viernes, 21 de enero de 2011

Es hora ya de hacer algo- Fidel Castro Ruz

Es hora ya de hacer algo

20 Enero 2011

Contaré un poco de historia.

Cuando los españoles “nos descubrieron”, hace cinco siglos, la cifra estimada de la población de la Isla no sobrepasaba los 200 mil habitantes, los cuales vivían en equilibrio con la naturaleza. Sus fuentes principales de alimentos provenían de ríos, lagos y mares ricos en proteínas; practicaban adicionalmente una agricultura rudimentaria que les suministraba calorías, vitaminas, sales minerales y fibras.

En algunas regiones de Cuba aún se practica el hábito de producir el casabe, una especie de pan elaborado con yuca. Determinados frutos y pequeños animales silvestres complementaban su dieta. Fabricaban alguna bebida con productos fermentados y aportaron a la cultura mundial la nada saludable costumbre de fumar.

La población actual de Cuba es posiblemente 60 veces mayor a la existente entonces. Aunque los españoles se mezclaron con la población autóctona, prácticamente la exterminaron con el trabajo semiesclavo en el campo y la búsqueda de oro en las arenas de los ríos.

La población indígena fue sustituida por la importación de africanos capturados a la fuerza y esclavizados, una práctica cruel que se aplicó durante siglos.

De gran importancia para nuestra existencia fueron los hábitos alimenticios creados. Fuimos convertidos en consumidores de carne porcina, bovina, ovina, leche, queso y otros derivados; trigo, avena, cebada, arroz, garbanzo, alubias, chícharos y otras leguminosas provenientes de climas diferentes.

Originalmente disponíamos de maíz, y se introdujo la caña de azúcar entre las plantas más ricas en calorías.

El café fue transferido por los conquistadores, desde el África; el cacao lo trajeron posiblemente de México. Ambos, juntos al azúcar, tabaco y otros productos tropicales, se convirtieron en enormes fuentes de recursos para la metrópoli después de la rebelión de los esclavos en Haití, ocurrida a principios del siglo XIX.

El sistema de producción esclavista perduró, de hecho, hasta la transferencia de la soberanía de Cuba a Estados Unidos por el colonialismo español que, en cruenta y extraordinaria guerra, había sido derrotado por los cubanos.

Cuando la Revolución triunfó en 1959, nuestra isla era una verdadera colonia yanki. Estados Unidos había engañado y desarmado a nuestro Ejército Libertador. No se podía hablar de una agricultura desarrollada, sino de inmensas plantaciones explotadas a base de trabajo manual y animal que en general no usaban fertilizantes ni maquinarias. Los grandes centrales azucareros eran propiedades norteamericanas. Varios de ellos poseían más de cien mil hectáreas de tierra; otros alcanzaban decenas de miles. En conjunto eran más de 150 centrales azucareros, incluidos los de propiedad de cubanos, los cuales laboraban menos de cuatro meses al año.

Estados Unidos recibió los suministros azucareros de Cuba en las dos grandes guerras mundiales, y había concedido una cuota de venta en sus mercados a nuestro país, asociada a compromisos comerciales y a limitaciones de nuestra producción agrícola, a pesar de que el azúcar era en parte producida por ellos. Otras ramas decisivas de la economía, como los puertos y refinerías de petróleo, eran propiedades norteamericanas. Sus empresas poseían grandes bancos, centros industriales, minas, muelles, líneas marítimas y férreas, además de servicios públicos tan vitales como los eléctricos y telefónicos.

Para los que deseen entender no hace falta más.

A pesar de que las necesidades de producción de arroz, maíz, grasa, granos, y otros alimentos era importante, Estados Unidos imponía determinados límites a todo lo que compitiera con su propia producción nacional, incluida el azúcar subsidiada de remolacha.

Desde luego, en cuanto a la producción de alimentos es un hecho real que dentro de los límites geográficos de un país pequeño, tropical, lluvioso y ciclónico, desprovisto de maquinaria, sistemas de presas, riego, y equipamiento adecuado, Cuba no podía disponer de recursos, ni estaba en condiciones de competir con las producciones mecanizadas de soya, girasol, maíz, leguminosas y arroz de Estados Unidos. Algunas de ellas como el trigo y la cebada no podían ser producidas en nuestro país.

Cierto es que la Revolución Cubana no disfrutó un minuto de paz. Apenas se decretó la Reforma Agraria, antes de cumplirse el quinto mes del triunfo revolucionario, los programas de sabotaje, incendios, obstrucciones y empleo de medios químicos dañinos se iniciaron contra el país. Estos llegaron a incluir plagas contra producciones vitales e incluso la salud humana.

Al subestimar a nuestro pueblo y su decisión de luchar por sus derechos y su independencia cometieron un error.

Por supuesto que ninguno de nosotros poseía entonces la experiencia alcanzada durante muchos años; partíamos de ideas justas y una concepción revolucionaria. Quizás el principal error de idealismo cometido, fue pensar que en el mundo había una determinada cantidad de justicia y respeto al derecho de los pueblos cuando, ciertamente, no existía en absoluto. De eso, sin embargo, no dependería la decisión de luchar.

La primera tarea que ocupó nuestro esfuerzo fue la preparación para la lucha que se avecinaba.

La experiencia adquirida en la batalla heroica contra la tiranía batistiana, es que el enemigo, cualquiera que fuese su fuerza, no podría vencer al pueblo cubano.

La preparación del país para la lucha se convirtió en el esfuerzo principal del pueblo, y nos llevó a episodios tan decisivos como la batalla contra la invasión mercenaria promovida por Estados Unidos en abril de 1961, desembarcada en Girón escoltada por la infantería de marina y la aviación yanki.

Incapaz de resignarse a la independencia y al ejercicio de los derechos soberanos de Cuba, el gobierno de ese país adoptó la decisión de invadir nuestro territorio. La URSS no tuvo absolutamente nada que ver con el triunfo de la Revolución Cubana. Esta no asumió el carácter socialista por el apoyo de la URSS, fue a la inversa: el apoyo de la URSS se produjo por el carácter socialista de la Revolución Cubana. De tal modo es así que cuando la URSS desaparece, a pesar de eso, Cuba siguió siendo socialista.

Por alguna vía la URSS conoció que Kennedy trataría de usar con Cuba el mismo método que ella aplicó en Hungría. Eso indujo a los errores que Jruschov cometió con relación a la Crisis de Octubre, que me vi en la necesidad de criticar. Pero no solo se equivocó Jruschov, se equivocó también Kennedy. Cuba no tenía nada que ver con la historia de Hungría, ni la URSS tuvo nada que ver con la Revolución en Cuba. Esta fue fruto única y exclusivamente de la lucha de nuestro pueblo. Jruschov tuvo solo el gesto solidario de enviar armas a Cuba, cuando estaba amenazada por la invasión mercenaria que organizó, entrenó, armó y transportó Estados Unidos. Sin las armas enviadas a Cuba, nuestro pueblo habría derrotado a las fuerzas mercenarias como derrotó al ejército de Batista y le ocupó todo el equipo militar que poseía: 100 mil armas. Si la invasión directa de Estados Unidos contra Cuba se hubiese producido, nuestro pueblo habría estado luchando hasta hoy contra sus soldados, que con seguridad habrían tenido que luchar también contra millones de latinoamericanos. Estados Unidos habría cometido el mayor error de toda su historia, y la URSS tal vez existiría todavía.

Horas antes de la invasión, después del ataque artero a nuestras bases aéreas por aviones de Estados Unidos que portaban insignias cubanas, fue declarado el carácter socialista de la Revolución. El pueblo cubano combatió por el socialismo en aquella batalla que pasó a la historia como la primera victoria contra el imperialismo en América.

Pasaron diez presidentes de Estados Unidos, está pasando el undécimo, y la Revolución Socialista se mantiene en pie. También pasaron todos los gobiernos que fueron cómplices de los crímenes de Estados Unidos contra Cuba, y nuestra Revolución se mantiene en pie. Desapareció la URSS, y la Revolución siguió adelante.
No se llevó a cabo con permiso de Estados Unidos, sino sometida a un bloqueo cruel y despiadado; con actos terroristas que privaron de la vida o hirieron a miles de personas, cuyos autores hoy gozan de total impunidad; luchadores antiterroristas cubanos son condenados a cadena perpetua; una llamada Ley de Ajuste Cubano concede ingreso, residencia y empleo en Estados Unidos. Cuba es el único país del mundo a cuyos ciudadanos se aplica ese privilegio, que se niega a los de Haití, después del terremoto que mató más de 300 000 personas, y al resto de los ciudadanos del hemisferio, a los que el imperio persigue y expulsa. Sin embargo, la Revolución Cubana sigue en pie.

Cuba es el único país del planeta que no puede ser visitado por los ciudadanos estadounidenses; pero Cuba existe y sigue en pie, a solo 90 millas de Estados Unidos, librando su heroica lucha.

Los revolucionarios cubanos hemos cometido errores, y los seguiremos cometiendo, pero jamás cometeremos el error de ser traidores.

Nunca hemos escogido la ilegalidad, la mentira, la demagogia, el engaño al pueblo, la simulación, la hipocresía, el oportunismo, el soborno, la ausencia total de ética, los abusos de poder, incluso el crimen y las torturas repugnantes, que con obvias, aunque sin duda meritorias excepciones, han caracterizado la conducta de los presidentes de Estados Unidos.

En este momento la humanidad está enfrentando problemas serios y sin precedentes. Lo peor es que en gran parte las soluciones dependerán de los países más ricos y desarrollados, quienes llegarán a una situación que realmente no están en condiciones de enfrentar sin que se les derrumbe el mundo que han estado tratando de moldear en favor de sus intereses egoístas, y que inevitablemente conduce al desastre.

No hablo ya de guerras, cuyos riesgos y consecuencias han transmitido personas sabias y brillantes, incluidas muchas norteamericanas.

Me refiero a la crisis de los alimentos originada por hechos económicos y cambios climáticos que aparentemente son ya irreversibles como consecuencia de la acción del hombre, pero que de todas formas la mente humana está en el deber de enfrentar apresuradamente.

Durante años, que en realidad fue tiempo perdido, se habló del asunto. Pero el mayor emisor de gases contaminantes del mundo, Estados Unidos, se negaba sistemáticamente a tomar en cuenta la opinión mundial. Dejando a un lado el protocolo y demás tonterías habituales en los hombres de Estado de las sociedades de consumo, que en su acceso al poder los suele atolondrar la influencia de los medios de información masiva, la realidad es que no prestaron atención al asunto. Un hombre alcoholizado, cuyos problemas eran conocidos, y no necesito nombrar, impuso su línea a la comunidad internacional.

Los problemas han tomado cuerpo ahora de súbito, a través de fenómenos que se están repitiendo en todos los continentes: calores, incendios de bosques, pérdidas de cosechas en Rusia, con numerosas víctimas; cambio climático en China, lluvias excesivas o sequías; pérdidas progresivas de las reservas de agua en el Himalaya, que amenazan India, China, Pakistán y otros países; lluvias excesivas en Australia, que inundaron casi un millón de kilómetros cuadrados; olas de frío insólitas y extemporáneas en Europa, con afectaciones considerables en la agricultura; sequías en Canadá; olas inusuales de frío en ese país y en Estados Unidos; lluvias sin precedentes en Colombia, que afectaron millones de hectáreas cultivables; precipitaciones nunca vistas en Venezuela; catástrofes por lluvias excesivas en las grandes ciudades de Brasil y sequías en el Sur. Prácticamente no existe región en el mundo donde tales hechos no hayan tenido lugar.

Las producciones de trigo, soya, maíz, arroz, y otros numerosos cereales y leguminosas, que constituyen la base alimenticia del mundo -cuya población asciende hoy, según cálculos a casi 6 900 millones de habitantes, ya se acerca a la cifra inédita de 7 mil millones, y donde más de mil millones sufren hambre y desnutrición- están siendo afectados seriamente por los cambios climáticos, creando un gravísimo problema en el mundo. Cuando las reservas no se han recuperado totalmente, o solo en parte para algunos renglones, una grave amenaza ya está creando problemas y desestabilización en numerosos Estados.

Más de 80 países, todos ellos del Tercer Mundo, ya de por sí con dificultades reales, están amenazados con verdaderas hambrunas.

Me limitaré a citar estas declaraciones e informes, de forma muy sintetizada, que se vienen publicando en los últimos días:

“La ONU advierte del riesgo de una nueva crisis alimentaria.

“11 de Enero de 2011 (AFP)”

“‘Estamos ante una situación muy tensa’…” Coincidió la FAO.

“Unos 80 países enfrentan un déficit de alimentos…”

“El índice global de precios de productos agropecuarios de base (cereales, carne, azúcar, oleaginosos, lácteos) se sitúa actualmente en su nivel máximo desde que la FAO empezó a elaborar ese índice hace 20 años.”

“NACIONES UNIDAS, enero (IPS),”

“La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con sede en Roma, alertó la semana pasada que los precios mundiales del arroz, el trigo, el azúcar, la cebada y la carne [...] registrarán significativos aumentos en 2011…”

“PARIS, 10 de enero (Reuters) - El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, llevará esta semana a Washington su campaña para enfrentar los altos precios globales de los alimentos…”

“Basilea (Suiza), 10 enero (EFE).- El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, portavoz de los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los 10 (G-10), alertó hoy de la fuerte subida del precio de los alimentos y de la amenaza inflacionista en las economías emergentes.”

“Banco Mundial teme una crisis en el precio de los alimentos, 15 de enero (BBC)

“El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, le dijo a la BBC que la crisis sería más profunda que la de 2008.”

“MEXICO DF, 7 de enero (Reuters)”

“El ritmo anual de inflación de los alimentos se triplicó en México en noviembre comparado con dos meses antes…”

“Washington, 18 enero (EFE)

“El cambio climático agravará la falta de alimentos, según un estudio”

“‘Desde hace más de 20 años los científicos han alertado sobre el impacto del cambio climático, pero nada cambia aparte del aumento de las emisiones que causan el calentamiento global’, dijo a Efe Liliana Hisas, directora ejecutiva de la filial estadounidense de esta organización.

“Osvaldo Canziani, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007 y asesor científico del informe, indicó que ‘en todo el mundo se registrarán episodios meteorológicos y condiciones climáticas extremas, y los aumentos de la temperatura media superficial exacerbarán la intensidad de esos episodios’.”

“(Reuters) enero 18, Argelia compra trigo para evitar escasez y disturbios.

“La agencia estatal de granos de Argelia ha comprado alrededor de 1 millón de toneladas de trigo en las últimas dos semanas para evitar la escasez en caso de disturbios, dijo a Reuters una fuente del Ministerio de Agricultura.”

“(Reuters) enero 18, Trigo sube fuerte en Chicago tras compras de Argelia.”

“El Economista, 18 Enero, 2011

“Alerta mundial por precio de alimentos”

“Entre las principales causas están las inundaciones y sequías ocasionadas por el cambio climático, el uso de alimentos para producir biocombustibles y la especulación en el precio de los commodities.”

Los problemas son dramáticamente serios. No todo sin embargo, está perdido.

La producción actual calculada de trigo alcanzó la cifra de casi 650 millones de toneladas.

La de maíz, rebasa esa cantidad, y se acerca a los 770 millones de toneladas.

La soya podría acercarse a los 260 millones, de los cuales Estados Unidos calcula 92 millones y Brasil 77. Son los dos mayores productores.

Los datos en general de gramíneas y leguminosas disponibles en el 2011 son conocidos.

El primer asunto a resolver por la comunidad mundial sería escoger entre alimentos y biocombustibles. Brasil, un país en desarrollo, desde luego tendría que ser compensado.

Si los millones de toneladas de soya y maíz que se invertirán en biocombustibles se destinan a la producción de alimentos, la elevación inusitada de los precios se pararía, y los científicos del mundo podrían proponer fórmulas que de alguna forma puedan detener e incluso, revertir la situación.

Se ha perdido demasiado tiempo. Es hora ya de hacer algo.

jueves, 20 de enero de 2011

Ataque sexual como un delito de lesa humanidad -¿ Lunes, 17 de enero de 2011?















Por Mariana Carbajal




Tras comprobarse el carácter sistemático de las violaciones sexuales a las prisioneras durante la dictadura, desde el año pasado la Justicia las calificó como violaciones a los derechos humanos. Dos represores fueron detenidos ahora en Mendoza por este delito, que antes no era considerado


DOS REPRESORES FUERON DETENIDOS EN EL JUICIO DE MENDOZA POR VIOLACIONES A PRISIONERAS
Ataque sexual como un delito de lesa humanidad


Las violaciones a las prisioneras eran consideradas “hechos eventuales” y por lo tanto prescribían. Desde el año pasado, al comprobarse que se trataba de una práctica sistemática, se las ha equiparado a otras torturas.


Por Mariana Carbajal


Dos policías retirados que integraron el D2, el centro de detención y torturas de la ciudad de Mendoza en la última dictadura militar, fueron detenidos y encarcelados, tras ser denunciados en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue en la capital provincial por una testigo que los señaló como quienes la violaron de modo reiterado durante los nueve meses que estuvo presa en la cárcel clandestina que funcionaba en la Central de Policía de la calle Belgrano. Uno de ellos trabajaba actualmente en el planta verificadora de autos que maneja la fuerza. “Me manoseaban en la celda, me violaban”, contó Rosa del Carmen Gómez. Ella y otras dos testigos más del juicio, Silvia Ontivero y Luz Faingold, relataron, con mucho dolor, haber sido violadas salvajemente durante su permanencia en el D2. “Soportamos todo tipo de torturas, pero quizá la más horrorosa fue que por la calidad de mujer me violaron varias veces al día cuanto señor estaba de turno”, declaró Ontivero y recordó con “horror” cómo otra de las detenidas, que estaba recién operada, también fue vejada sexualmente. “Hasta hoy recuerdo sus sollozos diciendo que era virgen y entonces hicieron una violación contra natura”, dijo Ontivero, que tiene hoy 60 años y llegó desde Chile, donde vive, para testificar (ver aparte). Faingold era menor de edad cuando fue detenida y violada: tenía 17 años recién cumplidos.
“Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora”, explicó otro de los testigos, ex detenido desaparecido, Fernando Rule.
Como ya salió a la luz en otros juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos, cada vez con más detalles queda en evidencia que “las violaciones sexuales se produjeron en todos los centros clandestinos en forma sistemática”, destacó la abogada querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Viviana Beigel. Para el abogado Pablo Salinas, también querellante del MEDH, las detenciones de los dos policías marcan un punto de inflexión entre la impunidad y la justicia: “Antes había impunidad total llegando al punto de encontrarse varias víctimas con sus abusadores en lugares de la policía donde tenían que hacer trámites”, apuntó a este diario.
El debate oral comenzó el 17 de noviembre. El martes último retomaron las audiencias, que no fueron suspendidas por la feria judicial. Son querellantes el MEDH, el gobierno provincial y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la capital mendocina. Entre las mujeres que ya declararon, tres de ellas, Gómez, Ontivero y Faingold, manifestaron haber sido violadas. Otros dos testigos varones declararon haber tomado conocimiento de esas prácticas. “La parte más horrible de las torturas fue la forma en que el personal del D2 usaba la violencia sexual como método de tortura, porque la golpiza y la picana dolían, pero pasaban, pero el temor es otra cosa, es la impotencia de saber que pueden hacer con uno lo que quieran, incluso humillar, y eso hicieron con las violaciones. A mi mujer la violaban a metro y medio de mi celda. Un día me hacen tocarla para que viera que estaba colgada, desnuda, y hacen obscenidades y las relatan. Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora”, contó Rule, y aseguró que una chica cordobesa que estaba frente a su celda “fue muy torturada y particularmente violada”. Rule fue el primer testigo del juicio. Su detención se produjo el 9 de febrero de 1976. Por entonces, estaba en pareja con Ontivero. Sus detenciones fueron simultáneas. Ella era delegada de ATE. “Ingresé embarazada al D2, pero lo perdí por la tortura y las violaciones”, contó ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 conformado por los jueces Antonio González Macías, Alejandro Piña y Héctor Cortés. Fue en la audiencia del 20 de noviembre. De los golpes que recibió también le partieron la nariz. Ontiveros estuvo unos 18 días en el D2. Después pasó a la cárcel de Devoto y recién salió en libertad en 1982.
El 9 de diciembre declaró Rosa del Carmen Gómez. Fue detenida el 1º de junio de 1976. No era militante de ningún partido. Al parecer, la habían confundido –dijo– con una “jefa guerrillera”. Su extenso relato también da cuenta de las terribles violaciones sexuales que sufrió durante su cautiverio, que se prolongó por nueve meses. A partir del testimonio de Gómez, que identificó a sus violadores, se produjeron las detenciones de los policías retirados. “González y Lapaz, junto a Bustos Medina (ya fallecido), fueron los que más me violaron y me torturaron. Lapaz y González están vivos, y uno de ellos, Lapaz, trabaja en la planta verificadora de autos en Las Heras”, afirmó. Lapaz y González no estaban entre los acusados en el juicio. Los imputados son Tamer Yapur, Paulino Furió, Eduardo Smaha, Luis Rodríguez Vázquez, Celustiano Lucero, Dardo Migno y Juan Agustín Oyarzábal. En un principio también estaban siendo juzgados Juan Pablo Saa, que luego fue apartado (porque a los pocos días del inicio del debate oral sufrió un ACV y quedó en coma) y Osvaldo Fernández, que también fue separado por tener otra enfermedad grave.
El abogado Salinas, querellante por el MEDH, recordó que Rosa Gómez ya había brindado testimonio de las vejaciones sufridas en la D2, una vez que recuperó su libertad, ante el entonces fiscal Otilio Roque Romano. “Romano no sólo no hace nada con respecto a los abusos sufridos por ella sino que además la acusa de subversiva a los términos de la Ley 20.840, en base a declaraciones obtenidas bajo tortura y violación”, señaló Salinas. Romano es actualmente integrante de la Cámara Federal de Mendoza: está acusado como partícipe secundario en sus tiempos de fiscal –entre 1975 y 1976– en 94 hechos de privación ilegítima de la libertad, torturas y desapariciones. Presentó su renuncia en diciembre, pero todavía no le fue aceptada por la presidenta Cristina Fernández.
Las detenciones de los policías retirados ocurrieron el 27 de diciembre último, pero se conocieron recientemente. Héctor Lapaz y Miguel González fueron apresados por orden del juez federal Walter Bento, a pedido del fiscal del juicio Dante Vega, quien el mismo 9 de diciembre había solicitado la detención de ambos. Están acusados por violación agravada, tormentos y privación ilegítima de la libertad, todos en carácter de delitos de lesa humanidad. Se abstuvieron de declarar. Sus defensores pidieron la excarcelación, que fue rechazada, y quedaron en prisión. Apelaron. La Cámara Federal debe resolver sobre su situación.
El martes último, cuando se reanudó el juicio después de un par de semanas de receso, otro testigo, Eugenio París, quien también estuvo en el D2, confirmó que Rosa Gómez era violada repetidamente porque pudo verlo por la mirilla de la celda.
“Los de Rosa Gómez y París son testimonios claves, porque a ambos les tocó hacer tareas de limpieza, para lo cual les quitaron las vendas de los ojos”, explicó a Página/12 el abogado Salinas. Las violaciones y el abuso sexual que los represores cometieron en la última dictadura militar comenzaron a ser tratados como delitos de lesa humanidad recién el año pasado, ya que previamente fueron considerados hechos eventuales y, al no ser parte de un plan sistemático, la Justicia los consideró prescriptos. El primer fallo en establecer la violación como delito de lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura fue dictado en abril de 2010 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que condenó a 11 años de prisión a Horacio Américo Barcos, un agente civil de Inteligencia de esa provincia. En la sentencia, los jueces consideraron que la violencia sexual que ejerció el represor también constituye una forma más de tormentos y, por ende, es un crimen contra la humanidad. Ese fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua al ex subjefe de la Base Aérea local, Gregorio Rafael Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados.






SUBNOTAS
“Casi todas sufrieron abusos”Por Mariana Carbajal
Un juicio “esperado”Por Mariana Carbajal




GOBIERNO ACOGE PETICIÓN DE ORGANISMOS DE DDHH Y EXTIENDE PLAZO DE SOLICITUDES PARA COMISIÓN VALECH

GOBIERNO ACOGE PETICIÓN DE ORGANISMOS DE DDHH Y EXTIENDE PLAZO DE SOLICITUDES PARA COMISIÓN VALECH

11 January, 2011 04:26:00 Agencias

Acogiendo la petición de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) y del Instituto de Derechos Humanos, el Gobierno ingresó hoy a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que extiende el plazo de entrega de solicitudes de víctimas de privación de libertad y tortura por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

El mandato para la Comisión Valech contemplaba un plazo inicial de 6 meses desde la conformación de la Comisión para recibir las solicitudes y luego otros 6 meses para efectuar la calificación. El proyecto ingresado hoy prorroga el mandato de la Comisión Asesora para que continúe con el proceso de calificación por 6 meses más.

La decisión de ampliar los plazos se adoptó considerando la relevancia que estos procesos tienen para la reconciliación nacional y teniendo a la vista el explosivo aumento en el número de personas que presentaron solicitudes. La recepción de casos comenzó el 17 de febrero de 2010 y culminó el 17 de agosto del mismo año, recibiéndose más de 33 mil solicitudes, cifra muy superior a las 18 mil previstas originalmente.

Al respecto, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, señaló que “el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera tiene un importante compromiso con los Derechos Humanos y, por esa razón, ha acogido la petición de la Comisión Valech, para poder facilitar el trabajo de la Comisión y avanzar en todos los procesos que permitan perfeccionar la reconciliación nacional”.

LA COMISION Y SU MISION

El año 2009, con la dictación de la Ley N° 20.405 se creó la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Valech 2010. Ésta debe recibir y calificar las situaciones de las víctimas de prisión política y tortura por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Además debe considerar las solicitudes de quienes que no presentaron sus antecedentes en el marco del trabajo realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura creada el 2003; o bien, que habiéndolos presentados no fueron calificados favorablemente y ahora cuentan con nuevos antecedentes.

La Comisión está integrada por María Luisa Sepúlveda, Miguel Luis Amunátegui, Mario Papi, Elizabeth Lira, Lucas Sierra, Edgardo Riveros y Luciano Foullioux.

Valparaíso, 11 de enero 2011
Crònica Digital

GBI:Argentina- Hay un genocidio silencioso con los pueblos indígenas- Julio Montero, presidente de Amnistía Internacional


Argentina:Hay un genocidio silencioso con los pueblos indígenas


Julio Montero, presidente de Amnistía Internacional asegura que en Argentina viven marginados, sin acceso a la educación ni a la identidad, porque muchas veces ni siquiera tienen documentos. "Lo que está pasando en la Argentina con los pueblos indígenas es un genocidio silencioso. Lisa y llanamente. La situación en todo el país es parecida: no tienen acceso a sus tierras, muchas veces los territorios que les pertenecían fueron vendidos y ocupados por privados o el Estado los utiliza para fines diversos." sostiene Montero.

Por Juan Ignacio Pereyra / Diario Rio Negro

– ¿Cómo ve la situación de los derechos humanos en la Argentina?

– Hubo muchísimos avances, fundamentalmente en temas de derechos civiles y políticos. Los juicios por los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983) son muy importantes, dentro de lo que se conoce como justicia retroactiva. Es un mérito. Otro paso adelante es la derogación de un artículo del código militar que permitía la aplicación de la pena de muerte, con lo cual la Argentina se convirtió en un país abolicionista.

– Dejando de lado lo que Amnistía celebra, ¿cuáles son las cuentas pendientes?

– Evidentemente hay algunas muy importantes en materia de derechos económicos y sociales. En el país hay una cultura de derechos humanos que está muy enfocada a cuestiones civiles y políticas, por nuestra propia historia.

– Sobre todo en los últimos años.

– Sí, con el retorno de la democracia y la revisión de lo sucedido en la última dictadura, se tendió a asociar los derechos humanos con la libertad de expresarse, el debido proceso, resguardo contra desaparición forzada de personas, etcétera. Las principales organizaciones de derechos humanos en el país apuntan en esa dirección.

– ¿Cree que hay mérito del kirchnerismo en los avances en derechos humanos?

– Sí, lo hay. Evidentemente han tenido una clara voluntad política en progresar en esta materia y lo han hecho. Si no hubiera sido por la intervención de este gobierno, probablemente no se hubiera avanzado. Pero no hay que olvidarse de cómo fue la historia de los derechos humanos en la Argentina. En 1983 fue el gobierno de Raúl Alfonsín el que hizo algo que muy pocos habían podido lograr en el mundo: juzgar y condenar a los principales responsables del terrorismo de Estado con todas las garantías. Esto fue una contribución enorme, que implicó un grandísimo compromiso. Así, el kirchnerismo lo que hizo fue completar un proceso de justicia que se inició en 1983.

– Al centrarse la atención en los derechos civiles y políticos, ¿qué se está perdiendo de vista?

– El gran problema en la Argentina es que el 40% de la población está bajo la línea de pobreza. Es lo mismo que sucede en Sudamérica y también en un mundo con recursos para que esto no suceda. Millones de personas viven sin acceso a servicios básicos como luz, gas y redes cloacales, ni tampoco a la Justicia. Entonces pareciera que las cuentas pendientes están en ese espacio. Y hay cuestiones urgentes.

– ¿Cuáles?

– Por ejemplo, lo que tiene que ver con la situación de los aborígenes. Lo que está pasando en la Argentina con los pueblos indígenas es un genocidio silencioso. Lisa y llanamente. Viven marginados, sin acceso a la educación ni a la identidad, porque muchas veces no tienen documentos. Cuando se ven privados de acceder a las tierras ancestrales se ven privados del acceso a la cultura, porque esas tierras tienen que ver con sus formas de vida, son sus cotos de caza. Eso es lo que les permite mantener su identidad cultural. Tienen que mirar hacia grandes centros urbanos y se convierten en mano de obra barata. Hay que tomar medidas rápidas.

– ¿Cómo es que los indígenas llegan a esta situación?

– Hay muchísimas situaciones distintas. Se calcula que hay declarados alrededor de 600.000 indígenas en la Argentina y se presume que muchos otros no reconocen sus raíces porque, en función de las construcciones culturales que hicimos, no es prestigioso. En muchos casos el escenario en materia de títulos de propiedad es confusa. Es decir, las comunidades no tienen títulos de propiedad, simplemente las reclaman como extensiones que ancestralmente les pertenecen. Otros, como los tobas, en Formosa, tienen títulos de propiedad.

– ¿Sin embargo?

– Bueno, el Estado está llevando a cabo una serie de acciones que viola el derecho de propiedad que ellos tienen sobre esas tierras. Hay una ley en Argentina, la 26.160, que prohíbe realizar cualquier tipo de desalojo o actividad administrativa sobre las tierras hasta tanto haya un relevamiento territorial que permita conocer qué pueblos indígenas viven en qué tierras. Mientras, no se puede intervenir en esos lugares, mucho menos de manera violenta como sucedió en Formosa.

– La situación se replica en otras zonas del país como, por ejemplo, Río Negro con los Mapuche.

– Sí. No tengo datos precisos de los mapuches porque no hemos trabajado con ellos específicamente. Amnistía trabajó centralmente con el caso de la comunidad indígena pilagá de El Descanso, en Formosa. Estuvimos con ellos y elaboramos un informe que ha circulado por todo el mundo. También conocemos lo que sucede con otros pueblos aborígenes en el norte. Y sabemos que la situación en todo el país es parecida: no tienen acceso a sus tierras, muchas veces los territorios que les pertenecían fueron vendidos y ocupados por privados o el Estado los utiliza para fines diversos.

– ¿Por qué cree que el Estado actúa de esa manera?

– ¿Por qué el Estado actúa de esa manera? Bueno... Muchas veces porque persigue fines que considera legítimos y que tienen que ver con políticas públicas, mientras que estas comunidades indígenas no tienen la suficiente visibilidad como para hacer valer sus derechos, generalmente en tierras que les pertenecían incluso desde antes de que los colonizadores llegaran a América. Y que las necesitan para mantener su identidad como pueblo. Los derechos de los indígenas son muy fáciles de violar porque ellos tienen poca visibilidad. En nuestra cultura no hay conciencia sobre la situación de esos pueblos.

– ¿Por qué ocurre esto?

– Por alguna razón es un tema que no vende. Probablemente tenga que ver con lo que decía antes, que la cultura de derechos humanos está muy centrada en lo civil y político. Entonces no estamos sensibilizados frente a los problemas de los pueblos indígenas. Son noticias que no venden, excepto cuando las podés convertir en policiales, que fue lo que pasó en Formosa en noviembre.

– O sea, es necesario un muerto para que tengan visibilidad.

– Claro. "Si no hay muertos, no nos interesan", se piensa de esa manera. Y esto no es un caso aislado, sino que pasa en todo el país. Además, en cualquier momento pueden ser desalojados o reprimidos. Viven en situaciones de marginalidad y son víctimas del clientelismo político.

Hay relatos bastante frecuentes sobre que en tiempos electorales les secuestran los DNI y encierran algunos miembros de comunidades indígenas en galpones para garantizarse votos. Esta práctica ocurrió en Formosa y está en el informe de Amnistía sobre los pilagá.

– ¿Qué otros temas son clave en la agenda de derechos humanos?

– El acceso a vivienda, sin duda. En Argentina tenemos una crisis en este sentido. Hay muchísima gente que vive en situación de pobreza y se ha desplazado a grandes centros urbanos. Pero desde hace muchos años el Estado no tiene ninguna política de vivienda clara.

– Mauricio Macri dijo que la situación es producto de la inmigración descontrolada, ¿qué piensa?

– Fue una expresión poco feliz. Hay algo que es intrínseco a los derechos humanos y es que son para todos, independientemente de si son o no ciudadanos de un país, su raza o color de piel.

Juan Ignacio Pereyra
pereyrajuanignacio@gmail.com

martes, 6 de abril de 2010

Comisión Ética 22-Rechazamos las difamaciones e intentos de tergiversar la labor del miembro de la Comisión Ética, el Mapuche Lorenzo Loncón-05-04-10

Comisión Ética 22


Rechazamos las difamaciones e intentos de tergiversar la labor del miembro de la Comisión Ética, el Mapuche Lorenzo Loncón


Lunes 5 de abril de 2010


Los abajo firmantes formamos parte de la Comisión Ética por la Verdad de Colombia, integrada por 25 miembros internacionales reconocidos por su gran calidad humana y ética y por su trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos. La Comisión Ética es una de las ocho estrategias del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, en Colombia. Lorenzo Loncón hace parte de ésta Comisión Ética como representante del pueblo mapuche y en esa condición ha realizado dos visitas a Colombia.



Los medios de comunicación argentinos dieron a conocer, en septiembre del 2009, una información relativa a Lorenzo Loncón, del pueblo mapuche y miembro de la Comisión Ética de la Verdad, sugiriendo relaciones de éste con grupos armados o guerrilleros en Colombia. La persona que lo acusó, el empresario de explotación minera, Carlos Natalio Sapag, hermano del gobernador de Neuquén, junto con otros terratenientes, habían acusado anteriormente al pueblo mapuche, sin presentar las pruebas pertinentes, de un supuesto tráfico de armas y de conspiraciones para tomas de tierras violentas de mapuches de Chile y Argentina.
Carlos Natalio Sapag se refiere especialmente a una carta firmada por Lorenzo, en apoyo a la senadora Piedad Córdoba, dado que en la carta aparece la frase: “valoramos que la guerrilla de las FARC–EP esté dispuesta a intercambiar prisioneros”. Detrás de esos falsos señalamientos y acusaciones hay, como en otros países, intereses sobre la tierra, caso evidente reflejado en los intereses sobre el territorio de comunidades indígenas del pueblo mapuche. Rechazamos enérgicamente esta acusación y queremos dejar claro el motivo y las acciones que ha realizado nuestro colega Lorenzo en sus visitas a Colombia.



La primera visita que realizó en el país fue en febrero del 2007, en la que participó en una peregrinación por la conmemoración de 10 años del desplazamiento forzado de miles de personas en el bajo Atrato, departamento de Chocó, así como juez en el Tribunal Permanente de los Pueblos realizado en la región de Cacarica, Chocó. Durante este encuentro, Lorenzo Loncon, junto con los demás comisionados, escuchó testimonios sobre el desplazamiento y las luchas por la recuperación del territorio ancestral. Después de su visita al Cacarica, Lorenzo participó en el lanzamiento de la Comisión Ética en la finca El Palmar en el municipio de San Onofre-departamento de Sucre. Allí se hizo un acto simbólico y los comisionados recibieron testimonio de los habitantes de la región que sufrieron la represión y la violencia paramilitar / militar.


La segunda visita la realizó durante la VI Visita de la Comisión Ética en el mes de marzo del 2009. En esta ocasión Lorenzo, junto con otros comisionados, acompañó al pueblo indígena Embera y a los pueblos afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó, departamento del Chocó, en la Primera Consulta de los Pueblos sobre la explotación minera realizada en Colombia, entre el 25 y 28 de febrero del 2009. Así mismo, participó en el Encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado realizado en Bogotá sobre ejecuciones extrajudiciales, para luego viajar junto con dos comisionados más a San Onofre, departamento de Sucre, donde conocieron la experiencia de una población campesina en proceso de retorno y recuperación de la tierra.

La participación de Lorenzo Loncón ha sido muy valiosa para las visitas de la Comisión Ética a Colombia, en las cuales ha participado, dando apoyo a las víctimas y compartiendo su experiencia de lucha por el territorio y en la defensa de los Derechos Humanos.

Como integrantes de la Comisión Ética de la Verdad relacionamos de manera pública nuestras visitas y acontecimientos, pronunciándonos en contra de amenazas que estén directamente relacionadas con los objetivos de nuestra labor, que se ha caracterizado entre otras, por la promoción de la humanización del conflicto armado en Colombia, tal y como se hizo evidente en las Comunicaciones Éticas 15 y 16.

En ese sentido, apoyamos las gestiones humanitarias de la senadora Piedad Córdoba y el Grupo Colombianos y Colombianas por la Paz. Este pronunciamiento es firmado y ratificado, además, por la comunidad internacional y se ha divulgado, también, en medios de comunicación tales como la página web de la Coordinadora Popular de Paris, que se menciona en el periódico Chileno. Recordamos que las gestiones humanitarias de la senadora Córdoba son públicas y las mismas para la liberación de algunos secuestrados han tenido el aval del Presidente de Colombia. La senadora Córdoba incluso ha sido propuesta para el Premio Nóbel de Paz por estas gestiones.

Esperamos que con eso quede aclarado el apoyo de Lorenzo Loncón del Pueblo Mapuche en pro de las víctimas y del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado en Colombia, para su legítimo reclamo a la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral, derechos que las víctimas de todo el mundo están reclamando.


Mirta Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Argentina
Bernardine Dohrn, abogada y docente en la Universidad Northwest Chicago, directora del Centro de Justicia para los niños y la familia, EEUU

Elizabeth Deligio, Observatorio de la Escuela de las Américas; EEUU

Sean Hawkey. Consejo Mundial de Iglesias; Gran Bretaña

Mary Bricker-Jenkins, PhD, Miembro del Comité Internacional de Poor People’s Economic Human Rights Campaign, EEUU

Stephen Haymes, Universidad DePAul, EEUU

Eduard Nachmann, integrante de H.I.J.O.S. ciudad de Buenos Aires, Argentina

Rainer Huhle, Centro de DDHH de Nuremberg, Alemania

Dr. Gilberto López y Rivas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Méjico

Carlos Fazio, periodista, investigador y catedrático de la UNAM; Méjico

Comisión Ética contra la Tortura en Chile (Santiago de Chile, Valparaíso, Temuco, Sur); Chile

Enrique Santiago, abogado del Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África, España

Rick Upper-Chase, director ejecutivo del Presbyterian Peace Fellowship de la iglesia Menonita, Chicago, EEUU

Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca; España

Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, México

Enrique Nuñez, Enrique Pérez, Agrupación Ex – presos y expresas políticos, Chile

France – Amerique Latin; Francia

Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz; Espai Catalunya-Comissió Ètica, España

Comunidad de Santo Tomas de Aquino.

justiciaypazcolombia.com

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Negociado de las becas valech,EXPP por parte de UNIACC--Abril 5 - 2010

Los compañeros de Valdivia nos piden difundir la siguiente informacion sobre el negociado de las becas valech, donde aparecen involucrados varios conocidos:

Compañeros esta es la historia:

Cuando nos inscribimos para estudiar en UNIACC, no había ley respecto a varias cuestiones elementales para nosotros como, pensión a las viudas, reapertura de la ley Valech y menos aun sobre el traspaso de la beca de estudios a los hijos (como pedíamos primero). En ese escenario nos ofrecieron la posibilidad de hacer un cursillo en esta universidad, lo tomamos como una oportunidad de reencuentro con compañeros EXPP, y naturalmente aprender computación y ramos que servirían para trabajar como pequeño empresario, proyecto incluido con gestión de la U.

Todo bien hasta que llego a nuestras manos un artículo de la revista El Periodista respecto a la estafa que estaba ejecutando la UNIACC con los EXPP que estudiaban con ellos.

Preguntamos insistentemente el valor de los aranceles y nunca hubo respuesta. En vista de eso recurrimos a las autoridades, intendencia, Gobernador, Seremi de Educación, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados; respuesta nula y nulo apoyo. La última opción era la Contraloría Regional , mandamos un oficio y basado en ello Contraloría exigió respuesta al Mineduc.

Al mismo tiempo oficiamos a la Presidencia de donde obtuvimos pronta respuesta y todo eso presiono al Ministerio de Educación, que respondió dando el valor de los aranceles, los que superaban los 8 millones de pesos. Imagínate la sorpresa, indignación y repudio que sentimos por esta verdadera estafa.

La Uniacc un ente comercial, sin ética educacional, el Ministerio otra cáfila de sinvergüenzas, pues ellos aprobaron el Programa, el costo de los aranceles, sin inspección ni seguimiento alguno. Contraloría no puso objeción alguna a estos escandalosos pagos -en cambio recuerdas cuando investigo dineros que fueron mal habidos por un par de estúpidos diputados, por 5 o 10 millones, si mal no recuerdo- Esto fue un desfalco al erario nacional por muchos miles de millones y contraloria hizo mutis por el foro.

Felizmente TVN investigo algo en Santiago y supo que nuestra Agrupación en Valdivia, de la cual soy Presidente, era la que más antecedentes y documentos. Bueno se contactaron con nosotros... y el resto lo puedes ver en el programa “Esto no tiene nombre” que se emitira el miércoles a las 22:45 hrs. por TVN. Bien compas, esto les puede dar una idea general, fuera de lo que hemos conversado. Espero que lo divulguen.

Fraternalmente,

Eladio Muñoz Coordinadora Ex PP de Valdivia Abril 5 - 2010

Integran la coordinadora: Agrupacion ExPP de Copiapó, Agrupacion ExPP V Región, Agrupación Ex Menores Víctimas de PP y T, Coordinadora ExPP Santiago, Coordinadora ExPP VIII Región, Agrupacion ExPP IX Región, Agrupacio Ex PP Purranque, Agrupación Ex PP Paillaco, Coordinadora Expp de Osorno. Coordinadora Ex PP Valdivia.

Informate de la realidad y las luchas sociales en Valparaiso.Escucha todos los Martes de 18 a 19 Hrs el programa "ciudadanos con memoria" en www.radioplaceres.cl

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domingo, 4 de abril de 2010

LA MINISTRA DE DEFENSA, NILDA GARRE, HOMENAJEO A LOS 55 CONSCRIPTOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS-30-03-10

LA MINISTRA DE DEFENSA, NILDA GARRE, HOMENAJEO A LOS 55 CONSCRIPTOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

Los habían calificado de desertores

La ministra de Defensa, Nilda Garré, junto a los familiares de los conscriptos desaparecidos.
Imagen: Télam

Ante los familiares de los conscriptos, la ministra señaló “la crueldad extra de hacerlos figurar como desertores”. Sara Steimberg, la madre de Luis Pablo, dijo: “Nunca soñé, ni en mi sueño más loco, con llegar a este homenaje”.

En el marco de la ceremonia en homenaje a 55 conscriptos desaparecidos durante la dictadura militar, la ministra de Defensa, Nilda Garré, consideró que el terrorismo de Estado cometió con ellos la “crueldad extra de hacerlos figurar como desertores”. En la Plaza de Armas del Edificio Libertador –sede del Estado Mayor Conjunto–, la ministra descubrió una placa con los nombres de los soldados, cuyo listado surgió a partir de un entrecruzamiento de datos entre el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y registros pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Garré calificó como “una justa reparación” el acto de agregar en los registros de cada conscripto la condición de “detenido-desaparecido” y su número de denuncia ante la Conadep. “Nunca soñé, ni en mi sueño más loco, con llegar a este homenaje”, dijo Sara Steimberg, madre de uno de los conscriptos secuestrados.
“Lo importante era corregir los legajos y explicar que esas personas están desaparecidas, pero dejando el falso testimonio de que eran ‘desertores’ como prueba de la ignominia”, afirmó Garré al concluir la ceremonia, que estaba originalmente prevista para el 24 de marzo, pero que por problemas de agenda se postergó.
“Se cometió la crueldad extra de hacerlos figurar en los registros como desertores”, subrayó Garré. La ministra explicó que se le ordenó a cada una de las Fuerzas la inclusión en sus registros de la condición de “detenido-desaparecido” en estos casos, con el número de legajo correspondiente a la denuncia ante la Comisión Nacional por la De-saparición de Personas (Conadep). “Es un acto muy emotivo y una justa reparación”, declaró la titular de Defensa al descubrir una placa “en homenaje de los soldados conscriptos víctimas de desaparición forzada de personas durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio entre 1975 y 1983”.
La investigación que permitió corroborar la situación de los jóvenes, se originó con la resolución Nº 420 del Ministerio de Defensa, en mayo de 2009. Allí se requirió a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dependiente de esa cartera, un informe sobre los conscriptos desaparecidos. El informe elevado por la titular de esa dirección, Ileana Arduino, tomó en cuenta 43 registros informados por las tres Fuerzas Armadas y otros 12 casos cuyos datos fueron provistos por el Archivo Nacional de la Memoria. Cabe destacar que ese número no refleja la totalidad de los reclutas que fueron secuestrados mientras cumplían su servicio militar obligatorio y se encuentran aún en calidad de detenidos-de- saparecidos –cifra que supera la centena–, sino sólo aquellos que las respectivas fuerzas calificaron como desertores.
Fuentes de la cartera castrense aseguraron a Página/12 que el trabajo para identificar a otros soldados que pudieron haber corrido la misma suerte seguirá adelante. Asimismo, confirmaron que Defensa pondrá a disposición sus archivos en caso de que la Justicia decida impulsar las investigaciones sobre las circunstancias que envolvieron las desapariciones forzadas en estos 55 casos donde los datos han sido corroborados fehacientemente.
Sara Steimberg dijo que “lo más importante es que el pueblo se entere, sepa lo que pasó”. Su hijo, Luis Pablo Steimberg, fue desaparecido junto al también recluta Luis Daniel García, en el Colegio Militar en 1976, dirigido en ese entonces por quien sería el último dictador, Reynaldo Bignone. La titular de Defensa recordó que se llegó a “esta instancia de cercanía con la verdad” por la “lucha incansable de todas y todos los que trabajamos cotidianamente por la memoria, la verdad y la justicia”.
Acompañaron a Garré los jefes del Estado Mayor Conjunto, brigadier Jorge Chevalier; del Ejército, general Luis Pozzi; la Armada, almirante Jorge Godoy, y la Fuerza Aérea, brigadier Normando Costantino. También estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, funcionarios de Defensa, legisladores y agregados militares extranjeros, además de amigos y familiares de las víctimas.


Informe: Gabriel Morini.


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SANTA FE, ASESINARON A SILVIA SUPPO, EX DETENIDA-DESAPARECIDA, TESTIGO EN EL JUICIO CONTRA EL EX JUEZ BRUSA-30-03-10

ASESINARON EN SU NEGOCIO EN RAFAELA, SANTA FE, A SILVIA SUPPO, EX DETENIDA-DESAPARECIDA, TESTIGO EN EL JUICIO CONTRA EL EX JUEZ BRUSA

Doce puñaladas para una víctima de la dictadura

Silvia Suppo impulsaba también la causa por la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter. Dos de los imputados viven en Rafaela. Ayer fue asesinada en su negocio en el centro de esa ciudad. Las hipótesis van desde el robo hasta la venganza.

Por Sonia Tessa

Desde Rosario

Silvia Suppo fue una testigo importante del juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa, y también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Esta causa tiene imputados que viven en la misma ciudad. Ayer, entre las 9 y las 10 de la mañana, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio, ubicado en pleno centro de su ciudad, de 95 mil habitantes, donde es inédito un crimen con semejante ensañamiento. Según la versión policial, entraron a robarle, dado que faltaba el dinero de la caja y alguna mercadería de la talabartería. Al cierre de esta edición había dos personas detenidas, de 18 y 19 años, con antecedentes delictivos, y la policía buscaba a otros dos, siempre bajo la hipótesis de robo. En cambio, la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, consideró una “irresponsabilidad tomar esta determinación a partir de tan pocos elementos. Está claro que este es un asesinato en su calidad de testigo”.

Puyol subrayó que “por su calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hammeter, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia, como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se puede investigar como un robo”.

La víctima tenía 51 años, dos hijos de 21 y 24, y se encontraba sola en el negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V. También vivía allí. El homicidio ocurrió en horario comercial y a plena luz del día. Recién a media mañana el cuerpo aún con vida de Suppo fue advertido por una ocasional clienta. Suppo yacía sobre un charco de sangre, semiinconsciente, y fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía, cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas. Según los investigadores, los atacantes actuaron con total impunidad.

Los hijos de Silvia pidieron que la autopsia se realizara en la ciudad de Santa Fe. Junto a abogados querellantes de las causas por delitos de lesa humanidad se entrevistaron con la fiscal Cristina Fortunato, que entiende en la causa, para pedirle que se tome el caso con la gravedad que corresponde. Subrayaron la importancia del testimonio de la víctima en el juicio contra Brusa, su participación en otro proceso por la desaparición de su compañero –del que también sería una testigo muy importante–, que tiene cuatro imputados, de los cuales al menos dos residen en Rafaela. La familia de Silvia todavía no prestó declaración, pero relatará sobre las permanentes intimidaciones, hechas por personas que se paraban desafiantes frente a su negocio.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, afirmó: “Estamos siguiendo personalizadamente la investigación, con los jefes policiales y de las distintas áreas, tanto del Ministerio de Seguridad como de Justicia. Lo seguimos muy de cerca para ver cómo evoluciona el hecho”. Justamente, ayer la policía detuvo a dos personas y realizaba allanamientos en la zona de Rafaela en busca de otros dos que –según una fuente– “tendrían alguna implicancia o algún tipo de complicidad”.

Silvia no formaba parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su asesinato revela la indefensión en la que se encuentran los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. “Cuando dio testimonio, se le ofreció su ingreso al programa, pero ella no requirió nada. Aun así, siempre estuvimos en relación con ella”, indicó el director del Programa, Oscar Blando. El funcionario agregó que ayer fueron a hablar con el jefe de la Unidad Regional, Juan Mondino, y el juez de la causa, Alejandro Mognaschi. “Queremos saber si fue un robo o una situación vinculada con los derechos humanos. Si fue un robo, hay que tranquilizar a los testigos. Si no lo fue, es un hecho gravísimo y hay que redoblar los esfuerzos del Estado”, agregó Blando, quien subrayó que la familia de la víctima recibió asistencia de funcionarios del programa.

Suppo declaró el 5 de octubre pasado en la causa conocida como Brusa, que tuvo también como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos. El 21 de diciembre pasado, se conoció la sentencia de 19 a 21 años de prisión para los acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Además, Silvia impulsaba la causa por su compañero desaparecido el 25 de enero de 1977. Allí hay cuatro imputados, de los cuales al menos dos aún viven en Rafaela.

Tras su asesinato, el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó “al Estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas”.
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OTRO EPISODIO SOSPECHOSO
Un secuestro equivocado

El de ayer no fue el primer episodio sospechoso relacionado con testigos de la causa Brusa, que investiga el terrorismo de Estado en Santa Fe. El miércoles 25 de noviembre del año pasado, dos desconocidos intentaron secuestrar a Avelino Cantelli, un comisario de la policía que un día antes había testificado en el juicio a los represores. Luego de interceptar a la víctima a la salida de su casa, encapucharla, subirla a una camioneta y llevarla hasta una casa, los secuestradores descubrieron que no tenían al testigo sino a un vecino suyo, de su misma edad y cierto parecido físico, a quien finalmente decidieron liberar. Según le contó a Página/12 el comisario Cantelli, luego de este episodio, su vecino escuchó que sus captores dijeron “que podría haber más secuestros en Santa Fe”.
Eugenia Cantelli, hija del comisario, relató el incidente: “Mi papá tiene un vecino que es muy parecido. A las 10, una camioneta lo secuestró, le pusieron una capucha y le dijeron ‘quieto, Cantelli, porque te matamos’. Uno se dio cuenta de que no era mi papá al que habían secuestrado y lo dejaron en el Puente Negro”, una zona en las afueras de la capital provincial. La inesperada víctima era un ferroviario jubilado, de apellido Bianchi, que vive en el mismo edificio que el testigo, en el mismo piso, en el departamento de enfrente. Ese día, minutos antes de que Bianchi saliera de la casa, Cantelli había entrado, por lo que los secuestradores cometieron la confusión.


Un día antes del intento de secuestro, el comisario había declarado como testigo de la causa que investiga al ex juez Brusa y a cinco policías por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Cantelli se había desempeñado como jefe de la Sección Robos y Hurtos de la policía de Santa Fe durante la dictadura, donde conoció a algunos de los acusados, a quienes señaló como miembros del llamado Departamento de Informaciones, “una especie de brigada antisubversiva”. Pero su declaración había sorprendido porque, además, había acusado al ex gobernador santafesino Jorge Obeid, por haber “reciclado” a uno de los jefes del grupo de tareas que operó en esa provincia, Nicolás Correa, como asesor de seguridad durante su primer mandato. Correa, que también estaba implicado en la causa, falleció en 2007, sin condena.


En una entrevista con este diario, unos días después del intento de secuestro, Cantelli aseguró que hay, al menos, un ex policía detrás del episodio. “Una cosa mafiosa –lo calificó–. Estos tipos son profesionales, los que secuestraron a mi vecino estaban organizados.”

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PATRICIA ISASA, EX DETENIDA


“Ella habló de la violación como tortura”

Por Adriana Meyer


Patricia Isasa tiene 50 años y es arquitecta. Conoció a Silvia Suppo cuando estuvieron cautivas durante la dictadura y ayer recordó el instante en que anotó su nombre en la lista de testigos, “con tinta negra, en un papelito donde puse a las mujeres que estuvieron conmigo y podían hablar de su violación” a manos de los represores, “de esa fobia y misoginia enloquecidas”. A esos victimarios enfrentó cara a cara en septiembre, durante el juicio al ex juez Hermes Brusa y cinco ex policías en Santa Fe, en lo que fue uno de los testimonios más desgarradores. Isasa sufrió una serie de intimidaciones en septiembre de 2006, desarmó su vida y se fue del país. “La vida se me hizo mierda dos veces, pero volví porque acá tengo mis muertos, mis amores y mis sueños”, dijo ayer a Página/12, por momentos quebrada de dolor por el asesinato de Suppo. “Si no fue un robo significa que los represores son la mafia, y con un mafioso criminal confeso no hay reconciliación posible. Es un debate infame el que propone (Eduardo) Duhalde cuando habla de plebiscitar los juicios”, agregó.


Suppo fue una testigo clave en el juicio en el que Isasa fue querellante. “Es medio difícil que salgan a robar a esa hora, entre las 9 y las 10 de un lunes. Si no llega a ser un robo fue un mensaje mafioso, una represalia o venganza por el valiente testimonio de Silvia en el juicio”, afirmó. A su criterio, “ésta sería la prueba palmaria de que no es posible limitar los juicios como propone la derecha”.


–¿Siendo sobreviviente de la dictadura se fue del país en plena democracia luego de las amenazas que sufrió?


–Al día siguiente de la desaparición de (Julio) López fui amenazada de una manera jodida. Llamaron a los teléfonos de mi ex pareja, me estaban buscando. Me fui a vivir a Estados Unidos, y cuando volví secuestraron a (Luis) Gerez a los pocos días. Acá hay que ver las condiciones en que están presos. Por haber estado en un campo me parece bien una cárcel limpia y justa, pero hay que poner atención con quién se comunican, quiénes los visitan, hay que hacer un monitoreo detallado, son presos de extrema peligrosidad y lo demuestran a cada instante. Hablo de un control efectivo, permanente y puntilloso de los contactos que tienen; me pregunto si debieran tener acceso a Internet y celulares. No son presos que se van a reinsertar, hay que tenerlos a resguardo de todos nosotros. Si a esta edad se los está juzgando no es porque no quisimos sino porque en el ’87 intentaron dar un golpe. Ahora exageran su decrepitud en los juicios y muestran el grado de psicosis que tienen al no hacerse cargo, porque en privado se enorgullecen de lo que hicieron pero lo silencian en público.


–¿Por qué el testimonio de Silvia Suppo fue clave?


–Silvia habló de la violencia sexual, de la violación como práctica de tortura especial contra las mujeres, una práctica sistemática, un delito aparte. La violaron en la Comisaría 4ª igual que a mí, y cuando en la Guardia de Infantería Reforzada detectan que estaba embarazada, María Eva Aebi y Juan Calixto Perizzotti deciden hacerla abortar. Luego la llevan a La Casita, donde se repone y como no estaba vendada les ve las caras a todos. La conocí en ese lugar. Estuvimos un año juntas, era una persona digna, muy compañera. Cuando salió libre siguió viviendo en Rafaela.


–Robo o mensaje mafioso, ¿esto afectará a otros testigos?


–En lugar de callarnos, luego del espanto, nos genera más compromiso. Yo misma tengo miedo, el tema es que no te paralice. Hoy temblé al recordar cuando la puse en la lista de testigos, cuando sonrió y me dio un beso al terminar de declarar. Pero reforzamos el compromiso de vida de sostener estos juicios. No existe la protección total. Viví en Londres y otros países donde la protección es muy eficiente y previene algo, pero nunca todo. Acá no se trata de si el sistema nacional o provincial de protección de testigos funciona. En mi caso esclarecieron una de las amenazas y venía de una familiar de uno de los condenados en el juicio. Durante el juicio Silvia tuvo protección pero luego no la quiso, y es respetable. La tuve durante años y es muy pesado. Esto no se cambia con ceder a extorsiones mafiosas sino con más control en las cárceles y más condenas. Si no, ganaron ellos.

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Declaración de la Liga por los Derechos del Hombre

El crimen de Silvia Suppo evidencia el agotamiento de una estrategia equivocada


Por: Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Fecha de publicación: 02/04/10

No es lo mismo “cuidar” los testigos,que sostener una estrategia eficaz de lucha contra la impunidad

El solo hecho que se haya instalado como posible la hipótesis de que el asesinato de Silvia Suppo pueda haber sido obra de un grupo de tareas o un crimen por encargo a un sicario revela el agotamiento de una estrategia equivocada: la de pensar la seguridad de los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad desde la lógica de la lucha contra los narcotraficantes: custodia personalizada, entrega de celulares del tipo “antipánico”, para no hablar de los ridículos consejos del Director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de cambiarse la cara mediante una operación de cirugía plástica.

Juzgar el Genocidio no es tarea fácil y los problemas surgidos en el proceso de intentarlo sin una estrategia estatal unificada e integral, revelan al menos dos cuestiones: una es la poca voluntad política de enfrentar a los organizadores, impulsores, financiadores y beneficiarios del Terrorismo de Estado, el mismísimo Bloque de Poder Histórico –con su componente extranjero incluido, el imperialismo norteamericano primero pero también el europeo- que han sostenido la impunidad estos treinta y cuatro años y que son los primeros en enojarse y resistir todo avance contra su legitimidad social por un lado y por el otro es la incomprensión del fenómeno social a investigar para castigar a los responsables.

La falta de correspondencia entre el objeto a investigar: un Genocidio, planificado estatalmente como parte de una operación continental de contrainsurgencia de vasto alcance, y el instrumento jurídico con que se pretende abarcarlo es más que evidente en el penoso hecho de la fragmentación de las causas, la dispersión de las responsabilidades y el tratamiento, en muchos casos, de los crímenes de lesa humanidad cometidos como simples faltas al código penal.

De este modo mas allá de las voluntades e intenciones en juego, la estrategia jurídica objetivamente propicia la impunidad.

Algo de eso estaba planteado en el fallo del Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata contra Echecolatz que fue tapado por el secuestro de Julio López: discutir socialmente que así no hay justicia y que hacía falta otro enfoque jurídico, capaz de juzgar rápidamente al inmenso grupo de represores, intelectuales, políticos, empresarios, embajadores, etc. que perpetraron el Genocidio.

Es esa incomprensión del fenómeno a tratar, esta verdadera crisis de percepción que afecta a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los legisladores y al propio Gobierno Nacional, lo que está en la base de la crisis que sufrió el proceso judicial en diciembre de 2008 cuando la Cámara de Casación decidió liberar un selecto grupo de represores por las demoras en juzgarlos que la propia Justicia toleraba y/o fomentaba; y que ahora aflora de nuevo en la crisis de percepción sobre el tema de los testigos.

No se trata de pensar “como proteger los testigos”, como si fuera un grupo de minusválidos en peligro, sino de derrotar la impunidad.

El enfoque de “proteger los testigos” presupone convivir con la impunidad y pensar que con medidas técnicas, por otro lado imposibles de implementar masivamente dado el número de testigos que ya han testimoniado o han sido ofrecidos en los juicios orales realizados, en desarrollo o en preparación, se podrá resolver el problema.

El posibilismo del progresismo ha llegado a un punto muerto: no se anima a plantear el juicio a castigo a todos los culpables, porque presiente que eso lo llevaría a un enfrentamiento a fondo con el Poder real, y no sabe como resolver el problema de haber asumido como propios los juicios y no poder garantizar nada a los militantes que sostienen los juicios.

Decimos simplemente ¿donde está Julio López? y todo el discurso triunfalista del “gobierno de los derechos humanos” se viene abajo.

Y ahora Silvia Suppo.

Y mañana quién?

Si Eduardo Duhalde se anima a proponer un plebiscito para terminar con los juicios es porque sabe que el Poder real está jugado a esa opción.

Ahora no hay vuelta atrás: o vamos a fondo con los juicios para imponer el castigo a los genocidas o será el retorno de una derecha heredera de Videla, acaso con nuevos modales pero con los mismos instintos crueles y perversos.

Cada uno ocupará en esta lucha el lugar que el mismo decida.

Los habrá quienes privilegiarán sus posiciones de gobierno o la calma de los despachos y habrá una multitud plural y diversa que sostendrá la lucha hasta el final.

-Como hizo Silvia con su testimonio contra Perizzotti y la banda de Brusa, Ramos y el resto de los asesinos que ella contribuyó a condenar.

www.aporrea.org

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Carmen Fernández asegura que la Armada no funcionó el día del terremoto y maremoto--4 de Abril de 2010

4 de Abril de 2010

Sigue la polémica entre el Shoa y la Onemi

por UPI

Carmen Fernández asegura que la Armada no funcionó el día del terremoto y maremoto
La ex directora del organismo de emergencia asegura que tras sobrevolar el puerto de Talcahuano y ver la cantidad de buques de la Marina dañados, se percató del error que había cometido la institución. Sin embargo, su molestia no sólo es contra esa rama castrense, ya que las demás también tienen su cuota de responsabilidad que se expresa con el malestar de la ex Presidenta Bachelet por la demora en sacar a sus efectivos a la calle luego de ocurrida la tragedia.
La ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, denunció que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) no funcionó tras el terremoto y posterior maremoto del pasado 27 de febrero.

El Shoa, encargado de alertar sobre maremotos, “no sólo no funcionó bien sino que generó ruido al trabajo que se estaba haciendo. Es más, si no hubiera intervenido” se habría dado la alerta de tsunami, dijo Fernández en una entrevista con la revista Paula.

Fernández, quien renunció al cargo el pasado 10 de marzo tras las críticas que recibió a la reacción del organismo tras el terremoto de 8,8 grados Richter y posterior maremoto que asoló el centro-sur del país, destacó que la insistencia de la Armada de que su sistema de alarma funcionó bien no es tal.

“Cuando sobrevolé el puerto de Talcahuano, en el sur de Chile, vi una buena cantidad de buques de la Armada muy dañados”, lo que en su opinión da cuenta del error que había cometido el Shoa.

Fernández tiene grabado el malestar de la ex presidenta reclamándoles a los generales por no haber sacado “a sus fuerzas a operar en la calle” tras varias horas de ocurrido el terremoto.

“El protocolo de ellos indica que si hay riesgo de maremoto tienen que ir con sus barcos mar adentro. Me parece que no lo hicieron porque creían que el epicentro era en tierra y ellos también entendieron de que no había riesgo de maremoto”, apostilló.

Fernández presentó su renuncia como consecuencia de las descoordinaciones entre la Onemi y ese organismo de la Marina, que llevaron a no alertar sobre el maremoto, el cual se cobró decenas de vidas, dejó varias personas desaparecidas y generó gran destrucción en localidades costeras de las regiones afectadas por el terremoto, así como en el archipiélago de Juan Fernández.

En su momento, Fernández y el alto mando de la Armada se enzarzaron en una polémica, atribuyéndose mutuamente la responsabilidad por el tema de la alerta de tsunami.

El pasado 24 de marzo el Gobierno chileno expulsó del servicio naval al director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Mariano Rojas, por el incidente en cuestión.

En la entrevista con la revista Paula, Fernández también criticó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Ricardo Ortega, quien en la madrugada del 27 de febrero, horas después del terremoto, dijo que los aviones que sobrevolarían las zonas afectadas estaban preparados para salir, pero que sólo esperaban la respectiva orden.

“Es cierto que los aviones de la Fuerza Aérea estaban listos, pero no había pilotos. Recién logramos hacer los primeros vuelos a las 09.30 horas porque no había pilotos”, enfatizó.

Fernández señaló que en la Onemi, dependiente del ministerio del Interior, están los registros y vídeos de la (ex) presidenta (Michelle Bachelet) en los que se le observa decir a los miembros de socorro ante la descoordinación: “¡Pero, por favor!, ¿qué va a pasar en este país si hay una guerra?”.

La ex funcionaria recordó que en un momento dado Bachelet levantó los brazos y le dijo a Ortega: “Ya han pasado cuatro o cinco horas, no me diga que todavía no podemos salir a sobrevolar”.

Sostuvo que tiene grabado el malestar de la ex presidenta reclamándoles a los generales por no haber sacado “a sus fuerzas a operar en la calle” tras varias horas de ocurrido el terremoto.

El mismo se registró a las 03.34 hora y unos 45 minutos después sobrevino el maremoto, los que dejaron un saldo oficial de 432 muertos, 98 desaparecidos, 800.000 damnificados y pérdidas por 30.000 millones de dólares.

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Manuel Contreras y Álvaro Corbalán serán interrogados por el caso Anfruns--1 de Abril de 2010

1 de Abril de 2010

por UPI

Luego que la Corte de Apelaciones reabriera la investigación

Manuel Contreras y Álvaro Corbalán serán interrogados por el caso Anfruns







El tribunal de alzada revocó la decisión del ministro Manuel Valderrama, quien en julio del año pasado había cerrado la investigación, ratificando que el autor del crimen era el joven de 16 años individualizado con las iniciales P.P.V. La Corte también solicitó al magistrado que investigue el delito de asociación ilícita, por lo que determinó que declaren en esta causa el ex director de la disuelta DINA y el ex jefe operativo de la CNI.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el cierre del sumario dictado en la causa por el crimen del menor Rodrigo Anfruns, acontecida en junio de 1979, disponiendo además una serie de diligencias.

El abogado Roberto Celedón, querellante en la causa, dijo a Agencia UPI que aún no se impone del fallo, pero expresó su júbilo ante esta sentencia, dada la trascendencia que tiene en el mundo de los derechos humanos.

En el dictamen se ordena al magistrado Manuel Valderrama, instruir un sumario por el delito de asociación ilícita, por lo cual se pide tomar declaraciones a Carlos Herrera Jiménez, al ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corvalán Castilla, y al otrora ex jefe de la disuelta DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, actualmente recluido en el recinto penal Cordillera.

En el fallo se pronunciaron los magistrados Adelita Ravanales, Pilar Aguayo Pino y el abogado integrante Rodrigo Asenjo.

Asimismo, el tribunal de alzada expresa que existen evidentes contradicciones en las declaraciones y careos practicados a los funcionarios de policiales que participaron en las diligencias del proceso.

El ministro Valderrama resolvió en julio del 2009 cerrar el sumario sin procesados y ratificar que el autor del crimen fue un joven que entonces tenía 16 años, individualizado con las iniciales P.P.V., y quien se encuentra declarado sin discernimiento.

El juez asumió la causa en marzo de 2007, luego que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera por unanimidad reabrir el proceso que había ordenado cerrar la entonces jueza del caso y, con ello, dar curso a una serie de diligencias solicitadas por el abogado de la familia, Roberto Celedón.

Fue entonces que la ministra Dobra Lusic decidió inhabilitarse, argumentando que había emitido pronunciamiento en el caso en octubre de 2006, cuando puso fin al sumario y declaró que ninguno de los cien testimonios reunidos permitió confirmar la versión del teniente (R) de Carabineros Jorge Rodríguez Márquez, respecto de que la Policía de Investigaciones (PDI) de la época sería cómplice del asesinato del menor.


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Nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos visitó la Corte Suprema--24/03/2010

Nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos visitó ...

24 Mar 2010 ... LORENZO LONCON MELLADO TEMUCO. 24/03/2010 - 18:02:20. ...www.cooperativa.cl/nueva...del.../161422.html -


25/03/2010 - 10:45:31


BICENTENARIO DD.HH:CONTRA GENOCIDIO, ECOCIDIO,CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, TERRORISMO DE ESTADO, "OPERACIÓN CONDOR",GBI SECUESTRO, TORTURA, EXILIÓ, DESTERRITORIALIZACIÓN, PRISIÓN SOCIO POLÍTICA, OPERACIONES SICOLÓGICAS, GOLPIZAS, DESARTICULACIÓN SOCIO FAMILIAR, TERRORISMO MEDIATICO, QUEMA DE CASA LORENZO LONCON MELLADO TEMUCO

http://www.cooperativa.cl/nueva-secretaria-ejecutiva-del-programa-de-derechos-humanos-visito-la-corte-suprema/prontus_nots/2010-03-24/161422.html

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Nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos visitó la Corte Suprema





Rossy Lama manifestó a Milton Juica toda la cooperación que tendrán con los tribunales.

Aseguró que se mantendrá la línea de investigación de períodos anteriores.

Cooperativa.cl

24/03/2010

La nueva secretaria ejecutiva el Programa de Derechos Humanos, Rossy Lama Díaz acudió hasta la Corte Suprema para hacer una visita de presentación al máximo tribunal, tras ser nombrada por el Presidente Sebastián Piñera en el cargo.

Lama visitó al ministro Milton Juica, titular de la Suprema, y al término de la reunión, Lama explicó que el objetivo de su cita fue presentarse y "manifestarle toda la cooperación que el programa va a tener con los tribunales de justicia en las investigaciones que están vigentes sobre los temas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos".

Dijo además que este es un tema en el que ya se está trabajando por el programa y que mantendrán la misma línea de trabajo de los períodos anteriores, y que "solamente se va a modificar son poder tener una colaboración más estrecha con el Poder Judicial"

Lama añadió que a contar de este miércoles comenzará sus reuniones con las distintas organizaciones de derechos humanos de Santiago y regiones.


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sábado, 3 de abril de 2010

Diputados nacionales se pronuncian por Paichil Antriao


Diputados nacionales se pronuncian por Paichil Antriao




Diputados nacionales emitieron una declaracion por la situación que vive el Lof Mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura. Exigen el reconocimiento total y definitivo del espacio Territorial Ancestral Mapuche, la investigación del despojo sistemático del lote 9 original, la desmilitarización total y definitiva. El desmantelamiento de los cuerpos parapoliciales bajo el mando del norteamericano William Fischer y de Daniel Ducau. Además piden la deportación del norteamericano William Fischer y repudian a la embajadora de EE.UU. que estuvo en Villa La Angostura en indudable respaldo político institucional al accionar delictivo de Fisher, entre otros puntos.


LOS DIPUTADOS NACIONALES ABAJO FIRMANTES:


- Considerando que el pueblo mapuche es preexistente a la formación del estado argentino, el que este año celebra recién su bicentenario;


- Que en la cosmovisión del pueblo mapuche la gente pertenece al territorio y que el pueblo mapuche lucha por recuperar el territorio ancestral para recrear la vida en libertad;


- Que Argentina subscribió el Convenio 169 de la OIT y la declaración de derechos de los pueblos originarios de la ONU, así como pactos internacionales de DDHH y contra la tortura;


- Que los estados federales deben ser coherentes con los principios establecidos en la Constitución nacional y las leyes nacionales, en este caso en relación con el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios establecidos en el Art.75 inciso 17 de la Constitución, la ley de emergencia de los territorios indígenas;


- Que el estado nacional es soberano y no reconoce ingerencias extranjeras en asuntos internos, lo que comprende necesariamente al estado provincial de Neuquén;


- Que el terrorismo de estado atenta contra la vigencia plena del estado de derecho en un republica;


- Que Argentina decidió “nunca más” el terrorismo de estado incluyendo sus variantes nuevas de “baja intensidad”;


Exigimos:


- El reconocimiento total y definitivo del espacio territorial ancestral de la comunidad mapuche Paisil-Antreao de Villa La Angostura, asentada en el antiguo lote 9 de 625 hectáreas por los menos desde 1900;


- La investigación del despojo sistemático del lote 9 original que provocó la atomización del territorio y la aparición de terceros ajenos al pueblo mapuche que reclaman la propiedad privada de fracciones del territorio; de la intervención de particulares y el estado en ese despojo entendiendo que la verdad es indispensable para establecer justicia y reparación al robo y destrucción históricos;


- La desmilitarización total y definitiva del territorio de la comunidad Paisil-Antreao que se mantiene bajo distintas modalidades desde el 2 de diciembre de 2009;


- El desmantelamiento de los cuerpos parapoliciales mantenidos en el territorio de la comunidad Paisil-Antreao bajo la órbita directa del ciudadano norteamericano William Henry Fischer una y de Daniel Ducau otra, los que amenazan la vida y la libertad del pueblo mapuche;


- El restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales para los miembros del pueblo mapuche que defienden el territorio ancestral en Villa La Angostura, los que son perseguidos sin orden judicial peligrando la vida y la libertad;


- La investigación total e independiente de las violaciones a los derechos humanos cometidos por distintos grupos y divisiones de la policía de Neuquén antes, durante y después del 2/12/09;


- La garantía de funcionarios judiciales independientes en la circunscripción 4 de primera instancia de Villa La Angostura, la de segunda instancia con asiento en Junín de los Andes y del Superior Tribunal de Justicia de la provincia con asiento en Neuquén; - La deportación del ciudadano norteamericano William Fischer que violando toda la legislación vigente actuó al frente de una división de la policía del Neuquén, con un arma de fuego, durante la represión perpetrada contra el Pueblo Mapuche el 18/01/2010 en un espacio ceremonial sagrado (rewe y pillal leufun);


- El repudio a la embajadora de EE.UU. que estuvo presente en Villa La Angostura en indudable respaldo político institucional al accionar delictivo de Fisher que mantiene y dirige uno de los escuadrones parapoliciales en el territorio ancestral de la Paisil-Antreao;


- El repudio a los funcionarios de la administración de Parques Nacionales y de los representantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que respaldaron la presencia de la embajadora norteamericana.


Fernando "Pino" Solanas
Claudio Lozano
Alcira Argumedo
Jorge Cardelli
Liliana Parada
Eduardo Macaluse
Verónica Bennas
Victoria Donda
Cecilia Marchand
Miguel Bonasso


http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1318&Itemid=3
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Funam denuncia a Sapag y a la policia, por el caso Paichil Antriao-26 de Enero de 2010 07:35

Funam denuncia a Sapag y a la policia, por el caso Paichil Antriao

Martes 26 de Enero de 2010 07:35


Violencia contra indígenas mapuches en Neuquén: FUNAM denunció por discriminación al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, a altos jefes policiales y al estadounidense William Henry Fisher. La denuncia fue presentada por el Dr. Raúl Montenegro ante el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, denunció por discriminación al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, a altos jefes policiales de esa provincia y al estadounidense William Henry Fisher. La denuncia fue presentada por el Dr. Raúl Montenegro ante el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia.

Según sostuvo la entidad, en el cerro Belvedere, en Neuquén, fuerzas policiales siguen reprimiendo violentamente a la comunidad Mapuche Paichil Antriao para favorecer negocios inmobiliarios. El gobierno de Jorge Sapag, altos funcionarios policiales y el propio Juez de Villa La Angostura, Jorge Videla, violan abiertamente la Ley nacional n° 26160 de comunidades indígenas, la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Nacional.

El Dr. Raúl Montenegro, que es presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo 2004, sostuvo que la familia Paichil Antriao –principal afectada por la violencia policial del gobierno de Jorge Sapag- recibió 625 hectáreas del gobierno nacional en el siglo XX y que sucesivas ocupaciones ilegales redujeron esa superficie a 222 hectáreas". "Lo grave –agregó Montenegro- es que violando leyes argentinas y una convención internacional hasta un Juez de Villa La Angostura convalidó el arrebato de tierras para que las ocupe el ciudadano estadounidense William Henry Fisher".

FUNAM denunció ante el INADI que funcionarios del gobierno de Neuquén, un juez de Villa La Angostura y el ciudadano estadounidense William Henry Fisher actuaron violentamente contra personas indefensas que defendían su territorio y su lugar sagrado y discriminaron a la comunidad mapuche por su pertenencia étnica y creencias religiosas.

"Hay que decirlo claramente, el señor Jorge Sapag, los altos jefes policiales de Neuquén y el Juez de Villa La Angostura están violando derechos humanos, y reiniciando la abominable campaña del desierto en el cerro Belvedere. Estos señores deben entender que las leyes están para ser cumplidas, y que los derechos de nuestros hermanos indígenas valen más que cualquier negocio inmobiliario".
FUNAM recordó que el Juez de Villa La Angostura, Jorge Videla, ordenó el desalojo de los legítimos dueños de la porción del cerro Belvedere, cuyas viviendas y bienes fueron salvajemente arrasados por fuerzas policiales. A mediados de enero de este año el ciudadano estadounidense William Henry Fisher, ya instalado en las tierras Mapuche, comenzó a remover tierra y construir caminos que destruyeron el "rewe", lugar sagrado donde los Mapuche hacen sus ceremonias. La familia Paichil Antriao volvió a presentarse ante el juez, pero en lugar de escuchar sus reclamos fueron violentamente desalojados del lugar por efectivos de la policía local y Grupos Especiales.

El Dr. Raúl Montenegro consideró que el Juez Jorge Videla debe ser denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Neuquén "porque un juez no puede ignorar la vigencia de la Ley Nacional n° 26160, ni el Convenio de Derechos Indígenas de la OIT".

FUNAM denunció ante el INADI, por discriminación, a Jorge Augusto Sapag, Gobernador de la provincia de Neuquén; a Jorge Omar Albedo Tobares, Ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos; a Guillermo R. Pellini, Secretario de Estado de Seguridad; a Juan Carlos Lepen, Jefe de Policía de la provincia de Neuquén; a Raúl Laserna de la Superintendencia de Seguridad; a Andrés Ledesma y Marcelo G. Zuñiga, responsables de Comisaría 28° de Villa La Angostura; al efectivos de la Policía de Neuquén; a Jorge Videla del Juzgado Multifueros de Villa La Angostura y a William Henry Fisher, ciudadano estadounidense.

El Dr. Raúl Montenegro, que integra el Consejo Asesor de la delegación del INADI en Córdoba, calificó la situación que se vive en Neuquén como "gravísima". Agregó que el gobierno de Sapag "ha reiniciado el genocidio silencioso de los pueblos originarios" y que la "torpeza inhumana del gobierno neuquino y de sus fuerzas policiales está horrorizando a la comunidad internacional". Montenegro indicó que el emplazamiento realizado al gobierno de Argentina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de enero "es apenas el comienzo de un escándalo internacional". La CIDH tomó en sus manos la denuncia efectuada por Juan Manuel Salgado, abogado patrocinante de la familia Paichil Antriao, y le dio 10 días al gobierno de Cristina de Kirchner para responder.

FUNAM anticipó la posibilidad de denunciar penalmente al gobernador Jorge Sapag y a otros altos funcionarios de la provincia, incluido un magistrado de Villa La Angostura.

El Dr. Raúl Montenegro le recordó al gobierno nacional que los derechos humanos "también valen para las comunidades indígenas" y que por lo tanto "debe proteger a la comunidad Paichil Antriao e impulsar una exhaustiva investigación judicial". Agregó que se debe investigar "al gobernador Jorge Sapag, a sus funcionarios de seguridad, a sus altos jefes policiales y al juez de Villa La Angostura. Ha habido violación de leyes vigentes, represión de personas indefensas y una sospechosa cesión de tierras en el cerro Belvedere para beneficio de la Mutual Policial de la provincia de Neuquén".

El territorio Mapuche no estaba desierto

(*) La "Campaña del Desierto" es un conjunto de acciones militares ordenadas por el gobierno de Argentina entre 1879 y 1885 para tomar por la fuerza los territorios donde vivían los pueblos Mapuche y Ranquel. La campaña de Roca (1879) incluyó cinco divisiones militares al mando de Julio Argentino Roca, Conrado Villegas, Eduardo Racedo, Napoleón Uriburu e Hilario Lagos. La campaña de Villegas en Neuquén y Río Negro incluyó tres brigadas a cargo de Rufino Ortega, Lorenzo Vinttner y Liborio Bernal (1881). La campaña de los Andes de Villegas (1882) incluyó tres brigadas y la campaña final (1884-1885) un contingente de soldados al mando de Lino Oris de Roa. El informe oficial de la Comisión Científica que acompañaba al Ejército Argentino (1879) dice: "Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña". Ese mismo informe, tras justificar las matanzas "para transformar estos campos en valiosos elementos de riqueza y de progreso", califica despectivamente a los grupos indígenas que los poblaban ancestralmente. Se refiere a ellos como "la raza estéril que las ocupaba". Adultos, jóvenes y niños, hombres y mujeres, fueron masacrados de todas las formas imaginables. Hubo campos de detenciones con alambre de púas de 3 metros de altura donde los prisioneros morían de hambre, traslados forzosos a pié, tortura, violaciones, cacería de seres humanos, asesinatos, separación de familias, cambio de nombres para que no se pudiera construir la historia familiar y sobre todo, discriminación. No se conoce el número total de indígenas muertos por los militares. Las estimaciones varían entre 29.000 y 150.000.
http://www.bariloche2000.com/la-ciudad/informacion-general/46011-funam-denuncia-a-sapag-y-a-la-policia-por-el-caso-paichil-antriao-.html
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