miércoles, 30 de abril de 2014

Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MBNC)

14 AÑOS DE LUCHA CLANDESTINA POR LA LIBERTAD.

"Bolívar capitán, se divisa tu rostro. Otra vez entre pólvora
y humo tu espada está naciendo".
 
Pablo Neruda

 



¡Salud, bolivarianos de Colombia y de Nuestra América!

 
¡Salud, luchadores clandestinos que anónimos ponen su sacrificio y su fuerza de cambio al servicio de la causa popular!

Catorce años hace hoy del surgimiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia; más de una década de una experiencia que significa el renacer constante, entre vicisitudes y esperanzas, de los sueños de emancipación que vuelan con alas de patria sobre la conciencia de los hombres y mujeres, que en nuestro país han tomado para sí la causa de los pobres,no solamente de nuestra tierra comunera, sino de todo el orbe azotado por el neo-liberalismo, lacerado por la depredación del capital y asediado por la muerte que diseminan los imperios.

Aquí está el Movimiento Bolivariano, vital, y listo para emprender el camino de la paz; dispuesto a que si se alcanza la firma del acuerdo final, hacer del antifaz que lo resguarda de la guerra sucia y el terror que hasta ahora imperan en Colombia, una bandera tricolor al viento, un partido político abierto, legal, que recoja a las mayorías inconformes para proseguir la lucha por la democracia, la reconciliación y la justicia social, en un escenario en el que por fin se establezcan y respeten los derechos ciudadanos y la verdadera participación del pueblo en la conducción soberana del país, superando la mala hora del neo-liberalismo y sus miserias.

Debemos decir, que si algo palpita con fuerza telúrica dentro de ese derrotero de luchas por un mundo mejor, que en el presente se toma las calles y carreteras de Colombia, en caudales de masa indignada que van en creciente, son los sentimientos de los hombres y mujeres que en su mentalidad han asumido la condición de ser bolivarianos, lo cual significa sencillamente el reencuentro con el ideario del padre Libertador; retomar las reservas morales y espirituales, además, que los fundadores de nuestra americanidad mestiza y valiente, dejaron como herencia para estos pueblos que soñaron libres viviendo en condiciones de justicia y de concordia, pero que desafortunadamente sus destinos fueron asaltados por los usurpadores que los explotan y lo someten al vilipendio del neo-colonialismo y la pobreza.

Ser bolivariano es vivir con mérito y humildad, retomando y diseminando solidaridad, fraternidad, ideales de integración y de unidad que coadyuve en concretar el proyecto de gran nación de repúblicas que soñó el Libertador.

Ser bolivariano es dolerse del dolor ajeno, sufrir el sufrimiento de las mayorías explotadas y sometidas de cada rincón del continente, ser la indignación de los de abajo, que ya cansados de tanta iniquidad, se lanzan a la calle para decir basta ya.

Ser bolivariano, en relación con nuestro terruño, es estar dispuesto a dar la vida por la defensa y las reivindicaciones de esa inmensa masa de gente empobrecida de los campos y las ciudades, que durante décadas de desidia institucional ha soportado, además, la violencia y el terror de una oligarquía entregada a los intereses de las transnacionales; ha resistido y sigue en la acción con el pleno convencimiento de alcanzar la victoria que le entregue el poder a los desposeídos.

Ser bolivariano hoy es querer y luchar el cambio social, entregar lo mejor de sí por esa causa popular, asumir con valor, con honestidad, con capacidad de sacrificio, con orgullo de patria, con sentimientos de solidaridad, el combate por la definitiva independencia, pero en un sentido que va mucho más allá del propósito nacional, pensando en la América Nuestra en integración, haciéndonos un mismo manojo de pueblos y avanzar creciendo en identidad hacia la convicción de que Bolívar somos todos.

Y es precisamente esa razón la que en este aniversario exaltamos con un parte de alegría, diciendo a Colombia y a las gentes del mundo que acompañan nuestros sueños de paz, que hemos sobrevivido a la guerra sucia, hemos librado tormentas de masacres, desapariciones, desplazamientos y represión inenarrables, con la certeza de que somos parte de un pueblo bravío que no se amilana ni se rinde ante la peor de las adversidades, y que si ahora emprendemos el diálogo por la reconciliación, es porque existe la fuerza clandestina y pujante de una masa dispuesta a tomar de una vez por todas la conducción de su destino, con toda la disposición de amar y perdonar, pero también con toda la determinación de luchar en procura de su libertad.

A catorce años de aquel colorido 29 de abril de 2000 en el Caguán, decimos a Colombia, con el ejemplo del comandante Alfonso Cano en nuestros corazones, que el Movimiento Bolivariano está listo para continuar su avance, por la Nueva Colombia, ojalá en un nuevo escenario signado por la paz; pero en todo caso ondeando el amarillo, azul y rojode la emancipación, levantando ahora su voz por la Constituyente que rehaga el país y, con la potencia creadora del soberano,lo encamine hacia tiempos de restauración y grandeza, con el convencimiento de que si somos todos quienes nos necesitamos para alcanzar la libertad, esta es la hora de la unidad. Por ella clamamos y a ella le apostamos, con los brazos abiertos con el convencimiento de que como dijera el Libertador, “la mejor forma de alcanzar la libertad, es luchar por ella”.

¡Viva el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia!
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
 
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Miércoles 30 de Abril de 2014, 08:34 am

Fiscalía colombiana acusa a exgobernador por vínculos paramilitares

La Fiscalía colombiana acusó este martes a Francisco "Kiko" Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira (norte), por los cargos de concierto para delinquir y de tres asesinatos, así como se pidió que se investigue su posible participación en otros 15 crímenes ocurridos en ese departamento caribeño.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, informó a través de una rueda de prensa que las acusaciones contra el exgobernador, son por sus presuntos vínculos con Marcos de Jesús Figueroa García, alias "Marquitos", señalado como jefe de una banda criminal.

"Kiko" Gómez también está acusado de presuntas relaciones con el excomandante paramilitar y narcotraficante Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", extraditado a Estados Unidos (EE.UU.) en mayo de 2008.

Al exgobernador, capturado en octubre del año pasado y preso actualmente en una cárcel de Bogotá (capital), también se le acusa de tener relación con el asesinato del entonces concejal del municipio de Barrancas (en el departamento de La Guajira), Luis Gregorio López Peralta, ocurrido en 1997 cuando Gómez era alcalde de esa población.

Igualmente se le acusa de los homicidios de los campesinos Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera, en hechos ocurridos entre 1997 y 2000.

Esos crímenes al parecer fueron cometidos por sicarios de "Marquitos" en el municipio de Fonseca con el apoyo de Gómez Cerchar, "quien habría ayudado con armas, vehículos y equipos de comunicaciones" según la Fiscalía.

El fiscal anunció además que fue abierta una nueva investigación contra el exgobernador por su presunta responsabilidad en el asesinato de otras 15 personas en La Guajira.

Montealegre también afirmó que se están investigando las denuncias de la senadora electa Claudia López, de la Alianza Verde, quien dijo que organismos de seguridad del Estado la alertaron de un "riesgo extremo" de que la asesinen y culpó de ese peligro al exgobernador y a su socio "Marquitos".

El fiscal indicó que la mejor contribución para combatir este tipo de acciones es desarticulando esa organización y añadió que para el organismo que dirige los temas de amenazas, en especial contra líderes sindicales, opositores políticos y defensores de Derechos Humanos, éstos "tendrán prioridad".

teleSUR-EFE / ad - FC


miércoles, 16 de abril de 2014

G.B.I. Venezuela:Asesinan a Alexander Manzanares, coronel del Ejército que se desempeñaba como Director de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Bolívar.

                           http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Schneider

Coronel Alexander Manzanares

Bolívar: Asesinan en Puerto Ordaz al jefe de Contrainteligencia Militar de ese estado


Este viernes en horas de la tarde fue asesinado Alexander Manzanares, coronel del Ejército que se desempeñaba como Director de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Bolívar.

El efectivo se encontraba en un restaurante del sector de Villa Colombia de Puerto Ordaz cuando resultó baleado, posteriormente fue trasladado a una clínica a pocos metros del lugar. A través de su cuenta en la red social Twitter, el Comando Regional número 8 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) confirmó la muerte del funcionario: “La visita de Maria Corina a Pto Ordaz trajo violencia y muerte, asesinaron al Cnel Manzanares y se iniciaron guarimbas”.
 
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HABRIA TREINTA OFICIALES SOSPECHADOS DE UN INTENTO DE DERROCAR AL GOBIERNO EN VENEZUELA
 

Imputan a tres generales por golpismo

Los imputados son los generales de Aviación Hernández, Machillanda y Millán, así como el capitán retirado Nieto, por los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.
 

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Un tribunal militar venezolano imputó a tres generales y un capitán retirado de la fuerza armada por promover la rebelión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los militares forman parte de un grupo de treinta oficiales investigados por estar detrás de un plan de golpe, según publicó el diario venezolano Ultimas Noticias. Los imputados son los generales de Aviación Oswaldo Hernández, José Machillanda y Carlos Millán, así como al capitán retirado de la Guardia Nacional –policía militarizada– Juan Carlos Nieto, por los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar.
Nieto fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar el miércoles 2 de abril en un shopping, dijo ayer su abogado defensor, Alonso Medina. “Se le imputó el delito de instigación a la rebelión. Las razones por las cuales se le imputa este delito es simplemente por un reporte de inteligencia que refleja que Juan Carlos estuvo en los Estados Unidos”, indicó el letrado. “Supuestamente (Nieto) traía unas instrucciones de su hermano, un capitán en situación de retiro, para otros oficiales, o sea, nada concreto”, agregó Medina. Juan Carlos Nieto es hermano de Javier Nieto, quien fue apresado durante un año y medio en 2004 por su presunta relación con un grupo de supuestos paramilitares colombianos. Tras ser liberado, salió del país.
“El intento desestabilizador debía ocurrir el jueves 20 de marzo, con operaciones aéreas y eventual ametrallamiento de soldados y otros hechos planificados para provocar confusión y probables enfrentamientos. Sin embargo, la madeja de la conspiración no ha sido revelada, toda vez que continúa la actividad del consejo de investigación, pero se ha comprobado que algunos de los oficiales estaban en contacto con por lo menos un dirigente político de la oposición”, señaló Ultimas Noticias.
Estos cuatro militares forman parte, de acuerdo con el diario, de un grupo de treinta oficiales que “estarían detenidos” por conspirar. El pasado 25 de marzo, el mismo día en que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) envió una delegación de ocho cancilleres a Caracas para empezar a buscar caminos de entendimiento en el medio de las protestas, Maduro anunció la detención de tres generales de la Aviación que, según dijo, pretendían alzar a la Fuerza Aérea contra el gobierno.
“Tengo que decirles aquí, sorprenderlos, pero tengo que decírselo: en la noche de ayer capturamos a tres generales de la Aviación que veníamos investigando gracias a la poderosa moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, indicó Maduro al inicio de la reunión con los cancilleres de Unasur. Maduro sostuvo entonces que los generales detenidos tienen vínculos directos con sectores de la oposición. Hasta el momento el gobierno no brindó una información oficial con respecto a las identidades de los oficiales presuntamente involucrados en ese intento de golpe ni tampoco de los cargos ni pruebas que pesan en su contra.
“La información que nosotros hemos procesado es la de los tres primeros generales que ya en su momento se divulgarán los nombres”, señaló la directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, Rocío San Miguel. “Frente a esta imputación pública de delito solicitamos a la fiscal que transmitiera un cuestionario al presidente de la República para que indique los tiempos, móvil y lugar en los cuales se basa esa acusación”, indicó San Miguel, quien aseguró que no conoce “ni de vista, trato o comunicación a esos señores a los que se nos ha vinculado”.
El principal jefe militar venezolano, el general Vladimir Padrino, indicó el domingo en una entrevista con el canal Televen que uno de los generales detenidos por conspirar, al que no identificó, confesó que participó en el intento de golpe porque se le ofreció un cargo importante en una eventual transición.
 pagina12

sábado, 1 de febrero de 2014

Procesan a médicos y oficiales del Ejército por envenenamiento de presos politicos en Cárcel Pública durante dictadura perrochet

Procesan a médicos y oficiales
del Ejército por envenenamiento
en Cárcel Pública en la dictadura
Seis personas fueron utilizadas como "conejillos de Indias" para probar toxinas mortales que usó el Ejército. Cuatro de ellos eran del MIR y estaban detenidos. Otros dos eran reos comunes que murieron al ser envenenados en 1981. Ese mismo año, Frei fue operado de hernia. Cuando estaba convaleciente, lo envenenaron.
Las víctimas de homicidio son: Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz y de homicidio frustrado: Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, todos ellos reos del ex penal que consumieron productos alimenticios inoculados con la toxina botulímica.
El ministro en visita Alejandro Madrid Crohare dictó sendos procesamientos en la investigación por los homicidios de dos reos de la ex cárcel Publica de Santiago y el homicidio frustrado de otros cinco internos del mismo penal envenados por toxina botulímica en el año 1981.
El magistrado declaró reos como autores del delito de homicidio calificado y homicidio frustrado al médico Eduardo Arriagada Rehren y al médico veterinario Sergio Rosende Ollarzú; asimismo en calidad de cómplice de los mismos ilícitos encausó al coronel en retiro del Ejército Joaquín Larraín Gana y al coronel en retiro del Ejército Jaime Fuenzalida Bravo; en la causa por la intoxicación en el penal ligada al proceso por la muerte del Presidente de la República Eduardo Frei Montalva.
Las víctimas de homicidio son: Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz y de homicidio frustrado: Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, todos ellos reos del ex penal que consumieron productos alimenticios inoculados con la toxina botulímica.

La resolución

El juez Madrid dice en su resolución que "el día 09 de diciembre de 1981 en el Centro de Detención Preventiva de Santiago, ex Cárcel Pública, ocho reclusos, de los residentes en la Galería N° 2, presentaron graves síntomas de salud, por lo que siendo las 15:30 horas fueron internados en la Enfermería del Penal".
"El parte N°636 de la Guardia Interna, de fs. 2473 de estos autos, señala que los primeros siete internos, ingresados a la Enfermería del Penal son: Víctor Hugo Corvalán Castillo, Rafael Enrique Garrido Ceballos, Héctor Pacheco Díaz, Guillermo Rodríguez Morales, Adalberto Muñoz Jara, Ricardo Aguilera Morales y Elizardo Aguilera Morales, haciendo presente en el punto 2 de dicho parte, que a las 08:00 horas del mismo día, dos del total de los reclusos internados, ya habían sido llevados a la Enfermería, por el funcionario de servicio en dicha Galería, por presentar, al parecer síntomas de gastritis", continúa el dictamen.
El jeuz Madrid continúa "atendida la gravedad de los síntomas de los presos, se dispuso el traslado de todos los procesados intoxicados al Hospital del Centro de Readaptación Social de Santiago (CERESO)".
"Primeramente -señala el magistrado- fueron trasladados a las 19:03 horas del día 09 de diciembre de 1981, los internos Víctor Corvalán Castillo, Elizardo Aguilera y Guillermo Rodríguez Morales y, en un segundo traslado del mismo día, a las 20:33 horas, los internos Héctor Walter Pacheco Castro, Ricardo Enrique Garrido Ceballos, Ricardo Aguilera Morales y Adalberto Muñoz Jara; ambos traslados se realizaron en el furgón celular N°29 y, asimismo, mediante oficio ordinario N°4484 del Jefe del Centro de Detención Preventiva de Santiago, Inspector Ronald Bennett Ramírez, de fecha 10 de diciembre de 1981, de fs. 2482 de estos autos y, dirigido a la Sra. Magistrado del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, en el acápite N°5 hace presente que se tuvo conocimiento que el reo VÍCTOR HUGO CORVALÁN CASTILLO, falleció en el trayecto a la Penitenciaría de Santiago".
El ministro en visita apunta que "por informe del Dr. Jorge Mery Silva, Médico Jefe del CERESO, queda establecido que a las 19:15 horas del día 09 de diciembre de 1981, son recibidos en el Hospital los reos Guillermo Rodríguez Morales, Elizardo Aguilera Morales y Víctor Hugo Corvalán Castillo, constatándose el fallecimiento de éste último y, respecto de los otros dos internos señala que "presentan sensación nauseosa y vómitos, ambos tienen intensa midriasis, dificultad en la emisión de las palabras, relatan disfagia intensa y sequedad de cavidad orofaringea".
Agrega, además, que a las 20:45 horas, "se recibe en el CERESO, a los reos Héctor Walter Pacheco Díaz, Ricardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, quienes presentan un cuadro similar a los pacientes antes ingresados, con un examen clínico idéntico, pero, en menor cuantía, siendo hospitalizados de urgencia e instalándose igual terapia".
"Como el Dr. Jorge Mery Silva plantea el diagnóstico de Intoxicación Botulínica, se toma contacto con el Dr. Álvarez, Médico Jefe de la Unidad de Tratamiento Intensivo de la Asistencia Pública, quien acorde con el diagnóstico dado sugiere el traslado del paciente más grave a dicha entidad asistencial y, a las 23:10 horas (fs. 2588) es llevado Elizardo Aguilera Morales en estado muy grave y crítico, ya que presentaba intensa depresión respiratoria con períodos de apnea; por tanto hubo que intubar y conectarlo de inmediato a respirador mecánico; presentando una discreta recuperación y, posteriormente son enviados a la Asistencia Pública, los restantes intoxicados: Ricardo Enrique Garrido Ceballos, Héctor Walter Pacheco Soto y Ricardo Aguilera Morales y, por parte N° 799 de la Guardia Interna de fecha 20 de diciembre de 1981, de fs. 2540 de estos autos, se da cuenta del fallecimiento en la Posta Central del reo Héctor Walter Pacheco Soto, a consecuencia de su gravedad", concluye el juez.
Ex senadora Carmen Frei afirma que proceso por
envenenamiento de reos llevará a la
verdad en el asesinato de su padre
Una declaración pública entregó la ex senadora Carmen Frei, a propósito del procesamiento que hizo el juez Alejandro Madrid respecto al envenenamiento de reos en la Cárcel Pública y que sería el antecedente al uso del mismo tipo de veneno para asesinar a su padre el presidente Eduardo Frei Montalva.
El siguiente es el texto de la declaración.
Hoy hemos conocido el autoprocesamiento del Juez Alejandro Madrid con respecto al
envenenamiento de los reos políticos y comunes en la cárcel pública, proceso del cuál
somos parte.
Hechos
El día 9 de diciembre de 1981, en la ex Cárcel Pública, ocho internos, todos ellos
residentes de la Galería N° 2, presentaron graves síntomas de salud, por lo que siendo las
15:30 horas fueron internados en la Enfermería del Penal.
Posteriormente, y atendida la gravedad de los síntomas, se dispuso el traslado de todos
los procesados intoxicados al Hospital del Centro de Readaptación Social de Santiago.
Víctor Corvalán Castillo falleció en el trayecto.
Los intoxicados fueron diagnosticados con "intoxicación botulínica". Los síntomas eran:
vómitos, midriasis, nauseas, disfagia, dificultad en la emisión de las palabras y sequedad
de la cavidad orofaringea.
La sustancia que produjo el envenenamiento de los internos fue obtenida por el Instituto
Bacteriológico, a través de una solicitud hecha por su Director, Joaquín Larraín Gana, al
organismo correspondiente en Brasil. Fue enviada mediante valija diplomática a Chile y,
con posterioridad, remitida al laboratorio ubicado en Carmen N° 339, dependiente de la
Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Luego, la toxina fue introducida a la Cárcel
Pública.
El día 8 de diciembre de 1981, los intoxicados fueron llevados a la Enfermería de la
cárcel, pero fueron devueltos a sus celdas, a pesar de que desde la tarde del día lunes 7
de diciembre, los familiares habían solicitado que un médico particular concurriera a la
cárcel, petición que fue negada.
Estos hechos, permiten tener por establecido que con la finalidad de proceder a la
eliminación física de opositores al régimen militar, se realizó una operación especial de
inteligencia que culminó con la muerte de Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz.
Los restantes afectados, sufrieron lesiones graves producto de la ingesta de los alimentos
contaminados, logrando sobrevivir, a pesar de la tardanza del auxilio, por el oportuno y
certero diagnóstico de la causa del envenenamiento y por la aplicación de la antitoxina
respectiva.
Este procesamiento permite establecer que en la década de los 80' existió un laboratorio
a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército, en el cual se fabricaron o manipularon
sustancias de alta toxicidad que, posteriormente, se utilizaron para eliminar a opositores
al régimen.
Los encargados de dicho laboratorio, Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende Ollarzu,
eran agentes de la DINE. El primero era médico y el segundo, veterinario.
El laboratorio del Ejército mantuvo relaciones de cooperación con el Instituto
Bacteriológico, a cargo de Joaquín Larraín Gana, también perteneciente al Ejército. En este
caso, fue el instituto el que consiguió la toxina.
De esto se tiene que en 1981, la inteligencia militar había desarrollado una nueva forma
de eliminar a sus enemigos, con la que, probablemente, se pretendía dejar menos rastros.
Esta nueva forma de eliminación no solamente fue utilizada en el caso del ex presidente
D. Eduardo Frei Montalva -como fue establecido en el procesamiento dictado por el M.
Madrid el año 2009- sino también, en el caso de los internos de la Cárcel Pública.
Si bien en un caso se utilizó toxina botulínica y en el otro, mostaza y talio, ambos casos nos
permiten concluir que el Ejército tuvo un laboratorio en el que se fabricaron sustancias
para causarle la muerte a los enemigos del régimen a través de complejas operaciones de
inteligencia en las que los partícipes fueron agentes especializados y pertenecientes a la
elite del Ejército.
El procesamiento nos confirma una vez más que llegaremos a la verdad sobre el asesinato
de mi padre y el de muchos otros chilenos.
Ha sido un camino largo, de mucha incomprensión, sin embargo hoy no puedo dejar de
reconocer que los avances que hemos logrado no los hubieramos podido alcanzar sin el
apoyo de mi marido Eugenio Ortega, quien dedicó gran parte de los últimos años de su
vida al avance de las causas judiciales.
Carmen Frei Ruiz-Tagle

"escandalosa denegación de justicia" ante crimenes de lesa humanidad del estado colonialista chileno durante dictadura militar

Carmen Hertz acusó "escandalosa denegación de justicia" en el caso "Caravana de la Muerte"







La abogada amenazó con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Es un escándalo que una causa lleve 16 años sin cerrarse", declaró a Cooperativa.

 

 


31 de enero de 2014
 
Caso Caravana de la Muerte:

Identifican restos del esposo de Carmen Hertz y otras cuatro víctimas de la dictadura

El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Leopoldo Llanos, entregó a los familiares los resultados de los informes periciales integrados, remitidos por el Servicio Médico Legal, asociadas a las 26 personas ejecutadas en la ciudad minera nortina el 19 de octubre de 1973.
El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Leopoldo Llanos, confirmó la identificación de Carlos Berger –esposo de la abogada Carmen Hertz–, y de otras cuatro víctimas de la dictadura militar, en el denominado “Caso Caravana de la Muerte-Episodio Calama”.
En ese marco, se reunió con los familiares de las víctimas para dar cuenta de los informes periciales remitidos por el Servicio Médico Legal, sobre las 26 personas ejecutadas por la dictadura en Calama, el 19 de octubre de 1973, cuyo proceso criminal lo investiga la ministra Patricia González.
Los resultados de los informes genéticos dieron cuenta de que se logró identificar científicamente los restos de Carlos Alfredo Escobedo Caris, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Mario Argüelles Toro, Luis Alfonso Moreno Villarroel, y Carlos Berger Guralnik.
Los restos de las personas asesinadas fueron encontrados en 1990, en una fosa ilegal al norte del kilómetro 16 y medio del camino a San Pedro de Atacama.
Las pericias iniciales establecieron que correspondían a sujetos diferentes, con una data de muerte anterior a 1975; y que, conforme a las estructuras óseas, eran odontológicamente mayores de 12 años.
En el proceso se indica que los restos permanecieron sepultados por más de 10 años, y que hubo exhumación de casi la totalidad de los restos, quedando en el lugar sólo un escaso remanente de ellos.
Con estas nuevas diligencias exitosas, se llega a un total de 18 víctimas identificadas, de un total de 26 cuerpos encontrados.
La Comisión Rettig se formó convicción de que todos ellos “fueron ejecutados al margen de la ley, con crueldad y ensañamiento, hecho ilícito de responsabilidad de agentes del Estado”.
El caso del militante comunista Carlos Berger, pareja de la abogada Carmen Hertz, es uno de los más reconocidos por distintas piezas audiovisuales que recrean su historia. De 30 años de edad al momento de su detención, periodista y abogado, era director de la Radio El Loa y jefe de Relaciones Públicas de Chuquicamata. Fue detenido el 11 de septiembre en las dependencias de Radio El Loa, sometido a Consejo de Guerra el 29 de septiembre y condenado a 60 días de prisión. Al momento de su ejecución se encontraba cumpliendo su condena.

domingo, 5 de enero de 2014

Gobierno brasileño expropia 92 haciendas en el marco de la reforma agraria -------27 de diciembre de 2013

27 de diciembre de 2013

Gobierno brasileño expropia 92 haciendas en el marco de la reforma agraria

La ley sólo permite expropiar tierras consideradas improductivas y el Ministerio precisó que 50 de las fincas expropiadas no tenían ningún tipo de cultivo y la productividad media llegaba al 22,2 %.
 
por EFE
 
El gobierno brasileño decretó este viernes la expropiación de 92 haciendas consideradas improductivas, en el marco de la reforma agraria que desarrolla en el país, para entregárselas a pequeños agricultores, informaron fuentes oficiales.
Las 92 expropiaciones de hoy, unidas a otras ocho anunciadas el pasado octubre, suman un área total de 1.935,56 kilómetros cuadrados y se reparten por 16 de los 27 estados que integran Brasil, según un comunicado del Ministerio de Desarrollo Agrario.
Las cien expropiaciones cumplen la meta que se había marcado el Gobierno para este año, según dijo la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en un mensaje de Twitter.
Estas tierras, que están aptas para producir alimentos, serán repartidas entre 4.670 familias de pequeños agricultores, según el comunicado.
El gobierno pagará 267,1 millones de reales (unos 114 millones de dólares) en indemnizaciones a los actuales dueños de las fincas y realizará los desembolsos en 2014.
La ley sólo permite expropiar tierras consideradas improductivas y el Ministerio precisó que 50 de las fincas expropiadas no tenían ningún tipo de cultivo y la productividad media llegaba al 22,2 %.
El Movimiento Sin Tierra (MST), la mayor organización campesina de Brasil, ha sido muy crítica con el Gobierno de Rousseff por entender que “paralizó” la reforma agraria.
En un comunicado difundido la semana pasada, el MST calificó 2013 como “el peor año” de la reforma agraria y precisó que el Gobierno ha asentado a 159 familias en haciendas expropiadas, la cifra más baja desde la implantación de la democracia en 1985.
 
elmostrador
 

miércoles, 18 de diciembre de 2013

Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del decreto 1184/02 de la provincia del Neuquén, que pretendía regular la personería jurídica de las comunidades mapuches "sin respetar las pautas constitucionales, de los tratados de derechos humanos y de la ley 23.302" ---18-12-2013

Judiciales

Corte falla en favor de comunidades mapuches de Neuquén

16:47
 
Según informó el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, el máximo tribunal declaró inconstitucional un decreto que pretendía regular la personería jurídica de las comunidades mapuches "sin respetar las pautas constitucionales, de los tratados de derechos humanos y de la ley 23.302".
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del decreto 1184/02 de la provincia del Neuquén, que pretendía regular la personería jurídica de las comunidades mapuches "sin respetar las pautas constitucionales, de los tratados de derechos humanos y de la ley 23.302", informó el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
El Director de la entidad, Juan Manuel Salgado, explicó en un comunicado que "después de doce años de litigio judicial, el máximo tribunal le ha dado la razón a la Confederación Mapuche, que desde un primer momento cuestionó ese decreto de Sobisch (por el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch) luego sostenido también por Jorge Sapag (actual mandatario provincial)".
"La simplicidad de los términos de la sentencia demuestra que sólo la presión política puede haber hecho que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia decidiera, como lo hizo en su momento, dándole la razón al gobierno", asegura.
Jorge Nahuel, Werken (vocero) de la Confederación Mapuche, dijo a Télam que "el decreto del gobierno desconocía la forma de organización de cada comunidad sin respetar sus pautas culturales, tradicionales y sociales".
"Lo que querían era que las comunidades para tener personería jurídica se organizaran como cualquier entidad civil y que la Dirección Provincial de Personería Jurídica las controlara bajo esas mismas pautas", explicó.
La Corte, en el fallo, señala que "el adecuado respeto al régimen federal de gobierno impone a los estados locales a la hora de ejercer su potestad legisferante y reglamentaria reconocer y aceptar los respectivos estándares de referencia fijados a nivel normativo federal cuyas disposiciones constituyen una guía de contenidos mínimos a tener en cuenta por todas las provincias que integran el Estado argentino".
"Dichos estándares federales -agrega- se encuentran contenidos y especificados tanto en el marco constitucional sub examine y el Convenio 169 de la OIT, como así también en la ley nacional de política indígena y su decreto reglamentario".Télam

http://www.rionegro.com.ar/diario/corte-falla-en-favor-de-comunidades-mapuches-de-neuquen-1433456-9521-nota.aspx

Fallo judicial reconoce derechos mapuches frente a terrateniente

nov 18th, 2012 |   

La Justicia de Neuquén rechazó el desalojo de una comunidad mapuche al reconocer que se trataba de posesión tradicional indígena y remarcó la supremacía de la legislación indígena sobre el derecho privado. La demanda había sido presentada por un ex juez de la dictadura militar.
(18/11/12 – ODHPI) – La Justicia de Neuquén falló a favor de la Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, que había sido denunciada en 2009 por “usurpar” un territorio donde produce y vive desde tiempos inmemoriales. La sentencia es inédita en cuanto reconoce derechos sobre tierras de veranada (se utilizan sólo una parte del año) y porque aplica el derecho indígena, de mayor jerarquía, por sobre el Código Civil. La sentencia marca un antecedente importante para decenas de casos en el que empresarios cierran las veranadas de las comunidades indígenas. El terrateniente demandante es un ex juez de la dictadura militar señalado de colaboracionista.
Las tierras de veranada son las parcelas donde indígenas y campesinos llegan cada temporada de calor para que sus animales se alimenten. Es una práctica milenaria el permanecer en invierno en tierras bajas (campos de “invernada”) y migrar en primavera hacia la “veranada”, donde los animales aprovechan buenas pasturas y recobran fuerzas. Estos campos, y los caminos de arreos, son alambrados por empresarios que atentan contra la vida indígena y campesina.
En enero de 2009, la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo abrió la tranquera con la que un estanciero había cerrado el campo de veranada mapuche, 829 hectáreas en el departamento de Aluminé (paraje Litrán). Y se instaló en el lugar con sus animales, como todos los veranos. El estanciero, Pedro Duarte, demandó a la comunidad y solicitó como medida cautelar el desalojo. Exhibió un título de propiedad y negó la existencia de la comunidad. Automáticamente, desoyendo los derechos humanos de los pueblos indígenas, la entonces Jueza Ivonne San Martín hizo lugar a la medida cautelar y procedió al desalojo.
Pedro Laurentino Duarte asumió como juez federal de Neuquén en marzo de 1976. En la zona es conocido por sus sistemáticos rechazos a los habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lo sindican como “colaborador” de la dictadura militar. Gracias a esas influencias, se hizo de las tierras mapuches. Duarte renunció en 1984 luego de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.
El 9 de noviembre pasado, la jueza de 1° Instancia de Zapala, Gloria Martina, rechazó el interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Duarte y dio un paso más al remarcar la prevalencia del derecho indígena (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional, Constitución de Neuquén -artículo 53-) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Concluyo en que la posesión ejercida por los demandados (la comunidad mapuche) merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas (…) Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado (…) Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de éstos últimos (la comunidad) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”, explica la sentencia.
También afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscripto en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad, recuerda la vigencia de la Ley 26160 (suspende los desalojos) y –declarando inoponible frente a la Comunidad la tardanza del Estado en su aplicación– reconoció la legitimidad de la posesión indígena de esas tierras, los derechos mapuches sobre el inmueble y llamó “a la reflexión” a Duarte “respecto a las desafortunadas expresiones -francamente hostiles- vertidas contra la comunidad y especialmente al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de actuación y costumbres de los mismos”. Duarte incluso había cuestionado la instalación de “una bandera extranjera (mapuche)” en el territorio. La jueza le recuerda que “más del 60 por ciento de la población argentina es descendiente de algún pueblo indígena” y lo insta a Duarte a “internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural”.
“No cabe sino concluir en la legitimidad de la posesión ejercida por la comunidad mapuche sostenida en el reconocimiento ínsito en las normas internacionales y en el mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional que establece que toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria, mereciendo recalcarse que la posesión comunitaria no es la individual del Código Civil enarbolada por el denunciante (Duarte), sino la común -de rango constitucional, supremo- derivada de la sencilla razón de preexistir al Estado”, sentencia la jueza de Zapala.
 
 
 
 
 

miércoles, 4 de diciembre de 2013

ARGENTINA:Otorga una pensión vitalicia a supervivientes ex prisioneros sociopoliticosculturalesmilitares de la resistencia a la última dictadura militar genocida Argentina.

 
 
 
 
 
 
ARGENTINA:Otorga una pensión vitalicia a supervivientes ex prisioneros sociopoliticos en la última dictadura militar genocida Argentina.
 
 
 
 
 
 
 
VOTARON LA LEY QUE FIJA UNA PENSION A LOS DETENIDOS EN LA DICTADURA
 
 
 




Resarcimiento para ex presos

La ley fue aprobada por una abrumadora mayoría de 176 votos a 2. Establece una pensión mensual para ex presos por razones políticas, gremiales o estudiantiles antes de la vuelta democrática. Fue debatida durante más de cuatro años.
 
La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que otorga un resarcimiento mensual de entre 5 mil y 6 mil pesos a los ex presos por razones políticas, gremiales o estudiantiles que estuvieron privados de la libertad antes de la restauración democrática del 10 de diciembre de 1983. Los diputados aceptaron los cambios introducidos por los senadores, que eliminaron la fecha de inicio del período que comprendía el otorgamiento de la pensión graciable para hacerla más abarcativa. La sanción fue celebrada por un grupo de ex presos políticos presentes en el Congreso.
El proyecto, debatido durante más de cuatro años y presentado en dos oportunidades por el diputado formoseño Juan Carlos Díaz Roig, había obtenido media sanción en noviembre del año pasado. Luego, el Senado lo aprobó, pero con una modificación: eliminó el requisito que acotaba el beneficio a las detenciones posteriores al 6 de noviembre de 1974, con lo cual amplió el margen de reparación histórica, aunque mantuvo el 10 de diciembre de 1983 como límite. El proyecto volvió a Diputados, donde la semana pasada obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Previsión y Seguridad, de Derechos Humanos y de Presupuesto.
La iniciativa no estaba contemplada inicialmente en el plan de labor parlamentaria que se abordaría ayer, pero fue incorporada a sugerencia de la jefa del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, con lo cual se generó un festejo de decenas de militantes políticos que colmaron los palcos del recinto de sesiones. La ley fue aprobada por 176 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
La ley abarca a todos los “civiles y/o militares condenados por un Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privados de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles”. Serán “beneficiarios indiscutiblemente por situación probada quienes hayan sido alcanzados por las leyes 25.915 y 24.043”, es decir quienes cobraron indemnizaciones por ser nacidos durante el cautiverio de sus madres o porque siendo menores de edad estuvieron detenidos junto con sus padres, y quienes cobraron indemnizaciones por haber quedado a disposición del PEN durante la vigencia del estado de sitio, o bien fueron detenidos por actos emanados de tribunales militares.
En el segundo inciso del punto que detalla los beneficiarios, se incluye a quienes fueron privados de la libertad, ya sean civiles o militares, “por actos emanados de unidades o tribunales militares especiales o consejos de guerra, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional”.
Finalmente incluye a quienes fueron detenidos “por tribunales civiles en virtud de la aplicación de la Ley 20.840” de septiembre de 1974, conocida como “ley de seguridad nacional”, que incluyó tipos penales imprecisos con el fin de abarcar “las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”, y quienes fueron detenidos en base a “cualquier otra ley, decreto o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenido bajo el régimen de ‘detenidos especiales’, violatorio de los derechos humanos amparados constitucionalmente”. En caso de fallecimiento del ex preso político, podrán ser beneficiarios sus “derechohabientes”, léase cónyuge o concubina que pruebe la relación de convivencia, o bien los hijos. El órgano de aplicación de las pensiones será la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.




29/11/2013 | Info. General

Califican como “reconocimiento histórico” la ley que otorgará pensiones a ex presos

 

 

El vicepresidente de la Asociación de Expresos Políticos de La Rioja, Aníbal de la Vega, celebró la ley aprobada el último miércoles por el Congreso de la Nación que otorga una pensión vitalicia a quienes estuvieron presos en la última dictadura militar.

 

De la Vega, en diálogo con EL INDEPENDIENTE, dijo que la aprobación del proyecto es “un reconocimiento histórico a la lucha que venimos teniendo a nivel nacional”. Agregó que “la pensión es necesaria para muchos de los compañeros del país, pero no tanto en el caso de La Rioja.

Yo siempre digo que acá nosotros pudimos reinsertarnos en la sociedad y comenzar nuestras vidas de nuevo”, sin embargo, aclaró que la provincia fue la que más presos políticos tuvo, en proporción a la población total.

El miércoles último fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación, una ley que fija una pensión a los detenidos en la dictadura. Abarca a presos políticos, sociales y gremiales. El proyecto había sido debatido por cuatro años.

La ley fija un resarcimiento mensual de entre 5 mil y 6 mil pesos a los ex presos por razones políticas, gremiales o estudiantiles, que estuvieron privados de la libertad antes de la restauración democrática, del 10 de diciembre de 1983.

El proyecto, debatido durante más de cuatro años y presentado en dos oportunidades por el diputado formoseño Juan Carlos Díaz Roig, había obtenido media sanción en noviembre del año próximo pasado. Luego, el Senado lo aprobó, pero con una modificación: eliminó el requisito que acotaba el beneficio a las detenciones posteriores al 6 de noviembre de 1974, con lo cual amplió el margen de reparación histórica, aunque mantuvo el 10 de diciembre de 1983 como límite.

La senadora nacional Hilda Aguirre de Soria, expresó su alegría por la sanción de la ley, “siento la inmensa satisfacción de haber podido aportar mi granito de arena, en cumplimiento de la palabra empeñada”, ante el fallecido presidente de la Asociación Nacional de Expresos Políticos, Ricardo Scalet.

En su última visita a La Rioja, el chileciteño participó en la inauguración de la Casa de la Memoria ‘Justino Vergara’, sede de la Asociación de Expresos Políticos de La Rioja. Aquella fue su última presencia pública, puesto que 4 días después falleció.

“REPARACIÓN POLÍTICA”

Miguel Godoy, manifestó que “es una ley de reparación política y social. No cambia mucho en cuanto a lo individual, pero sí en lo general, en el reconocimiento para todos mis compañeros. Muchos de ellos sufrieron demasiado estos años”.

Remarcó que el Gobierno nacional, a través de las políticas de defensa de los derechos humanos, fue cambiando la mentalidad de la sociedad toda y ‘desestigmatizar’ la militancia”.

Los beneficiarios de la pensión serán quienes hayan sido alcanzados por las leyes 25.915 y 24.043, es decir quienes cobraron indemnizaciones por ser nacidos durante el cautiverio de sus madres o porque siendo menores de edad, estuvieron detenidos junto con ellos. Los que cobraron indemnizaciones por haber quedado a disposición del PEN durante la vigencia del Estado de Sitio, o bien fueron detenidos por actos emanados de tribunales militares.

Finalmente incluye a quienes fueron detenidos por tribunales civiles bajo la ley 20.840 de septiembre de 1974, conocida como “Ley de Seguridad Nacional”, creada con el fin de abarcar las actividades “subversivas” en todas sus manifestaciones, y quienes fueron detenidos en base a “cualquier otra ley, decreto o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenido bajo el régimen de ‘detenidos especiales’, violatorio de los derechos humanos amparados constitucionalmente”.

Aclara que en el caso de fallecimiento del expreso político, podrán ser beneficiarios sus “derechohabientes”, ya sean su pareja o sus hijos. El órgano de aplicación de las pensiones será la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación