Exigimos al Estado chileno
Plenas garantías para los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres
En medio de un clima nacional pleno de discursos electorales y retórica política, las mujeres en Chile –niñas, adolescentes, adultas, trabajadoras, campesinas, estudiantes, indígenas, inmigrantes, lesbianas y otras sexualidades, trabajadoras sexuales, etc.–, observamos con indignación cómo, día a día, son transgredidos nuestros derechos humanos universales, en especial nuestros derechos sexuales y reproductivos, lo que da cuenta de la existencia de una discriminación histórica por razones de género.
Pese a que este año se cumplen los 30 años de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, no observamos una voluntad política en los decisores públicos y en otros actores sociales para acabar con esta condición de minusvalía de las mujeres, la que es más evidente en relación a nuestro cuerpo, sexualidad y reproducción.
Hechos recientes así lo demuestran:
· Se han aprobado fallos y resoluciones (Tribunal Constitucional y Contraloría General de la República) que dictatorialmente impiden la distribución de la anticoncepción de emergencia para todas las mujeres, sin discriminación.
· Se ha obstaculizado en el Senado la tramitación del proyecto de ley del Ejecutivo relativo a la información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, pese a su aprobación mayoritaria en Diputados.
· Se ha negado el aborto terapéutico en embarazos con malformaciones fetales gravísimas, y el Estado no ha garantizado a las familias afectadas la ayuda posterior al nacimiento.· Se ha roto la confidencialidad médico-usuaria en casos de complicaciones de aborto inducido, con la consiguiente difusión pública de los nombres de las afectadas y su posible enjuiciamiento. Esto va en contra del Ordinario Nº 1675, del 24 de abril de 2009 del MINSAL, que instruye a directivos de servicios de salud sobre el trato humanizado y el resguardo de la confidencialidad.
· Se retardó el acceso a la anticoncepción de emergencia para una adolescente violada, pese a que existe un protocolo de atención que contempla su entrega. Este caso, además, puso en evidencia la gravedad y extensión de la violencia sexual contra mujeres y niñas.
· Se ha retardado la interrupción de un embarazo con muerte fetal por carencia del medicamento Misoprostol en recintos públicos, lo que ha puesto en riesgo innecesario la salud de la mujer afectada.
· Se continúa asistiendo al cabildeo permanente y descarado de jerarcas de la Iglesia Católica en contra de políticas públicas con sensibilidad de género, con amplia difusión en medios de comunicación masivos tradicionales, los que además mantienen un cerco informativo contra las voces de las organizaciones sociales, en especial en lo relativo al aborto.
Estos hechos, que son solo una muestra, dejan en claro que el Estado chileno falla en su obligación de garantizar y proteger la vida y salud de las mujeres, contraviniendo tratados del sistema internacional de derechos humanos ratificados por Chile, que en la práctica incumple. Por lo tanto, las mujeres reclamamos con indignación que nuestros derechos humanos se supeditan a otros intereses y se nos niega la libre decisión sobre nuestro espacio más íntimo, el cuerpo, sobre el cual cotidianamente se ejerce violencia explícita y simbólica desde el Estado y desde otros sectores sociales.
Denunciamos también que los insuficientes presupuestos del sistema público de salud, junto con la penalización total del aborto inducido, redundan en el retardo de la atención, el maltrato, discriminación y castigo de las mujeres hospitalizadas por complicaciones de aborto, incluso siendo denunciadas por proveedores de salud que irrespetan su deber ético y administrativo de guardar la confidencialidad. Esta situación es una inaceptable violencia institucional.
Del mismo modo, considerando que en Chile el Estado laico es mandato constitucional, exigimos el cese de la obediencia de autoridades públicas, legisladores y legisladoras, jueces y políticos respecto de lo que las jerarquías eclesiásticas determinan, ya que es una inaceptable intromisión en las políticas públicas dirigidas a una población diversa en valores y creencias. Debe confrontarse, especialmente, su discurso dogmático y fundamentalista en lo que al cuerpo, la sexualidad y la reproducción se refiere.
Las leyes punitivas, los castigos sociales, la estigmatización de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos por diferentes razones, han demostrado ser inútiles para prevenir la ocurrencia del aborto. Por el contrario, se requiere que el Estado provea las condiciones óptimas para que todas las mujeres, sin discriminación, puedan decidir libremente si quieren o no ser madres y cuándo hacerlo, contando con todos los medios y apoyos sociales necesarios. Y es necesario también que los discursos y la retórica política que hoy marcan el debate público del país, avancen a acciones concretas y no se queden en meras palabras en lo relativo al aborto, pues estas no son suficientes.
Finalmente, exigimos a la sociedad y al Estado chileno respetar la Libertad de Decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, su salud y sus vidas como un asunto de democracia y ciudadanía. Chile, 15 de octubre de 2009
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CAMPAÑA SUCIA
Por Mariana Carbajal
INFORME ESPECIAL
La estrategia de los sectores conservadores y autodenominados “pro vida” para silenciar el debate sobre la despenalización del aborto: los argumentos usados, las denuncias en la Justicia y los casos de presiones, amenazas y sanciones a quienes se animan a pronunciarse a favor
GRUPOS CONSERVADORES INTENTAN FRENAR LA DISCUSION SOBRE EL ABORTO CON DENUNCIAS, AMENAZAS Y PRESIONES
Métodos para interrumpir un debate pendiente
Un juez echado de la UCA. Médicos desplazados. Legisladores y concejales amenazados. Denuncias con argumentos falaces. Cómo los grupos autodenominados “pro vida” y otros sectores ultras intentan evitar que se amplíe el debate sobre el aborto.
Por Mariana Carbajal
Un juez de un alto tribunal del país fue echado de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se desempeñaba como profesor de un posgrado en Derecho Administrativo, como consecuencia de haber avalado en un fallo la realización de un aborto terapéutico, no punible, claramente contemplado en el Código Penal. Un cirujano y ginecólogo pampeano fue desplazado del principal hospital de Santa Rosa donde se desempeñaba, tras promover la realización de ligaduras tubarias sin obstáculos arbitrarios y apoyar la práctica de abortos no punibles sin exigir una autorización de la Justicia. En Rosario, los concejales que aprobaron una declaración que pide al Congreso que debata los proyectos que legalizan la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) recibieron fuertes presiones y amenazas de muerte de grupos antiderechos vinculados a la Iglesia Católica. Son algunos ejemplos, recogidos por una investigación de Página/12, de los mecanismos que usan los sectores más conservadores para intentar impedir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el país y censurar la apertura de un debate amplio en torno del problema del aborto en la Argentina: presionar, hostigar, denunciar y sancionar –sin dejar por escrito la razón– a quienes respaldan el acceso al aborto, incluso cuando la IVE está dentro del marco de la ley vigente, y también apelar a fuentes poco calificadas para sostener sus posiciones son dos de las estrategias que vienen desarrollando en el país, junto con la presentación de amparos en distintos tribunales para prohibir la distribución de anticonceptivos.
“Hay intentos de los sectores fundamentalistas para frenar el debate. Estos grupos utilizan mecanismos democráticos como recursos de amparos y denuncias para impedir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el debate del aborto. A nosotras nos quisieron silenciar”, contó a Página/12 Marta Alanís, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir-Córdoba e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En 2004, CDD-Córdoba fue notificada de una denuncia presentada por el abogado Jorge Scala ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, con el objetivo de que se cancelara la personería jurídica de la que goza desde 1998. Scala lo hizo en su carácter de representante legal de Portal de Belén y Asociación Civil Mujeres por la Vida, agrupaciones autodenominadas “pro vida” que a comienzos del año 2003 hicieron suspender la vigencia del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y mantienen abiertas varias causas en la Justicia cordobesa en las que reclaman que se declare inconstitucional la entrega gratuita de anticonceptivos y se prohíba también su comercialización. Scala cuestionó dos de los objetivos de la entidad definidos en su estatuto: el que se refiere al compromiso de la organización por “esclarecer a la sociedad sobre la responsabilidad y el derecho de las mujeres a una maternidad escogida y deseada”, y el que se propone “profundizar la discusión en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, ampliando el debate con relación a los aspectos médicos, legales y principalmente éticos”. CDD fue obligada a defenderse. En la pulseada, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por Eduardo Luis Duhalde, pidió a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas que no hiciera lugar al pedido. Finalmente el planteo de los grupos antiderechos fue desestimado.
Ahora la persecución la sufre una integrante de la comisión directiva de CDD-Córdoba, la médica tocoginecóloga y docente universitaria, ex directora del Hospital Rawson de la ciudad mediterránea Gladys Ponte. Fue denunciada a fin de 2008 por supuesta mala praxis por defender el uso del DIU acorde con la OMS. Ponte es coordinadora del Curso de Posgrado en Derechos Sexuales y Reproductivos con Perspectiva de Género que lleva adelante CDD en alianza con la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba desde hace cuatro años. En la última clase del año pasado, una médica que no era alumna la presenció, y expresó su disidencia en cuanto a los criterios para el acceso al DIU. Ponte tuvo que presentar descargos ante el decano de la Facultad de Ciencias Médicas y el Tribunal de Etica del Consejo Médico de la provincia.
Los tentáculos de quienes pretenden que el aborto siga siendo un tema tabú son largos. Y aprietan. Lo experimentó un juez de un alto tribunal que daba clases de Derecho Administrativo –ni de Bioética ni de Derecho de Familia ni de Derecho Penal– en un posgrado de la UCA y que después de avalar la realización de un aborto terapéutico en 2005 fue desplazado del cargo académico como consecuencia de su fallo, que no hizo más que respetar el cumplimiento de la ley. El aborto terapéutico lo había solicitado en un hospital una mujer con graves problemas cardíacos y le habían exigido una autorización judicial. El caso estaba claramente contemplado entre los permisos que otorga el Código Penal en su artículo 86 inciso 1º. Pero el magistrado tuvo su dura reprimenda. El episodio fue ampliamente comentado en el ámbito del Derecho Administrativo, especialidad del juez, pero nunca trascendió a la prensa hasta ahora. Meses después lo “desinvitaron” del principal congreso de la especialidad que se realizaba en Buenos Aires. La misma represalia sufrió la jueza de la Suprema Corte mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, conocida por sus posiciones a favor de la despenalización del aborto. Pero por presiones de otros colegas, indignados por la decisión, ambos fueron nuevamente invitados. Kemelmajer no concurrió.
Es también conocido en los círculos médicos el caso de un profesional con larga trayectoria en un hospital privado de renombre de la ciudad de Buenos Aires a quien se le cortó la posibilidad de ascenso hasta la jefatura del servicio por plantear en los medios de comunicación su posición a favor de la despenalización. La nueva conducción que asumió al frente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (Sogiba), con Jorge Vinacur al frente, impulsó en 2008 la aprobación –dentro del plan estratégico de la entidad– de un compromiso de apoyar y respaldar a los miembros que fueran sancionados en algún ámbito por hablar del aborto a favor o en contra: no hubo consenso, los votos contrarios fueron mayoría en la comisión directiva. Es otro ejemplo de cómo los sectores conservadores obturan el debate. Sogiba, la principal entidad médica de su especialidad por cantidad de miembros –unos 1500, con un sistema muy restrictivo de ingreso– tiene como responsable de su revista científica y de la página web a un médico catequista, Javier Bidaurreta. Con la nueva conducción, soplan algunas brisas más “progresistas”, pero las posiciones de la institución en torno de la anticoncepción han estado históricamente más cerca del Vaticano que de la ciencia y la defensa de la salud de las mujeres. Frente al aborto –-hasta ahora–, siempre ha preferido el silencio.
Enturbiar la posibilidad de una discusión sincera ha sido una de las estrategias de los sectores conservadores, vinculados con la Iglesia Católica. En Rosario, el 21 de agosto de 2008 el Concejo Deliberante aprobó por amplísima mayoría (17 a 3) una declaración por la cual pidió que el Congreso Nacional trate los proyectos que proponen la despenalización y legalización del aborto. Los y las concejales que apoyaron la iniciativa, promovida por la socialista Marisa Pugliani, recibieron amenazas de muerte a través de sus correos electrónicos. Los concejales no pidieron otra cosa que el debate. “Votaste a favor de la muerte y de tu muerte. Así como tengo tu dirección de correo, también tengo la dirección de tu casa y también puedo encontrarte camino al consejo (sic). Es muy fácil”, decían los mensajes que les llegaron a sus casillas de e-mail, para amedrentarlos y hostigarlos tras la votación.
Las amenazas se repitieron a diputadas que apoyaban la aprobación de un proyecto presentado hacia fin de 2008 por tres kirchneristas en la Cámara de Diputados de la Nación para clarificar los alcances de los permisos previstos en el Código Penal. El tratamiento quedó finalmente congelado porque no hubo consenso en el bloque oficialista.
El tocoginecólogo y cirujano Fernando Giayetto fue desplazado a fines de julio del Hospital Molas, de la capital pampeana, y enviado a atender a un centro de salud de Santa Rosa. No tiene dudas de que su posición ideológica fue el detonante del confinamiento: Giayetto milita en la organización Mujeres por la Solidaridad, que apoyan la despenalización del aborto. Además, promovió en la provincia la aplicación de la ley de anticoncepción quirúrgica desde el cargo que ocupó como coordinador de Salud Sexual y Reproductiva, realizaba las ligaduras y defendía la práctica de los abortos no punibles sin judicializarlos: entre 2007 y 2009 hubo cinco casos en el Hospital Molas que se resolvieron sin que trascendieran a la prensa. El gobierno de Oscar Jorge finalmente lo neutralizó al designarlo en una salita. Una de las primeras medidas tomadas por el gobernador justicialista al asumir fue vetar una ley sancionada por la Legislatura que establecía un protocolo de atención a los abortos no punibles en los hospitales público. El veto había sido reclamado abiertamente por la jerarquía católica local.
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LOS ARGUMENTOS SEUDOCIENTIFICOS USADOS CONTRA EL DEBATE
Hasta un falso Premio Nobel
Uno de los personajes favoritos de los grupos ultra es un supuesto Nobel de Biología. Esa categoría no existe en la Academia Sueca. Pero es citado como tal en editoriales y fallos judiciales. La batería de los argumentos falaces que algunos jueces aceptan.
Por Mariana Carbajal
En momentos en que se escucha un fuerte reclamo para que se abra el debate en el Congreso sobre la despenalización del aborto, el diario La Nación invocó en un editorial argumentos seudocientíficos para afirmar que “existe un ser humano desde la fecundación de un óvulo” y así embarrar la posibilidad de una discusión profunda y seria. Lo más curioso es que La Nación cita a un biólogo y escritor francés, Jean Rostand, y para prestigiarlo le adjudica un falso Premio Nobel de Biología: no existe esa categoría entre los galardones que entrega la Real Academia Sueca de las Ciencias y la distinción más alta que recibió Rostand es el Premio Kalinga, tal como reveló una investigación realizada por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, a la que tuvo acceso exclusivo Página/12.
El editorial fue publicado el 28 de septiembre, Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América latina y el Caribe. El diario pide “sincerar el debate” en torno de este grave problema de salud pública y cuestiona férreamente las recientes declaraciones de la jueza Carmen Argibay, quien se pronunció a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo frente a un embarazo inconveniente para su proyecto de vida. “O se está a favor de la vida del ser humano desde su concepción o se defiende la posibilidad de matarlo, interrumpirlo, eliminarlo, suprimirlo o el eufemismo que se quiera utilizar”, sostiene el diario fundado por Bartolomé Mitre. Y da por cerrado un debate que hasta ahora la ciencia no ha podido culminar y es aquel que gira en torno de cuándo se da el comienzo de la vida humana.
El editorial cita dos fuentes para abonar su postura: por un lado, unas declaraciones del “Premio Nobel de Biología Jean Rostand”. Resulta que Rostand, un biólogo y escritor francés, ya fallecido, a quien prestigian adjudicándole un Nobel, nunca recibió tal distinción, según los registros de la Real Academia Sueca de las Ciencias. Es más, no existe la Biología entre las categorías premiadas. Lo que sí recibió Rostand es el Kalinga, un premio de divulgación, que se otorga a periodistas, escritores y científicos. ¿Qué dijo Rostand? “Existe un ser humano desde la fecundación del óvulo. El hombre, todo entero, ya está en el óvulo fecundado; está todo entero, con todas sus potencialidades.” No existe una verdad científica acerca del comienzo de la vida. No hay acuerdo. En todo caso, hay opiniones. La de Rostand, el premio Kalinga, es una, y apareció en una revista católica (Revista Palabra Nº 173, Madrid, enero 1980) y no en una prestigiosa publicación científica. Lo que sucede es que los grupos autodenominados “pro vida” recurren a Rostand en cuanta presentación judicial hacen para invalidar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Usaron primero su ya famosa frase en el recurso de amparo que presentó la ONG católica conservadora Portal de Belén, en Córdoba, para prohibir la comercialización en el país de la anticoncepción hormonal de emergencia o píldora del día después, un proceso que derivó en un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2002, que le dio la razón con la mayoría automática menemista, aunque finalmente la sentencia no tuvo efecto porque hacía referencia a un nombre comercial del contraceptivo que ya estaba fuera del mercado. Pero como la frase del premio Kalinga quedó plasmada en aquel fallo supremo, es invocada una y otra vez. La Corte también lo prestigiaba como Premio Nobel.
El diario La Nación también menciona en su editorial, para fundamentar su postura, al genetista francés Jérome Lejeune. Lo ensalsa también con el adjetivo de “insigne”. Fue quien descubrió el síndrome de Down. Amigo personal de Juan Pablo II, por su ferviente militancia en contra de las leyes de despenalización del aborto fue nombrado por el ex pontífice al frente de la Pontificia Academia para la Vida, y luego de su muerte, se abrió un proceso en el Vaticano para su beatificación, según dan cuenta distintas páginas de grupos antiderechos. Una investigación realizada en 2007 por la abogada Virginia Menéndez, desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva –que recién ahora trasciende–, descubrió que la cita que menciona La Nación y que también había aparecido en el fallo Portal de Belén de la Corte Suprema es “incompleta y por ello, manipulada”: ¿Qué dijo Lejeune? “Aceptar el hecho de que una vez producida la fertilización ha surgido un nuevo ser humano ya no constituye una cuestión de gustos y opiniones. La naturaleza humana del ser humano, desde la concepción hasta la vejez, no es una hipótesis metafísica, sino una evidencia experimental.” El máximo tribunal argentino y ahora La Nación tomaron esa referencia, aunque palabras similares de Lejeune fueron rechazadas en una sentencia de la Corte Suprema de Tennessee, Estados Unidos, por imparciales. El tribunal estadounidense descartó el testimonio de Lejeune en el marco de una causa sobre fertilización asistida, por considerarlo confuso, que no distinguía entre ética y religión y que carecía de conocimientos de gineco-obstetricia, según precisó a Página/12 Menéndez, quien hoy es directora de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia de la Legislatura porteña, pero que dos años atrás, siendo abogada del Ministerio de Salud de la Nación, investigó el origen de las fuentes que fundamentan las demandas en la Justicia de los grupos antiderechos que objetan la constitucionalidad de la ley que dio origen al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Esas causas abiertas piden la prohibición de la distribución y venta de anticonceptivos en el país. Sacar a la luz el tinte seudocientífico de los argumentos que esgrimen los sectores más conservadores es de suma importancia dado que siguen siendo utilizados en los tribunales.
Es increíble pero también los citó la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 1ª Nominación de Córdoba en un fallo de 2008 en el que ordenó al gobierno provincial que suspenda la entrega gratuita de anticoncepción hormonal de emergencia o píldora del día después por considerarla erróneamente abortiva. El juicio fue iniciado por otra ONG antiderechos llamada Mujeres por la Vida –que comparte representante legal con Portal de Belén– y fue apelado. Y recurre a las mismas citas el juzgado de competencia ampliada de la ciudad de Ushuaia, que a partir de una presentación de un defensor público, suspendió la provisión gratuita del mismo anticonceptivo y luego la venta en las farmacias. En todas las causas contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que aún están en curso –alrededor de ocho– se cita el fallo Portal de Belén, que reproduce los pensamientos de un falso Premio Nobel y el candidato a beato que no puede distinguir entre ética y religión. Algunos jueces las han rechazado. Otros, peligrosamente las avalan.
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¿Cuánto vale la vida de las Marías?
Por Mariana Carbajal
Las páginas de los grupos antiderechos se encargan de recordar los nombres de los especialistas de distintos rubros que defienden la despenalización, a modo de escrache: los acompañan con el calificativo de “abortistas”. Las personas que defienden la despenalización no promueven el aborto. ¿Hay que aclararlo? Los que verdaderamente lo promueven son quienes se oponen abiertamente a una educación sexual integral en todas las aulas del país y se niegan a la vez a la entrega de preservativos a los jóvenes, a que se coloquen DIU, a que se realicen ligaduras de trompas con el consentimiento informado de la mujer, a la anticoncepción hormonal de emergencia.
Lo ideal sería que ninguna mujer tuviera que abortar. Pero la realidad demuestra que hay circunstancias variadas que enfrentan a las mujeres a una gestación no deseada. Se estima que en la Argentina uno de cada seis embarazos no fue planificado. Algunos serán de todas formas bien recibidos, otros terminarán en abortos. La criminalización lo único que provoca es que se realicen de forma clandestina e insegura y esa es la principal causa de mortalidad materna en la Argentina desde hace más de veinte años. Mueren o quedan con graves lesiones las mujeres más pobres.
Pero esas muertes, como la de María Díaz, el sábado 10 en Rosario, o la de María Silvia Solís, unos días antes en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, ambas producto de agudas infecciones, no sacuden a la clase política, no conmueven a los y las legisladoras que deben impulsar un debate serio y profundo sobre el grave problema de salud pública que implica el aborto. María Díaz murió con algunas horas de diferencia que Santiago Urbani, el adolescente de 18 años fusilado en su casa de Tigre por una banda de asaltantes. Las dos eran muertes evitables. Pero por María no hubo voces de políticos indignados. ¿Vale menos la vida de María? Es pobre y la voz de sus familiares, doloridos, quebrados, no resuena en las pantallas de televisión. ¿Es por eso que su muerte pasa inadvertida, sin costo político, como las muertes de casi un millar de Marías asesinadas por abortos inseguros en el país en la última década? ¿O es tan fuerte la influencia de la Iglesia Católica para obturar el debate por la despenalización?
Lo ideal sería que ninguna mujer tuviera que abortar. Pero la realidad demuestra que hay circunstancias variadas que enfrentan a las mujeres a una gestación no deseada. Se estima que en la Argentina uno de cada seis embarazos no fue planificado. Algunos serán de todas formas bien recibidos, otros terminarán en abortos. La criminalización lo único que provoca es que se realicen de forma clandestina e insegura y esa es la principal causa de mortalidad materna en la Argentina desde hace más de veinte años. Mueren o quedan con graves lesiones las mujeres más pobres.
Pero esas muertes, como la de María Díaz, el sábado 10 en Rosario, o la de María Silvia Solís, unos días antes en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, ambas producto de agudas infecciones, no sacuden a la clase política, no conmueven a los y las legisladoras que deben impulsar un debate serio y profundo sobre el grave problema de salud pública que implica el aborto. María Díaz murió con algunas horas de diferencia que Santiago Urbani, el adolescente de 18 años fusilado en su casa de Tigre por una banda de asaltantes. Las dos eran muertes evitables. Pero por María no hubo voces de políticos indignados. ¿Vale menos la vida de María? Es pobre y la voz de sus familiares, doloridos, quebrados, no resuena en las pantallas de televisión. ¿Es por eso que su muerte pasa inadvertida, sin costo político, como las muertes de casi un millar de Marías asesinadas por abortos inseguros en el país en la última década? ¿O es tan fuerte la influencia de la Iglesia Católica para obturar el debate por la despenalización?
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