Abogados de DD.HH. esperan que Garzón condene a viuda de Pinochet
"Esperamos que ya que no llegó (a la cárcel) su marido, que fue el principal responsable, por lo menos que ella cumpla en prisión lo que la justicia y la ley dispongan", dijo el abogado Eduardo Contreras.
Abogados de derechos humanos manifestaron su esperanza de que, tras la decisión del juez español Baltazar Garzón de imputar a la viuda de Augusto Pinochet y a su ex albacea por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, Lucía Hiriart sea condenada a prisión.En tanto, miembros de la familia Pinochet y ejecutivos bancarios imputados por Garzón aseguraron que se trata de casos ya cerrados o a punto de serlo por la Justicia, sin que se hayan comprobado los supuestos delitos financieros después de cinco años de investigación judicial en Chile.
"Esperamos que ya que no llegó (a la cárcel) su marido, que fue el principal responsable, por lo menos que ella cumpla en prisión lo que la justicia y la ley dispongan", dijo el abogado Eduardo Contreras, quien presentó en 1998 la primera querella contra el dictador, en un caso por violación de derechos humanos.Contreras dijo que "este trabajo debieron haberlo hecho nuestros tribunales, resulta lamentable de que tenga que ser un tribunal español el que haga la tarea que debieron hacer nuestros tribunales".
Sostuvo que si se aplican los tratados y las leyes no debiera haber ningún problema para que los imputados comparezcan, "pero vivimos en un mundo de compromisos políticos y no me extrañaría que comenzaran a levantarse voces que pretendan obstruir la acción de los tribunales".
En tanto, Rodrigo García, nieto de Pinochet y candidato a diputado por un distrito de Santiago, dijo a los periodistas que "se trata nuevamente de una maniobra política".
"Creo que nuestro país tiene un poder judicial sólido en el cual hemos confiado, al que se ha prestado toda su colaboración y finalmente se ha ido demostrando que aquellas imputaciones eran falsas", subrayó García, que recalcó que tras cinco años de investigación, "no hay ningún familiar del general Pinochet procesado por esto".Por su parte, el juez Manuel Valderrama, que investiga actualmente el origen de la fortuna de Pinochet, aseguró que no hay indicios del delito mencionado por Garzón en los muchos informes de la Policía de Investigaciones, y aclaró que hay una auditoría pendiente para determinar el patrimonio del general Pinochet.
"Ignoro el monto, no está claro todavía", enfatizó el juez, que ordenó esa auditoría para determinar definitivamente el monto de la fortuna amasada por Pinochet en cuentas secretas que manejó en el Riggs Bank de EEUU y otras instituciones extranjeras.
Hasta ahora, las indagatorias han fijado en poco más de 26 millones de dólares la fortuna del dictador, de los que unos 20 millones aparecen sin justificación legal.Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en este caso por fraude al fisco y uso de pasaportes falsos, además de desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.
La investigación de este último punto sigue abierta, dijo a los periodistas el juez Valderrama, que subrayó que hasta ahora "no hay ningún indicio" de lavado de dinero.En tanto, el Banco de Chile dijo en una declaración que "las operaciones vinculadas al caso Pinochet y sus relacionados han sido examinadas y cerradas por variadas instituciones regulatorias y administrativas en Estados Unidos".
En la misiva añadió que la Fundación Salvador Allende demandó al Banco de Chile en noviembre de 2005 en Estados Unidos, "demanda que fue desestimada por la justicia norteamericana en febrero de 2007".Agregó que el Banco de Chile no ha sido notificado en este caso y no tiene más antecedentes que la información aparecida en la prensa".
EFE
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30 de Noviembre de 2009
Garzón persigue por blanqueo a familia Pinochet
El magistrado español pretende personarse en Chile, junto con la comisión judicial correspondiente, para participar en esa toma de declaraciones de los acusados.
El juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón se encuentra indagando a la viuda del ex dictador Augusto Pinochet, a su abogado y albacea Óscar Custodio Aitken y a dos máximos responsables del Banco de Chile (Pablo Granifo y Hernán Donoso), por el delito de blanqueo de dinero en conexión con otro de alzamiento de bienes. Según informa hoy el diario español El País, el magistrado, a propuesta de la Fundación Española Presidente Allende, fijó una fianza solidaria para todos los imputados que asciende a 77.348.374 dólares para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso.
En la resolución, el juez dio un plazo de 10 días a los imputados y a los bancos, considerados responsables civiles subsidiarios, para que presten conjuntamente la fianza, y en caso de no hacerlo, procederá a su embargo y bloqueo de cuentas por un tercio más de la cantidad fijada, es decir, 25.782.791 dólares. Todo ello totalizaría más de 100 millones de dólares. Con ese dinero, el juez trata de resarcir a las víctimas españolas de la dictadura de Pinochet.
El proceso se inició el 16 de octubre de 1998 cuando el magistrado admitió la querella contra el ex dictador Augusto Pinochet por delitos de genocidio, terrorismo y torturas por la ideación y puesta en marcha del Plan Cóndor.
En septiembre de 2004, se amplió la querella por alzamiento de bienes contra Pinochet, su esposa y varios responsables del Banco Riggs, así como su abogado Óscar Custodio Aitken, que renunció a la defensa del general para poder defenderse a sí mismo.
En abril de 2007 se presentó una ampliación de la querella por blanqueo de capitales contra varios altos responsables del Banco de Chile y dos de sus filiales Banchile Corredores de Bolsa SA y Banchile Administradora General de Fondos SA. El juez, sin embargo, reclamó a los querellantes que individualizaran la conducta de los responsables y que aportaran evidencias de las actuaciones de cada uno. La representación de la Fundación Española Presidente Allende presentó en julio de este año un informe de la Brigada investigadora de lavado de activos chilena, que determinaba la responsabilidad de cada uno de los imputados y en la que se cuantificaba en 77.348.374 dólares el dinero blanqueado.
Garzón acordó también cursar una comisión rogatoria a Chile para interrogar a los cuatro querellados, en calidad de imputados de los citados delitos. El magistrado español pretende personarse en Chile, junto con la comisión judicial correspondiente, para participar en esa toma de declaraciones de los acusados.
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30 de Noviembre de 2009
"El llamado es a que levante la voz en este tema", sostuvo la diputada
Isabel Allende emplaza a la derecha tras nuevas medidas del juez Garzón en el caso Riggs
“Si algo quedó claro desde un inicio, fue que era imposible que con su sueldo de comandante en jefe del ejército Pinochet pudiese ahorrar tantos recursos”, sostuvo la parlamentaria socialista. El juez español fijó una fianza de 77 millones de dólares para la viuda del ex dictador, su abogado y dos ex altos cargos del Banco de Chile imputados por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Por El Mostrador
La diputada Isabel Allende destacó las nuevas medidas judiciales anunciadas por el magistrado español, Baltazar Garzón enfocadas a determinar el origen de los bienes del general Augusto Pinochet. Ello tras una publicación en el diario El País de España, donde se afirma que el juez Garzón se encontraría indagando a la viuda del ex dictador – Lucía Hiriart - con el fin de probar un eventual delito de blanqueo de dinero. La diputada Isabel Allende (PS) dijo estar gratamente sorprendida por estas nuevas acciones, “ya que a veces uno tiene la sensación que este tema quedará en la nebulosa”.
“Si algo quedo claro desde un inicio, fue que era imposible que con su sueldo de comandante en jefe del ejército Pinochet pudiese ahorrar tantos recursos. Por eso me parece que todas las medidas tendientes a investigar el origen de su fortuna son esenciales”, agregó la diputada PS. Finalmente la diputada Isabel Allende hizo un llamado a que “todos los sectores políticos respalden cualquier labor indagatoria del magistrado Español, en busca de esclarecer este caso”. “El llamado en especial es a la derecha a que levante la voz en este tema. No puede ser que tras 11 de años de investigación aún no hayan adoptado un postura clara en este caso”, finalizó la parlamentaria.
Las medidas de Garzón El juez español Baltasar Garzón fijó una fianza de 77 millones de dólares para la viuda del ex dictador Augusto Pinochet, su abogado y dos ex altos cargos del Banco de Chile imputados por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
En un auto hecho público hoy, el magistrado da un plazo de 10 días a Lucía Hiriart, al abogado Óscar Custodio Aitken y a dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo y Hernán Donoso, para que presenten conjuntamente la fianza.En caso de no hacerlo, añade el auto, procederá a su embargo y bloqueo de cuentas por un tercio más de la cantidad fijada, lo que ascendería a 103 millones de dólares.En la resolución emitida hoy, el magistrado amplía la querella presentada en 1998 por la Fundación Española Presidente Allende por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas, para incluir ahora a los ex altos cargos del Banco de Chile por blanqueo de capitales en conexión con uno de alzamiento de bienes.Lucía Hiriart y su abogado ya estaban imputados por estos últimos delitos en 2004, así como al propio dictador -que murió en 2006- y varios responsables del Riggs Bank, donde Pinochet había ocultado 10 millones de dólares en cuentas secretas.El magistrado cursa además una comisión rogatoria a Chile para interrogar a los cuatro querellados, en calidad de imputados, para lo que Garzón quiere desplazarse al país andino junto con la comisión judicial correspondiente, "si la legislación chilena lo permite".La Fundación Española Presidente Allende solicitó ampliar la querella en abril de 2007 y en mayo de 2009 a blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.El pasado agosto Garzón admitió la ampliación por ambos delitos, aunque no identificó a los "responsables concretos".El juez señaló que debían practicarse diligencias para identificar "a los que emitieron las correspondientes órdenes que propiciaron la desaparición de los fondos de la familia Pinochet, el eventual blanqueo de los mismos y las demás circunstancias que determinaron el resultado delictivo".Para Garzón parecía claro que fue "a través de las entidades bancarias que se mencionan (Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos) como se produjeron las maniobras que concluyeron en la desaparición o disimulación de importantísimas cantidades de dinero, de origen presuntamente ilícito".Tras este requerimiento del juez, la Fundación Española Presidente Allende presentó un "exhaustivo" informe en el que individualizaba la actuación de cada uno de los cuatro imputados, por lo que ahora Garzón amplía la querella y les impone la mencionada fianza.La causa respecto al Riggs Bank se archivó en febrero de 2005 después de que el banco llegase a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU por el que reconoció haber cometido un delito al no informar a las autoridades de transacciones que apuntaban al lavado de dinero de Pinochet y aceptó pagar una multa de 16 millones de dólares. EFE
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