatal”. Elaborando ese concepto, describe entre sus características la búsqueda de la neutralización de una heterogeneidad en función de construir una homogeneidad determinada. Por eso, Zaffaroni extiende la duración de la influencia ideológica de aquel proceso iniciado por la Generación del ’80 hasta la última dictadura militar incluida.


La cámara se detiene en rutas que se extienden y en la belleza de los paisajes, así como en rostros, marcas de la piel que cuentan historias, en miradas recelosas y doloridas, viejas y jóvenes, a la defensiva y amables. Están también otros signos que dan identidad, como el vestuario o el omnipresente mate, como los nombres y la manera de nombrar. Para el realizador, “tarde o temprano, la república entera se va a tener que encaminar hacia una reparación masiva, y que tiene que ver con la propiedad de la tierra”. En las palabras del winka, del blanco, el otro era y sigue siendo, en muchos casos, la indiada, el malón, el indio borracho, bruto e improductivo. En Tierra adentro convive lo brutal con lo poético y viceversa.


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jueves, 18 de agosto de 2011

Víctimas identificadas de la dictadura de Pinochet ascienden a 40 280, revela informe - cubadebate.cu/noticias/2011/08/18/








Víctimas identificadas de la dictadura de Pinochet ascienden a 40 280, revela informe





El número de víctimas del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) superó las 40.000 personas (cifra en la que se incluyen 3.225 muertos o desaparecidos), según un nuevo informe oficial elaborado por la Comisión Valech que investiga los abusos a los derechos humanos en Chile en las décadas de 1970 y 1980.






El informe revela que existen casi 10.000 víctimas más de lo que se había registrado inicialmente.



Según la directora de la comisión, María Luisa Sepúlveda, se han identificado otras 9.800 personas víctimas de torturas y persecución política y 30 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados. De esta manera, el número total de víctimas oficiales entre ejecutados, desaparecidos y torturados durante los 17 años del gobierno de Pinochet quedó establecido en 40.280.



Las nuevas personas acreditadas recibirán los mismos beneficios establecidos para las víctimas de la dictadura: una pensión mensual de unos 250 dólares, más beneficios en salud y educación.


Se trata del tercer documento de este tipo publicado por el gobierno chileno en los 20 años transcurridos desde el final de la dictadura. Para elaborar el informe fueron recabados los testimonios de más de 32.000 personas.



Sin embargo, la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos ha criticado los resultados de esta labor afirmando que el número de víctimas puede superar los 100.000.



(Con información de RT Noticias)

http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/08/18/victimas-identificadas-de-la-dictadura-de-pinochet-ascienden-a-40-280-revela-informe/comment-page-1/#comment-288484

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LONCÓN MELLADO LORENZO dijo: Su comentario ha sido recibido.

MEMORIA ORAL ANCESTRAL AUTOBIOGRÁFICA KUPAL LONCÓN MELLADO, NACIÓN MAPUCE Temuko.



DESCRIBIR OPERACIONES GENOCIDAS DE TERRORISMO TRANSGENERACIONAL DEL ESTADO OCCIDENTAL CHILENO, CONTRA SOBREVIVIENTES KUPAL EN ®ESISTENCIA ANCESTRAL LONCÓN MELLADO. CONSTATANDOSE EL ASESINATO,SECUESTRO, TORTURA, EXILIÓ, DESTERRITORIALIZACIÓN, PRISIÓN SOCIO POLÍTICA, OPERACIONES SICOLÓGICAS, GOLPIZAS, DESARTICULACIÓN SOCIO FAMILIAR, TERRORISMO MEDIATICO, QUEMA DE CASA (2008)ETC. IMPLEMENTACIÓN ACTUAL DIVERSOS OPERATIVOS CON LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE “GUERRA DE BAJA INTENSIDAD”.


“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”

Declaración universal de los derechos humanos (Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A(III), de 10 de diciembre de 1984) Preámbulo, pag. 19.

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/GULU%20MAPU%3A%20PREPARACI%C3%93N%20TRIBUNAL%20PERMANENTE%20DE%20LOS%20PUEBLOS%20TEMUKO


Ese supuesto dirigente, Lorenzo Loncon, es un ciudadano chileno, activista mapuche-18-10-09
“Mire, por este asunto de las relaciones con las FARC yo recibí una carta documento de un supuesto dirigente de la Confederación Mapuche que me pedía que ratificara o rectificara mis dichos. Por supuesto que los ratifico. Ese supuesto dirigente, Lorenzo Loncon, es un ciudadano chileno, activista mapuche que firmó para la Coordinadora Popular Colombiana, en París, una carta internacional a favor de la senadora Piedad Córdoba en la que se dice, entre otras cosas, que valoran que las guerrillas de las FARC estén dispuestas a intercambiar prisioneros. Loncon firma como werken (portavoz) de la comunidad mapuche Newen Mapu, provincia de Neuquén”.





lunes 12 de octubre de 2009




GBI=TERRORISMO MEDIATICO BINACIONAL-“A los mapuches los respaldan miembros de las FARC y terroristas de ETA.”-Sapag (hermano ex gobernador Neuquen)
“INSOLITAS” ACUSACIONES DE LA SOCIEDAD RURAL CONTRA LOS MAPUCHES

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2009/10/gbiterrorismo-mediatico-binacional-los.html

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2009/08/mapuches-y-la-farc-en-prensa-argentina.html

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CHILE-REUNÓN CON RELATOR ESPECIAL DE DERECHOS INDÍGENAS ONU. SR. JAMES ANAYA - TEMUKO-3 April, 2009

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/REUN%C3%93N%20CON%20RELATOR%20ESPECIAL%20DE%20DERECHOS%20IND%C3%8DGENAS%20ONU.%20SR.%20JAMES%20ANAYA%20-%20TEMUKO-3%20April

SOBREVIVIENTE DEL KUPAL LONCÓN MELLADO LORENZO - FIDEL LONCÓN B. - EXPONE ANTE EL RELATOR ESPECIAL DDHH.



Wallmapu, país mapuche, en ambos lados de la cordillera.“Nos están llevando a todos a un ecocidio y etnocidio”, sostiene Lorenzo Loncón de la organización mapuche urbana Newén Mapu de Neuquén, en el Puelmapu (Argentina). “Hace cien años, Koz-Koz sirvió para denunciar el despojo por chilenos y colonos extranjeros, ahora es el de las empresas transnacionales. El manejo globalizado de la información nos hace creer que la idea de capitalismo es la correcta. Pero no lo es, pues destruye todo: acá son las forestales y empresas energéticas, allá son las petroleras. Ad Mapu es la ley mapuche que respetaba y respeta la naturaleza. Son normas de respeto también a las personas, para vivir en armonía. El despojo no es sólo material, sino también espiritual y la religión católica es la que más nos ha afectado. Ha permitido que la tierra sea un infierno. Se nos quiere hacer creer que hay un solo pensamiento religioso, pero aquí en Koz-Koz queda claro que somos distintos. De hecho, los temas de discusión en el Parlamento han sido abordados de manera circular, como lo hacían los antiguos. Además no nos mandamos solos, la naturaleza nos va indicando caminos. Ya se ha perdido la tierra, pero nos quedan los sueños y esto significa que tenemos una tarea que es gigantesca y la única solución es colectiva. Tenemos que reconstruir nuestro tejido social que está muy lastimado y en este sentido, aquí en el Parlamento, se ha rearticulado la idea esencial de que somos una nación con mucha identidad como personas, con fuerzas espirituales que nos guían”.








!ABAJO¡ EL ESTADO COLONIALISTA GENOCIDA ECOCIDA=FASCISTA EURO-U$A-CH$LENO- LEY DE AMNISTIA PRESOS SOCIOPOLITICOS MAPUCES=BICENTENARIO DD.HH.

http://memoriaoralancestralautobiogrf.blogspot.com/2011/01/abajo-el-estado-colonialista-genocida.html

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Centro Documentacion Tecnologico Supervivientes Ancestrales Mapuches-EAMLN= MCR-MIR-SUBJEFATURA CENTRO SUR:WEYCHAFE LONCÓN MELLADO LORENZO: VALECH 00007-Buenos Aires-30-03-2010

http://memoriaoralancestralautobiogrf.blogspot.com/2011/03/cdtecnologico-supervivientes.html


Plataforma Unitaria de Ex PP y Familiares de Chile, Junio de 2010

http://memoriaoralancestralautobiogrf.blogspot.com/2011/08/plataforma-unitaria-de-ex-pp-y.html*
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# 18 Agosto 2011 a las 20:27

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18 de Agosto de 2011

Presidente Piñera recibe informe de la Comisión Valech en La Moneda



El documento contiene la clasificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura.






El Presidente Sebastián Piñera recibió en La Moneda el informe de la Comisión Valech, la cual acogió más de 32 mil casos de los cuales calificaron casi 9.800 víctimas de prisión política y torturas y otros 30 de desaparición forzada y ejecución política.






La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, explicó que el documento fue entregado al Mandatario, quien “nos ha agradecido el informe, él nos ha dicho que éste es un nuevo aporte a cómo la sociedad chilena ha ido abordando el tema de las violaciones de Derechos Humanos, que va a darse el tiempo prudente para poder leerlo y después comunicarlo al país”.






Sepúlveda agregó que “no nos cabe duda que este es un paso en el abordaje en las políticas públicas que ha tenido el Estado de Chile en relación con las violaciones de Derechos Humanos en el tiempo de la dictadura”.






Al respecto se refirió también el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien señaló que el Presidente Piñera “agradece y valora el trabajo que ha realizado la comisión que ayer a las 24 horas ha concluido su mandato legal” y agregó que “esperamos que este informe contribuya a la paz y a la reconciliación”.






upi/so





elmostrador.















miércoles, 3 de agosto de 2011

Parapolítica - Habrían comprometido a hijos de Uribe con nexos 'paras', según Iván Cepeda - 03-08-11

Parapolítica

Habrían comprometido a hijos de Uribe con nexos 'paras', según Iván Cepeda





Hijos de expresidente colombiano Álvaro Uribe acusados de tener nexos con paramilitares



Por: Elespectador.com

El representante entregó a la Fiscalía la declaración del exjefe paramilitar, José Gelvez, alias ‘El Canoso’, que relaciona a Tomás y Jerónimo Uribe Moreno.


El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, este miércoles dio a conocer que en desarrollo de sus visitas a las cárceles donde están recluidos los exjefes paramilitares, conoció la declaración del exjefe paramilitar, José Gelvez, alias ‘El Canoso’, que señala a los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez de haber tenido negocios con paramilitares en Santa Marta.
Tal como aparece en la grabación y según lo publicaron varios medios de comunicación como la revista Semana, en una columna de María Teresa Ronderos: “El Canoso dijo ante Justicia y Paz que Art Coco —una empresa de Ignacio ‘Nacho’ Rodríguez, concejal de Santa Marta elegido con los votos ‘paras’ que manejaba Hernán Giraldo en la Sierra Nevada— era proveedora de artesanías para Salvarte, la empresa de los hijos del expresidente Uribe, Tomás y Jerónimo”.
Según un comunicado de Cepeda, en la grabación, ‘El Canoso’ cuenta cómo los paramilitares ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo y su sobrino lograron entrar en la concesión del Parque Tayrona a través de un socio de Aviatur en Santa Marta, negocio en el cual habrían participado también Tomás y Jerónimo Uribe.


Conforme a la columna de Semana, el señor Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, admitió que recibió el consejo del presidente Uribe de asociarse con una empresa para dicha concesión y que cuando se enteró de que los paramilitares habían entrado a su empresa, él les compró la parte correspondiente.



El representante Iván Cepeda puntualizó que la entrega de esta grabación se hace como parte de sus funciones parlamentarias para que el órgano investigador adelante las acciones pertinentes.
Cepeda fue a las cárceles colombianas para entrevistarse con los exjefes paramilitares y para verificar la situación de derechos humanos en dichos establecimientos. En las cárceles de Valledupar, La Picota y El Buen Pastor de Bogotá se encontraron graves irregularidades que serán objeto de debate de control político el próximo 24 de agosto en la Comisión Segunda de la Cámara de representantes.


Igualmente, el legislador anunció que las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso continuarán visitando los establecimientos carcelarios con el fin de hacer un seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, y de verificar la situación de derechos humanos que viven los presos. La próxima visita será a la cárcel Bellavista, en Bello (Antioquia), por petición de organizaciones defensoras de los derechos humanos.


En su momento, los Uribe Moreno emitieron la siguiente declaración:


Ante las polémicas declaraciones, los hijos del expresidente Uribe, a través de un comunicado, reconocieron tres reuniones con el extraditado Rodríguez, pero negaron haber sabido de sus nexos delincuenciales. Indicaron que en una de ellas estuvo el actual alcalde de Santa Marta.


“Conocimos al señor Rodríguez en el año 2004, por amigos comunes de Santa Marta y por su participación en una compañía que fabricaba artesanías de coco con habitantes de la Sierra Nevada, promocionadas en programas financiados por el gobierno americano. Tanto al señor Rodríguez, como a su familia, los precedía una excelente reputación, la cual pueden corroborar distinguidas personas de la sociedad samaria”, indicaron.


Concluyeron que el testimonio de alias El Canoso, a quien niegan conocer, “está plagado de mentiras y falsas intenciones”.




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20 Abr 2009 - 11:00 pm



Crece debate por negocio de los hijos de Uribe



Por: Elespectador.com



Ello por la compra de terrenos en Zona Franca de Occidente.

Foto: David CampuzanoEste es el terreno que ha generado polémica. Está ubicado en inmediaciones del municipio de Mosquera, en Cundinamarca.

Polémica por terrenos en Zona Franca


La venta de dos predios en Mosquera que al parecer fueron incluidos en una Zona Franca, abre polémica. Hijos del Presidente dicen que actuaron legalmente, no se cambió el uso del suelo y compraron por metro cuadrado.


Un debate de control político en el Congreso, programado inicialmente para el próximo 12 de mayo, es la primera consecuencia de la denuncia planteada el domingo pasado por el informativo de televisión Noticias Uno, según el cual, los dos hijos del presidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, se habrían beneficiado con la valorización de terrenos de su propiedad ubicados en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), al quedar incluidos en una reglamentación de Zona Franca. El hecho habría tenido lugar en diciembre del año pasado, avalado por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, del cual hacen parte los ministros de Comercio y de Hacienda.


La información de Noticias Uno, respaldada por su director Daniel Coronell en su columna de la revista Semana, sostiene que con la decisión adoptada, los terrenos rurales de propiedad de los hijos del Presidente pasaron de una valorización de $33 millones a un estimativo de $3.000 millones. Supuestamente los predios en mención, conocidos como El Paraíso y San Laureano, hace dos años fueron adquiridos por una fiducia constituida por la sociedad Residuos Ecoeficiencia, controlada por Tomás y Jerónimo Uribe Moreno. Las decisiones posteriores, según el reporte noticioso, también favorecieron al ex alcalde de Mosquera Álvaro Rozo.


La publicación y el reporte del noticiero de televisión causaron revuelo político y el primero en salir al ruedo fue el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo, quien anunció ayer un debate de control político en el Congreso, inicialmente para que el ex alcalde de Mosquera le explique al país por qué después de la compra del lote por parte de los hijos del Presidente, a los pocos días se le cambió el uso del suelo de rural a industrial, facilitando una primera “granvalorización”, y por qué después el mismo alcalde terminó comprando una parte de ese mismo lote a los hijos del Primer Mandatario. Robledo aclaró que también varios ministros deben explicar qué sabían de ese negocio.


Ayer mismo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, calificó de infundadas las acusaciones sobre un supuesto tráfico de influencias por parte de los hijos del Presidente, argumentó que la aprobación de la Zona Franca de Occidente se ajustó a los requerimientos de las leyes colombianas, que nunca hubo preferencias ni dádivas y que los hijos del Presidente no son socios de la Zona Franca. “Estamos armando una tormenta en un vaso de agua y no veo cuál es la sustancia detrás de todo esto. Tráfico de influencias hubiera existido si ellos se hubieran aprovechado de su posición o estuvieran pidiendo que se les rebajaran las condiciones. Nada de eso sucedió”.


A su vez, a través de distintos medios de comunicación, los hijos del Presidente negaron enfáticamente cualquier responsabilidad sobre el hecho. Tomás Uribe sostuvo que las acusaciones son tendenciosas y que la negociación se hizo sin violar las disposiciones legales. “Acá no se abusó del poder, sino que se ejerció un derecho que tenemos todos. Son falsedades. No se cambió el uso del suelo, no es cierto que se le haya vendido el predio al alcalde de Mosquera a precio de ganga y también es falso que se haya comprado por hectáreas y no por metros cuadrados. Nosotros quedamos con una participación minoritaria del 7% cada uno y no como dice el periodista Coronell, que fue del 60%”.


Añadió que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, desde el 2000 el predio en cuestión es de expansión industrial y no rural, como asegura Coronell.
El hijo del Presidente insistió en que el debate de fondo es siél y su hermano pueden o no hacer negocios. Se declaró en todo momento dispuesto a hacer declaración punto por punto sobre lo sucedido. Precisamente ese es el escenario que pretende ahora plantear la oposición política encarnada en el Polo Democrático, uno de cuyos miembros, el ex ministro Parmenio Cuéllar, observó que una administración “debe evitar que los hijos del Presidente hagan negocios mientras él sea mandatario”. En tal sentido, planteó como una necesidad que se escuche a los funcionarios del Estado que tuvieron que ver con la aprobación de esa Zona Franca y, por supuesto, que se oiga a los hijos de Uribe.


El presidente del Congreso, Hernán Andrade, aceptó que puede ser un tema delicado o al menos incómodo, aunque en principio cree que todo el trámite se hizo bajo criterios legales, incluyendo la Zona Franca. Aun así, admitió que “lo que viene es el debate político, en el sentido de evaluar la manera como las decisiones administrativas pueden beneficiar a los hijos del mandatario. De aprobarse el debate de control político para el 12 de mayo, la idea es que Tomás y Jerónimo Uribe sean escuchados.


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