ESTADO POLICIAL = ESTADO ABSOLUTO:
EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO “INTERNO”
12 September, 2008
Navarro: Carabineros gastó US$ 10 millones cuidando a forestales el 2007
12 de Septiembre de 2008Navarro: Carabineros gastó US$ 10 millones cuidando a forestales el 2007"Seguramente es cierto que Carabineros gasta enormes sumas de dinero en las labores y servicios que debe desplegar en los eventos y espectáculos masivos, pero no creo que esos ingresos equiparen el millonario gasto que realiza esa institución cuidando los intereses de las forestales, las mineras o escoltando vehículos que trasladan cargas sobredimensionadas por las carreteras", señaló.El senador socialista Alejandro Navarro denunció que "en la tarea de cuidar los predios forestales, que también obtienen millonarias ganancias, Carabineros sólo el último año invirtió 5 mil 600 millones en horas-hombre, 33 millones de pesos en combustible y una depreciación vehicular de 200 millones de pesos".Recordando "que ya en un proyecto que presentamos en agosto del 2004 sobre espectáculos masivos propusimos que los organizadores se hicieran cargo de la seguridad y contrataran un seguro para los eventuales daños", el senador Alejandro Navarro dijo que "esto debiera hacerse extensivo a todos los espectáculos masivos, especialmente a aquellos que se realizan en recintos deportivos, no sólo los eventos musicales, sino también otros de asistencia masiva como el fútbol".El parlamentario sostuvo que "aunque comparto esa parte de la propuesta que han formulado los senadores Naranjo y Prokurica, no estoy de acuerdo completamente con el fondo de su moción, toda vez que ellos sostienen que no es posible que se siga produciendo una sangría de recursos humanos y económicos de Carabineros en eventos deportivos donde los organizadores obtienen millonarias recaudaciones, creo que ese mismo criterio debiera ser aplicable a otras tareas que desarrolla la policía uniformada, como el resguardo permanente a predios de las empresas forestales".Navarro indicó que "seguramente es cierto que Carabineros gasta enormes sumas de dinero en las labores y servicios que debe desplegar en los eventos y espectáculos masivos, pero no creo que esos ingresos equiparen el millonario gasto que realiza esa institución cuidando los intereses de las forestales, las mineras o escoltando vehículos que trasladan cargas sobredimensionadas por las carreteras"."Y no se trata de una especulación -agregó- sino de información de la propia Dirección Nacional de Seguridad y Orden Público de Carabineros, la que nos indica que entre el 2003 y el 2007 la institución invirtió, sólo en horas-hombre 8 mil 667 millones de pesos, a lo que se debe sumar los 150 millones gastados en combustible y los 294 millones de depreciación total de los vehículos utilizados, lo que da un total que supera los 9 mil millones de pesos".El legislador indicó que "esta misma información de Carabineros es la que nos muestra con claridad y sin lugar a dudas que el año 2007, la policía uniformada invirtió sólo en la regiones de Bío-Bío y La Araucanía más de 5 mil 500 millones de pesos en horas-hombre, correspondiendo más de 5 mil 300 millones sólo a la IX Región. En estas mismas regiones y sólo el año pasado Carabineros también gastó más de 31 millones y medio de pesos en combustible y registro una depreciación de su parque vehicular sobre los 200 millones de pesos"."Entonces -prosiguió- me parece bien, y comparto, que queramos reducir y redirigir los gastos y costos que hoy Carabineros debe asumir no por decisión propia, sino por mandato de los tribunales o del Ejecutivo, pero si lo vamos a hacer hagámoslo con todos esos gastos, especialmente cuando se trata de labores asociadas a actividades artísticas o económicas que reciben fuertes ingresos, de manera que Carabineros no deba sacrificar su presupuesto, que se está distrayendo de tareas primordiales de seguridad ciudadana que algunos tanto reclaman, pero que en este caso parece no importarles", puntualizó.Navarro dijo finalmente que "espero que la voluntad manifestada por distintos parlamentarios, antes y ahora, para que los recursos que le asigna el presupuesto de la nación a Carabineros se utilicenefectivamente en las tareas que le son propias, especialmente en servicio de la ciudadanía, y no pretendamos buscar una solución parcial, diciendo que la policía uniformada no puede prestar servicios gratuitos de seguridad a los eventos masivos, pero no digamos nada por los miles de millones de pesos que se gastan en cumplir labores de guardia pretoriana de las forestales, especialmente en Bío-Bío y la Araucanía".
El Derecho Penal del Enemigo “Interno”: ¿Nuevo Plan de operaciones (“paciencia”) contra Mapuches?
Ante juicios y persecuciones a Mapuches por Ley común, Senador Navarro señala en el Congreso:
Ante juicios y persecuciones a Mapuches por Ley común, Senador Navarro señala en el Congreso:
“A nuestro juicio, el “derecho penal del enemigo”, DOCTRINA QUE PROPUGNA LA PERSECUCIÓN PENAL DEL “ENEMIGO POLÍTICO INTERNO”, NO PUEDE SER LA INSPIRACIÓN DEL USO DEL INSTRUMENTO REPRESIVO ESTATAL. NO ES UNA SANA DOCTRINA”.
"VEMOS Y OBSERVAMOS UNA REEDICIÓN DE LO PEOR DE LA LEY ANTITERRORISTA, PERO USANDO LA LEY COMÚN"... "SI HICIÉRAMOS LAS COSAS ADECUADAMENTE, POR CIERTO ESTARÍAMOS EN LA VÍA DE LA RESOLUCIÓN POLÍTICA Y NO MILITAR A LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA ARAUCANÍA, PORQUE ALLÍ LO QUE HAY NO ES UN PROBLEMA MINISTERIAL, ES UN PROBLEMA POLÍTICO Y SOCIAL"
JUICIOS A MAPUCHES POR LEY COMÚN. OFICIOS
Sesión 51ª, miercoles 10 de septiembre de 2008
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el Observatorio de Pueblos Indígenas envió una declaración pública en junio del 2008 sobre el juicio iniciado en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en contra de dos mapuche, Héctor Llaitul Carrillanca y Roberto Painemil Parra, el primero de ellos dirigente de la organización Arauco Malleco.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se les imputa la comisión del delito de porte ilegal de armas de fuego, de incendio de maquinaria forestal y de 0.74 hectáreas de terreno ubicadas en el fundo Las Praderas, de la comuna de Chol Chol, de propiedad de la Forestal Crecex SA y administrado por la forestal Mininco, hecho ocurrido el 25 de diciembre de 2006. la Fiscalía pide para cada uno de ellos una condena de entre cinco y diez años de prisión.
El Observatorio hace una serie de cuestionamientos, a los cuales nosotros nos unimos, y yo particularmente como Senador, pues surgen de instrumentos de derechos humanos, tratados internacionales que el mismo Estado de Chile ha suscrito. Pero, como sabemos, lo que se escribe con la mano se borra con el codo, aun en estas delicadas materias. Nosotros acordamos respeto y procedimientos, en el caso particular de las comunidades indígenas, pero en los hechos, en la práctica y la Fiscalía en este caso particular no los está respetando.
Creemos que estas situaciones ni siquiera se dan en un contexto de utilización de la Ley Antiterrorista -por cierto, que hemos dicho que es la peor de las soluciones-, sino que se dan en el contexto del uso de la ley común.
Como se sabe, la utilización de la ley antiterrorista fue reprendida dos organismo de Naciones Unidas, el relator Rodolfo Stavenhagen, que incluso recomendó la amnistía del lonco Pascual Pichún, hombre humilde, de baja estatura, a quien aun recuerdo gritar en el hall de un partido político, señalando “aquí está el terrorista”.
A Pascual Pichún se le condenó por un procedimiento lamentable. En mi opinión, de violación del debido proceso. Hice presente en su oportunidad una carta abierta a Juan Agustín Figueroa, ex Ministro de Agricultura del Gobierno del Presidente Aylwin, presidente de la Fundación Neruda, que haciendo uso y abuso de su poder, de su presencia en los tribunales, doblego el proceso de absolución en el primer juicio y logro, bajo una triquiñuela jurídica, en mi opinión, de que el juicio, más bien el fallo redactado por la jueza que llevaba la causa no había examinado los hechos no probados con exactitud, como lo exige la ley. Es decir, la ley exige también que los hechos probados y los no probados sean exactamente fundados y escritos. Y como efectivamente los hechos no probados no estaban adecuadamente descritos, se anuló el proceso que había declarado absolutamente inocente a Pascual Pichún.
Esa situación no la olvidamos.
Recordamos también, asimismo, que el ex Vicepresidente, o más bien, el ex Viceministro del Interior, Correa Sutil, actual Ministro del Tribunal Constitucional, señaló que la aplicación de la Ley Antiterrorista se produjo en el marco de un plan denominado “Operación Paciencia”.
Me resultaría un despropósito un nuevo plan de ese tipo hoy día, en tiempos de un Gobierno ciudadano de la Concertación y que efectivamente ha sido elegido para poder aplicar más democracia.
A nuestro juicio, el “derecho penal del enemigo”, doctrina que propugna la persecución penal del “enemigo político interno”, no puede ser la inspiración del uso del instrumento represivo estatal. No es una sana doctrina.
Vemos y observamos una reedición de lo peor de la Ley Antiterrorista, pero usando la ley común. Vemos estos principales cuestionamientos, que siguiendo el relato del Observatorio de Pueblos Indígenas, así se desprende.
En primer término, de acuerdo a denuncias formuladas por Roberto Painemil, “luego de ser detenido fue objeto de un interrogatorio por parte de agentes de Carabineros de civil, ocasión en que, sin estar presente su abogado, y bajo fuertes apremios físicos (golpes) y sicológicos (amenazas), fue obligado a inculparse, así como para inculpar a varios comuneros mapuches, entre ellos a Héctor Llaitul, de la autoría del incendio de la maquinaria ocurrida en el fundo de propiedad de Forestal Mininco”.
Esto es lo que dice el Observatorio de Pueblos Indígenas que dirige José Aylwin.
La prensa, en recortes de la organización Meli Witran Mapu, informa sobre el imputado Painemil: “El síndrome del torturado era visible en el declarante: se le quebró la voz al recordar su paso por el calabozo eran hechos ocurridos en el patio de un recinto que no pudo identificar que se estima es el retén de Cholchol puestos estos carabineros lo condujeron después a Nueva Imperial para ser formalizado. Debió tomar agua, y repetí que “tenía miedo, mucho miedo, me torcieron los brazos, me daban patadas y golpes en el trasero, en el pecho, estaba descalzo, me mostraron una máquina con cables y me preguntaban si yo entendía qué era eso, yo no sabía ni qué hora era ni qué día, mi familia dijo que era mediodía cuando me llevaron a la fiscalía” y frecuentemente a las preguntas respondía que no podía recordar más. También explicó que había un “bueno” que le aconsejaba que hablara y que entonces saldría de inmediato en libertad, y otra persona lo filmaba y fotografiaba. Detalló las amenazas contra su madre que lo indujeron a autoinculparse del incendio y a sindicar a Héctor Llaitul -que esta siendo juzgado junto a él- como autor del atentado. Afirmó que no fue examinado por un médico antes del control de detención porque le dijeron que él no tenía derecho a defensa ni a nada, agregando que el Fiscal Moya y los carabineros lo instaban a mantener el “trato” hecho bajo tortura. Las palabras de Moya que repitió Painemil en el tribunal, mirando a ese Fiscal, presente en el juicio, eran: “Estai sonado huevón porque encontraron las armas en tu casa; firma no más”. La declaración de Painemil” -he leído textual, señor Presidente- “,hecha en mapudungun con algunas palabras (los insultos) en español, fue traducida por dos intérpretes validados ante el tribunal”. Se permite mediante la Ley Indígena la declaración en el idioma original.
Claramente, estas denuncias deben ser investigadas, no como las anteriores, las cuales han quedado en el olvido a que nos destina la justicia militar, pues estos procesos siguen llevándose equivocadamente en la justicia militar. De acuerdo a lo sentenciado en la Corte de San José de Costa Rica, en el caso Palamara, Chile fue CONDENADO a derogar su justicia militar -así está establecido- cuando esta comprometa a civiles. Es decir, la Corte de San José ya dictaminó que cuando hay justicia militar pero que compromete a civiles, la ley militar no debe operar. Debe operar la ley civil. La tortura en interrogatorios viola todas las normas del debido proceso, y las confesiones, aun ante el Fiscal, son INVÁLIDAS si han mediado torturas previas.
En segundo lugar, se han vuelto a presentar ante los tribunales testigos cuyo rostro ha sido cubierto por un biombo. El artículo 308 del Código Procesal Penal permite el tribunal, en casos calificados, disponer de medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo que lo solicitare, pero está ley está siendo utilizada por los fiscales de manera claramente inconstitucional, pues viola el artículo 5º, inciso segundo, de la Norma Fundamental, que señala que los tratados internaciones ratificados por Chile se integran al derecho interno.
Y uno de los más importantes tratados internacionales que caben en esa categoría, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, en su artículo 13, número 3, letra e), mandata que los acusados tienen el derecho “a interrogar o hacer interrogar a los testigos y a obtener la comparencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”. La Observación General, artículo 13, numeral 21, del mismo Tratado, señala que el propósito de esta disposición es “garantizar al acusado las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer a testigos e interrogar a éstos sobre la acusación”. Es decir, con testigos sin rostro, no hay “igualdad de armas”, en el lenguaje del Código Militar; no hay “igualdad entre defensa y acusación”. NO HAY DEBIDO PROCESO. Los señores abogados presentes pueden corroborarlo.
En tercer lugar, se reclama que “la mayor parte de los testigos presentados por el Ministerio Público en este juicio en contra de los imputados mapuches sean integrantes de Carabineros o de la Policía de Investigaciones”. Esto debilita los testimonios, pues estos testigos son débiles, vulnerables a las presiones de sus superiores. La Operación Paciencia con la CAM coordinó a las Fuerzas de Orden y Seguridad, fiscales, gobernadores e intendentes. ¿Y si ahora se reedita con otro nombre? Seguramente, lo sabremos años después, igual que la anterior. Esto no puede convertirse, señor Presidente, en una “guerra sucia” en La Araucanía. Se requiere la mayor transparencia en el trato, procedimiento e investigación. Yo quiero sanción para las acciones violentas, no quiero uso abusivo de la fuerza. Quiero transparencia y verdad en los procesos que se señalen.
En cuarto lugar, se reclama que “tanto Roberto Painemil como Héctor Llaitul llevan en prisión preventiva por los hechos que dieron origen a este juicio un tiempo superior a un año, acercándose dicha prisión al año y medio en el primer caso”. Nuevamente, lo que se dio en los juicios antiterroristas se da nuevamente con la utilización de la ley común. La verdad que la presunción de inocencia en la mayoría de estos casos queda de lado. No era, señor Presidente, el nuevo proceso penal el triunfo del principio de la igualdad ante la ley, y uno de los pilares era efectivamente evitar largos tiempos de detención? Esto no se cumple cuando se trata de mapuches. Largos tiempos de detención, presunción de culpabilidad y ocurre que esta sentencia adelantada se produce estrictamente porque se ha demorado la preparación del juicio oral, lo que es de exclusiva responsabilidad de los órganos del Estado. Si se retrasa el juicio oral en el nuevo procedimiento penal, no es problema de los mapuches, es una problema de los órganos del Estado.
Yo quiero señalar que frente a los hechos que hemos conocido recientemente, de que hay e mails que involucran eventualmente a organizaciones mapuches que se ligan a las FARC hay una situación de extrema gravedad, porque si se ha hecho una denuncia por parte de un Parlamentario de e mails que ligan a actividad terrorista o actividad subversiva en la zona de La Araucanía, estos hechos deben ser puestos en conocimiento, por cierto, de la autoridad pertinente -el Fiscal de la investigación-. Y si esta fuente de revelación de estos hechos, por tratarse, por cierto, de una querella colombiana y es información confidencial del Estado colombiano, el mecanismo para la entrega de esta información no es si no el Estado chileno. Cualquier otra forma es una forma odiosa y particularmente, en mi opinión, ilegal e inconstitucional. Si hay información del Estado colombiano sobre eventual actividad de las FARC en Chile, la verdad es que el Estado colombiano debe ser entregada esta información al Estado chileno.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas dispone en su artículo 9, número 3, que “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer judiciales, y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad.”
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha interpretado que ello implica que la “prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible”. Esto data de 1982.
Una interpretación similar sobre la materia ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que ha sostenido que la prisión preventiva prolongada burla el derecho a la presunción de inocencia. Uno no puede tener un año y medio a un ciudadano preso bajo la presunción de culpabilidad, para luego declararlo inocente. Esto efectivamente burla nuevamente los tratados internacionales.
La verdad, si respecto a los mapuches se hubiera dado juicio justo, sin operaciones paciencia o de otro tipo no debiéramos por qué temer la elusión de nadie.
Pero hoy en mi opinión, señor Presidente, no hay debido proceso, no lo hay, no hay garantía. El Ministerio Público y carabineros deben evaluar y reflexionar sobre esta situación. Todo esto lo debieron tolerar los imputados, quienes luego fueron absueltos, el 12 de junio del 2008: fueron absueltos el 12 de junio del 2008.
De acuerdo a la prensa: “El tribunal señaló que se había acreditado el delito de incendio y del porte y tenencia ilegal de armas, pero las pruebas aportadas no fueron suficientes para establecer la participación de LLaitul, más allá de toda duda razonable.
Señor Presidente, condeno en esta tribuna todos los actos de violencia contra los privados, contra los indígenas, contra carabineros. No soy partícipe de esas acciones. Las he condenado estando en La Araucanía. Pero con la misma fuerza rechazo las detenciones irregulares, las detenciones por más de un año y medio, para que luego la corte establezca que hay inocencia, que no hay delito. A pesar de estas irregularidades, el mismo Ministerio Público intentó anular la absolución, pero, por suerte, por tres votos contra cero, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco resolvió no acoger el recurso presentado por la Fiscalía.
¿Qué le pasa al Ministerio Público con los indígenas, señor Presidente? ¿Tantas irregularidades, tanta saña en contra de los indígenas?
Yo sé que hay que perseguir los delitos. Yo sé que es grave que se le incendie una casa a un agricultor en La Araucanía. Pero aquí tiene que ejercerse la ley. Así es la democracia, así se ejercen los derechos. Y si hay violentistas, se les persigue. Pero claramente en este mecanismo la fiscalía se ha equivocado. No podemos tolerar que por cierto la Presidenta esté difundiendo el pacto reconocer, porque es un plan y un programa para reconocer los derechos de los pueblos originarios, y que los organismos del Estado estén haciendo otra cosa.
Presidenta, los organismos del Estado de Chile, están haciendo exactamente lo contrario a lo que usted está proponiendo en un pacto que los mapuches han acogido con gran alegría, que han aceptado caminar y conocer.
Es por ello, señor Presidente, que solicito se oficie al fiscal nacional del Ministerio Público para emita un instructivo general que ajuste la aplicación de la ley penal común en los casos que esta comprometa a personas indígenas.
Ya hemos tolerado mucho abuso.
Recordemos que el Ministerio Público también usó la ley antiterrorista, lo que fue cuestionado por las Naciones Unidas dos veces. Esto se puede arreglar con un instructivo general. Se lo pedimos al señor fiscal Piedrabuena en su oportunidad. Hoy se lo pedimos al señor Chauán, que ajuste la aplicación de las facultades de los fiscales a estándares de derechos humanos. No le cuesta nada.
También se oficie al señor Director General de Carabineros para que se inicie un sumario e investigación porque carabineros procedieron a la detención de LLaitul, Carrillanca, Roberto Painemil Parra y que se le envíen los resultados de este sumario. Porque la verdad que se intentó hacer un montaje, porque no hubo pruebas para demostrar las acusaciones.
Paralelamente solicito a la defensoría penal pública que ponga especial énfasis en la defensa de estas personas, si ellas así lo requieren, par ala correcta aplicación de la ley penal.
Solicito finalmente, señor Presidente, que se envié copia de esta intervención a la Presidenta de la República, a la Ministra de MIDEPLAN, al Ministro Pérez Yoma, al Subsecretario del Interior, al Presidente de la Cámara de Diputados, al Ministro de Defensa, al Ministro Secretario de la Presidencia, a los jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, al director de CONADI, a cada uno de los consejeros indígenas, al Presidente del Consejo de los Pueblos Atacameños, a la presidenta del consejo nacional Aymara, al consejo de caciques de Chiloé, al Consejo de todas las tierras, a la identidad Lafkenche, Nagche, a los dos consejos de ancianos de rapa nui, y al relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas, señor James Anaya.
Señor Presidente, si hiciéramos las cosas adecuadamente, por cierto estaríamos en la vía de la resolución política y no militar a los problemas que afectan a La Araucanía, porque allí lo que hay no es un problema ministerial, es un problema político y social.
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