lunes, 1 de diciembre de 2008

COMANDO UNITARIO DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES, CHILE (actualizado 29-05-09)




PROPUESTA DEL COMANDO UNITARIO DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES: PROYECTO DE LEY

El Comando Unitario de Ex Presos Politicos y Familiares, entregó publicamente en la sede de Gobierno, específicamente en el Salon Montt Varas, el martes 26 de mayo del 2009, la Propuesta de Ley de Reparacion, que adjuntamos para su conocimiento.

En este Acto participaron en representación del Ejecutivo, la Ministro Secretaria General de Gobierno, Carolina Toha, el Subsecretario de la misma cartera, Edgardo Riveros y la Presidenta de la Comisión Presidencial para los DD.HH, María Luisa Sepulveda, quienes recibieron la Propuesta, se comprometieron a estudiar los aspectos de esta que aun no estan incluidos en ningun proyecto de reparacion y de enviar al Congreso el proyecto que finalmente elabore el Gobierno, en el periodo legislativo de junio.

Participaron en el acto mas de 20 dirigentes nacionales del Comando Unitario, que representaron a los miles de ex PP y Familiares que esperan una solucion digna y eficaz, antes de que termine el mandato la Presidenta Michelle Bachelet, la que en el discurso del 21 de mayo, se comprometió a realizar los esfuerzos para 'ampliar y perfeccionar las reparaciones a las victimas y sus familiares'.

El llamado es a no bajar la guardia, a intensificar las conversaciones con los parlamentarios de todas las bancadas, a mantenernos movilizados, a informar a todos los ex PP no organizados de lo que esta en juego y asesorar debidamente a los compañeros y compañeras que aun no han sido reconocidos como victimas de prision politica y tortura.

Como el tema de la Justicia, la Verdad y la Reparacion, no se agota en los temas aquí planteados, debemos evaluar, debatir y elaborar propuestas concretas en el Tercer Encuentro Nacional Unitario que se realizara el 20 y 21 de Junio.

Se entregó el siguiente comunicado a los medios que cubrieron la ceremonia:

UNA INVERSION ETICAMENTE NECESARIA


Cuando ya han pasado cinco años de la promulgación de una Ley de Reparación “austera y simbólica” –la 19.992-, en materia de verdad, justicia, memoria y reparación integral, todavía no se han tomado todas las medidas que garanticen estos derechos a las víctimas.

Para un país que ocupa un sitial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que cuenta con las condiciones políticas y financieras para hacer efectivamente justicia a quiénes fueron vulnerados en sus derechos más elementales, el establecer hoy una nueva Ley de Reparación es una inversión éticamente necesaria.

Los fundamentos de las demandas de verdad, justicia, memoria y reparación integral, sustentados por las organizaciones de ex – presos políticos, han sido y son coherentes con los principios y directrices básicas del Derecho Humanitario Internacional, el que norma la obligación ética y política del Estado, de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida, frente a violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, Naciones Unidas establece que la Reparación debe ser proporcional a la violación de los derechos humanos y al daño causado y corresponde, en consecuencia, la restitución, compensación, y garantías de no repetición, es decir que Nunca Más se vuelvan a cometer en Chile delitos de lesa humanidad.

En estos mismos argumentos se basó la propia Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura el 2004, para fundamentar las recomendaciones de reparación presentadas a su mandante, el entonces presidente Ricardo Lagos. Sin embargo la ley 19.992, que finalmente se aprobó, ignoró parte sustancial de las recomendaciones que hiciera la
CNPPyT, he hizo caso omiso de la legislación internacional respectiva.

Chile ha jugado un papel activo en el concierto de las Naciones, impulsando mejoras a la legislación internacional; es la hora de la coherencia interna.

La Resolución 60/147, promovida por años por la delegación chilena, y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 marzo de 2006, establece con precisión las obligaciones de los Estados, es en este marco que el Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares presenta al Gobierno de Chile, formalmente su Propuesta para una Ley de Reparación, con la esperanza que sea prontamente ingresada al parlamento, donde cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para ser aprobada a la brevedad.

Una nueva ley de Reparación, que como expresara la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo, tenga como objetivo “... ampliar y perfeccionar las reparaciones a las víctimas y sus familiares”.


PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY DESTINADO A
MODIFICAR LA LEY 19.992 SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y
TORTURA

INTRODUCCION

Cuando ya han pasado cinco años de la promulgación de una Ley de Reparación “austera y simbólica” –la 19.992-, la tramitación del Proyecto de Ley que pretendía crear un Instituto Nacional de Derechos Humanos transparentó la conciencia que existe en el Gobierno de Chile, en el Congreso Nacional, entre los Partidos Políticos y en la ciudadanía; que la reparación a los sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos en el país ha sido insuficiente y tardía.

Siendo Chile un país que ocupa un sitial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que cuenta con las condiciones políticas y financieras para hacer efectivamente justicia a quiénes fueron vulnerados en sus derechos mas elementales, el establecer hoy una nueva Ley de Reparación es una inversión éticamente necesaria.

Los fundamentos de las demandas de verdad, justicia, memoria y reparación integral,sustentados por las organizaciones de ex–prisioneros políticos, han sido y son coherentes con los principios y directrices básicas del Derecho Humanitario Internacional, el que norma la obligación ética y política del Estado, de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida, frente a violaciones a los derechos humanos.

En este sentido la ONU establece que la Reparación debe ser proporcional a la violación de los derechos humanos y al daño causado y corresponde, en consecuencia, la restitución, compensación, y garantías de no repetición, es decir que Nunca Más se vuelvan a cometer en Chile delitos de lesa humanidad.

En estos mismos argumentos se basó la propia Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura [CNPPyT] en 2004, para fundamentar las recomendaciones de reparación presentadas a su mandante, el entonces presidente Ricardo Lagos. Sin embargo la ley 19.992, que finalmente se aprobó, ignoró parte sustancial de las recomendaciones que hiciera la CNPPyT, he hizo caso omiso de la legislación internacional respectiva.

El mayor valor que tiene el Informe de la CNPPyT es que estableció como verdad histórica - aceptada por el conjunto de la sociedad-, que durante la Dictadura se implementó una política global de Terrorismo de Estado y se violaron sistemáticamente todos los derechos humanos. Pero, en materia de verdad, justicia, memoria y reparación integral, cinco años después, todavía no se han tomado todas las medidas que garanticen estos derechos a las víctimas, los cuales están estipulados y consagrados en el Derecho Humanitario Internacional.

Chile ha jugado un papel activo en el concierto de las Naciones, impulsando mejoras a la legislación internacional; es la hora de la coherencia interna. La Resolución 60/147, promovida por años por la delegación chilena, y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 marzo de 2006, establece con precisión las obligaciones de los Estados, en “LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES BÁSICOS SOBRE EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DDHH Y DE VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, A INTERPONER RECURSOS Y OBTENER REPARACIONES”.

En su artículo V, principio 8, esta Resolución establece que: “se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa…”

En su artículo IX, principio 15, plantea: “Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la Justicia…” y agrega “La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario…”

El principio 18, especifica: “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, UNA REPARACION PLENA y EFECTIVA, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.”

Es por esta razón que, en forma responsable los ex–prisioneros[as] políticos[as] de Chile y sus Familiares, representados por la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos [ANEXPP], la Brigada Nacional de Ex Prisioneros Políticos Socialistas [BEXPPS], la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos [CNEXPP], los Familiares de Ex Prisioneros Políticos Fallecidos [FEXPPF] y la Coordinadora de Ex Presos Políticos del PRSD [CEXPP/PRSD] agrupados en el Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares, planteamos al Ejecutivo y al Legislativo en el Congreso Nacional, la necesidad de presentar y aprobar una Ley de Reparación Integral que respete la legislación internacional, haga suyas las recomendaciones de la Comisión de Prisión Política y Tortura, y ponga fin a las graves injusticias cometidas contra quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Nuestra petición se da en el marco de los acuerdos establecidos en las conversaciones sostenidas con el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, y con la delegada Presidencial en DDHH, María Luisa Sepúlveda durante el año 2008, con la Presidenta de la Republica, Michell Bachelet, el 27 de noviembre pasado. Mismas a las que diera continuidad la actual Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá hasta la fecha; con las Comisiones de Derechos Humanos tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, que apoyaron en diversas peticiones al Ejecutivo nuestras legítimas demandas, en los Proyectos de Acuerdo aprobados en Sala en este mismo sentido y en la petición expresa firmada por 50 parlamentarios de todas las bancadas en orden a solicitar del Ejecutivo la presentación de una nueva ley de reparación de carácter general, que se funde en criterios de inclusividad, de no discriminación y dé garantías efectivas de no repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país entre 1973 y 1990.

La Nueva Ley ha de estar fundada en un concepto amplio de reparación que comprende el entorno de la víctima de delitos de lesa humanidad, fallecida o sobreviviente como afectado directo, por el derecho humanitario internacional y que -en consecuencia- deberá cuidar de generar condiciones efectivas para el ejercicio del derecho a la Verdad, la Justicia, la Memoria y la Reparación.

Establecido el compromiso del gobierno de resolver mas tardar en Junio del presente año y atendidas las palabras de la Presidenta en su reciente discurso de 21 de mayo, que aluden a la disposición de abordar los temas pendientes en materia de reparación a las víctimas y sus familias; hacemos entrega de la propuesta de Ley emanada de las organizaciones nacionales unitarias a continuación firmantes.

Firman a continuación:

NELSON ARAMBURU
JUAN ROJAS
Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos de Chile

IRMA ALVARADO
MIGUEL RETAMAL
Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos Políticos de Chile

MANUEL JIMENEZ
PEDRO ORTIZ
Brigada Nacional de Ex Prisioneros Políticos Socialistas

ANA DE LA BARRA
HAYDEE OBERREUTER
Familiares de Ex Prisioneros Políticos Fallecidos

29/05/09

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Informe de situación


El 30 de diciembre, fue la última vez que el Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares se reunió con un alto representante del Gobierno en el marco de las negociaciones por una nueva Ley de Reparación. En la ocasión, el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, nos informó -poniendo de testigos a la Delegada Presidencial María Luisa Sepúlveda y al Asesor del Ministerio SGP, Cristian Opazo- que por expresas instrucciones de la Presidenta , los ex presos políticos tendríamos una nueva Ley de Reparación.


El procedimiento seria el siguiente: En enero el Gobierno repondría la urgencia en el Parlamento al Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que contempla tres importantes reivindicaciones de los ex PP: Apertura del Proceso de Calificación para aquellos ex PP que no han sido reconocidos y por tanto no tienen acceso a ningún beneficio, la heredabilidad de la pensión “a la viuda”, y el traspaso de beca universitaria a un hijo o nieto.


De ser aprobado el Proyecto, el Gobierno se comprometía a enviar una ley complementaria en marzo, que incorporaría los temas reparatorios pendientes: compatibilidad de pensiones, incremento de la pensión reparatoria, indemnización por prisión política, calificación expedita de los ex menores, apoyo jurídico para la presentación de querellas, asegurar por ley el Programa de Salud PRAIS, acceso a viviendas, derogación del articulo 15 de la Ley 19.992, que asegura 50 años mas de impunidad a quienes cometieron graves crímenes contra la humanidad, y declarar el 26 de junio como Día Nacional Contra la Prisión Política y la Tortura. De no ser aprobado el INDH en enero, se presentaría en marzo –luego de concordar con nosotros- un Proyecto de Ley de Reparación que contuviera todos los puntos.


El Gobierno puso Urgencia al Proyecto INDH en enero, pero ante la carencia del quorum suficiente para aprobarlo, la retiró; con lo que todo volvió a fojas cero. La salida de Francisco Vidal en marzo del MSGG, nos dejó sin interlocutor. Con la nueva Ministra Carolina Toha nos reunimos el 20 del mismo mes –a poco de haber asumido- y quedó de llamarnos en cuanto se reuniera con la Presidenta que a la sazón andaba en China. Estamos en mayo, los tiempos políticos se agotan (carrera electoral, fin del Gobierno de Bachelet); y no tenemos ninguna solución.


Si no logramos algo ahora, tendremos que comenzar todo otra vez con el nuevo Gobierno que asuma; y ya sabemos lo que le importan al senador Frei los Derechos Humanos (su Gobierno lo único que hizo en esta materia fue constituir la Mesa de Diálogo), y qué decir de Piñera.


Esto, mientras día tras día mueren compañeros sin haber obtenido el mínimo reconocimiento y dejando a sus familias en la indefensión. Esto explica la desesperación de nuestras bases, que exigen acciones más decididas para romper el estancamiento y obtener la legítima reparación social, política, ética y económica, que en justicia corresponde. Por esta razón, es que el Comando Unitario ante el incumplimiento del Gobierno, ha concordado presentar su Anteproyecto de Ley al Ejecutivo y exigir que sea presentado a la brevedad en el parlamento, donde existen compromisos firmados, que garantizan la aprobación de una Ley de estas características.


Si ello no ocurre, todas las organizaciones afiliadas al Comando unitario, iniciaremos una Huelga de Hambre a nivel nacional, que ponga en evidencia que la Verdad , la Justicia y la Reparación , no han alcanzado en Chile las cotas mínimas de cumplimiento, a pesar de lo que el Gobierno sostiene en el Informe que presentará el próximo 8 de mayo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.


Nelson Agustín Aramburu Coordinador del Comando Unitario de Ex PP y Familiares. 02 de mayo de 2009

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Ante los lamentables dichos del ex presidente Aylwin


Señor Aylwin,Los ex presos políticos y la opinión pública, hemos conocido sus últimas declaraciones a los medios, esta vez referidas al aniversario de la llamada Comisión Rettig instalada bajo su Gobierno el 25 de Abril de 1990. En ella usted opina además, respecto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura instaurada por el Gobierno de Ricardo Lagos en la segunda mitad del 2003.Antes que nada, no podemos dejar de recordarle de que usted no es una persona cualquiera, a la cual se pudiese catalogar de desinformada o sencillamente ignorante respecto de la historia de su país. Usted es un connotado miembro de la clase política chilena, que ha ocupado el mas alto cargo público que permite nuestro ordenamiento constitucional. Es más, es usted uno de los personajes claves de un momento trágico que finalmente terminó con la Democracia , instalándose en Chile el horror de la dictadura, cuyo entramado constitucional aun perdura. Es por ello que sus declaraciones lastiman nuestra dignidad. Usted ha señalado que no ve la necesidad de que se reabran ambas Comisiones pues a su parecer “ya no existirían personas que las justificaran”. Si usted se refiere a la no existencia de familiares de personas ejecutadas, desaparecidas o sobrevivientes (ex presos políticos y torturados) del terrorismo de Estado que asoló la Patria en nuestra historia reciente, esta muy equivocado, particularmente en lo que se refiere a los ex presos políticos y torturados, desde cuya condición respondemos sus lamentables declaraciones.Decimos lamentables, pues lo real y concreto es que hay miles de personas que fueron encarceladas y torturadas, por los que el Estado de Chile -responsable de ello-, aun no responde. Antecedentes de ello existen en instituciones de DDHH, entre numerosos parlamentarios y la propia Presidenta de la República , con quien nos reunimos el 27 de noviembre pasado, ocasión en que le entregamos formalmente nuestra demanda de 12 puntos.Por cierto nos damos cuenta de que tenemos distinta apreciación respecto del resultado final de las medidas reparatorias de su Gobierno y el del señor Lagos. Nosotros en tanto luchadores sociales, generosos en la lucha por la recuperación democrática, que pusimos el cuerpo y el alma en ese esfuerzo, que fuimos por ello objeto de crímenes contra la humanidad; sentimos en nuestro fuero íntimo haber sufrido un maltrato inmerecido desde la misma génesis de estas medidas, y humillados finalmente con lo otorgado por la ley 19.992, con la que el Estado pretendió después de 30 años, dar por reparado el daño causado a miles de compatriotas.A juicio nuestro, una iniciativa hipócrita y mezquina, muy lejos de los parámetros establecidos en los pactos y tratados internacionales sobre la materia, de los que Chile es signatario. Gracias a políticos como Ud., cientos, tal vez miles de ex presos políticos y torturados ya se fueron de este mundo sin haber obtenido la necesaria, debida y justa reparación por los crímenes cometidos en su contra, que destruyeron su entorno familiar y social.Para usted seguramente fue una respuesta del Estado bajo el criterio de lo posible. Para nosotros, a pesar de las declaraciones e informes oficiales, el Estado de Chile sigue en deuda. No solo con los ex presos políticos y torturados, sino con la sociedad entera ya que no ha respondido a cabalidad con los compromisos adquiridos internacionalmente, en el sentido de establecer una política de DDHH refrendada en leyes que impidan desde ya los abusos y acciones criminales de los agentes del estado en contra de los ciudadanos.Por ello creemos, a pesar de su egoísta opinión, que es necesario y urgente que el Estado de Chile y el Gobierno reabran ya ambas comisiones –respetando la palabra empeñada por la Presidenta- lo que sería una potente señal de la voluntad de profundizar en verdad, justicia y Reparación, condición básica para avanzar y hacer creíble la idea de un nunca más.




Sin otro particular,COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE EX-PP.







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Informe Reunión con Encargada Programa Jurídico de Reparacion, Liliana Latorre

El jueves 19 de marzo, invitamos a la reunión del CU, a la Encargada del Programa Jurídico de reparación, Liliana Latorre. Esta nos expuso lo realizado hasta ahora por ese Programa que inicio el 2007 Hugo Villar y que ya el 2009 es un programa consolidado y desplegado por todo el país, a través del Registro Civil e Identificación.

Originalmente, se planteo para atender dos líneas de trabajo: la nómina de Ex PP fallecidos calificados por la Comisión Valech, y la eliminación de antecedentes en virtud de la Ley 19962.
Actualmente, en razón de las peticiones de personas radicadas en el extranjero, han debido atender casos de pasaportes y de reconocimiento de hijos.

En el tema eliminación de antecedentes penales, las estadísticas son las siguientes

1889 casos analizados
742 prontuarios eliminados
224 casos en que se eliminó un prontuario, pero quedaron otros.
923 que no pudo eliminarse, pero se logro la omisión de antecedentes en el Certificado de antecedentes respectivo.

El mayor problema con que han topado, es la falta de información, tanto de Gendarmería de Chile, como de Carabineros, respecto al cumplimiento de condenas. Hay muchos registros que ya no existen, ya sea porque se cerro el recinto o se destruyeron los archivos por humedad o incendios.

Se requiere ver un mecanismo jurídico-politico que nos permita acreditar la extinción de la responsabilidad penal de los ex presos políticos.

Por lo tanto, la idea es reunirnos con el nuevo Director Nacional del registro Civil, Christian Bhem Sepúlveda y ver mecanismos de resolución. En el mismo sentido, buscaremos integrarnos a la Mesa de reinserción y Rehabilitación constituida por el Ministerio de Justicia, el de Interior y diversos Servicios Públicos que están trabajando el tema de la eliminación de antecedentes.

La primera reunión esta fijada para el proximo martes 7 de abril.




Informe reunión con Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Toha.

El viernes 20 de marzo, se concreto la primera reunión del Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares con la MSGG Carolina Tohá, en el Palacio de La Moneda. Ademas de los dirigentes del Comando (9), participaron el jefe de Gabinete de la Ministro, José Luis Sepúlveda y el Asesor del Ministro Vieragallo, Marco Opazo Godoy.

Esta reunión tenía para el Comando una importancia clave; pues las conversaciones tendientes a lograr una nueva Ley de Reparación, por instrucciones de la Presidenta, están en manos de esa Secretaría de Estado.

La Ministro nos acogió muy cordialmente, y nos planteo que recién estaba posesionándose de su cargo, con una “jefa” que habia partido en gira a la India, por lo que solo manejaba lo que le había transmitido su antecesor, y los asesores presentes.

Conocía de la Propuesta de Ley de Reparación que consta de 12 puntos, y lamento de que no se hubiera aprobado aun el Instituto de Derechos Humanos, porque a través de él se podían haber resuelto varios de los puntos ahí establecidos.
Los dirigentes del Comando, de acuerdo a la pauta establecida previamente, le resumieron lo que había sido el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet, luego de la reunión del 27 de noviembre. Los acuerdos establecidos con el Ministro Vidal sobre la materia, las 50 firmas de parlamentarios de todas las bancadas, que no dejan ninguna duda respecto al “piso político” con que contamos, para aprobar una nueva Ley.

Le informamos además, de la reunión sostenida con el Ministro Vidal el 30 de diciembre, en que ante la presencia de María Luisa Sepúlveda y los dos asesores presentes, nos dijo que por expresas instrucciones de la Presidenta, los ex PP tendríamos Ley de Reparación “sí o sí”.

En esa reunión se nos dijo que nos harian a mas tardar en febrero llegar los anteproyectos de Ley respectivos:
a) en la eventualidad de que se aprobara el Instituto
b) en el caso que fuera rechazado o no avanzara.

Lamentamos que estando a fines de marzo, aun no se hayan cumplido con este compromiso; pero como una nueva ley de Reparación, es para nosotros un tema de la maxima urgencia, ya que hombres y mujeres que lucharon por defender la democracia fallecen día tras día, sin ser calificado ni reparados, informamos a la Ministro de la constitución de nuestro Equipo Jurídico, conformado por abogados de prestigio nacional e internacional, el que tiene como tarea la redacción de nuestro anteproyecto de Ley de reparación.

Carolina Tohá, dialogó durante una hora con los dirigentes del Comando, preguntando sobre temas especificos y demostrando alta sensibilidad al respecto. Nos planteo que en cuanto sea recibida por la presidenta, expondra nuestras peticiones y nos informara inmediatamente, ya que tiene plena conciencia de en que los tiempos de resolución juegan en nuestra contra.

Nelson Agustín Aramburu
COORDINADOR COMANDO UNITARIO

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REUNION CON BACHELET: COMANDO DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES



A las 16:30 horas del jueves 27 de noviembre ingresaron al Palacio de La Moneda , los nueve dirigentes del Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares. En el Salón Azul de la casa de Gobierno, los esperaba la Primera Mandataria , Michelle Bachelet, flanqueada por el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal y la Comisionada presidencial, María Luisa Sepúlveda. La Presidenta acogió a la Delegación con sencillez y cordialidad, demostrando una clara voluntad de avanzar en la solución de los temas pendientes en materia de Reparación a las víctimas de Prisión Política y Tortura. La reunión se centro entonces, en el tema de los mecanismos. La Mandataria reafirmo su interés en sacar adelante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que contempla tres normas transitorias, que dan cuenta del animo de Reparar: La reapertura de la Calificación , la heredabilidad de un porcentaje de la pensión a “la viuda” y el traspaso de la beca a un hijo o nieto. Los dirigentes le hicieron ver lo insuficiente que eran esas medidas en el escenario actual y el interés de los Ex PP organizados, en tener una nueva Ley de Reparación, separada del Proyecto Instituto. Se le entrego directamente la Propuesta Base de 12 puntos, se analizaron en conjunto algunos puntos específicos y se le informo que además existe un “piso político” concreto para aprobar rápidamente una Ley Reparatoria en el Parlamento, a partir de los “acuerdos para legislar” emanados tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado de la República. La Dra. Bachelet, que en un principio desestimó la voluntad parlamentaria para resolver este tema –por las experiencias recientes en materia de proyectos presentados por el Ejecutivo- al enterarse de las gestiones realizadas por el Comando Unitario, incluso con parlamentarios de derecha, se comprometió a realizar un sondeo rápido de los eventuales votos disponibles y ver la factibilidad de presentar un proyecto de Nueva Ley de Reparación. Las Normas transitorias incorporadas en el Proyecto Instituto, ya no se pueden sacar y no son materia de modificación, por lo tanto de reponer el proyecto en tabla, este iría tal como salió de la Comisión Mixta del parlamento.







Por lo tanto el compromiso es, en base a la propuesta presentada, incorporar los temas pendientes en un nuevo Proyecto de ley. Proceso que no puede dilatarse en el tiempo y que sera monitoreado por los Ex PP a través del Ministro Vidal. Al término de la reunión ya en la despedida la Coordinadora le hizo entrega de una carta remitida por los compañeros de la Comisión de exonerados Miristas, la que acogió amablemente. La reunión terminó a las 17:30 hrs., luego de la cual los dirigentes del Comando Unitario que participaron en este histórico primer encuentro [Manuel Jiménez y Pedro Ortiz –BEPPS-, Miguel Retamal y Héctor Cataldo –ANEXPP-, Haydée Oberreuter y Ana de la Barra –AFEXXPPF-, Mario Artigas –AEXPPPRSD-, Juan Rojas y Nelson Aramburu –CNAEXPP-], cruzaron hacia la Plaza de la Constitución, donde los esperaban una cincuentena de ex presos políticos ansiosos por conocer los resultados de la reunión. Los dirigentes, sin ponerle ni quitarle, informaron a las y los compañeros presentes, de las materias tratadas y los compromisos asumidos por la presidenta con los Ex PP. COORDINADORA DE AGRUPACIONES DE EX PP.PD. Lo que se viene.



- Compañeros a modo de sugerencia vaya la siguiente reflexión. Se abre un espacio muy reducido de tiempo que debemos aprovechar al máximo. Hay que cobrar las palabras de todos aquellos parlamentarios quienes nos han prometido estar disponibles para una nueva ley de reparación. En Regiones hacer lo mismo con los parlamentarios de la zona. Ahora debemos tensionar las fuerzas y estar preparados para todo tipo de movilizaciones. Pensar en este contexto y como una forma más de movilización el 3º Encuentro Nacional de los ex presos políticos y familiares. Estas sugerencia y otras que todos aportemos ojala podamos debatirlas pronto y tener como Coordinadora Nacional una sola opinión para aportar en interés de todos los ex pp.


Nelson Aramburu - Juan Rojas


28 de noviembre 2008Informate de la realidad y las luchas sociales en Valparaiso. Escucha todos los Jueves de 18 a 19 Hrs el programa 'ciudadanos con memoria' en http://www.radioplaceres.cl/




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Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos propuso a la Comisión de Derechos Humanos una nueva ley de reparación



http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20081218/pags/20081218115649.html




La entidad expuso ante los senadores y les entregó un documento de 12 puntos en los que solicitan la reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura.Una propuesta para una nueva ley de reparación de carácter general, que aborde los temas que no se consideraron en las legislaciones anteriores, entregó el Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado.Así lo informó el integrante de esa instancia legislativa, senador Nelson Ávila, tras señalar que dicha agrupación "está impulsando el envío por parte del Ejecutivo de un nuevo proyecto que aborde todos los temas que la ley anterior dejó por fuera y que les creó diversas dificultades".


Tras recibir en audiencia a Nelson Aramburu, de la Coordinadora Nacional de ex Presos Políticos; a Víctor Cuevas, de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos de Chile; a Manuel Jiménez, de la Brigada Nacional de ex Prisioneros Políticos; a Haydee Oberreuter, de Familiares de ex Prisioneros Políticos Fallecidos y a Mario Artigas de la Coordinadora de ex Presos Políticos, la Comisión acordó oficiar al Ejecutivo para conocer mayores antecedentes sobre la materia."El acuerdo que adoptamos en la Comisión de Derechos Humanos es oficiar al Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, que es quien fue encargado por la Presidenta para ocuparse de estos temas, a los efectos de que informe en qué estado se encuentra el proyecto que prometió el gobierno", explicó el senador Ávila.

DOCE MEDIDAS


La propuesta que entregó esta agrupación a la Comisión apunta a la dictación de una nueva ley de reparación de carácter general "que se funde en criterios de inclusividad, de no discriminación y dé garantías de no repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país".Agregan que el entorno familiar de una víctima de delitos de lesa humanidad, fallecida o sobreviviente, es considerado afectado directo por el derecho internacional.En lo fundamental, solicitan la reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura; y eliminar la incompatibilidad de la pensión por prisión política y tortura con la pensión de exonerados y cualquier otra pensión.Asimismo, plantean una pensión reparatoria de un monto en concordancia con las recomendaciones hechas por la Comisión de Prisión Política y Tortura; la heredabilidad de la pensión, vitalicia y de un 100%; la extensión del beneficio educacional a los hijos y que estas becas puedan ser transmisibles a sus hijos.El Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile también solicita la reparación por prisión política; la calificación de todos los menores privados de libertad con o sin sus padres; establecer por ley la facultad del Programa de derechos Humanos del Ministerio del Interior, para apoyar jurídicamente la presentación de querellas por prisión política y tortura.La instancia solicita además incorporar las normas técnicas del Programa Prais a la ley de reparación; otorgar el subsidio máximo de la ley a las y los calificados que no hayan accedido a vivienda a través del subsidio estatal; derogar el artículo que impone 50 años de silencio a los testimonios de los ex prisioneros políticos y declarar el 26 de junio como el Día Nacional contra la Prisión Política y la Tortura.


http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20081218/pags/20081218115649.html



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PROPUESTA PARA UNA NUEVA LEY DE REPARACIÓNPOR PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA / Octubre 2008.



El Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile propone al Ejecutivo y al Parlamento, la dictación de una nueva ley de reparación de carácter general, que se funde en criterios de inclusividad, de no discriminación y dé garantías de no repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país entre 1973 y 1990.



Esta nueva herramienta de reparación debe considerar, que el entorno familiar de una víctima de delitos de lesa humanidad, fallecida o sobreviviente, es considerado afectado directo por el derecho humanitario internacional.En consecuencia, planteamos la necesidad de un nuevo cuerpo legal que ponga fin a las injusticias y discriminaciones cometidas contra los sobrevivientes de Prisión Política y Tortura y sus familias, de acuerdo con los criterios recomendados por la Comisión de Prisión Política y Tortura el año 2004 y se dé satisfacción a las siguientes demandas:



1. Reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura por efecto del Terrorismo de Estado. Mejorar difusión, emplear personal idóneo, definir un periodo de un año para la calificación, entregar un informe mensual de calificación para acceder de inmediato a los beneficios. No calificar a agentes del estado afectados por acciones de particulares, ya que eso corresponde desde siempre a la esfera del derecho penal.



2. Eliminar la incompatibilidad de la pensión por prisión política y tortura con la pensión de exonerados y con cualquier otra pensión. Considerar aspecto retroactivo.



3. Pensión reparatoria de un monto en concordancia con las recomendaciones hechas por la Comisión de Prisión Política y Tortura.

4. Heredabilidad de la pensión, vitalicia y de un 100%. Considerar aspecto retroactivo.



5. Extensión del beneficio educacional a los hijos, en los términos otorgados a los titulares de la ley Nº 19.992, y que estas becas puedan ser transmisibles a sus hijos.



6. Reparación por prisión política: La ley Nº 19.992, omitió legislar y hacer justicia para quienes pasaron tiempo en las cárceles y Campos de Detención, con lo que ello implica en materia de reinserción. En concordancia con la legislación internacional, corresponde que el Estado otorgue una reparación por cada día de prisión. Resarcir el lucro cesante y el daño emergente.



7. Calificación de todos los menores privados de libertad con o sin sus padres y/o familiares y aquellos que hayan estado en proceso de gestación o nacidos en prisión. En calidad de víctimas directas, otorgándoseles los mismos beneficios de la ley que repara a los ex Prisioneros Políticos.



8. Establecer por Ley la facultad del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, para apoyar jurídicamente la presentación de querellas por prisión política y tortura.



9. Incorporación de las Normas Técnicas del Programa PRAIS, a la ley de reparación.



10. Otorgar el subsidio máximo de la ley a las y los calificados que no hayan accedido a vivienda a través de subsidio estatal. Este beneficio podrá ser heredado a un hijo.



11. Derogar articulo Nª 3 de la Ley 19.992 que impone 50 años de silencio a los testimonios de los Ex Prisioneros Políticos.12. Declarar oficial el 26 de Junio como Día Nacional contra la Prisión Política y la Tortura. Indicación de conmemorar en establecimientos educacionales y reparticiones públicas.

http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=1828


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DECLARACIÓN DEL COMANDO UNITARIO DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES DE CHILE


Informe sobre reunion con Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal. De acuerdo a lo establecido, el lunes 10 de noviembre, a las 15:30 hrs. concurrio el Comando Unitario de Agrupaciones de Ex Presos Politicos y Familiares de Ex PP Fallecidos, a La Moneda, para reunirse con el Ministro Vidal. La reunion tenía un fin muy específico: entregar al Gobierno los 12 puntos que deben ser considerados en una eventual ley de Reparacion, separada del Proyecto de Ley que crea el Instituto de Derechos Humanos. [Más abajo se adjunta Propuesta].El Ministro nos informo que la Presidenta quiere dar pasos significativos en la necesaria institucionalidad en DD.HH. y en esa logica juega un rol clave el proyecto instituto; pero que en razon de las insistentes peticiones del maximo organismo articulador de los Ex PP, estarian dispuestos a considerar los diversos mecanismos que permitan dar satisfaccion a nuestras demandas, incluido un nuevo Proyecto de Ley.Enfatizó Francisco Vidal, que lo mas importante es que en estos momentos existe la voluntad politica del Ejecutivo para Reparar a las victimas sobrevivientes del terrorismo de Estado.En las diversas reuniones sostenidas con personeros de Gobierno, el Comando unitario ha insistido en que existe un 'piso politico' amplio para legislar al respecto, dado por los contundentes 'Acuerdos para Legislar' emanados del Senado y la Camara de Diputados y de las reuniones sostenidas con las bancadas parlamentarias y los jefes de partidos politicos.En este contexto, el ministro nos transmitio el deseo de la Presidenta Michelle Bachelet, de entregarnos personalmente su decision al respecto, lo que se concretaria el proximo jueves 20 de noviembre a las 16:00 hrs.



Por esta razon, el Comando unitario esta llamando a todos los ex PP del pais a acompañarlos en este significativo encuentro... el primero en todos estos años de Gobiernos de la Concertacion.Las organizaciones de ex PP de regiones, deben a la brevedad informar a nuestras bases, contactar con autoridades [parlamentarios, Alcaldes, Gobernadores e intendentes] sensibles al tema, para conseguir movilizacion para ese dia [pasajes o buses].Si somos capaces de congregar una multitud frente a la Moneda -lo que estaria autorizado- las posibilidades de conseguir una ley que plasme nuestras esperanzas de Reparacion, serian mayores.De uds. depende compañeros y compañeras



!Se informa ademas, que mañana tenemos reunion en el Congreso, con la Comision de DD. HH. de la Camara de Diputados, a las 15:30 hrs.



A ponerse las pilas con todo!!




Firman: Juan Rojas / Nelson Aramburu




Integran la coordinadora: Agrupacion ExPP de Copiapó, Agrupacion ExPP V Región, Coordinadora ExPP Santiago, Coordinadora de ExPP de Chillan, Coordinadora ExPP de Concepción, Agrupacion ExPP IX Región, Coordinadora Expp de Osorno, Agrupacion ExPP Salvador Allende de Puerto Montt.



Informate de la realidad y las luchas sociales en Valparaiso. Escucha todos los Jueves de 18 a 19 Hrs el programa 'ciudadanos con memoria' en www.radioplaceres.cl

http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=1815

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domingo, 30 de noviembre de 2008

EL EX SECRETARIO GENERAL DEL EJERCITO INVOLUCRADO EN EL TERRORISMO DE ESTADO 30-11-08

EL EX SECRETARIO GENERAL DEL EJERCITO INVOLUCRADO EN EL TERRORISMO DE ESTADO

A Alfonso se le borró la sonrisa

Fue la mano derecha de Ricardo Brinzoni en su gestión como jefe del Ejército. De su legajo surge que participó al menos de un operativo por el que fue condecorado. Fue citado por la Justicia y Abuelas pidió medidas para evitar su fuga.

Por Victoria Ginzberg

El general Eduardo Alfonso fue quien encabezó en 2001 la solicitud de hábeas data con la que 663 miembros del Ejército pidieron a organismos de derechos humanos que revelaran qué información tenían sobre la represión ilegal. Hasta ahora no se sabía que esa medida tenía, además de su arista institucional, una personal. Según surge de su legajo y del Boletín del Ejército, el ex secretario general de la fuerza participó, por lo menos, de un operativo del terrorismo de Estado que culminó con un asesinato y el secuestro de una mujer embarazada cuyo hijo fue luego apropiado. Alfonso ya faltó a su primera cita en la Justicia y tiene la próxima el 11 de diciembre. El juez Alberto Suares Araujo rechazó el pedido de Abuelas de Plaza de Mayo de tomar precauciones para evitar una fuga.
Alfonso ascendió a coronel en 1993 y a general de brigada en 1999. Se retiró en 2003, cuando Roberto Bendini se hizo cargo del Ejército. Su participación en la represión ilegal quedó oculta porque ni en los organismos de derechos humanos ni en la Conadep, que usualmente presentan quejas sobre los pliegos propuestos por las Fuerzas Armadas, tenían información sobre él. Los datos que daban cuenta de su pasado estaban en otra parte.
Las pruebas
De acuerdo con un informe que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aportó en mayo a la causa, en el legajo personal de Alfonso consta el Informe de Calificación de 1976/1977. En esa época, el ex secretario general del Ejército era teniente primero de caballería y se encontraba destinado en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral con asiento en la Guarnición Militar de Campo de Mayo. El 12 de enero de 1977 aparece un parte de enfermo con el diagnóstico de “herida de bala con perforación intestinal (bajo información)”.
En el Boletín Público del Ejército Argentino número 4148 del 6 de julio de 1977 figura la condecoración que le dieron por haber recibido ese disparo. “Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en Combate’ a Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D Raúl Fernando Delaico”.
El 12 de enero de 1977, efectivos del Ejército vestidos de civil irrumpieron en la casa en la que vivían Antonio Domingo García y Beatriz Recchia en Villa Adelina. Los vecinos relataron que participaron del operativo unos treinta militares y que se produjo un tiroteo en el lugar. Domingo García fue asesinado. Beatriz Recchia, que estaba embarazada de cinco meses, fue secuestrada y llevada a Campo de Mayo. En la vivienda, también estaba Juliana Inés, de tres años, la hija mayor del matrimonio, que fue entregada a su abuela materna ese mismo día.
El 13 de enero de 1977 La Razón reprodujo un comunicado de prensa difundido por el Comando de Zona 4. Allí aparece la versión oficial sobre el hecho, que, a pesar de las mentiras, sirve para confirmar que el Ejército participó del operativo en cuestión. “Se informa a la población –dice el parte– que el día 12 de enero a las 5 horas fuerzas legales efectuaron un procedimiento de control de población en una finca ubicada en la calle Independencia al 1900 de la localidad de Villa Adelina. Las fuerzas legales abrieron fuego abatiendo a un delincuente subversivo de sexo masculino. Finalizada la operación se encontró abandonada en el lugar una criatura de unos cuatro años de edad, cuya madre al parecer habría fugado aprovechando la confusión producida durante el enfrentamiento. Las fuerzas legales tuvieron dos oficiales heridos.”
Beatriz Recchia no se fugó ni abandonó a su hija. Fue secuestrada y llevada al centro clandestino El Campito, que funcionaba en Campo de Mayo. Sobrevivientes de ese sitio la identificaron como “La Tina”, “de pelo lacio, de ojos claros, que estaba con un embarazo muy avanzado, a punto de tener familia”. No hubo más noticias de la mujer y del niño o niña que parió en la clandestinidad.
La citación
El legajo personal de Alfonso, el Boletín del Ejército, el comunicado del Comando de la Zona 4 y los testimonios de los testigos permiten ver el cuadro que involucra a Alfonso en un homicidio y un secuestro y lo vincula a la apropiación de un menor.
Con esta información, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud se presentó ante el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo y solicitó que el ex secretario del Ejército fuera citado a indagatoria por esos hechos. Pidió la misma medida para quienes cumplieron roles jerárquicos en la Zona 4, correspondiente a Campo de Mayo: Santiago Omar Riveros, jefe de la Zona, Reynaldo Benito Bignone, jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, y Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones y quien estuvo a cargo de la represión en San Isidro. Los interrogatorios de estos tres últimos oficiales se concretaron la semana pasada y los tres acusados sumaron este caso a las razones por las que están presos en sus domicilios. Pero conseguir la presencia de Alfonso en tribunales no parece ser tan sencillo.
El ex secretario del Ejército estaba citado para el lunes pasado. El viernes anterior, a última hora, su abogado pidió una prórroga. El juez le concedió hasta el 10 de diciembre. Iud, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo, reclamó a Suares Araujo medidas preventivas para evitar que el acusado se fugara, pero el magistrado no las consideró necesarias. Esto llamó la atención en Abuelas de Plaza de Mayo, sobre todo porque el juzgado tiene un antecedente: el del médico Norberto Atilio Bianco.
Durante la última dictadura, Bianco era formalmente el jefe de Traumatología del Hospital Militar de Campo de Mayo pero era también el encargado de la maternidad paralela que funcionaba en ese lugar. Después de insistir, las Abuelas lograron que en marzo Suares Araujo lo citara como sospechoso. El hombre vivía en Paraguay –país que ya había sido su refugio cuando lo investigaron por la apropiación de dos niños que crió como propios– y no se presentó a declarar. En Semana Santa, viajó a la Argentina, pero como no existía orden de detención en su contra, volvió a Asunción sin que nadie lo molestara. Finalmente, Suares Araujo tuvo que pedir su captura internacional y su extradición –trámite que está en curso– aunque podría haberse ahorrado tiempo y recursos si le hubiese impedido salir del país o si hubiese reclamado su arresto en Paraguay desde un principio.
“Las familias de Domingo García y Beatriz Recchia no tenían información sobre la participación de Alfonso en este hecho. Cuando aparecen estos datos, la Justicia espera seis meses hasta decidir su citación y ahora le concede dos semanas más. Se trata de algo que pasó hace 31 años, pero el juez no parece tener apuro en investigarlo o no le parece importante hacerlo”, dice Iud. En este caso, además, está en juego el destino de un niño y niña que hoy debe ser un joven que no sabe que es hijo de desaparecidos.
El currículum
Alfonso no es un personaje menor en el Ejército, como secretario general de la fuerza, fue la mano derecha de Ricardo Brinzoni en su ataque a los juicios por la verdad o a todo intento de avanzar en el camino de la justicia para los crímenes de lesa humanidad.
Unos años antes, en 1995, cuando el soldado Omar Carrasco fue asesinado en un cuartel del Ejército, Alfonso y su entonces jefe Ernesto Juan Bossi dijeron ante los periodistas que el hallazgo del cuerpo demostraba que “en el fondo no querían matarlo. Si fueran tan malas personas como para haber especulado con eso, el cadáver no hubiera aparecido jamás”.
Como reveló Horacio Verbitsky en este diario en 2001, fue Alfonso el que recorrió las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca exigiendo que todos los oficiales firmaran el recurso de hábeas data que se presentó ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) y la Conadep para que esos organismos aclararan qué información tenían sobre más de 600 oficiales. Todavía estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero muchos miembros de las Fuerzas Armadas pensaban dos veces antes de salir del país por miedo a ser arrestados y llevados ante el juez español Baltasar Garzón u otro magistrado europeo.
“Llegó la hora de pasar a la ofensiva y lograr nuestra cuarta victoria”, anunciaba a sus subordinados para convencerlos de firmar el reclamo judicial que contó con la representación del abogado Juan Torres Bande, apoderado y dirigente de la organización neonazi de Alejandro Biondini.
Los otros triunfos de su gestión habían sido, según dijo, “el abierto apoyo a nuestros camaradas en desgracia, con Luciano Menéndez a la cabeza”, “la exitosa Operación retorno, por la cual se regresó al país al mayor (R) Jorge Olivera, desde Italia” y “la aprobación por el Senado de los pliegos de ascensos”. Se refirió así a tres hechos ocurridos durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
El primero fue protagonizado directamente por Alfonso, que viajó a Córdoba y Bahía Blanca para respaldar institucionalmente a militares que habían sido arrestados por negarse a declarar en juicios por la verdad y el encargado de solidarizarse con el dictador Menéndez cuando fue detenido por robo de bebés. La segunda reivindicación de Alfonso fue la liberación del represor Olivera, detenido en Roma por la desaparición de una joven de origen francés. El mayor retirado falsificó un documento y logró escaparse a la Argentina, que todavía era un refugio para represores. La tercera conquista fue lograr la promoción de oficiales cuestionados por su participación en el terrorismo de Estado.
La última gran jugada del secretario general del Ejército fue la presentación de los hábeas data. Se sabía que el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, estaba involucrado en la masacre de Margarita Belén ocurrida en el Chaco. Alfonso, en cambio, había logrado mantener su currículum a salvo. Hasta ahora.


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Defensor del Pueblo ve implicación funcionarios en “masacre” campesinos Pando 29-11-08

29 de Noviembre de 2008

Defensor del Pueblo ve implicación funcionarios en “masacre” campesinos Pando

Lamentó el "uso desproporcional y excesivo de la fuerza" en las detenciones y confinamientos de varias personas de este departamento en operativos que incluyeron "allanamientos de domicilio en horas de la madrugada".

El defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, afirmó este sábado que hubo "participación directa" de funcionarios de la prefectura (gobernación) de Pando (norte) en la "masacre" del pasado 11 de septiembre en la que murieron 19 personas, en su mayoría campesinos.

En una rueda de prensa en la que comunicó a los medios las conclusiones de un informe sobre los sucesos, Albarracín no quiso pronunciarse sobre la implicación del ex prefecto Leopoldo Fernández ya que "es el Ministerio Público quien debe definir su participación", explicó.

El informe del defensor del pueblo sostiene que los sucesos del pasado 11 de septiembre en la localidad boliviana de Porvenir, en la región amazónica de Pando, se saldaron con 19 muertos y 53 heridos.

Los hechos violentos se enmarcaron en una ola de violencia y enfrentamientos entre oficialistas y opositores autonomistas.

El Ejecutivo de Morales responsabilizó de la matanza al ex prefecto de Pando, el opositor y autonomista Leopoldo Fernández, quien se encuentra detenido en una cárcel de La Paz.

"La masacre en la que campesinos perdieron la vida es un delito de lesa humanidad", afirmó Albarracín.

Para él, en los enfrentamientos se dio un "uso desproporcionado de armas de fuego" frente al "estado de indefensión en que se encontraban los campesinos, con los agravantes de persecución y cacería".

El defensor del Pueblo asegura que constató que la Policía Nacional no hizo lo suficiente para garantizar, durante los enfrentamientos, la seguridad e incluso en algunos casos se "negó a brindarla".

Además señaló que los heridos que fueron trasladados a hospitales tuvieron "atención médica y de emergencia limitada debido a las presiones y el hostigamiento" ejercido por grupos cívicos opositores al Gobierno de Evo Morales.

Albarracín también criticó el "estado de indeterminación" en la detención de Leopoldo Fernández, así como una dilación en el tratamiento del caso del ex prefecto quien fue encarcelado pocos días después de los hechos violentos por incumplimiento del estado de sitio dictado por el Gobierno en esa región.

Precisamente, un juzgado de La Paz determinó en la noche de ayer ratificar la detención preventiva de Fernández por la muerte de un marinero durante la operación militar para recobrar el control del aeropuerto de Cobija, capital de Pando.

El defensor del pueblo lamentó el "uso desproporcional y excesivo de la fuerza" en las detenciones y confinamientos de varias personas de este departamento en operativos que incluyeron "allanamientos de domicilio en horas de la madrugada".

Por todo ello, pidió a las autoridades que estos delitos no queden en la impunidad, que identifiquen a los culpables y que se otorgue asistencia social, humanitaria y sanitaria a las víctimas de los hechos.

EFE

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/defensor_del_pueblo_ve_implicacion_funcionarios_en_masacre_campesinos_pando/


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Los casos desconocidos que complican al director de la Policía de Investigaciones 30-11-08



Domingo 30 de noviembre de 2008

Por Luis Narváez / La Nación

Los casos desconocidos que complican al director de la Policía de Investigaciones

La PDI al banquillo

Ya son 50 los policías sorprendidos en acciones ilegales. De esos, 11 ya fueron formalizados y 39 suspendidos. Esta será la semana más dura de Arturo Herrera, a un año del término de su mandato y cuando enfrente a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara baja para dar explicaciones sobre su responsabilidad en esta seguidilla de corrupción.

Un vehículo Hyundai Sonata se moviliza principalmente por las calles del sector oriente de la capital. En el asiento trasero va sentado un anciano que se conserva bastante bien y que luce anteojos oscuros a donde quiera que vaya. El automóvil es conducido por un asistente de la Policía de Investigaciones (PDI). El asiento de copiloto lo ocupa un detective, armado, atento a lo que ocurre en las calles. El equipo cumple la función de PPI (protección de persona importante) y tiene como misión desde hace varios años, trasladar sin costo alguno, a cualquier hora, día y lugar, al general (R) del Ejército Fernando Paredes Pizarro. El servicio fue asignado por el actual director de la PDI, Arturo Herrera, quien enfrenta por estos días la peor crisis desde que asumiera el mando de la institución en 2006. La lista es larga y antigua, aunque sólo unos pocos casos ocurridos en las últimas semanas son los que más han captado la atención de la opinión pública y, especialmente, de parlamentarios que quieren citar esta semana al jefe policial a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara baja.
Pero no ha sido el único "cariño" expresado por Herrera hacia el ex uniformado, quien fuera su superior y jefe directo, cuando Paredes fue nombrado director de Investigaciones por la dictadura, en 1980. Herrera era su ayudante y luego fue nombrado por él como jefe de la comisaría de Papudo.

Tras finalizar la dictadura y recomenzando la democracia, el director de la policía civil, nombrado por el Presidente Patricio Aylwin, Nelson Mery, no sólo expulsó de la institución a policías corruptos y drogadictos. También limpió las filas de la institución de policías que hubiesen tenido alguna participación en violaciones de los derechos humanos o que hubiesen trabajado en organismos de seguridad del régimen militar. Por ello es que en las posteriores ceremonias protocolares, nunca se vio como invitados a los ex directores (Ernesto Baeza ni Fernando Paredes) nombrados por Pinochet y la Junta Militar.

Esto hasta la llegada de Herrera, porque desde ese momento Paredes Pizarro, no sólo usa auto institucional y personal que lo protege, sino que ha sido, nuevamente, invitado a estos eventos y se le ha visto en varias ceremonias institucionales ocupando asientos de visita ilustre. También, Paredes goza de los servicios de la Clínica de Investigaciones.

Estilo de vida

Arturo Herrera partió su gestión imprimiendo su sello: exigió la compra de dos vehículos BMW, nuevos para su uso personal, los que debieron ser pedidos especialmente a Alemania por la empresa que los representa en Chile (Williamson Balfour). Los autos sólo tienen un blindaje parcial y entre ambos, el fisco debió desembolsar casi 300 mil dólares. La razón era que el vehículo asignado al director tenía demasiados años de uso.

Pero no fue sólo eso. La casa asignada para el director de la PDI, que estaba ubicada en la calle Juan de Austria, en La Reina, fue descartada por Herrera. Semanas después de asumir, el jefe policial se trasladó hasta una casa en el sector Los Dominicos, la que es arrendada por más de 2 millones de pesos mensuales hasta la fecha. Al tiempo, dicha propiedad -con piscina incluida- fue declarada "cuartel", por lo tanto, a la guardia asignada se agregó tecnología de vigilancia y los gastos básicos de la propiedad -agua, electricidad y gas- también corren con dineros del fisco.

Altas fuentes policiales contaron a LND que el último episodio relativo al estilo de Herrera fue una acalorada discusión que se registró a fines de septiembre durante una reunión del Departamento de Bienestar de la PDI, entre los asesores legales de la unidad y representantes del alto mando. El motivo era que algunos prefectos generales y prefectos inspectores habían solicitado que la institución -el fisco- financiara la membresía de los altos mandos en un club de golf, cuyo costo era de 50 millones de pesos por cada uno.

Los asesores legales estimaron inviable esta "regalía" porque el presupuesto proviene del descuento que se le hace a cada uno de los funcionarios, por lo que el beneficio debería ser extendido a todos los miembros de Investigaciones. Arturo Herrera juega golf en el Marbella Resort, en el balneario de Maitencillo, hasta donde se le ha visto llegar en un helicóptero institucional.

Las creencias

Durante las últimas semanas, Arturo Herrera no sólo ordenó la baja inmediata de 11 policías involucrados en la red de protección, orquestada por ex funcionarios judiciales que colaboraban en la emisión de contraórdenes para dejar en libertad a delincuentes condenados. También presentó una inédita querella a título personal.

La última acción ha sido tratar de "sinvergüenza" a Trevor Oyarzún, ex jefe de la Brigada de Robos (BIRO), quien enfrenta cargos por parte del Ministerio Público por quedarse con parte de los 922 millones de pesos obtenidos como botín en el llamado "robo del siglo". Sin embargo, Oyarzún fue nombrado en el cargo hace pocos años por el mismo Herrera, y quienes conocen esa brigada indican que
"hace mucho tiempo que se conocía la fama de él (Oyarzún). Era fresco y en esa unidad siempre se escuchó de ese tipo de cosas".

En círculos policiales medios y bajos de la PDI ha llamado la atención el silencio guardado por Herrera frente a la detención de Jorge Donoso, jefe de la Unidad de Monitoreo Telefónico. El subprefecto enfrenta cargos por haber "quemado" -según su propia declaración- las grabaciones de las escuchas telefónicas realizadas al ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas. El Ministerio Público investiga delitos cometidos por la adjudicación de una de las etapas de modernización, por más de 80 millones de dólares, a la empresa india Tata.

LND quiso consultar directamente a Herrera por este y otros casos. Sin embargo Asuntos Públicos de la PDI se excusó argumentando que "en virtud de que hay indagaciones en curso y de que el director general ya entregó su visión al respecto, no se entregarán mayores antecedentes".

Donoso era un funcionario que dependía directamente de Herrera. El vínculo entre ambos es antiguo y fue generado por el ex director de Inteligencia Policial (Jipol) Luis Alarcón.

Donoso se desempeñó durante varios años en esa repartición realizando labores técnicas. Nunca tuvo funciones operativas, sino que se especializó en electrónica, como interceptaciones telefónicas.

Fue desde ese momento que Donoso propuso, a instancias de Herrera, la creación de una unidad que centralizara todo el trabajo de interceptaciones telefónicas. Así nació la Unidad de Monitoreo Telefónico. En los organigramas públicos de la institución no figura en ninguna parte. Por ello, fuentes de la fiscalía indagan en la actualidad quién y cómo se contactó a Donoso para que destruyera la evidencia del caso.

El policía detenido no tuvo el mismo trato que otros oficiales que en las últimas semanas se han visto involucrados en casos de corrupción, incluso de menor penalidad. A diferencia de los 11 policías mencionados en la red de protección de delincuentes, Donoso no fue dado de baja automáticamente. El subdirector operativo, recién asumido, Óscar Gutiérrez, le dio la posibilidad de que renunciara para no ser dado de baja. De esta forma, Donoso no sólo se va con todos los beneficios económicos de la institución sino que también, en el futuro, puede optar a cargos públicos

Nadie en la institución quiso explicar este trato especial. Pero lo que sí es conocido es que en el alto mando institucional es público y notorio que el recién asumido director de Inteligencia, Osvaldo Rubilar Rodríguez, lo había elegido para que fuera subjefe de la Jipol. El cargo, incluso, tiene la misión de reemplazar al director en las reuniones del Comité de Inteligencia de la ANI. Si se hubiese concretado esa designación, Donoso habría tenido acceso a información clasificada del Gobierno.

Responsabilidad de mando

Dentro de la institución hay mucha inquietud debido a los sumarios que lleva a cabo, con más fuerza desde abril, el Departamento de Asuntos Internos. El caso descubierto en abril de un policía que había pagado 300 mil pesos por beneficiar a un narcotraficante inició una cadena de indagaciones que dieron pie a la aparición de más casos de corrupción, que luego pasaron a formar parte de una investigación criminal del Ministerio Público.

Un total de 11 detectives ya fueron dados de baja por diversas infracciones. Antes de que fuera detenido el ex prefecto Trevor Oyarzún, también se descubrió que éste había pagado para alterar una alcoholemia, tras chocar ebrio un auto policial.

Pero lo que aún preocupa es que el sumario interno continuó y los casos suman y seguirán aumentando.

Fuentes confirmaron a LND que, hasta principios de noviembre, son 39 los oficiales que están actualmente suspendidos de sus funciones por ser autores de irregularidades. Todos esos casos también están siendo analizados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, con el objetivo de determinar si tienen responsabilidades penales.

Una alta fuente policial sostuvo que con el tiempo se han relajado las medidas internas en la institución a tal punto que es prácticamente imposible de determinar si los funcionarios incurren en el uso de estupefacientes. "Los controles de droga que se aplicaban en forma aleatoria y sorpresiva en todas las unidades ya no se hacen porque se consideró que dañaban la imagen institucional", sostiene un detective de la policía civil. Actualmente, el control sólo se realiza a funcionarios de quien existen sospechas que pueda ser consumidor o tener vínculos con el narcotráfico.

Con el último cambio en el alto mando institucional, en todo caso, las piezas se movieron también en el ámbito de las investigaciones internas.

El oficial que estaba a cargo de este mega sumario, Patricio Morales (ex jefe de la Bridec) fue ascendido y nombrado jefe de la Primera Región Policial de Tarapacá y la PDI no quiso informar acerca del nuevo fiscal que quedó a cargo de esta investigación.

Por otro lado, como jefe de la Inspectoría General, bajo cuya jurisdicción están los sumarios internos, quedó el prefecto inspector Héctor Soto Candia.

Otro de los aspectos que inquieta el clima interno de la PDI es el tema salarial. Al respecto se menciona reiteradamente que a todos estos funcionarios aún se les adeuda el 35% extra de sueldo.

Todo esto se ha dado por el dictamen 19.870 de la Contraloría General de la República, de abril de 2004 que reconoció el derecho de los detectives de percibir "asignación policial por desempeño en unidades operativas o judiciales". Este beneficio fue otorgado a Carabineros en 1999. Pero tras un reclamo efectuado por un oficial de la PDI que se acogió a retiro, el organismo administrativo resolvió que la Ley Orgánica de Investigaciones, hace que sea extensivo ese beneficio. Pero para esto, señala la Contraloría, se requiere de un reglamento que debe "necesariamente dictarse" y que establecerá sus requisitos y definirá las unidades operativas, por lo que mientras no entre en vigencia el mencionado acto administrativo no resulta posible el pago de dicha asignación".

Desde esa fecha, dicho cuerpo administrativo no ha sido dictado.

La citación

Ante la citación de Herrera al Congreso, el subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, advierte que "los hechos recientes no tendrían por qué empañar el proceso de modernización que se ha estado llevando a cabo en los últimos años, que ha sido reconocido también a nivel internacional".

Dijo que los controles internos han funcionado y que son éstos los que han permitido que se descubran los casos. Sobre los test de droga, Navarrete explicó que nunca se han dejado de hacer y que son los "más rigurosos, los más exhaustivos que ha habido nunca antes. Eso es lo que ha hecho posible que esta institución sea reconocida por organismos internacionales. Es una institución pública que avanza, que se aparta de los índices de corrupción".

El diputado Patricio Hales (PPD) destacó que la gestión de Herrera ha sido buena. Pero advirtió que "si han disminuido los controles de droga me parece mal. Habría que confirmar si eso es verdad. Creo que sería bueno que desde la Comisión de Defensa, nosotros preguntáramos cómo están esos controles".

Sobre la situación y a la citación de Herrera al Parlamento, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Cristián Monckeberg, dijo que, pese a que los controles internos están funcionando, "la paciencia tiene límites".
Asimismo fue enfático en aclarar que, una vez en la instancia "si se demuestra que hay antecedentes graves como los que se han conocido, lo que corresponde es que la responsabilidad del mando se ejecute y si tiene que salir su máxima autoridad, todos tienen que estar disponibles.


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La otra lista que violenta al mundo de los derechos humanos 30-11-08



Domingo 30 de noviembre de 2008

Por Jorge Escalante / La Nación Domingo

La otra lista que violenta al mundo de los derechos humanos

Los “exonerados” que hundieron la democracia

Entre aquellos parlamentarios calificados con el rango de “exonerados” está Sergio Onofre Jarpa, quien entonces era senador del Partido Nacional (PN). Foto: La Nación.

La irrupción de un falso detenido desaparecido despertó a otro fantasma: los exonerados políticos. Un registro que no sólo contiene los nombres de quienes fueron víctimas de la dictadura, sino también de quienes celebraron su llegada. Entre ellos figuran congresistas pro golpe. Incluso, agentes y militares que colaboraron con la violencia y la represión: Edwin Dimter y Patricio Kellet, entre otros.

Cualquiera sea el análisis que se haga del Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, al final se llega a lo mismo: la violencia destruyó el sistema democrático y sus instituciones en septiembre de 1973.

Una de aquellas consecuencias fue la clausura del Congreso Nacional y el cese de las funciones de todos los diputados y senadores. Y aunque algunos lloraron e incluso pagaron con sus vidas, otros lo celebraron.

Inevitablemente, con la reciente aparición del engañoso "detenido desaparecido" Germán Cofré Martínez, reaparecido desde el otro lado de la cordillera, resurgió el espectro de los calificados como exonerados políticos.

Más allá de cuántos pudieron entrar por la ventana la secretaria ejecutiva de este programa, Marta Joignant, sostiene que es "muy difícil" violar el sistema y que hasta ahora nadie aporta pruebas irrefutables surge la controversia de aquellos que, siendo parlamentarios al 11 de septiembre de 1973, calificaron como exonerados por haber cesado en sus funciones cuando la dictadura cerró en Congreso. Todos. Los que padecieron el golpe, pero también quienes ayudaron a gestar el alzamiento militar.

Y otros que, habiendo sido agentes activos en la represión o formado parte de quienes asaltaron La Moneda el día del golpe, también obtuvieron tal calificación cuya idea madre tuvo, sin embargo, directa relación con las víctimas de la opresión militar.

Entre aquellos parlamentarios calificados con ese rango destacan figuras que apoyaron el golpe, como el entonces senador del Partido Nacional (PN), Sergio Onofre Jarpa Reyes; o el hasta hoy defensor de los fundamentos que sustentaron el régimen militar de Augusto Pinochet, Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, quien entonces era un joven diputado del PN.

A la lista se suman otros jóvenes diputados del PN: Mario Arnello Romo, Gustavo Lorca Rojas, Víctor Carmine Zúñiga y Luciano Vásquez Muruaga. O el entonces senador democratacristiano Juan de Dios Carmona, que después se hizo fiel seguidor del dictador integrando el "Consejo de Estado".

Todos aportaron su cuota para apurar el alzamiento castrense. Unos más, otros menos.
Tienen derecho estos hombres a recibir tal calificación y además percibir algunos de ellos [no todos] pensiones del Estado o apoyos provisionales, se preguntan en el mundo de los derechos humanos.

Los "exonerados" participaron activamente en acciones que concluyeron con el naufragio de las libertades individuales, ayudando a gestar un modelo que derivó en el fusil y el corvo que dio paso a la tragedia que marcó a Chile para siempre.

La ley creada y luego ampliada para obtener el grado de exonerado político los favoreció. "Y la ley pareja no es dura", afirman en el programa de exonerados del Ministerio de Interior, porque también hay comunistas, socialistas y miembros de otros partidos que integraron la UP, que obtuvieron tal categoría.

Para la "Fundación"
"Por supuesto que tengo derecho, me lo permite la ley y yo decidí calificarme como exonerado porque el beneficio que podría obtener del Estado lo iba a donar a la Fundación Pinochet. Pero la fundación no lo quiso para evitar problemas de impuestos, y yo finalmente tampoco obtuve nada", expresa Hermógenes Pérez de Arce (foto izquierda).

La ecuación para sólo calificar como exonerado político, o a ello agregar una pensión, o percibir sólo dinero como abono para obtener una previsión que son las tres categorías del sistema es compleja. Pérez de Arce sólo calificó para la primera. No obtuvo pensión ni abono de tiempo.

"Pero creo que hay que revisar todo esto porque con toda seguridad se ha prestado para abusos, y pienso que hay muchos casos así", afirma el apasionado columnista de "El Mercurio".
No opina lo mismo el abogado comunista Eduardo Contreras Mella, diputado del PC para el golpe militar y quien por ello también calificó como exonerado político.
"La ley debió dejar afuera de estos beneficios a aquellos parlamentarios que ayudaron a destruir la democracia y que luego celebraron la clausura del Congreso. Esa es una contradicción que debieron advertir aquellos que hicieron esta ley. No es justo que quienes colaboraron activamente con el golpe militar, aunque hayan sido parlamentarios, reciban esta categoría y sus beneficios", afirma Contreras.
El abogado recuerda que "no hay que olvidar que lo que ellos ayudaron a gestar terminó con la vida incluso de algunos parlamentarios como Carlos Lorca y Vicente Atencio, ambos detenidos desaparecidos".
Pero Contreras va más allá. "Tanto el problema del aparecido en Argentina como las irregularidades que puedan existir en el proceso de calificación para los exonerados políticos, pasa principalmente porque el Estado chileno hablo del Gobierno y el Parlamento no tiene una política pública para abordar los derechos humanos y la reparación de las víctimas. No existe un Ombudsman o un Defensor del Pueblo, ni un Instituto de Derechos Humanos. Y eso ocurre porque no hay voluntad política para hacerlo".

Entre bombas y "disidentes"

La calificación como exonerados políticos de algunos ex agentes del régimen o de militares que de distintas formas tuvieron relación con los crímenes cometidos bajo este período, aportan igualmente otro capítulo conflictivo a esta historia.

A los ya mencionados por La Nación el viernes último Enrique Cruz Laugier, Rafael González Berdugo, y Edwin Dimter Bianchi, el supuesto "Príncipe" del Estadio Chile donde mataron a Víctor Jara se agregan ahora los de Patricio Kellet Oyarzún y Patricio Lapostol Amo.

El día del golpe, Cruz sacó las piezas de artillería del Regimiento Tacna para bombardear La Moneda desde tierra, mientras Allende resistía. Reflorecida la democracia, se fue a instalar como jefe de seguridad del Senado. Desde allí lo echaron en 2004, cuando LND publicó esta información que él mismo confirmó en sus declaraciones judiciales en el proceso por los desaparecidos de La Moneda. Fue admitido como exonerado el 20 de enero de 2000.

González Berdugo (en la foto de la derecha), un eterno agente de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile con grado de coronel, aunque es un civil, es hasta hoy el único procesado por el asesinato del estadounidense Charles Horman, detenido días después del alzamiento militar. Un frío espía que en 1980 tuvo la cara para ir a tomar el té con el padre de Horman a Estados Unidos, cuando se presentó como "un disidente" de Pinochet y la DINA.

Posando en 2003 junto a los verdaderos oficiales y suboficiales de la FACh que fueron víctimas de la tiranía, este personaje obtuvo de manos de la entonces ministra de Defensa y actual Presidenta Michelle Bachelet, la tifa para reintegrarse a la "familia aérea".

Dimter, a su vez, fue calificado el 20 de enero de 2000, pero en 2006 fue cancelada su condición de exonerado por sus antecedentes: fue uno de los hombres que sacó los tanques a la calle el 29 de julio de 1973 en un frustrado alzamiento contra Allende, y además permaneció como oficial en el Estado Chile cuando el recinto se convirtió en un centro de detención.


Un "inteligente" agricultor

Patricio Kellet era el jefe de la sección de Inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia, que para el golpe militar comandaba el ex miembro de la Junta Militar Santiago Sinclair. Ejerciendo ese cargo participó en el arresto de decenas de personas en esa ciudad, según él mismo lo admite en sus declaraciones judiciales en la causa por los crímenes de la Caravana de la Muerte, que el 3 de octubre de 1973 asesinó en Valdivia a 12 prisioneros. Fue desde Cazadores donde, días más tarde, también salieron fuerzas militares para acribillar en la precordillera de Chihuío a 17 campesinos, esconder sus cuerpos, y después desenterrarlos para lanzarlos al mar.
Lo curioso es que Kellet, actualmente mayor de Ejército en retiro, alegó ante la comisión calificadora causales de exoneración por parte de su institución ajenas a su voluntad, mientras en su testimonio judicial del 9 de mayo de 2003 un año después de que ya había sido calificado como exonerado el 6 de marzo de 2002 dijo que "en 1985 me acogí a retiro por razones personales y ahora me dedico a la agricultura" en Linares. Como exonerado, Kellet recibe una pensión del Estado chileno.

Patricio Lapostol Amo fue careado hace unas semanas por el ministro Víctor Montiglio con el general activo Juan Miguel Fuentealba Poblete, en la causa Caravana de la Muerte, episodio de los 26 crímenes de Calama cometidos el 19 de octubre de 1973.

Lapostol admite judicialmente que "monté guardia en el lugar del fusilamiento junto al teniente Gustavo Mandiola". De acuerdo al expediente, el "fusilamiento" fue una masacre a corvo y bala y luego escondieron los cuerpos en el desierto que después exhumaron y arrojaron al mar. El juez indaga si Fuentealba también montó la misma guardia aquel día.

Los 145 mil 286 calificados como exonerados políticos, del total de 258 mil 767 que han pretendido esta categoría, abren un escenario que vuelve a agitar pasiones y controversias, bajo la llovizna de un período dramático de la historia de Chile que se resiste al olvido.



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