viernes, 18 de diciembre de 2009

Fiscal nacional:Chahuán descarta presencia de las FARC en La Araucanía 18-12-09

Fiscal nacional:
Chahuán descarta presencia de las FARC en La Araucanía

PUCÓN. El fiscal nacional, Sabas Chahuán, descartó ayer que miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hayan viajado y permanecido en La Araucanía para entrenar a mapuches radicalizados de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Durante la inauguración de la nueva fiscalía de Pucón, Chahuán se refirió a las vinculaciones entre ambos grupos, luego que trascendiera que los padres de dos estudiantes mexicanos abatidos en el bombardeo a un campamento de las FARC, en la frontera de Ecuador y Colombia -donde murió el líder de esa guerrilla Raúl Reyes-, visitaron el año pasado a comunidades mapuches de La Araucanía."No hay elementos de las FARC en Chile. A lo mejor, algún FARC vino a Chile a hacer turismo, pero no a cometer delitos", ironizó el fiscal.Sin embargo, confirmó nuevamente que miembros de la CAM viajaron a Colombia, presuntamente para recibir adiestramiento paramilitar."Hay personas que han viajado fuera de Chile para recibir presunto entrenamiento, pero no se ha detectado que ese adiestramiento sea la condición para cometer delitos en Chile", afirmó ayer Chahuán.
Respecto de la investigación de las actividades de los mapuches en los campamentos guerrilleros colombianos, dijo que hay avances en esta materia, pero declinó entregar detalles.
Hasta el momento, el fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, ha individualizado al menos a ocho miembros de la CAM que viajaron a Colombia


elmercucho


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18 December, 2009

Fiscal Nacional confirma que no hay miembros de las FARC en Chile y que no hay Mapuches entrenados por este grupo armado

El fiscal Nacional, Sabas Chahuán, aseguró que no hay elementos que certifiquen la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) en Chile y descartó que mapuches hayan sido entrenados por integrantes de la guerrilla. / Chahuán desestimó que integrantes de las FARC hayan viajado y permanecido en la región de La Araucanía, a 670 kilómetros al sur de Santiago, para entrenar a mapuches "radicalizados".


Fuente: http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/chile/20091218150834999823.html


El fiscal fue consultado luego de que trascendiera que los padres de dos estudiantes mexicanos abatidos en el bombardeo a un campamento de las FARC, en territorio ecuatoriano, -donde murió uno de los líderes de esa guerrilla Raúl Reyes-, visitaron el año pasado a comunidades mapuches de La Araucanía.


"No hay elementos de las FARC en Chile. A lo mejor, algún FARC vino a Chile a hacer turismo, pero no a cometer delitos", ironizó el fiscal tras la inauguración de la nueva fiscalía de Pucón.


INFORMACIÓN RELACIONADA


21 October, 2009 / CHILE-ARGENTINA. OPERACIÓN PARAMILITAR EN CONTUBERNIO. OBJETIVO: WALLMAPU / Así como la prensa fascista en Chile, acostumbrada a los montajes ha venido replicando supuestos vínculos de Mapuches con la FARC, en Argentina, sus homónimos en alianza con Paramilitares y mercenarios chilenos-Argentinos vinculados a algunos colonos latifundistas, han venido instalando el involucramiento de “Mapuches chilenos” en Argentina y su relación con la FARC. Se trata de una operación que ha involucrado incluso en Chile ha políticos de la Ultra derecha chilena como el presidenciable Piñera y el Senador Espina. Reacciones de Representaciones de Pueblos originarios de Argentina./ Leer Más: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4846


21 October, 2009 / OJO: OPERACIÓN BANDERA NEGRA EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA / leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4842
“Tienen apoyo de FARC y ETA” / Leer Más: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-43016-2009-10-12.html


2 October, 2009 / Medios masivos de comunicación, tergiversación y negacion hacia el Pueblo Mapuche / Desde hace muchos años los medios masivos de comunicación vienen contribuyendo a la demonizacion, criminalización e invisibilización como pueblo nación, los medios locales no son la excepción, cumpliendo el papel de voceros del poder y sus aliados./ Los medios de comunicación, han contribuido notablemente a criminalizar la demanda mapuche./ Leer Más: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4759


26 August, 2009 / Sebatián Piñera asegura que “terroristas extranjeros” agitan el conflicto mapuche, sin embargo no sabe quién, donde y cuando. Trascendió que “Speedy González” sería uno de los investigados./ Leer Más: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4590


21 August, 2009 / Mapuches y la FARC en Prensa Argentina: El Fascismo y el Racismo se contagia / La Guerrilla en Colombia, entre otros aspectos, ha servido de “excusa” para el ataque a habitantes campesinos, indígenas y/o afrodescendiente de diversos territorios, con sistemáticos asesinatos, represiones y desplazamientos forzados de poblaciones ya sea por el ejército, paramilitares, incluso por la misma denominada “Guerrilla”, situada en varios lugares donde “casualmente” se han instalado los principales proyectos de industrias extractivas (petroleras y mineras). A esta altura, vale preguntarse ¿A qué Farc se referirá el fascismo chileno, argentino y Colombiano? ¿La Farc de Uribe, de Bush, de los paramilitares; O la ideologizada doctrinaria distante a las luchas indígenas? / Los análisis racistas de que el Mapuche necesita de grupos foráneos para organizarse, para actuar, para reclamar sus Derechos, se ha trasladado a la prensa fascista de Argentina. Hablan de vínculos con la FARC de Colombia, con la ETA (sin especificar a cuál FARC?). Colombia, es un mapa de planificaciones siniestras y genocidas, donde los principales afectados han sido miles de inocentes. / Leer Más »» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4565


15 August, 2009 / Piñera muestra los colmillos: Llama a aplicar Ley Antiterrorista y califica a los mapuche como 'un puñado de delincuentes'. / Se salió de madre el usurpador de las tierras de Tantauco y delincuente de cuello y corbata. El presidenciable reiteró que el conflicto en la Araucanía ha ido agravándose debido a una gestión que actúa con debilidad y eso a opinión del postulante a La Moneda, es un gobierno que no cumple su función: cuando permiten que "un puñado de delincuentes tengan de rodillas a todo un país es porque el gobierno no esta cumpliendo con su deber" sentenció. / Leer Más»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4513

© Mapuexpress
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"Parece que llegó la hora del nuevo intento de exterminio"-2009/10/29/


"Parece que llegó la hora del nuevo intento de exterminio"
Un comentario, respuesta a la carta de "Nuno" Sapag sobre los mapuches terroristas. ¿Qué quiere decir cuando expresa: "...esa enorme apropiación de valiosos bienes bajo la cobertura de la intencionada y disparatada distorsión de la ley que han hecho ciertos abogados"? ¿Acusa a los jueces de la Nación de inútiles? ¿Se atreve a decir que la Justicia argentina permite el accionar de abogados que tuerzan el derecho?

Por otra parte, la primera apropiación y sin distorsión de ley alguna ocurrió en 1492. Nos regaló así la cultura occidental, con la que en tan sólo 500 años los ríos terminaron contaminados, la capa de ozono con un agujero en crecimiento y una transculturación tal que varios son argentinos sólo cuando juega la selección y luego la siguen saqueando con coimas, entregas de patrimonio nacional a manos multinacionales, etcétera.

La segunda gran invasión fue protagonizada por Julio Argentino Roca. Sacó a los auténticos dueños de la tierra para regalarla en algunos casos a familias de doble apellido y de habla inglesa que de todos modos no poblaron la Patagonia.

Consta en el Archivo de Indias que solamente entre el año 1503 y el l660 llegaron a San Lúcar de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata que provenían desde América. Seguramente se estaban cobrando la civilización que nos dejaban.

Ahora llegó el tercer intento de desaparecer a los pueblos originarios, y tiene en el señor "Nuno" y varios de los que escribieron comentarios a su carta de lectores valerosos militantes.

Llamativamente, este señor Sapag menciona a Lorenzo Loncón firmando la carta internacional en apoyo a la senadora Piedad Córdoba con la Coordinadora Popular Colombiana en París. La idea es dejar la impresión de que este mapuche es terrorista, aunque sin decirlo.

Don "Nuno", si pretende decir que Lorenzo Loncón, werkén de la comunidad mapuche Newen Mapu, provincia del Neuquén, miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia -a quien conozco personalmente y doy fe de su hombría de bien ya que hemos trabajado juntos como hermanos mapuches- es terrorista, debería calificar también como terrorista a quienes encabezan las firmas de la misma carta, es decir a: Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, Argentina, miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia; Mirta Acuña, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Argentina, miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia; François Houtart, profesor emérito de la Universidad de Lovaina, Bélgica, representante personal del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Comisión sobre la crisis financiera mundial, miembro de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia; Juan José Tamayo Acosta, teólogo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones "Ignacio Ellacuría", Universidad Carlos III, Madrid, España; James Petras, escritor, profesor emérito de la Universidad de Binghamton, Estados Unidos; Pascual Serrano, periodista, escritor, España, entre otras muchísimas rúbricas.

Parece que llegó la hora del nuevo intento de exterminio. Don "Nuno", dispare la primera bala, porque Julio Argentino ya no se va a levantar más de la tumba. Pero no se olvide de lo que dijo Tupac Katari (tal vez usted crea que es una frase de Evita): "Volveré y seré millones", promesa que, como habrá notado, se ha cumplido con total fidelidad. Dispare tranquilo. Somos invulnerables.

Una última aclaración: somos integrantes de la nación mapuche, respetuosos de las normas a través de las que se organizan las naciones que ocupan nuestros territorios desde hace más de 200 años. Por eso, no hay mapuches chilenos ni mapuches argentinos. Hay mapuches.

Flavio Zuñiga, DNI 22.944.502
Lonko Organización Nación Mapuche
Catriel
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jueves, 17 de diciembre de 2009

Multitudinaria marcha festejó en Loncopué-17-12-09

Multitudinaria marcha festejó en Loncopué



Jueves, Diciembre 17, 2009



Fuente: Radio UNCO



Unas 2500 personas se movilizaron en Loncopué para festejar la resolución del Tribunal de Superior de Justicia que suspendió la audiencia pública que habilitaba el comienzo de la exploración para una mina de cobre a cielo abierto en Campana Mahuida.


Con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo, la Corriente Militante de Derechos Humanos, las organizaciones que desde Loncopué y Campana Mahuida se oponen a la mina realizaron una marcha que sólo tienen como antecedente la de marzo de este año que tenía el mismo objetivo.

En Loncopué y sus alrededores viven unas 6000 personas, con lo que la movilización de más de 2500 cobra su real importancia. La movilización empezó minutos antes de las 19 desde el monumento a la mujer indígena y tras pasar por el municipio finalizó en el monumento a los primeros pobladores. En el acto de clausura habló el cura párroco y presidente de AVAL, José María Dorfeo, quién relató el proceso vivido y resaltó la victoria que significó el paso dado.


“Querían una audiencia pública, acá está la audiencia pública”, dijo refiriéndose a la contundencia de la movilización. También hablaron la integrante de la Asamblea de Vecinos de Campana Mahuida, Mónica Castillo; René Encina de la Asociación de Fomento Rural Huecu Có; y la werken de la Confederación Mapuche por el Consejo zonal Picunche, Silvia Kvlalew.También expusieron en el acto los diputados que tienen un firme postura en contra de la megaminería con la utilización de sustancia tóxicas: Rodolfo Canini y Paula Sanchéz. Cerró el acto el Lonko de la Comundiad Mellao Morales, Pedro Beroiza. “Es histórico que haya salido este fallo en la provincia de Neuquén a favor de una comunidad”, sostuvo. “Cuando hay una comisión directiva que está decidida a defender su tierra y está acompañada por toda la comunidad nadie puede envolverla con engaños”, dijo sobre los mecanismos que han utilizado algunos funcionarios para convencerlos de las importancia de la mina. “Demasiado han abusado de nuestra comunidad nos han tratado de ignorantes y hoy les voy a demostrar que por más estudios que tengan tienen menos dignidad que yo”, cuestionó la actitud de ciertos políticos.



El Tribunal Suspendió la audiencia pública



El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén aceptó la medida cautelar presentada por la comunidad Mellao Morales y resolvió suspender todos los actos administrativos relacionados con la explotación minera en Campana Mahuida. Además, se declaró incompetente sobre el pedido de nulidad del contrato entre de exploración y o devolvió a primera instancia.Con notable alegría el abogado de la comunidad Cristian Hendricksen tras ser notificado explicó que “el TSJ ha resuelto la medida cautelar que habíamos solicitado y acogió favorablemente a nuestros intereses y suspendió el procedimiento administrativo en el cual se tramita la pertenencia minera de la mina de Campana Mahuida, con lo cual entendemos que la audiencia pública no se puede llevar a cabo porque ha sido suspendió el procedimiento en el cual el gobierno la dictó”.“El TSJ habrá visto que hay alguna verosimilitud en el derecho invocado como para que hallan acogido favorablemente esta medida cautelar de suspender el procedimiento administrativos hasta que haya una revisión por parte de la justicia de la legalidad de esta venta de una mina de dominio público por monedas”, señaló el abogado. “Entendemos que es una aberración jurídica que ha violado los derechos de los pueblos indígenas argentinos y que ha violado el derecho administrativo neuquino”, sostuvo. Además, señaló que la resuelto hoy “no se ha debido exclusivamente a la labor de los profesionales que nos ha tocado trabajar, sino que también es producto de un pueblo y una comunidad mapuce que se han movilizado en Loncopué y que han mostrado la decisión de defender pacifica pero decididamente su medioambiente, su recurso y su país”. Cristian Hendricksen También en la puerta del Tribunal el lonko de la comunidad, Pedro Beroiza, expuso su emoción ante el fallo. “Por fin una buena para nuestra comunidad que hace tiempo venía luchando y una vez más íbamos a ser avasallados”, dijo. “Les agradezco a todos los integrantes de la provincia que se sumó a nuestra lucha. Esto es un esfuerzo de todo le pueblo de la provincia de Neuquén”, sostuvo. “Esto nos da un pie más para seguir en la lucha y tampoco podemos confiar demasiado para bajar los brazos. Hoy no es el momento de bajar los brazos, sino de continuar luchando”, indicó.


Pedro Beroiza

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Juan Guzmán: "Pienso que debería descriminalizarse el consumo de la marihuana" 09-12-09

Juan Guzmán: "Pienso que debería descriminalizarse el consumo de la marihuana"

escrito por Hugo Moreno Peralta

miércoles, 09 de diciembre de 2009

¿Cual es el motivo principal que le llevó a aceptar esta candidatura a senador por la Quinta Región Costa ? Acepté la candidatura para postular a senador por la Quinta Costa , porque quiero devolver al país y a la región la felicidad que ambos me han dado. Soy abogado, he podido servir como funcionario judicial durante 35 años, creo haber contribuido con la justicia de nuestro pueblo y tengo aun mucha energía para poder continuar con mi vocación de servicio. Elegí esta región porque en ella nacieron mis dos hijas, porque aquí conocí la pobreza de nuestra gente al trabajar tres años como receptor judicial y aprendí cómo la institucionalidad y el sistema que rige en nuestro país estrujan a los trabajadores y a los más desprotegidos. Además, he deseado siempre establecerme en esta zona por su encanto particular, su belleza y su gente.A usted le he escuchado la idea de refundar Chile con justicia plena, para todos:¿Cómo se concretaría su idea? ¿Qué rol jugaría una asamblea constituyente ? ¿Otro chile, para todos es posible teniendo en cuenta los compromisos de la clase política y de la oligarquía agrícola citadina con el gobierno de los estados Unidos?
Para refundar Chile con justicia para todos, se requiere de una nueva constitución a la cual sólo se puede llegar mediante una asamblea constitucional que represente a todo el pueblo: todos sus sectores, sindicatos y agrupaciones. Siempre se han redactado y promulgado constituciones por una oligarquía para una oligarquía. En el mundo y, en lo particular, en nuestro país, urge este gran cambio. Necesitamos de un sistema que asegure la felicidad de nuestra gente y el entusiasmo por colaborar en la formación de una gran patria. Ello se consigue creando un sistema de educación público, de salud pública y de seguridad social primordialmente estatales que aseguren estos derechos fundamentales para todos. Claro, quienes quieran y puedan podrán acceder a sistemas privados si lo desean, pero los públicos deben ser tan o más eficientes y garantizar la educación, educación y previsión de calidad. Con la renacionalización del cobre y la nacionalización de los recursos naturales no renovables se puede lograr un presupuesto que permita lograr los fines señalados como también asegurar viviendas dignas para nuestra gente dentro de un entorno que nos permita una buena calidad de vida. Ese sería sólo el comienzo... Siendo usted hijo de un destacado escritor chileno y habiendo sido Chile tierra de poetas y de escritores reconocidos no sólo en Latinoamérica sino en el mundo, ¿Cómo se terminaría el proceso de aculturación heredado de la dictadura de marras y vigente, con un negociado de la obra y maltrato a sus personas para nuestros queridos premios noble Gabriela Mistral y Pablo Neruda?
Nuestro país ha sido la cuna de grandes artistas, poetas, escritores, músicos, historiadores y ensayistas. En la actualidad se privilegia lo circense y el espectáculo de baja categoría. Existe una aculturación provocada por centenares de factores que derivan de la globalización y de un mundo que lleva hacia un consumismo enfermizo. Los valores y las personas de calidad se reemplazan por aparatos tecnológicos y por ídolos de barro. En general, esto es un efecto del momento actual y de la necesidad de importar un modelo que nos es extraño. Faltan políticas de estado, estímulos y reconocimientos otorgados por personas de categoría que privilegien a las artes, el talento y la producción intelectual. Pero, a la vez, los programas de educación deben volver a un cauce humanista y de mayor rigor intelectual. Deben mejorarse los sistemas para evaluar la calidad del estudio y las fórmulas de la enseñanza. Deben ser estimulados los profesores con mejor preparación, mejores remuneraciones, más posibilidades de investigación y mayores opciones de incrementar sus conocimientos. Debe, a la vez, crearse una carrera docente basada en méritos, capacitación y antigüedad. Lo anterior, entre numerosas otras medidas que permitan que volvamos a ser un país de mayor riqueza intelectual. Cuando en Chile se conculcan los derechos del Pueblo Mapuche, se destruyen su cultura y sus tradiciones al igual que otros Pueblos Originarios, ¿Que medidas inmediatas propondrá usted como senador para terminar con la marginación y persecución de los Pueblos Originarios en general, y Mapuche en particular?
Al lograr promulgarse una nueva constitución, mediante una asamblea constituyente , se debe contemplar un poder legislativo bicameral o unicameral, conforme lo decida la ciudadanía, con la participación de parlamentarios pertenecientes a los distintos pueblos que forman parte de nuestro país. A la vez, las organizaciones de fomento y mejora destinadas a mejorar la calidad de vida de los pueblo originarios deberían estar conformados mayoritariamente por miembros pertenecientes a dichos pueblos. En lo inmediato, debería modificarse la ley de conductas terroristas en el sentido de tipificar más adecuadamente a los delitos terroristas y terminar con los tipos abiertos que permiten que dependa de los fiscales o jueces la determinación de qué delitos son terroristas y cuáles, no. Esto evitaría la utilización discriminatoria de esa ley. Además, debería restársele la competencia que no corresponde al Código de Justicia Militar. Hay demasiados tipos penales que no corresponden al fuero militar y que están contenidos en este código. Sólo deberían estar contenidos en ese texto legal los delitos cometidos por personas pertenecientes a las fuerzas militares y de orden. No los cometidos por particulares. El estado subsidiario chileno indiferente a los problemas que les aflige a la mayoría de los ciudadanos de este país: cesantía, atención medica, seguridad social, educación, etc., ¿Cuál es la solución que usted propondrá en el senado para enfrentar estos problemas sociales?
Desde luego, propiciar la necesidad de cambiar nuestra constitución neo liberal por otra que surja del pueblo y contemple instituciones democráticas y que aseguren y protejan a todos estos derechos humanos. La salud pública, la educación pública y la seguridad social son funciones primordialmente estatales. Por lo tanto, se debe contar con un presupuesto adecuado que contemple la eficiencia de esos servicios. Chile es un país rico. Con la nacionalización del cobre y la producción e industrialización del mismo, el ingreso público debe ser mayor. Habrá mayor imposición dirigido a las importaciones y a las multinacionales. De ese modo se incrementarán las arcas fiscales de modo de que los señalados presupuestos sean aptos para el cumplimiento de estas funciones esencialmente públicas.Usted hizo historia, entre otras cosas porque como magistrado del Poder Judicial demostró que era posible juzgar y condenar a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos de la dictadura de marras. Las reformas llevadas a cabo por los gobiernos de la Concertación han sido un fracaso. ¿Usted como senador será partidario de una reforma total al Poder Judicial?
En efecto. Debe realizarse una reforma radical al poder judicial. Su estructura aun es feudal y permite el favoritismo, y le falta independencia tanto en lo funcional como en lo institucional. Pero lo más importante es establecer una forma más idónea para la selección de los jueces sobre la base de la excelencia y la probidad. Desde luego, los poderes estatales no pueden ser los generadores de este poder. En mi concepto, debería generarse mediante un consejo nacional de la magistratura como en numerosos países europeos. Un problema que preocupa a todos los ciudadanos, de larga data, es la delincuencia. Siendo ésta producto de una realidad social ¿Cómo piensa usted que hay que enfrentarla para erradicarla?
La delincuencia aumenta debido, en gran parte, a la falta de posibilidades reales de realizarse de gran parte de la juventud. Resulta obvio que con una mejor educación al alcance de todos, la creación de escuelas técnicas e industriales y la mejora de las remuneraciones, se resolvería en gran medida este flagelo. Ahora, en lo inmediato, más que aumentar las penas, el otorgamiento de la libertad provisoria de los imputados debería ser más controlado. Al mismo tiempo, debería limitarse el otorgamiento de este derecho a quienes realmente constituyen un peligro para la sociedad, por la calidad y naturaleza de los delitos.Una lacra imparable que enajena y destruye a un Pueblo son las drogas. ¿Cómo la enfrentara usted como senador de la Republica ?

Pienso que debería descriminalizarse el consumo de la marihuana. La marihuana es tan dañina como el cigarrillo. Por lo tanto, quien consume, sin promover este vicio debería estar en las mismas condiciones de quien bebe alcohol o fuma.En lo que se refiere al que vende o expende este producto, la cosa cambia y hay un conjunto de conductas penales que están contempladas en leyes sobre la materia. Ahora bien, hay ciertas esferas socio-económicas que están protegidas. Por ello, pienso que deberían incrementarse formulas de control permanente de consumo de drogas como cocaína y otras similares, al nivel de los funcionarios públicos quienes deberían proporcionar los datos acerca de cómo se procuran esas drogas para lograr perseguir a los grandes traficantes.¿Cuál es su mensaje al ciudadano marginado, a la juventud maltratada y enajenada por la dictadura de marras y los regimenes de la Concertación ?
Las personas víctimas de la represión son muchas más de las que se conocen. Se ha sabido que los conscriptos de los años de la dictadura han sufrido torturas y vejaciones inimaginables. También debería formarse una comisión para estudiar reparaciones para ellos en la medida que se determine su inocencia en hechos atentatorios a los derechos humanos. Debería hacerse un catastro de los distintos tipos de víctimas: torturadas, muertas, desaparecidas. Los torturados deberían indicar a quienes les pregunten para el logro de beneficios reparatorios, la naturaleza de las torturas, su intensidad y las secuelas. Lo mismo debería hacerse a los exonerados, los exiliados y a quienes se les imposibilitó la continuación de sus estudios. El estado debe realizar una reparación integral para que se logre una justicia adecuada. Mi mensaje para las personas que fueron y son víctimas de la represión es de continuar luchando por la reparación de sus sufrimientos. Deben exigir que Chile les de el trato digno que merecen y deben decirles a sus hijos y nietos cómo fueron y son reprimidos, para que no se pierda la memoria colectiva respecto de periodos que no deben retornar o de etapas que deben reformarse.
elclarin
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RULING BY THE PERMANENT PEOPLE'S TRIBUNAL : COLOMBIA 'S BIODIVERSITY SESSION -Tuesday, May 08, 2007

The latest news for the struggle for human rights for all in Colombia

Tuesday, May 08, 2007

RULING BY THE PERMANENT PEOPLE'S TRIBUNAL : COLOMBIA 'S BIODIVERSITY SESSION

PERMANENT PEOPLES' TRIBUNALCOLOMBIA SESSIONHEARING ABOUT
BIODIVERSITYRULING
(Translated by Kevin Funk, a volunteer CSN translator)
In continuation with past hearings that have examined the problem of multinational corporations in Colombia, in their activities of natural resource extraction with the support of the Colombian security forces and paramilitary groups, the Permanent Peoples' Tribunal was in session in the humanitarian zone of Nueva Esperanza in Dios in the Cacarica river basin, bajo Atrato chocoano on February 25 and 26, 2007. The hearing was presided over by the Argentine jurist Marcelo Ferreira – Chair of the Human Rights Program in the School of Philosophy and Arts at the University of Buenos Aires – delegated by the president of the Tribunal in the presence of the judges Richard Carrere, international coordinator of the World Rainforest Movement, and João Ricardo dos Santos Costa, member of the Judges’ Association for Democracy in Brazil and World Judges Forum. Acting as co-judges were the Chadian Andebeng Labeu Madeleine Alingue, president of the corporation the Pan-African Alliance for Colombia, and expert in South-South cooperation; the Colombian journalist and writer Alfredo Molano, the lawyer Francine Damasceno Pinheiro, member of the Landless Workers’ Movement in Brazil and social sciences teacher, and Lorenzo Loncon, indigenous Chilean delegate from the Mapuche people.
The Permanent Peoples’ Tribunal, in continuation with the Russel tribunals backed by the Foundation Leslio Basso, has as its goal to give visibility to and describe in legal terms situations of massive violations of fundamental rights, for which institutional responses are not being found.In the previous days, some of the judges traveled across the region accompanied by a large group of national and international observers, to verify the impacts of the presence of some national and multinational corporations on the environment and society in the region. These aforementioned judges wish to hereby expressly state that they saw with their own eyes the suffering of the people of this land and the degradation of nature.The hearing took place in the same week in which the 10 year anniversary was being commemorated of a violent and massive expulsion which destroyed numerous communities in the region, forcing inhabitants to abandon their lands, which were then occupied for the activities of transnational corporations. The above-mentioned operative was designated by the Colombian army as “Operation Genesis,” and brought with it many killings. Amongst them we must highlight the decapitation of Marino López Mena; soon after cutting off his head the victimizers played soccer with it in front of the community in an act of punishment typical of state terrorism. The closure was carried out precisely on the tenth anniversary of his death.The hearing was carried out in a settlement that was set up as a humanitarian zone after the return of some of those who were violently displaced in 1997 and who have exercised heroic resistance during various years, deciding to remain in the territory in spite of the continuous harassment and threats from the Colombian armed forces and paramilitary groups. Close to three hundred people attended the hearing from different regions of the country, where these and other multinational corporations have caused similar damage to the environment, relying on paramilitary groups for the achievement of their objectives.Delegates also participated from solidarity organizations from 17 countries in Europe, and North and South America.The sessions of the hearing were developed on different conceptual levels, such as: expositions of the context about biodiversity and biopiracy, palm trees and biofuels, environmental and agrarian policies, and Genetically Modified Organisms (GMOs) in Colombia On another level charges were presented against various transnational corporations, some of which have subsidiaries in Colombia. Each charge was backed by the testimonies of people who have directly suffered the impact of their activities and by documentary evidence presented by the accusers and witnesses. The Tribunal proceeded to incorporate the documentary and testimonial evidence for its presentation at the final hearing of the Colombia session of the Permanent Peoples’ Tribunal, which will be held in July 2008.Likewise, and prior to the hearing, a pre-hearing was held in Medellín on February 22 concerning fumigations and the militarization of Colombia, the conclusions of which were presented to this hearing and were added to the charges.The company Smurfit Kapa – Cartón de Colombia was accused of the violation of human, environmental, social, and cultural rights. Specifically for: destruction of tropical rainforests, Andean forests, and other ecosystems, and for destroying the social fabric, the traditional and cultural means of production of the communities; eliminating and polluting water sources; influencing the formulation of governmental policies in the country and pressuring state officials in favor of the interests of the multinational; hiding information related to the business and manipulating the media as much on a regional scale as a national one; using false propositions, information, and publicity to justify its activities and disguise the resulting impacts; accusing and criminalizing with false arguments those who denounce its misconduct. The business MULTIFRUITS Inc., subsidiary of the North American transnational DELMONTE, is accused of the practice of an illegal banana agribusiness planned on 22,000 hectares, in which rubber and palm trees will be included on the country house areas of La Balsa, San José, Varsova and Bendito Bocachica; profiting from the settlement of the paramilitary structures in the Balsa since February 26, 1997, which generated the displacement of more than 2500 Afro-Colombians, the ransacking and destruction of their means of survival, and the crime of MARINO LOPEZ as well as the utilization of this site as a center of paramilitary operations, amongst which they tortured, disappeared, and executed civilians, among them several of the 85 victims from this community; in which they maintain control through pressure tactics with the denomination of the "Black Eagles" in spite of the announcement of their demobilization in 2005; they are also accused of irreparable environmental damage to the ecosystem, as well as the taking away of lands for agribusiness, and in regards to the common graves of the victims of crimes against humanity.The business PIZANO Inc., and its subsidiary MADERAS DEL DARIÉN, is accused of destructive use, in a mechanized way, of the wood resources of the Cacarica; having caused profound damage in the land, the forest resources, and in the living conditions of the Afro-Colombian communities that inhabit the extraction areas; profiting from the extensive exploitation of wood, affecting principally the formation of forests in the municipalities of Riosucio and Carmen del Darién in the department of Chocó; the indiscriminate exploitation of the "catival" species (Priora copaifera), which is classified as endangered, and the generation of an acute impact on the tropical rainforest, as well as the forced displacement of more than 2500 Afro-Colombians and mestizos and a third of the indigenous population of the region after Operation Genesis, in which the collusion of the paramilitaries of the Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (today the Bloque elmer Cárdenas) was evident, and in which mass killings were carried out against the population, their lands and crops were burnt, and extrajudicial executions, sexual violence, and other serious human rights violations occurred. Responsibility was attributed to the Colombian state for its action and omission in crimes against humanity, genocide and terrorism, in all of the demonstrations that noted that they were committed by members of the 17th Brigade of the national army in collaboration with paramilitary groups that are located in this zone as well as for maintaining the impunity for every crime committed against the victims and for not having investigated, judged, or sanctioned in due form the members of the security forces and the paramilitaries which act in collusion with them. The business URAPALMA Inc. was accused of having acted in conjunction with other palm tree companies and the Colombian state in the illegal growing of between 4000 and 7000 hectares of palms with a projection of 22,000 inside the collective lands of Afro-Colombian communities; operations that were possible thanks to the carrying out of and impunity for more than 113 crimes against humanity, 13 forced displacements, 15 cases of torture, 17 arbitrary detentions, 19 lootings of country houses, 14 paramilitary incursions, aggression into the humanitarian zone, 4 killings or extrajudicial executions, and the so-called "demobilization," which has made possible the development of new death threats and control over the population. The company is accused of having favored and promoted violence, and having intended to legalize property in favor of its interests through mechanisms such as: entering into land-use contracts, the buying and selling of improvements to owners, subscription to forged certificates for usage agreements, the forming of front groups of campesinos, developing figures such as the so-called Strategic Alliances in order to obtain public resources, the falsification of public and private documents, the alteration of sales resolutions of vacant lots, and the terms of agreement, amongst others.The transnational corporation Monsanto is accused of supplying the component Roundup Ultra, without any sense of consciousness or legal responsibility, to be sprayed in the air in the eradication of crops of illicit usage with glyphosate, used since 1984 and converted into the principal strategy of Plan Colombia, implemented jointly by the governments of Colombia and the United States; for flagrant and knowing complicity in violating Article 14 of Protocol 1 of the Geneva Conventions, which prohibits making civilians suffer from hunger as a method of combat and attacking the civilian population's necessary means of subsistence, such as food items, crops, livestock, reserves of potable water and irrigation systems; for selling to the Colombian government with the support of the U.S. government toxic substances frequently utilized as a weapon of war, thus becoming an accomplice in the chemical warfare being waged against the civilian population; for violating international norms which mandate that state bodies and their private consortia protect and respect biodiversity and the environment, such as the Convention on Biological Diversity, the Ramsar Convention on Wetlands, and Convention 169 of the International Labor Organization concerning the rights of indigenous peoples and ethnic communities; for its neglect of the humanitarian, social, and land-related consequences of its massive and indiscriminate aerial fumigations, which utilize substances produced by this transnational.The Dyncorp company is accused of fomenting war and political instability, and of profiting from the incitement of conflicts, and of maintaining them through its provision of services; benefiting from mercenaries which instigate and promote a deterioration in the living conditions of a population suffering from this militarization, the loss of thousands of lives and with them the delicate social fabric to which they belong; the destruction of natural resources; the amounts lost to humanity in cultural and ecological terms; supporting serious humanitarian crises, and shameless food crises; the loss of public goods, the violating of human dignity, the destruction and the pain. They are held responsible for human rights violations against Colombian and also Ecuadorian communities, which suffer the impacts of its business activities, all of which are serious affronts to humanity; carrying out a deliberate policy in violation of human rights, formulated by the U.S. government and accepted by the Colombian government.About Biodiversity:In the tests provided to the Tribunal it is clear that the policies promoted and imposed by the Colombian state are a serious attack against biodiversity in farms and forests, areas which were used in a sustainable manner for centuries by indigenous, Afro-Colombian and campesino communities.- The displacement of the indigenous, Afro-Colombian, and campesino populations imply the loss of species and varieties, as well as the traditional knowledge of them.- The expulsion of traditional communities and the substitution of subsistence agriculture with industrial monoculture, affecting food sovereignty locally and nationally.- The massive and indiscriminate application of herbicides results in the destruction of forests and groups as well as related fauna.- The introduction of moncultivation of bananas, pineapples, eucalyptus, cypress, and palm oil substitutes ecosystems of enormous biodiversity for green deserts of a lone specie. The massive use of pesticides in monocultures affects the few species of fauna that manage to survive in monocultures. The set of agrochemicals used also effects water resources, which also impacts the health of local populations, as well as the flora and fauna associated with rivers, streams, lakes, and wetlands.The testimony of one witness clearly summarizes the situation, saying that: "palm oil is being paid for by the blood of our brothers and sisters, friends, and family members..." "we don't have anywhere to work because the land is covered with palm trees."The industrial monoculture of palm trees and other species presents itself likewise as a very effective method for controlling land, and indirectly of social control, at the mercy of being implemented by a globalized model on a grand scale.About sovereignty and people's right to self-determination:Monsanto's business practice of imposing a monopoly of its genetically modified products entails the extinction of seeds used ancestrally by the indigenous, Afro-Colombian, and campesino populations. The cultivation of corn forms a part of the cultural complex of traditional populations, and the knowledge of production techniques is one of the expressions of their identity as a people, in addition to being a factor that guarantees their autonomy.The extermination of creole seeds is an attack against the autonomy of traditional peoples because it generates dependence in relation to economically dominant cultures, causing these peoples' social exclusion. The autonomy of the people is a guarantee consecrated in accord with international norms regarding human rights; therefore it is considered as a part of Colombian law, in which it is ratified. Accordingly, the government is obligated to take necessary measures to keep the population of the region from losing its land, and the gradual extinction of its cultural diversity.About the Afro-Colombian and indigenous peoples, and campesino communities:At the sources of the tributaries and rivers that flow into the Atrato, there are primarily indigenous and Afro-Colombian peoples, and campesino communities.Historically, the inhabitants of this region are the Afro-Colombian peoples that escaped from the system of slavery, and as free former slaves they started to live amongst the Kunas, Katios, Emberas, and Wuanan peoples, whose ancestors have inhabited this region.During the 1950s, campesinos arrived, having been displaced by violence in the Andean departments and along the coast.The use of the land by these communities has allowed the development of knowledge, customs, ancestral practices that support the perfecting of sustainable agricultural techniques, preserving a broadening of the local biodiversity. Likewise, the production system generated the necessary balance to establish some decent ways of life and coexistence.Then, in the 60s, livestock farmers from Antioquia came in, with the opening of the highway between Medellín and Turbo.In the 90s, a convergence of geo-strategic attention came into existence in the region, determined by: the Pan-American Highway project, the armed conflicts between the guerrilla forces and the paramilitaries and government, and the return of the Canal Zone to Panama. Likewise, this change coincided with an increase in international demand for wood and bananas.These facts gave way to a new security model and regional development policy, which came into conflict with the traditional ways of the communities. And in particular with the legal ways of association: indigenous shelters, ancestral Afro-Colombian communities, and campesino reserves.In 1997, the Colombian army, in collaboration with paramilitaries, carried out Operation Genesis. There they bombarded and occupied by water and land the towns of the Salaquí and Cacarica river basins.The witnesses put forward to the tribunal horrendous crimes used against them: mutilations, executions, shootings, torture, rape, forced disappearances. A power saw was used as a weapon of war against human beings.The population fled towards the mountains, abandoning their lands, homes, livestock, and properties. Then they gathered in the City of Turbo and some sought refuge in Panama. The breaking of families, the uprooting, the hunger, social discrimination, the lack of health care, the lack of available work, led to social and familial disintegration with the complete indifference of the government.The defenders and protectors of nature and biodiversity ended piled up in Turbo's stadium.The displaced keep maintaining their hopes of returning, of preserving biodiversity. Supported by national and international human rights organizations, they returned to their lands, founding humanitarian zones of resistance.Now, as communities of resistance, they demand the right to exist as a people, to practice their culture, preserve their cultural identity, their ancestral lands, guaranteeing food sovereignty, education, health, and medical exams, amongst other fundamental rights. Evaluating the facts: From the tests provided to the tribunal it is clear that the policies promoted and imposed by the Colombian state give evidence to a general and systematic picture of a violation of fundamental human rights, in the framework of the process of a brutal reorganization of Colombian society, at the mercy of the destruction of the social fabric, in support of a project of economic and social design for the benefit of transnational corporations.In this sense, the facts described to this tribunal, such as assassinations, torture, extrajudicial executions, disappearances, mutilations, and especially the forced displacement of thousands of people, constitute crimes against humanity, as defined in international conventions.In effect, crimes against humanity are those which are committed in the framework of a generalized and systematic attack against the civilian population, and this is precisely what is occurring in the region. Accordingly, witnessed declare that "they came in cutting off heads, torturing so that they can take the lands and put into practice their big project". "They were telling us to leave, that they need to clear the land to fight the guerrillas, but the guerrillas weren't there."The relevance in this qualification rests in that crimes against humanity are repugnant to the conscious of humanity as a whole; they are inalienable, inexcusable, and untransferrable, and they can be judged by any tribunal in any part of the world, no matter in what time period they were committed. No criminal can plea immunity before them, and any criminal can be followed until the end of their days and the ends of the Earth.Likewise, the defining characteristics are verified of an actual case of genocide, understood as acts intended to eliminate a group of people. Such characteristics are: the method of disappearing people, then hiding the bodies as a form of creating doubts about their fates and whereabouts, and cultivating a definitive state of terror as a method of social control. What has been exposed is verified eloquently in the statements of a witness who moved the tribunal when she said, referring to the campesinos: "they don't kill them with bullets, but they kill them another way, because the campesino only knows how to live off the land."Also characteristic of genocide is the usage of "cleansing" when applied to human beings: a surgical toilet where the dirty and infected are people. One witness says: "the paramilitaries were saying that they were going carry out cleansing"..."their job was to kill." It is fitting to emphasize that the responsibility for this dirty work (of cleansing) falls with the Colombian state for allowing and supporting these actions.In this sense the paramilitary phenomenon has meant the imposition of the logic of global capital, and the process of negotiation that is currently being developed is a concealed legalization for crimes against humanity and a legitimization of the counter agrarian reform imposed by them, a path towards impunity.The so-called reorganizing genocide operates towards the interior of a society already constituted, a preexisting nation-state, and it seeks to refound social relations, the links, codes, daily life, political mediations, and in sum the concrete exercising of power in said society. The forced displacement of people, the submission of groups to conditions that cause their destruction, are acts typical of the crime of genocide (the crime of all crimes).In a paradoxical and brutal way, the Colombian state has left a recording for posterity of the genocidal character of its macabre plan, with the operative denomination Genesis: a project of death and fear is given a Biblical name. In effect, Genesis means creation - in this case, the creation of something new after the destruction by the state of preexisting things. The violent reorganization of society on top of a new foundation.In this sense the Tribunal found particularly illustrative the testimony of an economist who eloquently described the process of destroying social networks in Colombia through the killing of 3,000 trade unionists, in the framework of a general process of re-primarization of the economy as a form of integrating it into the world economy.This witness described the failure of the Colombian project of industrialization and its substitution with a new and evil project. The return to a primary economy and one based on the destruction of agrodiversity, the fomenting of the energy sector and a model completely oriented towards exports, with the calculated consequence of reducing the rural population.About Responsibility:From the evidence provided to the tribunal it is clear in convincing form that the responsibility for each of the accused companies is applicable to their headquarters and to those of the Colombian state.In this last sense the Inter-American Court of Human Rights left settled or established the responsibility of states for human rights violations committed by third parties. The state has the obligation to protect all the people who find themselves within its jurisdiction, including before armed irregular groups of any nature.In regards to the responsibility of corporations for crimes against humanity the same basis is found in the drafts of international law, wherein such crimes can be committed by organizations, with the support or connivance of the state. In this sense the trials of Germany, derived from the Nuremberg Trials, have to do with the responsibility of complicit businesses with the Nazi regime - this idea is perfectly applicable to the Colombian case and must be taken up again by international law. The discussion about the responsibility of businesses is not a new creation but rather has its basis in the past.Likewise, the conservation of biological diversity also exceeds the framework of justice of only states and also involves all of humanity. Accordingly, the agreement on biological diversity ratified by Colombia establishes in its introduction that "the conservation of biological diversity is in the common interest of all of humanity," and in Article 10, Section 10, establishes that the state will protect the use of biological resources in accordance with traditional cultural practices. For these prior reasons, invoking the Argel letter on the Rights of People, after affirming the veracity and forcefulness of the given testimony, with the support of abundant documentary evidence, considering as proven the totality of the accusations against each and every one of the corporations and likewise the Colombian state, and in the belief that the violation of rights constitutes an attack against the collective conscience of humanity and is of concern to all peoples, the tribunal resolves:1. To raise the accusations and the evidence produced to the highest deliberating court of the Permanent Peoples' Tribunal, session on Colombia.2. To communicate the present ruling to indigenous and Afro-Colombian communities, as well as campesino communities that have suffered the impacts of the destructive actions of transnational corporations, and to organizations in solidarity with these impacted groups, and also to the workers, academic and student organizations, to the National District Attorney's Office, to the high courts and controlling bodies of Colombia, alternative communication networks, mainstream media, the African Union, Inter-American Commission on Human Rights, the Inter-American Court of Human Rights, United Nations High Commissioner for Human Rights, UN High Commissioner for Refugees, International Criminal Court, the accused companies, their headquarters, and the states where they are based. 3. To express its solidarity with and recognition of the pain of the victims.4. To actively support their struggle for truth, justice, reparations, the reestablishment of the violated rights, and the guarantee that these crimes will not be repeated.With the hope that the people of Colombia will finally have the peace and social justice that they deserve.Produced in the humanitarian zone of Nueva Esperanza in Dios in the Cacarica river basin, bajo Atrato chocoano, on February 26, 2007.
Marcelo Ferreira
President
Ricardo Carrere
João Ricardo dos Santos Costa
Andebeng Labeu Madeleine Alingue
Alfredo Molano
Francine Damasceno Pinheiro
Lorenzo Loncon.Colombia
Support NetworkP.O. Box 1505Madison, WI 53701-1505phone: (608) 257-8753fax: (608) 255-6621e-mail: csn@igc.org http://www.colombiasupport.net
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viernes, 11 de diciembre de 2009

Pérez Yoma por allanamientos: "Gracias a Dios, los fiscales nos dieron las órdenes"-11-12-09

Pérez Yoma por allanamientos: "Gracias a Dios, los fiscales nos dieron las órdenes"
Carabineros informó que nueve de los detenidos, uno de ellos argentino, tienen vínculos con grupos que son investigados por el caso bombas.

por latercera.com - 11/12/2009 - 11:31


El gobierno manifestó su confianza en que los últimos allanamientos realizados, esta mañana, en casas okupas de la Región Metropolitana entregarán resultados efectivos en el llamado caso Bombas.
El ministro del Interior, Edmudo Pérez Yoma, dijo que "lo que queremos justamente es ver, porque tenemos sospechas, que ahí­ pueden estar los atentados con bombas. Así­ que esperamos tener resultados efectivos". "Gracias a Dios los fiscales, finalmente, nos dieron las órdenes para poder hacerlo y vienen en un muy buen momento", expresó.Doce personas fueron detenidas en los operativos realizados por Carabineros y la PDI como parte del plan de seguridad antibombas, con miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo.
Mientras efectivos de la PDI arrestaron a cuatro jóvenes por atacar a detectives que realizaban operativos en un inmueble ubicado en la esquina de calle Santo Domingo con General Bulnes; Carabineros detuvo a otras nueve personas en allanamientos efectuados en calles Sotomayor, Santa Isabel y Los Carolinos en la comuna de La Cisterna. Uno de los involucrados es un ciudadano argentino.El coronel Miguel Angel Castro, prefecto de la zona Central de Carabineros dijo que en los allaamietos “ fueron ubicados elementos y especies que eran necesarios para la elaboración de estos artefactos explosivos, como asimismo otros elementos investigativos que nos van a permitir, una vez analizados, establecer su vinculación en la detonación de estos artefactos”.
Respecto de la participación de los detenidos en la serie de atentados explosivos, dijo que “todas estas personas estaban vinculadas con movimientos anárquicos( indagados por la fiscalía). Esto se logra determinar a través de procesos investigativos con lo cual nosotros podemos acreditar la participación de estas personas”.En total fueron allanadas tres casas okupas y otros tres domicilios particulares.El objetivo de esta diligencia es incautar materiales y así anular cualquier intento de instalación de este tipo de artefactos, que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada cívica.


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02 de Diciembre de 2009

Rosende: ‘’No tengo dudas que pronto tendremos resultados sobre los atentados explosivos’’

El subsecretario del Interior aseguró que "esta es una frustración que comparten los fiscales, las policías y la ciudadanía porque llevamos varios años en esta investigación".
El ministro del Interior (s), Patricio Rosende, reiteró que existe "frustración" en el Gobierno por la falta de resultados en las indagatorias por la instalación de artefactos explosivos, pero expresó que confía en que pronto habrá novedades al respecto.
"Esta es una frustración que comparten los fiscales, las policías y la ciudadanía porque llevamos varios años en esta investigación de colocación de artefactos explosivos y cuando no se producen resultados, yo al menos, genero una sensación de frustración porque nos parece que hay que avanzar más rápido", manifestó Rosende.
Pero agregó que "no tengo dudas que vamos a tener buenas noticias muy pronto respecto de esta investigación", al ser entrevistado en radio ADN.
UPI
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COMIENZA EL JUICIO A DIECISIETE REPRESORES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN LA ESMA-11-12-09




COMIENZA EL JUICIO A DIECISIETE REPRESORES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN LA ESMA



Los represores Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda.
Imagen: Daniel Jayo, Rolando Andrade, & AFP

La hora de la patota de la Armada
El Tribunal Oral Federal 5 juzgará desde hoy a Astiz, Acosta, Cavallo, Pernías y Rolón, entre otros acusados de la Marina y fuerzas de seguridad, por los crímenes de Rodolfo Walsh, las monjas francesas, las fundadoras de Madres y otras 79 víctimas.

Por Diego Martínez

Hoy, a las 10, en el subsuelo de Comodoro Py, un tribunal argentino comenzará a juzgar a diecisiete represores de la ESMA, símbolo universal del terrorismo de Estado. Quedan detrás un tercio de siglo de impunidad, las leyes del olvido de Raúl Alfonsín, los indultos de Carlos Menem, la resistencia de las corporaciones política, judicial, empresaria y eclesiástica, y también centenares de madres y padres que murieron sin llegar a conocer justicia para sus seres queridos.

“¿Sabe cuántos Astiz hubo en la Armada?”, preguntó a un periodista en 1985 el contraalmirante Horacio Mayorga. “Trescientos”, confesó. El Tribunal Oral Federal 5 juzgará al primer puñado: trece marinos, dos policías, un prefecto y un oficial del Ejército. La lista incluye al capitán Jorge Acosta, jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, y al propio Alfredo Astiz, icono de la cobardía desde que su foto rendido en Malvinas permitió identificarlo como quien se infiltró entre las Madres para seleccionar a las mujeres que la Armada arrojaría con vida desde un avión en vuelo. También estarán los capitanes Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, detonantes involuntarios de la confesión de Alfredo Scilingo a mediados de los ’90; el comisario Ernesto Weber, que les enseñó a usar la picana eléctrica en nombre de la Policía Federal, y el vicealmirante Oscar Montes, ex canciller de la dictadura.

La mayor parte de los secuestros, torturas y asesinatos por los que se realizará el juicio están probados desde mediados de los ’80. Sus responsables vivieron impunes durante veinte años gracias a las leyes de obediencia debida y punto final. De las tres causas mayores que se acumularon para el primer proceso, Testimonios A es la más abarcativa, con 79 víctimas. Unos pocos son sobrevivientes. De algunos hay constancias de su asesinato. La mayoría fueron vistos en cautiverio y permanecen desaparecidos.

La segunda causa, Testimonios B, corresponde a los crímenes de las monjas francesas y de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, secuestradas el 8 de diciembre de 1977, torturadas en la ESMA y arrojadas al mar en “vuelos de la muerte”. La contracara positiva de los veinte años de impunidad son los logros del Equipo Argentino de Antropología Forense, que las identificó luego de encontrar sus cuerpos enterrados como NN en cementerios de la costa.

El tercer expediente se llama Testimonios C y su protagonista central es el escritor y periodista Rodolfo Walsh, ultimado por la metralla del comisario Weber tras resistirse al secuestro con una pistola diminuta. La investigación sobre la muerte de Walsh, cuyo cadáver fue visto en la ESMA pero nunca fue entregado a sus deudos, incluye las preguntas sobre el paradero de su obra inédita, que la Armada tampoco se dignó a entregar.

La Armada y la Prefectura son las fuerzas que mejor burlaron (y burlan) a la Justicia. Desde el Juicio a las Juntas, excepto los procesos en ausencia en Francia e Italia, ningún represor del mar fue condenado. El más cercano fue Héctor Febres, envenenado con cianuro en su dúplex de Prefectura días antes de escuchar la sentencia. También murieron a tiempo el vicealmirante Luis María Mendía, que informó sobre los vuelos en el cine de la base Puerto Belgrano; los ex directores de la ESMA Rubén Jacinto Chamorro y Horacio Estrada, y célebres miembros del grupo de tareas como Jorge Perren, Francies Whamond o Enrique Yon. El ex almirante Emilio Ma- ssera, condenado en 1985, fue declarado insano, en tanto siguen prófugos el capitán Jorge Vildoza y otros cinco represores. Las últimas dos bajas por razones de salud, que se conocieron esta semana, son las del capitán Néstor Savio, alias Norberto, y del penitenciario Carlos Generoso, alias Fragote.

Astiz “desnombró” ayer a su abogado con la esperanza de postergar el proceso. Juan Aberg Cobo había apelado minutos antes el rechazo a la recusación de uno de los jueces. Ambas maniobras fueron desbaratadas por el tribunal, que de inmediato agregó al nombre de Astiz a los defendidos por Víctor Valle. El defensor oficial reclamó la suspensión del juicio para interiorizarse de las acusaciones de su flamante asistido, pero los jueces Daniel Obligado y Oscar Hergott rechazaron el planteo. El voto de Ricardo Farías fue en línea con el deseo de Astiz.

La nueva composición del TOF 5, tras el alejamiento de Guillermo Gordo, que resistió durante años los reclamos para garantizar la publicidad de los juicios, permitirá que reporteros del mundo puedan transmitir las imágenes de Acosta, Astiz & Cía. Hace siete meses Página/12 informó que se prohibiría el ingreso de las cámaras. El tema se solucionó recién ayer: contra la voluntad de Farías, Obligado y Hergott resolvieron autorizar el trabajo de los reporteros antes de las audiencias indicadas por la Corte Suprema de Justicia. Igual que en el juicio a los represores del Primer Cuerpo de Ejército, la filmación oficial estará a cargo de jóvenes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), que depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). El próximo paso que pondría a Buenos Aires a la altura de Rosario y Córdoba en materia de publicidad es la transmisión en vivo de las instancias del juicio por Internet.
Las audiencias se realizarán los días jueves y viernes, y miércoles de por medio. La acusación en nombre del Ministerio Público estará a cargo de los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky. Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que ocupan el rol de querellantes serán patrocinados por abogados de organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y asociaciones como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otras. Como defensores de los imputados actuarán los abogados Alfredo Solari (de Scheller, González, Rolón, Cavallo y García Velazco), Adolfo Casabal Elía (de Montes) y Julio Coronel (de su padre). El resto tendrá defensores oficiales.

El comienzo de la audiencia inicial está previsto para las 10 de la mañana. Una hora antes, en el 6º piso de Comodoro Py, comenzarán las acreditaciones para quienes deseen ingresar en la sala, y las actividades de Hijos, que realizará un acto al mediodía. El juicio comenzará con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los querellantes y del fiscal Eduardo Taiano y las elevaciones del juez federal Sergio Torres. Recién después, cuando se declare abierto el debate, se escucharán los planteos de las defensas, que intentarán suspender el juicio con los argumentos de siempre.




SUBNOTAS

La Sala Negra Rodolfo Walsh

pagina12

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Condenaron a tres represores de la dictadura Argentina

El ex marino Luciano Menéndez, fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.



Miembros de ESMA deberán responder por las desapariciones de cerca de 18 mil personas. (Foto: Efe)

Después de la derogación en 2003 de las ''leyes del perdón'', proclamadas para librar de responsabilidad a más de un millar de represores de la dictadura, las autoridades comienzan a responder a las peticiones de justicia de los familiares de las víctimas. Diecinueve ex marinos son juzgados por los crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en donde fueron detenidas y torturadas unas cinco mil personas, según organismos de Derechos Humanos.


TeleSUR _ Hace: 02 horas

Los represores de la última dictadura argentina (1976 - 1983), Luciano Menéndez, Hugo Britos y Miguel Ángel Gómez, fueron condenados este viernes por crímenes de lesa humanidad cometidos en la principal cárcel clandestina de la época.Menéndez fue sentenciado a cadena perpetua, al igual que Hugo Britos, mientras que Miguel Ángel Gómez a 16 años de prisión.El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Córdoba (centro) le revocó a Menéndez la prisión domiciliaria, y lo encontró responsable de los delitos de "privación ilegítima de la libertad, lesiones gravísimas, imposición de tormentos y homicidio".Esta misma instancia judicial inició este viernes un histórico juicio contra 19 represores por 85 delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).Durante el proceso de juicio de la denominada causa ESMA harán acto de presencia unos 280 testigos, en su mayoría sobrevivientes de la cárcel clandestina.
El secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y decenas de activistas humanitarios presenciaron la audiencia, así como el embajador de Francia en Buenos Aires, Jean-Pierre Asvazadourian.
Según datos oficiales, 18 mil personas desaparecieron en Argentina durante la última dictadura, aunque los organismos de Derechos Humanos (DDHH) elevan la cifra a 30 mil.Se calcula que el proceso durará unos seis meses, donde se ventilarán los asesinatos del periodista Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, con la presencia de representantes de los Derechos Humanos (DD.HH) y una masiva concurrencia de medios internacionales.

teleSUR - Telam / ld - MM
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miércoles, 9 de diciembre de 2009

Con masiva marcha finalizó en Viedma XVI Parlamento Mapuche de Río Negro -08-12-09


Con masiva marcha finalizó en Viedma XVI Parlamento Mapuche de Río Negro

Entre el 4 y el 7 de diciembre tuvo lugar en Viedma el décimo sexto Parlamento Mapuche de Río Negro. Bajo el lema “Por la defensa de nuestro territorio comunitario y la reafirmación de los derechos indígenas”, se dieron cita las comunidades y organizaciones de la provincia, que debatieron sobre la situación actual del Pueblo Mapuche, así como sobre la vigencia de la Ley Provincial Nº 2.287 en todo el territorio rionegrino. Una masiva movilización que finalizó frente a la Casa de Gobierno constituyó ayer lunes el justo cierre de la actividad.

AZKINTUWE / AGENCIAS DE NOTICIAS - VIEDMA, PUELMAPU - 08 / 12 / 09

Una masiva manifestación callejera, que incluyó danzas tradicionales, fue protagonizada ayer por las comunidades indígenas que entre el 4 y el 7 de diciembre participaron en Viedma el XVI Parlamento Mapuche de Río Negro. Bajo el lema “Por la defensa de nuestro territorio comunitario y la reafirmación de los derechos indígenas”, en dicha ciudad se dieron cita todas las comunidades y organizaciones de la provincia, que debatieron sobre la situación actual del Pueblo Mapuche, así como sobre la plena vigencia de la Ley Provincial Nº 2.287 en territorio rionegrino.

La protesta principal tuvo lugar sobre la vereda de la Casa de Gobierno a metros del despacho del gobernador Miguel Saiz. Al grito de "las tierras robadas serán recuperadas", hombres, mujeres y niños se concentraron en el centro de la ciudad exigiendo ser recibidos por representantes gubernamentales para entregarle un documento político (Ver Recuadro) redactado en el marco del Parlamento que sesionó por espacio de tres días en la delegación Atlántica de la UNCO.Los dardos más punzantes fueron disparados contra las sociedades rurales por mostrarse como víctimas del ejercicio de los derechos ancestrales, y el ministro de Gobierno, Diego Larreguy. A este lo acusaron de facilitar la estructura informativa a una "supuesta" agrupación indígena para criticar las gestiones que realizan desde el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) en favor de la recuperación de tierras para las comunidades mapuches. Varios lonkos y la actriz Luisa Calcumil encabezaron en el caluroso mediodía viedmense una ceremonia haciendo sonar los instrumentos de viento (Ñorquin) y de percusión (Kultrum) en señal de repudio a los actos discriminatorios; forzando la salida de un funcionario para que el gobierno se entere del reclamo.

Los manifestantes debieron esperar casi dos horas a que el gobierno decidiera enviar un representante a la vereda de la Casa de Gobierno que mostró un sus ventanales planchas blindadas y una fuerte custodia policial. Los lonkos apelaron al sentido común para buscar un acercamiento, mientras el delegado territorial Víctor Capitán expresó su preocupación por las inclinaciones del gobierno a escuchar más a miembros de sociedades rurales ligados a los sectores de poder, que los reclamos de recuperación de tierras que hacen los mapuches. También señaló cierta inquietud sobre una supuesta resistencia que ejercerían los ganaderos mientras se hace el relevamiento catastral previsto en la Ley Nacional N° 26.160. "Los denunciaremos ante la Justicia", advirtió.

Frente a la Casa de Gobierno, los referentes indígenas fueron atendidos por el subsecretario de Relaciones Institucionales de Río Negro, Juan Carlos Vallés, quien recibió el documento final del Parlamento en las puertas del edificio. En el informe, las comunidades expresan entre otros aspectos, "una profunda preocupación sobre la realidad de hostigamiento, discriminación y exclusión que una vez más padecemos como pueblo". Asimismo, manifiestan la "convicción de vivir según los valores democráticos y ancestrales, así lo evidenciamos en mantener el funcionamiento del espacio de cogestión gobierno-comunidades indígenas" -mediante el CODECI- "a pesar de la falta de atención y postergación que padecemos en relación a nuestras propuestas de trabajo para nuestras comunidades".

El funcionario provincial, tras recibir el documento, se comprometió con los manifestantes a darle difusión, como así también a analizarlo en profundidad. Mientras que no quiso dar declaraciones a la prensa, "hasta tanto no lea el documento", señaló Valles. Cabe señalar que las puertas de todos los edificios públicos se encontraban valladas con efectivos policiales. "En defensa de los derechos indígenas"

El coordinador del programa Ley 26.160 en la provincia y referente de la Coordinadora del Parlamento, Víctor Capitán, se refirió a los reclamos que realizan los pueblos indígenas de todo el país y defendió la aplicación del relevamiento de comunidades que comprende la norma nacional. En este sentido, destacó que el documento que surgió del XVI Parlamento Mapuche de Río Negro, "está referido a las inacciones que tiene el Estado provincial en relación a las demandas y los derechos que tienen las comunidades indígenas, y en especial el Consejo de Desarrollo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, que no tiene el presupuesto para funcionar".

Asimismo, Capitán se refirió a "la intromisión que ha hecho en las últimas dos semanas el Ministerio de Gobierno, distribuyendo información de una supuesta comunidad indígena que no existe como tal y que a su vez genera un cierto desprestigio a los dirigentes de la Coordinadora del Parlamento Mapuche y a los abogados mapuches que trabajan dentro de la organización". Al respecto, consideró que "este es un espacio de cogestión (Gobierno-comunidades indígenas), donde quien tendría que guardar respeto por el propio Consejo de Desarrollo debería ser el Ministerio de Gobierno".

En tanto, el referente mapuche, sostuvo que "nos preocupa que se atiendan más los reclamos de la Sociedad Rural donde están los sectores de poder, que los reclamos que tienen históricamente las comunidades indígenas, de reivindicación, de recuperación de espacios territoriales que han sido robados, que en este momento están en litigio". Con respecto al programa Ley 26.160 que se lleva adelante en la provincia, sostuvo que "es una ley de relevamiento territorial, sumamente importante para nosotros para poder investigar los casos donde hemos sido usurpados o violados, o donde no se han respetado los derechos de los pobladores indígenas".

Cabe señalar que esa ley permitió en Río Negro organizar un relevamiento jurídico-catastral para verificar la pertenencia de las propiedades en zonas fiscales de la provincia. "La ley nacional 26.160 está en marcha con la idea de abarcar 125 comunidades y luego se avanzaría en una segunda etapa que tendrá que ver con los títulos comunitarios, es decir no se habla de propiedad individual, sino de títulos para determinada comunidad que ha estado y está en este momento en posesión de la tierra". El temor expresado durante las deliberaciones del Parlamento es que se frene lo actuado ante las disputas territoriales.

Confirmó además el dirigente que "se prorroga la Ley 26.160 hasta el 2013 y esperamos que los legisladores, los nuevos legisladores, tengan en cuenta que hay mucha demanda de leyes por parte de las comunidades indígenas de todo el país, que tienen que ver con la defensa del patrimonio de la identidad cultural, como pueblo, y el resguardo de este patrimonio para poder seguir viviendo dentro de este estado plurinacional". Indicó Capitán que se enfrentará la "campaña de desprestigio" que les afecta "manteniendo en estado de alerta a las comunidades" para que no se desvirtúen los trabajos que se desarrollan dentro del relevamiento que prevé la norma nacional.


Documento político

Tras la culminación del Parlamento, se redactó un documento político que contiene las conclusiones del cónclave que se extendió durante tres jornadas en la capital provincial. El mismo fue remitido tras una movilización, a la Casa de Gobierno, para expresar y transmitirle al Gobierno Provincial la realidad que atraviesa el Pueblo Mapuche. A continuación, sus puntos principales:
"Los representantes de comunidades indígenas en la provincia de Río Negro, reunidos en el XVI Parlamento Mapuche en la ciudad de Viedma, manifestamos al Sr. gobernador Miguel Saiz, sus ministros y funcionarios de todos los poderes del estado provincial, nuestra profunda preocupación sobre la realidad de hostigamiento, discriminación y exclusión que una vez más padecemos como pueblo, por ello:
Reafirmamos nuestros derechos territoriales, como pueblo nación preexistente en ambos lados de la cordillera consagrados por los estados en las constituciones, nacional y provincial, declaraciones y convenio internacional, leyes nacionales, provinciales y municipales.
Resistimos todo accionar de atropello a nuestros derechos adquiridos ancestralmente en el marco del estado de derecho vigente. En tal sentido, repudiamos toda pretensión de imposición de la clase dominante, aquellos que se quedaran con nuestros territorios ancestrales en el marco del negociado histórico que realizara el genocida julio a. roca.
Aquellos grandes terratenientes usureros, hoy la sociedad rural son quienes se victimizan por el ejercicio de nuestros derechos ancestrales que ejercen nuestros peñis y lamien en nuestra well mapu, aduciendo ser respetuosos de la ley y pregonando una vez mas, la desaparición de nuestro modo de vida en armonía de acuerdo a nuestra cosmovisión.
Se mantiene en nuestra memoria histórica las muertes, los atropellos, despojos, corrimiento de alambrados a la fuerza y cuando no por la noche con la complicidad de la fuerza policial, la desaparición de nuestro patrimonio cultural sufridos a lo largo de la historia.
Es necesario e imprescindible que el estado provincial produzca la reparación histórica en relación a la problemática territorial, única forma de poder mirar un futuro sin exclusiones. Han pasado muchos años, y a diario seguimos exigiendo el Fondo de Desarrollo para las Comunidades Indígenas.
Reafirmamos nuestra convicción de vivir según los valores democráticos y ancestrales, así lo evidenciamos en mantener el funcionamiento del espacio de cogestión gobierno – comunidades indígenas (CODECI) a pesar de la falta de atención y postergación que padecemos en relación a nuestras propuestas de trabajo para nuestras comunidades.
Resulta una práctica antidemocrática que el ministerio de gobierno difunda desde su estructura información de una supuesta comunidad indígena que cuestiona a la institución CODECI como también que el ministro de gobierno se reúna con la jueza que tiene a cargo la causa en que se encuentra involucrada la comunidad Kospy, por ello denunciaremos estas circunstancia ante el órgano correspondiente como se ha hecho con el Juez Calcagno que viene negando la aplicación de la legislación destinada a nuestro pueblo.
Es reprochable también, que el ente de la región sur que debiera promover políticas de desarrollo para el conjunto de los productores, se involucre generando espacios de reunión a favor de la sociedad rural y en contra de nuestros pueblos. Nuestro pueblo esta de pie y a partir de la hermandad y reciprocidad con los demás pueblos indígenas en argentina mantenemos el mandato histórico de nuestros kiufikeche (ancestros), nuestros territorios no se negocian, no se venden, ni se usurpan.
Señor gobernador, Miguel Saiz, exigimos una vez mas, respeto, reconocimiento y a no faltar a la palabra y a lo acordado (decreto 310/98), cumpla con las leyes vigentes que la honorable legislatura provincial viene dictando desde el año 1988, que hoy es un catalogo de ilusiones desde su gobierno. Por ello rechazamos la pretensión de ingerencia en el programa de la ley 26160 que se promueve desde la sociedad rural".
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ARGENTINA SANTA INQUISICIÓN:INTEGRISTAS CATOLICOS QUE CONSIGUIERON EL RESPALDO DE UN SECTOR JUDICIAL -05-12-09

La inquiSSición


Por Soledad Vallejos


Los abogados que lograron frenar el matrimonio gay, avalados por un sector de la Justicia, están relacionados con grupos católicos integristas vinculados a la revista neonazi Cabildo y a las defensas de represores de la última dictadura. También fueron protagonistas de la violenta ofensiva contra la exposición del artista León Ferrari









UNA RADIOGRAFIA DE LOS ABOGADOS INTEGRISTAS CATOLICOS QUE CONSIGUIERON EL RESPALDO DE UN SECTOR JUDICIAL


Los cruzados contra el matrimonio gay


Son abogados vinculados con la revista neonazi Cabildo y con los defensores de los represores de la última dictadura. Ya habían logrado interferir en casos de abortos no punibles. Y tuvieron una actuación violenta contra una muestra de León Ferrari.


Por Soledad Vallejos

Los cruzados en contra del matrimonio para personas del mismo sexo no son unos desconocidos: además de haber procedido como por ensayo y error en distintos juzgados hasta dar con uno que los ayudara a frenar la boda entre Alex Freyre y José María Di Bello, tienen una historia que los vincula con todos los temas posibles de la agenda reaccionaria de los últimos treinta años. El cierre de exposiciones impías como la retrospectiva que León Ferrari armó en 2004, las quejas ante estrenos sacrílegos como el del film El Código Da Vinci, los disturbios en charlas sobre el aborto son algunas de las más conocidas. A ellas habría que sumar, al referirse a casi todos los involucrados, la defensa de los militares represores de la última dictadura.


Ante el riesgo de un posible matrimonio entre dos varones recurrieron a argumentos más o menos en común: un orden natural en riesgo, la amenaza total a los derechos de incidencia colectiva, la necesidad esencial que todo niño y toda niña tienen de contar con padre y madre, varón y mujer. Son pocos, poquísimos. Esa conciencia los lleva a multiplicar y distribuir esfuerzos, pero llevan el método a tal grado de sistematicidad que terminan por parecer una gran familia, aun cuando entre sí no se reconozcan como tales.


El martes, dos medidas cautelares diferentes frenaron el casamiento de Freyre y Di Bello. Una de ellas, la menos mencionada, provenía de la Sala E de la Cámara Civil de la Nación, que había acogido una denuncia que la jueza María Rosa Bosio, del Juzgado Civil 92, había rechazado, compartiendo opinión con la fiscal Raquel Mercante, por improcedente. En la presentación inicial, realizada el 17 de noviembre, Pedro Javier Andereggen pidió la nulidad de la autorización que la jueza Gabriela Seijas había dado para que dos varones se casaran; argumentó que la magistrada no tenía competencia para revisar una cuestión de fondo vinculada con el Código Civil. Tras ser desestimada su causa, Andereggen, que se presentó como un interesado particular y querelló nada menos que a un expediente (algo tan inusual que suele ser improcedente), se recuperó del revés rápidamente. La Sala E de la Cámara, integrada por Juan Carlos Dupuis, Fernando Racimo y Mario Calatayud (y que tiene por secretario a Juan Manuel Leguizamón Houssay), resolvió atender su queja el mismo 1º de diciembre, y notificó rápidamente la medida cautelar al Registro Civil de Beruti y Coronel Díaz.


“Es un fallo excelente y puso las cosas en su lugar”, declaró rápidamente Andereggen a la agencia Notivida, lo cual es coherente con su trayectoria: en 2004, fue uno de los patrocinantes de la Asociación Cristo Sacerdote, que pidió a la jueza Liberatori el cierre de Retrospectiva: Obras 1954-2004, de León Ferrari, por dañar los sentimientos religiosos “de la mayoría” del pueblo argentino, y hacerlo doblemente porque las obras contaban con el amparo de una entidad estatal, como el Centro Cultural Recoleta. Para no faltar a la verdad, preciso es recordar que también patrocinaron esa causa Pablo Falabella, Francisco Roggero y Joaquín Otaegui (cuyos fantasmas, en los últimos dos casos, sobrevolaron la medida cautelar contra Freyre y Di Bello). Andere-ggen también patrocinó a Alberto Solanet (presidente de la Corporación de Abogados Católicos) el 1º de agosto de 2006, a la hora de apelar una sentencia de la Suprema Corte bonaerense del día anterior que autorizaba (innecesariamente, dado que encuadraba en lo tipificado como no punible, según reconoció el propio fallo del tribunal) el aborto terapéutico en el sonadísimo caso de LMR, la joven discapacitada mental violada por su padrastro. Como abogado de Solanet, Andereggen explicó que la Corporación procuraba evitar un “aborto u homicidio prenatal”. Por ello se presentaba en defensa de la “persona por nacer”, al considerarla “una persona carente de recursos”, y porque el estatuto 3 de la institución puntualiza que su misión es que los valores morales de “la Doctrina” y “el Magisterio” de la Iglesia, “intentando que éstos regulen las acciones de los individuos y la sociedad”. Andereggen también forma parte de la Sociedad de Abogados Penalistas, tiene un estudio declarado en Defensa al 800 y un hermano, Ignacio, tan relacionado como él.


En el caso del matrimonio por ahora frustrado, Andereggen estuvo por demás activo. El 17 de noviembre, es decir a cinco días del fallo de Seijas que autorizó el matrimonio y precisamente cuando vencía el plazo de apelación de la medida que podía emitir Mauricio Macri, el abogado comenzó a visitar las ventanillas judiciales. Ese mismo día, en el fuero Contencioso Administrativo presentó un amparo en el cual denunciaba al jefe de Gobierno por no apelar el permiso, “lo que constituye un acto de ilegalidad manifiesta, pues ello no está sujeto a oportunidad, mérito o conveniencia sino a actividad reglada”. El mismo día hizo la presentación en el Juzgado 92 (ésa es la causa que prosperó), alegando que la boda suponía un “perjuicio para el bien común”, porque “se ha fallado contra la esencia de un instituto de derecho natural (sic) como es el matrimonio”.


Una semana y un día después, el 25 de noviembre, el mismo Andereggen se presentó como patrocinante de Alejandro Taussig, representante de Pro Familia (Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia) y vocal de Red Unifam (al parecer inactiva desde mediados del año pasado), en la que también revistaban nombres del Instituto para el Matrimonio y la Familia (una suerte de think tank de la derecha más previsible, con disculpas de la expresión) de la Universidad Católica Argentina. La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, según afirmaron fuentes judiciales en esos días a la agencia DyN, “con el aval del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio”. La demanda sostenía la incompetencia de Seijas “para entender en los casos en que personas de igual sexo pretendan unirse en matrimonio”.


La otra causa que tuvo incidencia directa en la suspensión del matrimonio entre Freyre y Di Bello fue aquella en la cual la jueza Martha Gómez Alsina dictó una medida cautelar a pedido de Sabrina Melisa Lebed y Miguel Jorge Haslop. Este diario informó hace unos días tanto sobre la escasez de antecedentes de ella como sobre la existencia de antecedentes de él (presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Capital Federal –es decir, el que no tiene representatividad ni controla la matrícula profesional–, además de integrante de la Corporación de Abogados Católicos). En el expediente, al que Página/12 tuvo acceso, sólo esos nombres figuran como actores. Sin embargo, en distintos medios informativos ultras durante la semana se afirmó que Lebed y Haslop tenían por abogados a Francisco Ro-ggero y Joaquín Otaegui, dos abogados archiconocidos por haber patrocinado causas llenas de moralina y pasión ultrarreligiosa, como la de Ferrari. Cabe agregar que Roggero y Otaegui comparten estudio en Puerto Madero, que posiblemente sean de una generación mucho mayor a la de Haslop, cuyo nombre, o el de un homónimo, fue relevado, en 2004, durante los incidentes por la visita de la activista pro derecho al aborto Rebecca Gomperts: de acuerdo con La Nación, un “Miguel Haslop”, que brindó testimonio en calidad de “uno de los jóvenes católicos”, anduvo entreverado en los desmanes. ¿Estará teniendo lugar un cambio de guardia, un entrenamiento de las nuevas generaciones?


Mucho más modestas y hasta románticas fueron las acciones de Jorge Luis Vitale y Jorge Horacio Martínez: ambos se apersonaron en el Registro Civil de Coronel Díaz un día antes de la ceremonia para dejar asentada su oposición al enlace. Martínez se identificó como un ciudadano argentino de 58 años, viudo. Vitale, de 60, dijo ser “abogado, divorciado”, lo que decididamente no cuadra con su labor al frente del “Consultorio para abogados y legisladores católicos”, ni con su especialidad en “aplicación del derecho canónico en la legislación de un país”. Su actuación más destacada, públicamente hablando, de los últimos años, fue en mayo de 2006, a poco del estreno de El Código Da Vinci: Vitale se presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal como “católico apostólico romano, afectado por la película”, que era “una agresión y un insulto a la creencia de la mayoría”. Pidió que la Justicia obligara a la distribuidora del film a aclarar que se trataba de una ficción; exactamente lo mismo reclamaba el vocero del Opus Dei local, Esteban López del Pino.


Por su parte, la Corporación de Abogados Católicos afirma haber presentado en su propio nombre (y con el patrocinio de Eduardo Sambrizzi) “recursos de nulidad y apelación” contra la sentencia de Seijas. Sustenta sus supuestos recursos en la “defensa de los ‘derechos de incidencia colectiva’ a que hace mención el segundo párrafo del art. 43” de la Constitución Nacional. Sambrizzi afirmó haber iniciado los recursos el 16 de noviembre, ante la propia Seijas, y estar dispuesto a llegar a la Corte Suprema, llegado el caso. Posiblemente el presidente de la Corporación, Eduardo A. Bieule, fundador de Abogados por la Justicia y la Concordia (agrupación habitué de las marchas de Cecilia Pando), sea insistente sobre este tema.


Otras tres causas quedaron en el camino: una, presentada el 17 de noviembre por el hiperactivo Pedro Javier Andereggen contra Mauricio Macri en el Fuero Contencioso Administrativo porteño, por haber decidido no apelar (hasta ayer no había sido resuelta); otra, iniciada ante el tribunal 9 del Contencioso porteño por un aún ignoto Ernesto Lamuedra, también “contra el Gobierno de la Ciudad sobre amparo”, que ya fue desestimada; y una última, iniciada el 19 de noviembre por la Corporación de Abogados Católicos ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ya fue rechazada.



SUBNOTAS


Para bajarle el tonoPor Emilio Ruchansky


Redes y cajas chinasPor Sergio Kiernan


Contra el “gaymonio”


Un pedido a la Presidenta

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