PROPUESTA DEL COMANDO UNITARIO DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES: PROYECTO DE LEY | |
| |
El Comando Unitario de Ex Presos Politicos y Familiares, entregó publicamente en la sede de Gobierno, específicamente en el Salon Montt Varas, el martes 26 de mayo del 2009, la Propuesta de Ley de Reparacion, que adjuntamos para su conocimiento. En este Acto participaron en representación del Ejecutivo, la Ministro Secretaria General de Gobierno, Carolina Toha, el Subsecretario de la misma cartera, Edgardo Riveros y la Presidenta de la Comisión Presidencial para los DD.HH, María Luisa Sepulveda, quienes recibieron la Propuesta, se comprometieron a estudiar los aspectos de esta que aun no estan incluidos en ningun proyecto de reparacion y de enviar al Congreso el proyecto que finalmente elabore el Gobierno, en el periodo legislativo de junio. Participaron en el acto mas de 20 dirigentes nacionales del Comando Unitario, que representaron a los miles de ex PP y Familiares que esperan una solucion digna y eficaz, antes de que termine el mandato la Presidenta Michelle Bachelet, la que en el discurso del 21 de mayo, se comprometió a realizar los esfuerzos para 'ampliar y perfeccionar las reparaciones a las victimas y sus familiares'. El llamado es a no bajar la guardia, a intensificar las conversaciones con los parlamentarios de todas las bancadas, a mantenernos movilizados, a informar a todos los ex PP no organizados de lo que esta en juego y asesorar debidamente a los compañeros y compañeras que aun no han sido reconocidos como victimas de prision politica y tortura. Como el tema de la Justicia, la Verdad y la Reparacion, no se agota en los temas aquí planteados, debemos evaluar, debatir y elaborar propuestas concretas en el Tercer Encuentro Nacional Unitario que se realizara el 20 y 21 de Junio. Se entregó el siguiente comunicado a los medios que cubrieron la ceremonia: Cuando ya han pasado cinco años de la promulgación de una Ley de Reparación “austera y simbólica” –la 19.992-, en materia de verdad, justicia, memoria y reparación integral, todavía no se han tomado todas las medidas que garanticen estos derechos a las víctimas. Para un país que ocupa un sitial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que cuenta con las condiciones políticas y financieras para hacer efectivamente justicia a quiénes fueron vulnerados en sus derechos más elementales, el establecer hoy una nueva Ley de Reparación es una inversión éticamente necesaria. Los fundamentos de las demandas de verdad, justicia, memoria y reparación integral, sustentados por las organizaciones de ex – presos políticos, han sido y son coherentes con los principios y directrices básicas del Derecho Humanitario Internacional, el que norma la obligación ética y política del Estado, de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida, frente a violaciones a los derechos humanos. En este sentido, Naciones Unidas establece que la Reparación debe ser proporcional a la violación de los derechos humanos y al daño causado y corresponde, en consecuencia, la restitución, compensación, y garantías de no repetición, es decir que Nunca Más se vuelvan a cometer en Chile delitos de lesa humanidad. En estos mismos argumentos se basó la propia Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura el 2004, para fundamentar las recomendaciones de reparación presentadas a su mandante, el entonces presidente Ricardo Lagos. Sin embargo la ley 19.992, que finalmente se aprobó, ignoró parte sustancial de las recomendaciones que hiciera la CNPPyT, he hizo caso omiso de la legislación internacional respectiva. Chile ha jugado un papel activo en el concierto de las Naciones, impulsando mejoras a la legislación internacional; es la hora de la coherencia interna. La Resolución 60/147, promovida por años por la delegación chilena, y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 marzo de 2006, establece con precisión las obligaciones de los Estados, es en este marco que el Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares presenta al Gobierno de Chile, formalmente su Propuesta para una Ley de Reparación, con la esperanza que sea prontamente ingresada al parlamento, donde cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para ser aprobada a la brevedad. Una nueva ley de Reparación, que como expresara la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo, tenga como objetivo “... ampliar y perfeccionar las reparaciones a las víctimas y sus familiares”. PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY DESTINADO A MODIFICAR LA LEY 19.992 SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA INTRODUCCION Cuando ya han pasado cinco años de la promulgación de una Ley de Reparación “austera y simbólica” –la 19.992-, la tramitación del Proyecto de Ley que pretendía crear un Instituto Nacional de Derechos Humanos transparentó la conciencia que existe en el Gobierno de Chile, en el Congreso Nacional, entre los Partidos Políticos y en la ciudadanía; que la reparación a los sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos en el país ha sido insuficiente y tardía. Siendo Chile un país que ocupa un sitial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que cuenta con las condiciones políticas y financieras para hacer efectivamente justicia a quiénes fueron vulnerados en sus derechos mas elementales, el establecer hoy una nueva Ley de Reparación es una inversión éticamente necesaria. Los fundamentos de las demandas de verdad, justicia, memoria y reparación integral,sustentados por las organizaciones de ex–prisioneros políticos, han sido y son coherentes con los principios y directrices básicas del Derecho Humanitario Internacional, el que norma la obligación ética y política del Estado, de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida, frente a violaciones a los derechos humanos. En este sentido la ONU establece que la Reparación debe ser proporcional a la violación de los derechos humanos y al daño causado y corresponde, en consecuencia, la restitución, compensación, y garantías de no repetición, es decir que Nunca Más se vuelvan a cometer en Chile delitos de lesa humanidad. En estos mismos argumentos se basó la propia Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura [CNPPyT] en 2004, para fundamentar las recomendaciones de reparación presentadas a su mandante, el entonces presidente Ricardo Lagos. Sin embargo la ley 19.992, que finalmente se aprobó, ignoró parte sustancial de las recomendaciones que hiciera la CNPPyT, he hizo caso omiso de la legislación internacional respectiva. El mayor valor que tiene el Informe de la CNPPyT es que estableció como verdad histórica - aceptada por el conjunto de la sociedad-, que durante la Dictadura se implementó una política global de Terrorismo de Estado y se violaron sistemáticamente todos los derechos humanos. Pero, en materia de verdad, justicia, memoria y reparación integral, cinco años después, todavía no se han tomado todas las medidas que garanticen estos derechos a las víctimas, los cuales están estipulados y consagrados en el Derecho Humanitario Internacional. Chile ha jugado un papel activo en el concierto de las Naciones, impulsando mejoras a la legislación internacional; es la hora de la coherencia interna. La Resolución 60/147, promovida por años por la delegación chilena, y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 marzo de 2006, establece con precisión las obligaciones de los Estados, en “LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES BÁSICOS SOBRE EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DDHH Y DE VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, A INTERPONER RECURSOS Y OBTENER REPARACIONES”. En su artículo V, principio 8, esta Resolución establece que: “se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa…” En su artículo IX, principio 15, plantea: “Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la Justicia…” y agrega “La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario…” El principio 18, especifica: “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, UNA REPARACION PLENA y EFECTIVA, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.” Es por esta razón que, en forma responsable los ex–prisioneros[as] políticos[as] de Chile y sus Familiares, representados por la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos [ANEXPP], la Brigada Nacional de Ex Prisioneros Políticos Socialistas [BEXPPS], la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos [CNEXPP], los Familiares de Ex Prisioneros Políticos Fallecidos [FEXPPF] y la Coordinadora de Ex Presos Políticos del PRSD [CEXPP/PRSD] agrupados en el Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares, planteamos al Ejecutivo y al Legislativo en el Congreso Nacional, la necesidad de presentar y aprobar una Ley de Reparación Integral que respete la legislación internacional, haga suyas las recomendaciones de la Comisión de Prisión Política y Tortura, y ponga fin a las graves injusticias cometidas contra quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Nuestra petición se da en el marco de los acuerdos establecidos en las conversaciones sostenidas con el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, y con la delegada Presidencial en DDHH, María Luisa Sepúlveda durante el año 2008, con la Presidenta de la Republica, Michell Bachelet, el 27 de noviembre pasado. Mismas a las que diera continuidad la actual Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá hasta la fecha; con las Comisiones de Derechos Humanos tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, que apoyaron en diversas peticiones al Ejecutivo nuestras legítimas demandas, en los Proyectos de Acuerdo aprobados en Sala en este mismo sentido y en la petición expresa firmada por 50 parlamentarios de todas las bancadas en orden a solicitar del Ejecutivo la presentación de una nueva ley de reparación de carácter general, que se funde en criterios de inclusividad, de no discriminación y dé garantías efectivas de no repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país entre 1973 y 1990. La Nueva Ley ha de estar fundada en un concepto amplio de reparación que comprende el entorno de la víctima de delitos de lesa humanidad, fallecida o sobreviviente como afectado directo, por el derecho humanitario internacional y que -en consecuencia- deberá cuidar de generar condiciones efectivas para el ejercicio del derecho a la Verdad, la Justicia, la Memoria y la Reparación. Establecido el compromiso del gobierno de resolver mas tardar en Junio del presente año y atendidas las palabras de la Presidenta en su reciente discurso de 21 de mayo, que aluden a la disposición de abordar los temas pendientes en materia de reparación a las víctimas y sus familias; hacemos entrega de la propuesta de Ley emanada de las organizaciones nacionales unitarias a continuación firmantes. Firman a continuación: NELSON ARAMBURU JUAN ROJAS Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos de Chile IRMA ALVARADO MIGUEL RETAMAL Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos Políticos de Chile MANUEL JIMENEZ PEDRO ORTIZ Brigada Nacional de Ex Prisioneros Políticos Socialistas ANA DE LA BARRA HAYDEE OBERREUTER Familiares de Ex Prisioneros Políticos Fallecidos 29/05/09 |
Informe de situación
Señor Aylwin,Los ex presos políticos y la opinión pública, hemos conocido sus últimas declaraciones a los medios, esta vez referidas al aniversario de la llamada Comisión Rettig instalada bajo su Gobierno el 25 de Abril de 1990. En ella usted opina además, respecto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura instaurada por el Gobierno de Ricardo Lagos en la segunda mitad del 2003.Antes que nada, no podemos dejar de recordarle de que usted no es una persona cualquiera, a la cual se pudiese catalogar de desinformada o sencillamente ignorante respecto de la historia de su país. Usted es un connotado miembro de la clase política chilena, que ha ocupado el mas alto cargo público que permite nuestro ordenamiento constitucional. Es más, es usted uno de los personajes claves de un momento trágico que finalmente terminó con la Democracia , instalándose en Chile el horror de la dictadura, cuyo entramado constitucional aun perdura. Es por ello que sus declaraciones lastiman nuestra dignidad. Usted ha señalado que no ve la necesidad de que se reabran ambas Comisiones pues a su parecer “ya no existirían personas que las justificaran”. Si usted se refiere a la no existencia de familiares de personas ejecutadas, desaparecidas o sobrevivientes (ex presos políticos y torturados) del terrorismo de Estado que asoló la Patria en nuestra historia reciente, esta muy equivocado, particularmente en lo que se refiere a los ex presos políticos y torturados, desde cuya condición respondemos sus lamentables declaraciones.Decimos lamentables, pues lo real y concreto es que hay miles de personas que fueron encarceladas y torturadas, por los que el Estado de Chile -responsable de ello-, aun no responde. Antecedentes de ello existen en instituciones de DDHH, entre numerosos parlamentarios y la propia Presidenta de la República , con quien nos reunimos el 27 de noviembre pasado, ocasión en que le entregamos formalmente nuestra demanda de 12 puntos.Por cierto nos damos cuenta de que tenemos distinta apreciación respecto del resultado final de las medidas reparatorias de su Gobierno y el del señor Lagos. Nosotros en tanto luchadores sociales, generosos en la lucha por la recuperación democrática, que pusimos el cuerpo y el alma en ese esfuerzo, que fuimos por ello objeto de crímenes contra la humanidad; sentimos en nuestro fuero íntimo haber sufrido un maltrato inmerecido desde la misma génesis de estas medidas, y humillados finalmente con lo otorgado por la ley 19.992, con la que el Estado pretendió después de 30 años, dar por reparado el daño causado a miles de compatriotas.A juicio nuestro, una iniciativa hipócrita y mezquina, muy lejos de los parámetros establecidos en los pactos y tratados internacionales sobre la materia, de los que Chile es signatario. Gracias a políticos como Ud., cientos, tal vez miles de ex presos políticos y torturados ya se fueron de este mundo sin haber obtenido la necesaria, debida y justa reparación por los crímenes cometidos en su contra, que destruyeron su entorno familiar y social.Para usted seguramente fue una respuesta del Estado bajo el criterio de lo posible. Para nosotros, a pesar de las declaraciones e informes oficiales, el Estado de Chile sigue en deuda. No solo con los ex presos políticos y torturados, sino con la sociedad entera ya que no ha respondido a cabalidad con los compromisos adquiridos internacionalmente, en el sentido de establecer una política de DDHH refrendada en leyes que impidan desde ya los abusos y acciones criminales de los agentes del estado en contra de los ciudadanos.Por ello creemos, a pesar de su egoísta opinión, que es necesario y urgente que el Estado de Chile y el Gobierno reabran ya ambas comisiones –respetando la palabra empeñada por la Presidenta- lo que sería una potente señal de la voluntad de profundizar en verdad, justicia y Reparación, condición básica para avanzar y hacer creíble la idea de un nunca más.
El jueves 19 de marzo, invitamos a la reunión del CU, a la Encargada del Programa Jurídico de reparación, Liliana Latorre. Esta nos expuso lo realizado hasta ahora por ese Programa que inicio el 2007 Hugo Villar y que ya el 2009 es un programa consolidado y desplegado por todo el país, a través del Registro Civil e Identificación.
Originalmente, se planteo para atender dos líneas de trabajo: la nómina de Ex PP fallecidos calificados por la Comisión Valech, y la eliminación de antecedentes en virtud de la Ley 19962.
Actualmente, en razón de las peticiones de personas radicadas en el extranjero, han debido atender casos de pasaportes y de reconocimiento de hijos.
En el tema eliminación de antecedentes penales, las estadísticas son las siguientes
1889 casos analizados
742 prontuarios eliminados
224 casos en que se eliminó un prontuario, pero quedaron otros.
923 que no pudo eliminarse, pero se logro la omisión de antecedentes en el Certificado de antecedentes respectivo.
El mayor problema con que han topado, es la falta de información, tanto de Gendarmería de Chile, como de Carabineros, respecto al cumplimiento de condenas. Hay muchos registros que ya no existen, ya sea porque se cerro el recinto o se destruyeron los archivos por humedad o incendios.
Se requiere ver un mecanismo jurídico-politico que nos permita acreditar la extinción de la responsabilidad penal de los ex presos políticos.
Por lo tanto, la idea es reunirnos con el nuevo Director Nacional del registro Civil, Christian Bhem Sepúlveda y ver mecanismos de resolución. En el mismo sentido, buscaremos integrarnos a la Mesa de reinserción y Rehabilitación constituida por el Ministerio de Justicia, el de Interior y diversos Servicios Públicos que están trabajando el tema de la eliminación de antecedentes.
La primera reunión esta fijada para el proximo martes 7 de abril.
Informe reunión con Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Toha.
El viernes 20 de marzo, se concreto la primera reunión del Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares con la MSGG Carolina Tohá, en el Palacio de La Moneda. Ademas de los dirigentes del Comando (9), participaron el jefe de Gabinete de la Ministro, José Luis Sepúlveda y el Asesor del Ministro Vieragallo, Marco Opazo Godoy.
Esta reunión tenía para el Comando una importancia clave; pues las conversaciones tendientes a lograr una nueva Ley de Reparación, por instrucciones de la Presidenta, están en manos de esa Secretaría de Estado.
La Ministro nos acogió muy cordialmente, y nos planteo que recién estaba posesionándose de su cargo, con una “jefa” que habia partido en gira a la India, por lo que solo manejaba lo que le había transmitido su antecesor, y los asesores presentes.
Conocía de la Propuesta de Ley de Reparación que consta de 12 puntos, y lamento de que no se hubiera aprobado aun el Instituto de Derechos Humanos, porque a través de él se podían haber resuelto varios de los puntos ahí establecidos.
Los dirigentes del Comando, de acuerdo a la pauta establecida previamente, le resumieron lo que había sido el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet, luego de la reunión del 27 de noviembre. Los acuerdos establecidos con el Ministro Vidal sobre la materia, las 50 firmas de parlamentarios de todas las bancadas, que no dejan ninguna duda respecto al “piso político” con que contamos, para aprobar una nueva Ley.
Le informamos además, de la reunión sostenida con el Ministro Vidal el 30 de diciembre, en que ante la presencia de María Luisa Sepúlveda y los dos asesores presentes, nos dijo que por expresas instrucciones de la Presidenta, los ex PP tendríamos Ley de Reparación “sí o sí”.
En esa reunión se nos dijo que nos harian a mas tardar en febrero llegar los anteproyectos de Ley respectivos:
a) en la eventualidad de que se aprobara el Instituto
b) en el caso que fuera rechazado o no avanzara.
Lamentamos que estando a fines de marzo, aun no se hayan cumplido con este compromiso; pero como una nueva ley de Reparación, es para nosotros un tema de la maxima urgencia, ya que hombres y mujeres que lucharon por defender la democracia fallecen día tras día, sin ser calificado ni reparados, informamos a la Ministro de la constitución de nuestro Equipo Jurídico, conformado por abogados de prestigio nacional e internacional, el que tiene como tarea la redacción de nuestro anteproyecto de Ley de reparación.
Carolina Tohá, dialogó durante una hora con los dirigentes del Comando, preguntando sobre temas especificos y demostrando alta sensibilidad al respecto. Nos planteo que en cuanto sea recibida por la presidenta, expondra nuestras peticiones y nos informara inmediatamente, ya que tiene plena conciencia de en que los tiempos de resolución juegan en nuestra contra.
Nelson Agustín Aramburu
COORDINADOR COMANDO UNITARIO
******
REUNION CON BACHELET: COMANDO DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES
*********
Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos propuso a la Comisión de Derechos Humanos una nueva ley de reparación
http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20081218/pags/20081218115649.html
La entidad expuso ante los senadores y les entregó un documento de 12 puntos en los que solicitan la reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura.Una propuesta para una nueva ley de reparación de carácter general, que aborde los temas que no se consideraron en las legislaciones anteriores, entregó el Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado.Así lo informó el integrante de esa instancia legislativa, senador Nelson Ávila, tras señalar que dicha agrupación "está impulsando el envío por parte del Ejecutivo de un nuevo proyecto que aborde todos los temas que la ley anterior dejó por fuera y que les creó diversas dificultades".
Tras recibir en audiencia a Nelson Aramburu, de la Coordinadora Nacional de ex Presos Políticos; a Víctor Cuevas, de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos de Chile; a Manuel Jiménez, de la Brigada Nacional de ex Prisioneros Políticos; a Haydee Oberreuter, de Familiares de ex Prisioneros Políticos Fallecidos y a Mario Artigas de la Coordinadora de ex Presos Políticos, la Comisión acordó oficiar al Ejecutivo para conocer mayores antecedentes sobre la materia."El acuerdo que adoptamos en la Comisión de Derechos Humanos es oficiar al Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, que es quien fue encargado por la Presidenta para ocuparse de estos temas, a los efectos de que informe en qué estado se encuentra el proyecto que prometió el gobierno", explicó el senador Ávila.
DOCE MEDIDAS
La propuesta que entregó esta agrupación a la Comisión apunta a la dictación de una nueva ley de reparación de carácter general "que se funde en criterios de inclusividad, de no discriminación y dé garantías de no repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país".Agregan que el entorno familiar de una víctima de delitos de lesa humanidad, fallecida o sobreviviente, es considerado afectado directo por el derecho internacional.En lo fundamental, solicitan la reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura; y eliminar la incompatibilidad de la pensión por prisión política y tortura con la pensión de exonerados y cualquier otra pensión.Asimismo, plantean una pensión reparatoria de un monto en concordancia con las recomendaciones hechas por la Comisión de Prisión Política y Tortura; la heredabilidad de la pensión, vitalicia y de un 100%; la extensión del beneficio educacional a los hijos y que estas becas puedan ser transmisibles a sus hijos.El Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile también solicita la reparación por prisión política; la calificación de todos los menores privados de libertad con o sin sus padres; establecer por ley la facultad del Programa de derechos Humanos del Ministerio del Interior, para apoyar jurídicamente la presentación de querellas por prisión política y tortura.La instancia solicita además incorporar las normas técnicas del Programa Prais a la ley de reparación; otorgar el subsidio máximo de la ley a las y los calificados que no hayan accedido a vivienda a través del subsidio estatal; derogar el artículo que impone 50 años de silencio a los testimonios de los ex prisioneros políticos y declarar el 26 de junio como el Día Nacional contra la Prisión Política y la Tortura.
http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20081218/pags/20081218115649.html
******
PROPUESTA PARA UNA NUEVA LEY DE REPARACIÓNPOR PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA / Octubre 2008.
4. Heredabilidad de la pensión, vitalicia y de un 100%. Considerar aspecto retroactivo.
11. Derogar articulo Nª 3 de la Ley 19.992 que impone 50 años de silencio a los testimonios de los Ex Prisioneros Políticos.12. Declarar oficial el 26 de Junio como Día Nacional contra la Prisión Política y la Tortura. Indicación de conmemorar en establecimientos educacionales y reparticiones públicas.
http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=1828
*******
DECLARACIÓN DEL COMANDO UNITARIO DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES DE CHILE
Informe sobre reunion con Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal. De acuerdo a lo establecido, el lunes 10 de noviembre, a las 15:30 hrs. concurrio el Comando Unitario de Agrupaciones de Ex Presos Politicos y Familiares de Ex PP Fallecidos, a La Moneda, para reunirse con el Ministro Vidal. La reunion tenía un fin muy específico: entregar al Gobierno los 12 puntos que deben ser considerados en una eventual ley de Reparacion, separada del Proyecto de Ley que crea el Instituto de Derechos Humanos. [Más abajo se adjunta Propuesta].El Ministro nos informo que la Presidenta quiere dar pasos significativos en la necesaria institucionalidad en DD.HH. y en esa logica juega un rol clave el proyecto instituto; pero que en razon de las insistentes peticiones del maximo organismo articulador de los Ex PP, estarian dispuestos a considerar los diversos mecanismos que permitan dar satisfaccion a nuestras demandas, incluido un nuevo Proyecto de Ley.Enfatizó Francisco Vidal, que lo mas importante es que en estos momentos existe la voluntad politica del Ejecutivo para Reparar a las victimas sobrevivientes del terrorismo de Estado.En las diversas reuniones sostenidas con personeros de Gobierno, el Comando unitario ha insistido en que existe un 'piso politico' amplio para legislar al respecto, dado por los contundentes 'Acuerdos para Legislar' emanados del Senado y la Camara de Diputados y de las reuniones sostenidas con las bancadas parlamentarias y los jefes de partidos politicos.En este contexto, el ministro nos transmitio el deseo de la Presidenta Michelle Bachelet, de entregarnos personalmente su decision al respecto, lo que se concretaria el proximo jueves 20 de noviembre a las 16:00 hrs.
http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=1815
*
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario