FINAL CON POLEMICA EN EL JUICIO A ALTOS MANDOS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO-24-10-09

FINAL CON POLEMICA EN EL JUICIO A ALTOS MANDOS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO

Benardo José Menéndez –que recibió perpetua–, Teófilo Saa y Felipe José Alespeiti –absueltos– junto a sus abogados.
Imagen: Télam

Más absueltos que condenados

El general Jorge Olivera Róvere y el coronel Benardo José Menéndez recibieron prisión perpetua, aunque por el momento seguirán libres. Tres ex jefes del Regimiento Patricios fueron absueltos. “Es un paso atrás respecto del Juicio a las Juntas”, señaló un abogado del CELS.


Por Diego Martínez

Luego de treinta años de espera, de tres meses de audiencias anticipadas y otros nueve de juicio oral, en los que cuatrocientos testigos repitieron los padecimientos propios y de sus seres queridos, la alegría duró apenas segundos.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) porteño condenó ayer a prisión perpetua al general Jorge Olivera Róvere y al coronel Benardo José Menéndez por secuestros y homicidios en la ciudad de Buenos Aires, pero absolvió de culpa y cargo a tres ex jefes militares que ocuparon altos cargos en la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Tanto absueltos como condenados seguirán en libertad. El fallo marca un quiebre en el proceso de justicia por los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado.
Ex jefe de la subzona Capital Federal y mano derecha del general Carlos Suárez Mason como segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Olivera Róvere fue condenado por más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su condición de funcionario público y por haber sido cometidas con violencia, y por los homicidios calificados con alevosía de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El coronel Menéndez, ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea y del área militar 5 en 1977, fue condenado por sólo cinco de los 41 secuestros que le imputaban, más un homicidio agravado.

Los flamantes absueltos son el coronel Humberto José Lobaiza y el general Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, a quienes distintas instancias de la Justicia federal habían procesado por 83 y 28 secuestros respectivamente, y el coronel Felipe José Alespeiti, ex segundo jefe del Patricios y jefe del área militar 2 durante 1976, imputado por 34 secuestros. Si bien los fundamentos se harán públicos el 10 de diciembre, quienes conocen la causa a fondo descuentan que se condenó sólo por los casos en los que se probó la intervención directa de los imputados.

Con el fallo de ayer suman 23 los imputados que fueron juzgados en 2009. Antes fueron condenados cinco represores en San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros y dos interventores militares de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (donde fue absuelto Alejandro Duret) y el general Santiago Riveros y cinco de sus subordinados en Campo de Mayo. La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré, todos condenados por el TOF 5.

Un paso atrás

La sala explotó cuando el juez Guillermo Gordo, que no preside pero ofició de vocero del tribunal, concluyó la lectura. A los gritos de “¡cómplices!” y “¡asesinos!” siguió una música que ya es marca registrada de los procesos a represores:

“Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. “Por segunda vez este tribunal absuelve a genocidas”, informaba una militante de HIJOS con un megáfono en la vereda de Comodoro Py. “Queremos que los vecinos de Recoleta tengan claro que si el Poder Judicial no hace justicia y estos tipos siguen libres, la condena social seguirá vigente”, agregó, como anticipo de nuevos “ataques acústicos” para informar a los vecinos de represores sobre sus labores durante la dictadura.

“Filmen las caras de los genocidas impunes para que todo el mundo las conozca”, proponían a los camarógrafos, mientras algunos familiares de desaparecidos alternaban críticas al Poder Judicial y a los medios de comunicación presentes. “¿Dónde estuvieron ustedes durante los nueve meses que duró el juicio?”, gritaba un hombre con los ojos llenos de lágrimas. “Vayan a buscar a los genocidas, que siguen libres, y no sigan filmando nuestro dolor, que no sirve de nada”, les explicaba a los gritos.

“Se probó la división territorial y la función de las áreas militares como elementos de ejecución, no se entienden las absoluciones”, destacó Gerardo Fernández, del CELS. “Había pruebas para condenar a todos. Nos hubiera gustado que la sociedad pudiera tener acceso al debate para comprobarlo. Hay que esperar los fundamentos, pero la absolución de ex jefes de áreas es un paso atrás respecto de los criterios aplicados en el Juicio a las Juntas”, agregó.

“De ahora en más se puede esperar cualquier cosa de este tribunal”, resumió el fiscal federal Félix Crous, que había pedido una pena de 25 años de prisión para los tres absueltos. “Desde antes del comienzo del juicio, personal del tribunal hizo conocer a terceros la presunción de que los jefes de área eran inocentes. Causa inquietud que haya podido haber un prejuicio sobre la responsabilidad de los imputados y que pueda haber repercutido en el fallo”, agregó, y consideró “irónico” que los fundamentos se lean el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“El fallo implica negar la existencia de un plan sistemático, implica considerar que los jefes de área podían desconocer los secuestros y asesinatos que ocurrían en Capital Federal. Es como pensar que entre Olivera Róvere y las patotas no había nadie en el medio”, reflexionaron miembros de HIJOS regional Capital.

“Las condenas se ven opacadas por la absolución a quienes fueron jefes operativos. El tribunal pretende instalar la teoría de la ‘obediencia debida’ cuando ya en el fallo de la causa 13 se afirmó la existencia de un plan de exterminio de las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto”, consideró la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Página/12 le pidió una opinión sobre el fallo a una decena de familiares de los imputados. Todos prefirieron guardar silencio.

**************

“No recibí ni impartí órdenes lesivas”


Por Diego Martínez

“No recibí ni impartí órdenes que puedan considerarse lesivas a los derechos humanos”, afirmó por la mañana el general retirado Jorge Olivera Róvere, condenado por la tarde por más de un centenar de secuestros y cuatro homicidios agravados. El ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, dueño de vidas y muertes de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura, se explayó durante una hora con tono de profesor de historia sobre el proceso político previo al golpe de Estado, aunque advirtió que, “por haber sido un actor perseguido (sic), prefiero dejar de lado mi situación personal”.

Sólo dos de los cinco imputados aceptaron hacer uso de las últimas palabras previas a la sentencia. El coronel Humberto José Lobaiza agradeció a sus defensores y al tribunal, por “el respeto y el decoro” con que se los trató durante el proceso. Luego reiteró su argumento de defensa: el Regimiento de Patricios que comandaba tenía pocos efectivos, mayoría de conscriptos y “altísima exposición pública, inconveniente para las acciones encubiertas” que desarrollaban sus camaradas. Luego repudió el alegato del fiscal Félix Crous, no por los secuestros que le imputó sino por destacar que quienes “privaron a los deudos de los ritos funerarios” pertenecen a “una condición previa a la civilización”.

Olivera Róvere aseguró que la condena social que sufren las Fuerzas Armadas “es consecuencia de la acción psicológica del marxismo internacional, que mantiene plena vigencia”. Citó como ejemplo “la mendaz exageración sobre los 30 mil desaparecidos”, cuestionamiento que comparte con “un emblema de los derechos humanos”, en referencia a la ex dirigente Graciela Fernández Meijide.

***************

Sin cámaras de televisión

El Tribunal Oral Federal 5 concluyó ayer su séptimo juicio sin cámaras de televisión en la sala. Sólo pudo ingresar un fotógrafo de la agencia Télam, concesión otorgada tras el papelón de la audiencia inicial, cuando dos secretarios le taparon la cámara con sus manos. El jueves once organizaciones de la sociedad civil le reclamaran a la Corte Suprema de Justicia que garantice el cumplimiento de su acordada 29/08 sobre la publicidad de los procesos por crímenes durante la dictadura.

pagina12.

*

*

*

Palabras para las vísperas- Eduardo Galeano

Palabras para las vísperas


Por Eduardo Galeano

Hoy el pueblo uruguayo elige nuevo gobierno. Al mismo tiempo, en las mismas urnas, se somete a plebiscito la posibilidad de liberarnos de dos palos metidos en la rueda de la democracia.

Uno de esos palos es el que impide el voto por correo de los uruguayos que viven en el extranjero. La ley electoral, ciega de ceguera burocrática, confunde la identidad con el domicilio. Dime dónde vives y te diré quién eres. Los uruguayos de la patria peregrina, en su mayoría jóvenes, no tienen derecho de voto si no pueden pagarse el pasaje. Nuestro país, país de viejos, no sólo ha castigado a los jóvenes durante años, negándoles trabajo y obligándolos al exilio, sino que además les sigue negando el ejercicio del más elemental de los derechos democráticos. Nadie se va porque quiere. Los que se han ido, ¿son traidores? ¿Es traidor uno de cada cinco uruguayos? ¿Traidor o traicionado?

Ojalá los uruguayos acabemos de una vez con esta discriminación que nos mutila.
Y ojalá acabemos también con otra discriminación todavía peor, la ley de impunidad, Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, bautizada con ese nombre rocambolesco por los especialistas en el arte de no llamar a las cosas por su nombre.

La Corte Suprema de Justicia acaba de dictaminar que esa ley viola la Constitución. Desde mucho tiempo antes se sabía que también viola nuestra dignidad nacional y nuestra vocación democrática. Es una triste herencia de la dictadura militar. que nos ha condenado al pago de sus deudas y al olvido de sus crímenes.

Sin embargo, hace veinte años, esta ley infame fue confirmada por un plebiscito popular. Algunos de los impulsores de aquel plebiscito estamos reincidiendo ahora, y a mucha honra: perdimos, por muy poco pero perdimos, y no nos arrepentimos. Creemos que aquella derrota nuestra fue en gran medida dictada por el miedo, un bombardeo publicitario que identificaba a la Justicia con la venganza y anunciaba el apocalipsis, larga sombra de la dictadura que no quería irse; y creemos que nuestro país ha demostrado, en estos primeros años de gobierno del Frente Amplio, que ya no es aquel país que el miedo paralizaba.

Eso creemos, digo, y ojalá no me equivoque.

Ojalá triunfe el sentido común. El sentido común nos dice que la impunidad estimula al delincuente. El golpe de Estado en Honduras no ha hecho más que confirmarlo. ¿Quién puede sorprenderse de que los militares hondureños hayan hecho lo que han venido haciendo desde hace muchos años, con el entrenamiento del Pentágono y el visto bueno de la Casa Blanca?

La lucha contra la impunidad, impunidad de los poderes y los poderitos, se está desarrollando en los cuatro puntos cardinales del mundo. Ojalá nosotros podamos contribuir a desenmascarar a los defensores de la impunidad, que hipócritamente ponen el grito en el cielo ante la inseguridad pública, aunque bien saben que los ladrones de gallinas y los navajeros de barrio son buenos alumnos de los banqueros y los generales recompensados por sus hazañas criminales.

Ojalá hoy la mayoría de los votos confirme nuestra fe en una democracia sin coronitas, ni las coronitas del uniforme militar, ni las coronitas del dinero.

Ojalá podamos envolver esta ley en papel celofán, en un paquete bien atado, con moño y todo, para enviársela de regalo a Silvio Berlusconi. Este gran mago de la impunidad universal, que ha atravesado más de sesenta procesos y no conoce la cárcel ni siquiera de visita, nos agradecerá el obsequio y seguramente sabrá encontrarle alguna utilidad.

Ojalá.

Lo único seguro es que, pase lo que pase, la historia continuará, y continuará el incesante combate entre la libertad y el miedo.

Yo suelo invocar una palabra, una palabra mágica, una palabra abrepuertas, que es, quizá, la más universal de todas. Es la palabra abracadabra, que en hebreo antiguo significa: Envía tu fuego hasta el final.

Y pase lo que pase, seguirán ardiendo los caminantes de la justicia. De puro porfiados.

pagina12.
*
*
*

CUATRO PROYECTOS DEL GOBIERNO ORIGINADOS EN RESOLUCIONES DE LA CIDH -25-10-09

CUATRO PROYECTOS DEL GOBIERNO ORIGINADOS EN RESOLUCIONES DE LA CIDH

Un agenda de derechos humanos

25-10-09

Los debatirá Diputados el miércoles. Son el que habilita a los organismos a querellar en causas por delitos de lesa humanidad, el del Banco de Datos Genéticos, el que fija nuevos procedimientos para la extracción de ADN y el de eliminación de las calumnias e injurias.


Por Miguel Jorquera

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados estará centrada en el debate de cuatro proyectos vinculados a resoluciones judiciales internacionales sobre derechos humanos que el Gobierno envió al Congreso. La lista incluye el pase a la órbita nacional del Banco de Datos Genéticos, las reformas al Código Penal que habilitarán a los organismos de derechos humanos como querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad y nuevos procedimientos para la extracción de ADN en los casos de apropiación de niños durante la última dictadura; además de adecuar a los “estándares internacionales” el delito de calumnias e injurias para garantizar la libertad de expresión. Las iniciativas son parte de los compromisos asumidos por el Estado argentino y refrendadas en una “solución amistosa” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los proyectos fueron anunciados por Cristina Fernández de Kirchner el 11 de septiembre, en un acto realizado en la ex Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA) para homenajear a los integrantes de la comisión de la CIDH que llegó a Buenos Aires en 1979 –en plena dictadura– para recabar información sobre violaciones a los derechos humanos, que luego fue utilizada en los juicios y condenas a las juntas militares. Ese mismo día, la Presidenta firmó “una solución amistosa” con la CIDH para resolver los reclamos planteados por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y envió los proyectos al Congreso.

Después de su paso por las comisiones de Derechos Humanos y Legislación Penal, los proyectos de ley llegarán al recinto de la Cámara baja este miércoles para buscar su media sanción.

Análisis de ADN: La iniciativa apunta, en sintonía con el fallo de la Corte Suprema, a garantizar la obtención de muestras genéticas para establecer la verdadera identidad de una persona que podría haber sido víctima de apropiación ilegal durante la última dictadura. La Corte señaló que, si la presunta víctima no estuviera dispuesta a someterse a una extracción de sangre, se dispondrá el secuestro de objetos que contengan restos de ADN. La reforma al Código Penal habilitará a los jueces a llevar adelante este procedimiento –que admite extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas– con una serie de recaudos puntuales para evitar la revictimización de la persona, cuya verdadera identidad se busca esclarecer.

Organismos como querellantes: Este proyecto apunta a que la mora de la Justicia no termine convalidando la caducidad de las causas, dado que a más de 30 años de cometidos los delitos muchos de los familiares directos de las víctimas, que impulsaron los procesos judiciales como particulares damnificados, ya no están en condiciones físicas de continuarlos. Por eso, la iniciativa establece que las asociaciones o fundaciones relacionadas a la defensa de los derechos humanos, registradas legalmente, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad.

Banco Nacional de Datos Genéticos: Actualmente, el Banco de Datos Genéticos –creado por ley en mayo del ’87 a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo y que dio certeza científica al encuentro de 95 chicos secuestrados y apropiados durante la dictadura– funciona en el Hospital Durand, bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto le da al banco carácter nacional que pasará a funcionar como organismo descentralizado dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Su director y el resto de los profesionales que lo integren serán los peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas durante la dictadura. Por eso, los organismos de derechos humanos, que podrán ser querellantes en las causas judiciales, no conformarán su consejo consultivo.

Calumnias e injurias: El proyecto da respuesta al fallo de la Corte Interamericana –fijado un año y medio atrás– contra el Estado argentino por el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia en su investigación sobre el asesinato de monjes palotinos durante la dictadura y volcado en su libro La masacre de San Patricio. El tribunal ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista y reconocer su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión.

La iniciativa modifica varios artículos del Código Penal “para adecuar la legislación a los estándares internacionales y constitucionales en materia de libertad de expresión”. Las modificaciones establecen que “en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”, así como “tampoco configurará delito de injuria los calificativos lesivos al honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.

Todos los proyectos tienen el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios, salvo el relacionado con la obtención de ADN: la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, calificó esa iniciativa, avalada por la CIDH y en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, como “fascismo puro” y la relacionó con “una revancha personal” del Gobierno contra Ernestina Herrera de Noble, la dueña de Clarín que afronta una causa judicial por la identidad de su dos hijos adoptivos. Habrá que ver si el resto de los bloques opositores adhieren a su interpretación.

pagina12.
*
*
*

La reforma agraria del MAS en Bolivia -25-10-09

DESDE QUE ASUMIO EVO, SE DIO TITULO DE PROPIEDAD PARA 28,4 MILLONES DE HECTAREAS

La reforma agraria del MAS en Bolivia

El director del INRA, Juan Carlos Rojas, señaló a Página/12 que esperan llegar a los 40 millones de hectáreas regularizadas a fin de año. Pese a los obstáculos, también se avanzó en Pando y Santa Cruz.

Por Gustavo Veiga

La reforma agraria en Bolivia avanza, aun pese a las dificultades que encuentra a su paso el gobierno de Evo Morales. En el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), un organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, manejan estadísticas alentadoras. Para fin de año esperan que haya 40 millones de hectáreas saneadas. O sea, tierras entregadas con su correspondiente título de propiedad o identificadas para determinado uso. Juan Carlos Rojas, su director, sostiene que “el país tiene 109 millones de hectáreas de las cuales 106 son del área rural y es obligación del INRA intervenir en ellas para que podamos entregar el título ejecutorial a la persona que corresponda”.
El instituto, durante los tres años de gobierno del MAS, saneó y tituló hasta hoy 28,4 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. Cuando se compara esa cifra con lo hecho durante los diez años anteriores del INRA, la actual gestión sale robustecida. Creado en 1996 por la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, hasta enero de 2006 –cuando Evo asumió la presidencia–, había regularizado 9,2 millones de hectáreas. En ese decenio que cubrieron los mandatos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, otra vez Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé se titularon en promedio un millón de hectáreas por año, mientras que en el gobierno actual se superan los 8 millones.
Rojas define al proceso de “Revolución agraria” –así lo llama el gobierno– como “casi único en el mundo porque se está haciendo en democracia, con evidente tensión entre los sectores, pero a su vez con la aceptación de que debe regularizarse el derecho propietario de distribución de la tierra. Especialmente este saneamiento, un procedimiento técnico legal que es muy detallado en Bolivia y no se aplica en otros países. Es más bien el resultado de una evolución histórica de nuestro proceso agrario”. El director del INRA dialogó con Página/12 desde La Paz, donde se encuentra la oficina central del organismo, que tiene nueve filiales por cada uno de los departamentos del país.
Según datos proporcionados por el funcionario, del que dependen 900 empleados, el Plan Estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación de Tierras 2007-2013 (Pensat) apunta a distribuir y titular 20 millones de hectáreas entre las comunidades indígenas y campesinas sin tierra. Esta es una de las principales razones de ser del INRA.
Rojas, un licenciado en Ciencias de la Educación que aprendió las cuestiones agrarias trabajando con los indios guaraníes en el Chaco Boliviano, sabe que, pese a los notables avances de su gestión, resta todavía mucho por hacer: “El INRA, además del saneamiento, tiene que realizar otras dos grandes acciones. Por una parte, la verificación del cumplimiento de la función económico-social de la tierra. En realidad, ésa es nuestra tarea constante, dos años después de que la tierra ha sido titulada. Y por otro lado, está a cargo del catastro rural, del proceso de generación de esta base de datos y del mantenimiento de esa información hacia el futuro”.
Autor de un artículo que puede leerse en la página oficial del instituto, www.inra.gov.bo al que le puso de título “La verdadera historia de ese papelito”, cuenta cómo gestionan hectáreas de tierra quienes aspiran a trabajarlas. “Imagínense –señala– si falla alguno de estos componentes, si falla alguna pieza en esta maquinaria o, mejor, si falta alguien en este cuerpo: no sale el papelito que todo el mundo espera de nuestro trabajo. Todos somos imprescindibles para cumplir nuestra misión y recibir, al final, ese abrazo o beso de algún anciano o viejecita que esperó toda su vida para tener en sus manos ese papelito; ese acto tan humano compensa todas nuestras penurias”.
Los empleados del INRA han tenido graves dificultades en los departamentos de Santa Cruz y Pando para aplicar la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. El Estatuto Autonómico de la primera región le confirió al gobierno local la atribución de disponer sobre “la propiedad, la regularización de sus derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras del departamento”.
Rojas afirma que “temporalmente se afectó nuestro trabajo porque hubo resistencia violenta a nuestra participación en la titulación de tierras. Pero eso fue momentáneo. Y se resolvió el año pasado con el referendum revocatorio. Los problemas que hubo no afectaron nuestras metas, porque en 2008, pese a los ataques a oficinas del INRA y agresiones a nuestros funcionarios, hemos logrado en el departamento de Santa Cruz sanear un poco más de tres millones de hectáreas”.
Pando había sido el primer departamento que se declaró saneado en el país el 2 de agosto de 2008 y donde existe una gran concentración de la tierra en manos de ocho familias. La recolección de castañas es su principal actividad productiva. El 11 de septiembre del año pasado se produjo la matanza de dieciséis campesinos, por la que fue imputado como autor intelectual el ex prefecto Leopoldo Fernández, quien todavía espera por un juicio junto a veintiséis personas más.
“Ahí se ha modificado la estructura de distribución de la tierra. No había ninguna comunidad indígena reconocida con derechos propietarios. Nosotros, con nuestro trabajo, hemos titulado más de dos millones y medio de hectáreas a comunidades campesinas, sólo en Pando”, agrega Rojas.
En Bolivia, uno de los temas no resueltos es la migración desde el occidente, en la zona del Altiplano, hacia el oriente, donde están las tierras más productivas, dos terceras partes del territorio nacional. Los datos oficiales aproximados que posee el INRA sobre cómo están distribuidos los millones de hectáreas rurales son: producción agropecuaria intensiva 4,1 millones; agropecuaria extensiva, 4,2; agropecuaria con limitaciones, 3 millones; ganadería extensiva e intensiva, 17,5; ganadería con limitaciones 10,4; forestal con y sin limitaciones, 32 millones; protección y reserva, 17 y uso pastoril, de 10 a 11 millones.
El INRA tiene atribuciones para expropiar latifundios agrarios por causas de interés público y recuperar tierras si no se cumple el objeto económico social para el que fueron destinadas. Así lo establece la Ley 3.545. Gracias a ella el gobierno de Evo Morales otorgó el 75 por ciento de los títulos de propiedad que se entregaron desde que se creó el instituto en 1996. En apenas casi cuatro años. Incluso los críticos de algunas de sus políticas para el campo, como la ONG Fundación Tierra, sostienen que el probable triunfo del oficialismo en laselecciones de diciembre, alentará la profundización de los cambios.

Los beneficios para la mujer

La mujer ocupa un lugar clave en el entramado de la llamada Revolución Agraria que lleva adelante el gobierno boliviano. “Ya en el 2006 se aprobó un conjunto de decretos antes de la promulgación de la Ley 3.545 donde se estableció la obligación del instituto de titular a favor de las mujeres o jefas de familia que deben figurar en el título tutorial. En las parejas legalmente establecidas o en concubinato, debe figurar primero el nombre de la mujer y después el del varón. Va en beneficio de ellas porque en Latinoamérica hay una tradición machista en relación a la tierra”, comenta Juan Carlos Rojas, el director del INRA.

En la publicación del instituto, Somos Tierra, se señala que “del total de beneficiados con títulos ejecutoriales de propiedad agraria y certificados de saneamiento, 56.957 son mujeres titulares, propietarias, copropietarias de predios individuales o representantes de predios colectivos que abarcan una superficie total de 28,4 millones de hectáreas”.

pagina12.
*
*
*

Justicia Militar no podrá juzgar civiles: Bachelet firma proyecto 26-10-09

CHILE PAIS CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD

Justicia Militar no podrá juzgar civiles: Bachelet firma proyecto

/ Lanacion.cl

Al Congreso fue enviado el proyecto de ley que modifica la competencia de los Tribunales Militares. Presidenta destacó que el nuevo marco se ajusta a la institucionalidad democrática y las exigencias internacionales.

Lunes 26 de octubre de 2009

El fin de la competencia de la Justicia Militar sobre el mundo civil establece el proyecto de ley firmado esta jornada por la Presidenta Michelle Bachelet para su tramitación en el Congreso.-

El nuevo marco, destacó la Mandataria en la ceremonia en La Moneda, deja “excluida toda posibilidad de que un civil sea llevado a la Justicia Militar", por lo que se garantiza el “debido proceso para todos”.

La Jefa de Estado agregó que "el principio rector que estructura toda la reforma que proponemos, es la precisión del ámbito de aplicación de la Justicia Militar que ahora se define así, y abro comillas ‘los tribunales militares sólo pueden conocer de delitos militares cometidos por militares’".

Bachelet recordó que "la excesiva ampliación de la jurisdicción militar durante el gobierno militar fue permanente y fuertemente criticada por los organismos de Derechos Humanos en Chile y en el extranjero”, por lo que se hacía necesaria acotar la jurisdicción castrense al estándar democrático.

De ahí que la Presidenta explicara que el proyecto constituye una reforma esencial no sólo para adaptarse a la institucionalidad democrática construida en estos gobiernos tras la dictadura, sino también para ajustarse a la normativa internacional.

“ No podemos pasar por alto que nuestro país fue condenado por la Corte Interamericana de Justicia en el Caso Palamara-Iribarne, precisamente porque las actuales disposiciones de la Justicia Militar no satisfacen los estándares exigidos por el pacto de San José de Costa Rica, en cuanto a garantía del debido proceso y a la independencia e imparcialidad de los jueces".

lanación.

**

*

*

GBI=TERRORISMO MEDIATICO="CARABINEROS NO NOS PROTEGIO"-Gremio camionero exige intervención FF.AA FASCISTA=CRIMINAL DE C$ILE- 25-10-09

GBI=TERRORISMO MEDIATICO= MERCURIO

Domingo 25 de octubre de 2009

"Encapuchados no eran mapuches" Carabineros habría impedido que la PDI siguiera a los autores del incidente.

Martínez declaró lo ocurrido horas después del atentado al fiscal Miguel Velásquez. El conductor cuenta que en esa ocasión le presentaron una serie de fotografías sobre personas que habían participado en la toma de la carretera entre Curacautín y Victoria y que habrían estado en el atentado a su camión.
Martínez aseguró a El Austral que no los reconoció. "Entre ellos había un gordito que después vi que estaba detenido en la Fiscalía, pero por lo menos él no participó en el ataque al camión nuestro. Los que nos atacaron eran todos jovencitos y flacos. Algunos tenían mantas mapuches, pero podría decir que como hablaban y actuaban no eran mapuches, por lo menos todos", dijo.
Éste, es uno de los datos que aportó el conductor en la conversación sostenida con este medio.

CARABINEROS NO ACTUÓ

El otro dato en que insistió el chofer fue en la ineficiencia en la acción oportuna de Carabineros para repeler el ataque.

"Nosotros llamamos a Carabineros cuatro veces y nadie contestó (...) Luego pasó un furgón de Carabineros que llegó por el asalto al peaje, pasó cerca de nosotros y de la barricada donde estaban los encapuchados. Estos le dieron la pasada y después se nos lanzaron", cuenta el conductor.

Martínez no vio cuantos efectivos iban, pero indicó que el vehículo policial se estacionó pocos metros más allá, sobre el paso nivel que conecta con la localidad de Quino, y no hizo caso a los llamados de los conductores.

Desde ahí, afirma Martínez, la policía observó, sin actuar, el ataque de los encapuchados a ambos conductores y la posterior quema del camión que duró unos 15 a 20 minutos.

"Carabineros dice que le habían disparado pero no sé (...) Tras varios minutos apareció una patrulla de la PDI. Llegaron antes que el resto de los carabineros. Ellos se portaron bien con nosotros. Nos sacaron de unas cunetas donde estábamos protegiéndonos cuando pudimos y nos llevaron a un furgón en medio de los disparos...".

"no conejearon"

Un detalles no menor es que cuando terminó el ataque, los encapuchados escaparon todos juntos hacia predios cercanos.

En ese instante, la PDI quiso "conejearlos", esto es, perseguirlos y atraparlos, "pero no sé que pasó. Los carabineros que estaban ahí dijeron que no, que no y no pasó nada. Ahora si hubieran conejeado quizás hubieran encontrado a alguno", afirmó el conductor.

**********************

"Carabineros no nos protegió" Víctima aporta detalles del atentado donde hay cinco comuneros detenidos.

FRANCISCO CARRASCO MANQUILEPE

Rolando Martínez es camionero hace 30 años y hace 12 meses que traslada carga para la empresa Transportes Fernández. Siempre vio la quema de camiones como algo lejano. Incluso bromeaba con la posibilidad de no dejar que ningún delincuente -como dice- lo sacaría del camión sin antes recibir su merecido. Pero el atentado que sufrió la madrugada del 11 de octubre lo golpeó duramente.
Es primera vez que habla con la prensa de lo sucedido en la Ruta 5 Sur. En forma exclusiva contó a El Austral su pesadilla.

EL ATENTADO

Esa noche regresaba de Concepción acompañado del conductor Luis Solís con una carga de 30 toneladas de fertilizantes que debía llevar a Lautaro.
Era de madrugada y sin prever contratiempos avanzaron raudos por la Ruta 5 Sur para llegar a sus hogares y descansar junto a los suyos.
A dos kilómetros de Victoria, y a pocos metros del peaje lateral de Quino, el que había sido asaltado minutos antes, una línea de fuego cruzó la carretera, era una barricada.

"Nos detuvimos junto a otros vehículos que venían antes de nosotros, que eran unos cinco o seis... En ese momento llamamos al 133 unas 4 veces pero nadie contestó (...) De repente apareció un furgón escolar que se detuvo antes de la barricada y se bajaron dos personas. Luego un furgón de Carabineros pasó al lado de nosotros y de los encapuchados sin detenerse ni hacer nada (...) Tras eso nos dispararon...", cuenta el conductor.

Martínez vive en Padre Las Casas y está con vacaciones. Cuenta que no tiene seguro de vida y decidió que cuando regrese a su trabajo, el próximo 9 de noviembre, no circulará más por esta ruta después de las 22 horas.

"Esa noche sentimos hartos disparos que rebotaban en la carrocería del camión. Nos acostamos sobre los asientos asustados cuando de repente abrieron las puertas y a insultos nos bajaron del camión... Eran como las 1 de la mañana y eran como 15 personas, todos encapuchados y armados con escopetas y pistolas", narra.

Amenazas

"No nos pegaron, sólo nos amenazaron. A mí me encañonaron tres y revisaron mi bolso, pero no se llevaron ni mis documentos ni la plata que tenía ahí (...) En ningún momento gritaron consignas mapuches. De hecho podría decir que la forma de actuar y de hablar no mostraban que fueran mapuches. Eran puros cabros de 17 y 22 años", dice.

NO HUBO AYUDA

Mientras cuenta lo ocurrido esa noche, Martínez manifiesta un sentimiento de ansiedad y enojo.

"Nadie nos ayudó. Los vehículos que estaban detrás de nosotros al ver esto se daban vuelta y escapaban. Mientras tanto los tipos rociaron el camión con combustible y lo incendiaron a vista y paciencia de Carabineros que estaba en un paso nivel unos kilómetros más allá".

- ¿A usted le habían advertido del riesgo?

- "No nunca la empresa nos advirtió, pero es que nunca se pensó que nos iba a ocurrir esto, pero ahora nos prohibieron transitar de Los Angeles a Lautaro después de las 23 horas".

-¿Quedó muy impactado?

-"Sí. A los dos o tres días después quedé muy complicado porque uno viene a reaccionar que estuvo en juego su vida. Es molesto porque pienso que pude haber muerto. Me sentí desamparado total de la policía. En el fondo nadie cuida los intereses de uno".

-Le duele lo que hizo Carabineros...

"Claro que me duele. Es la impotencia de que ven lo que pasa y no hacen nada y por otro lado uno ve los abusos que cometen... Eso es una injusticia".

- Carabineros no los protegió...

- "No, en ningún momento nos protegió Carabineros".

- ¿Imaginó que viviría esto?

"No. Nunca lo pensé. Aunque me daba pena cuando veía camiones quemados en la ruta. Daba como impotencia ver a los colegas que pasaban por esto en el mismo sector".

-¿El gobierno insiste que no se debe alarmar a la población?

-"No es una alarma, es una realidad. Ahora que lo quieran hacer a un lado es otra cosa, pero esto es una realidad".

australtemuco.

******************
25-10-09

La Moneda teme que el gremio camionero se sume como otro factor inmanejable de la crisis:

La operación del Gobierno para aplacar el nuevo frente que se abre en el conflicto mapuche

El jueves, cuando un grupo de transportistas de la zona sur estuvo a punto de rebelarse contra sus dirigentes y contra las autoridades, el Ministerio del Interior aprobó una millonaria inversiónen seguridad para la Ruta 5 Sur. Pero eso no será suficiente. Quienes han sido víctimas recientes de la violencia mapuche exigen medidas más drásticas, como la intervención de las FF.AA.

PAMELA ARAVENA desde Temuco y MATÍAS BAKIT

"Nunca, ni siquiera en el gobierno de Allende, nos habían incendiado un camión. Nunca nos habíamos sentido tan amenazados", dice José Villagrán, ex presidente regional de la Federación de Camiones de la Araucanía y actual candidato a senador.

La tensión se estaba apoderando desde hace meses de uno de los gremios más poderosos del país. Los dueños de camiones se estaban sintiendo el foco de un conflicto que no les pertenece, pero que veían se trasladaba a ellos por razones estratégicas. "Los primeros atentados en la zona mapuche partieron en los bosques, con el robo de madera; después escaló a ataques con fuego a las casas patronales de los agricultores, luego a la quema de siembras, y ahora a los incendios de camiones", explica un dirigente.

A juicio de los transportistas, el objetivo de los violentistas indígenas es provocar a los choferes y a los dueños de camiones hasta obligarlos a convertirse en "actores" del conflicto, dado que una "movilización" de ese gremio supone paralizar el país o desabastecerlo gravemente. Un paro de camioneros o el bloqueo de las rutas convierte el conflicto mapuche en una "emergencia nacional" que debe resolverse en cuestión de días, estiman.

"Los atacantes, que reciben instrucción extranjera, saben que somos un gremio unido y que si nos siguen presionando con atentados, podemos reaccionar con un paro y convertirnos en un punto débil para el Gobierno", explica Fernando Binder, presidente de la Federación Zona Sur (Temuco a Castro) y director de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones.

Calculan que 30 camiones, avaluados en $60 millones cada uno, han sido quemados desde 2006. Cinco de ellos sólo este último mes, desde que fue trasladado el general de Carabineros Cristián Llévenes de la jefatura de la Araucanía.

La paciencia de los camioneros parecía estar en el límite, y querían soluciones inmediatas. Por eso, la semana pasada programaron una reunión de emergencia de las agrupaciones de la zona sur, pero debió postergarse por razones de agenda del presidente de la Confederación Nacional, Juan Araya. Nuevamente, se organizó otra asamblea para el jueves pasado. Pero la noche anterior, Araya otra vez se disculpó afirmando que en La Moneda lo recibiría el subsecretario Patricio Rosende. La molestia de los dueños de camiones agrupados desde Curicó a Castro era evidente, y los riesgos de quiebre de uno de los gremios más unidos del país, apremiante.

El "súper jueves"

A las 9:30 de la mañana del jueves 22, el nerviosismo cundía entre los casi 30 dirigentes que arribaron a la capital de la Araucanía. Adentro, en la sala de reuniones de la Sociedad de Fomento Agrícola, donde se reunieron, los convocados aún no comprendían las razones de la ausencia de Araya. "Se comporta como un político, y prefirió quedarse a negociar con el Ministerio del Interior, al que ya no le creemos, antes que escuchar a las bases", afirma Binder.
Largos minutos se gastaron en discutir si desconocer su representatividad y quebrar el movimiento. De hecho, hicieron varias llamadas a Santiago para saber si el dirigente nacional había dicho la verdad cuando les informó de su reunión con Rosende.

Paralelamente, en La Moneda se monitoreaban con inquietud los acontecimientos y se temía que una eventual rebelión de la Federación Sur deviniera en un paro, y éste en un conflicto político, económico y social en medio de la campaña presidencial y parlamentaria.

Tras constatar que la reunión en La Moneda entre Araya y Rosende sí se estaba realizando, los dirigentes sureños optaron por no romper pero sí trizar la organización. Conformaron un organismo paralelo a la Confederación: un "comité de emergencia", integrado por cinco dirigentes, ninguno de los cuales es Araya. Entre los miembros están el propio Binder; Andreas Schaub, de la Araucanía, y Patricio Wunderlinch, de Osorno.

Araya, que conocía la molestia de su gremio, no podía llegar con las manos vacías a informar a sus bases. Y el Gobierno le lanzó un salvavidas: autorizar el gasto de US$ 3,5 millones para cumplir una promesa hecha hace un mes y medio por el propio Ministerio del Interior, para instalar cámaras de vigilancia blindadas en tres puntos de la Ruta 5 Sur, entre Collipulli y Freire, que estarán conectadas las 24 horas con Carabineros. En el decreto, que fue firmado por el ministro del MOP, Sergio Bitar, se explica que el fisco dispondrá de esos dineros "por razones de fuerza mayor". Además, se le prometió reforzar el control de acceso y la seguridad en las áreas de descanso y en los peajes laterales.

Sorpresivamente, hubo un nuevo gesto: el ministro Edmundo Pérez Yoma y el secretario general de la Presidencia y encargado especial para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera-Gallo, partieron ese mismo jueves a la Araucanía para participar en una inédita cumbre de seguridad con policías y fiscales de la Araucanía.

Pero el "comité de emergencia" no se dio por satisfecho. La instalación de cámaras de vigilancia era apenas un asunto menor en medio de las otras exigencias que realizan al Gobierno. Sus demandas de fondo son dialogar directamente con la Presidenta Bachelet, sin siquiera la intermediación de Juan Araya; destinar a efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad de la Ruta 5 Sur, que debería "mapearse" según zonas de riesgo; aplicar con efectividad la ley antiterrorista y la ley de seguridad interior del Estado, y garantizar que se entreguen seguros por daños a los camioneros que transitan por la región, ya que las compañías no les dan pólizas (ver recuadro).

"Si seguimos así, algún chofer morirá"

En definitiva, los camioneros exigen más apoyo gubernamental para evitar conflictos mayores. "¿Qué pasará cuando tomen un camión que transporte 37 mil litros de bencina? Si hacen explotar uno de ellos, lanzará esquirlas a cinco kilómetros a la redonda", se pregunta y responde Villagrán.

De hecho, esta semana el fiscal Miguel Velásquez reveló un plan de la Coordinadora Arauco Malleco (la misma organización que esta semana le "declaró la guerra" al Estado de Chile) para apropiarse e incendiar camiones con carga de combustible. Empresas dedicadas al rubro, como Transportes Pérez, ya contrataron guardias privados para asesorarlos y acompañar a sus choferes.

Pero el temor que hace meses se está incubando entre ellos es que alguno de sus choferes sea asesinado. "No es una locura. Yo pienso que podemos llegar a eso. Si seguimos así, algún chofer va a morir", afirma Wunderlinch.

Por eso, otro tema que se discutió el jueves es el llamado a armarse que algunos conductores están haciendo desde hace meses. "Los mismos conductores se aconsejan portar armas; muchos ya andan con armas de fuego, porque un palo no les basta. Tienen mucho temor, pero nosotros no recomendamos que se defiendan, porque aquí estamos hablando de terrorismo", dice Binder.

De hecho, Augusto Péndola, director y encargado de Seguridad de la Confederación Nacional, también explicó el problema al Gobierno. "Dentro de nuestro gremio tenemos grupos radicalizados que quieren, de una u otra forma, provocar una movilización, pretenden tener grupos de choque y piden la ley del Talión".

Los conflictos más importantes de los camioneros chilenos

Octubre de 1972

El gremio llama a un paro indefinido de camioneros desde la provincia de O'Higgins hasta Malleco, en protesta por el desabastecimiento de repuestos y neumáticos. Sin embargo, el conflicto alcanzaría nivel nacional luego de que el gobierno apresara al líder, León Vilarín. 13 provincias estuvieron totalmente paralizadas durante tres días.

Octubre de 2000

Paro nacional de la Confederación de Dueños de Camiones líderada por el dirigente Héctor Moya, que reclama por los precios del diésel y busca mejoras en el Registro Nacional de Transportes de Carga. Durante dos días, los supermercados no recibieron sus mercaderías y hubo escasez de combustibles.
Lo que pide el "comité de emergencia"

El petitorio completo de los camioneros es el siguiente:

-Diálogo directo con la Presidenta Bachelet: Los miembros del comité se reunieron con la intendenta de la Araucanía, Nora Barrientos, para solicitarle una reunión con la Presidenta Bachelet. Dicen que no aceptarán como interlocutores a los ministros Viera-Gallo ni Pérez Yoma, ni tampoco al presidente gremial Juan Araya.

-Reforzar la seguridad con militares: Afirman que la seguridad ofrecida por Carabineros es insuficiente. "No por falta de voluntad, sino porque están siendo sobrepasados". "Uno de los camiones atacados -recuerda Patricio Wunderlich- estaba estacionado en un aparcadero custodiado por un retén móvil. Ni siquiera respetan la presencia policial".

El ataque ocurrió el 19 de julio en el codo sur del estacionamiento de la hostería "San Carlos", ubicada en la Ruta 5, tres kilómetros al sur de Collipulli, y a sólo 150 metros de un retén móvil de Carabineros. "Por eso, pedimos que los militares salgan a las rutas. Ellos están preparados para un conflicto como éste. Carabineros es una institución eficiente, pero necesitan refuerzos. Si llegan los militares, la cosa va a cambiar. Van a encontrar responsables. No es posible que no haya ni siquiera un detenido por estos atentados. Los únicos dos que fueron formalizados por atacar camiones están en libertad", exige Binder.

Germán Mahuzier, jefe de los camioneros de Angol, tiene las mismas dudas: "No entiendo por qué los organismos de inteligencia no descubren a los anarquistas. No hay una explicación lógica, puesto que los camioneros vemos día a día a gente que anda con armas por los caminos".

-Aplicación efectiva de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de la Ley Antiterrorista: El único invitado externo a su reunión del jueves por la mañana fue Rolando Franco, abogado de la empresa forestal Mininco. Éste les explicó cómo operan ambas leyes, al tiempo que les aconsejó hacerse parte en las querellas.

-Solicitar seguros estatales: Los problemas de seguridad en la zona han venido acompañados de un problema económico adicional. Las compañías de seguros están eliminando las coberturas para los camiones si son atacados en la zona donde ha ocurrido la mayor parte de los atentados. Por eso, piden que el fisco gestione, garantice o respalde las pólizas.

Los números que dejan los ataques

30 son los camiones que han sido quemados en la zona desde 2006.

5 vehículos han sido atacados este mes.

60 millonescostaba cada camión dañado.

1 atacante ha sido detenido por la justicia este año.

1vehículo particular ha sido atacado.

7.500- vehículos transitan diariamente por la zona.

elmercucho.

*

*

*

Sobre el “Llamado a la Guerra ” -22-10-09--ABAJO COSMOLOGIA OCCIDENTAL GENOCIDA ECOCIDA CRIMINAL GUERRERISTA

Ultimo comunicado

Comunicado Mapuce

Sobre el “Llamado a la Guerra”

Hoy, medios de prensa, tanto de Chile como de Argentina, han hecho público la muerte de un hermano mapuce en un “enfrentamiento” entre un ejercito de carabineros armados y familias mapuce de la comunidad “…” a la vez que difundían un pronunciamiento de la “Coordinadora Arauco – Malleco”, donde se “declaraba la guerra al Estado Chileno y la creación de un Estado mapuce del Bio Bio al sur”.

Al respecto nos vemos en la necesidad de pronunciar lo siguiente:

La Confederación Mapuce de Neuquén, no avala ningún tipo de llamado a resolver este conflicto histórico a través de la violencia. Nunca ha sido esa la metodología que utilizamos en nuestro casi 40 años de vida organizativa institucional.

Menos aun podemos avalar el uso de la violencia armada, que es descender a los niveles morales y humanos mas bajo. Tenemos al frente a una institucionalidad que utiliza la violencia armada, no para proteger a los ciudadanos, sino para proteger intereses de los poderosos de siempre.

No aceptarnos igualarnos a bestias uniformadas y entregar lo mas valioso que tenemos que son la vida de nuestros werken y kona, que avanzan a la construcción de un mundo sin desigualdad y sin pobreza, con la única fuerza y arma que es nuestro derecho sostenida en 10.000 años de historia sobre este territorio.

No hablamos de crear ni inventar un “Estado mapuce” porque trabajamos por un “Estado Plurinacional y Democrático” que cobije la enorme diversidad de mas de 30 naciones originarias preexistentes a Argentina como tal. Así lo indica la Constitución y las nuevas leyes aprobadas. Será la mejor formula para la convivencia y el respeto mutuo.

Condenamos la violencia institucional criminal del Estado Chileno que aplica la Ley Antiterrorista y los tribunales militares para responder a la demanda de justicia del Pueblo Mapuce

Reiteramos el llamado a la responsabilidad del Gobierno de Neuquén, para que a través de un dialogo sincero y franco, se siente con las autoridades mapuce, escuche sus propuestas y tenga el coraje cívico de resolver este histórico conflicto territorial, aunque sus aliados de siempre pierdan los privilegios ganados en décadas de explotación al Pueblo Mapuce.

Marici wew!...Marici wew!!!Diez Veces en Defensa de todas las Vidas!!!

Zapala, 22 de Octubre de 2009

*************

Pronunciamiento Mapuce

Reunidos como Kvme Feleal (Comisión Directiva) y analizando con suma preocupación los últimos acontecimientos que están ocurriendo en la Provincia , expresamos lo siguiente:

· Nuestra solidaridad con el Secretario de DDHH Jesús Escobar que fue brutalmente golpeado por fuerzas policiales. Creemos que es una demostración de lo que viene, en la medida que el gobierno de Neuquén ha optado por defender los intereses de empresas, estancieros, amigos y familiares, en lugar de asumir el rol de un verdadero estadista. La única forma de aplicar esta política para los privilegiados de siempre, es reprimiendo. Para lo cual se ha provisto de moderno equipamiento armado. Al frente tiene a un pueblo harto de tanto abuso. Por eso nuestra alarma y el llamado a estar movilizados ante tanto abuso de poder.

· No avalamos la intención del gobierno provincial (expresada por el Diputado Carlos González) que promueve el uso del recurso destinado al Programa de Relevamiento Territorial (Ley 26.160), para expropiar/comprar la tierra en beneficios de los estancieros y empresas. Pretende que la tierra que ayer fue usurpada a través del fraude, hoy sea pagada a dueños ilegítimos. Esto no solo se contrapone con los objetivos del Relevamiento, sino que además cierra un nuevo negocio con el dinero público en beneficio de los propietarios ligados al poder político.

· Estamos consternados ante el nivel de abuso, brutalidad e impunidad del Estado chileno que acabo el día de ayer con una nueva vida mapuce. La prensa adicta a la represión habla de enfrentamientos, cuando hay un ejercito de carabineros armados ante familias que solo tienen como armas como una honda, una pala o una asada con las que se defienden frente a la Ley Antiterrorista del Estado Chileno.

· El Gobierno de Sapag reitera su llamado al dialogo, mientras crece la campaña de descalificaciones hacia nuestra organización, buscando desvirtuar las razones de nuestra demanda, y hace cada vez menos creíble esa intención de dialogo y respeto que muestra hacia fuera. La Vice gobernadora Pechen insiste en arengar a la represión y la “mano Dura” en una visita a Alumine, que es uno de los centros del conflicto por tierras y en reiterar el apoyo a los privados, sin intentar la revisión que exige el Programa de Elevamiento Territorial.

Nosotros, como autoridades mapuce, nuevamente solicitamos en el día de la fecha una audiencia para poder abordar estas preocupaciones, en un marco de dialogo verdadero.

Neuquén, 21 de Octubre de 2009



Fidel Kolipan Elias Maripan
Werken Logko

*
*
*

Muerte de un comandante en jefe-20-10-09- ALTA TRAICIÓN DE LAS FF.AA

Muerte de un comandante en jefe

escrito por Rául Auth Caviedes

martes, 20 de octubre de 2009

No ha sido debidamente destacado el hecho que se haya dado muerte a un comandante en Jefe del Ejército chileno a instancias de una potencia extranjera como se encuentra fehacientemente comprobado. Fue un vejamen inconcebible y deshonroso para la Institución. René Schneider resultó asesinado debido a la obsesión de Richard Nixon de impedir que Salvador Allende asumiera la presidencia de Chile.

Ante los ojos de la reacción nacional e internacional, el pecado de Schneider, era haber enfatizado que se atendría exclusivamente a lo dispuesto en la Constitución. Había dicho: “Si el resultado de las urnas no determina la mayoría absoluta para uno de los candidatos, deberá ser el Congreso Nacional quien designe al Presidente entre las dos primeras mayorías. Esta facultad la ejerce el Parlamento con absoluta soberanía y su decisión debe ser respetada y apoyada por el organismo armado”.

Richard Nixon había manifestado: “Si Allende gana las elecciones en Chile y además está Castro en Cuba, América Latina será como un sándwich rojo, que eventualmente será todo rojo”. Se refería a Allende como “ese bastardo marxista, hijo de puta, lo vamos a pulverizar”. Kissinger atribuye a Agustín Edwards el “haberle calentado el ánimo” a Nixon, ante lo cual aquel aduce que él se limitó a informar. Pero, informes de inteligencia norteamericanos afirman que Edwards era partidario de un “golpe preventivo”:

Pese a la decidida oposición de varios de sus asesores, Nixon dio instrucciones secretas a Richard Hemls, director de la CIA, para que organizara un grupo especial –Task Force- con agentes de experiencia y bien calificados, para propiciar un golpe militar. Fue denominada operación “Track II”, dentro del llamado “proyecto “FUBELT” La dirección del grupo fue asignada a Thomas Karamessines, subdirector de planificación de la CIA, al jefe de la división del hemisferio occidental, William Broe y al experimentado agente encubierto David Atlee Phillips. Se le garantizó un aporte de US$ 10 millones o más si fuese necesario. Las órdenes secretas, enviadas desde Washington a la oficina de la CIA en Santiago, fueron categóricas: “Propósito es evitar que Allende asuma el poder. Solución militar es el objetivo”... “Por orden del Presidente, ignorar las reglamentaciones internas, no debiendo informar al Comité de los 40, al departamento de Estado, ni a la Embajada de Santiago”.

De acuerdo a información desclasificada, el grupo a cargo de la operación encubierta de la CIA puso en marcha un plan de tres puntos para crear condiciones propicias a un golpe militar: “1.-Recolectar información de inteligencia sobre oficiales pro golpe. 2.-Crear un clima golpista a través de propaganda, desinformación y actividades terroristas que provoquen la percepción que la izquierda esté dando el pretexto para un golpe. 3.-Informar a esos oficiales que el gobierno de Estados Unidos les dará todo el apoyo para un golpe”.

La CIA, en la fase inicial del proyecto FUBELT, contaba sólo con dos agentes pagados dentro de las Fuerzas Armadas chilenas. Para suplir la deficiencia, la agencia reclutó los servicios del agregado militar de la embajada en Santiago, coronel Paul M. Wimert, que pertenecía a la “Defense Intelligence Agency”, dependiente del Pentágono, a fin de recolectar información sobre los uniformados. Wimert, el 29 de septiembre, recibió un mensaje secreto del teniente general Philpott, de la DIA, con la orden: “Trabajar estrechamente con el jefe de la CIA contactando y asesorando a los principales personajes militares que manifiesten alguna tendencia a desempeñar un papel decisivo en cualquier acción que eventualmente pudiese negarle la Presidencia a Allende. Desista, se repite, desista de informar sobre esto al embajador

La CIA comunicó a Wimert: “las altas autoridades en Washington te han autorizado a ofrecer apoyo material de todo tipo a las fuerzas armadas chilenas, en relación con cualquier esfuerzo que pudiesen llevar a cabo para impedir la elección de Allende el 24 de octubre, evitar que asumiera el poder el 4 de noviembre o derrocar su gobierno”. Según lo investigado por el periodista norteamericano James Whelan, a partir del 5 de octubre de 1970, “Wimert hizo contacto con grupos de conspiradores un total de 21 veces”. El jefe local de la CIA, Henry Hecksher, le pasó US$ 250.000, a Wimert, una verdadera fortuna en aquel tiempo. Según Wimert, el motivo de la entrega de esos recursos era: “para que gastáramos en algunos militares chilenos con los que podíamos contar para ayudar a liberarnos del general Schneider. Eso era la clave, liberarnos de Schneider”. Wimert entregó a Viaux US$ 20.000, el 13 de octubre de 1970 y otros US$ 30.000 el 20 de ese mes, prometiéndole además una póliza de seguro de vida por US$ 250.000. Camilo Valenzuela, recibió de parte de Wimert US$ 50.000 y armas destinadas a perpetrar el rapto del general René Schneider. El resto lo repartió entre los otros uniformados comprometidos en el complot para efectuar un golpe. Posteriormente, al fracasar la operación golpista, Wimert, a punta de pistola, obligó a Valenzuela a devolver el dinero recibido, según lo refiere el periodista Seymour Hersch.

Deliberadamente, el embajador Edward Korry fue excluido del conocimiento del complot para incentivar un golpe militar. No obstante, se utilizaron sus buenos contactos con los uniformados chilenos para que éstos impidieran la asunción de Allende a la Presidencia. El 7 de octubre de 1970, Korry recibió de la Casa Blanca el siguiente cable: “Ud. está autorizado para informarles discretamente a los militares chilenos a través de los canales accesibles, que si se hace un esfuerzo exitoso para bloquear el camino de Allende a la presidencia, reconsideraríamos los cortes que hasta ahora nos hemos visto obligados a realizar... e incrementar lo programado en la MAP (programa de asistencia militar) para las Fuerzas armadas chilenas... En caso de que cualquiera de los pasos de los militares provocara desorden civil, estaríamos preparados para entregar el apoyo militar que fuese requerido.”

El 6 de octubre, Korry supo extraoficialmente de la conspiración militar golpista por sus informantes y exigió a sus subordinados, Hecksher y Wimert a permanecer alejados de los altos mandos de las fuerzas armadas chilenas. Disgustado, le escribió a Kissinger: “He quedado anonadado al descubrir que existe connivencia (trozo borrado) conspiración golpista. .. Los militares no llevarán a cabo un golpe para colocar a Viaux en el poder. Tampoco existe un ambiente político que pudiera provocar una justificación moral al golpe... En suma, creo que cualquier intento nuestro por participar activamente apoyando el golpe, podría conducirnos a otro fracaso como el de Bahía Cochinos... Un golpe conjurado podría ser un desastre irremediable para los EEUU... Podría dañar gravemente los intereses estadounidenses en toda América Latina, si no más allá” Kissinger desdeñó las advertencias de Korry y, en la reunión del Comité 40 del mismo día 6 de octubre, dispuso la anulación de la orden de Korry que sus subordinados finalizaran su relación con los militares chilenos.

Avanzada la primera semana de octubre de 1970, todos los esfuerzos de los agentes norteamericanos habían resultado infructuosos. Un memorando, remitido a Washington, del Grupo Especial de la CIA en Chile, notificaba:. “Los altos niveles de las Fuerzas Armadas son incapaces de organizarse para bloquear a Allende. La tradición militar chilena de no intervención, la renuencia de Frei de manchar su imagen histórica, la postura firme del general Schneider y, más importante aún, la falta de liderazgo del gobierno y de los militares, trabajan en contra de un golpe militar”

La conducta de la CIA para hacer que Schneider desapareciera como obstáculo al golpe militar resultó errática y descoordinada. Inicialmente, se encargó el secuestro al general ® Roberto Viaux, accediendo a la proposición del Grupo Especial de la CIA, que comunicaba en un cable: “Nuestra atención debe fijarse en Viaux, quien parece ser el único líder dispuesto a bloquear a Allende”. Sin embargo, el embajador Korry tenía una opinión absolutamente contraria y comunicaba al Departamento de Estado que él estimaba que la ratificación de Allende era un hecho consumado y que cualquier esfuerzo encubierto para instigar un golpe podría ser contraproducente para lo política exterior de Estados Unidos y agregaba: “habría que estar loco para andar tratando con Viaux”. Como consecuencia de ese juicio tan crítico, el 15 de octubre, después de una reunión en la Casa Blanca, en que participaron Kissinger, el Secretario de Defensa, general Haig, Korry y Karamessines, se determinó quitarle el apoyo a Viaux, al menos por ese momento. Tanto Korry como Karamessines, al término de la sesión, se manifestaron pesimistas respecto a la posibilidad que la CIA pudiese impedir el acceso de Allende a la Presidencia. Kissinger informó telefónicamente a Nixon a las 17.58 horas de esa tarde que había cancelado el proyecto, ya que se corría el riesgo de que la conspiración de Viaux no tuviera éxito y, además, parecía poco probable que se impidiera que Allende asumiera el poder.

Sin embargo, el plan seguía su curso, al no darse a conocer la suspensión a los agentes de la CIA que maniobraban en Chile. Así, el 16 de octubre de 1970, Karamessines, de la oficina central de la CIA, remitió a Hecksher, jefe de la Agencia en Santiago, un télex, con instrucciones operativas. El documento, desclasificado el 2000, es elocuente sobre los propósitos de la CIA pese a los párrafos borrados y no deja en claro la contraorden que afirma haber dado Kissinger:

1.- La política del Track II, sus objetivos y acciones se analizaron al más alto nivel del USG (gobierno de USA) la tarde del 15 de octubre. Las conclusiones siguientes serán su guía operativa:

2.- La política firme y continuada es que Allende sea derrocado por un golpe. Sería muy preferible que esto ocurra antes del 24 de octubre, pero los esfuerzos en ese sentido proseguirán vigorosamente después de esa fecha. Tenemos que seguir generando una presión máxima hacia ese fin, utilizando todos los recursos adecuados. Es imperativo que estas acciones se realicen clandestinamente y en condiciones de seguridad para que el USG y la mano norteamericana permanezcan bien ocultos. Aunque esto nos impone un alto grado de selectividad al establecer contactos militares y nos dicta que dichos contactos deben hacerse de la manera más segura posible, no excluye los contactos como el descrito en Santiago 544, que fue un jugada magistral (esa comunicación no ha sido desclasificada, lo que no permite saber con quien se conectaron y con qué fin).

3.- Al cabo de un estudio sumamente minucioso, se decidió que un intento de golpe efectuado por Viaux solo, con las fuerzas que ahora dispone, fracasaría. Por tanto, sería contraproducente para nuestros objetivos de (borrado). Se decidió que la CIA curse un mensaje a Viaux previniéndole de una acción precipitada. Nuestro mensaje, en síntesis, debe decir: “Hemos revisado sus planes, y basándonos en nuestra información y la de ustedes, hemos llegado a la conclusión de que su plan de golpe en este momento no puede tener éxito. Su fracaso puede reducir sus posibilidades para el futuro. Preserve sus fuerzas. Estaremos en contacto. Llegará el momento en que usted junto a todos sus amigos puedan hacer algo. Seguirá contando con nuestro apoyo” Se le ruega que trasmita el mensaje a Viaux esencialmente en estos mismos términos. Nuestro objetivos son los siguientes: A) Informarle de nuestra opinión y disuadirle que actúe solo; B) Seguir animándolo para que amplíe su plan; C) Impulsarlo para que sume sus fuerzas con otros golpistas para actuar en conjunto antes o después del 24 de octubre (N.B. seis máscaras de gas y seis granadas de gas lacrimógeno están siendo enviadas a Santiago por correo especial (borrado) ETD Washington, a las 11 horas del 16 de octubre).

4.- Hay un gran y continuo interés por las actividades de Tirado, Canales, Valenzuela y otros, y les deseamos mucha suerte.

5.- Lo que antecede es su guía de actuación. Ninguna otra directriz política que pueda recibir de (borrado) o de su máximo representante en Santiago debe desviarle de su camino.

6.- Por favor, analice todas las actuales y posibles actividades para incluir propaganda, operaciones negras, labores de inteligencia o desinformación, contactos personales o cualquier otra acción que se le ocurra que le permita continuar presionando para conseguir nuestro objetivo (borrado) de manera segura”.

A Roberto Viaux la oficina de la CIA le comunicó el 17 de octubre: “Reserve sus fuerzas...hemos llegado a la conclusión de que en este minuto un golpe no puede tener éxito... Ya llegará el instante en que usted y todos sus amigos puedan hacer algo... Seguiremos apoyándolos. Nos mantendremos en contacto” Viaux respondió que de todas formas continuaría con sus planes, aseverando: “ el golpe está planeado para el 22 de octubre y el secuestro del general Schneider es el primer paso de la cadena”. Viaux, prosiguió sus tanteos de acercamiento con los altos mandos del Ejército, e incluso, intentó hacerlo con Prats y con el propio Schneider. Por su parte, Wimert había establecido contacto con el general Camilo Valenzuela, Comandante de la Guarnición de Santiago y, el 18 de octubre, le había proporcionado las armas que este le solicitó, atendido que las que habría podido utilizar estaban registradas a su nombre. Según Valenzuela, era necesario tomar esa precaución, pues se tenía planeado: “que los militares no iban a admitir su participación en el secuestro de Schneider; la culpa será puesta en sectores de izquierda”, según se lee en el cable número 566.El 18 de octubre, la central de la CIA remitió el siguiente cable: “1.- Dependiendo de cómo resulte la conversación con (borrado), en la tarde del 18 de octubre, es posible que usted quiera enviar un informe de Inteligencia (dos palabras borradas) de modo que podamos decidir si debemos falsearlo. 2.- Nuevo asunto: si (borrado) planea liderar el golpe, o involucrarse activa y públicamente, nos confunde el por qué podría molestarle si las metralletas puedan ser rastreadas hasta él. ¿Podemos razonar acerca de por qué las armas deben ser no registradas? Continuaremos haciendo un esfuerzo para proveerlos, pero ¿no debiera disminuir nuestra confianza por un oficial naval guiando sus tropas con armas no registradas? ¿Cuál es el propósito especial de estas armas? Nosotros enviaremos las armas (“grease guns”) pueda usted darnos o no una explicación. Esa misma tarde la central de la CIA mandó otro cable: “Subametralladoras y municiones están siendo enviadas por correo (borrado) regular, salen de Washington a las 07: 00 horas del 19 de octubre y deben llegar a Santiago a última hora de la tarde del 20 de octubre o a primera hora de la mañana del 21. Se prefiere utilizar el correo (borrado) regular para no llamar excesivamente la atención sobre la operación”. El día que recibió las armas, el general Camilo Valenzuela le manifestó al coronel Wimert: “que además de él, tres altos oficiales estaban preparados para llevar a cabo un golpe”.De acuerdo al cable secreto de la CIA del 19 de octubre de 1970, el plan de Valenzuela se iniciaría ese mismo día con el secuestro del general Schneider, quien luego sería trasladado en un avión a Argentina. Se proyectaba que los militares acusarían del plagio a la izquierda y allanarían las poblaciones bajo control comunista. Se reestructuraría el alto mando, colocando a los golpistas en posiciones claves del poder en el Ejército. El gabinete renunciaría permaneciendo en sus cargos sólo Zaldívar (Hacienda) y Figueroa (Economía). El Presidente Frei renunciaría y abandonaría el país. Sería instalada una Junta Militar, encabezada por el Almirante Hugo Tirado. Se designaría un gabinete compuesto sólo por uniformados. Se disolvería el Congreso (según Valenzuela, ésta sería la única acción inconstitucional realizada por los uniformados, de acuerdo al informe). El lunes 19 de octubre, el primer intento de secuestro del General en Jefe fracasó por ineptitud de los participantes. Se planeaba interceptar el automóvil de Schneider a la salida de una cena que el cuerpo de generales había organizado en su honor. Los frustrados secuestradores esperaron inútilmente al Mercedes Benz de la Comandancia en Jefe, en circunstancias que el general había hecho abandono del recinto en su vehículo particular. Se dice que el mismo día se proyectaba secuestrar a Prats, pero los perpetradores cometieron idéntico error.El 20 de octubre los confabulados, comandados por el general Valenzuela, planeaban interceptar al vehículo de Schneider después de su salida del Ministerio de Defensa, pero, debido a una congestión del tránsito, no lograron seguir al automóvil del general. Un cable de la CIA de ese día comentaba: “Como el grupo de Valenzuela tiene dificultades para ejecutar el primer paso del plan, las posibilidades de éxito de un golpe antes del 24 de octubre son remotas”Sin embargo, Viaux, contraviniendo el pedido de Washington que esperara sus instrucciones, cumplió su promesa. A las 08:18 horas del 22 de octubre, el Mercedes Benz de Schneider fue interceptado por cuatro automóviles, cuando se dirigía a su despacho. Uno de los conspiradores disparó su ametralladora, según confesaría más tarde, al ver que el general desenfundaba su pistola, causándole heridas que resultarían fatales. Fallecería tres días después en el Hospital Militar de Santiago.Un cable de la oficina de la CIA en Santiago, remitido a Virginia el mismo día del atentado, mostraba su desconcierto: “Se desconoce si el asesinato fue premeditado... De todas formas, es importante mantener en mente que el movimiento en contra de Schneider fue concebido y ejecutado por orden de oficiales de las Fuerzas Armadas. Sabemos que el general Valenzuela estaba involucrado. Tenemos razones para creer que el general Viaux estaba informado, pero no podemos aseverar o rechazar si la ejecución fue encargada a elementos vinculados con Viaux. Todo lo que podemos decir es que el intento contra Schneider de una última oportunidad a las Fuerzas Armadas para evitar que Allende asuma, si es que están dispuestas a seguir el escenario de Valenzuela”. Al día siguiente, otro cable decía “A sólo 24 horas de la decisión del Congreso, existe un clima golpista en Chile... El ataque a Schneider ha producido eventos que siguen de cerca el plan de Valenzuela. De modo que la posición de los golpistas ha salido fortalecida”El mismo día 23, el cuartel general de la CIA remitió una felicitación a la oficina de Santiago: “El esfuerzo máximo ha sido cumplido. Sólo los chilenos pueden orquestar un golpe exitoso, pero la oficina ha hecho un trabajo excelente guiándolos al punto en que una solución militar es al menos una opción. El Jefe de la Oficina y sus colaboradores deben ser felicitados por haber alcanzado sus objetivos bajo circunstancias muy difícilesLa realidad era muy distinta a la imaginada por la CIA. La noticia del atentado despertó profunda indignación en la mayoría de la ciudadanía y las Fuerzas Armadas no se rebelaron como esperaban los conspiradores. Ninguno de ellos pudo tomar las riendas del nuevo escenario abierto con la desaparición de Schneider. Nadie estuvo a la altura de las circunstancias y primó la fuerte tradición democrática de las FFAA de Chile. El general Prats, de sólido prestigio e indiscutible autoridad por sus sobresalientes dotes intelectuales y profesionales, asumió el control de la situación y ratificó, sin que cupieran dudas, la posición de Schneider de respeto a la Constitución y subordinación al poder civil. Para afianzar aún más la estabilidad interna dentro de las instituciones armadas y la seriedad de la investigación del mortal asalto en contra de su fallecido Jefe, Prats consiguió que su íntimo amigo, el general ® Emilio Cheyre, fuese designado Director del Servicio de Investigaciones. La investigación que realizó Cheyre, en conjunto con los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, reveló importantes implicados. Estaban comprometidos, fuera de Viaux y Valenzuela, nada menos que el Comandante en Jefe de la Armada, el Almirante Hugo Tirado, el general Director de Carabineros, Oscar Huerta y el general de la FACH, Joaquín García, segundo en el escalafón de su institución. Se tuvo fundadas sospechas que otros generales del Ejército en servicio activo, como el general Alfredo Canales, en ese momento Director de la Academia de Guerra, tanto como los jefes de las unidades de Concepción y Valdivia estaban comprometidos. No obstante, el Fiscal del proceso, el general Orlando Urbina, no logró precisar más uniformados reclutados por la CIA, ni tampoco la participación de ese organismo de Inteligencia norteamericano. La investigación se limitó al medio local, pues no se concebía que estuviera envuelto un país amigo en la planificación del homicidio del comandante en jefe del Ejército chileno.Entre los políticos de derecha presuntamente comprometidos estaba el senador de la Democracia Radical, Raúl Morales Adriasola, a quien se le solicitó su desafuero. La petición fue acogida por el juez instructor y la Corte de Apelaciones, con la aplastante votación de 14 a 1. Insólitamente fue denegada por la Corte Suprema, lo que generó una intensa y áspera polémica sobre la actuación de ese tribunal. Incluso, se debatió la posibilidad de presentar una acusación constitucional. Curiosamente, la DC salió en defensa de los magistrados y, en la revista Mensaje de abril de 1971, apareció publicada un elogio por la decisión adoptada por el máximo tribunal, firmado por Patricio Aylwin.Según un estudio que realizó la brigada Purén de la DINA, por instrucciones de Manuel Contreras, Jaime Guzmán participó activamente en el plan para evitar que Allende asumiera. El informe decía: “Si bien es cierto no estuvo cerca del general Viaux (por su repulsa por el nacionalismo), si participó activamente con sus grupos de fanáticos religiosos que estaban en el gremialismo de la FEUC, y que se reunían en el departamento de Guzmán, en la Iglesia El Bosque o en las sedes del Opus Dei... Guzmán tenía ordenada (después del secuestro del comandante Schneider), la toma de la Universidad Católica y del canal 13 de TV, que estaba preparada por grupos de choque encabezados por Juan Luis Bulnes Cerda” En mayo de 1994, William Colby, ex director de la CIA, en el programa El Mirador de TVN, confesaría sobre el atentado a Schneider: “Se pensó que si lo quitábamos del medio, no asesinándolo, sino que con un secuestro, el resto de los militares accedería a llevar a cabo un golpe contra el señor Allende. Pero lo que sucedió fue que el grupo que ayudamos con armas, porque eran dos grupos los que planeaban secuestrar al general Schneider, no participó en el asalto. Quien efectivamente lo realizó fue el otro grupo, con el que habíamos cortado relaciones porque eran muy irresponsables... La estrategia consistía en secuestrar por unos días al general Schneider, culpando del atentado a la izquierda, con el fin de cerrar las fisuras que existían en el Ejército y homogeneizar sus cuadros para encausar el golpe sin divisiones internas”Después de este fracaso, Nixon no cejó en sus esfuerzos, por el contrario, los redobló. Lograría sumir al país en ingobernabilidad, con desabastecimiento, paros del trasporte y de profesionales, extrema polarización política y el desplazamiento del general Prats. Con todo ello, sobrevendría el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, comenzando el período más aciago de la historia de Chile. Antes de ese día, Schneider era ensalzado como el paradigma de militar demócrata. Pinochet, después del golpe, procedió a indultar a los autores del asesinato y el apellido Schneider quedó poco menos que vedado mencionarlo en el Ejército. Solamente en marzo de 2002, en la ceremonia de cambio de mando, al asumir el general Cheyre, fueron invitados los familiares de Schneider y Prats, siendo reintegrados a la llamada “familia militar”.

elclarin.
*
*
*

Seminario hídrico para discutir escasez de agua en Copiapó-21-10-09

Seminario hídrico para discutir escasez de agua en Copiapó

Por Ricardo Ahumada / La Nación

El agua, fundamental para el desarrollo de diversos proyectos mineros en la Región de Atacama, es hoy el elemento más preciado en esa zona y por el cual la intendencia está poniendo todo el esfuerzo para asegurar su disponibilidad.

Con la idea de mostrar soluciones tecnológicas innovadoras y discutir sobre los mecanismos para lograr un uso eficiente y equitativo del agua, el gobierno regional de Atacama organizó para la próxima semana un seminario hídrico para buscar alternativas a la escasez que hoy mantiene en pausa varios proyectos económicos en la región.
El agua, fundamental para el desarrollo de diversos proyectos mineros en la Región de Atacama, es hoy el elemento más preciado en esa zona y por el cual la intendencia está poniendo todo el esfuerzo para asegurar su disponibilidad.

Según la intendenta de Copiapó, Viviana Ireland, esto se trata sólo del agua ocupada con fines productivos, sean mineros o agrícolas, pues los derechos actuales aseguran el recurso a lo menos para el consumo humano. No obstante a eso, Ireland dice que perfectamente algunas empresas podrían desalar agua para la población, dado que los proyectos se realizarían en los sectores más cercanos a la cordillera.

De hecho, hay un proyecto que ya está aprobado por la Corema de Atacama que incluye para su operación un mínimo de 50% de agua desalada, que podría aumentar tomando en cuenta el estado de la cuenca, hoy en serios problemas según los pronósticos.

“Hay un sobreotorgamiento de derechos, pero éstos no tienen un respaldo físico. Las empresas se tienen que comprometer con el futuro de la región y agregar agua a la cuenca. Han empezado a incorporarlo dentro de sus estructuras de costos y ya tenemos el primer proyecto aprobado (Cerro Negro), que ocupará agua desalada como parte de su operación”, explica Ireland.

INVERSIÓN PARA EL RIEGO

Además de los proyectos para llevar plantas desaladoras a Copiapó, hace unos días se aprobó un programa de inversiones en riego y drenaje por 12.106 millones de pesos, iniciativa que se desarrollará por 5 años para mejorar infraestructura para el riego y en obras que aseguren una eficiente gestión del recurso, además de regularizar los derechos de agua -otorgados en cuatro veces la capacidad promedio de la cuenca-, estudios y el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios y mesas de agua.

El próximo jueves 29 y viernes 30 de octubre se llevará a cabo en Copiapó una feria y seminario de Eficiencia Hídrica, organizado por el gobierno regional en conjunto con la Dirección General de Aguas (DGA), la Iniciativa Nacional de Eficiencia Hídrica (INEH) y la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt).

*
*
*

Violencia en la Araucanía vive su punto más álgido-21-10-09

Violencia en la Araucanía vive su punto más álgido

/ La Nación

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en tanto. se adjudicó incendiario ataque a dos camiones forestales, declaró la “guerra” al Estado y reinvindicó como “nación autónoma” el territorio al sur del río Biobío.

“Por la correlación de hechos podemos presumir que hay una persona lesionada o fallecida en el intercambio de disparos en un ataque contra carabineros”, sostuvo ayer el general jefe de la Novena Zona de la Araucanía, Eros Negrón, al confirmar que durante la madrugada de ayer se produjo un tiroteo entre desconocidos y efectivos policiales que realizaban un patrullaje en Lolenco, cerca de Angol.
Si bien el dirigente del Consejo de Todas Las Tierras, José Naín, confirmó la muerte del comunero señalando que éste pertenecería a la comunidad Huañaco Millao, hasta el cierre de esta edición, ninguna comunidad mapuche de la zona había ratificado el hecho. Es más, la información preliminar desde la Alianza Territorial Mapuche apuntaba a la existencia de un comunero “gravemente herido”, que no sería de Huañaco Millao y que sería trasladado a un hospital.
Según el reporte policial, el tiroteo se produjo en la madrugada del martes cuando un grupo de individuos disparó tiros de escopeta a una patrulla, ataque que fue respondido con disparos de revólver por parte de los efectivos policiales. Los individuos lograron escapar del sitio en el que se encontró gran cantidad de sangre e incluso un arma de fuego y un cuchillo.

LA CAM DECLARA LA “GUERRA”

En tanto, a través de un correo electrónico recibido por la Radio Biobío, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicó la quema de los dos camiones forestales ocurrida la noche del lunes en la carretera Angol-Collipulli, declarando en la misiva la “guerra” al Estado chileno.

Junto con “repudiar los hechos de violencia contra el pueblo mapuche”, la CAM sostiene “que no ha existido ninguna señal del gobierno de poner fin a las fuerzas represivas”, por lo que renuncian a la nacionalidad y declaran como “nación autónoma mapuche” el territorio al sur del río Biobío.

“Damos por terminado todo diálogo con la República de Chile y le declaramos la guerra, desde hoy en adelante”, señala el e-mail en el que llamaron a todas las comunidades a “lograr la expulsión completa a todos aquellos objetivos que operan en nuestra nación mapuche”.

La información fue conocida en instantes en que el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, era consultado en La Moneda acerca de los nuevos ataques incendiarios ocurridos un día después de formalizados cinco comuneros por Ley Antiterrorista, y por la rearticulación de la CAM.

El jefe de gabinete mencionó que si bien la cúpula de la CAM está encarcelada, sostuvo que la organización “no está ni articulada ni desarticulada”, enfatizando además que se trabaja en la detención de sus miembros.

El secretario de Estado atribuyó la quema de camiones “un pequeño grupo que se ha activado mucho más y que está actuando en forma ya casi desesperada y que quiere interrumpir este proceso (de diálogo). Eso no lo vamos a permitir”, dijo.

Ante el actual escenario en la Araucanía, Pérez Yoma advirtió que si se logra “determinar que hay comunidades que estén protegiendo a delincuentes, esas comunidades no tendrán ninguna posibilidad de tener conversaciones con la autoridad para posibles entregas de tierras”.

Dan de baja a policía por golpiza a mapuche

El general jefe de Zona de la Araucanía, Eros Negrón, confirmó que fue dado de baja el carabinero que en imágenes de TV aparece dando brutales patadas en la cara al comunero Carlos Curiñao, mientras éste era trasladado el viernes por otros efectivos fuera de una comisaría.

El comunero había acudido a la comisaría junto a su padre, el lonco Juan Carlos Curiñao, a preguntar por la detención de, entre otros, uno de los líderes de la comunidad de Temucuicui, Juan Catrillanca, tras los allanamientos del pasado fin de semana.

“Apenas entramos a la comisaría para preguntar por el lonco Catrillanca me agarraron entre muchos de estos salvajes y me golpearon. A él (Carlos), por intentar defenderme, lo agarraron, lo llevaron afuera y le siguieron pegando. Lo dejaron con contusiones y con un diente suelto”, relató el lonco de la comunidad Huañaco Millao.

lanación.
**************

Imágenes revelan violenta detención de Carabineros a comunero mapuche

Actualizado 19-Oct-2009

Pese a estar reducido por un piquete de Carabineros, Carlos Curiñao recibió golpes de pies y puños, en Ercilla.

El viernes pasado se llevó a cabo el proceso de detención de Carlos Curiñao, quien junto a otros mapuches se encontraba en las afueras de la comisaría de Ercilla, según él, preguntando por los otros detenidos en los allanamientos de jueves y viernes.

Carlos es hijo del lonko Juan Curiñao, líder de la comunidad Acuñaco Mellado. Él habría sido detenido, según versiones extraoficiales, por agredir a un carabinero.
“Nosotros fuimos a la comisaría a pedir alguna explicación de dónde lo iban a trasladar, pero nos recibieron con golpes, patadas, puñetes en la cabeza, patadas en la cabeza”, relató Carlos Curiñao.

Tras ser liberado constató lesiones en el hospital de Ercilla y ahora denunciará estos hechos a la justicia y organismos de defensa de derechos humanos.

Así lo anunció su padre, Juan Curiñao, quien aseguró que “nosotros vamos a denunciar a nivel nacional e internacional todo lo que está ocurriendo aquí en nuestra región, con nuestros hermanos mapuches”.

Esta es una de las acciones que reflejan el clima de tensión en La Araucanía. Aún no existe una versión oficial de la Carabineros.

http://tele13.canal13.cl/noticias/regiones/8634.htm

*
*
*

La amnistía uruguaya en la picota- REVOCAR LA LEY DE CADUCIDAD-21-10-09

La amnistía uruguaya en la picota

La campaña para revocar la Ley de Caducidad culminó con una marcha por el centro de Montevideo

COPAN EL CENTRO DE MONTEVIDEO PARA REVOCAR LA LEY DE CADUCIDAD

Marcha contra la impunidad

Pérez Esquivel entre decenas de miles de uruguayos en el centro de Montevideo, por el fin de la impunidad.
Imagen: AFP

El próximo domingo, junto a las presidenciales, los uruguayos tendrán que decidir si revocan o no la ley de impunidad a través de un referéndum. Ayer cerró la campaña del “Sí” en la capital uruguaya con un acto multitudinario.

La campaña para revocar la Ley de Caducidad llegó ayer a su fin en Uruguay con una marcha que copó el centro de Montevideo. Tan sólo un día después de que la Corte Suprema de ese país fallara la inconstitucionalidad de la norma que impidió juzgar a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973–1985), unas treinta mil personas se movilizaron desde la Plaza Cagancha, en el kilómetro cero de la capital, hasta el Obelisco, bajo la consigna “El último 20 con Ley de Impunidad”. “Se está cerrando un ciclo en el que todos los poderes del Estado están dictaminando que la Ley de Caducidad es inconstitucional”, aseguró ayer Luis Puig, secretario de Derechos Humanos de la central obrera PIT-CNT, una de las principales impulsoras del referéndum.

Es que el tiempo apremia. El próximo domingo, junto a las presidenciales, los uruguayos tendrán que decidir si revocan o no la ley de impunidad a través de un referéndum. El fallo de la Corte, divulgado en la misma semana de las elecciones, se aplica sólo al caso analizado. Abrir la puerta a todos los posibles juicios sería un proceso más largo que ganar la consulta.

Ayer, en la marcha, el color rosado que identifica a la papeleta del “Sí” se hizo visible a lo largo de dos kilómetros en el centro de la ciudad. El Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel; la nieta del escritor Juan Gelman e hija de desaparecidos, Macarena Gelman, y el escritor uruguayo Eduardo Galeano, entre otros, dijeron presente. Sin embargo, para que la ley sea revocada, hace falta la mitad más uno de los votos. Según las últimas encuestas, el “Sí” sólo llega al 47 por ciento, con casi un 12 por ciento de electores indecisos.

Por eso, ayer, la asociación Hijos de Uruguay pasó a la ofensiva y se lanzó de lleno a convencer a la ciudadanía para que vote por el “Sí”. “Una oportunidad única para evitar futuras violaciones a los derechos humanos por parte del Estado” fue el título de la convocatoria. Los pedidos de los hijos de detenidos desaparecidos fueron contundentes.

Macarena Gelman instó a la sociedad uruguaya a ponerse en el lugar de las víctimas. “Si no entendemos que lo que nos pasó nos pasó a todos, por lo menos habría que ponerse en el lugar de a quienes nos pasó”, reclamó. Y, acto seguido, valoró la decisión de la Corte al tiempo que instó a ir por más. “El fallo es un punto de partida y un antecedente más que importante en un momento en que todas las partes del Estado están en consonancia en relación con este tema. Pero más allá de la declaración de inconstitucionalidad, es fundamental la expresión del pueblo uruguayo a favor de anular la ley”, agregó.

Victoria Julien, otra integrante de la asociación, remarcó el significado histórico de derogar la norma. “Anular esta ley tiene que ver con la solidaridad, es una oportunidad para reivindicar a nuestros padres y a la sociedad”, afirmó la militante. “Sería un cambio cultural enorme en el país”, insistió.

Amaral García, finalmente, lanzó su pedido señalando que es tiempo de que se haga justicia. “Yo estoy harto de que haya sucedido esto hace tantos años y todavía no haya justicia. Terminar con esta norma nos involucra a todos, pese a que algunos hayan sido las víctimas más directas de la represión que otros”, enfatizó. “La anulación de la ley permitirá a los violadores de los derechos humanos dar su testimonio ante la Justicia. No estoy diciendo revancha ni conmutación de pena, digo que tienen derecho a pedir disculpas”, explicó el miembro de Hijos.

La Ley de Caducidad fue promulgada en 1986 y ratificada por un plebiscito en 1989. El fallo de la Corte del día lunes fue el primero en la historia del país en declarar su inconstitucionalidad. Los jueces, para dictar su decisión, tomaron el caso de Nibia Sabalsagaray, militante comunista secuestrada y torturada hasta la muerte en 1974.

pagina12.


***************

DDHH: 3 procesados por secuestro de uruguayos en 1973

Martes 20 de octubre de 2009 Actualizada 15:45 País

El ministro Joaquín Billard dictó sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva para 3 personas acusadas de participar en el secuestro de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, vistos por última vez en septiembre de 1973, en San José de Maipo.

Tras analizar los antecedentes del proceso, el magistrado asumió que existen presunciones fundadas de la participación de Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Vargas Avendaño en el delito.

En su resolución se indica que "se encuentra justificado en autos que a fines del mes de septiembre de 1973, personal de la Subcomisaría de Carabineros de San José de Maipo detuvo al interior de una mina abandonada del sector cordillerano de dicha comuna, a cuatro ciudadanos de nacionalidad uruguaya, dos mujeres y dos hombres, los que fueron llevados hasta la citada unidad policial y luego trasladados por el personal policial hasta el Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto".

Añade que "horas más tarde, fueron detenidos otros dos ciudadanos uruguayos, los que pertenecían al mismo grupo anterior y quienes habían salido a hacer un reconocimiento de terreno para huir hacia Argentina por algún paso cordillerano, quienes también fueron ingresados a la unidad militar antes señalada, lugar en donde fueron sometidos a interrogatorios y torturas junto a sus coterráneos". A reglón seguido se indica que "luego de estar un tiempo indeterminado en dicho lugar fueron subidos a un bus que supuestamente los trasladaría hasta el Estadio Nacional, sin embargo, un funcionario del Ejército ordenó que tres de estos ciudadanos fueran bajados del vehículo, desconociendo su actual paradero", dice el fallo..

Los nuevos reos fueron trasladados hasta el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde permanecerán recluidos provisionalmente.

la nación.
*
*
*