lunes, 1 de diciembre de 2008

ENTREVISTA A ANTONIO GOMEZ, EL FISCAL QUE PROCESO AL VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MINERA 01-12-08


ENTREVISTA A ANTONIO GOMEZ, EL FISCAL QUE PROCESO AL VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MINERA


El fiscal que denuncia a La Alumbrera

El fiscal Gómez sostiene que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto.

Halló pruebas para procesar al vicepresidente de la compañía por violación a la ley penal ambiental. Denuncia que buscan destituirlo.

Por Darío Aranda

Minera Alumbrera es el símbolo de la minería metalífera a gran escala de la Argentina. Ubicada en Catamarca, hace trece años que extrae oro y cobre, explota 340 toneladas de roca por día y utiliza 4 millones de litros de agua por hora en zona desértica. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que reúne a cien pueblos en lucha, la exhibe como el ejemplo del fiasco minero, desmiente todas las promesas de las compañías: no generó desarrollo local, no aportó riqueza al país y, por sobre todo, afirman que contaminó el medio ambiente. Luego de filtraciones en el dique de colas –una olla de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad, que hace de basurero químico—, cuatro derrames e innumerables denuncias, el vicepresidente de la compañía fue procesado por el presunto delito de contaminación. Es el primer caso en Latinoamérica en el que un ejecutivo minero llega a esa instancia judicial. Las organizaciones sociales festejaron la medida y el sector empresarial se declaró en alerta. El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, fue el impulsor de la investigación y aportó las pruebas más comprometedoras. Asegura que la industria minera contamina, al igual que las pasteras y el monocultivo de soja. Afirma que detrás de cada hecho de contaminación hay un funcionario corrupto y reconoce que no hay condenas porque reina la impunidad. Gómez, que es jefe de fiscales federales, también denuncia una avanzada judicial que puede terminar con su destitución.

–¿Cómo comienza la causa Alumbrera?

–Nace con el antecedente de denuncias de comunidades de Catamarca y Tucumán. Y a poco de comenzar a investigar detectamos que Minera Alumbrera presentaba serios problemas de contaminación. Con Gendarmería Nacional comenzamos a hacer las primeras pericias y comprobamos que el canal DP2, donde Alumbrera descarga desechos, en Tucumán, tiene índices de contaminación muy elevados. Esa investigación preliminar concluye en dos partes: por el hecho de contrabando, que se requiere instrucción en Rosario, y la contaminación ambiental. Soy fiscal de Cámara, así que entrego esa información al fiscal de primera instancia. Este requiere instrucción, pide la declaración indagatoria de Julián Rooney (vicepresidente de Alumbrera).

–¿Qué pruebas permiten el procesamiento?

–Hay pruebas de contaminación hasta en los informes de impacto ambiental de la propia empresa. A confesión de partes, relevo de pruebas. Esos informes aceptan, literalmente, la contaminación por encima de los niveles permitidos por la Ley 24.051, que es nuestra ley penal ambiental. El informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en su página web, reconocía la contaminación y es otra prueba. Los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, con datos de altos índices de contaminación. Y la pericia que hicimos con Gendarmería muestra gran cantidad de metales en el ambiente.

–¿Cuál podría ser la condena de Rooney?

–La Cámara Federal diferencia el delito doloso y el culposo, y le imputa a Rooney el delito doloso de contaminar el ambiente, sostiene que lo hace intencionalmente, que no se trata de una cuestión negligente. Le puede corresponder un mínimo de tres años de prisión. El máximo depende de las víctimas y la lesión que se haya realizado al medio ambiente. Por ejemplo, si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más.

–En el caso de Alumbrera, ¿quién sería el funcionario responsable?

–Hay que remarcar que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto. En el caso Alumbrera he pedido la imputación directa del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Estoy seguro de que Mayoral sabía de la contaminación de Alumbrera.

–Minería, pasteras y monocultivo de soja. ¿Qué observa en común?

–Minería, pasteras y soja tienen en común que son impunes y que lucran con la salud pública. Y esto es un tema central de control. En este país, según Transparencia Internacional, es muy alta la impunidad. Y la corrupción es en función de la impunidad. Un dato: de 2000 a la fecha, hubo 1254 causas en el interior del país por delitos ambientales. En sólo cinco hubo condenas. Es una muestra de la impunidad.

–¿Fallan los organismos de control o es una política de complicidad para contaminar?

–En algunas áreas es una política de complicidad, con impunidad estructural y personal. Creo que la corrupción es transversal. Atraviesa toda la dirigencia, todas las capas. El poder económico viene a la Argentina a contaminar porque aquí le hemos facilitado las cosas. La minería es un caso emblemático. Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesaría explotar el negocio. Con las papeleras e ingenios sucede lo mismo.

–¿Qué opina del uso de agrotóxicos como el glifosato?

–Cuando cae a la tierra, provoca un grave caso de contaminación ambiental. No podemos rociar indiscriminadamente: cuando toca la tierra o el agua, es muy grave.

–El último año se fumigó con 165 millones de litros de glifosato. ¿Por qué no hay causas?

–Porque no hay fiscales preocupados en cuestiones ambientales y porque no hay jueces preocupados.

–¿Por qué en el caso del glifosato se pide que haya pruebas que demuestren el daño?

–Porque son ignorantes o cómplices. En esos casos debiera aplicarse la figura de delito de peligro. El delito de peligro clásico es el narcotráfico. Porque se captura la droga antes que haga daño. Con la droga se pone en peligro a la comunidad. Los delitos de contaminación son contra la salud pública de la misma manera que el narcotráfico. Y es un delito de peligro, se lo tiene que detener antes que haga daño a la comunidad. No se puede esperar, como ha dicho algún fiscal, una víctima y comprobar el nexo causal entre la contaminación y la víctima porque eso es inmoral. Está establecido en la ley, dice “quien ponga en peligro”, artículo 55 de la 24.051, no dice que “dañe”. Son dos cosas muy distintas. Narcotráfico y contaminación son delitos de salud pública. El narcotráfico sólo afecta a quien quiere consumir droga que puede ser un porcentaje determinado de la población, mientras que la contaminación afecta a quienes no quieren consumir, a todos, y a pesar de ello el dinero dispuesto desde el Estado para combatir el narcotráfico es interminable, pero para combatir la contaminación es casi inexistente.

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LAS PRESIONES AL FISCAL INCLUYEN UNA DENUNCIA POR INVESTIGAR

Presiones, sumario y destitución

–¿Qué relación existe entre la investigación Alumbrera y los pedidos de destitución en su contra?

–Los pedidos de destitución no son casuales, están vinculados con la causa Alumbrera. El procesamiento del vicepresidente de Alumbrera era algo cantado en febrero de este año y las denuncias en mi contra son posteriores. El secretario general del gremio judicial, Julio Piumato, me acusa de presionar a mis empleados. Es una gran mentira, y eso se traslució cuando los empleados le expresaron al procurador general y al propio Piumato que todas las aseveraciones que hacía Piumato eran absolutamente falsas. El otro pedido de destitución que tengo es por hacer investigaciones, así de ridículo. Es el caso de Miguel Gordillo, un empresario acusado de evasión que me denuncia por investigar, literal: me denuncia porque no le giré la causa a un fiscal. Y pide mi destitución por eso. Es cierto que como fiscal de Cámara no tengo obligación de hacer investigaciones preliminares, pero sí tengo el derecho.

–¿Cómo repercutieron esos pedidos de destitución?

–Coadyuvaron a que no realice más investigaciones preliminares. Además, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, firmó una resolución en 2007, la 121, en donde reguló las investigaciones preliminares, acortó el plazo de la investigación a 60 días y a los fiscales de Cámara sólo nos dejó el rol de controlar a los fiscales de primera instancia. Todo esto no ayuda a hacer investigaciones preliminares. Todo jugó muy en contra porque en Tucumán llevábamos más de cien causas de contaminación ambiental, investigamos ingenios, citrícolas, mineras, hospitales, frigoríficos, basurales y sanatorios.

–Pero no tiene prohibido realizar investigaciones preliminares.

–El procurador general no me prohibió las investigaciones, pero no desestimó las denuncias falsas que hay sobre mí y limitó el tiempo de las investigaciones. Los pedidos de destitución y el avance de esas denuncias me han llevado a no realizar más investigaciones preliminares. Es muy doloroso tratar de cumplir una función que no me es obligatoria y no contar con un respaldo concreto y efectivo de mi superior jerárquico. Hay que tener presente que un axioma que corre por Tribunales dice “si vos querés planchar a un magistrado activo, empapelalo a denuncias y demorale los trámites”. El Consejo Evaluador, que evalúa las denuncias en mi contra, consideró que hay motivos para hacerme un sumario. Estamos cerca de que me suspendan en el cargo y hagan un jury de enjuiciamiento. No cuestiono que se me investigue, que lo hagan, pero que por lo menos la denuncia incluya un delito, no como ahora que me denuncian por investigar.

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Director de PDI defenderá en la Cámara los tests antidrogas






Lunes 1 de diciembre de 2008



Por Claudio Leiva Cortés / La Nación





Afirma que no han disminuido y que se siguen realizando junto a otras medidas contra la corrupción



Director de PDI defenderá en la Cámara los tests antidrogas


Arturo Herrera recibirá hoy la invitación a la Comisión de Seguridad de los diputados. La sesión especial se realizará mañana o el miércoles y en ella deberá explicar los casos de Trevor Oyarzún y los “borrones mágicos”.

El director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, "no tiene problemas" en concurrir a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados a explicar los casos de corrupción que se han registrado al interior de la PDI en las últimas semanas.


"Todo lo contrario, está muy dispuesto a responder todos los requerimientos de los diputados, especialmente en lo referente a si se cumplen o no los tests de drogas y los monitoreos internos de factores de riesgo y conductas indebidas", explican los asesores del director de la PDI.

En la institución policial esperan recibir hoy la invitación para que Herrera concurra a la comisión que preside el diputado RN Cristián Monckeberg. Se estima que la sesión especial se realizará mañana o el miércoles. Los parlamentarios lo interrogarán por al menos cuatro casos de corrupción.

Los más difundidos son la red de "borrones mágicos", en la que hay 12 ex detectives en prisión preventiva", y las detenciones del ex prefecto Trevor Oyarzún y del ex comisario Jorge Sánchez, acusados de quedarse con 40 de los 922 millones de pesos del llamado "robo del siglo".


Pero también están los dos episodios ligados al caso Tata-Registro Civil. En el primero, cinco detectives son investigados por su presunta responsabilidad en la destrucción de dos discos duros, mientras que en el segundo, el ex jefe de la Unidad de Monitoreo Telefónico de la PDI, Jorge Donoso, reconoció haber quemado una cinta con escuchas.

"NADA SE OCULTA"

Los asesores del director Herrera destacan que "desde que asumió la dirección de la PDI, su política ha sido de tolerancia cero con los hechos de corrupción y de completa transparencia institucional. En la Policía de Investigaciones nada se oculta. Todos los posibles casos de corrupción no sólo se investigan, sino que también se informan".

"En esta línea de tolerancia cero -añaden-, el funcionario que se aparte de la probidad recibirá las máximas sanciones. No sólo serán expulsados, también la institución se querellará contra ellos y, en caso de ser declarados en prisión preventiva, se les negará la reclusión en los cuarteles de la PDI. Es decir, tendrán que ir a la cárcel".

En cuanto a los tests de drogas y controles internos, los asesores de Herrera afirman que "no han disminuido, sino que se han mantenido y han funcionado. Prueba de ello es que han posibilitado detectar estos últimos hechos y denunciarlos. Es la propia institución la que ha descubierto a los funcionarios corruptos. Por ende, los controles funcionan".


CÓDIGO DE ÉTICA

En la dirección de la PDI también destacan que la institución fue la primera de su tipo en América Latina en tener un código de ética. Incluso, fue adoptado por las policías de, por ejemplo, Costa Rica, Guatemala, Honduras y otros países.


"Este código de ética se incorporó a la malla curricular de la Escuela Policial y sus normas son conocidas por todos los funcionarios. Por lo tanto, quienes no lo respetan saben a lo que se exponen. El funcionario que se aparte de la probidad recibirá las máximas sanciones".


Para resumir, indican en la dirección de la PDI, las grandes ideas que defenderá Arturo Herrera en la Comisión de Seguridad de la Cámara son la rigurosidad de los tests antidrogas, el monitoreo permanente de los factores de riesgo y conductas indebidas y la transparencia institucional".

SIGUE INVESTIGACIÓN


En cuanto a la investigación que se sigue por la apropiación de los $40 millones, en la PDI no descartan que en el transcurso de las pesquisas aparezcan otros involucrados, además de Trevor Oyarzún y del ex comisario Jorge Sánchez.


"Hay una investigación en curso y no se puede descartar que haya uno o dos más involucrados, incluso de distintos estamentos", reiteraron en la PDI. No se especificó el rango ni las unidades a que pertenecerían los nuevos implicados.
Oyarzún y Sánchez permanecen recluidos e incomunicados en el penal de Santiago 1, a la espera de que la Corte de Apelaciones de la capital resuelva un recurso que presentaron los abogados defensores para revertir la prisión preventiva.

“REESTRUCTURACIÓN DE BIROM BUSCA DAR SEÑAL DE GARANTÍA”


“La mayoría de los detectives involucrados en hechos de corrupción provenía de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana (Birom) y por eso se ordenó su reestructuración”, reconocen la dirección de la Policía de Investigaciones.


La famosa Birom que encabezaba Trevor Oyarzún (en la foto) fue intervenida y el nuevo jefe nacional de Delitos contra la Propiedad, prefecto inspector Raúl Liberona, comenzó de inmediato a trasladar personal a otras unidades.


El primer afectado fue el subprefecto Héctor Romero, jefe de la Birom, redestinado al Instituto de Criminología. “Pero esta reestructuración no significa que sus integrantes estén acusados; se trata de dar una señal de garantía hacia la ciudadanía”, indican en la PDI.

El otro objetivo que busca la reestructuración es que la Birom responda de mejor forma ante los robos y asaltos, que son delitos de gran connotación social.






http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081130/pags/20081130230055.html






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01 de Diciembre de 2008

Corte revoca prisión preventiva a ex funcionarios de Investigaciones

La medida beneficia al ex jefe de la Brirom, Trevor Oyarzún, quien es vinculado al llamado "robo del siglo" ocurrido en 2006 cuando un grupo de individuos robó $922 millones a los guardias de un camión Brink's en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Sin embargo, aún debe responder ante la justicia por la acusación que pesa en su contra por la adulteración de una alcoholemia que se le practicó tras un accidente de tránsito.

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en forma unánime revocar la prisión preventiva dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía contra el ex jefe de la Brigada de Robos Metropolitana (Birom), Trevor Oyarzún, y el comisario de la Policía de Investigaciones, Jorge Sánchez, quienes fueron vinculados al llamado “robo del siglo” y a la red de corrupción, respectivamente.

Los magistrados Manuel Valderrama, Alfredo Pfeiffer y el abogado integrante Emilio Pfeffer justificaron el fallo poniendo énfasis en la insuficiencia de antecedentes que entregó el Ministerio Público para acreditar el ilícito y por ello decretaron la libertad de ambos imputados por falta de méritos.

Al respecto, la abogada de Oyarzún, María Verónica Rocca, se mostró satisfecha con el fallo, por cuanto tendrá “tiempo para demostrarle no sólo Ministerio Público sino al país completo que Trevor Oyarzún es la persona intachable que todos conocemos”.

Sin embargo, aún debe responder ante la justicia por la acusación que pesa en su contra por la adulteración de una alcoholemia que se le practicó tras un accidente de tránsito.

El ex jefe de la Brigada de Robos Metropolitana (Brirom), se encontraba detenido por su vinculación con el llamado "robo del siglo", ocurrido en 2006 cuando un grupo de individuos robó $922 millones a los guardias de un camión Brink's en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.Oyarzún y el comisario comisario en servicio activo, Jorge Sánchez Sandoval, comparecieron ante la justicia la semana pasada por la supuesta apropiación de parte del botín sustraído por delincuentes.Según la fiscalía centro norte, ambos se quedaron con $ 40 millones de pesos de $ 100 millones que eran parte del botín y que encontraron en un vehículo mientras realizaban la investigación.



http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/en_libertad_ex_funcionarios_de_investigaciones/



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Plaguicidas y trabajo infantil: niño de 12 años hospitalizado en Talca 21-11-08


Organizaciones sociales y ambientales -entre ellas la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL Chile), donde trabajo -denunciaron hoy las graves lesiones que sufrió un niño de doce años en la comuna de San Clemente, cuando trabajaba cosechando habas en el fundo "Cunquillar". La Alianza por una Mejor Calidad de Vida, integrada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL) sostuvo que el caso es una muestra más de la inexistencia en Chile de las denominadas "buenas prácticas agrícolas" en cuanto al uso de plaguicidas y respecto de la persistencia del trabajo infantil en Chile. Queda de manifiesto, una vez más, la inexistente fiscalización de las infracciones a la legislación que prohíbe el trabajo de menores. Cuando los niños trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas, la infracción, el riesgo y los daños son doblemente graves.El Hospital de Talca notificó de este hecho tardíamente a la Red de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas (REVEP, dependiente del Ministerio de Salud) como "reacción alérgica severa a plaguicidas", aunque inicialmente sólo había diagnosticado una dermatitis. Ariel Meza Mondaca, de 12 años,es el niño afectado por estas lesiones de aspecto idéntico a las quemaduras, atribuidas a agroquímicos no determinados. El menor permanece hospitalizado desde el sábado 15 de noviembre en Cirugía Infantil de ese establecimiento. Su madre, Angélica Mondaca, lo llevó al hospital en busca de atención adecuada luego de dos días de procurar sanarlo en su casa. Otro menor, Agustín Jara Alfán, de 14 años, y una trabajadora temporera adulta, Luisa Cáceres González, fueron atendidos por problemas similares en la posta del sector Mercedes (comuna de San Clemente, séptima región) lo que llevó a Salud Ocupacional de esa región a calificar el caso como brote.Estos incidentes ilustran el daño a la salud de los sectores más vulnerables de la población -familias campesinas de bajos ingresos y con escaso nivel de organización-, provocado por el uso indiscriminado y muchas veces negado de plaguicidas en zonas agroexportadoras. El slogan "Chile, potencia alimentaria" acuñado por el gobierno ignora los costos ocultos de esta opción, según recuerdan en su comunicado las organizaciones citadas.El menor presentó graves lesiones en la piel el jueves 13 de noviembre, luego de cuatro días de trabajo junto a un centenar de temporeros y temporeras en la cosecha de habas de ese predio de San Clemente, perteneciente a Luis Parot Smith (de la Sociedad Agrícola San Pedro Limitada) y administrado por Fernando Acuña. El pequeño esperaba recibir mil pesos por cada saco de 30 kilos de habas y, según la prensa local, quiso trabajar -sin autorización materna- para comprarse zapatillas. Salud Ocupacional de la Región del Maule calificó el caso como brote y lo notificó a la Red de Vigilancia Epidemiológica el 18 de noviembre, tres días después de la hospitalización. El hospital se alertó luego de la llamada de ese servicio, y comprobó la existencia de más afectados cuyos diagnósticos habían sido consignados como dermatitis.La subnotificaciónPamela Mejías, ingeniera en prevención de riesgo que trabaja en equipo con el doctor Carlos Concha, de Salud Ocupacional- Región del Maule, informó a RAP-Chile que la subnotificación es un grave problema en la zona. El hecho que no se considere como sospechoso de intoxicación por plaguicidas un caso de problema dérmico agudo es parte de ello.


El error de diagnóstico puede atribuirse a la alta rotación en los equipos de salud, lo que invalida la formación de capacidades especializadas que permitan diagnosticar correctamente y notificar en forma oportuna las intoxicaciones por plaguicidas. La epidemióloga del Hospital de Talca sólo consideró el caso como sospechoso de intoxicación por plaguicidas después de ser alertada por Salud Ocupacional. En esta oportunidad tampoco se tomaron muestras en el lugar, y al menor no se le hizo el examen de niveles de colinesterasa.Encubrimiento del uso de plaguicidasEl dueño del fundo Cunquillar y su administrador niegan haber aplicado plaguicidas, y afirman que las quemaduras corresponden a ¡un efecto alérgico provocado por el manzanillón!Este argumento había sido utilizado anteriormente por la parte patronal, cuando el 22 de octubre de 2004 temporeras de San Clemente que cosechaban habas resultaron con graves quemaduras. Las imágenes de las trabajadoras agrícolas con lesiones y llagas en distintas partes del cuerpo impactaron fuertemente a la opinión pública. Recién 11 días después de ocurrida esa intoxicación llegaron al lugar funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para tomar muestras del cultivo y someterlas a análisis. Debido al tiempo transcurrido, no se encontraron rastros de plaguicidas. Las trabajadoras solamente volvieron a sus casas 15 días después. Pero quedaron imposibilitadas de volver a trabajar en faenas agrícolas, única oportunidad laboral en su comuna.En 2006, la Corte Suprema de Justicia apoyó la sanción impuesta por la autoridad sanitaria de la VII Región que determinaba que las trabajadoras no contaban con los equipos necesarios para protegerse y el empleador, Antonio Navarrete Rojas, fue multado por más de seis millones de pesos. Sin embargo, las temporeras quemadas jamás fueron indemnizadas.Historial de este añoHasta la fecha ha habido 22 casos individuales de intoxicaciones en la Región del Maule, además del brote registrado a comienzos de año en Pelarco durante la cosecha de maíz. Según informó Pamela Mejías, se han estado haciendo talleres de capacitación a personal de atención primaria de salud en Cauquenes y Curicó. Al mismo tiempo, Salud Ocupacional está haciendo sumarios y auditorías en Molina, Lontué y Linares para cruzar los diagnósticos médicos de postas y hospitales y determinar la subnotificación de casos de intoxicación por plaguicidas.Por otra parte, la Dirección del Trabajo de la Región del Maule inició un sumario, ya que en Chile es ilegal que trabajen en predios niños en edad escolar.


Publicado por Lucía Sepúlveda en
4:38 PM



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COMANDO UNITARIO DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES, CHILE (actualizado 29-05-09)




PROPUESTA DEL COMANDO UNITARIO DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES: PROYECTO DE LEY

El Comando Unitario de Ex Presos Politicos y Familiares, entregó publicamente en la sede de Gobierno, específicamente en el Salon Montt Varas, el martes 26 de mayo del 2009, la Propuesta de Ley de Reparacion, que adjuntamos para su conocimiento.

En este Acto participaron en representación del Ejecutivo, la Ministro Secretaria General de Gobierno, Carolina Toha, el Subsecretario de la misma cartera, Edgardo Riveros y la Presidenta de la Comisión Presidencial para los DD.HH, María Luisa Sepulveda, quienes recibieron la Propuesta, se comprometieron a estudiar los aspectos de esta que aun no estan incluidos en ningun proyecto de reparacion y de enviar al Congreso el proyecto que finalmente elabore el Gobierno, en el periodo legislativo de junio.

Participaron en el acto mas de 20 dirigentes nacionales del Comando Unitario, que representaron a los miles de ex PP y Familiares que esperan una solucion digna y eficaz, antes de que termine el mandato la Presidenta Michelle Bachelet, la que en el discurso del 21 de mayo, se comprometió a realizar los esfuerzos para 'ampliar y perfeccionar las reparaciones a las victimas y sus familiares'.

El llamado es a no bajar la guardia, a intensificar las conversaciones con los parlamentarios de todas las bancadas, a mantenernos movilizados, a informar a todos los ex PP no organizados de lo que esta en juego y asesorar debidamente a los compañeros y compañeras que aun no han sido reconocidos como victimas de prision politica y tortura.

Como el tema de la Justicia, la Verdad y la Reparacion, no se agota en los temas aquí planteados, debemos evaluar, debatir y elaborar propuestas concretas en el Tercer Encuentro Nacional Unitario que se realizara el 20 y 21 de Junio.

Se entregó el siguiente comunicado a los medios que cubrieron la ceremonia:

UNA INVERSION ETICAMENTE NECESARIA


Cuando ya han pasado cinco años de la promulgación de una Ley de Reparación “austera y simbólica” –la 19.992-, en materia de verdad, justicia, memoria y reparación integral, todavía no se han tomado todas las medidas que garanticen estos derechos a las víctimas.

Para un país que ocupa un sitial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que cuenta con las condiciones políticas y financieras para hacer efectivamente justicia a quiénes fueron vulnerados en sus derechos más elementales, el establecer hoy una nueva Ley de Reparación es una inversión éticamente necesaria.

Los fundamentos de las demandas de verdad, justicia, memoria y reparación integral, sustentados por las organizaciones de ex – presos políticos, han sido y son coherentes con los principios y directrices básicas del Derecho Humanitario Internacional, el que norma la obligación ética y política del Estado, de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida, frente a violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, Naciones Unidas establece que la Reparación debe ser proporcional a la violación de los derechos humanos y al daño causado y corresponde, en consecuencia, la restitución, compensación, y garantías de no repetición, es decir que Nunca Más se vuelvan a cometer en Chile delitos de lesa humanidad.

En estos mismos argumentos se basó la propia Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura el 2004, para fundamentar las recomendaciones de reparación presentadas a su mandante, el entonces presidente Ricardo Lagos. Sin embargo la ley 19.992, que finalmente se aprobó, ignoró parte sustancial de las recomendaciones que hiciera la
CNPPyT, he hizo caso omiso de la legislación internacional respectiva.

Chile ha jugado un papel activo en el concierto de las Naciones, impulsando mejoras a la legislación internacional; es la hora de la coherencia interna.

La Resolución 60/147, promovida por años por la delegación chilena, y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 marzo de 2006, establece con precisión las obligaciones de los Estados, es en este marco que el Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares presenta al Gobierno de Chile, formalmente su Propuesta para una Ley de Reparación, con la esperanza que sea prontamente ingresada al parlamento, donde cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para ser aprobada a la brevedad.

Una nueva ley de Reparación, que como expresara la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo, tenga como objetivo “... ampliar y perfeccionar las reparaciones a las víctimas y sus familiares”.


PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY DESTINADO A
MODIFICAR LA LEY 19.992 SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y
TORTURA

INTRODUCCION

Cuando ya han pasado cinco años de la promulgación de una Ley de Reparación “austera y simbólica” –la 19.992-, la tramitación del Proyecto de Ley que pretendía crear un Instituto Nacional de Derechos Humanos transparentó la conciencia que existe en el Gobierno de Chile, en el Congreso Nacional, entre los Partidos Políticos y en la ciudadanía; que la reparación a los sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos en el país ha sido insuficiente y tardía.

Siendo Chile un país que ocupa un sitial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que cuenta con las condiciones políticas y financieras para hacer efectivamente justicia a quiénes fueron vulnerados en sus derechos mas elementales, el establecer hoy una nueva Ley de Reparación es una inversión éticamente necesaria.

Los fundamentos de las demandas de verdad, justicia, memoria y reparación integral,sustentados por las organizaciones de ex–prisioneros políticos, han sido y son coherentes con los principios y directrices básicas del Derecho Humanitario Internacional, el que norma la obligación ética y política del Estado, de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida, frente a violaciones a los derechos humanos.

En este sentido la ONU establece que la Reparación debe ser proporcional a la violación de los derechos humanos y al daño causado y corresponde, en consecuencia, la restitución, compensación, y garantías de no repetición, es decir que Nunca Más se vuelvan a cometer en Chile delitos de lesa humanidad.

En estos mismos argumentos se basó la propia Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura [CNPPyT] en 2004, para fundamentar las recomendaciones de reparación presentadas a su mandante, el entonces presidente Ricardo Lagos. Sin embargo la ley 19.992, que finalmente se aprobó, ignoró parte sustancial de las recomendaciones que hiciera la CNPPyT, he hizo caso omiso de la legislación internacional respectiva.

El mayor valor que tiene el Informe de la CNPPyT es que estableció como verdad histórica - aceptada por el conjunto de la sociedad-, que durante la Dictadura se implementó una política global de Terrorismo de Estado y se violaron sistemáticamente todos los derechos humanos. Pero, en materia de verdad, justicia, memoria y reparación integral, cinco años después, todavía no se han tomado todas las medidas que garanticen estos derechos a las víctimas, los cuales están estipulados y consagrados en el Derecho Humanitario Internacional.

Chile ha jugado un papel activo en el concierto de las Naciones, impulsando mejoras a la legislación internacional; es la hora de la coherencia interna. La Resolución 60/147, promovida por años por la delegación chilena, y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 marzo de 2006, establece con precisión las obligaciones de los Estados, en “LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES BÁSICOS SOBRE EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DDHH Y DE VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, A INTERPONER RECURSOS Y OBTENER REPARACIONES”.

En su artículo V, principio 8, esta Resolución establece que: “se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa…”

En su artículo IX, principio 15, plantea: “Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la Justicia…” y agrega “La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario…”

El principio 18, especifica: “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, UNA REPARACION PLENA y EFECTIVA, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.”

Es por esta razón que, en forma responsable los ex–prisioneros[as] políticos[as] de Chile y sus Familiares, representados por la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos [ANEXPP], la Brigada Nacional de Ex Prisioneros Políticos Socialistas [BEXPPS], la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos [CNEXPP], los Familiares de Ex Prisioneros Políticos Fallecidos [FEXPPF] y la Coordinadora de Ex Presos Políticos del PRSD [CEXPP/PRSD] agrupados en el Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares, planteamos al Ejecutivo y al Legislativo en el Congreso Nacional, la necesidad de presentar y aprobar una Ley de Reparación Integral que respete la legislación internacional, haga suyas las recomendaciones de la Comisión de Prisión Política y Tortura, y ponga fin a las graves injusticias cometidas contra quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Nuestra petición se da en el marco de los acuerdos establecidos en las conversaciones sostenidas con el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, y con la delegada Presidencial en DDHH, María Luisa Sepúlveda durante el año 2008, con la Presidenta de la Republica, Michell Bachelet, el 27 de noviembre pasado. Mismas a las que diera continuidad la actual Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá hasta la fecha; con las Comisiones de Derechos Humanos tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, que apoyaron en diversas peticiones al Ejecutivo nuestras legítimas demandas, en los Proyectos de Acuerdo aprobados en Sala en este mismo sentido y en la petición expresa firmada por 50 parlamentarios de todas las bancadas en orden a solicitar del Ejecutivo la presentación de una nueva ley de reparación de carácter general, que se funde en criterios de inclusividad, de no discriminación y dé garantías efectivas de no repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país entre 1973 y 1990.

La Nueva Ley ha de estar fundada en un concepto amplio de reparación que comprende el entorno de la víctima de delitos de lesa humanidad, fallecida o sobreviviente como afectado directo, por el derecho humanitario internacional y que -en consecuencia- deberá cuidar de generar condiciones efectivas para el ejercicio del derecho a la Verdad, la Justicia, la Memoria y la Reparación.

Establecido el compromiso del gobierno de resolver mas tardar en Junio del presente año y atendidas las palabras de la Presidenta en su reciente discurso de 21 de mayo, que aluden a la disposición de abordar los temas pendientes en materia de reparación a las víctimas y sus familias; hacemos entrega de la propuesta de Ley emanada de las organizaciones nacionales unitarias a continuación firmantes.

Firman a continuación:

NELSON ARAMBURU
JUAN ROJAS
Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos de Chile

IRMA ALVARADO
MIGUEL RETAMAL
Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos Políticos de Chile

MANUEL JIMENEZ
PEDRO ORTIZ
Brigada Nacional de Ex Prisioneros Políticos Socialistas

ANA DE LA BARRA
HAYDEE OBERREUTER
Familiares de Ex Prisioneros Políticos Fallecidos

29/05/09

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Informe de situación


El 30 de diciembre, fue la última vez que el Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares se reunió con un alto representante del Gobierno en el marco de las negociaciones por una nueva Ley de Reparación. En la ocasión, el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, nos informó -poniendo de testigos a la Delegada Presidencial María Luisa Sepúlveda y al Asesor del Ministerio SGP, Cristian Opazo- que por expresas instrucciones de la Presidenta , los ex presos políticos tendríamos una nueva Ley de Reparación.


El procedimiento seria el siguiente: En enero el Gobierno repondría la urgencia en el Parlamento al Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que contempla tres importantes reivindicaciones de los ex PP: Apertura del Proceso de Calificación para aquellos ex PP que no han sido reconocidos y por tanto no tienen acceso a ningún beneficio, la heredabilidad de la pensión “a la viuda”, y el traspaso de beca universitaria a un hijo o nieto.


De ser aprobado el Proyecto, el Gobierno se comprometía a enviar una ley complementaria en marzo, que incorporaría los temas reparatorios pendientes: compatibilidad de pensiones, incremento de la pensión reparatoria, indemnización por prisión política, calificación expedita de los ex menores, apoyo jurídico para la presentación de querellas, asegurar por ley el Programa de Salud PRAIS, acceso a viviendas, derogación del articulo 15 de la Ley 19.992, que asegura 50 años mas de impunidad a quienes cometieron graves crímenes contra la humanidad, y declarar el 26 de junio como Día Nacional Contra la Prisión Política y la Tortura. De no ser aprobado el INDH en enero, se presentaría en marzo –luego de concordar con nosotros- un Proyecto de Ley de Reparación que contuviera todos los puntos.


El Gobierno puso Urgencia al Proyecto INDH en enero, pero ante la carencia del quorum suficiente para aprobarlo, la retiró; con lo que todo volvió a fojas cero. La salida de Francisco Vidal en marzo del MSGG, nos dejó sin interlocutor. Con la nueva Ministra Carolina Toha nos reunimos el 20 del mismo mes –a poco de haber asumido- y quedó de llamarnos en cuanto se reuniera con la Presidenta que a la sazón andaba en China. Estamos en mayo, los tiempos políticos se agotan (carrera electoral, fin del Gobierno de Bachelet); y no tenemos ninguna solución.


Si no logramos algo ahora, tendremos que comenzar todo otra vez con el nuevo Gobierno que asuma; y ya sabemos lo que le importan al senador Frei los Derechos Humanos (su Gobierno lo único que hizo en esta materia fue constituir la Mesa de Diálogo), y qué decir de Piñera.


Esto, mientras día tras día mueren compañeros sin haber obtenido el mínimo reconocimiento y dejando a sus familias en la indefensión. Esto explica la desesperación de nuestras bases, que exigen acciones más decididas para romper el estancamiento y obtener la legítima reparación social, política, ética y económica, que en justicia corresponde. Por esta razón, es que el Comando Unitario ante el incumplimiento del Gobierno, ha concordado presentar su Anteproyecto de Ley al Ejecutivo y exigir que sea presentado a la brevedad en el parlamento, donde existen compromisos firmados, que garantizan la aprobación de una Ley de estas características.


Si ello no ocurre, todas las organizaciones afiliadas al Comando unitario, iniciaremos una Huelga de Hambre a nivel nacional, que ponga en evidencia que la Verdad , la Justicia y la Reparación , no han alcanzado en Chile las cotas mínimas de cumplimiento, a pesar de lo que el Gobierno sostiene en el Informe que presentará el próximo 8 de mayo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.


Nelson Agustín Aramburu Coordinador del Comando Unitario de Ex PP y Familiares. 02 de mayo de 2009

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Ante los lamentables dichos del ex presidente Aylwin


Señor Aylwin,Los ex presos políticos y la opinión pública, hemos conocido sus últimas declaraciones a los medios, esta vez referidas al aniversario de la llamada Comisión Rettig instalada bajo su Gobierno el 25 de Abril de 1990. En ella usted opina además, respecto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura instaurada por el Gobierno de Ricardo Lagos en la segunda mitad del 2003.Antes que nada, no podemos dejar de recordarle de que usted no es una persona cualquiera, a la cual se pudiese catalogar de desinformada o sencillamente ignorante respecto de la historia de su país. Usted es un connotado miembro de la clase política chilena, que ha ocupado el mas alto cargo público que permite nuestro ordenamiento constitucional. Es más, es usted uno de los personajes claves de un momento trágico que finalmente terminó con la Democracia , instalándose en Chile el horror de la dictadura, cuyo entramado constitucional aun perdura. Es por ello que sus declaraciones lastiman nuestra dignidad. Usted ha señalado que no ve la necesidad de que se reabran ambas Comisiones pues a su parecer “ya no existirían personas que las justificaran”. Si usted se refiere a la no existencia de familiares de personas ejecutadas, desaparecidas o sobrevivientes (ex presos políticos y torturados) del terrorismo de Estado que asoló la Patria en nuestra historia reciente, esta muy equivocado, particularmente en lo que se refiere a los ex presos políticos y torturados, desde cuya condición respondemos sus lamentables declaraciones.Decimos lamentables, pues lo real y concreto es que hay miles de personas que fueron encarceladas y torturadas, por los que el Estado de Chile -responsable de ello-, aun no responde. Antecedentes de ello existen en instituciones de DDHH, entre numerosos parlamentarios y la propia Presidenta de la República , con quien nos reunimos el 27 de noviembre pasado, ocasión en que le entregamos formalmente nuestra demanda de 12 puntos.Por cierto nos damos cuenta de que tenemos distinta apreciación respecto del resultado final de las medidas reparatorias de su Gobierno y el del señor Lagos. Nosotros en tanto luchadores sociales, generosos en la lucha por la recuperación democrática, que pusimos el cuerpo y el alma en ese esfuerzo, que fuimos por ello objeto de crímenes contra la humanidad; sentimos en nuestro fuero íntimo haber sufrido un maltrato inmerecido desde la misma génesis de estas medidas, y humillados finalmente con lo otorgado por la ley 19.992, con la que el Estado pretendió después de 30 años, dar por reparado el daño causado a miles de compatriotas.A juicio nuestro, una iniciativa hipócrita y mezquina, muy lejos de los parámetros establecidos en los pactos y tratados internacionales sobre la materia, de los que Chile es signatario. Gracias a políticos como Ud., cientos, tal vez miles de ex presos políticos y torturados ya se fueron de este mundo sin haber obtenido la necesaria, debida y justa reparación por los crímenes cometidos en su contra, que destruyeron su entorno familiar y social.Para usted seguramente fue una respuesta del Estado bajo el criterio de lo posible. Para nosotros, a pesar de las declaraciones e informes oficiales, el Estado de Chile sigue en deuda. No solo con los ex presos políticos y torturados, sino con la sociedad entera ya que no ha respondido a cabalidad con los compromisos adquiridos internacionalmente, en el sentido de establecer una política de DDHH refrendada en leyes que impidan desde ya los abusos y acciones criminales de los agentes del estado en contra de los ciudadanos.Por ello creemos, a pesar de su egoísta opinión, que es necesario y urgente que el Estado de Chile y el Gobierno reabran ya ambas comisiones –respetando la palabra empeñada por la Presidenta- lo que sería una potente señal de la voluntad de profundizar en verdad, justicia y Reparación, condición básica para avanzar y hacer creíble la idea de un nunca más.




Sin otro particular,COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE EX-PP.







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Informe Reunión con Encargada Programa Jurídico de Reparacion, Liliana Latorre

El jueves 19 de marzo, invitamos a la reunión del CU, a la Encargada del Programa Jurídico de reparación, Liliana Latorre. Esta nos expuso lo realizado hasta ahora por ese Programa que inicio el 2007 Hugo Villar y que ya el 2009 es un programa consolidado y desplegado por todo el país, a través del Registro Civil e Identificación.

Originalmente, se planteo para atender dos líneas de trabajo: la nómina de Ex PP fallecidos calificados por la Comisión Valech, y la eliminación de antecedentes en virtud de la Ley 19962.
Actualmente, en razón de las peticiones de personas radicadas en el extranjero, han debido atender casos de pasaportes y de reconocimiento de hijos.

En el tema eliminación de antecedentes penales, las estadísticas son las siguientes

1889 casos analizados
742 prontuarios eliminados
224 casos en que se eliminó un prontuario, pero quedaron otros.
923 que no pudo eliminarse, pero se logro la omisión de antecedentes en el Certificado de antecedentes respectivo.

El mayor problema con que han topado, es la falta de información, tanto de Gendarmería de Chile, como de Carabineros, respecto al cumplimiento de condenas. Hay muchos registros que ya no existen, ya sea porque se cerro el recinto o se destruyeron los archivos por humedad o incendios.

Se requiere ver un mecanismo jurídico-politico que nos permita acreditar la extinción de la responsabilidad penal de los ex presos políticos.

Por lo tanto, la idea es reunirnos con el nuevo Director Nacional del registro Civil, Christian Bhem Sepúlveda y ver mecanismos de resolución. En el mismo sentido, buscaremos integrarnos a la Mesa de reinserción y Rehabilitación constituida por el Ministerio de Justicia, el de Interior y diversos Servicios Públicos que están trabajando el tema de la eliminación de antecedentes.

La primera reunión esta fijada para el proximo martes 7 de abril.




Informe reunión con Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Toha.

El viernes 20 de marzo, se concreto la primera reunión del Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares con la MSGG Carolina Tohá, en el Palacio de La Moneda. Ademas de los dirigentes del Comando (9), participaron el jefe de Gabinete de la Ministro, José Luis Sepúlveda y el Asesor del Ministro Vieragallo, Marco Opazo Godoy.

Esta reunión tenía para el Comando una importancia clave; pues las conversaciones tendientes a lograr una nueva Ley de Reparación, por instrucciones de la Presidenta, están en manos de esa Secretaría de Estado.

La Ministro nos acogió muy cordialmente, y nos planteo que recién estaba posesionándose de su cargo, con una “jefa” que habia partido en gira a la India, por lo que solo manejaba lo que le había transmitido su antecesor, y los asesores presentes.

Conocía de la Propuesta de Ley de Reparación que consta de 12 puntos, y lamento de que no se hubiera aprobado aun el Instituto de Derechos Humanos, porque a través de él se podían haber resuelto varios de los puntos ahí establecidos.
Los dirigentes del Comando, de acuerdo a la pauta establecida previamente, le resumieron lo que había sido el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet, luego de la reunión del 27 de noviembre. Los acuerdos establecidos con el Ministro Vidal sobre la materia, las 50 firmas de parlamentarios de todas las bancadas, que no dejan ninguna duda respecto al “piso político” con que contamos, para aprobar una nueva Ley.

Le informamos además, de la reunión sostenida con el Ministro Vidal el 30 de diciembre, en que ante la presencia de María Luisa Sepúlveda y los dos asesores presentes, nos dijo que por expresas instrucciones de la Presidenta, los ex PP tendríamos Ley de Reparación “sí o sí”.

En esa reunión se nos dijo que nos harian a mas tardar en febrero llegar los anteproyectos de Ley respectivos:
a) en la eventualidad de que se aprobara el Instituto
b) en el caso que fuera rechazado o no avanzara.

Lamentamos que estando a fines de marzo, aun no se hayan cumplido con este compromiso; pero como una nueva ley de Reparación, es para nosotros un tema de la maxima urgencia, ya que hombres y mujeres que lucharon por defender la democracia fallecen día tras día, sin ser calificado ni reparados, informamos a la Ministro de la constitución de nuestro Equipo Jurídico, conformado por abogados de prestigio nacional e internacional, el que tiene como tarea la redacción de nuestro anteproyecto de Ley de reparación.

Carolina Tohá, dialogó durante una hora con los dirigentes del Comando, preguntando sobre temas especificos y demostrando alta sensibilidad al respecto. Nos planteo que en cuanto sea recibida por la presidenta, expondra nuestras peticiones y nos informara inmediatamente, ya que tiene plena conciencia de en que los tiempos de resolución juegan en nuestra contra.

Nelson Agustín Aramburu
COORDINADOR COMANDO UNITARIO

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REUNION CON BACHELET: COMANDO DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES



A las 16:30 horas del jueves 27 de noviembre ingresaron al Palacio de La Moneda , los nueve dirigentes del Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares. En el Salón Azul de la casa de Gobierno, los esperaba la Primera Mandataria , Michelle Bachelet, flanqueada por el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal y la Comisionada presidencial, María Luisa Sepúlveda. La Presidenta acogió a la Delegación con sencillez y cordialidad, demostrando una clara voluntad de avanzar en la solución de los temas pendientes en materia de Reparación a las víctimas de Prisión Política y Tortura. La reunión se centro entonces, en el tema de los mecanismos. La Mandataria reafirmo su interés en sacar adelante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que contempla tres normas transitorias, que dan cuenta del animo de Reparar: La reapertura de la Calificación , la heredabilidad de un porcentaje de la pensión a “la viuda” y el traspaso de la beca a un hijo o nieto. Los dirigentes le hicieron ver lo insuficiente que eran esas medidas en el escenario actual y el interés de los Ex PP organizados, en tener una nueva Ley de Reparación, separada del Proyecto Instituto. Se le entrego directamente la Propuesta Base de 12 puntos, se analizaron en conjunto algunos puntos específicos y se le informo que además existe un “piso político” concreto para aprobar rápidamente una Ley Reparatoria en el Parlamento, a partir de los “acuerdos para legislar” emanados tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado de la República. La Dra. Bachelet, que en un principio desestimó la voluntad parlamentaria para resolver este tema –por las experiencias recientes en materia de proyectos presentados por el Ejecutivo- al enterarse de las gestiones realizadas por el Comando Unitario, incluso con parlamentarios de derecha, se comprometió a realizar un sondeo rápido de los eventuales votos disponibles y ver la factibilidad de presentar un proyecto de Nueva Ley de Reparación. Las Normas transitorias incorporadas en el Proyecto Instituto, ya no se pueden sacar y no son materia de modificación, por lo tanto de reponer el proyecto en tabla, este iría tal como salió de la Comisión Mixta del parlamento.







Por lo tanto el compromiso es, en base a la propuesta presentada, incorporar los temas pendientes en un nuevo Proyecto de ley. Proceso que no puede dilatarse en el tiempo y que sera monitoreado por los Ex PP a través del Ministro Vidal. Al término de la reunión ya en la despedida la Coordinadora le hizo entrega de una carta remitida por los compañeros de la Comisión de exonerados Miristas, la que acogió amablemente. La reunión terminó a las 17:30 hrs., luego de la cual los dirigentes del Comando Unitario que participaron en este histórico primer encuentro [Manuel Jiménez y Pedro Ortiz –BEPPS-, Miguel Retamal y Héctor Cataldo –ANEXPP-, Haydée Oberreuter y Ana de la Barra –AFEXXPPF-, Mario Artigas –AEXPPPRSD-, Juan Rojas y Nelson Aramburu –CNAEXPP-], cruzaron hacia la Plaza de la Constitución, donde los esperaban una cincuentena de ex presos políticos ansiosos por conocer los resultados de la reunión. Los dirigentes, sin ponerle ni quitarle, informaron a las y los compañeros presentes, de las materias tratadas y los compromisos asumidos por la presidenta con los Ex PP. COORDINADORA DE AGRUPACIONES DE EX PP.PD. Lo que se viene.



- Compañeros a modo de sugerencia vaya la siguiente reflexión. Se abre un espacio muy reducido de tiempo que debemos aprovechar al máximo. Hay que cobrar las palabras de todos aquellos parlamentarios quienes nos han prometido estar disponibles para una nueva ley de reparación. En Regiones hacer lo mismo con los parlamentarios de la zona. Ahora debemos tensionar las fuerzas y estar preparados para todo tipo de movilizaciones. Pensar en este contexto y como una forma más de movilización el 3º Encuentro Nacional de los ex presos políticos y familiares. Estas sugerencia y otras que todos aportemos ojala podamos debatirlas pronto y tener como Coordinadora Nacional una sola opinión para aportar en interés de todos los ex pp.


Nelson Aramburu - Juan Rojas


28 de noviembre 2008Informate de la realidad y las luchas sociales en Valparaiso. Escucha todos los Jueves de 18 a 19 Hrs el programa 'ciudadanos con memoria' en http://www.radioplaceres.cl/




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Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos propuso a la Comisión de Derechos Humanos una nueva ley de reparación



http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20081218/pags/20081218115649.html




La entidad expuso ante los senadores y les entregó un documento de 12 puntos en los que solicitan la reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura.Una propuesta para una nueva ley de reparación de carácter general, que aborde los temas que no se consideraron en las legislaciones anteriores, entregó el Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado.Así lo informó el integrante de esa instancia legislativa, senador Nelson Ávila, tras señalar que dicha agrupación "está impulsando el envío por parte del Ejecutivo de un nuevo proyecto que aborde todos los temas que la ley anterior dejó por fuera y que les creó diversas dificultades".


Tras recibir en audiencia a Nelson Aramburu, de la Coordinadora Nacional de ex Presos Políticos; a Víctor Cuevas, de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos de Chile; a Manuel Jiménez, de la Brigada Nacional de ex Prisioneros Políticos; a Haydee Oberreuter, de Familiares de ex Prisioneros Políticos Fallecidos y a Mario Artigas de la Coordinadora de ex Presos Políticos, la Comisión acordó oficiar al Ejecutivo para conocer mayores antecedentes sobre la materia."El acuerdo que adoptamos en la Comisión de Derechos Humanos es oficiar al Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, que es quien fue encargado por la Presidenta para ocuparse de estos temas, a los efectos de que informe en qué estado se encuentra el proyecto que prometió el gobierno", explicó el senador Ávila.

DOCE MEDIDAS


La propuesta que entregó esta agrupación a la Comisión apunta a la dictación de una nueva ley de reparación de carácter general "que se funde en criterios de inclusividad, de no discriminación y dé garantías de no repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país".Agregan que el entorno familiar de una víctima de delitos de lesa humanidad, fallecida o sobreviviente, es considerado afectado directo por el derecho internacional.En lo fundamental, solicitan la reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura; y eliminar la incompatibilidad de la pensión por prisión política y tortura con la pensión de exonerados y cualquier otra pensión.Asimismo, plantean una pensión reparatoria de un monto en concordancia con las recomendaciones hechas por la Comisión de Prisión Política y Tortura; la heredabilidad de la pensión, vitalicia y de un 100%; la extensión del beneficio educacional a los hijos y que estas becas puedan ser transmisibles a sus hijos.El Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile también solicita la reparación por prisión política; la calificación de todos los menores privados de libertad con o sin sus padres; establecer por ley la facultad del Programa de derechos Humanos del Ministerio del Interior, para apoyar jurídicamente la presentación de querellas por prisión política y tortura.La instancia solicita además incorporar las normas técnicas del Programa Prais a la ley de reparación; otorgar el subsidio máximo de la ley a las y los calificados que no hayan accedido a vivienda a través del subsidio estatal; derogar el artículo que impone 50 años de silencio a los testimonios de los ex prisioneros políticos y declarar el 26 de junio como el Día Nacional contra la Prisión Política y la Tortura.


http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20081218/pags/20081218115649.html



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PROPUESTA PARA UNA NUEVA LEY DE REPARACIÓNPOR PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA / Octubre 2008.



El Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile propone al Ejecutivo y al Parlamento, la dictación de una nueva ley de reparación de carácter general, que se funde en criterios de inclusividad, de no discriminación y dé garantías de no repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país entre 1973 y 1990.



Esta nueva herramienta de reparación debe considerar, que el entorno familiar de una víctima de delitos de lesa humanidad, fallecida o sobreviviente, es considerado afectado directo por el derecho humanitario internacional.En consecuencia, planteamos la necesidad de un nuevo cuerpo legal que ponga fin a las injusticias y discriminaciones cometidas contra los sobrevivientes de Prisión Política y Tortura y sus familias, de acuerdo con los criterios recomendados por la Comisión de Prisión Política y Tortura el año 2004 y se dé satisfacción a las siguientes demandas:



1. Reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura por efecto del Terrorismo de Estado. Mejorar difusión, emplear personal idóneo, definir un periodo de un año para la calificación, entregar un informe mensual de calificación para acceder de inmediato a los beneficios. No calificar a agentes del estado afectados por acciones de particulares, ya que eso corresponde desde siempre a la esfera del derecho penal.



2. Eliminar la incompatibilidad de la pensión por prisión política y tortura con la pensión de exonerados y con cualquier otra pensión. Considerar aspecto retroactivo.



3. Pensión reparatoria de un monto en concordancia con las recomendaciones hechas por la Comisión de Prisión Política y Tortura.

4. Heredabilidad de la pensión, vitalicia y de un 100%. Considerar aspecto retroactivo.



5. Extensión del beneficio educacional a los hijos, en los términos otorgados a los titulares de la ley Nº 19.992, y que estas becas puedan ser transmisibles a sus hijos.



6. Reparación por prisión política: La ley Nº 19.992, omitió legislar y hacer justicia para quienes pasaron tiempo en las cárceles y Campos de Detención, con lo que ello implica en materia de reinserción. En concordancia con la legislación internacional, corresponde que el Estado otorgue una reparación por cada día de prisión. Resarcir el lucro cesante y el daño emergente.



7. Calificación de todos los menores privados de libertad con o sin sus padres y/o familiares y aquellos que hayan estado en proceso de gestación o nacidos en prisión. En calidad de víctimas directas, otorgándoseles los mismos beneficios de la ley que repara a los ex Prisioneros Políticos.



8. Establecer por Ley la facultad del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, para apoyar jurídicamente la presentación de querellas por prisión política y tortura.



9. Incorporación de las Normas Técnicas del Programa PRAIS, a la ley de reparación.



10. Otorgar el subsidio máximo de la ley a las y los calificados que no hayan accedido a vivienda a través de subsidio estatal. Este beneficio podrá ser heredado a un hijo.



11. Derogar articulo Nª 3 de la Ley 19.992 que impone 50 años de silencio a los testimonios de los Ex Prisioneros Políticos.12. Declarar oficial el 26 de Junio como Día Nacional contra la Prisión Política y la Tortura. Indicación de conmemorar en establecimientos educacionales y reparticiones públicas.

http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=1828


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DECLARACIÓN DEL COMANDO UNITARIO DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES DE CHILE


Informe sobre reunion con Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal. De acuerdo a lo establecido, el lunes 10 de noviembre, a las 15:30 hrs. concurrio el Comando Unitario de Agrupaciones de Ex Presos Politicos y Familiares de Ex PP Fallecidos, a La Moneda, para reunirse con el Ministro Vidal. La reunion tenía un fin muy específico: entregar al Gobierno los 12 puntos que deben ser considerados en una eventual ley de Reparacion, separada del Proyecto de Ley que crea el Instituto de Derechos Humanos. [Más abajo se adjunta Propuesta].El Ministro nos informo que la Presidenta quiere dar pasos significativos en la necesaria institucionalidad en DD.HH. y en esa logica juega un rol clave el proyecto instituto; pero que en razon de las insistentes peticiones del maximo organismo articulador de los Ex PP, estarian dispuestos a considerar los diversos mecanismos que permitan dar satisfaccion a nuestras demandas, incluido un nuevo Proyecto de Ley.Enfatizó Francisco Vidal, que lo mas importante es que en estos momentos existe la voluntad politica del Ejecutivo para Reparar a las victimas sobrevivientes del terrorismo de Estado.En las diversas reuniones sostenidas con personeros de Gobierno, el Comando unitario ha insistido en que existe un 'piso politico' amplio para legislar al respecto, dado por los contundentes 'Acuerdos para Legislar' emanados del Senado y la Camara de Diputados y de las reuniones sostenidas con las bancadas parlamentarias y los jefes de partidos politicos.En este contexto, el ministro nos transmitio el deseo de la Presidenta Michelle Bachelet, de entregarnos personalmente su decision al respecto, lo que se concretaria el proximo jueves 20 de noviembre a las 16:00 hrs.



Por esta razon, el Comando unitario esta llamando a todos los ex PP del pais a acompañarlos en este significativo encuentro... el primero en todos estos años de Gobiernos de la Concertacion.Las organizaciones de ex PP de regiones, deben a la brevedad informar a nuestras bases, contactar con autoridades [parlamentarios, Alcaldes, Gobernadores e intendentes] sensibles al tema, para conseguir movilizacion para ese dia [pasajes o buses].Si somos capaces de congregar una multitud frente a la Moneda -lo que estaria autorizado- las posibilidades de conseguir una ley que plasme nuestras esperanzas de Reparacion, serian mayores.De uds. depende compañeros y compañeras



!Se informa ademas, que mañana tenemos reunion en el Congreso, con la Comision de DD. HH. de la Camara de Diputados, a las 15:30 hrs.



A ponerse las pilas con todo!!




Firman: Juan Rojas / Nelson Aramburu




Integran la coordinadora: Agrupacion ExPP de Copiapó, Agrupacion ExPP V Región, Coordinadora ExPP Santiago, Coordinadora de ExPP de Chillan, Coordinadora ExPP de Concepción, Agrupacion ExPP IX Región, Coordinadora Expp de Osorno, Agrupacion ExPP Salvador Allende de Puerto Montt.



Informate de la realidad y las luchas sociales en Valparaiso. Escucha todos los Jueves de 18 a 19 Hrs el programa 'ciudadanos con memoria' en www.radioplaceres.cl

http://www.fortinmapocho.com/detalle.asp?iPro=1815

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domingo, 30 de noviembre de 2008

EL EX SECRETARIO GENERAL DEL EJERCITO INVOLUCRADO EN EL TERRORISMO DE ESTADO 30-11-08

EL EX SECRETARIO GENERAL DEL EJERCITO INVOLUCRADO EN EL TERRORISMO DE ESTADO

A Alfonso se le borró la sonrisa

Fue la mano derecha de Ricardo Brinzoni en su gestión como jefe del Ejército. De su legajo surge que participó al menos de un operativo por el que fue condecorado. Fue citado por la Justicia y Abuelas pidió medidas para evitar su fuga.

Por Victoria Ginzberg

El general Eduardo Alfonso fue quien encabezó en 2001 la solicitud de hábeas data con la que 663 miembros del Ejército pidieron a organismos de derechos humanos que revelaran qué información tenían sobre la represión ilegal. Hasta ahora no se sabía que esa medida tenía, además de su arista institucional, una personal. Según surge de su legajo y del Boletín del Ejército, el ex secretario general de la fuerza participó, por lo menos, de un operativo del terrorismo de Estado que culminó con un asesinato y el secuestro de una mujer embarazada cuyo hijo fue luego apropiado. Alfonso ya faltó a su primera cita en la Justicia y tiene la próxima el 11 de diciembre. El juez Alberto Suares Araujo rechazó el pedido de Abuelas de Plaza de Mayo de tomar precauciones para evitar una fuga.
Alfonso ascendió a coronel en 1993 y a general de brigada en 1999. Se retiró en 2003, cuando Roberto Bendini se hizo cargo del Ejército. Su participación en la represión ilegal quedó oculta porque ni en los organismos de derechos humanos ni en la Conadep, que usualmente presentan quejas sobre los pliegos propuestos por las Fuerzas Armadas, tenían información sobre él. Los datos que daban cuenta de su pasado estaban en otra parte.
Las pruebas
De acuerdo con un informe que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aportó en mayo a la causa, en el legajo personal de Alfonso consta el Informe de Calificación de 1976/1977. En esa época, el ex secretario general del Ejército era teniente primero de caballería y se encontraba destinado en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral con asiento en la Guarnición Militar de Campo de Mayo. El 12 de enero de 1977 aparece un parte de enfermo con el diagnóstico de “herida de bala con perforación intestinal (bajo información)”.
En el Boletín Público del Ejército Argentino número 4148 del 6 de julio de 1977 figura la condecoración que le dieron por haber recibido ese disparo. “Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en Combate’ a Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D Raúl Fernando Delaico”.
El 12 de enero de 1977, efectivos del Ejército vestidos de civil irrumpieron en la casa en la que vivían Antonio Domingo García y Beatriz Recchia en Villa Adelina. Los vecinos relataron que participaron del operativo unos treinta militares y que se produjo un tiroteo en el lugar. Domingo García fue asesinado. Beatriz Recchia, que estaba embarazada de cinco meses, fue secuestrada y llevada a Campo de Mayo. En la vivienda, también estaba Juliana Inés, de tres años, la hija mayor del matrimonio, que fue entregada a su abuela materna ese mismo día.
El 13 de enero de 1977 La Razón reprodujo un comunicado de prensa difundido por el Comando de Zona 4. Allí aparece la versión oficial sobre el hecho, que, a pesar de las mentiras, sirve para confirmar que el Ejército participó del operativo en cuestión. “Se informa a la población –dice el parte– que el día 12 de enero a las 5 horas fuerzas legales efectuaron un procedimiento de control de población en una finca ubicada en la calle Independencia al 1900 de la localidad de Villa Adelina. Las fuerzas legales abrieron fuego abatiendo a un delincuente subversivo de sexo masculino. Finalizada la operación se encontró abandonada en el lugar una criatura de unos cuatro años de edad, cuya madre al parecer habría fugado aprovechando la confusión producida durante el enfrentamiento. Las fuerzas legales tuvieron dos oficiales heridos.”
Beatriz Recchia no se fugó ni abandonó a su hija. Fue secuestrada y llevada al centro clandestino El Campito, que funcionaba en Campo de Mayo. Sobrevivientes de ese sitio la identificaron como “La Tina”, “de pelo lacio, de ojos claros, que estaba con un embarazo muy avanzado, a punto de tener familia”. No hubo más noticias de la mujer y del niño o niña que parió en la clandestinidad.
La citación
El legajo personal de Alfonso, el Boletín del Ejército, el comunicado del Comando de la Zona 4 y los testimonios de los testigos permiten ver el cuadro que involucra a Alfonso en un homicidio y un secuestro y lo vincula a la apropiación de un menor.
Con esta información, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud se presentó ante el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo y solicitó que el ex secretario del Ejército fuera citado a indagatoria por esos hechos. Pidió la misma medida para quienes cumplieron roles jerárquicos en la Zona 4, correspondiente a Campo de Mayo: Santiago Omar Riveros, jefe de la Zona, Reynaldo Benito Bignone, jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, y Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones y quien estuvo a cargo de la represión en San Isidro. Los interrogatorios de estos tres últimos oficiales se concretaron la semana pasada y los tres acusados sumaron este caso a las razones por las que están presos en sus domicilios. Pero conseguir la presencia de Alfonso en tribunales no parece ser tan sencillo.
El ex secretario del Ejército estaba citado para el lunes pasado. El viernes anterior, a última hora, su abogado pidió una prórroga. El juez le concedió hasta el 10 de diciembre. Iud, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo, reclamó a Suares Araujo medidas preventivas para evitar que el acusado se fugara, pero el magistrado no las consideró necesarias. Esto llamó la atención en Abuelas de Plaza de Mayo, sobre todo porque el juzgado tiene un antecedente: el del médico Norberto Atilio Bianco.
Durante la última dictadura, Bianco era formalmente el jefe de Traumatología del Hospital Militar de Campo de Mayo pero era también el encargado de la maternidad paralela que funcionaba en ese lugar. Después de insistir, las Abuelas lograron que en marzo Suares Araujo lo citara como sospechoso. El hombre vivía en Paraguay –país que ya había sido su refugio cuando lo investigaron por la apropiación de dos niños que crió como propios– y no se presentó a declarar. En Semana Santa, viajó a la Argentina, pero como no existía orden de detención en su contra, volvió a Asunción sin que nadie lo molestara. Finalmente, Suares Araujo tuvo que pedir su captura internacional y su extradición –trámite que está en curso– aunque podría haberse ahorrado tiempo y recursos si le hubiese impedido salir del país o si hubiese reclamado su arresto en Paraguay desde un principio.
“Las familias de Domingo García y Beatriz Recchia no tenían información sobre la participación de Alfonso en este hecho. Cuando aparecen estos datos, la Justicia espera seis meses hasta decidir su citación y ahora le concede dos semanas más. Se trata de algo que pasó hace 31 años, pero el juez no parece tener apuro en investigarlo o no le parece importante hacerlo”, dice Iud. En este caso, además, está en juego el destino de un niño y niña que hoy debe ser un joven que no sabe que es hijo de desaparecidos.
El currículum
Alfonso no es un personaje menor en el Ejército, como secretario general de la fuerza, fue la mano derecha de Ricardo Brinzoni en su ataque a los juicios por la verdad o a todo intento de avanzar en el camino de la justicia para los crímenes de lesa humanidad.
Unos años antes, en 1995, cuando el soldado Omar Carrasco fue asesinado en un cuartel del Ejército, Alfonso y su entonces jefe Ernesto Juan Bossi dijeron ante los periodistas que el hallazgo del cuerpo demostraba que “en el fondo no querían matarlo. Si fueran tan malas personas como para haber especulado con eso, el cadáver no hubiera aparecido jamás”.
Como reveló Horacio Verbitsky en este diario en 2001, fue Alfonso el que recorrió las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca exigiendo que todos los oficiales firmaran el recurso de hábeas data que se presentó ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) y la Conadep para que esos organismos aclararan qué información tenían sobre más de 600 oficiales. Todavía estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero muchos miembros de las Fuerzas Armadas pensaban dos veces antes de salir del país por miedo a ser arrestados y llevados ante el juez español Baltasar Garzón u otro magistrado europeo.
“Llegó la hora de pasar a la ofensiva y lograr nuestra cuarta victoria”, anunciaba a sus subordinados para convencerlos de firmar el reclamo judicial que contó con la representación del abogado Juan Torres Bande, apoderado y dirigente de la organización neonazi de Alejandro Biondini.
Los otros triunfos de su gestión habían sido, según dijo, “el abierto apoyo a nuestros camaradas en desgracia, con Luciano Menéndez a la cabeza”, “la exitosa Operación retorno, por la cual se regresó al país al mayor (R) Jorge Olivera, desde Italia” y “la aprobación por el Senado de los pliegos de ascensos”. Se refirió así a tres hechos ocurridos durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
El primero fue protagonizado directamente por Alfonso, que viajó a Córdoba y Bahía Blanca para respaldar institucionalmente a militares que habían sido arrestados por negarse a declarar en juicios por la verdad y el encargado de solidarizarse con el dictador Menéndez cuando fue detenido por robo de bebés. La segunda reivindicación de Alfonso fue la liberación del represor Olivera, detenido en Roma por la desaparición de una joven de origen francés. El mayor retirado falsificó un documento y logró escaparse a la Argentina, que todavía era un refugio para represores. La tercera conquista fue lograr la promoción de oficiales cuestionados por su participación en el terrorismo de Estado.
La última gran jugada del secretario general del Ejército fue la presentación de los hábeas data. Se sabía que el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, estaba involucrado en la masacre de Margarita Belén ocurrida en el Chaco. Alfonso, en cambio, había logrado mantener su currículum a salvo. Hasta ahora.


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Defensor del Pueblo ve implicación funcionarios en “masacre” campesinos Pando 29-11-08

29 de Noviembre de 2008

Defensor del Pueblo ve implicación funcionarios en “masacre” campesinos Pando

Lamentó el "uso desproporcional y excesivo de la fuerza" en las detenciones y confinamientos de varias personas de este departamento en operativos que incluyeron "allanamientos de domicilio en horas de la madrugada".

El defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, afirmó este sábado que hubo "participación directa" de funcionarios de la prefectura (gobernación) de Pando (norte) en la "masacre" del pasado 11 de septiembre en la que murieron 19 personas, en su mayoría campesinos.

En una rueda de prensa en la que comunicó a los medios las conclusiones de un informe sobre los sucesos, Albarracín no quiso pronunciarse sobre la implicación del ex prefecto Leopoldo Fernández ya que "es el Ministerio Público quien debe definir su participación", explicó.

El informe del defensor del pueblo sostiene que los sucesos del pasado 11 de septiembre en la localidad boliviana de Porvenir, en la región amazónica de Pando, se saldaron con 19 muertos y 53 heridos.

Los hechos violentos se enmarcaron en una ola de violencia y enfrentamientos entre oficialistas y opositores autonomistas.

El Ejecutivo de Morales responsabilizó de la matanza al ex prefecto de Pando, el opositor y autonomista Leopoldo Fernández, quien se encuentra detenido en una cárcel de La Paz.

"La masacre en la que campesinos perdieron la vida es un delito de lesa humanidad", afirmó Albarracín.

Para él, en los enfrentamientos se dio un "uso desproporcionado de armas de fuego" frente al "estado de indefensión en que se encontraban los campesinos, con los agravantes de persecución y cacería".

El defensor del Pueblo asegura que constató que la Policía Nacional no hizo lo suficiente para garantizar, durante los enfrentamientos, la seguridad e incluso en algunos casos se "negó a brindarla".

Además señaló que los heridos que fueron trasladados a hospitales tuvieron "atención médica y de emergencia limitada debido a las presiones y el hostigamiento" ejercido por grupos cívicos opositores al Gobierno de Evo Morales.

Albarracín también criticó el "estado de indeterminación" en la detención de Leopoldo Fernández, así como una dilación en el tratamiento del caso del ex prefecto quien fue encarcelado pocos días después de los hechos violentos por incumplimiento del estado de sitio dictado por el Gobierno en esa región.

Precisamente, un juzgado de La Paz determinó en la noche de ayer ratificar la detención preventiva de Fernández por la muerte de un marinero durante la operación militar para recobrar el control del aeropuerto de Cobija, capital de Pando.

El defensor del pueblo lamentó el "uso desproporcional y excesivo de la fuerza" en las detenciones y confinamientos de varias personas de este departamento en operativos que incluyeron "allanamientos de domicilio en horas de la madrugada".

Por todo ello, pidió a las autoridades que estos delitos no queden en la impunidad, que identifiquen a los culpables y que se otorgue asistencia social, humanitaria y sanitaria a las víctimas de los hechos.

EFE

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