Subsecretaria de Carabineros al banquillo del Consejo de la Transparencia 23-06-09

23 de Junio de 2009

Por entregar información "parcial" de reclamos contra policías

Subsecretaria de Carabineros al banquillo del Consejo de la Transparencia

Javiera Blanco podría ser la primera autoridad en enfrentar una sanción de acuerdo a la nueva normativa. El abogado Pedro Anguita fue quien solicitó los datos de todas las gestiones que tramitó la subsecretaria ante la institución policial, luego del incidente que protagonizó el senador Guido Girardi, cuando un par de uniformados "partearon" a su chofer por manejar a casi 140 km por hora, siendo sancionados. No es la primera vez que Carabineros se escuda en el secreto, tal como lo estableció la Contraloría en dos recientes dictámenes.

Por Jorge Molina Sanhueza

Trabajó por casi ocho años en la Fundación Paz Ciudadana, el think tank conservador que pautea el combate a la delincuencia, presidida por Agustín Edwards Eastman, y en cuyo directorio figuran Edmundo Pérez Yoma, Paola Luksic y Eugenio Tironi, entre otros. Estudió y se tituló de abogada en la Católica; tiene un magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile, domina el inglés y el alemán y está diplomada en metodología de la investigación y en litigación oral para los juicios de la reforma.
Tiene dos hijos de su matrimonio con Eugenio Ortega Frei, hijo de Carmen Frei y sobrino del candidato presidencial de la DC, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Está muy bien contactada con el mundo político y es muy eficiente en su trabajo, según comentan. Y, por cierto, es la primera mujer en la historia chilena en asumir -en 2006- como subsecretaria de Carabineros. Una fiel representante de la nueva generación femenina a sus poco más de 36 años, y por eso fue incluida como una de las "mujeres líderes", tanto por El Mercurio como por la revista Qué Pasa.
Sin embargo, a Javiera Blanco, ninguno de estos logros y antecedentes personales la salvó de que el abogado Pedro Anguita, un doctor en Derecho a la Información y activista contra el secretismo del Estado, la llevara al banquillo del Consejo de la Transparencia (CDT). Ello por entregarle -a su juicio- datos incompletos sobre las "denuncias" contra Carabineros presentadas durante 2008 ante esa dependencia ministerial.
De comprobarse una intención para ocultar la información, Blanco podría recibir una sanción de parte de CDT de hasta 50% de su sueldo y ser sumariada por el mismo organismo o la Contraloría, que también podía aplicarle un castigo.
Cuestión que resultaría paradojal, considerando que además es hermana de Rafael Blanco, Secretario Ejecutivo de la Agenda de Probidad y Transparencia de la Presidenta Bachelet, instancia que fue el punto de partida de la actual institucionalidad pro-transparencia.
Acceso a la autoridad
La solicitud de Anguita tuvo como contexto el impasse que protagonizó en diciembre del año pasado el senador PPD Guido Girardi, cuando dos carabineros de carreteras infraccionaron a su chofer por conducir a exceso de velocidad (139 kmph), cuestión muy común entre los parlamentarios.
En la oportunidad, Girardi usó sus influencias y llamó precisamente a Blanco para hacer un reclamo en contra de los policías ­-saltándose la formalidad que debe seguir todo ciudadano- y logró que fueran sancionados, aunque la jefatura policial les anuló el castigo, atendido el escándalo que provocó el hecho en la opinión pública.
Girardi pidió disculpas públicas y debió explicar lo inexplicable, argumentando que, mientras a él le pasaban el parte, otros autos iban a más velocidad. "O todos o ninguno", dijo.
Desde ese instante se conoció que muchos personeros contactaban a la subsecretaria y presentaban reclamos cada vez que lo estimaban pertinente. Quedaba claro que se trataba de personas con acceso a una autoridad de este tipo. También hubo otros que siguieron la vía formal, es decir, por escrito.
Críticas públicas, tanto de la derecha como de la propia Concertación, recayeron en Blanco. Esta última defendió su actuar, señalando que cualquier denuncia, por la vía que fuera, debía canalizarla ante Carabineros, ya que guardarlas en el cajón resultaría "poco ético", según indicó.
Los oficios que no existen
La solicitud de acceso a la información llegó a la subsecretaría el pasado 30 de abril. Hasta allí el asunto caminaba bien. Anguita confiaba en que todo se cumpliría según la normativa y que podría acceder a los documentos que requería.
Pero el 29 de mayo, un documento firmado por la propia Blanco llegó hasta su domicilio. En él, la funcionaria le explicaba en cuatro puntos que se accedía a entregarle una lista, la que contiene 315 casos individualizados con sus respectivos oficios, pero no la forma en que fueron recepcionados por la subsecretaría, salvo en los que se pidieron por escrito. Tampoco le entregaron la identidad los recurrentes. En otras palabras, era un poco menos de la mitad de la información.
Sin embargo, a renglón seguido, la misma Blanco asegura, basándose en la propia Ley de Transparencia, que identificar a las personas que hay detrás de cada una de las 315 presentaciones, implica "distraer indebidamente" a funcionarios. Lo preocupante es que el oficio -Nº 1245- reconoce que la institución no cuenta con la cantidad de personas que corresponde para poder responder a la legislación estrella del gobierno de Bachelet.
Según la subsecretaria, el hecho de que Anguita quiera conocer los datos personales de los denunciantes, atenta contra la vida privada de los mismos, toda vez que algunos reclamos ingresaron por correo electrónico sin información personal.
Llama la atención que habiendo 315 casos, cada uno con su respectivo oficio de tramitación dirigido desde la Subsecretaría del ramo a Carabineros, no exista información de ellos. De estos, casi 120 son por procedimientos "mal adoptados".
Criterio policial
Pero no fue la única explicación que recibió Anguita. Hubo otra, esta vez del comandante de Carabineros Ramiro Larraín Donoso. El uniformado indicó que el año pasado hubo 684 presentaciones que ingresaron a través de la Dirección General. De esas, 539 -que corresponden a poco más del 80 %- fueron desestimadas. En el resto se constataron responsabilidades administrativas, las que recibieron sanciones que fueron desde la amonestación hasta la destitución.
Los argumentos entregados por la institución son los mismos a los vertidos por Blanco, salvo por un detalle. En el documento el uniformado consigna que "Carabineros sólo actúa frente a reclamos formales, por escrito, ratificados con posterioridad o efectuados de modo personal por el afectado". En otras palabras, tienen toda la información.
Anguita no se quedó tranquilo con la respuesta de la subsecretaria y presentó un reclamo y un recurso de amparo de acceso a la información ante el CDT.
En este cuestiona los argumentos vertidos por Blanco, aduciendo que carecen de validez, entre otros, porque desconocen la Constitución y la propia Ley de Transparencia.
En todo caso, no es la primera vez que Carabineros se ampara en el secretismo. En el sitio Ciper Chile saben muy bien del tema. En 2007 y 2008 pidieron información a la institución respecto a la cantidad de dinero que recaudaba el OS-10, el departamento que supervigila a los guardias de seguridad.
En una primea instancia se indicó que no se prestaban servicios a terceros, información avalada por la subsecretaria Blanco. Pero una vez que entró en vigencia la Ley de Transparencia, las cosas cambiaron. Dicho de otra forma, se había negado la información abiertamente, aunque posteriormente, mucho más allá del tiempo razonable según consigna el mismo portal de periodismo de investigación, los uniformados accedieron a revelar lo que la ley les ordena.
De hecho la Contraloría, en un dictamen del 15 de mayo pasado, le recuerda a la institución que los actos del Estado son públicos, esto a raíz de la solicitud de un teniente (r) que solicitó obtener copia de su hoja de vida funcionaria. Diez días más tarde hubo otra resolución respecto a una expulsión, que Carabineros quiso declarar "reservada", en circunstancia que la ley lo prohíbe.
Este medio intentó obtener una versión de parte de la subsecretaria, pero a través de su departamento de comunicaciones sólo se entregó una copia del documento enviado al abogado que recurrió por la información, la que en todo caso ya obraba en poder de El Mostrador.

Además:

Lea los documentos (en formato PDF):

Respuesta de la subsecretaria
Respuesta de Carabineros 1
Respuesta de Carabineros 2
Recurso de amparo ante el CDT del abogado Pedro Anguita
Dictamen Contraloría del 25.05.09
Dictamen Contraloría del 15.05.09

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/subsecretaria-de-carabineros-al-banquillo-del-consejo-de-la-transparencia/

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24 de Junio de 2009

Subsecretaria de Carabineros: “La ley la obliga a mantener reserva de los denunciantes”

Si el Consejo de la Transparencia establece una intencionalidad para ocultar la información en el caso de la solicitud planteada por el abogado Pedro Anguita la subsecretaria Blanco podría ser sancionada hasta con el 50 por ciento de su sueldo.

La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, comentó la solicitud del abogado Pedro Anguita quien pidió los datos de todas las gestiones que tramitó esa repartición ante la policía uniformada, afirmando que carece de personal para ir a cada uno de los hogares de las 315 denuncias, señalando demás que sin la autorización de esas personas la ley la obliga a mantener la reserva.“La misma ley establece que para poder entregar el nombre específico, el nombre y apellido de las personas que hizo cada una de estas solicitudes necesitamos la anuencia de ellos”, afirmó la subsecretaria Blanco al comentar un artículo aparecido en El Mostrador donde se dio a conocer el tema.La funcionaria indicó en declaraciones a Radio Bío Bío que “mientras no tengamos esa anuencia no tenemos como informar los nombres e identidades de esas personas”.Igualmente explicó que el resto de esa información el abogado Anguita la ha recibido y “si él no está conforme, por cierto en el marco de la ley de transparencia está en su derecho de hacer una presentación ante el Consejo de Transparencia que es lo que ha ocurrido”.El 30 de abril llegó a la Subsecretaría de Carabineros un documento dirigido a la titular de esa entidad Javiera Blanco de parte del abogado y doctor en derecho a la información Pedro Anguita en el que solicitaba la entrega de datos de denuncias o reclamos realizados en ese departamento en contra de la policía uniformada.En tanto antes de un mes y según lo establecido por la ley de transparencia llegó al domicilio de Anguita un documento firmado por la propia subsecretaria Blanco en que entregaba una lista de 315 casos que recibió durante 2008 y hacía una breve descripción de la denuncia pero sin establecer la identidad de quien presentó el reclamo.Para el abogado Anguita se trata de algo inadmisible “porque con esta información pretendí establecer el probable uso de influencias para conseguir algún tipo de beneficios” como a su juicio ocurrió con el caso del senador Guido Girardi quien se comunicó con la subsecretaria Blanco para reclamar por el supuesto maltrato que recibió de funcionarios de Carabineros que multaron a su chofer que desplazaba al parlamentario a más de 140 kilómetros por hora.El abogado Pedro Anguita explicó que lo que pretende es “poder saber que personas presentan una denuncia pública respecto de una situación pública de un institución pública”.Junto con señalar que no comparte el criterio de la subsecretaria y de la dirección general de Carabineros explicó que “no se puede esgrimir el derecho de la privacidad de sus denunciantes”.Ahora se está a la espera de lo que dictamine el Consejo de la Transparencia que de establecer una intencionalidad para ocultar la información la subsecretaria Blanco podría ser sancionada hasta con el 50 por ciento de su sueldo.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/subsecretaria-de-carabineros-la-ley-la-obliga-a-mantener-reserva-de-los-den//

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Acusan a policía de amenaza, tortura y apremio ilegítimo para inculpar a mapuche en atentado a fiscal Elgueta 24-06-09

Visita a presos políticos mapuche en Concepción:

Acusan a policía de amenaza, tortura y apremio ilegítimo para inculpar a mapuche en atentado a fiscal Elgueta

• “No tienen pruebas, solo nos acusan por pertenecer a una orgánica, pero este encarcelamiento lo asumimos con dignidad y resistencia”, señalan los presos. Tras una reciente visita a la cárcel El Manzano en Concepción pudimos constatar su espíritu altivo, pero también las huellas de las torturas aplicadas por funcionarios policiales. En dramático relato dan cuenta de estos abusos.

• “Estamos haciendo una defensa a ciegas por no tener acceso al expediente”, señala abogado defensor. Y el Juez de Garantía ha desestimado las denuncias de torturas, sin siquiera investigarlas. Médico constató lesiones por violencia policial tras su detención, sin que la institución entregue hasta ahora su versión oficial acerca de los hechos.

Por Elías Paillan, Observatorio Ciudadano, miércoles 24 de junio de 2009

Las miradas se cruzan en una fría y gris tarde de día sábado. Filas de hombres, mujeres y niños con bolsas en mano esperan para ingresar a la fría cárcel el Manzano, en Concepción. Los gendarmes de completo verde observan cada uno de los movimientos de los visitantes.

Los controles se hacen con rigidez, “especialmente en las chiquillas”, nos comenta una visita. Repentinamente uno de los gendarmes nos señala que la visita de los comuneros mapuche fue en la mañana, de las 9 en adelante. “Nos informaron que era de 13:30 a 16:30 horas”, respondimos. Otro guardia –sorpresivamente- nos indica que no podemos ingresar pues no nos parecemos a la foto de la cédula identidad, pero accede luego cuando le exhibimos la tarjeta de presentación personal, que me identifica como miembro de equipo del Observatorio Ciudadano.

Ya adentro, uno de los gendarmes nos acompaña hasta el comedor del módulo 9 donde se encuentran los comuneros mapuche detenidos el pasado 11 de abril, en el marco de un gigantesco operativo policial en la zona de Choque, comuna de Tirúa, en la octava región. Nos saludan amablemente con un fuerte apretón de manos y un abrazo e invitan a un plato de comida porque es hora de almuerzo.

Tortura y trato indebido en el caso de Jonathan Huillical

Uno de los presos es el joven estudiante Técnico en Alimentación del Instituto Inacap, Jonathan Huillical (24), que forma parte de la red de apoyo a las comunidades mapuche. Nos relata que el día de su detención en la ciudad de Temuco, el 14 de abril, una vez en el carro policial “los policías comienzan a golpearme en la cabeza y cara, para lograr que le dijera mi nombre, a lo cual accedí inmediatamente. Luego soy trasladado al cuartel de investigaciones en Temuco, en donde comienzan a golpearme nuevamente para comprobar mi domicilio, tras esto soy trasladado hacia mi casa en Labranza, por una caravana de seis vehículos aproximadamente”.

El trayecto Temuco-Labranza “fue bajo constantes golpes de puño en la cabeza y reiteradas amenazas de golpizas más grandes”. Ya en Labranza, mientras los policías procedían a allanar su casa, “el mismo rati se ensañó de nuevo conmigo, comenzando a golpearme una y otra vez, de golpe de puño en la zona de la cabeza, oído izquierdo y cuello”. El allanamiento duró veinte a treinta minutos, pero al volver al cuartel lo pasaron a una oficina del segundo edificio acompañado de tres oficiales, dos perros y un jeep. “Fui golpeado durante veinte minutos aproximadamente, en la cabeza, oído y testículos, todo para que me declarara culpable”, a lo él les preguntaba “de qué”, porque aún no se le informaba el motivo de su detención.

Luego quedó solo con el jefe de unidad, quien le señaló que estaba detenido por una agresión al fiscal Elgueta de Cañete, pero que él no conocía. Al terminar las amenazas psicológicas impartidas por este efectivo, quien “me decía que por “weon” iba a tener que pasar veinte años en la cárcel y que, si no decía nada, haría entrar a los otros dos para que siguieran la golpiza, pero gracias a chao gnechen ello quedó solamente en amenazas”, relata Huillical.

El joven estudiante, que no podía caminar bien y que presenta pérdida de audición en el oído izquierdo producto de los golpes, recuerda que cuando lo llevaron al Hospital Regional de Temuco para constatar lesiones, el doctor lo vio 10 segundos a un metro de distancia, entró a su oficina y le pasó una hoja a los policías que lo andaban trayendo, sin hacer un análisis exhaustivo. “Tuvo una atención deficiente, superficial y sin realizar ningún tipo de maniobra para la evaluación de la audición, ni del equilibrio y mucho menos la utilización de equipos como otoscopio, para ver si existía alguna lesión del oído izquierdo, como por ejemplo estructuras como la membrana timpánica”, señaló en un breve informe el Doctor Antonio Painecura, quien visitó a los presos el 21 de abril pasado.

De vuelta al cuartel lo dejaron esposado a una silla por unas horas. Como a las siete de la tarde, tras ser mostrado a la prensa como un verdadero delincuente, fue entregado a los policías de Concepción que habían viajado hasta Temuco exclusivamente a buscarlo. “Nunca pasó por mi cabeza lo que a contar de ese momento comenzaría a ocurrir, me comenzaron a amenazar con golpearme sin no les decía la verdad”, señala.

Una vez comenzado el viaje de Temuco a Concepción, los policías cumplieron sus amenazas y comenzaron a golpearlo en la cabeza y estómago. Le decían que traían a su pareja en un carro más atrás, “y que si no hablaba se iban a divertir con ella y le iban a hacer lo mismo que a mi. Aparte de eso me amenazaban con traer a mi madre que está en Lonquimay y con una guagüita que todavía no tenía 10 días”.

Tras dos horas aproximadamente de viaje y ya cansado por la golpiza y el ajetreo del día, Huillical se quedó dormido, pero el policía que estaba a su lado derecho tomándolo del pelo y torciéndole la cabeza le decía que todavía tenía que llegar a Concepción, “donde le iban a colocar electricidad en los cocos y además me decían que allá estaban esperándome los ratis a los que les había disparado y que me iban a sacar la chucha”. Mientras eso pasaba, el policía de la izquierda le daba golpes de puño en el estómago.

Una vez en Concepción lo pasaron a una oficina, arrodillado, esposado y con las piernas cruzadas. Pusieron su cabeza sobre un escritorio, comenzaron a golpearlo en el cráneo y rostro y darle patadas en la espalda. “Luego de un rato de golpiza uno de ellos salía y entraba a la oficina diciendo que estaba lista la sala para ponerme corriente. Al rato y ya exhausto por los golpes y amenazas, me hicieron firmar una declaración a la fuerza en la cual se me obligó a reconocer personas que jamás he visto en mi vida, y a relatar hechos en los que nunca he tenido participación”, señala Huillical.

A las 6 de la mañana aproximadamente lo tiraron a una celda para que “descansara un rato”. “No pude dormir nada, pues no podía apoyar la cabeza debido a los chichones que tenía producto de los golpes”, recuerda. No pasó ni una hora y lo sacan esta vez para trasladarlo a Cañete. En el camino le decían que tenía que decirle lo mismo al fiscal, por que ellos iban a estar ahí y si no lo hacía, ellos todavía iban a tener un rato para hacerlo hablar.

Una vez en Cañete, Huillical tuvo que hacer lo que le dijeron “por miedo a que me siguieran golpeando”. “Una vez ya en la formalización, mi abogado defensor mencionó la tortura a la que fui sometido. Al oír esto la magistrada de turno hizo caso omiso y el fiscal dijo que esto ‘estaba en mi imaginación’ ”.
El informe médico del doctor Painecura, describe respecto de Huilllical lo siguiente: Examen físico, inspección, aparentemente normal. Palpación: dolorosa a la tracción del pabellón auricular y compresión del trago de la oreja izquierda. No pude utilizar otoscopio ya que el recinto penitenciario no permite la entrada de estos equipos médicos. Maniobras de Romberg simple negativa y romberg sensibilizado levemente positiva. FR: 20 x min FC: 80 x min TA: no explorada (sin esfigmomanómetro), Impresión diagnóstica: Hipoacusia moderada postraumática, izquierda.”

“Desde el punto de vista clínico, los presos políticos Mapuche presentan daños físicos como consecuencia de brutales maltratos de agentes del estado chileno durante sus detenciones. Golpizas, tratos indignos e inhumanos, balazos, son algunas de las secuelas”, concluye.

Situación procesal y configuración de torturas

El abogado Pablo Ortega nos confirma que las personas procesadas por causas que están ante la fiscalía militar, además de su defendido, Jonathan Huillical Méndez, son Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Luis Menares Chanilao.
Ellos están sometidos a doble procesamiento por la justicia civil y la justicia militar, por los mismos hechos de agresión a una caravana de carabineros e investigaciones, donde habría habido intercambio de disparos. Señala que la prensa ha señalado que hubo un ataque al fiscal Mario Elgueta, pero es un delito inexistente, “porque no hay dolo, nadie sabía que él iba ahí, eso debía ser absuelto”, señala.
“En esta situación hubo trece personas detenidas a las que se aplicó la ley antiterrorista y secreto de seis meses por la justicia militar, donde ya existe el secreto de sumario. Si bien hay un caso, no nos han dado acceso al mismo, nos lo han negado, por lo que estamos haciendo un defensa a ciegas”, agrega el abogado, aclarando que “hemos hecho presentación en torno a que jurídicamente no pueden haber dos presentaciones respecto a un mismo hecho, y esas situaciones están en apelación en la Corte Marcial en Santiago”.
Respecto de las acusaciones sobre cuatro personas a las que él lleva su defensa, es categórico al afirmar que “son inocentes. No hay participación en el hecho”. Sin embargo, sobre el futuro del caso dice que no hay claridad, porque no hay conocimiento respecto de la investigación. Los acusados en este caso están privados del derecho a defensa, es una situación altamente injusta y arbitraria, y es muy difícil para los abogados trabajar en estas condiciones”, denuncia Ortega. Además se trata de detenciones masivas, por lo que para la familia es muy difícil colaborar con la defensa en términos de aportar antecedentes, documentos.
“Lo que más resalta es la arbitrariedad de la situación y que esto represente exportar el modelo de la novena región a la octava región: detenciones masivas, aplicación de ley antiterrorista, persecución a granel y después una investigación que termina sin que existan pruebas. Esto no se había visto en la octava región y los presos creen que es el triunfo del sector duro del Ministerio Público”.

“Pero el tema que más les preocupa a los presos es la tortura. Ellos derechamente han denunciado tortura, esta vez por parte de la policía de investigaciones. Pero aquí lo que enfrentamos es una política de estado que se ha extendido a todos los estamentos, tanto el Ministerio Público como la policía de investigaciones, donde resalta la arbitrariedad, la extrema violencia y los procedimientos antidemocráticos, como la tortura. El juez de garantía, frente a todas estas denuncias, no ha hecho nada, y por ello se está haciendo cómplice de esta situación”, afirma Ortega.
“La aplicación de golpes en los oídos y en la zona abdominal, donde no se dejan huellas, no es solo violencia, sino una situación científica de tortura. Y son los jueces de garantía los que tienen que atender estas denuncias y ordenar la investigación, más allá que el juez sea competente o no. Sin embargo, el juez no ha hecho nada, ha desestimado estas denuncias sin siquiera investigarlas”, acusa el abogado.

Silencio de la policía

Frente a los graves hechos mencionados recurrimos a la institución policial para obtener su versión. Por teléfono nos atendió el Subcomisario Arenas de Temuco, quien nos informó que no tienen un comunicado oficial al respecto, y que se debe hacer una investigación. Cualquier comunicación se dará conocer por medio de la Relacionadora Pública, Jacqueline Leal. Pero pese a que nos dieron su teléfono, nuestras llamadas no tuvieron respuesta para procurar una versión institucional, guardando silencio frente a estos hechos. fin

http://www.observatorio.cl/contenidos/naveg/navTpl.php?id=20090624095010
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Informe sobre invitación a las coordinadoras en el marco del museo de la memoria 16-06-09

Informe sobre invitación a las coordinadoras en el marco del museo de la memoria

Estimados/as compañeros/as:

Deseamos informarles que el martes 16 de Junio fuimos invitadas a participar de una muestra previa de lo que será el Museo de la Memoria en el salón Montt Varas del Palacio de la Moneda. Pudimos darnos cuenta de que las donaciones recepcionadas hasta el momento, están siendo muy bien protegidas y cauteladas, tanto es así que los objetos no pueden ser tocados con las manos, la mayoría se encuentra en caja de vidrio, ni tampoco se puede ingresar ingiriendo alimentos ni refrescos. A la entrada hay una persona que supervisa que este procedimiento sea cumplido. Es importante señalar que cada objeto tiene una historia y un significado especial para el donante que es expuesto en forma escrita pra poder darle un sentido a la donación efectuada. Por otra parte, nos encontramos sumamenta contentas de haber tenido la oportunidad de que la Presidenta Michelle Bachelet nos otorgara un tiempo especial y con una gran disponibilidad para darle a conocer de una forma directa el quehacer de nuestra agrupación, nuestra historia, el apoyo que estamos recibiendo por parte de Exil- España, la ONU y en forma especial del Dr. Arturo Jirón, como también nuestras demandas actuales. Lo anterior fue recibido por la mandataria de muy buena manera haciéndonos sugerencias de diversa índole especialmente en el aspecto de velar por la autenticidad de los casos valorando además, la responsabilidad con que se ha llevado el trabajo considerando el acompañamiento de profesionales con experiencia en el área. Tuvimos la oportunidad de entregarle la memoria realizada por el Dr. Jorge Barudy y su equipo y una carta de solicitud de audiencia en la que queremos darle a conocer con más detalle la crueldad a la que fuimos expuestos/as los niños y niñas en dictadura. La presidenta nos señaló que las gestiones con respecto al tema de un nuevo período de investigación está a cargo de la vocera de gobierno Sra. Carolina Tohá y de la voluntad política de los parlamentarios. Cabe señalar que como coordinadoras y voceras nos encontramos extremadamente satisfechas de haber accedido a la máxima autoridad de nuestro país para exponerle nuestro labor y requerimientos de reconocimiento y de reparación a los ex-menores víctimas de prisión política y/o tortura

-VIVIANA FERNANDEZ - MORELIA FERNANDEZ

Coordinadoras y Voceras de Agrupación de Ex- menores Víctimas de Prisión Política y/o Tortura

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“¿Cómo vas a hablar tú de descubrimiento, rey?” palabras que le dijo Hugo Chávez al Borbón 21 junio

Chávez sí habla claro

Enviado el Domingo, 21 junio a las 12:06:52

Hugo Chávez recuerda públicamente unas palabras que le dijo al Borbón: “¿Cómo vas a hablar tú de descubrimiento, rey?”


COSMOLOGIA OCCIDENTAL=CRIMINALES LESA HUMANIDAD

http://www.fotolog.com/kim_kupal_loncon/26782998


inSurGente.

- El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo que "hay quienes pretenden esconder la masacre" en América y rechazó que España celebre el bicentenario de las independencias de varios de los países del continente."Hay quienes pretenden esconder la masacre. Ya nombraron una comisión para conmemorar el bicentenario. "¿Europa tiene algo que conmemorar de la independencia?", se preguntó el presidente de los venezolanos.

"Una vez se lo dije al Rey de España: ¿Cómo vas a hablar tú de descubrimiento, rey?", relató Chávez tras reivindicar que es descendiente de caciques de los pueblos originarios de América, entre ellos del caraqueño Guaicaipuro.
En cambio, "tú eres descendiente de Fernando VII. Tú eres rey allá, aquí no", dijo que le señaló "con todo respeto" al monarca español y añadió que él se sentiría "un traidor" a su raza si se sintiera "subalterno del rey".

"No es en Europa que debe estar la dirección de la comisión (de conmemoración del bicentenario); es aquí donde tenemos que conmemorar el grito de rebeldía y de rebelión de nuestros pueblos, contra ellos precisamente", subrayó.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón, presidente de la Unión de Capitales Iberoamericanas, elogió en México el pasado 5 de junio que países latinoamericanos celebren sus independencias de España sin enfrentarse a la antigua metrópoli.

"No se está celebrando un bicentenario contra España, antes al contrario, son muchas las ciudades hermanas que nos están invitando a participar con ellos en esa fiesta", declaró Gallardón.

"Sería inteligente que consiguiésemos que el bicentenario, en lugar de recordar el punto de separación o divergencia, se convirtiese en el motor de un camino mucho más estrecho en los próximos años. Ése tiene que ser nuestro reto", enfatizó.

Chávez remarcó a su vez que "a los indios los descuartizaban" y "Europa no ha pedido perdón". "Ojalá algún día Europa pida perdón. Los (españoles) de hoy no lo hicieron. Reconozcan que los de ayer lo hicieron y no lo escondan, y dejen de hablar del descubrimiento", insistió.

http://www.redasociativa.org/elinsurgente/modules.php?name=News&file=article&sid=17000

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Soldados israelíes lucen camisetas con la leyenda "un disparo, dos muertes" bajo la imagen de una mujer palestina embarazada 20-06-09

Última moda fascista

Enviado el Sábado, 20 junio a las 11:02:08

por Erra

Soldados israelíes lucen camisetas con la leyenda "un disparo, dos muertes" bajo la imagen de una mujer palestina embarazada

Moda fascista israelíObserven el siguiente diseño que lucen con orgullo los soldados israelíes, fundamentalmente los pertenecientes a batallones de francotiradores.
El texto, en inglés, dice "un disparo, dos muertos" y acompaña a una mujer palestina (embarazada) en el objetivo de una mira telescópica.
No es un montaje. Lo muestra el diario israelí Haaretz en un artículo publicado ayer en su web.
Hay otros modelos con mezquitas bombardeadas, mujeres violadas, madres llorando sobre las tumbas de sus hijos y hasta una pequeña historieta con un bebé palestino que crece hasta convertirse en un muchachito combativo y después en un adulto armado, junto al texto "no importa cómo comience: nosotros lo acabaremos".
A confesión de parte, relevo de pruebas. No conformes con violar, asesinar y torturar de manera evidente, ahora lo promocionan en su vestimenta.
Moda fascista israelí 2009. No es de otoño, primavera o verano. La llevan en cualquier momento del año. Y lo hacen desde hace décadas.
Si bien los oficiales israelíes niegan que miembros de las diferentes unidades castrenses vistan este tipo de ropa, un soldado de la Unidad de Combate Givati reveló esta semana que, al final de 2008, su unidad mandó imprimir docenas de camisetas con algunos de los eslóganes racistas.
Preguntado por si la orden final para aprobar la vestimenta procedía de los altos mandos, el soldado aseguró que “estas compras suelen estar supervisadas por algún oficial”, aunque “no en todos los casos”.
Las tropas israelíes comenzaron a imprimir las franelas con consignas racistas acompañadas de atroces imágenes luego de la última invasión contra la Franja de Gaza, que duró 22 días, y causó la muerte de más de 1.300 palestinos y 5.000 heridos.
El diario israelí Haaretz reveló que las franelas utilizadas por el batallón de soldados Lavi lleva la frase “Vinimos, vimos, destruimos!”.
“Hay una percepción de que los palestinos no son personas ni tienen derechos y, por tanto, nada se puede hacer con él”, señaló el sociólogo de la Universidad Bar Ilan, Orna Sasson-Levy. El especialista aseveró que dentro de la sociedad israelí existe un proceso de radicalización contra el pueblo palestino y los soldados son los principales en impulsarlo.

Fuentes: ABN/ Haaretz

http://www.redasociativa.org/elinsurgente/modules.php?name=News&file=article&sid=16993

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ETA mata al inspector jefe de la Brigada de Información de Bilbao - Viernes, 19 junio a las 12:40:13

FRANCIA

Golpe a la ETA

La organización separatista vasca ETA sufrió ayer un nuevo golpe luego de que dos personas sospechadas de ser las cabezas del aparato de inteligencia fueran detenidas en las afueras de París. Según informó el Ministerio del Interior español, se trata de los etarras Javier Arruabarrena Carlos, de 37 años, considerado el máximo responsable del aparato de información de ETA y encargado de suministrar los datos a los comandos para realizar los atentados, y su lugarteniente Ohiana Garmendia Marín, de 32 años, ambos oriundos de Vizcaya. “Esta operación, en la que se trabajó durante mucho tiempo, culmina una semana de éxitos policiales que demuestran que las fuerzas de seguridad están trabajando con gran eficacia para acabar con ETA”, precisó ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, titular de la cartera del Interior en Madrid. Ambos etarras, que ya estaban fichados y tenían causas pendientes en España, fueron detenidos en su domicilio en Charenton le Pont, departamento de Van de Marne, en el sudeste de París, y en el momento del arresto estaban desarmados. Las detenciones sucedieron una semana después del asesinato con un coche bomba del jefe de la lucha antiterrorista Eduardo Puelles, la última de las más de 800 víctimas fatales de la ETA en sus cincuenta años de historia.


Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-127250-2009-06-26.html

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Atentado selectivo

Enviado el Viernes, 19 junio a las 12:40:13

por Erra

ETA mata al inspector jefe de la Brigada de Información de Bilbao

inSurGente.- El inspector del Cuerpo de Policía Nacional española y jefe del Grupo de Vigilancias Especiales de la Brigada de Información de Bilbao, encargada de reprimir a ETA, ha resultado muerto esta mañana en el barrio Ollargan de la localidad vizcaína de Arrigorriaga, muy próxima a Bilbao, tras explotar un coche bomba. Se llamaba Eduardo Puelles García (en la fotografía), tenía 49 años y era un policía de élite. Hagan clic en "Leer más" para ampliar la información.

La explosión se ha procudido a las 9.05 en un apacamiento exterior situado en la calle Santa Isabel del barrio Ollargan de Arrigorriaga, en el límite con el barrio bilbaino de Abusu, y ha matado a un jefe de la Policía española destinado en Bilbao.
No está claro si la bomba estaba colocada en los bajos del vehículo asignado al jefe policial o si estaba ubicada en un coche contiguo. Según testigos presenciales citados por la agencia EFE, el policía se encontraba en el interior de su coche, ya arrancado, cuando se ha producido la deflagración.
El consejero de Interior del Gobierno de Lakua, Rodolfo Ares, ha informado de que el fallecido es Eduardo Puelles García, jefe del Grupo de Vigilancias Especiales de la Brigada de Información de Bilbao, encargada de combatir a ETA, y tenía 49 años. Había nacido en Barakaldo y residía en Arrigorriaga, en la calle en la que se ha producido el atentado.
Su cuerpo se ha quedado en el interior del vehículo, que tenía placas "reservadas" por ser un miembro de las FSE.
Al parecer, ha sido su esposa la que ha alertado de que el fallecido podría ser su marido, según han relatado testigos presenciales. La mujer y sus dos hijos han sido conducidos a un centro hospitalario aquejados de una crisis nerviosa.
Cinco vehículos que se encontraban aparcados en las inmediaciones se han incendiado, lo que ha provocado una gran columna de humo que que se podía ver desde barrios próximos de Bilbao.
Los bomberos han logrado extinguir el incendio para las 10.00.
La Ertzaintza mantiene acordonada una amplia zona de seguridad en torno al lugar donde se ha registrado el atentado.
Al lugar se han desplazado autoridades y dirigentes políticos como el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares; el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao; el delegado del Gobierno español en la CAV, Mikel Cabieces; y el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, entre otros.
El lehendakari Pachi López también ha partido hacia Arrigorriaga tras comparecer en el Parlamento de Gasteiz.

Fuente: Gara

http://www.redasociativa.org/elinsurgente/modules.php?name=News&file=article&sid=16990


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CANAL 7 EMITIRA EL DOCUMENTAL M, DE NICOLAS PRIVIDERA, SOBRE LA DESAPARICION DE SU MADRE

CANAL 7 EMITIRA EL DOCUMENTAL M, DE NICOLAS PRIVIDERA, SOBRE LA DESAPARICION DE SU MADRE

“Buscar la identidad es algo universal”

Premiado por partida doble en el Festival de Mar del Plata 2007, el film de Prividera llega este viernes a la televisión abierta. “Es el fin de un camino y la apertura hacia las discusiones que pueda generar en los espectadores que lo desconocían”, dice.

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Por Oscar Ranzani

Pocas veces la televisión abierta deja de ser un espacio mezquino de entretenimiento superficial para convertirse en un lugar privilegiado para la preservación de la memoria. Vale mencionar que una de las excepciones fue Televisión por la Identidad, el ciclo pensado por las Abuelas de Plaza de Mayo que se emitió por Telefé en 2007 y que logró desterrar –al menos mientras duró– la premisa catódica de que los temas importantes no se llevan de la mano con las mediciones elevadas de rating. Ahora, la noticia es que el próximo viernes podrá verse una de las mejores películas argentinas sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que tiene un peso simbólico muy sólido ya que fue realizada por el hijo de una mujer desaparecida: M, dirigida por Nicolás Prividera, se exhibirá el viernes a las 0.30 por Canal 7, en el ciclo Ficciones de lo real, que conduce Diego Brodersen.

Ganadora del Premio Ernesto “Che” Guevara y del de la crítica en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2007, M es la ópera prima de Prividera y se estrenó en agosto de ese mismo año, con excelente repercusión entre la prensa especializada. En este film, Prividera va en busca del destino de su madre, Marta Sierra, una bióloga que trabajaba en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Castelar, donde también brindaba cursos de alfabetización y ejercía la militancia política. Hasta que cinco días después del golpe del 24 de marzo de 1976, fue secuestrada por un grupo de tareas y nunca más se supo de ella. Al comienzo de M, Prividera establece una especie de pesquisa, casi como un detective en busca de datos que le permitan armar la historia de su madre y cómo se produjo su desaparición. Si bien no puede averiguar tanto como deseaba, luego de un largo peregrinar por organismos de derechos humanos, el joven realizador se mete de lleno con el tema de la militancia política, al dar con el paradero de viejos amigos, compañeros y colegas de trabajo de su madre, estableciendo un recorrido que va desde lo personal hacia lo colectivo. En M, Prividera reivindica la militancia pero sin perder una mirada crítica sobre el modo de ejercerla: éste es uno de los ejes del documental.

M tiene su historia: en 2004, en pleno auge de la política de derechos humanos de la presidencia de Néstor Kirchner, Prividera –como buena parte de la sociedad– estuvo atento a un hecho que marcó la historia de la lucha contra la impunidad, cuando ya se vislumbraba que iban a ser derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “Con mi hermano, planteamos hacer algo judicialmente. Y como yo ya había investigado por mi cuenta antes y no había llegado a nada, y además se venía el aniversario de los 30 años del golpe, sentí que todo eso confluía para lanzarse a hacer la investigación definitiva de la cuestión y tratar de cerrarla”, comenta Prividera en diálogo con Página/12. “Eso incluía tratar de llevar un registro filmado de esa investigación, con la idea de que fuera una película pero sin la presión previa de hacer con eso una película. Es decir, la idea era tratar de ver después si había una película en ese material y, justamente, si valía la pena hacerlo público.” Después del rodaje, pasó aproximadamente un año, “donde todos esos tapes estuvieron en un cajón, y recién me puse a editar en 2006”, cuenta Prividera, quien agrega que, entonces, tuvo que tomar distancia de lo que había investigado, y “empezar a verlo con otros ojos, ya no con los ojos del investigador que estaba poniendo el cuerpo sino la mirada más distanciada del director”. Entonces, trató que su largometraje “justificara su propia existencia en términos de proponer algo nuevo que decir no sólo sobre la dictadura sino básicamente sobre el modo en que procesamos, vivimos y sufrimos actualmente la memoria de la dictadura en hechos del presente”. Es por eso que el cineasta estuvo atento a películas anteriores que se hicieron, “tratando de escapar un poco a ese fantasma inevitable del prejuicio del público en relación a que sobre la dictadura ya se ha dicho todo, ya se ha hablado todo y ya se ha filmado todo. Y ese prejuicio es parte del problema”, reconoce el director.

–¿Qué piensa que aportó su película a un tema ya abordado por otros cineastas?

–El planteo de la película con relación a otras anteriores (y esto lo encontré en el montaje y al tomar ciertas decisiones, como el hecho de no usar voz en off) tenía que ver justamente con tratar de hacer algo que no se hubiera hecho. A mí me parecía que, en general, lo que suele llamarse documental subjetivo trabaja básicamente con esa voz que muchas veces cierra un poco el punto de vista sobre la visión del director. Y, entonces, me impuse la renuncia a esa voz, y a que la película fuera contada más coralmente. A la vez, que intentara articular una historia comprensible, sin ser didáctica y mostrando, poniendo en evidencia o explicitando la dificultad en la construcción de esa historia, con todas las contradicciones, los claroscuros y los problemas que eso trae. Lo que pasa es que también, en cierto modo, la película nunca dejó de ser un diario filmado: está muy pegada a su momento. Si bien uno trabaja en una doble dimensión cuando hace una obra, la idea es que esa obra trascienda su tiempo y pueda ser vista a lo largo de los años y sobreviva, aunque siempre va a dar testimonio del momento en que fue hecha. Y está muy bien que así sea.

–Viéndolo a la distancia, ¿le quitaría o le agregaría algo a su documental?

–Es una película que podría haber sido muy diferente, dependiendo del momento en que fuera hecha, pero es lo mejor que pude hacer en ese momento o lo que surgió en ese momento. Probablemente, hoy haría hincapié en otras cosas, le daría un tono diferente. Y está muy bien que sea así. Es una película abierta, imperfecta, pero creo que ése es también su valor, en el sentido de que logra captar ese momento, esa búsqueda y las respuestas que fui encontrando. De algún modo, la respuesta del público de afuera me dio la pauta que, más allá de todas estas cosas que parecen hacerla muy situada en un espacio y un tiempo particular, la vuelve universal. La búsqueda de la identidad es un elemento universal que hace que se entienda en todas partes.

–¿Qué aspectos de la militancia aprendió a rescatar y, a la vez, a cuestionar a partir de realizar M?

–La militancia en abstracto es incuestionable. Para mí, tiene mucho más valor una generación militante que una generación apática. No hay ninguna duda. Creo que ésa es una de las derrotas culturales que sufrimos. Pero también es una derrota que se explica por el fracaso de ese proyecto. Y, entonces, ese fracaso necesita ser explicado, necesita ser repensado, necesita ser criticado, en el sentido más alto de la palabra crítica. Hay algunos que han hecho el intento de pensar críticamente su propia experiencia. Pilar Calveiro sería el caso prototípico que, en cierto modo, es un discurso con el que mi película dialoga o intenta dialogar. En todo caso, lo que no podemos sostener es una visión totalizadora, cerrada y maniquea de la historia. Esa visión también fue responsable, en parte, del fracaso de ese proyecto. Es decir, todo proyecto y visión progresista tienen que cimentarse en la crítica, empezando por la crítica de sus propias condiciones de producción y sus propias creencias. Justamente, para fortalecer a través de la crítica su propia mirada. En ese sentido, también creo que mi película no intenta, de ninguna manera, cerrar la cuestión ni proponer una mirada totalizadora y cerrada, sino simplemente plantear algunas preguntas y dejarlas para que las responda el espectador o quienes se sientan interpelados.

–El título del film agrupa un aspecto personal como es la inicial del nombre de su mamá, y otro político, como la inicial de Montoneros, la agrupación a la que pertenecía. ¿Es la combinación de estos dos aspectos la esencia del documental?

–Sí, claramente mi intención era hacer un cruce entre lo público y lo privado que, en realidad, se cruzan de por sí pero que para nuestra sociedad y nuestra ideología dominante parecieran ámbitos excluyentes. Y, a la vez, era mostrar cómo la memoria personal y familiar participa de la memoria histórica y cómo esa memoria histórica está tramada de todas esas pequeñas historias. Mi idea era, a través de la historia de una búsqueda y de un desaparecido, contar la historia de muchos otros. Y darle un rostro justamente a esa búsqueda que, en general, si no, aparece como un número abstracto. Creo que Todorov dijo “Miles de muertos son una estadística. Una muerte es una tragedia”. Justamente, fue parte también de la política de la dictadura borrar la dimensión humana, social, política de la represión. Es decir, condenarnos a la búsqueda personal y al lamento individual. Pero también esa M solitaria tiene que ver justamente con la idea de algo que permanece inarticulado, que el lenguaje no termina de poder explicar, explicitar, desarrollar y que, de algún modo, todo el tiempo está pendiente de ser dicho.

–¿La decisión de aparecer usted en escena fue puramente subjetiva o había algún otro motivo?

–En la película hay un cuerpo que está en el lugar de otro.

–¿Ante un cuerpo ausente, un cuerpo presente?

–Exactamente, ese cuerpo presente en búsqueda de un cuerpo ausente. Necesariamente tenía que estar en escena porque en el choque de ese cuerpo, de esa mirada con las otras, aparece la historia. Es decir, esa historia que se va desgranando no existiría sin alguien que va a buscarla. Por lo tanto, si yo lo hubiera dejado fuera de escena, hubiera sido ocultar esa condición. Finalmente, todas esas personas que terminan hablando, negándose, dialogando o discutiendo conmigo, lo hacen porque yo soy el hijo de esa persona a la que conocieron. Entonces, me parecía que, por ese lado, necesariamente el cuerpo debía estar. Y además, porque comulga con la ética general de la película: hay que poner el cuerpo; es decir, no hay modo de sumergirse en la historia o de tratar de rearmar una historia si no es comprometiendo el propio cuerpo.

–¿Qué significa que M pueda ser vista en televisión abierta?

–Es como el cierre del camino de la película y el lugar donde se va a encontrar con un público más amplio. A la vez, es tal vez el lugar natural de una película que busca interpelar a un espectador. Por lo tanto, en ese sentido, busca un espectador numeroso más que masivo. Creo que para documentales como éste, la televisión es un medio de llegada muy importante, como fin de camino y como apertura definitiva hacia las discusiones que pueda generar en esos espectadores que lo desconocían.

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http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/8-14227-2009-06-16.html
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Enríquez-Ominami y Frei enfrentados por la esposa de Lagos- 16 de junio de 2009

Martes 16 de junio de 2009 | 14:17

Lagos: Enríquez "ofendió" a las mujeres en general

Ex Presidente respondió a reacción del diputado en contra de críticas que le hizo su esposa Luisa Durán. Frei le enrostró contradicciones al ex PS.

El embate del diputado Marco Enríquez Ominami en contra de la esposa del ex Presidente Ricardo Lagos, Luisa Durán, recibió hoy una dura respuesta del ex mandatario poco después que la aludida le atribuyera "chocante machismo" al renunciado PS.

"Lo que me pareció muy ofensivo no para mi mujer sino para las mujeres en general es suponer que los maridos les damos instrucciones para lo que tienen que decir y lo repiten. Eso yo creo que no (se) condice con la mujer chilena", dijo Lagos.

Los dichos del legislador también fueron comentados hoy por el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, quien envió, dijo, "un saludo especial al (ex) Presidente Lagos y a su señora Luisa Durán por los ataques que ellos han recibido".

"No se puede estar hablando o denigrando el rol de la mujer en política y después decir que apoyamos a la Presidenta (Michelle) Bachelet. No creo que se pueda decir progresista y después estar diciendo que la derecha y la Concertación representan lo mismo", agregó.

La polémica entre Durán y Enríquez Ominami surgió luego que ésta apuntara contra el interés del parlamentario de postularse a La Moneda indicando que para ser Presidente se necesita mucho más que "haber hecho una película” ante lo cual éste la calificó como "mensajera del ex Presidente".

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090616/pags/20090616142349.html


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	Enríquez-Ominami: “Hay una obsesión por denostarme”
	Luisa Durán acusa “chocante machismo” de Enríquez
	Enríquez tilda a Durán de "mensajera" de Lagos

*********** 16 de Junio de 2009 Declaraciones de ida y vuelta Enríquez-Ominami y Frei enfrentados por la esposa de Lagos Luisa Duran dijo que para llegar a La Moneda se necesitaba cultura y no bastaba "haber hecho una película o leído un libro". Marco replicó, insinuando que la ex primera dama estaba actuando como "mensajera" del ex mandatario. Y ahora el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, solidarizó con ella y con su marido "por los ataques que han recibido". Por El Mostrador El abanderado presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, salió este martes en defensa de la ex primera dama Luisa Durán, por los "ataques" de los que ella y su esposo, el ex mandatario Ricardo Lagos, han sido objeto por parte del diputado y candidato Marco Enríquez-Ominami. Todo comenzó hace algunos días cuando Luisa Durán desestimó las condiciones que tiene el parlamentario ex PS para postular a la Presidencia. "Para ser presidente de Chile creo que se necesita experiencia y cultura, no haber ido al teatro, haber hecho una película o leído un libro, sino mucho más". Enríquez-Ominami no tardó en referirse a esas críticas, insinuando la posibilidad que Luisa Durán estuviera actuando como "mensajera" de Ricardo Lagos. "A mí me gusta la cultura cívica y quien no demostró mucha cultura cívica es quien se escondió, no quiso competir, quiso imponerse como candidato sin primarias, quien en vez de una elección prefirió una coronación. Espero que los mensajeros de estos líderes no sean sus señoras, los predicadores de los comandos, que sean ellos los que digan lo que piensan", sostuvo. Y ahora Frei, además de solidarizar con Lagos y su esposa, arremetió contra el diputado, a quien acusó de denigrar el rol de la mujer en la política y cuestionando su calidad de "progresista". "Quisiera aprovechar este momento para enviarle un saludo especial al presidente Lagos y a su señora Luisa Durán por los ataques que han recibido. Yo creo que no se puede andar hablando o denigrando el rol de la mujer en política y después decir que estamos apoyando a la Presidenta Bachelet", dijo durante una actividad en la sede de su comando en Providencia. Finalmente afirmó que "no creo que se pueda decir progresista y estar diciendo que la derecha y la Concertación significan lo mismo". Además: Escuche a Frei http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/enriquez-ominami-y-frei-enfrentados-por-la-esposa-de-lagos/ * *

Lo que el mensaje de Bachelet omitió 01-06-09

01 de Junio de 2009

Lo que el mensaje de Bachelet omitióLORENZO LONCON MELLADO LORENZO 01/06/2009 22:32. COSMOLOGIA OCCIDENTAL = DERECHO PENAL DEL ENEMIGO INTERNO CHILE = ESTADO ABSOLUTO = DOCTRINA DE LA ...
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LORENZO LONCON MELLADO LORENZO
01/06/2009 22:32 COSMOLOGIA OCCIDENTAL = DERECHO PENAL DEL ENEMIGO INTERNO
CHILE = ESTADO ABSOLUTO = DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL = DOCTRINA DEL SHOCK
http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/GULUMAPU:PREPARACIÓNTRIBUNALPERMANENTEDELOSPUEBLOSTEMUKO
PETU MONGUELEYIN - ¡¡MARICHI WEU!!
http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/REUNÓNCONRELATORESPECIALDEDERECHOSINDÍGENASONU.SR.JAMESANAYA-TEMUKO-3April





Lo que el mensaje de Bachelet omitió


Por José Aylwin*

El 21 de mayo pasado la presidenta Bachelet dio su última cuenta pública al Congreso Nacional. En ella hizo un recuento de lo realizado durante su gestión, refiriéndose extensamente a las políticas públicas, propuestas legislativas, medidas económicas impulsadas durante su mandato, y en particular en el contexto de la crisis financiera internacional, a objeto de lograr la "protección social" que definió como el sello de su gobierno. Se refirió a las acciones impulsadas para "apoyar a los grupos más vulnerables, combatir las discriminaciones, crear oportunidades para la clase media y reducir las desigualdades". Resumiendo las que identificó como las "grandes transformaciones sociales" impulsadas por su gobierno afirmó: "Hemos avanzado hacia un Estado que protege a las personas. Hacia una existencia más digna para todos los chilenos. Hacia una política cada vez más ciudadana".

A comienzos de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra, realizó el primer examen periódico universal de Chile. Mediante este examen, instituido el 2006 luego de la creación de esta instancia de la que Chile es parte, el Consejo analizó el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por nuestro país al amparo de tratados y otros instrumentos de derechos humanos voluntariamente aceptados. También en Ginebra este mes de mayo, el Comité Contra la Tortura de la ONU examinó el quinto informe periódico de Chile relativo al cumplimiento de la Convención Contra la Tortura de la que es parte.

Si bien ambas instancias valoraron algunos de los esfuerzos realizados por el Estado chileno desde 1990 a la fecha en materia de Derechos Humanos, la visión y conclusiones contenidos en sus respectivos informes difieren radicalmente de aquellas que la Presidenta Bachelet presentó en su mensaje al Congreso.

En efecto, ambas instancias de la ONU, una compuesta por Estados, y la otra por expertos independientes, manifestaron su preocupación precisamente por la desprotección en que se encuentran las personas y los pueblos que habitan el país en el ejercicio de sus más elementales derechos humanos.

Así, en el plano institucional ellas constataron que Chile no ha ratificado diversos tratados internacionales que apuntan precisamente a reconocer y a resguardar los derechos de la población, así como tampoco cuenta con instituciones (defensorías u otras) que permitan una efectiva protección de las personas frente a su violación; que no cuenta con un sistema electoral que permita a los ciudadanos el adecuado ejercicio del derecho de participación política; y que no reconoce en su constitución política a los pueblos originarios.

En materia jurídica, la ONU señaló que Chile mantiene vigente una ley de amnistía que ha obstaculizado la justicia frente a los graves crímenes ocurridos bajo la dictadura militar. Más grave aún, no cuenta con una justicia independiente para juzgar los delitos, entre ellos homicidios, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, que los integrantes de las fuerzas armadas siguen cometiendo en contra de la población civil, en particular en contra de los defensores de derechos humanos.

La ONU constató además que en Chile persisten situaciones de discriminación que al amparo de los compromisos internacionales suscritos por el Estado resultan inaceptables. Entre estas discriminaciones identificó aquella que afecta a los pueblos originarios, la que se expresa, entre otros ámbitos, en la pobreza que afecta a sus comunidades, en el otorgamiento de concesiones de explotación sobre sus tierras, y en la aplicación de legislación anti terrorista para enfrentar su protesta social. También identificó aquella que afecta a la mujer, que se manifiesta en las instituciones legales aún vigentes, como la sociedad conyugal, que lesiona sus derechos patrimoniales; la relativa a la negación de sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto terapéutico; la situación de violencia doméstica y aquella que les afecta en el ámbito del empleo y los ingresos.

Otras situaciones de discriminación identificadas por la ONU fueron aquellas que afectan a los niños y niñas, así como la que afecta a los migrantes que en número creciente llegan a Chile.

Llama poderosamente la atención la existencia de dos visiones tan contrapuestas de una misma realidad; la de Bachelet, que da cuenta un país que avanza en la protección e inclusión social, en el respeto de la derechos ciudadanos, con la de la comunidad internacional, que constata la precariedad de nuestras instituciones para reconocer y garantizar los mismos derechos, así como la persistencia de situaciones de discriminación intolerables en el siglo XXI.

Llama igualmente la atención la ausencia total de referencia en el mensaje presidencial de Bachelet a las conclusiones y recomendaciones de la ONU, más aún cuando en ella sostiene que Chile es un país respetuoso del derecho internacional. Habría sido esperable al menos una referencia a cómo su gobierno explica los evidentes déficits que el país tiene en el ámbito de los derechos humanos, y a cómo piensa abordar los desafíos planteados por la comunidad internacional en esta materia. Ello porque, como la Presidenta no puedo ignorar, sin reconocimiento pleno de los derechos humanos, sin mecanismos e instituciones para hacerlos efectivos, no hay protección social posible.




*José Aylwin es co-director del Observatorio Ciudadano.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/lo-que-el-mensaje-de-bachelet-omitio/
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Las últimas jugadas para desclasificar las leyes secretas del gobierno militar

Las últimas jugadas para desclasificar las leyes secretas del gobierno militar
Por Pedro Ramírez y Francisca Skoknic, CIPER | 11 de Junio de 2009 |

El mismo día en que la Comisión de Ética y Transparencia del Senado revisaba una apelación de CIPER para hacer públicas las leyes secretas del régimen militar, el presidente de la Cámara Alta, Jovino Novoa, anunció que se aceleraría la tramitación de un proyecto que permite desclasificar dichas normas. Mientras, la Contraloría analiza una solicitud de los senadores Nelson Ávila y Alejandro Navarro que busca interpretar la actual legislación para publicar automáticamente las leyes secretas. El ente contralor estudia además dar publicidad a los decretos reservados. Si alguna de estas iniciativas funciona, podrían conocerse los documentos que el Senado y la Contraloría guardan en sus respectivas cajas fuertes y cuya publicidad ha fracasado en repetidas oportunidades en los últimos 30 años.
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Desde que entró en vigencia la nueva Ley de Transparencia, CIPER ha presentado más de de medio centenar de solicitudes de acceso de información pública. La mayoría de las reparticiones se toman los 20 días hábiles legales para responder, pero el Senado fue uno de los más veloces: sólo seis días tardó en negar acceso a las leyes secretas dictadas durante el régimen militar. Ante la respuesta, CIPER apeló a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta, que sesionó esta semana y enviaría su deliberación en los próximos días.

La misma jornada en que la instancia parlamentaria se reunió a analizar la solicitud, el senador Jovino Novoa anunció que pidió a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia que acelerara la discusión de un proyecto de ley que levanta el secreto de dichos cuerpos legales. Según dijo a La Tercera, es una de las últimas tareas pendientes en cuanto a transparencia.

Una semana después de la primera solicitud hecha por CIPER al Senado, los senadores Nelson Ávila y Alejandro Navarro hicieron una presentación ante la Contraloría General de la República requiriendo “fiscalización e informe” respecto a la legalidad de mantener como secretas la leyes dictadas entre 1973 y 1990. El argumento de los senadores es que se requería una ley de quórum calificado para levantar el secreto y que la Ley de Transparencia se transforma en forma tácita en el cuerpo legal que deroga el carácter secreto, “pues esa ley de quórum calificado viene a regir la transparencia de los órganos del Estado”.

Si bien la Contraloría no tiene atribuciones para fiscalizar a un poder autónomo constitucional como el Legislativo, sí puede interpretar las leyes en cuestiones administrativas, por lo que actualmente se encuentra analizando si corresponde emitir una opinión jurídica. Sin embargo, en el entorno del contralor Ramiro Mendoza comentan que, conociendo su estilo, es altamente probable que tras el anuncio de Jovino Novoa se espere el avance legislativo antes de pronunciarse, de modo de no interferir en el trabajo del Senado.

La solicitud de los dos senadores no es la única que analizan en este momento. También recibieron una petición del Museo de la Memoria para que la Contraloría desclasifique aquellos documentos de caracter reservado que mantiene guardados en sus archivos.

En poder de la Contraloría se encuentran actualmente cientos de decretos caratulados como reservados. Compaginados en gruesos tomos empastados de color rojo, quienes los han visto relatan que éstos se encuentran en una caja fuerte ubicada en una oficina contigua al despacho del contralor Ramiro Mendoza. Una clave secreta los resguarda. Nueve de los volúmenes corresponden a decretos firmados durante el régimen militar. El décimo comienza en ese período, en 1988, pero termina en 1997, en plena democracia. Estos últimos serían relativos a materias de seguridad nacional.

Fuentes del ente contralor señalan que en términos generales, el espíritu del organismo es mantener la menor cantidad posible de documentos bajo el carácter de secreto o reservado, limitándose exclusivamente a aquellos que correspondan por ley, como por ejemplo los que afecten la seguridad nacional.

Las exigencias de mayor transparencia acordes a los nuevos tiempos y la vigencia de la Ley de Acceso a la Información podrían permitir que todos aquellos documentos salieran a la luz pública y ayudaran a reconstruir las decisiones administrativas de la Junta de Gobierno y del ex presidente Augusto Pinochet. (Ver recuadro)

Las polémicas leyes secretas
Pese a la negativa del Senado de dar a conocer las leyes secretas (vea la solicitud de CIPER y la respuesta del Secretario del Senado), invocamos el principio de divisibilidad establecido en la nueva Ley de Transparencia y el secretario del Senado, Carlos Hoffmann, acogió la solicitud de entregar al menos la nómina de las leyes. Nos envió un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de 1991. Éste incluye el primer estudio oficial sobre las leyes reservadas del régimen militar y una lista con el nombre y número de todos estos documentos, que actualmente se encuentran guardados en la bóveda del Senado (ver listado completo).

El análisis realizado en ese momento incluye información en manos de la Contraloría (57 leyes, 40 decretos leyes y 28 decretos con fuerza de ley) y también del Diario Oficial, que envió una nómina de159 cuerpos normativos. Éstos cumplieron con la formalidad de ser publicados, pero en ediciones restringidas y de contados ejemplares, con lo cual mantuvieron su carácter secreto. En algunos casos no se ubicó el texto de la norma y no se sabe quiénes eran los destinatarios de los ejemplares que se imprimieron. Otros fueron publicados en el Boletín Oficial del Ejército e incluso hay algunos previos a la Constitución de 1980 que no se sabe si alguna vez cumplieron con el requisito legal de ser publicados.

Por ejemplo el DL 1629 de 1976 que modifica la Ley de Movilización Nacional, que al parecer solo fue comunicado a las autoridades que debían darle cumplimiento, pese a que su sanción máxima llegaba a la pena de muerte.

La norma estuvo vigente durante 14 años y el diputado Jorge Burgos reveló el contenido del artículo 32 en la sala de la Cámara Baja en junio de 2004: “Aquellos que propalaren noticias o divulgaren secretos, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio sobre las condiciones, características, especificaciones y fines de un invento utilizado por el Estado, de conformidad con el artículo 12, letra g) del presente decreto ley, serán penados con presidio mayor, en cualquiera de sus grados, a muerte.”

-Vamos a dejar atrás el discutible privilegio de pertenecer al club legislativo más curioso del mundo, el de los países con leyes secretas-, decía entonces Burgos, en el medio de la sesión en que se debatía un proyecto de ley presentado por el diputado Gabriel Ascencio que buscaba terminar con la reserva de estas leyes. Sin embargo, su tramitación se estancó en el Senado.

Gran parte de las leyes reservadas hablan de las plantas de funcionarios de las FF.AA y también de la CNI (DL Nº 2.991), pero el mismo Ascencio reveló en sala el contenido de varias otras normas secretas que llaman la atención, pues hablan de millonarias operaciones financieras:

• DL Nº 1.589, de 1976, que autorizó el traspaso de 1.017 millones de dólares de sobresueldos a gastos generales en la Armada.
• DL Nº 1.599, de 1976, que autorizó el traspaso a la Armada de 150 mil dólares desde sobresueldos a material militar policial y gastos de maniobras.
• DL Nº 2.576, de 1979, que autorizó al fisco para contraer con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 100 millones de dólares para la Fuerza Aérea de Chile.
• DL Nº 2.822, de 1979, que autorizó al fisco para contraer con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 100 millones de dólares para el Ejército.
• DL Nº 2.823, de 1979, que autorizó al Presidente de la República para contratar con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 80 millones de dólares para la Armada.
• DL Nº 3.527, de 1980, que dispone que la Tesorería General de la República asignará 50 millones de dólares al Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de cubrir la diferencia generada por la adquisición de material bélico.
• Ley Nº 18.090, que asigna 100 millones de dólares al Ministerio de Defensa Nacional.
• DL Nº 3.466, de 1980, que autorizó al Presidente de la República de la época para contraer obligaciones en el exterior hasta por la suma de mil 259 millones 640 mil schillings austriacos o dólares estadounidenses. Del objetivo de este decreto ley, obviamente, no existe información y eso lo ha convertido en uno de los más cuestionados.

Durante la tramitación del proyecto de Ascencio, los diputados estuvieron de acuerdo en la desclasificación. Se detectó que desde 1900 se habían dictado 205 leyes secretas, de las cuales 143 correspondían al régimen militar. Había incluso cuatro normas reservadas de 1998.

La entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aprobó la iniciativa y su subsecretario de Marina, Carlos Mackenney, fue el encargado de monitorear el avance legal. Ante la Comisión de Defensa, Mackenney hizo la prevención de que había textos que se referían a “materias que se relacionan directamente con la seguridad del Estado y la defensa nacional”, por lo que los diputados acordaron excluir 33 leyes de la desclasificación. De aquellas que había detallado Ascencio en la sala, sólo se haría pública aquella referida a la planta de la CNI. Todas las otras, que hablan de millonarios movimientos presupuestarios para las Fuerzas Armadas, permanecerían secretas. Según testigos de la época y acorde con las fechas, esto se debería a que se referían a compras de armamentos debido a conflictos con países limítrofes.

“El proyecto pasó al Senado, donde quedó paralizada hasta hoy, porque no tuvo empuje. En la Cámara se movió por el interés de Ascencio y mío hasta donde pudimos, porque el gobierno no tenía interés en este tema, por el contrario, diría que le molestaba, que le preocupaba”, recuerda el diputado Burgos.

El proyecto de ley se dormiría para siempre en el Senado, donde otro texto de similares características ya había corrido la misma suerte en 1997.

Historia de un hallazgo
“Artículo único transitorio.- Los artículos 9°, 10 y 11 del presente decreto ley se publicarán en un anexo de circulación restringida del Diario Oficial”. La frase final del DL 521 de 1974 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) fue la hebra seguida por largo tiempo por el abogado de derechos humanos Roberto Garretón. Se trataba de un resquicio legal que permitía que esos tres artículos permanecieran secretos.

Para Garretón el descubrimiento era importante no sólo porque -como escribiría más tarde- esos tres artículo “explican el inmenso poder que tuvo la DINA y la participación en sus operativos de agentes de todos los servicios de Inteligencia”. Su persistencia le permitió descubrir algunas “joyas”, como el decreto de movilización nacional que tenía artículos secretos que incluían sanciones penales. El mismo que décadas más tarde sorprendería al diputado Burgos y cuya existencia en esa época fue negada por el entonces abogado del Ministerio del Interior, Ambrosio Rodríguez. “Era una ley penal, con delitos, que en determinados casos podía llegar hasta la pena de muerte y no estaba publicada la ley”, enfatiza Garretón.

Revisó entonces las colecciones de leyes, fue al Diario Oficial, donde descubrió que había decretos y leyes que aún no habían sido publicadas, y en la colección de la Contraloría, que resultó ser mucho más afinada. Ahí se encontró con decretos de ley reservados o confidenciales, que esta vez sí estaban rotuladas como tales. Empezó a anotar los resultados de sus pesquisas. Revisó también la información de la Corte Suprema y los índices históricos del Colegio de Abogados, donde descubrió que existían leyes secretas en democracia. Cuando en 1985 publicó un largo artículo en la revista de derechos humanos de la Academia de Humanismo Cristiano, su catastro era detallado: 12 normas secretas entre 1926 y 1973; 50 entre el golpe de estado y 1980; 18 tras la vigencia de la nueva Constitución.

Su interés estaba íntimamente ligado a su rol como abogado de derechos humanos. Como en principio la DINA no tenía facultades para detener personas, quedaba la duda de si los artículos secretos de su decreto ley lo autorizaban. Comenzaron a alegar en los amparos en la corte para que se dieran a conocer las normas secretas.

-A la quinientava vez, la corte pidió al secretario certifíquese si se ha recibido (esa norma) y certificaron que sí se había recibido, pero que era secreta y no nos dieron el contenido. Nunca nos dieron el contenido, pero estaba claro y les quedó claro, para todos los que ahora dicen “yo no supe”, que sí había leyes secretas.

La recuperación de la memoria
Para diciembre próximo está planificada la inauguración del Museo de la Memoria, que se construye en calle Matucana. En el lugar donde originalmente se contemplaba el emplazamiento de una estación intermodal del Transantiago, se guardarán y expondrán documentos históricos del Régimen Militar, particularmente los relativos a las violaciones de los derechos humanos.

“Nos interesa tener los archivos administrativos del período, por lo que se está haciendo un trabajo de recopilación. La idea es difundir el conocimiento de lo que pasó en el país. Mostrarlo y que se use en investigación. Que se transforme en el centro referencial de derechos humanos”, explica María Luisa Ortiz, la encargada de colección del museo. Algunos documentos se expondrán en la muestra permanente y otros se guardarán en un gran archivo documental o en la biblioteca digital.

Actualmente se encuentran buscando en múltiples reparticiones públicas aquellos documentos que hasta ahora no se conocen. Como parte de esta labor, recurrieron a la Contraloría, que guarda un número indeterminado de decretos secretos dictados durante el régimen militar. La solicitud del Museo de la Memoria fue acogida con buena disposición, pero actualmente se encuentran realizando un estudio jurídico para evaluar qué documentos pueden ser desclasificados.

De acuerdo a fuentes que han tenido acceso a los decretos que guarda la Contraloría, gran parte de ellos están vinculados a listas de personas exiliadas o a las cuales se prohibió el acceso al país que ya no tienen razón de ser reservados. Es probable que los documentos no revelen grandes secretos, pero pueden ser importantes para la investigación histórica de los hechos ocurridos después de 1973.

Nota: En la columna derecha puede descargar los documentos relativos a este reportaje y los artículos relacionados.

http://ciperchile.cl/2009/06/11/las-ultimas-jugadas-para-desclasificar-las-leyes-secretas-del-gobierno-militar/
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"Los Amigos del Doctor Schäfer", de los periodistas Claudio Salinas y Hans Stange -11-06-09

11 de Junio de 2009

"Los Amigos del Doctor Schäfer", de los periodistas Claudio Salinas y Hans Stange
El libro que vincula a Luis Ortiz Quiroga con la Colonia Dignidad
El texto editado en 2005 revela que el nuevo vicedecano de Derecho de la U. de Chile y destacado penalista logró que uno de los primeros fugados de la Villa Baviera, Wolfgang Müller, quien denunció atroces castigos y violaciones, fuera condenado a 5 años y un día por injurias y calumnias. En 1976 Quiroga fue quien logró que Paul Schäfer lograra adoptar a Rebeca, una niña que les fue arrebatada a sus padres biológicos.

Por Jorge Molina Sanhueza

Las aguas en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile parecen calmarse poco a poco, luego de la designación como vice decano del destacado penalista Luis Ortiz Quiroga.

Sin embargo, su nombre podría abrir un nuevo debate debido a que aparece ligado a la Colonia Dignidad en el libro "Los Amigos del Doctor Schäfer", escrito por los periodistas Claudio Salinas y Hans Stange, editado por Debate en 2005, donde se relatan las labores que Quiroga realizó como abogado a favor de la Villa Baviera en 1967.

En aquel año, Wolfgang Müller se fugó de la Colonia Dignidad y denunció abusos sexuales y brutales castigos por parte del líder del enclave germano ubicado en la zona precordillerana de Parral. Debido a ello Schäfer se querelló en contra del joven. El abogado patrocinante que presentó la querella fue Ortiz Quiroga. Müller fue condenado a cinco años y un día por el delito de injurias y calumnias y por el robo de un caballo. Sin embargo, antes de ser notificado de la sentencia el joven logró huir del país con destino a Alemania.

La participación de Quiroga como abogado de Schäfer en este caso no es lo único que revela el texto. El jurista también apoyó legalmente el desafuero del entonces intendente de Linares, región a la que pertenece la Villa Baviera, Héctor Taricco. Este último había ordenado abrir un camino que los colonos habían cerrado.

La adopción de Rebeca

Si bien es cierto a fines de los 60 la Colonia tenía una red de protección transversal entre las autoridades políticas y judiciales y poco se sabía de los delitos que se cometían al interior, lo cierto es que diez años más tarde, en 1976, esta percepción había cambiado.

Hay que recordar que ya en esa fecha, al interior de Villa Baviera se producían brutales torturas a los detenidos por la DINA y se fabricaron armas y venenos para esta última, tal como dan cuenta varios procesos judiciales por violaciones de derechos humanos.

En ese contexto es que Ortiz Quiroga, señala el texto, tramita y logra que Schäfer adopte a una niña de padres chilenos. Esta última asumió el apellido de su padre y fue una de las mujeres que huyó junto al "tío permanente" hacia Argentina, donde permaneció oculto de la acción de la justicia desde 1997, hasta que en 2005 fue detenido y enviado a Chile.

Rebeca, a los siete años, fue internada por sus padres biológicos, Roberto y Juana, en el hospital El Lavadero, ya que padecía desnutrición, dice el libro. Sin embargo Schäfer, paulatinamente fue cerrándole las visitas a los progenitores, hasta apropiársela. El texto señala que hay un elemento común: fue Schäfer quien contrató al profesional en las dos oportunidades.

Amplia trayectoria

Ortiz Quiroga pertenece a uno de los estudios más prestigiosos del país. Se dice que ayudó a salvar a muchas personas de la represión en los años más duros de la dictadura militar. Es también un abogado muy respetado entre los ministros de la Suprema, junto a sus contactos políticos, principalmente en la Democracia Cristiana, a la que está vinculado.

Este diario intentó obtener una versión de Ortiz Quiroga pero su secretaria indicó que estaba haciendo clases en la universidad, por lo que no podía responder.

Para el vocero de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Branislav Marelic, "no se debería mezclar el pasado profesional con la trayectoria académica", dijo al ser inquirido.

"Nos reunimos con Ortiz, le presentamos acuerdos y demandas y ratificó los acuerdos. Creemos que es un vicedecano de consenso, intachable académica y éticamente. Por eso estamos por deponer la toma", explicó Marelic.

También se requirió la opinión de Hans Stange, uno de los autores del libro, quien se limitó a decir que la vinculación del abogado con la Villa Baviera, "es todo lo que está en el libro".

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http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/el-libro-que-vincula-a-luis-ortiz-quiroga-con-la-colonia-dignidad/

Martes 9 de junio de 2009 | 10:40
/ Agencias
Inaguran centro de investigación de cultivos único en Sudamérica

Con una inversión público-privada de US$ 20 millones, se puso en marcha el centro de investigación de cultivos para la exportación de la empresa multinacional suiza Syngenta, en el valle de Azapa, en Arica.

La iniciativa, dada conocer por el subsecretario de Economía, Jean-Jacques Duhart, constituye una experiencia inédita para el desarrollo de agricultura de alta tecnología, cuentan con el invernadero más moderno de Sudamérica y generará 150 nuevos empleos de alta calidad para la región.

La puesta en marcha de este centro “consolida a Arica Parinacota como un actor protagónico de la industria de servicios globales, una de las de mayor potencial de desarrollo en Chile, tanto a nivel de inversiones como de generación de empleos de alta calidad”, destacó la autoridad.

Chile es el sexto exportador mundial de semillas y el primero del hemisferio sur, con ventas que en 2008 totalizaron US$ 290 millones y 111% de crecimiento, respecto del año anterior. La puesta en marcha del centro de cultivos de Syngenta en Azapa se enmarca en alto potencial de desarrollo del sector en la región, donde ya han instalado otras empresas internacionales, entre ellas Pioneer Dupont, Massai y Sakata.

La nueva estación, que cuenta con un financiamiento de US$ 1,7 millones aportados por Innova Chile de Corfo, a través del programa de alta tecnología.

El gerente general de Syngenta Chile, Rafael Del Río, indicó que “este centro de investigación es una muestra del compromiso de Syngenta con la investigación y la innovación tecnológica para el desarrollo de una agricultura sustentable”.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090609/pags/20090609104051.html
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Militante de H.I.J.O.S. denunció a la candidata Unión-PRO por haber cobrado indemnización para familiares de víctimas del terrorismo de Estado 09-06-

CLAUDIA RUCCI FUE ACUSADA POR ESTAFA ANTE LA JUSTICIA

Para que se ponga de acuerdo

Un militante de H.I.J.O.S. denunció a la candidata de Unión-PRO por haber cobrado una indemnización para familiares de víctimas del terrorismo de Estado aceptando que su padre fue asesinado por la Triple A. Ahora ella dice que el crimen fue cometido por Montoneros.

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La polémica por el caso Ru-cci continúa. Un integrante de la agrupación H.I.J.O.S. denunció judicialmente a la hija del ex jefe de la CGT por haber cobrado una indemnización destinada a los familiares de víctimas del terrorismo de Estado, de fuerzas paramilitares o de seguridad muertas antes del 10 de diciembre de 1983. Aníbal Facundo Martínez Soler, hijo de desaparecidos y querellante en la causa Triple A, acusó a Claudia Rucci de haber cobrado la indemnización estatal y aseguró que no le correspondería: desde hace dos años, la candidata a diputada de Unión-PRO sostiene que a su padre lo mataron los Montoneros.

En medio de la campaña electoral, la muerte de José Ignacio Ru-cci entró en la agenda política. Su hija y candidata del espacio de Francisco de Narváez responsabiliza a la agrupación Montoneros, y suele aludir a los viejos militantes que ahora pertenecen al espacio político del kirchnerismo. Entre los aludidos estuvo el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, a quien ella le pidió que diga todo lo que supuestamente tiene para decir.

Aníbal Fernández le respondió dos semanas atrás. Explicó que Claudia Rucci había aceptado que a su padre lo habían matado dentro de las políticas del terrorismo de Estado porque ella, su hermano y su madre firmaron en 1989 el pedido de reparación económica que otorga el Estado en el marco de la ley 24.411. La indemnización fue de 224 mil dólares e implica que la familia acepta que los responsables de la muerte del familiar fueron alguna de las tres Fuerzas Armadas o de los aparatos paraestatales.

Rucci es actriz, candidata a diputada y ex compañera de trabajo de Carlos Kunkel, Rodolfo Ojea Quintana, Juan Carlos Dante Gullo y Hugo Perié, del grupo Michelángelo. En declaraciones públicas formuladas en 2004, Claudia Rucci no sólo estaba a gusto en su trabajo con ellos, sino que también estaba a gusto con sus ideas políticas. “Un día hablé largamente con Dante y después con el Tojo (Ojea Quintana) y ellos me aseguraron –y yo les creo– que en el ámbito en que militaban jamás se planificó el asesinato de mi padre. Y les tengo respeto porque son gente que se jugó por sus ideales”, declaró.

Para entonces, Rucci había vuelto a la política, estaba en el oficialismo y defendía las ideas de Néstor Kirchner y de CFK. Pero eso cambió con la inclusión de Rucci en la campaña de De Narváez y ya desde 2008 con la publicación de Operación Traviata, el libro de Ceferino Reato en el que formula la hipótesis de que a Rucci lo mataron los Montoneros.

En ese contexto, Martínez Soler sostiene ahora que la indemnización de los Rucci es ilegítima. Hijo de desaparecidos, querellante en la causa por los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y patrocinado por Daniel Stragá, Martínez Soler le pide a la Justicia Federal una investigación para determinar si los Rucci cometieron una estafa contra la administración pública, ya que Montoneros es una organización de civiles. “Muchos hijos de desaparecidos aún no cobraron la indemnización y, sin embargo, sí la cobró ella, que es hija de un represor que apareció en todos los actos públicos de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), brazo armado de la Triple A en Mar del Plata y La Plata”, denunció.

A José Ignacio Rucci, que era referente del ala derecha del tercer gobierno peronista, lo acribillaron a la salida de la casa en la que paraba, sobre la avenida Avellaneda en el barrio de Flores. Lo mataron al mediodía del 25 de septiembre de 1973, dos días después de que Juan Domingo Perón fuera elegido por tercera vez presidente.

Permalink:

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