"La muerte de Jaime Mendoza Collio es un homicidio totalmente injustificado"
De visita en Chile, vocero de una de las principales organizaciones del mundo en materias de Derechos Humanos se refirió al escenario de violencia y vulneración de garantías fundamentales en el País Mapuche. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, llamó a terminar además con el fuero militar. En la ciudad de Angol, familiares del joven mapuche asesinado interpusieron una querella por homicidio calificado.
LUIS SCHWANER - SANTIAGO DE CHILE - 26 / 08 / 09
De visita en Chile, vocero de una de las principales organizaciones del mundo en materias de Derechos Humanos se refirió al escenario de violencia y vulneración de garantías fundamentales en el País Mapuche. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, llamó a terminar además con el fuero militar. En la ciudad de Angol, familiares del joven mapuche asesinado interpusieron una querella por homicidio calificado.
LUIS SCHWANER - SANTIAGO DE CHILE - 26 / 08 / 09
De visita en nuestro país, Human Rights Watch, una de las principales organizaciones no gubernamentales del mundo en materias de Derechos Humanos, se refirió al escenario de violencia y vulneración de garantías fundamentales en La Araucanía. El director para las Américas del organismo, el chileno José Miguel Vivanco, aprovechó la oportunidad para manifestar la preocupación de la organización por el clima de violencia policial en el sur del país y calificó como un “homicidio totalmente injustificado” la muerte del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, ocurrida durante el desalojo del fundo “San Sebastián”, en las cercanías de Collipulli.“Nos preocupan los casos donde hay evidencia de exceso en el uso de la fuerza y creemos que este último homicidio, totalmente injustificado, debe servir no sólo para reflexionar sobre las prácticas policiales, sino también y, fundamentalmente, para seguir empujando por la modificación de la jurisdicción militar, del fuero militar, que es el que hasta ahora, desgraciadamente, ejerce competencia en las investigaciones de este tipo de delitos”, manifestó.El fuero militar es una figura legal que protege a los todos los funcionarios uniformados del país involucrados en conductas delictivas y permite que sean procesados sólo por tribunales castrenses y no por la justicia civil. Esto, porque el cabo de Carabineros Miguel Jara Muñoz, quien el 12 de agosto pasado disparó por la espalda contra el joven manifestante mapuche, se encuentra actualmente en calidad de reo y procesado por la misma justicia militar.
Para Vivanco existe un proyecto de reforma de justicia militar que “puede ayudar a traer más transparencia y más eficacia de la investigación en las fuerzas policiales cuando incurren en abusos”. El personero realizó estas declaraciones luego de reunirse con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, cita durante la que destacó que lo que ha logrado Chile en términos de avanzar en programas sociales para combatir la pobreza y reducir la desigualdad “no es usual en América Latina, es prácticamente la excepción”, subrayó al respecto.Querella por homicidio calificado
Mientras, la familia de Jaime Mendoza Collío, interpuso una querella por homicidio calificado interpuso ante la Fiscalía Militar de Angol, contra el uniformado. El abogado de la familia, Jaime Madariaga, explicó que el recurso se extiende también contra quienes “resulten responsables de haber participado como coautores, cómplices o encubridores” del sangriento suceso, ocurrido en el fundo del agricultor Sergio González Jarpa. Madariaga indicó que “estamos ante hechos que no pueden seguir ocurriendo, que son crímenes injustificados, que hay un exceso de violencia en las comunidades indígenas, y ese exceso de violencia lo han podido ver -incluso, a veces- los periodistas. Imagínense cómo ha sido esa violencia cuando no están las cámaras de televisión filmando”.El abogado Madariaga destacó la profunda carga simbólica que tiene la declaración de Human Rights Watch, aunque no tenga relevancia jurídica en cuanto a la responsabilidad penal del autor, cómplices y encubridores del hecho. “Valoro enormemente las palabras de Human Rights Watch en el sentido de entender que se trata de un homicidio que no admite ninguna justificación”, precisó el representante.
Referido al caso, el abogado aseguró que existe más de un testigo del crimen de Mendoza que está dispuestos a declarar, pero necesitan seguridad especial ya que teme por su integridad física. Madariaga recordó que en el caso de la muerte del estudiante Matías Catrileo, ocurrida en 2008, hubo amedrentamientos que provocaron que los testigos no quisieran declarar. “En el caso de Matías Catrileo los testigos no declararon porque hubo una situación de amedrentamiento y tuvieron mucho temor. En este caso de Jaime hay más de un testigo, no de ese momento mismo del asesinato pero hay diversos testigos que es importante que declaren, y quiero que se asegure la integridad física de ellos”, manifestó a radio ADN.Agregó que “los testigos tienen miedo. Sinceramente la situación que hay en la Araucanía es compleja porque cuando se dice que hay civiles metidos en los campos como agentes de policía o el comando Trizano es cierto”. El profesional calificó como un testimonio “veraz” y relevante para acreditar la presunta responsabilidad de un funcionario de carabineros en la muerte del comunero el relato en particular de un testigo clave. “Yo brevemente conversé con este testigo y pude realmente constatar que se trata de un testigo muy verídico y veraz. Es un testigo que estuvo ahí”, señaló Madariaga. “Es un testigo importante y relevante respecto de la prueba y demostración de que se trató de un homicidio”, enfatizó.
Madariaga, también, desestimó las declaraciones del abogado del carabinero, José Parra, quien dijo tener datos de que el comunero mapuche sí portaba armas, aun cuando los peritajes arrojaron lo contrario. “El informe técnico así lo dice y no es tan simple como que el agua de la lluvia fuera a borrar los metales de las manos. Jaime no portaba armas y el informe técnico así lo dice, lo que pasa es que es muy simple decir sí las tenía y punto, pero eso otra cuestión es probarlo y eso no lo van a poder hacer porque nunca portó armas”, aseguró.Abuselven a líder de la CAMPor otra parte, la Corte Marcial revocó este martes el procesamiento al que había sometido a Luis Sergio Tralcal Quidel (32), a quien se sindica como líder operativo de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), encausado por la Fiscalía Militar por su presunta autoría en el delito de homicidio frustrado en contra de un carabinero, hecho por el que arriesgaba penas que podían llegar hasta los quince años de presidio.En fallo unánime, los jueces del tribunal de alzada castrense resolvieron la absolución de Tralcal Quidel, pese a que el comunero mapuche continuará detenido en Temuko, ya que, además, se encuentra encausado por haber infringido la Ley de Armas y mantiene un proceso abierto en la justicia ordinaria, en la que ya fue formalizado por el Tribunal de Garantía de Nueva Imperial por el delito de incendio a un predio ubicado en la comuna de Las Praderas en diciembre de 2006.Mientras, el Juzgado de Garantía de Cañete ordenó la prisión preventiva del comunero mapuche Lionel Carilao Lincura, a quien se sindica como uno de los autores del atentado contra el fiscal Mario Elgueta, ocurrido en octubre de 2008. El tribunal dispuso la medida cautelar, solicitada por el fiscal del caso, Andrés Cruz, durante la audiencia de control de detención, luego de que fuera formalizado por robo con intimidación, atentado contra la autoridad y asociación ilícita terrorista. La orden de detención pendiente en contra del comunero mapuche fue hecha efectiva por la sección de Investigación Policial de la 3° Comisaría de Cañete y el imputado fue trasladado durante la tarde del martes a la cárcel de Lebu.
Para Vivanco existe un proyecto de reforma de justicia militar que “puede ayudar a traer más transparencia y más eficacia de la investigación en las fuerzas policiales cuando incurren en abusos”. El personero realizó estas declaraciones luego de reunirse con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, cita durante la que destacó que lo que ha logrado Chile en términos de avanzar en programas sociales para combatir la pobreza y reducir la desigualdad “no es usual en América Latina, es prácticamente la excepción”, subrayó al respecto.Querella por homicidio calificado
Mientras, la familia de Jaime Mendoza Collío, interpuso una querella por homicidio calificado interpuso ante la Fiscalía Militar de Angol, contra el uniformado. El abogado de la familia, Jaime Madariaga, explicó que el recurso se extiende también contra quienes “resulten responsables de haber participado como coautores, cómplices o encubridores” del sangriento suceso, ocurrido en el fundo del agricultor Sergio González Jarpa. Madariaga indicó que “estamos ante hechos que no pueden seguir ocurriendo, que son crímenes injustificados, que hay un exceso de violencia en las comunidades indígenas, y ese exceso de violencia lo han podido ver -incluso, a veces- los periodistas. Imagínense cómo ha sido esa violencia cuando no están las cámaras de televisión filmando”.El abogado Madariaga destacó la profunda carga simbólica que tiene la declaración de Human Rights Watch, aunque no tenga relevancia jurídica en cuanto a la responsabilidad penal del autor, cómplices y encubridores del hecho. “Valoro enormemente las palabras de Human Rights Watch en el sentido de entender que se trata de un homicidio que no admite ninguna justificación”, precisó el representante.
Referido al caso, el abogado aseguró que existe más de un testigo del crimen de Mendoza que está dispuestos a declarar, pero necesitan seguridad especial ya que teme por su integridad física. Madariaga recordó que en el caso de la muerte del estudiante Matías Catrileo, ocurrida en 2008, hubo amedrentamientos que provocaron que los testigos no quisieran declarar. “En el caso de Matías Catrileo los testigos no declararon porque hubo una situación de amedrentamiento y tuvieron mucho temor. En este caso de Jaime hay más de un testigo, no de ese momento mismo del asesinato pero hay diversos testigos que es importante que declaren, y quiero que se asegure la integridad física de ellos”, manifestó a radio ADN.Agregó que “los testigos tienen miedo. Sinceramente la situación que hay en la Araucanía es compleja porque cuando se dice que hay civiles metidos en los campos como agentes de policía o el comando Trizano es cierto”. El profesional calificó como un testimonio “veraz” y relevante para acreditar la presunta responsabilidad de un funcionario de carabineros en la muerte del comunero el relato en particular de un testigo clave. “Yo brevemente conversé con este testigo y pude realmente constatar que se trata de un testigo muy verídico y veraz. Es un testigo que estuvo ahí”, señaló Madariaga. “Es un testigo importante y relevante respecto de la prueba y demostración de que se trató de un homicidio”, enfatizó.
Madariaga, también, desestimó las declaraciones del abogado del carabinero, José Parra, quien dijo tener datos de que el comunero mapuche sí portaba armas, aun cuando los peritajes arrojaron lo contrario. “El informe técnico así lo dice y no es tan simple como que el agua de la lluvia fuera a borrar los metales de las manos. Jaime no portaba armas y el informe técnico así lo dice, lo que pasa es que es muy simple decir sí las tenía y punto, pero eso otra cuestión es probarlo y eso no lo van a poder hacer porque nunca portó armas”, aseguró.Abuselven a líder de la CAMPor otra parte, la Corte Marcial revocó este martes el procesamiento al que había sometido a Luis Sergio Tralcal Quidel (32), a quien se sindica como líder operativo de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), encausado por la Fiscalía Militar por su presunta autoría en el delito de homicidio frustrado en contra de un carabinero, hecho por el que arriesgaba penas que podían llegar hasta los quince años de presidio.En fallo unánime, los jueces del tribunal de alzada castrense resolvieron la absolución de Tralcal Quidel, pese a que el comunero mapuche continuará detenido en Temuko, ya que, además, se encuentra encausado por haber infringido la Ley de Armas y mantiene un proceso abierto en la justicia ordinaria, en la que ya fue formalizado por el Tribunal de Garantía de Nueva Imperial por el delito de incendio a un predio ubicado en la comuna de Las Praderas en diciembre de 2006.Mientras, el Juzgado de Garantía de Cañete ordenó la prisión preventiva del comunero mapuche Lionel Carilao Lincura, a quien se sindica como uno de los autores del atentado contra el fiscal Mario Elgueta, ocurrido en octubre de 2008. El tribunal dispuso la medida cautelar, solicitada por el fiscal del caso, Andrés Cruz, durante la audiencia de control de detención, luego de que fuera formalizado por robo con intimidación, atentado contra la autoridad y asociación ilícita terrorista. La orden de detención pendiente en contra del comunero mapuche fue hecha efectiva por la sección de Investigación Policial de la 3° Comisaría de Cañete y el imputado fue trasladado durante la tarde del martes a la cárcel de Lebu.
azkintuwe.org
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autor Colaboradores
miércoles, 26 de agosto de 2009
HRW cuestiona a Carabineros por ‘’encubrir’’ crimen de Mendoza Collío
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, criticó la actitud adoptada por el jefe de los Carabineros en la región de La Araucanía, Cristián Llévenes, por justificar como "defensa propia" la muerte del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío.
"Me parece especialmente grave que el general de Carabineros de la zona después de conocido el reporte, el informe de medicina legal que muestra cómo fue asesinado este mapuche por la espalda, insista y siga insistiendo que esto fue un hecho de legítima defensa", sostuvo Vivanco en entrevista con radio ADN. En ese sentido, dijo que la máxima autoridad regional de la institución uniformada “parece que le importa dar una explicación o justificar los hechos y hasta encubrirlos, y no respetar a lo menos los informes técnicos que reflejan que aquí efectivamente se produjo un homicidio, y hay que colocar todo a disposición para sancionar y no proteger a este policía".El representante de Human Rights Watch, precisó que su organización tiene documentos que acreditan que en la zona del conflicto mapuche hay "brutalidad" policial."Es un problema ya que podríamos calificarlo como crónico. Hasta ahora todas las estrategias intentadas no han tenido resultados, y una de las causales que agravan este conflicto es la violencia policial, son los abusos. Hemos documentado abusos en el pasado, y muchas veces la brutalidad con que se conduce Carabineros en desalojos o allanamientos es realmente indignante, porque afecta a veces a niños y a mujeres", hizo hincapié.
elclarin.cl
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