Por Beatriz Michell / La Nación Domingo
James Anaya, relator de la ONU sobre derechos indígenas
“La mejor manera de evitar la violencia es resolver las reivindicaciones”
No emite declaraciones concluyentes sobre Chile. Sólo plasma impresiones y antecedentes que recibió durante su viaje fugaz. Algunos dicen que es más condescendiente con el gobierno que su antecesor, otros que no. La verdad es que Anaya aún no saca conclusiones, aunque asegura que hay avances, tareas pendientes y que la discriminación existe en todos los países donde hay pueblos indígenas.
“No soy juez, ni nada por el estilo”, aclara tajante James Anaya. La semana pasada estuvo en Chile y durante los últimos días se han usado y tergiversado sus dichos para apoyar o criticar el actuar del gobierno con respecto a los pueblos indígenas, específicamente, mapuche. “Soy un interlocutor para promover el diálogo, pero también para ayudar a que avancen los pasos positivos”, continúa explicando el Relator de la ONU para los derechos y libertades de los pueblos indígenas, quien luego de su visita a este país debe estudiar los antecedentes que le entregaron, seguir conversando con distintos actores y entregar un informe al gobierno chileno.
¿Cuándo?
Dice que puede ser en dos o cuatro meses, pero no se compromete y luego se ríe.
Estuvo en Santiago, Temuco e Iquique. James Anaya de origen apache- aterrizó en Chile el domingo y se fue el jueves. Con una agenda tan apretada que algunos días sólo alcanzó a almorzar un sándwich entre reunión y reunión, el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos y libertades de los indígenas intentó cumplir con su misión: reunir información sobre la situación de los pueblos indígenas, el proceso de implementación del convenio 169 de la OIT y los avances o retrocesos con respecto al informe que el mexicano Stavenhagen hizo en 2003.
Se reunió con organizaciones indígenas, sociales, de derechos humanos, representantes del gobierno y la subsecretaria de Carabineros Javiera Blanco. Escuchó a los padres de Matías Catrileo y a la abuela de la familia Cadin Calfunao (que se encuentra casi en su totalidad en la cárcel y cuya nieta de diez años está en Suiza solicitando asilo político). Sobre estos casos, al igual que sobre los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco que serán procesados por atacar a un fiscal en Tirúa, aplicándoseles la ley antiterrorista, Anaya prefiere no opinar. “Estoy estudiando los casos”, responde.
De Chile se llevó impresiones, documentos y declaraciones, pero no conclusiones. Ellas vendrán en los próximos meses, por lo que es difícil determinar si su informe será más duro o más gentil que el de Stavenhagen (ver recuadro).
- Los derechos a la tierra y al agua generan los principales conflictos en Chile en el ámbito indígena, ¿cree que hay avances en la resolución de estos problemas?
- Ése es un asunto muy complicado. Estoy estudiando esto todavía y estaré haciendo las recomendaciones completas prontamente. Ha habido un esfuerzo del gobierno de aumentar su atención a esta situación, pero todavía hay asuntos que hay que resolver.
- Cuando vino Stavenhagen a Chile el proyecto emblemático que producía conflicto con los pueblos indígenas era la central hidroeléctrica Ralco, ¿cuáles son los principales conflictos de este tipo hoy?
- Las organizaciones no gubernamentales y los representantes con quienes me he reunido han mencionado una serie de proyectos de minería, de energía, de inversión. Son varios los que causan conflictos, no es uno. Por lo general se podría decir que se podría mejorar la participación de los pueblos indígenas.
- ¿Cuál es su opinión con respecto a la aplicación de la ley antiterrorista en los casos de violencia por litigios de tierra?
- Hay constancia de que el gobierno mismo me ha dicho que no se va a aplicar la ley antiterrorista en casos que tengan que ver con reivindicaciones de tierras mapuches, pero la verdad es que no está muy claro para mí el alcance de este compromiso. Estoy intentando ver esto, pero espero que el gobierno cumpla con su compromiso. Las declaraciones que han dado en los últimos días lo dejan un poco difuso.
- ¿Cree que hay discriminación hacia los indígenas al momento de enfrentar los Tribunales de Justicia y aplicar la ley?
- Es un asunto que todavía no estoy en condiciones de concluir, pero puedo decir que en todos los países donde hay pueblos indígenas existen patrones de discriminación en todos los ámbitos de la sociedad. Es una característica desafortunada de las sociedades y es algo por superar en todos los países donde hay discriminación en la justicia, en los servicios estatales y otros ámbitos. Yo creo que hay que asumir que existe este tipo de discriminación y buscar formas de solucionarlo.
- ¿De qué manera se puede frenar el aumento de la violencia en Chile?
- Yo no he dicho que hay violencia. En El Mercurio dijeron que yo alegué por el maltrato policial, pero yo simplemente dije que he recibido alegaciones de eso, que es una cosa muy diferente. He recibido información y hay que investigarlo. Cuando hay violencia, que se ha dado en muchos países en el mundo, vinculada de alguna manera a reivindicaciones legítimas indígenas, cualquier acto de responsabilizarlos por la violencia tiene que ir acompañado por un esfuerzo del Estado de dar una respuesta efectiva a esas reivindicaciones. Siempre que existen esas reivindicaciones existe un descontento y eso siempre puede derivar en una radicalización en algunos sectores, aunque sea una minoría de los pueblos indígenas. La mejor manera, a largo plazo, de evitar la confrontación, el descontento y la violencia es poner en marcha medidas efectivas para resolver de una manera justa las reivindicaciones.
LA PIEDRA EN EL CAMINO
Desde el 2003 que nadie de la ONU venía a monitorear la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile. Ese año, el encargado fue Rodolfo Stavenhagen, un mexicano que en su informe plasmó la vulneración de derechos de las étnias mapuche, aimara, rapa nui, alacalufe, yagán, atacameños, quechuas y collas. Algunas de sus conclusiones fueron:
►(Caso Alex Lemún) “El Relator Especial lamenta que hasta la fecha no se hayan tomado las medidas necesarias para castigar al o los culpables e indemnizar a la familia y hace un llamamiento al Gobierno para que tome las medidas necesarias para esclarecer el caso”.
►“Esta combinación entre nuevo procedimiento penal, ley antiterrorista y fuero militar, establece una condición de vulnerabilidad del derecho al debido proceso, que afecta de manera selectiva a un grupo claramente identificado de dirigentes mapuche”.
►“Deberá ser revisada la legislación sectorial sobre tierras, aguas, minas y otros sectores cuyo contenido pueda entrar en contradicción con lo dispuesto en la Ley Indígena, y deberá primar el principio de la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima de intereses comerciales y económicos particulares”.
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