EL EX DICTADOR GUATEMALTECO FUE CONDENADO POR CRIMENES CONTRA LA POBLACION MAYA
Ochenta años para el genocida Ríos Montt
Ríos Montt fue hallado responsable, por su jerarquía en la cadena de mando dentro del ejército de Guatemala, de la muerte de 1771 indígenas ixiles en 15 matanzas.
El ex dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt fue condenado ayer en total a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad, informó la jueza Jazmín Barrios al dar a conocer la sentencia. Ríos Montt, que gobernó en Guatemala entre 1982 y 1983, recibió una pena de 50 años de cárcel por genocidio y 30 años por delitos contra los deberes a la humanidad, indicó la magistrada que preside el Tribunal A de Mayor Riesgo. El Tribunal ordenó la inmediata detención del ex jefe de Estado, que gozaba de arresto domiciliario como medida sustitutiva. “No tengo angustia de ir a prisión porque he cumplido con la ley. Lo lamento por mi familia”, dijo el militar retirado, de 86 años. “Me han enjuiciado y condenado por genocidio, el tribunal dice que soy genocida pero solamente trabajó bajo supuestos. ¡Es un show político!”, exclamó ante el tribunal el militar, quien escuchó de pie la sentencia.
En tanto, el ex jefe de servicios de inteligencia de Ríos Montt, el también general retirado José Mauricio Rodríguez, fue absuelto por el tribunal que consideró que su desempeño no tuvo “injerencia” en los hechos. “En Guatemala se cometió sistemáticamente el delito de genocidio contra la población maya ixil”, dijo la jueza al reconocer los testimonios de peritos aportados durante el debate.
Barrios precisó que los hechos demostrados a lo largo del juicio se confirman con el hallazgo de cementerios clandestinos en las inmediaciones de los ríos Schel y Chajul, donde se encontraron osamentas que tenían tiros en la cabeza y tórax y que pertenecían a los poblados de Chajul, Nebaj y Cotzal, de la zona Ixil. “Es evidente que los grupos militares que llegaron a cada una de las comunidades adoptaron el mismo patrón” genocida, indicó la jueza. Agregó que el condenado estaba enterado de lo que sucedía en el interior del país, al ser comandante general del ejército y presidente de facto tras el golpe de Estado de 1982.
Ríos Montt y Rodríguez fueron acusados por el Ministerio Público (MP) de ser los responsables, por su jerarquía en la cadena de mando dentro del ejército de Guatemala, de la muerte de 1771 indígenas ixiles en 15 matanzas ejecutadas en comunidades del departamento de Quich (Norte). La Fiscalía solicitó el jueves, cuando el juicio entró en su fase de conclusiones, una condena de 75 años de cárcel contra ambos, y dos entidades que actúan como querellantes adhesivos, tras presentar sus propias conclusiones, se sumaron a la solicitud.
Ríos Montt se declaró inocente el jueves. “Su Señoría, me declaro inocente. Nunca tuve la intención ni el propósito de destruir a una etnia nacional”, declaró con la mirada dirigida a la presidenta del tribunal. En tanto, el también general retirado Rodríguez se declaró ayer, cuando le correspondió el turno de declarar, “inocente” del delito de genocidio en Guatemala y pidió al tribunal que lo juzga que lo deje en libertad.
El juicio llegó a esta instancia final luego de una serie de controversias que por momentos hicieron temer hasta último momento que pudiera quedar sin efecto. Más aún, la sentencia de ayer no cierra el proceso, ya que los abogados del ex dictador anunciaron que elevarían apelaciones ante instancias superiores, incluso antes de conocerse el veredicto.
Horas antes del veredicto, en un acto oficial, el presidente guatemalteco Otto Pérez había dicho que su gobierno respetaría el veredicto, fuera cual fuera. “Guatemala avanza dentro del respeto a los valores democráticos. Hace 20 años un proceso de esta naturaleza era, sencillamente, impensable”, declaró en esa ocasión.
Según el diario El País de España, para Hellen Mack, cuya hermana Mirna fue cosida a puñaladas por sus investigaciones antropológicas sobre la represión en el altiplano indígena, el juicio marcó un antes y un después en la historia jurídica de Guatemala. En primer lugar, porque es la primera vez que los indígenas han tenido la oportunidad de hacer oír su voz y ser escuchados en un tribunal. Añade que, para los guatemaltecos, el proceso ha tenido la virtud de demostrar que se puede llegar a la verdad y la justicia sin recurrir a la violencia y, finalmente, porque constituye una auténtica prueba de fuego a la Justicia, en esta ocasión bajo la lupa de la comunidad internacional.
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Sentencia histórica
Por Gastón Chillier *
En un fallo que marcará un hito en la historia del proceso de justicia por los graves crímenes cometidos por las dictaduras de la región, el ex general José Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por ser responsable de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos entre abril de 1982 y agosto de 1983, período durante el cual gobernó Guatemala. El Tribunal A de Mayor Riesgo revocó su arresto domiciliario y dispuso que cumpla la pena en cárcel común. Por su parte, el ex jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez fue absuelto.
Los jueces consideraron que Ríos Montt planificó y autorizó la ejecución de los planes Campaña Victoria 82, Operaciones Sofía, Operaciones Ixil y Firmeza 83, que se tradujeron en el exterminio de miles de hombres, mujeres y niños pertenecientes al grupo maya-ixil. La cifra total de víctimas equivale al aniquilamiento del 33,61 por ciento de esa etnia.Luego de dos meses de intenso debate, en el que fueron frecuentes las amenazas y las presiones a jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y testigos, y tras las numerosas maniobras dilatorias efectuadas por las defensas de los imputados, que incluyeron diversos amparos ante la Corte de Constitucionalidad, concluyó un juicio histórico destinado a poner fin a décadas de impunidad vividas en el país centroamericano.
Ante el tribunal declararon 98 testigos. Todos ellos detallaron las masacres, las torturas, las desapariciones y los fusilamientos masivos cometidos durante la dictadura de Ríos Montt. Es importante destacar también los testimonios de mujeres que denunciaron los crímenes sexuales de los que fueron víctimas ellas, sus hijas y otras integrantes de la comunidad. A partir de esas declaraciones, se pudo establecer que las violaciones masivas formaron parte del plan genocida, ya que fueron efectuadas de manera sistemática y tuvieron el propósito de causar daños irreparables en los cuerpos y vidas de las mujeres ixiles.
“Este juicio debe servir para que exista paz en Guatemala”, dijo Yassmin Barrios, presidenta del Tribunal, al concluir la lectura del veredicto. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) coincide plenamente con esta postura y subraya que la causa llevada a cabo contra Ríos Montt forma parte del proceso regional de rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los períodos dictatoriales vividos en la mayoría de los países de América latina. Esperamos que el poder judicial de Guatemala en su conjunto respalde este juicio, que fue conducido bajo el debido proceso y con un profundo respeto por las garantías de los imputados y de los derechos de las víctimas.
* Director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS.
Condenan a 80 años de prisión al dictador guatemalteco Ríos Montt
Sábado, 11
de Mayo de 2013 11:05 Blanche Petrich
Por haber ordenado, supervisado y permitido la destrucción parcial de un grupo étnico de Guatemala, el pueblo ixil, diezmado hasta en 5.5 por ciento de su población total (mil 771 indígenas) durante los 17 meses que gobernó de facto en 1982 y 1983, el general Efraín Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y violación a los deberes con la humanidad. En total, su sentencia suma 80 años de prisión.
Se ordena la inmediata detención
por la naturaleza de los delitos y se ordena el ingreso directamente a prisión.
Cuando la juez Yasmin Barrios, quien presidió la audiencia, terminó de leer la
resolución de los magistrados, en la sala del tribunal primero de alto riesgo de
Guatemala, se desató el pandemónium. Las primeras fotografías que empezaron a
circular por Internet de la escena muestran a un Ríos Montt que se quita los
audífonos, por primera vez sin la máscara de la sonrisa que exhibió a lo largo
del juicio, el cual empezó el pasado 19 de marzo, con una mirada de
desconcierto.
El muro de la impunidad en
Guatemala, que padeció un conflicto armado de tres décadas con un registro de
más de 200 mil muertes y ningún imputado hasta la fecha, había registrado una
visible fractura.
Y más aún, en sus conclusiones,
la magistrada adelantaba que este episodio, con toda su fuerza histórica, es
apenas un primer capítulo. Dijo en el momento climático de su intervención: El
reconocimiento del delito de genocidio afecta a todos los guatemaltecos. Al
reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado. La aplicación de la
justicia es un derecho que asiste a las víctimas. Estos hechos no deben volver a
repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz.
Acto seguido ordenó: El tribunal
ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra de las
demás personas que pudieran haber participado en los hechos que se
juzgan.
Y en ese momento, a casi dos
horas de haberse iniciado la sesión final del juicio por genocidio, se soltó el
pandemónium en la sala, que había sido abarrotada desde las primeras horas de la
mañana. Centenares de indígenas de todas las etnias, activistas de la sociedad
civil, defensores de derechos humanos, prensa, cineastas, políticos,
diplomáticos y familiares, tanto de las víctimas en los años de la guerra como
de los militares juzgados, prefirieron esperar horas dentro de la sala que
perder su lugar y su oportunidad de vivir aquellos minutos.
¡Cordura, cordura!, pedía la
juez. Una nube de periodistas bloqueaba la vista del acusado, quien acababa de
ser sentenciado en un proceso judicial de dimensiones históricas. Ríos Montt es
el primer ex jefe de Estado sentenciado por genocidio en Latinoamérica. Quizá en
el mundo.
En la sala, entre el público que
se movía agitado, gritaba de júbilo o, en el caso del sector que ocupaban los
familiares y simpatizantes de Ríos Montt, proferían amenazas por lo bajo, se
escucharon gritos de advertencia: ¡Se va, se fue!
La juez Barrios ordenaba: El
señor acusado no puede abandonar la sala, sus abogados no pueden llevarse al
imputado, sus escoltas no lo pueden sacar de la sala, porque la sentencia es en
firme.
Acto seguido, la juez pidió que
se llamara de inmediato a la comisaría de la policía más cercana para que se
trasladaran de inmediato a la torre de tribunales para detener al general
imputado de genocidio. Y ante la insistencia de la defensa de desacatar la orden
judicial y sacar del lugar al atarantado militar, la juez tuvo que recurrir a
una advertencia: Señores abogados, no obstruyan la acción de la
justicia.
La escena, que se transmitió
completa en los canales livestream de Internet que pusieron a disposición de los
navegantes de todo el mundo las organizaciones querellantes, mostraba de manera
sorprendente la fragilidad del sistema judicial del país centroamericano. La
juez, ya con visos de desesperación ante la debacle que se anticipaba, pedía por
el micrófono el auxilio de los integrantes de la Procuraduría de Derechos
Humanos, ya que los elementos de seguridad del órgano judicial se habían hecho
invisibles. Que hagan una valla para evitar que se vaya, hay que evitar una
posible fuga. Nadie se lo puede llevar, que los agentes de seguridad controle
las dos entradas, clamaba la juez.
Y a la prensa hiperactiva, que
contribuía al caos, le pedía: Háganse para atrás, porque el acusado necesita
aire para respirar.
Minutos después se recuperaba el
control. La Policía Nacional ingresó al recinto y escoltó al general declarado
culpable de genocidio hacia las patrullas que le esperaban en la calle. Y a
bordo de una, en medio de un convoy con las sirenas abiertas, se lo llevaron.
Preso, hacia el cuartel de Matamoros. Antes, Ríos Montt logró lanzar un par de
declaraciones. Dijo que apelaría la sentencia y que todo era una farsa
internacional.
Así, la sala se fue vaciando.
Primero fueron desalojados los familiares y simpatizantes de Ríos Montt, del
general José Mauricio Rodríguez, ex jefe de inteligencia militar, coacusado y
absuelto en esta misma sesión, empujado en su silla de ruedas. Luego salieron
los asistentes que acudieron en apoyo del Ministerio Público y a la parte
querellante. Pero antes de que los indígenas salieran de la sala, sin gritos,
bajando la cabeza, pronunciaron al unísono: “¡Tantixh! (gracias, en
ixil). Desde la tribuna, la juez les envió un emocionado abrazo.
La sesión había iniciado a las
cuatro de la tarde, cuando los ministros Barrios, Patricia Bustamante y Pablo
Xitimul ingresaron a la atiborrada sala del tribunal.
Acto seguido la juez hizo un
apretado repaso, que le tomó cerca de dos horas, de los peritajes presentados
por los querellantes, sobrevivientes de las masacres en los municipios de Santa
María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal en los 17 meses que gobernó
Ríos Montt a principios de los 80.
Al efectuar el análisis
doctrinario del delito de genocidio y confrontarlo con la prueba producida en el
debate, con lo dicho por los hombres y las mujeres ixiles de la región, se
comprobó hasta la saciedad que eran comunidades civiles dedicadas a la
agricultura. Quedó comprobado en forma objetiva que la población del grupo ixil
en las aldeas fue objeto de asesinatos, masacres, torturas, degradación,
violaciones masivas, desplazamiento forzoso, traslado de niños de un grupo a
otro. Los juzgadores estamos totalmente convencidos de la intención de la
destrucción física del grupo ixil. Se produjeron delitos constitutivos del
genocidio.
Para esta conclusión fue
fundamental el análisis especializado de los planes operativos generados durante
el régimen de Ríos Montt, el Plan Victoria 82, los planes Firmexza 82 y 83 y el
Plan Operativo Sofía.
Según el perito Rodolfo Robles
Espinosa, que analizó los documentos militares, el alto mando, ente éste Ríos
Montt, tuvo el dominio del hecho y podían detener los ataques a la población
civil de sus subordinados. El Estado avaló la existencia del enemigo interno,
existiendo operaciones de combate, planificación y control. Demostró la
responsabilidad del jefe de la organización.
Por lo tanto, concluyeron los
juzgadores, el acusado tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no
lo detuvo, a pesar de tener el poder de evitar su perpetración.
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