martes, 16 de junio de 2009

CANAL 7 EMITIRA EL DOCUMENTAL M, DE NICOLAS PRIVIDERA, SOBRE LA DESAPARICION DE SU MADRE

CANAL 7 EMITIRA EL DOCUMENTAL M, DE NICOLAS PRIVIDERA, SOBRE LA DESAPARICION DE SU MADRE

“Buscar la identidad es algo universal”

Premiado por partida doble en el Festival de Mar del Plata 2007, el film de Prividera llega este viernes a la televisión abierta. “Es el fin de un camino y la apertura hacia las discusiones que pueda generar en los espectadores que lo desconocían”, dice.

Por Oscar Ranzani

Pocas veces la televisión abierta deja de ser un espacio mezquino de entretenimiento superficial para convertirse en un lugar privilegiado para la preservación de la memoria. Vale mencionar que una de las excepciones fue Televisión por la Identidad, el ciclo pensado por las Abuelas de Plaza de Mayo que se emitió por Telefé en 2007 y que logró desterrar –al menos mientras duró– la premisa catódica de que los temas importantes no se llevan de la mano con las mediciones elevadas de rating. Ahora, la noticia es que el próximo viernes podrá verse una de las mejores películas argentinas sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que tiene un peso simbólico muy sólido ya que fue realizada por el hijo de una mujer desaparecida: M, dirigida por Nicolás Prividera, se exhibirá el viernes a las 0.30 por Canal 7, en el ciclo Ficciones de lo real, que conduce Diego Brodersen.

Ganadora del Premio Ernesto “Che” Guevara y del de la crítica en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2007, M es la ópera prima de Prividera y se estrenó en agosto de ese mismo año, con excelente repercusión entre la prensa especializada. En este film, Prividera va en busca del destino de su madre, Marta Sierra, una bióloga que trabajaba en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Castelar, donde también brindaba cursos de alfabetización y ejercía la militancia política. Hasta que cinco días después del golpe del 24 de marzo de 1976, fue secuestrada por un grupo de tareas y nunca más se supo de ella. Al comienzo de M, Prividera establece una especie de pesquisa, casi como un detective en busca de datos que le permitan armar la historia de su madre y cómo se produjo su desaparición. Si bien no puede averiguar tanto como deseaba, luego de un largo peregrinar por organismos de derechos humanos, el joven realizador se mete de lleno con el tema de la militancia política, al dar con el paradero de viejos amigos, compañeros y colegas de trabajo de su madre, estableciendo un recorrido que va desde lo personal hacia lo colectivo. En M, Prividera reivindica la militancia pero sin perder una mirada crítica sobre el modo de ejercerla: éste es uno de los ejes del documental.

M tiene su historia: en 2004, en pleno auge de la política de derechos humanos de la presidencia de Néstor Kirchner, Prividera –como buena parte de la sociedad– estuvo atento a un hecho que marcó la historia de la lucha contra la impunidad, cuando ya se vislumbraba que iban a ser derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “Con mi hermano, planteamos hacer algo judicialmente. Y como yo ya había investigado por mi cuenta antes y no había llegado a nada, y además se venía el aniversario de los 30 años del golpe, sentí que todo eso confluía para lanzarse a hacer la investigación definitiva de la cuestión y tratar de cerrarla”, comenta Prividera en diálogo con Página/12. “Eso incluía tratar de llevar un registro filmado de esa investigación, con la idea de que fuera una película pero sin la presión previa de hacer con eso una película. Es decir, la idea era tratar de ver después si había una película en ese material y, justamente, si valía la pena hacerlo público.” Después del rodaje, pasó aproximadamente un año, “donde todos esos tapes estuvieron en un cajón, y recién me puse a editar en 2006”, cuenta Prividera, quien agrega que, entonces, tuvo que tomar distancia de lo que había investigado, y “empezar a verlo con otros ojos, ya no con los ojos del investigador que estaba poniendo el cuerpo sino la mirada más distanciada del director”. Entonces, trató que su largometraje “justificara su propia existencia en términos de proponer algo nuevo que decir no sólo sobre la dictadura sino básicamente sobre el modo en que procesamos, vivimos y sufrimos actualmente la memoria de la dictadura en hechos del presente”. Es por eso que el cineasta estuvo atento a películas anteriores que se hicieron, “tratando de escapar un poco a ese fantasma inevitable del prejuicio del público en relación a que sobre la dictadura ya se ha dicho todo, ya se ha hablado todo y ya se ha filmado todo. Y ese prejuicio es parte del problema”, reconoce el director.

–¿Qué piensa que aportó su película a un tema ya abordado por otros cineastas?

–El planteo de la película con relación a otras anteriores (y esto lo encontré en el montaje y al tomar ciertas decisiones, como el hecho de no usar voz en off) tenía que ver justamente con tratar de hacer algo que no se hubiera hecho. A mí me parecía que, en general, lo que suele llamarse documental subjetivo trabaja básicamente con esa voz que muchas veces cierra un poco el punto de vista sobre la visión del director. Y, entonces, me impuse la renuncia a esa voz, y a que la película fuera contada más coralmente. A la vez, que intentara articular una historia comprensible, sin ser didáctica y mostrando, poniendo en evidencia o explicitando la dificultad en la construcción de esa historia, con todas las contradicciones, los claroscuros y los problemas que eso trae. Lo que pasa es que también, en cierto modo, la película nunca dejó de ser un diario filmado: está muy pegada a su momento. Si bien uno trabaja en una doble dimensión cuando hace una obra, la idea es que esa obra trascienda su tiempo y pueda ser vista a lo largo de los años y sobreviva, aunque siempre va a dar testimonio del momento en que fue hecha. Y está muy bien que así sea.

–Viéndolo a la distancia, ¿le quitaría o le agregaría algo a su documental?

–Es una película que podría haber sido muy diferente, dependiendo del momento en que fuera hecha, pero es lo mejor que pude hacer en ese momento o lo que surgió en ese momento. Probablemente, hoy haría hincapié en otras cosas, le daría un tono diferente. Y está muy bien que sea así. Es una película abierta, imperfecta, pero creo que ése es también su valor, en el sentido de que logra captar ese momento, esa búsqueda y las respuestas que fui encontrando. De algún modo, la respuesta del público de afuera me dio la pauta que, más allá de todas estas cosas que parecen hacerla muy situada en un espacio y un tiempo particular, la vuelve universal. La búsqueda de la identidad es un elemento universal que hace que se entienda en todas partes.

–¿Qué aspectos de la militancia aprendió a rescatar y, a la vez, a cuestionar a partir de realizar M?

–La militancia en abstracto es incuestionable. Para mí, tiene mucho más valor una generación militante que una generación apática. No hay ninguna duda. Creo que ésa es una de las derrotas culturales que sufrimos. Pero también es una derrota que se explica por el fracaso de ese proyecto. Y, entonces, ese fracaso necesita ser explicado, necesita ser repensado, necesita ser criticado, en el sentido más alto de la palabra crítica. Hay algunos que han hecho el intento de pensar críticamente su propia experiencia. Pilar Calveiro sería el caso prototípico que, en cierto modo, es un discurso con el que mi película dialoga o intenta dialogar. En todo caso, lo que no podemos sostener es una visión totalizadora, cerrada y maniquea de la historia. Esa visión también fue responsable, en parte, del fracaso de ese proyecto. Es decir, todo proyecto y visión progresista tienen que cimentarse en la crítica, empezando por la crítica de sus propias condiciones de producción y sus propias creencias. Justamente, para fortalecer a través de la crítica su propia mirada. En ese sentido, también creo que mi película no intenta, de ninguna manera, cerrar la cuestión ni proponer una mirada totalizadora y cerrada, sino simplemente plantear algunas preguntas y dejarlas para que las responda el espectador o quienes se sientan interpelados.

–El título del film agrupa un aspecto personal como es la inicial del nombre de su mamá, y otro político, como la inicial de Montoneros, la agrupación a la que pertenecía. ¿Es la combinación de estos dos aspectos la esencia del documental?

–Sí, claramente mi intención era hacer un cruce entre lo público y lo privado que, en realidad, se cruzan de por sí pero que para nuestra sociedad y nuestra ideología dominante parecieran ámbitos excluyentes. Y, a la vez, era mostrar cómo la memoria personal y familiar participa de la memoria histórica y cómo esa memoria histórica está tramada de todas esas pequeñas historias. Mi idea era, a través de la historia de una búsqueda y de un desaparecido, contar la historia de muchos otros. Y darle un rostro justamente a esa búsqueda que, en general, si no, aparece como un número abstracto. Creo que Todorov dijo “Miles de muertos son una estadística. Una muerte es una tragedia”. Justamente, fue parte también de la política de la dictadura borrar la dimensión humana, social, política de la represión. Es decir, condenarnos a la búsqueda personal y al lamento individual. Pero también esa M solitaria tiene que ver justamente con la idea de algo que permanece inarticulado, que el lenguaje no termina de poder explicar, explicitar, desarrollar y que, de algún modo, todo el tiempo está pendiente de ser dicho.

–¿La decisión de aparecer usted en escena fue puramente subjetiva o había algún otro motivo?

–En la película hay un cuerpo que está en el lugar de otro.

–¿Ante un cuerpo ausente, un cuerpo presente?

–Exactamente, ese cuerpo presente en búsqueda de un cuerpo ausente. Necesariamente tenía que estar en escena porque en el choque de ese cuerpo, de esa mirada con las otras, aparece la historia. Es decir, esa historia que se va desgranando no existiría sin alguien que va a buscarla. Por lo tanto, si yo lo hubiera dejado fuera de escena, hubiera sido ocultar esa condición. Finalmente, todas esas personas que terminan hablando, negándose, dialogando o discutiendo conmigo, lo hacen porque yo soy el hijo de esa persona a la que conocieron. Entonces, me parecía que, por ese lado, necesariamente el cuerpo debía estar. Y además, porque comulga con la ética general de la película: hay que poner el cuerpo; es decir, no hay modo de sumergirse en la historia o de tratar de rearmar una historia si no es comprometiendo el propio cuerpo.

–¿Qué significa que M pueda ser vista en televisión abierta?

–Es como el cierre del camino de la película y el lugar donde se va a encontrar con un público más amplio. A la vez, es tal vez el lugar natural de una película que busca interpelar a un espectador. Por lo tanto, en ese sentido, busca un espectador numeroso más que masivo. Creo que para documentales como éste, la televisión es un medio de llegada muy importante, como fin de camino y como apertura definitiva hacia las discusiones que pueda generar en esos espectadores que lo desconocían.


Enríquez-Ominami y Frei enfrentados por la esposa de Lagos- 16 de junio de 2009

Martes 16 de junio de 2009 | 14:17

Lagos: Enríquez "ofendió" a las mujeres en general

Ex Presidente respondió a reacción del diputado en contra de críticas que le hizo su esposa Luisa Durán. Frei le enrostró contradicciones al ex PS.

El embate del diputado Marco Enríquez Ominami en contra de la esposa del ex Presidente Ricardo Lagos, Luisa Durán, recibió hoy una dura respuesta del ex mandatario poco después que la aludida le atribuyera "chocante machismo" al renunciado PS.

"Lo que me pareció muy ofensivo no para mi mujer sino para las mujeres en general es suponer que los maridos les damos instrucciones para lo que tienen que decir y lo repiten. Eso yo creo que no (se) condice con la mujer chilena", dijo Lagos.

Los dichos del legislador también fueron comentados hoy por el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, quien envió, dijo, "un saludo especial al (ex) Presidente Lagos y a su señora Luisa Durán por los ataques que ellos han recibido".

"No se puede estar hablando o denigrando el rol de la mujer en política y después decir que apoyamos a la Presidenta (Michelle) Bachelet. No creo que se pueda decir progresista y después estar diciendo que la derecha y la Concertación representan lo mismo", agregó.

La polémica entre Durán y Enríquez Ominami surgió luego que ésta apuntara contra el interés del parlamentario de postularse a La Moneda indicando que para ser Presidente se necesita mucho más que "haber hecho una película” ante lo cual éste la calificó como "mensajera del ex Presidente".

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090616/pags/20090616142349.html


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Enríquez-Ominami: “Hay una obsesión por denostarme”
Luisa Durán acusa “chocante machismo” de Enríquez
Enríquez tilda a Durán de "mensajera" de Lagos


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16 de Junio de 2009

Declaraciones de ida y vuelta

Enríquez-Ominami y Frei enfrentados por la esposa de Lagos

Enríquez-Ominami y Frei enfrentados por la esposa de Lagos Luisa Duran dijo que para llegar a La Moneda se necesitaba cultura y no bastaba "haber hecho una película o leído un libro". Marco replicó, insinuando que la ex primera dama estaba actuando como "mensajera" del ex mandatario. Y ahora el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, solidarizó con ella y con su marido "por los ataques que han recibido".

Por El Mostrador

El abanderado presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, salió este martes en defensa de la ex primera dama Luisa Durán, por los "ataques" de los que ella y su esposo, el ex mandatario Ricardo Lagos, han sido objeto por parte del diputado y candidato Marco Enríquez-Ominami.

Todo comenzó hace algunos días cuando Luisa Durán desestimó las condiciones que tiene el parlamentario ex PS para postular a la Presidencia. "Para ser presidente de Chile creo que se necesita experiencia y cultura, no haber ido al teatro, haber hecho una película o leído un libro, sino mucho más".

Enríquez-Ominami no tardó en referirse a esas críticas, insinuando la posibilidad que Luisa Durán estuviera actuando como "mensajera" de Ricardo Lagos.

"A mí me gusta la cultura cívica y quien no demostró mucha cultura cívica es quien se escondió, no quiso competir, quiso imponerse como candidato sin primarias, quien en vez de una elección prefirió una coronación. Espero que los mensajeros de estos líderes no sean sus señoras, los predicadores de los comandos, que sean ellos los que digan lo que piensan", sostuvo.

Y ahora Frei, además de solidarizar con Lagos y su esposa, arremetió contra el diputado, a quien acusó de denigrar el rol de la mujer en la política y cuestionando su calidad de "progresista".

"Quisiera aprovechar este momento para enviarle un saludo especial al presidente Lagos y a su señora Luisa Durán por los ataques que han recibido. Yo creo que no se puede andar hablando o denigrando el rol de la mujer en política y después decir que estamos apoyando a la Presidenta Bachelet", dijo durante una actividad en la sede de su comando en Providencia.

Finalmente afirmó que "no creo que se pueda decir progresista y estar diciendo que la derecha y la Concertación significan lo mismo".

Además:

Escuche a Frei

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/enriquez-ominami-y-frei-enfrentados-por-la-esposa-de-lagos/

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lunes, 15 de junio de 2009

Lo que el mensaje de Bachelet omitió 01-06-09

01 de Junio de 2009

Lo que el mensaje de Bachelet omitióLORENZO LONCON MELLADO LORENZO 01/06/2009 22:32. COSMOLOGIA OCCIDENTAL = DERECHO PENAL DEL ENEMIGO INTERNO CHILE = ESTADO ABSOLUTO = DOCTRINA DE LA ...
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Comentarios para "Lo que el mensaje de Bachelet omitió"
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LORENZO LONCON MELLADO LORENZO
01/06/2009 22:32 COSMOLOGIA OCCIDENTAL = DERECHO PENAL DEL ENEMIGO INTERNO
CHILE = ESTADO ABSOLUTO = DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL = DOCTRINA DEL SHOCK
http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/GULUMAPU:PREPARACIÓNTRIBUNALPERMANENTEDELOSPUEBLOSTEMUKO
PETU MONGUELEYIN - ¡¡MARICHI WEU!!
http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/REUNÓNCONRELATORESPECIALDEDERECHOSINDÍGENASONU.SR.JAMESANAYA-TEMUKO-3April





Lo que el mensaje de Bachelet omitió


Por José Aylwin*

El 21 de mayo pasado la presidenta Bachelet dio su última cuenta pública al Congreso Nacional. En ella hizo un recuento de lo realizado durante su gestión, refiriéndose extensamente a las políticas públicas, propuestas legislativas, medidas económicas impulsadas durante su mandato, y en particular en el contexto de la crisis financiera internacional, a objeto de lograr la "protección social" que definió como el sello de su gobierno. Se refirió a las acciones impulsadas para "apoyar a los grupos más vulnerables, combatir las discriminaciones, crear oportunidades para la clase media y reducir las desigualdades". Resumiendo las que identificó como las "grandes transformaciones sociales" impulsadas por su gobierno afirmó: "Hemos avanzado hacia un Estado que protege a las personas. Hacia una existencia más digna para todos los chilenos. Hacia una política cada vez más ciudadana".

A comienzos de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra, realizó el primer examen periódico universal de Chile. Mediante este examen, instituido el 2006 luego de la creación de esta instancia de la que Chile es parte, el Consejo analizó el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por nuestro país al amparo de tratados y otros instrumentos de derechos humanos voluntariamente aceptados. También en Ginebra este mes de mayo, el Comité Contra la Tortura de la ONU examinó el quinto informe periódico de Chile relativo al cumplimiento de la Convención Contra la Tortura de la que es parte.

Si bien ambas instancias valoraron algunos de los esfuerzos realizados por el Estado chileno desde 1990 a la fecha en materia de Derechos Humanos, la visión y conclusiones contenidos en sus respectivos informes difieren radicalmente de aquellas que la Presidenta Bachelet presentó en su mensaje al Congreso.

En efecto, ambas instancias de la ONU, una compuesta por Estados, y la otra por expertos independientes, manifestaron su preocupación precisamente por la desprotección en que se encuentran las personas y los pueblos que habitan el país en el ejercicio de sus más elementales derechos humanos.

Así, en el plano institucional ellas constataron que Chile no ha ratificado diversos tratados internacionales que apuntan precisamente a reconocer y a resguardar los derechos de la población, así como tampoco cuenta con instituciones (defensorías u otras) que permitan una efectiva protección de las personas frente a su violación; que no cuenta con un sistema electoral que permita a los ciudadanos el adecuado ejercicio del derecho de participación política; y que no reconoce en su constitución política a los pueblos originarios.

En materia jurídica, la ONU señaló que Chile mantiene vigente una ley de amnistía que ha obstaculizado la justicia frente a los graves crímenes ocurridos bajo la dictadura militar. Más grave aún, no cuenta con una justicia independiente para juzgar los delitos, entre ellos homicidios, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, que los integrantes de las fuerzas armadas siguen cometiendo en contra de la población civil, en particular en contra de los defensores de derechos humanos.

La ONU constató además que en Chile persisten situaciones de discriminación que al amparo de los compromisos internacionales suscritos por el Estado resultan inaceptables. Entre estas discriminaciones identificó aquella que afecta a los pueblos originarios, la que se expresa, entre otros ámbitos, en la pobreza que afecta a sus comunidades, en el otorgamiento de concesiones de explotación sobre sus tierras, y en la aplicación de legislación anti terrorista para enfrentar su protesta social. También identificó aquella que afecta a la mujer, que se manifiesta en las instituciones legales aún vigentes, como la sociedad conyugal, que lesiona sus derechos patrimoniales; la relativa a la negación de sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto terapéutico; la situación de violencia doméstica y aquella que les afecta en el ámbito del empleo y los ingresos.

Otras situaciones de discriminación identificadas por la ONU fueron aquellas que afectan a los niños y niñas, así como la que afecta a los migrantes que en número creciente llegan a Chile.

Llama poderosamente la atención la existencia de dos visiones tan contrapuestas de una misma realidad; la de Bachelet, que da cuenta un país que avanza en la protección e inclusión social, en el respeto de la derechos ciudadanos, con la de la comunidad internacional, que constata la precariedad de nuestras instituciones para reconocer y garantizar los mismos derechos, así como la persistencia de situaciones de discriminación intolerables en el siglo XXI.

Llama igualmente la atención la ausencia total de referencia en el mensaje presidencial de Bachelet a las conclusiones y recomendaciones de la ONU, más aún cuando en ella sostiene que Chile es un país respetuoso del derecho internacional. Habría sido esperable al menos una referencia a cómo su gobierno explica los evidentes déficits que el país tiene en el ámbito de los derechos humanos, y a cómo piensa abordar los desafíos planteados por la comunidad internacional en esta materia. Ello porque, como la Presidenta no puedo ignorar, sin reconocimiento pleno de los derechos humanos, sin mecanismos e instituciones para hacerlos efectivos, no hay protección social posible.




*José Aylwin es co-director del Observatorio Ciudadano.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/lo-que-el-mensaje-de-bachelet-omitio/
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Las últimas jugadas para desclasificar las leyes secretas del gobierno militar

Las últimas jugadas para desclasificar las leyes secretas del gobierno militar
Por Pedro Ramírez y Francisca Skoknic, CIPER | 11 de Junio de 2009 |

El mismo día en que la Comisión de Ética y Transparencia del Senado revisaba una apelación de CIPER para hacer públicas las leyes secretas del régimen militar, el presidente de la Cámara Alta, Jovino Novoa, anunció que se aceleraría la tramitación de un proyecto que permite desclasificar dichas normas. Mientras, la Contraloría analiza una solicitud de los senadores Nelson Ávila y Alejandro Navarro que busca interpretar la actual legislación para publicar automáticamente las leyes secretas. El ente contralor estudia además dar publicidad a los decretos reservados. Si alguna de estas iniciativas funciona, podrían conocerse los documentos que el Senado y la Contraloría guardan en sus respectivas cajas fuertes y cuya publicidad ha fracasado en repetidas oportunidades en los últimos 30 años.
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Desde que entró en vigencia la nueva Ley de Transparencia, CIPER ha presentado más de de medio centenar de solicitudes de acceso de información pública. La mayoría de las reparticiones se toman los 20 días hábiles legales para responder, pero el Senado fue uno de los más veloces: sólo seis días tardó en negar acceso a las leyes secretas dictadas durante el régimen militar. Ante la respuesta, CIPER apeló a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta, que sesionó esta semana y enviaría su deliberación en los próximos días.

La misma jornada en que la instancia parlamentaria se reunió a analizar la solicitud, el senador Jovino Novoa anunció que pidió a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia que acelerara la discusión de un proyecto de ley que levanta el secreto de dichos cuerpos legales. Según dijo a La Tercera, es una de las últimas tareas pendientes en cuanto a transparencia.

Una semana después de la primera solicitud hecha por CIPER al Senado, los senadores Nelson Ávila y Alejandro Navarro hicieron una presentación ante la Contraloría General de la República requiriendo “fiscalización e informe” respecto a la legalidad de mantener como secretas la leyes dictadas entre 1973 y 1990. El argumento de los senadores es que se requería una ley de quórum calificado para levantar el secreto y que la Ley de Transparencia se transforma en forma tácita en el cuerpo legal que deroga el carácter secreto, “pues esa ley de quórum calificado viene a regir la transparencia de los órganos del Estado”.

Si bien la Contraloría no tiene atribuciones para fiscalizar a un poder autónomo constitucional como el Legislativo, sí puede interpretar las leyes en cuestiones administrativas, por lo que actualmente se encuentra analizando si corresponde emitir una opinión jurídica. Sin embargo, en el entorno del contralor Ramiro Mendoza comentan que, conociendo su estilo, es altamente probable que tras el anuncio de Jovino Novoa se espere el avance legislativo antes de pronunciarse, de modo de no interferir en el trabajo del Senado.

La solicitud de los dos senadores no es la única que analizan en este momento. También recibieron una petición del Museo de la Memoria para que la Contraloría desclasifique aquellos documentos de caracter reservado que mantiene guardados en sus archivos.

En poder de la Contraloría se encuentran actualmente cientos de decretos caratulados como reservados. Compaginados en gruesos tomos empastados de color rojo, quienes los han visto relatan que éstos se encuentran en una caja fuerte ubicada en una oficina contigua al despacho del contralor Ramiro Mendoza. Una clave secreta los resguarda. Nueve de los volúmenes corresponden a decretos firmados durante el régimen militar. El décimo comienza en ese período, en 1988, pero termina en 1997, en plena democracia. Estos últimos serían relativos a materias de seguridad nacional.

Fuentes del ente contralor señalan que en términos generales, el espíritu del organismo es mantener la menor cantidad posible de documentos bajo el carácter de secreto o reservado, limitándose exclusivamente a aquellos que correspondan por ley, como por ejemplo los que afecten la seguridad nacional.

Las exigencias de mayor transparencia acordes a los nuevos tiempos y la vigencia de la Ley de Acceso a la Información podrían permitir que todos aquellos documentos salieran a la luz pública y ayudaran a reconstruir las decisiones administrativas de la Junta de Gobierno y del ex presidente Augusto Pinochet. (Ver recuadro)

Las polémicas leyes secretas
Pese a la negativa del Senado de dar a conocer las leyes secretas (vea la solicitud de CIPER y la respuesta del Secretario del Senado), invocamos el principio de divisibilidad establecido en la nueva Ley de Transparencia y el secretario del Senado, Carlos Hoffmann, acogió la solicitud de entregar al menos la nómina de las leyes. Nos envió un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de 1991. Éste incluye el primer estudio oficial sobre las leyes reservadas del régimen militar y una lista con el nombre y número de todos estos documentos, que actualmente se encuentran guardados en la bóveda del Senado (ver listado completo).

El análisis realizado en ese momento incluye información en manos de la Contraloría (57 leyes, 40 decretos leyes y 28 decretos con fuerza de ley) y también del Diario Oficial, que envió una nómina de159 cuerpos normativos. Éstos cumplieron con la formalidad de ser publicados, pero en ediciones restringidas y de contados ejemplares, con lo cual mantuvieron su carácter secreto. En algunos casos no se ubicó el texto de la norma y no se sabe quiénes eran los destinatarios de los ejemplares que se imprimieron. Otros fueron publicados en el Boletín Oficial del Ejército e incluso hay algunos previos a la Constitución de 1980 que no se sabe si alguna vez cumplieron con el requisito legal de ser publicados.

Por ejemplo el DL 1629 de 1976 que modifica la Ley de Movilización Nacional, que al parecer solo fue comunicado a las autoridades que debían darle cumplimiento, pese a que su sanción máxima llegaba a la pena de muerte.

La norma estuvo vigente durante 14 años y el diputado Jorge Burgos reveló el contenido del artículo 32 en la sala de la Cámara Baja en junio de 2004: “Aquellos que propalaren noticias o divulgaren secretos, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio sobre las condiciones, características, especificaciones y fines de un invento utilizado por el Estado, de conformidad con el artículo 12, letra g) del presente decreto ley, serán penados con presidio mayor, en cualquiera de sus grados, a muerte.”

-Vamos a dejar atrás el discutible privilegio de pertenecer al club legislativo más curioso del mundo, el de los países con leyes secretas-, decía entonces Burgos, en el medio de la sesión en que se debatía un proyecto de ley presentado por el diputado Gabriel Ascencio que buscaba terminar con la reserva de estas leyes. Sin embargo, su tramitación se estancó en el Senado.

Gran parte de las leyes reservadas hablan de las plantas de funcionarios de las FF.AA y también de la CNI (DL Nº 2.991), pero el mismo Ascencio reveló en sala el contenido de varias otras normas secretas que llaman la atención, pues hablan de millonarias operaciones financieras:

• DL Nº 1.589, de 1976, que autorizó el traspaso de 1.017 millones de dólares de sobresueldos a gastos generales en la Armada.
• DL Nº 1.599, de 1976, que autorizó el traspaso a la Armada de 150 mil dólares desde sobresueldos a material militar policial y gastos de maniobras.
• DL Nº 2.576, de 1979, que autorizó al fisco para contraer con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 100 millones de dólares para la Fuerza Aérea de Chile.
• DL Nº 2.822, de 1979, que autorizó al fisco para contraer con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 100 millones de dólares para el Ejército.
• DL Nº 2.823, de 1979, que autorizó al Presidente de la República para contratar con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 80 millones de dólares para la Armada.
• DL Nº 3.527, de 1980, que dispone que la Tesorería General de la República asignará 50 millones de dólares al Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de cubrir la diferencia generada por la adquisición de material bélico.
• Ley Nº 18.090, que asigna 100 millones de dólares al Ministerio de Defensa Nacional.
• DL Nº 3.466, de 1980, que autorizó al Presidente de la República de la época para contraer obligaciones en el exterior hasta por la suma de mil 259 millones 640 mil schillings austriacos o dólares estadounidenses. Del objetivo de este decreto ley, obviamente, no existe información y eso lo ha convertido en uno de los más cuestionados.

Durante la tramitación del proyecto de Ascencio, los diputados estuvieron de acuerdo en la desclasificación. Se detectó que desde 1900 se habían dictado 205 leyes secretas, de las cuales 143 correspondían al régimen militar. Había incluso cuatro normas reservadas de 1998.

La entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aprobó la iniciativa y su subsecretario de Marina, Carlos Mackenney, fue el encargado de monitorear el avance legal. Ante la Comisión de Defensa, Mackenney hizo la prevención de que había textos que se referían a “materias que se relacionan directamente con la seguridad del Estado y la defensa nacional”, por lo que los diputados acordaron excluir 33 leyes de la desclasificación. De aquellas que había detallado Ascencio en la sala, sólo se haría pública aquella referida a la planta de la CNI. Todas las otras, que hablan de millonarios movimientos presupuestarios para las Fuerzas Armadas, permanecerían secretas. Según testigos de la época y acorde con las fechas, esto se debería a que se referían a compras de armamentos debido a conflictos con países limítrofes.

“El proyecto pasó al Senado, donde quedó paralizada hasta hoy, porque no tuvo empuje. En la Cámara se movió por el interés de Ascencio y mío hasta donde pudimos, porque el gobierno no tenía interés en este tema, por el contrario, diría que le molestaba, que le preocupaba”, recuerda el diputado Burgos.

El proyecto de ley se dormiría para siempre en el Senado, donde otro texto de similares características ya había corrido la misma suerte en 1997.

Historia de un hallazgo
“Artículo único transitorio.- Los artículos 9°, 10 y 11 del presente decreto ley se publicarán en un anexo de circulación restringida del Diario Oficial”. La frase final del DL 521 de 1974 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) fue la hebra seguida por largo tiempo por el abogado de derechos humanos Roberto Garretón. Se trataba de un resquicio legal que permitía que esos tres artículos permanecieran secretos.

Para Garretón el descubrimiento era importante no sólo porque -como escribiría más tarde- esos tres artículo “explican el inmenso poder que tuvo la DINA y la participación en sus operativos de agentes de todos los servicios de Inteligencia”. Su persistencia le permitió descubrir algunas “joyas”, como el decreto de movilización nacional que tenía artículos secretos que incluían sanciones penales. El mismo que décadas más tarde sorprendería al diputado Burgos y cuya existencia en esa época fue negada por el entonces abogado del Ministerio del Interior, Ambrosio Rodríguez. “Era una ley penal, con delitos, que en determinados casos podía llegar hasta la pena de muerte y no estaba publicada la ley”, enfatiza Garretón.

Revisó entonces las colecciones de leyes, fue al Diario Oficial, donde descubrió que había decretos y leyes que aún no habían sido publicadas, y en la colección de la Contraloría, que resultó ser mucho más afinada. Ahí se encontró con decretos de ley reservados o confidenciales, que esta vez sí estaban rotuladas como tales. Empezó a anotar los resultados de sus pesquisas. Revisó también la información de la Corte Suprema y los índices históricos del Colegio de Abogados, donde descubrió que existían leyes secretas en democracia. Cuando en 1985 publicó un largo artículo en la revista de derechos humanos de la Academia de Humanismo Cristiano, su catastro era detallado: 12 normas secretas entre 1926 y 1973; 50 entre el golpe de estado y 1980; 18 tras la vigencia de la nueva Constitución.

Su interés estaba íntimamente ligado a su rol como abogado de derechos humanos. Como en principio la DINA no tenía facultades para detener personas, quedaba la duda de si los artículos secretos de su decreto ley lo autorizaban. Comenzaron a alegar en los amparos en la corte para que se dieran a conocer las normas secretas.

-A la quinientava vez, la corte pidió al secretario certifíquese si se ha recibido (esa norma) y certificaron que sí se había recibido, pero que era secreta y no nos dieron el contenido. Nunca nos dieron el contenido, pero estaba claro y les quedó claro, para todos los que ahora dicen “yo no supe”, que sí había leyes secretas.

La recuperación de la memoria
Para diciembre próximo está planificada la inauguración del Museo de la Memoria, que se construye en calle Matucana. En el lugar donde originalmente se contemplaba el emplazamiento de una estación intermodal del Transantiago, se guardarán y expondrán documentos históricos del Régimen Militar, particularmente los relativos a las violaciones de los derechos humanos.

“Nos interesa tener los archivos administrativos del período, por lo que se está haciendo un trabajo de recopilación. La idea es difundir el conocimiento de lo que pasó en el país. Mostrarlo y que se use en investigación. Que se transforme en el centro referencial de derechos humanos”, explica María Luisa Ortiz, la encargada de colección del museo. Algunos documentos se expondrán en la muestra permanente y otros se guardarán en un gran archivo documental o en la biblioteca digital.

Actualmente se encuentran buscando en múltiples reparticiones públicas aquellos documentos que hasta ahora no se conocen. Como parte de esta labor, recurrieron a la Contraloría, que guarda un número indeterminado de decretos secretos dictados durante el régimen militar. La solicitud del Museo de la Memoria fue acogida con buena disposición, pero actualmente se encuentran realizando un estudio jurídico para evaluar qué documentos pueden ser desclasificados.

De acuerdo a fuentes que han tenido acceso a los decretos que guarda la Contraloría, gran parte de ellos están vinculados a listas de personas exiliadas o a las cuales se prohibió el acceso al país que ya no tienen razón de ser reservados. Es probable que los documentos no revelen grandes secretos, pero pueden ser importantes para la investigación histórica de los hechos ocurridos después de 1973.

Nota: En la columna derecha puede descargar los documentos relativos a este reportaje y los artículos relacionados.

http://ciperchile.cl/2009/06/11/las-ultimas-jugadas-para-desclasificar-las-leyes-secretas-del-gobierno-militar/
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"Los Amigos del Doctor Schäfer", de los periodistas Claudio Salinas y Hans Stange -11-06-09

11 de Junio de 2009

"Los Amigos del Doctor Schäfer", de los periodistas Claudio Salinas y Hans Stange
El libro que vincula a Luis Ortiz Quiroga con la Colonia Dignidad
El texto editado en 2005 revela que el nuevo vicedecano de Derecho de la U. de Chile y destacado penalista logró que uno de los primeros fugados de la Villa Baviera, Wolfgang Müller, quien denunció atroces castigos y violaciones, fuera condenado a 5 años y un día por injurias y calumnias. En 1976 Quiroga fue quien logró que Paul Schäfer lograra adoptar a Rebeca, una niña que les fue arrebatada a sus padres biológicos.

Por Jorge Molina Sanhueza

Las aguas en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile parecen calmarse poco a poco, luego de la designación como vice decano del destacado penalista Luis Ortiz Quiroga.

Sin embargo, su nombre podría abrir un nuevo debate debido a que aparece ligado a la Colonia Dignidad en el libro "Los Amigos del Doctor Schäfer", escrito por los periodistas Claudio Salinas y Hans Stange, editado por Debate en 2005, donde se relatan las labores que Quiroga realizó como abogado a favor de la Villa Baviera en 1967.

En aquel año, Wolfgang Müller se fugó de la Colonia Dignidad y denunció abusos sexuales y brutales castigos por parte del líder del enclave germano ubicado en la zona precordillerana de Parral. Debido a ello Schäfer se querelló en contra del joven. El abogado patrocinante que presentó la querella fue Ortiz Quiroga. Müller fue condenado a cinco años y un día por el delito de injurias y calumnias y por el robo de un caballo. Sin embargo, antes de ser notificado de la sentencia el joven logró huir del país con destino a Alemania.

La participación de Quiroga como abogado de Schäfer en este caso no es lo único que revela el texto. El jurista también apoyó legalmente el desafuero del entonces intendente de Linares, región a la que pertenece la Villa Baviera, Héctor Taricco. Este último había ordenado abrir un camino que los colonos habían cerrado.

La adopción de Rebeca

Si bien es cierto a fines de los 60 la Colonia tenía una red de protección transversal entre las autoridades políticas y judiciales y poco se sabía de los delitos que se cometían al interior, lo cierto es que diez años más tarde, en 1976, esta percepción había cambiado.

Hay que recordar que ya en esa fecha, al interior de Villa Baviera se producían brutales torturas a los detenidos por la DINA y se fabricaron armas y venenos para esta última, tal como dan cuenta varios procesos judiciales por violaciones de derechos humanos.

En ese contexto es que Ortiz Quiroga, señala el texto, tramita y logra que Schäfer adopte a una niña de padres chilenos. Esta última asumió el apellido de su padre y fue una de las mujeres que huyó junto al "tío permanente" hacia Argentina, donde permaneció oculto de la acción de la justicia desde 1997, hasta que en 2005 fue detenido y enviado a Chile.

Rebeca, a los siete años, fue internada por sus padres biológicos, Roberto y Juana, en el hospital El Lavadero, ya que padecía desnutrición, dice el libro. Sin embargo Schäfer, paulatinamente fue cerrándole las visitas a los progenitores, hasta apropiársela. El texto señala que hay un elemento común: fue Schäfer quien contrató al profesional en las dos oportunidades.

Amplia trayectoria

Ortiz Quiroga pertenece a uno de los estudios más prestigiosos del país. Se dice que ayudó a salvar a muchas personas de la represión en los años más duros de la dictadura militar. Es también un abogado muy respetado entre los ministros de la Suprema, junto a sus contactos políticos, principalmente en la Democracia Cristiana, a la que está vinculado.

Este diario intentó obtener una versión de Ortiz Quiroga pero su secretaria indicó que estaba haciendo clases en la universidad, por lo que no podía responder.

Para el vocero de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Branislav Marelic, "no se debería mezclar el pasado profesional con la trayectoria académica", dijo al ser inquirido.

"Nos reunimos con Ortiz, le presentamos acuerdos y demandas y ratificó los acuerdos. Creemos que es un vicedecano de consenso, intachable académica y éticamente. Por eso estamos por deponer la toma", explicó Marelic.

También se requirió la opinión de Hans Stange, uno de los autores del libro, quien se limitó a decir que la vinculación del abogado con la Villa Baviera, "es todo lo que está en el libro".

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http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/el-libro-que-vincula-a-luis-ortiz-quiroga-con-la-colonia-dignidad/

martes, 9 de junio de 2009

Inaguran centro de investigación de cultivos único en Sudamérica

Martes 9 de junio de 2009 | 10:40 _NOM_SECCION1
/ Agencias

Inaguran centro de investigación de cultivos único en Sudamérica





Con una inversión público-privada de US$ 20 millones, se puso en marcha el centro de investigación de cultivos para la exportación de la empresa multinacional suiza Syngenta, en el valle de Azapa, en Arica.

La iniciativa, dada conocer por el subsecretario de Economía, Jean-Jacques Duhart, constituye una experiencia inédita para el desarrollo de agricultura de alta tecnología, cuentan con el invernadero más moderno de Sudamérica y generará 150 nuevos empleos de alta calidad para la región.

La puesta en marcha de este centro “consolida a Arica Parinacota como un actor protagónico de la industria de servicios globales, una de las de mayor potencial de desarrollo en Chile, tanto a nivel de inversiones como de generación de empleos de alta calidad”, destacó la autoridad.

Chile es el sexto exportador mundial de semillas y el primero del hemisferio sur, con ventas que en 2008 totalizaron US$ 290 millones y 111% de crecimiento, respecto del año anterior. La puesta en marcha del centro de cultivos de Syngenta en Azapa se enmarca en alto potencial de desarrollo del sector en la región, donde ya han instalado otras empresas internacionales, entre ellas Pioneer Dupont, Massai y Sakata.

La nueva estación, que cuenta con un financiamiento de US$ 1,7 millones aportados por Innova Chile de Corfo, a través del programa de alta tecnología.

El gerente general de Syngenta Chile, Rafael Del Río, indicó que “este centro de investigación es una muestra del compromiso de Syngenta con la investigación y la innovación tecnológica para el desarrollo de una agricultura sustentable”.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090609/pags/20090609104051.html
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Militante de H.I.J.O.S. denunció a la candidata Unión-PRO por haber cobrado indemnización para familiares de víctimas del terrorismo de Estado 09-06-

CLAUDIA RUCCI FUE ACUSADA POR ESTAFA ANTE LA JUSTICIA

Para que se ponga de acuerdo

Un militante de H.I.J.O.S. denunció a la candidata de Unión-PRO por haber cobrado una indemnización para familiares de víctimas del terrorismo de Estado aceptando que su padre fue asesinado por la Triple A. Ahora ella dice que el crimen fue cometido por Montoneros.

La polémica por el caso Ru-cci continúa. Un integrante de la agrupación H.I.J.O.S. denunció judicialmente a la hija del ex jefe de la CGT por haber cobrado una indemnización destinada a los familiares de víctimas del terrorismo de Estado, de fuerzas paramilitares o de seguridad muertas antes del 10 de diciembre de 1983. Aníbal Facundo Martínez Soler, hijo de desaparecidos y querellante en la causa Triple A, acusó a Claudia Rucci de haber cobrado la indemnización estatal y aseguró que no le correspondería: desde hace dos años, la candidata a diputada de Unión-PRO sostiene que a su padre lo mataron los Montoneros.

En medio de la campaña electoral, la muerte de José Ignacio Ru-cci entró en la agenda política. Su hija y candidata del espacio de Francisco de Narváez responsabiliza a la agrupación Montoneros, y suele aludir a los viejos militantes que ahora pertenecen al espacio político del kirchnerismo. Entre los aludidos estuvo el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, a quien ella le pidió que diga todo lo que supuestamente tiene para decir.

Aníbal Fernández le respondió dos semanas atrás. Explicó que Claudia Rucci había aceptado que a su padre lo habían matado dentro de las políticas del terrorismo de Estado porque ella, su hermano y su madre firmaron en 1989 el pedido de reparación económica que otorga el Estado en el marco de la ley 24.411. La indemnización fue de 224 mil dólares e implica que la familia acepta que los responsables de la muerte del familiar fueron alguna de las tres Fuerzas Armadas o de los aparatos paraestatales.

Rucci es actriz, candidata a diputada y ex compañera de trabajo de Carlos Kunkel, Rodolfo Ojea Quintana, Juan Carlos Dante Gullo y Hugo Perié, del grupo Michelángelo. En declaraciones públicas formuladas en 2004, Claudia Rucci no sólo estaba a gusto en su trabajo con ellos, sino que también estaba a gusto con sus ideas políticas. “Un día hablé largamente con Dante y después con el Tojo (Ojea Quintana) y ellos me aseguraron –y yo les creo– que en el ámbito en que militaban jamás se planificó el asesinato de mi padre. Y les tengo respeto porque son gente que se jugó por sus ideales”, declaró.

Para entonces, Rucci había vuelto a la política, estaba en el oficialismo y defendía las ideas de Néstor Kirchner y de CFK. Pero eso cambió con la inclusión de Rucci en la campaña de De Narváez y ya desde 2008 con la publicación de Operación Traviata, el libro de Ceferino Reato en el que formula la hipótesis de que a Rucci lo mataron los Montoneros.

En ese contexto, Martínez Soler sostiene ahora que la indemnización de los Rucci es ilegítima. Hijo de desaparecidos, querellante en la causa por los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y patrocinado por Daniel Stragá, Martínez Soler le pide a la Justicia Federal una investigación para determinar si los Rucci cometieron una estafa contra la administración pública, ya que Montoneros es una organización de civiles. “Muchos hijos de desaparecidos aún no cobraron la indemnización y, sin embargo, sí la cobró ella, que es hija de un represor que apareció en todos los actos públicos de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), brazo armado de la Triple A en Mar del Plata y La Plata”, denunció.

A José Ignacio Rucci, que era referente del ala derecha del tercer gobierno peronista, lo acribillaron a la salida de la casa en la que paraba, sobre la avenida Avellaneda en el barrio de Flores. Lo mataron al mediodía del 25 de septiembre de 1973, dos días después de que Juan Domingo Perón fuera elegido por tercera vez presidente.


domingo, 7 de junio de 2009

CRECE LA CIFRA DE VICTIMAS DE LA MASACRE EN LA AMAZONIA PERUANA - 7 de Junio de 2009




El triunfo de los pueblos indígenas del Amazonas peruano

Con 82 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, el Congreso peruano derogó los decretos 1090 y 1064, aprobados el año pasado para aumentar la inversión en la selva. Desde el pasado mes de abril, las comunidades indígenas de la región organizaron una serie de bloqueos para exigir la supresión de dos de esos decretos. Sobre 50 muertos fue el precio que debieron pagar para proteger sus territorios.

RAÚL ZIBECHI - PERÚ - 22 / 06 / 09

Tras dos meses de intensa movilización, los pueblos de la Amazonia peruana lograron enfrentar exitosamente la represión de uno de los gobiernos más derechistas de América Latina, cosecharon amplia simpatía nacional e internacional y están haciendo retroceder los proyectos de privatización del pulmón del planeta. Habrá un antes y un después del 9 de abril de 2009, día en que comenzaron los cortes de carreteras y las tomas de ductos que transportan gas y petróleo al exterior. Y habrá un antes y un después del 5 de junio, cuando la firmeza de miles afrontó la militarización y la masacre en la población de Bagua, cerca de la frontera con Ecuador.Luego de la matanza, el gobierno de Alan García comenzó a dar marcha atrás con algunos de los decretos legislativos (DL) más polémicos. Primero se suspendió la aplicación de los DL 1090 y 1064 durante 90 días por parte del Congreso dominado por el oficialista APRA y los seguidores del procesado ex dictador Alberto Fujimori. El 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea, 64 por ciento de los bosques del Perú, con lo que podrían ser vendidos a trasnacionales. Tampoco contempla que la mayor parte de las comunidades no han titulado sus tierras. El DL 1064, Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario, deja sin efecto el requisito de acuerdo previo de las comunidades para emprender proyectos en la Amazonia.Días después, ante la férrea decisión de los pueblos amazónicos de seguir adelante con sus movilizaciones e intensificar las acciones, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, se comprometió a derogar los dos decretos y anunció el levantamiento del estado de sitio en Bagua. Fue más lejos: el lunes 15 durante un encuentro con repesentantes indígenas en la provincia de Chanchamayo dio disculpas a los pueblos amazónicos y aseguró que el gobierno no vetará a la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).Pese a formar parte de un gobierno derechista, Simon es el paradigma del guerrillero convertido en hombre de Estado. En los 80 fue activo simpatizante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), por lo que fue preso durante el régimen de Fujimori. Ahora decidió poner sus conocimientos sobre los movimientos sociales al servicio de las trasnacionales que buscan apropiarse de los bienes comunes: agua, biodiversidad, riquezas mineras, madereras e hidrocarburíferas. Pero está chocando con los mismos actores que en la guerra interna frustraron la expansión del MRTA y Sendero Luminoso hacia la selva, los pueblos que defienden sus territorios.El segundo gran éxito de los pueblos amazónicos lo sintetiza Hugo Blanco en el editorial más reciente de Lucha Indígena: “Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están rescribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad”.Las grandes marchas y los masivos paros registradas en todo el país el 11 de junio, incluyendo 30 mil manifestantes en Lima, la mayor concentración desde los últimos días del régimen de Fujimori, evidencian la solidaridad con los pueblos amazónicos y el aislamiento del gobierno de García. Los pronunciamientos de decenas de organismos internacionales, incluyendo algunos de Naciones Unidas, muestran que la simpatía traspasó fronteras.De nada valió el intento del presidente peruano por culpar a Bolivia y Venezuela de instigar la protesta. No sólo acusó a los amazónicos de “terroristas”, sino que sostuvo que esos países quieren evitar que Perú extraiga petróleo y sea competidor. Sus argumentos fueron pulverizados por la contundencia de la movilización. Los pueblos amazónicos consiguieron incluso que se instalara una mesa de diálogo sin frenar sus acciones. Cuando comenzó a sesionar el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, el 15 de junio con presencia de la Iglesia católica, las comunidades y la Defensoría del Pueblo, el gobierno sólo consiguió que los indígenas ampliaran de dos a cuatro la apertura al tránsito de la carretera La Merced-La Oroya-Lima.La tercera enseñanza de esta movilización es que no importa la cantidad, sino la potencia. Los pueblos amazónicos agrupados en AIDESEP, son unas 300 mil personas pertenecientes a mil 350 comunidades, en un país que sobrepasa 28 millones de habitantes. Sin embargo, la justeza de su causa y la sólida decisión comunitaria de luchar hasta el final, haciendo de sus territorios trincheras y de sus cuerpos escudos, consiguió frenar la máquina de guerra estatal y granjearles simpatías en todo el país. Han mostrado que no luchan para negociar, para obtener algún beneficio sectorial o alguna demanda disfrazada de “derechos”, sino para salvar la vida y evitar que la naturaleza sea convertida en mercancía.Mostraron que cuando se pelea por la sobrevivencia, por seguir siendo pueblos, de nada valen los cálculos de costos y beneficios que han llevado a la crisis ética y política de buena parte de las izquierdas institucionales. Camino muy similar al que meses atrás caminaron los nasas de Colombia al poner en marcha la Minga por la Vida, también para evitar que el TLC con Estados Unidos los sepulte como pueblo al convertir sus bosques en monocultivos para biocombustibles. Estas luchas colocan en lugar destacado un necesario debate sobre el desarrollo y los bienes comunes, que algunos gobiernos autoproclamados progresistas, como el de Brasil, deberían tomar en cuenta si no quieren ser los sepultureros de la Amazonia y de sus pueblos.

* Periodista, colaborador de Azkintuwe.






CRECE LA CIFRA DE VICTIMAS DE LA MASACRE EN LA AMAZONIA PERUANA








POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD = TERRORISMO DE ESTADO








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10 June, 2009


Pronunciamiento del Relator James Anaya ante los hechos ocurridos en Perú
















“Hago un llamado urgente a todos los actores involucrados a que eviten otros acontecimientos de violencia, y exhorto a las autoridades del Estado a implementar todas las medidas ya establecidas, así como a adoptar todas las medidas adicionales necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas”,








El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, acaba de haber público un comunicado sobre la preocupante coyuntura peruana manifestando su disposinilidad para contribuir a su abordaje y resolucióm.
Relator Especial sobre pueblos indígenas urge al Gobierno de Perú a dialogar con los pueblos indígenas del Amazonas





Ginebra, 10 de junio de 2009

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Profesor James Anaya, expresa su más profunda preocupación por los enfrentamientos del viernes 5 de junio, y los eventos subsecuentes, en Bagua, Departamento de Amazonas, Perú, que han resultado en la muerte de aproximadamente 30 personas, incluidas personas indígenas y miembros de la Fuerza Pública, así como decenas de heridos y desaparecidos. El Relator Especial expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias.

“Hago un llamado urgente a todos los actores involucrados a que eviten otros acontecimientos de violencia, y exhorto a las autoridades del Estado a implementar todas las medidas ya establecidas, así como a adoptar todas las medidas adicionales necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas”, dijo James Anaya. Además, el Relator Especial insta al Estado a investigar seriamente todos aquellos actos relacionados a esta situación que puedan indicar violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares. Asimismo, el Relator Especial insta a las personas y pueblos indígenas involucrados que sus reclamos y manifestaciones siempre sean de forma pacífica, respectando los derechos humanos de otros.
El Relator Especial también exhorta a todos los actores involucrados a buscar consensos y encaminarse a una vía de dialogo y de entendimiento sobre la base de la tolerancia y respeto a los derechos humanos. “Enfatizo la necesidad de que el Gobierno y los grupos indígenas interesadas hagan un nuevo esfuerzo conjunto hacia una resolución a los conflictos en la región de manera abierta y transparente que facilite el diálogo, evite la violencia y respete los derechos humanos”.

El Relator Especial expresa su disponibilidad de realizar una visita al país para revisar la situación y contribuir a la búsqueda de tal resolución a los conflictos, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para promover el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Finalmente, el Relator Especial desea adherirse a los comunicados previos sobre este tema emitidos por la Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo del Perú.
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El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Profesor James Anaya como Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas por un período inicial de tres años. El Sr. Anaya es James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and Policy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos de América.
Para más información sobre el mandato del Relator Especial:
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur

Special Rapporteur on indigenous people urges Government of Peru to dialogue with indigenous peoples of the Amazon

Geneva, 10 June 2009

The United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Professor James Anaya, expresses his profound concern over the confrontations that took place on Friday, June 5, in Bagua, Department of Amazonas, Peru, and subsequent occurrences, which have resulted in the deaths of an estimated 30 people, including indigenous individuals and members of the Armed Forces, and in dozens of wounded and missing. The Special Rapporteur expresses his sincere condolences for the victims and their families.
“I urgently appeal to all concerned to avoid further violence and urge State authorities to implement measures already in place, as well as adopt all additional measures necessary, in accordance with international human rights norms, to protect the human rights and fundamental freedoms of the affected indigenous peoples,” said James Anaya. In addition, the Special Rapporteur calls upon the State to seriously investigate all actions that could indicate human rights violations and bring those responsible to justice, as well as to ensure the non-repetition of similar acts. Likewise, the Special Rapporteur stresses to the indigenous individuals and peoples involved that their claims and protests should always be carried out in a peaceful manner and with respect for the human rights of others.
The Special Rapporteur also calls upon all of those involved to explore ways to reach an agreement based on dialogue, mutual understanding, tolerance and respect for human rights. “I emphasize the need for the Government and affected indigenous peoples to make renewed concerted efforts toward a resolution to the conflicts in the region in an open and transparent manner that facilitates dialogue, avoids violence, and respects human rights”.
The Special Rapporteur expresses his willingness to visit the country to review the situation and contribute to the search for such a solution to the conflicts in the region, within the terms of his mandate by the United Nations Human Rights Council, to promote respect for the human rights of indigenous peoples.
Finally, the Special Rapporteur would like to express his concurrence with the previous statements on this issue made by the Latin American Regional Office of the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights and by the Public Defender of Peru.
On 26 March 2008, the Human Rights Council appointed Professor S. James Anaya (United States of America), for an initial period of three years. Professor Anaya is the James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and Policy at the University of Arizona (United States).
For additional information on the mandate of the Special Rapporteur: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur
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Más de 50 indios muertos





El gobierno confirmó el fallecimiento de 22 policías, mientras los indígenas muertos serían, según diversas versiones llegadas desde la zona de la masacre, más de treinta. Sólo se han admitido nueve víctimas civiles.

Por Carlos Noriega

Desde Lima

La cifra de muertos subió ayer a más de cincuenta luego de la violenta represión policial contra un piquete de nativos amazónicos que bloqueaban una carretera de la selva en protesta contra una serie de leyes dadas para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y que afectan a sus comunidades.
El gobierno confirmó el fallecimiento de 22 policías, mientras los indígenas muertos serían, según diversas versiones llegadas desde la zona de la masacre, más de treinta, aunque el gobierno sólo ha admitido la existencia de nueve víctimas civiles. Ayer se conoció que nueve policías murieron durante la toma, el viernes, por un grupo de indígenas de una estación de la empresa petrolera estatal Petro Perú, ubicada selva adentro. Otros 22 policías secuestrados fueron liberados ayer y siete permanecían desaparecidos. Los heridos son más de 150 y los detenidos bordean el centenar. El líder de los indígenas, Alberto Pizango, pasó ayer a la clandestinidad luego que se emitiera una orden de captura en su contra. Se especuló que éste había viajado a Bolivia, pero dirigentes de la organización indígena aseguraron que Pizango, quien está acusado de rebelión y de incitar a la violencia, permanecía en Lima. En Bagua, lugar de la matanza, se impuso un toque de queda entre las tres de tarde y las seis de la mañana. Las comunidades indígenas denunciarán al gobierno de Alan García ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los indígenas amazónicos, que suman unos 350 mil, se levantaron contra el gobierno hace dos meses exigiendo la derogación de nueve leyes dictadas por el gobierno en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos. Estas leyes facilitan el ingreso a la Amazonia de las transnacionales petroleras y mineras y la venta de amplias extensiones de bosques a compañías madereras y empresas dedicadas a la producción de biocombustibles. Las comunidades nativas reaccionaron en contra de este paquete legal por considerar que afectan los derechos sobre sus tierras y amenazan el ecosistema de la Amazonia, donde viven.
Los nativos acusan al gobierno de haber dictado estas leyes sin consultarles, como exige el Convenio 169 de la OIT, que obliga a que las comunidades nativas sean consultadas antes que se emita una norma legal que las afecta. Esta omisión convierte estas leyes en inconstitucionales. El gobierno ha admitido la omisión, pero insiste en mantener la vigencia de las leyes, a pesar que una comisión del Congreso y la Defensoría del Pueblo se han pronunciado por su inconstitucionalidad. El gobierno ha señalado que la derogatoria de estas normas legales pondría en riesgo el TLC con Estados Unidos y ha decidido mantenerlas a sangre y fuego. La negativa del gobierno a derogar estas leyes hizo imposible el diálogo con los indígenas, y el conflicto fue escalando hasta que el viernes se desencadenó la masacre, luego de que el gobierno ordenara a la policía reprimir a los nativos.
“Si estas leyes se mantienen, en el corto plazo las tierras amazónicas pasarán a propiedad de las corporaciones petroleras, mineras, de agua, madereras, productoras de biocombustibles, y en el mediano horizonte la Amazonía estaría destruida y los pobladores indígenas convertidos en proletarios. La lucha contra estas leyes es una lucha por la supervivencia de las comunidades amazónicas y de su cultura”, le señaló a Página/12 Róger Rumrrill, uno de los más importantes investigadores sobre la Amazonia peruana.
Página/12 conversó telefónicamente con Incam Santiac, líder indígena de la etnia Awarun, ubicada en la zona fronteriza con Ecuador, quien estuvo presente durante la violenta represión contra los indígenas en la Curva del Diablo. “Nosotros estábamos durmiendo en la pista cuando la policía nos atacó. Eran las cinco y media de la mañana. Primero lo hizo con gases lacrimógenos y cuando vieron que no nos podían sacar de ahí, comenzaron a disparar. Disparaban al cuerpo, a matar. Nos disparaban desde un helicóptero y desde los cerros. Un hermano cayó muerto a mi lado. Muchos cayeron por las balas. El ataque duró hasta las dos de la tarde, cuando logramos replegarnos a Bagua. El gobierno miente cuando nos acusa de haber disparado a la policía. Nosotros sólo teníamos lanzas y flechas. Los policías deben haber muerto por el fuego cruzado de ellos mismos. Hasta ahora no nos dejan recoger a nuestros hermanos muertos, que siguen botados en la pista. Hay más de cien desaparecidos”, relató Santiac desde Bagua. El líder indígena anuncia que se replegarán, pero que seguirán en su lucha contra el gobierno y las transnacionales que invaden sus tierras.


Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-126230-2009-06-07.html
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09 de Junio de 2009

Líder amazónico pide asilo a Nicaragua

Rebelión indígena en Perú

Alberto Pizango es acusado por el Gobierno de Alan García de instigar los enfrentamientos que desde el pasado viernes han dejado un saldo de 24 policías y nueve nativos muertos, según cifras oficiales.
El líder indígena Alberto Pizango, contra quien se emitió una orden de detención por los delitos de rebelión y sedición a raíz de las violentas protestas de los últimos días en tres regiones amazónicas de Perú, pidió asilo en la embajada de Nicaragua, según informó este lunes el primer ministro peruano, Yehude Simon.
"Acabo de recibir un informe de la embajada de Nicaragua, que dice que en la tarde de hoy se refugió el ciudadano Alberto Pizango, y el Gobierno (de ese país) lo ha aceptado", sostuvo Simon ante la comisión de Defensa del Congreso peruano.
La vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aisedep), Daysi Zapata, había rechazado horas antes la hipótesis de que Pizango, quien es presidente de su organización, hubiera huido del país, y señaló que el líder indígena se encontraba escondido porque teme por su vida.
Las autoridades peruanas habían insinuado que Pizango había escapado a Bolivia.
Además, sin nombrarlos, el gobierno de Lima ha señalado a países vecinos como incitadores de los violentos disturbios que han ocasionado la muerte de más de 50 personas en varias provincias del estado de Amazonas, en el norte del país.
Dan Collyns, corresponsal de la BBC en Perú, informó que el presidente Alan García sugirió que fuerzas extranjeras podrían haber incitado el levantamiento indígena, algo que se entendió como una alusión a Bolivia y Venezuela.
Regreso
Entretanto, desde la población amazónica de Bagua, el enviado especial de la BBC Dan Collyns informó que muchos de los manifestantes que se habían escondido en las colinas por temor a represalias de las fuerzas de seguridad están ahora regresando.
Según Collyns, cuando alguien regresa es recibido con aplausos por los habitantes locales, muchos de los cuales han donado alimento y ropa a la iglesia donde centenares de personas hna buscado refugio.
El corresponsal de la BBC indicó que muchos de los indígenas que están llegando pertenecen a las tribus Awjun y Wampis, quienes viven cerca de la frontera de Perú con Ecuador y viajaron durante varios días río abajo para participar en las protestas.
Según Collyns "continúan presentándose insistentes rumores de que la policía escondió los cuerpos de manifestantes. El gobierno ha negado vehementemente estas acusaciones. Hasta el momento no hay evidencia firme para corroborar estos rumores y no se han encontrado nuevos cuerpos.
Más desmentidas
Daysi Zapata, por su parte, señaló que las movilizaciones y paros en las regiones amazónicas, que cumplen dos meses, continuarán a pesar de los episodios violentos del pasado viernes en Bagua, hasta lograr la derogación de los decretos legislativos promulgados por el mandatario en 2008, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos. Los indígenas se oponen a los planes gubernamentales que autorizan la perforación en busca de petróleo y gas en la región. Este lunes, en Bagua Grande, a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, cientos de indígenas refugiados -400, según la Defensoría del Pueblo; cerca de 800, según la parroquia de la ciudad- esperaban hacinados en la casa pastoral para volver a sus aldeas. Según le dijo a BBC Mundo el sacerdote que coordina su acogida, Casinaldo Ramos, podrán salir en la mañana del martes hacia sus hogares. "Algunos sienten miedo de regresar a su propia tierra porque su gente les va a exigir ciertas cosas por el hecho de haber perdido a sus compañeros y a sus hijos. Otros saben que tienen que empezar una nueva vida, pero no podrán borrar en dos días la experiencia de esta violencia", dijo el sacerdote. Mientras, en otra región amazónica, Yurimaguas, se mantenía bloqueada una carretera con miles de campesinos movilizados.
"Una falsa alarma"
También este lunes, el viceministro peruano de Orden Interno, Wilson Hernández, desmintió la existencia de una fosa común en una zona próxima al sector El Reposo, en Amazonas, según informó el diario peruano El Comercio.
La versión de una fosa con cadáveres de indígenas había sido planteada por Casinaldo Ramos, quien dijo después que sólo se trataba de "una falsa alarma".
La Defensoría del Pueblo, que investigó in situ esta denuncia, también desmintió a BBC Mundo la existencia de las fosas.
Por su parte, algunas organizaciones no gubernamentales, como Amazon Watch o Amnistía Internacional, pidieron a la policía peruana hacer "un uso proporcional de la fuerza".

BBC Mundo.com

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Múltiples patiperros 7 de Junio de 2009

Múltiples patiperros


El escritor vuelve a Holanda, lugar de sus exilios, con la presidenta Bachelet. Y encuentra tanto su vieja comunidad chilena como una nueva, más alegre, que es fruto de una democracia.


Por Ariel Dorfman *


Fue recién llegado a Chile, a los doce años, que escuché por primera vez la extraña palabra “patiperros”. Le había confidenciado a un amigo de mi nuevo colegio que me sentía yo distante de los chilenos –habiendo nacido en Buenos Aires y pasado el resto de mis años juveniles en Nueva York–, y él me respondió: “Pero en algo ya te pareces a los chilenos. Somos todos unos patiperros”.

Trashumantes, viajeros, emigrantes, saliendo del extremo del Finis Terrae de las Américas en busca de fortuna o amor o aventuras, los chilenos definían su destino e idiosincrasia nacional como similar al de los perros que callejean, una nación que acrecienta piernas y extremidades para poder explorar el mundo entero.
Y ahora, cinco décadas después de haber oído inicialmente ese término, “patiperros”, acabo de tener dos experiencias, ambas en el mismo día, que me permitieron llenarlo de contenido y fervor contemporáneos. Fue durante un reciente viaje a Holanda, cuando acompañé a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a una vista de Estado a este país. En la mañana del martes 26 de mayo recién pasado la presidenta y su comitiva se reunieron en Amsterdam con la comunidad chilena en Holanda. Presenciar ese encuentro fue especialmente emocionante para mí.
En la sala desbordante se atiborraban tantos rostros e historias que yo conocía de mi propio exilio en Holanda durante los años 1976-1980. Con esos refugiados había marchado yo en contra de la dictadura, fue con ellos que vendíamos empanadas y arpilleras para recolectar dinero para la resistencia a Pinochet, fueron ellos los que organizaron una infinidad de actividades de solidaridad y de recuerdo de la patria prohibida. Y también fue con esos hombres y mujeres que había comenzado a discutir tímidamente, en la medida en que los años pasaban y la dictadura no caía, el temor y la tristeza de que quizá no todos íbamos a poder volver a Chile, fue con ellos que por primera vez esbocé la posibilidad de que algunos íbamos a permanecer en el extranjero para siempre.
Y así había sido: sus hijos y luego sus nietos habían nacido en Holanda; su trabajo comenzó a engatusarlos, se fueron acostumbrando a noches de hielo y veladas llenas de cariòo, se fueron quedando y quedando, y ahora lloraban ante la presencia de una presidenta que, como tantos en esa sala, había caído presa, había sido expulsada a un país extranjero, sabía lo que significaba tener la maleta siempre lista para emprender el viaje de retorno. Patiperros, sí, pero de esos perros que, después de mucha errancia y golpes, encuentran vecinos que los acogen, ternura y sentido en latitudes extranjeras, un hogar dolorosamente diferente al natal, pero un hogar pleno al fin y al cabo. Sintiéndose chilenos todavía, recordando la nación de la que salieran y donde no iban a morir, abrazando la contradicción difícil y gloriosa de la doble vida nómada de nuestros tiempos.
La presidenta les brindó el calor inmenso de su personalidad y del mensaje de que estos compatriotas no dejaban de ser chilenos por el hecho de no haber retornado a vivir a Chile, que el país podía definirse por todos sus hijos sin importar el lugar que habitaban.
Utilizo la palabra “calor” con cuidado, ya que tres horas más tarde todos los de la comitiva tuvimos necesidad de algún tipo de ardor y fuego cuando entramos en una gigantesca cámara frigorizada en el puerto de Rotterdam para juntarnos con otro grupo de chilenos que estaba también, como los de la mañana en Amsterdam, fuera de su país. Pero estos “patiperros” no habían llegado a Holanda por decreto de un dictador, con prohibición de retorno. Estaban, por el contrario, en ese lugar por voluntad propia, trabajando en la Terminal de Fruta donde llegan millones de toneladas de alimentos de la tierra chilena –uvas, duraznos, kiwis– para el consumo europeo. Después de que Michelle y los parlamentarios presentes en la comitiva se sacaran la foto de rigor con estos jóvenes empleados, me acerqué a conversar con ellos, conmovido por la limpieza de sus rostros, su alegría, el contraste con los asistentes expatriados que acabábamos de dejar atrás en Amsterdam. Me contaron que todos estudiaban en Chile (agronomía, la mayoría de ellos) y que ésta era una manera de conocer todo el proceso de exportación de la fruta que hoy es el 30 por ciento del comercio exterior chileno; pero, además, me confidenciaron que habían aprovechado el viaje para pasearse por París, por Berlín, por los Alpes, a Copenhague los boletos, a patiperrear se ha dicho, a vagar como la palabra originalmente lo exigía.
Y pude divisar detrás de sus cuerpos arropados con buzos naranjas y gorros contra el frío, cajones que contenían manzanas verdes –esas espléndidas manzanas por las que yo me moría durante mi lejano exilio holandés, esa fruta que seguían añorando hoy mismo los que se habían ido quedando por estas tierras, las manzanas que nos permitían volver, como en una novela de Proust, al sabor y el tiempo perdidos, las manzanas cuya ausencia había significado alguna vez para tantos la expulsión del paraíso y que ahora permitía a estos jóvenes viajar por el mundo y retornar sanos y salvos y enteros a su terruño.
Y se me ocurrió que ése era uno de los logros últimos y ocultos de la recuperada democracia chilena: que nuestros patiperros pudieran salir a conquistar y recorrer y conocer el mundo debido a la natural curiosidad por el horizonte y no porque su vida peligraba en el lugar en que habían nacido. Y celebré, en medio del aire gélido de ese frigorífico glacial, que habíamos podido recuperar el alcance original e inocente de esa palabra patiperros con que Chile me había dado la bienvenida y con la que de nuevo me agraciaba y encendía en mis nuevas odiseas por el mundo.


* Escritor chileno. Su última novela es Americanos: los pasos de Murieta.


Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-126223-2009-06-07.html

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