Al firmar compromiso con los derechos humanos
"A diferencia de otros, cuando sea presidente esta organización será recibida de forma prioritaria. Nunca le será negada una audiencia a la AFDD como lo fue en el pasado”,dijo el candidato independiente al recordar que durante su administración el ex mandatario no le dio espacio en su agenda a una reunión con la fallecida ex presidenta de la agrupación, Sola Sierra.
Por El Mostrador
A un simbólico encuentro organizado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) asistió este miércoles el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami, quien fue invitado a firmar el documento denominado "Bicentenario con más verdad y más justicia", que la entidad promueve con la finalidad de que los aspirantes a La Moneda sellen su compromiso con los derechos inalienables de las personas.
En la oportunidad y tras rubricar el documento, el candidato independiente recordó a su familia desaparecida y torturada bajo dictadura, expresando que "el compromiso con los Derechos Humanos tiene que ver tanto con la historia como con el futuro", añadiendo que "me hago parte de este texto y lo firmo con orgullo y en nombre de todos los familiares que tanto ustedes como yo hemos perdido".
Enríquez-Ominami no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, quien también fue invitado a suscribir el documento, recordando que durante su gobierno (1996-2000) nunca le dio una audiencia en la sede del Eejcutivo a la AFDD, presidida en ese entonces por la fallecida dirigenta Sola Sierra.
“A diferencia de otros yo nunca he coqueteado con una dictadura y en mi gobierno no habrá espacio para coquetear con una dictadura" y enfatizó que "a diferencia de otros, cuando sea presidente esta organización será recibida de forma prioritaria. Nunca le será negada una audiencia a la AFDD como lo fue en el pasado”, insistiendo en que "yo sigo preguntándome qué pasó durante seis años cuando un hombre no quiso recibir a la presidenta de la agrupación”.
Y también le enrostró a Frei el haber donado sus joyas al régimen militar de Augusto Pinochet, para la denominada "reconsrucción nacional" en la misma época en que familiares suyos eran perseguidos por organismos represivos.
“Él concurrió a La Moneda en los mismos días en que torturaban a mis tíos para entregar el sueldo de su empresa para recuperar, según él, una democracia con Pinochet”, señaló.
Marco Enríquez sostuvo que en su eventual gobierno los derechos humanos estarán en el centro del debate y expresó que desea sacar adelante la"derogación del decreto ley de Amnistía.
Invitación abierta
Por su parte, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, destacó que si bien todos los candidatos fueron invitados, sólo llegaron a la cita el diputado ex PS y el candidato presidencial del Partido Comunista, Jorge Arrate.
La dirigenta calificó sin embargo como un "error político" la ausencia de Frei, cuyo comando habría objetado algunos aspectos del documento relativos al conflicto en la Araucanía.
"Nosotros lamentamos su ausencia y que no asuman un compromiso con la vida y la justicia. Hasta ayer (martes), él estaba viniendo a este encuentro pero su comando señaló discrepancias con los puntos del compromiso vinculados a la situación de criminalización y ocupación del territorio mapuche”, precisó.
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En la oportunidad y tras rubricar el documento, el candidato independiente recordó a su familia desaparecida y torturada bajo dictadura, expresando que “el compromiso con los Derechos Humanos tiene que ver tanto con la historia como con el futuro”, añadiendo que “me hago parte de este texto y lo firmo con orgullo y en nombre de todos los familiares que tanto ustedes como yo hemos perdido”.
Enríquez-Ominami agregó que “a través de este gesto quiero convocar a todos los que me apoyan a que hagamos un compromiso que será prioritario en mi gobierno, que será volver a poner en el centro del debate a los DD.HH, pero desde la perspectiva de nuestra historia, de nuestro presente y futuro”, puntualizando que “como presidente de Chile espero ser quien lleve adelante la derogación de la Ley de Amnistía”.
El postulante a La Moneda aprovechó la ocasión para hacer una invitación a toda la clase política y postulantes a cargos de elección popular a que suscriban el documento, enfatizando que “los países se deben construir a partir del respeto irrestricto de los DD.HH. y espero que todos los candidatos concuerden conmigo en esta premisa”, a lo cual añadió que “este documento debe ser el pacto, el umbral, el piso mínimo que cualquier político debe firmar si quiere conquistar la confianza de los chilenos “.
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Elecciones, derechos humanos y memoria histórica
Al calor de las jornadas eleccionaria que se comienza a vivir en Chile, solo Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami suscribieron compromiso con la defensa y respeto de los derechos humanos en Chile.
Eduardo Andrade Bone 30-10-2009 a las 13:28
www.kaosenlared.net/noticia/elecciones-derechos-humanos-memoria-historica
La problemática de respeto a los derechos humanos en Chile, a pesar del término de la dictadura de Pinochet, continúa siendo una tarea pendiente del Estado chileno y de quienes han gobernado el país durante ya casi 20 años, en este periodo llamado de post dictadura o de transición accidentada y no terminada.
En este sentido son innumerables los llamados de atención de diversos organismos internacionales relacionados con el tema y del propio Consejo de DD.HH de la ONU, sobre la violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos originarios chilenos, de la situación denigrante existente en las cárceles chilenas, de papel jugado por los Tribunales de Justicia en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet y el castigo a los represores militares y civiles involucrados en crímenes de lesa humanidad.
Por ejemplo en septiembre pasado el gobierno chileno tuvo el desparpajo y la inmoralidad de no reconocer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la aplicación de la ley antiterrorista de forma abusiva ante el conflicto que se vive con las comunidades mapuches que luchan por sus reivindicaciones y derechos ancestrales. Y esto no solo tiene que ver con la militarización y la brutal represión que se lleva a cabo con la lucha de los pueblos originarios chilenos, también tiene que ver con el despojo de sus tierras por la clase económicamente dominante a través de estos casi 200 años de “vida republicana”, y en donde también esta inserta la memoria histórica.
Con respecto a los hechos de violencia que se ha estado produciendo en la región de la Araucaníael abogado del Observatorio Ciudadano, José Aylwin afirmo que” el Estado, a través de sus efectivos policiales militares, está vulnerando los derechos humanos y está ejerciendo violencia que está afectando a inocentes como son los niños, tal como lo ha denunciado la propia Unicef", señalo el abogado a los medios de prensa nacionales. Luego agrego…"aquí se produce una estigmatización y se da cuenta de una situación de violencia, pero el Estado que es el garante del bien común y los funcionarios policiales que deben hacer respetar los derechos humanos, están generando un espiral de violencia que no corresponde a un Estado de Derecho", enfatizo.
Si bien es cierto que la presidenta Bachelet ha desplegado algunos pocos esfuerzos para que a la luz de la historia esclarecer esta materia y avanzar en la creación del Instituto de Derechos Humanos y del Museo de la Memoria, más aun cuando se trata de una persona que vivió en carne propia las violaciones de esos derechos. No es menos cierto que las intenciones de la primera mandataria, se han realizado al margen de lo que piensan los propios organismos de derechos humanos chilenos y de las organizaciones de los familiares que fueron víctimas de los aparatos represivos y de muerte del régimen militar.
Pero no solo eso, la creación del mentado instituto tampoco obedece a las directrices centrales que emanan de los organismos de las Naciones Unidas, ni de las organizaciones internacionales que observan y salvaguardan la situación de los derechos humanos en el mundo.
En este plano en el parlamento de la nación, las posiciones están encontradas y no existe un acuerdo por legislar de forma satisfactoria sobre esta materia, ello debido a que un sector del conglomerado de gobierno es partidario de borrón y cuenta nueva, dando paso a sí a la más absoluta impunidad, cuestión en la cual cuentan con el apoyo de los parlamentarios del pinochetismo, representados por la Alianza por Chile, dañando gravemente la memoria histórica reciente del país.
Parlamentarios, autoridades de gobiernos y líderes políticos de la Concertación, de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), han manifestado en reiteradas ocasiones de que los hechos del pasado deben ser superados y no se debe seguir escarbando sobre ellos. En este sentido el pinochetismo y los que defienden su legado político, con la complicidad de algunos sectores de la Concertación buscan borrar todo vestigio o recuerdo de lo que fueron los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 y sus consecuencias posteriores en el plano de la violación sistemática de los derechos humanos, producidos por la dictadura militar encabezada por el dictador Pinochet y sus esbirros.
En el plan de la justicia si bien es cierto que se han dado algunos pocos pasos, aún se esta muy lejos de dar paso a la justicia y el esclarecimiento de la verdad histórica de forma integral. Algunos militares han sido procesados por estar involucrados en crímenes de lesa humanidad. Sin embargo los militares que han sido condenados han tenido tratos especiales y han pasado a cumplir sus penas en cárceles de lujos, con privilegios que no tienen los reos de una cárcel común y corriente y que fueron construidas especialmente para tales efectos, las cuales son custodiadas por personal militar, violando así la igualdad de derechos ante la ley.
Pero en materia de derechos humanos y en relación a las fiestas del Bicentenario a vivirse el próximo año en el país del cono sur, los sectores mas conservadores y reaccionarios de la Iglesia Católica chilena, junto a la complicidad encubierta de la casta política que no quiere saber nada de derechos humanos en Chile, andan tras la búsqueda de lo que han llamado el “indulto presidencial” para los militares fascistas que cometieron crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura militar.
Finalmente y a propósito de las elecciones presidenciales y parlamentarias a realizarse en diciembre próximo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, curso una invitación a los candidatos presidenciales para que suscribieran un compromiso por el respeto pleno a los derechos humanos.
Entre los aspectos que contempla el documento está la anulación de la Ley de Amnistía de 1978, terminar con la Ley de Secreto que impide conocer el nombre de los torturadores de la dictadura y el envío al Congreso de una iniciativa que tipifique la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad, entre otras materias.
La dirigenta de la AFDD, Mireya García, sostuvo que el documento "integra temas nuevos y contingentes, como la criminalización de la protesta social" comparado con el acuerdo al que se comprometió Michelle Bachelet en el 2005 y que no ha vuelto a ratificar.
Sólo Jorge Arrate candidato presidencial de la izquierda, representando al Junto Podemos Más-Frente Amplio y Marco Enríquez-Ominami representando a los “progresistas liberales” suscribieron un compromiso con la defensa de los derechos humanos durante su eventual gobierno ante la AFDD.
De acuerdo a declaraciones vertidas por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro a medios de prensa nacionales, el abanderado presidencial de la Concertación, el ex presidente, senador y empresario encubierto, que proviene de las filas de la Democracia “Cristiana”, no concurrió porque discrepa con eliminar la criminalización de las demandas indígenas y desmilitarizar la zona del conflicto mapuche. Ahora de acuerdo a otras versiones de prensa se destaca que Eduardo Frei siempre ha sido partidario de la aplicación de leyes de punto final, dando por superada la situación de las violaciones sistemáticas cometidas bajo el régimen militar.
Ahora el candidato que representa a los grandes empresarios y el legado político y económico de la dictadura pinochetista, el especulador financiero y empresario Sebastián Piñera, se escudo de participar en el encuentro por una "presunta descoordinación" para estar presente.
Lo cierto es que ambos candidatos, Frei (Concertación) y Piñera (pinochetismo), siempre han expresado una falta real de compromiso con los derechos humanos, la memoria histórica y las negociaciones que se han realizado en el parlamento para aprobar la creación del Instituto de Derechos Humanos.
Lorena Pizarro finalmente recordó que la lucha por la defensa de los DDHH es "sin claudicaciones", por lo que instaron a los abanderados presidenciales a "firmar con seriedad para que quien llegue a La Moneda lo cumpla, no solo por los familiares, sino porque Chile lo necesita".
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Por Marcos Rodríguez González, Prensa ARI.
Foto: Los candidatos presidenciales, Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami concurrieron a firmar el Compromiso Presidencial de DD.HH
El Mapocho, viernes 30 de Octubre de 2009
Se invito a los cuatro candidatos presidenciales de Chile, Señor Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Frei y Sebastián Piñera ; éstos 2 últimos no llegaron a firmar el compromiso con los Derechos Humanos en la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos.
A continuación en extenso Justicia nada más pero nada menos da a conocer el compromiso de acuerdo.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura militar son un tema que aun transversa liza a la sociedad chilena. Nuestro país conoció de políticas de terrorismo de Estado, traducidas en exilio, tortura, allanamientos masivos de poblaciones, ejecuciones, exoneraciones, relegaciones, prisión política y una de la más brutal de esas violaciones, la detención con desaparición forzada, que afecto a nuestros familiares, crimen en el cual se sintetizan todas las violaciones a los derechos de una persona.
Durante los 17 años de la dictadura en que primaba la cultura de la muerte, los familiares nos organizamos y denunciamos en Chile y en el mundo las violaciones a los derechos humanos que se cometían. Se nos dijo que los nuestros no existían, se les califico de” presuntos desaparecidos”, pero la fuerza de la verdad se fue imponiendo irrefutablemente.
Gracias a la lucha del pueblo, en 1990 logramos iniciar un proceso que aún no concluye en un sistema de democracia plena. Las demandas por Verdad, justicia, Memoria y Reparación se han mantenido vigentes.
Ad portas de un nuevo proceso electoral, donde compiten cuatro candidatos, queremos demandar de ellos un COMPROMISO consistente con los DERECHOS HUMANOS, los que se violaron en dictadura; les emplazamos a incorporar en sus respectivos Programas de Gobierno medidas y políticas conducentes al respeto irrestricto de los derechos de las personas.
Por tanto queremos que se comprometa a:
1.- Anular los efectos del Decreto Ley 2.191 de Amnistía de 1978.
2.- Apoyar el Proyecto de ley que interpreta los artículos 93 y 103 del Código de Procedimiento Penal en materia de prescripción y media prescripción de la acción penal en el caso de delitos especialmente sancionados por Derecho Internacional Humanitario.
3.- Enviar un Proyecto de ley que tipifique la Desaparición Forzada de Personas como Crimen Contra la Humanidad.
4.- Ratificar las Convenciones sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
5.- Que el Estado de Chile ratifique la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crimines de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas.
6.- Que en materia civil el Ejecutivo adopte las indicaciones de Naciones Unidas en relación con las indemnizaciones, donde señala: “ ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencias de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario”, poniendo fin al accionar del Consejo de Defensa del Estado contrario al derecho asiste a las victimas y sus familiares a ser reparados.
7.- Aseguras el financiamiento y continuidad de las investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos radicadas en el antiguo sistema procesal, aumentando el número de jueces, sus funcionarios e infraestructura y asegurando la participación de los órganos auxiliares de la justicia.
8.- Enviar un Proyecto de Ley que permita terminar con la Ley del Secreto que impide el conocimiento de las identidades de agentes del Estado que actuaron como torturadores, como se desprende del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que contempla cincuenta años de reserva de sus nombres.
9.- Adoptar las medidas necesarias que permitan adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de tal manera que cuando el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio.
10.-Mantener la voluntad política y proveer los recursos necesarios para continuar con la acreditación del Servicio Médico Legal.
11.-Reforzar las políticas de recuperación de la Memoria Histórica, en sus diversas formas y ámbitos, creando un fondo que permita mantener lo existente así como la implementación de nuevas iniciativas tendientes a su desarrollo.
12.-Integrar en todos los niveles de la educación formal la asignatura de Derechos Humanos.
13.-Comprometer recursos para que el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) tenga un estatus que le permita cumplir eficazmente con las demandas de los usuarios, familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos, que en la práctica no ha sido implementado en forma eficiente, tanto en el área de Salud Mental como de Salud Física.
Sin lugar a dudas, cualquier iniciativa tendiente a solucionar las violaciones a los derechos humanos del pasado, se verán frustradas si no son resueltos los escollos del presente que impiden que el respeto a la persona humana y su dignidad sean los que en definitiva nos rijan, para ellos es imprescindible asumir un contundente compromiso de su parte, expresado en :
A.- Impulsar un efectivo cambio de la Constitución política, acorde a la realidad actual, instalando un debate serio acerca de la necesidad de una nueva Carta Fundamental que termine con la heredada de la dictadura.
B.- Finalizar con la criminalización de las demandas indígenas, desmilitarizando las zonas ocupadas y empezar el proceso de restitución de tierras ancestrales tal y como señaló a Chile el Relator Especial de Naciones Unidas para este caso.
C.-Suspender la tramitación legislativa del Proyecto de Ley de Criminalización de la movilización social y eventualmente si este continuare, enviar un veto supresivo de todas aquellas disposiciones que atenten contra los derechos y las libertades públicas.
D.-Terminar con la Ley Antiterrorista 18.314 dictada por Pinochet, en que la amplitud del término permite sea aplicada a cualquiera por el solo hecho de ejercer acciones de protesta y movilización.
Finalmente le invitamos a asumir un firme compromiso por parte del Estado de Chile del cual usted será el representante, a respetar los derechos consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en todos aquellos que el devenir del tiempo ha institucionalizado en las sociedades democráticas.
Instamos a que en su Gobierno, sea usted el primer ciudadano dispuesto a sustentar este Compromiso, así como también los que devengan de las obligaciones contraídas por Chile en el ámbito Internacional, tal como dar respuesta adecuada a las recomendaciones surgidas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que obliga a :
- Ratificar los Tratados Internacionales pendientes
- Abordar una Institucionalidad en Derechos Humanos
- Terminar con la jurisdicción militar en el juzgamiento a civiles
- Garantizar la administración de justicia en general
- Terminar con los abusos policiales y el uso desproporcionado de la fuerza
- Terminar con la condición de vulnerabilidad de amplios sectores de la población ( mujeres, niños, minorías sexuales, privados de libertad e inmigrantes).
Concretar para tales efectos el compromiso asumido por Chile de crear u mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que se hicieron, integrando a organizaciones de la sociedad civil y los tres poderes del Estado.
Igualmente deben considerarse en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas la incorporación de las Agrupaciones de familiares y de los organismos de Derechos Humanos.
28 de Octubre 2009
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