CHILE:Ricardo Ortega, jefe de inteligencia del Ejército, cuestionado en causa de DDHH (12-10-008)

Domingo 12 de octubre de 2008

Por Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación

Ricardo Ortega, jefe de inteligencia del Ejército, cuestionado en causa de DDHH

El secreto más oscuro del general

En pocos días más se determinará el alto mando del Ejército. El actual jefe del DINE, que es la quinta antigüedad, hoy se encuentra complicado en el caso por la desaparición de cinco militantes del FPMR en 1987, tras el secuestro del coronel Carlos Carreño. Él mismo admitió su participación en el secuestro de la frentista Karin Eitel, torturada en medio de la compleja operación que involucró a la CNI y a la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército.

Corría recién el primer día de septiembre de 1987 y unos cinco mil agentes de seguridad de la dictadura militar recorrían frenéticos las calles de Santiago y los principales pasos fronterizos. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez parecía haber asestado un golpe de nocáut al corazón mismo del régimen con el secuestro del gerente comercial de Famae, el coronel Carlos Carreño Barrera, un personaje entonces desconocido para la opinión pública pero de alta importancia estratégica, pues conocía los antecedentes de la fabricación de armas secretas y de una serie de negocios que involucraban al mismísimo Augusto Pinochet.

Sólo un pequeño grupo, sin embargo, estaba al tanto de cuál era la acción más terrorista que los servicios de seguridad habían urdido para responder al desafío planteado por el grupo subversivo: secuestrar a cinco militantes del Frente, para tener una carta con la que extorsionar al grupo que mantenía cautivo al hombre de Famae. Entre los que conocían el plan estaba un pequeño y robusto mayor de Ejército.

Ricardo Ortega Prado tenía 34 años cuando era jefe del G4, un secretísimo comando del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) encargado de vigilar la actividad subversiva en las poblaciones de todas las comunas de la Región Metropolitana. Por ello, cuando desde las direcciones conjuntas de la Dirección de Inteligencia Militar (DINE) y la CNI les ordenaron elaborar un listado con los cinco nombres, el trabajo fue hecho con la máxima rapidez. Según antecedentes de la causa que sigue el ministro Mario Carroza, y que busca esclarecer la suerte de los militantes del Frente Manuel Rodríguez, Ortega habría ayudado a elaborar el fatal listado de nombres de los cinco jóvenes, que hasta el día de hoy siguen desaparecidos.

Con la misma prestancia con que se pidió esta misión, Ortega y su G4 tampoco demoraron en dar con una mujer que se convertiría en rostro emblemático de la represión en el tramo final de la dictadura. Tras varias llamadas a la familia de Carreño, realizadas desde un teléfono público, el G4 pudo dar con la información necesaria para que la CNI detuviera, y posteriormente torturara salvajemente, a Karin Eitel, quien hacía de nexo entre los secuestradores y la familia del militar.

Hoy, el general Ortega es la quinta antigüedad de la institución castrense, y en los próximos días se jugará su continuidad como general de división. También ejerce como director de la DINE, la misma repartición que estuvo involucrada en los secuestros y desapariciones forzadas de los frentistas Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, todos detenidos entre el 9 y 11 de septiembre de 1987.

El hombre de los secretos

El general Ortega dirige la DINE desde una oficina discretamente ubicada en un edificio del Paseo Bulnes. Por sus manos pasa la información más sensible que los servicios de inteligencia puedan recoger acerca de las amenazas contra la integridad territorial del país. La defensa nacional se rige, en gran medida, por toda la información que esta unidad castrense recaba y analiza para mantener al día el estado de los potenciales enemigos y los riesgos de la seguridad nacional. Todos los datos son prolijamente registrados y transformado en material de análisis que puede ser utilizado en cualquier momento en caso de ser necesario.

La oficina de Ortega, en un séptimo piso, funciona día y noche con iluminación artificial. Las persianas están invariablemente cerradas. Además, tiene un vidrio doble, con unos minúsculos parlantes que emiten música entre ambos cristales durante las 24 horas del día. Es una forma de bloquear cualquier equipo de intercepción auditiva que pretenda escuchar los innumerables secretos que este hombre maneja.

Esa es la relevancia del cargo que Ortega tiene y que le fue encomendado en 2006, cuando fue ascendido a grado de general y se le designó como jefe de Inteligencia. Sin embargo, pese al poder que le da la información que maneja, el panorama se le avecina complejo. Tanto los superiores jerárquicos de Ortega en 1987 como uno de sus subalternos se encuentran sometidos a proceso como coautores de secuestro calificado. Y si el ex jefe del G4 aún no cae se debe en buena parte a dos factores: los cambios de versión de algunos de los procesados que lo involucraban y el hecho de que el juez Carroza aún no decide interrogarlo en calidad de inculpado (exhortado a decir la verdad), el paso previo para someterle a proceso.

Ortega se juega muchas cosas en los próximos meses, entre esas, su continuidad en la institución o su llamado a retiro. El 29 de octubre se llevará a cabo la junta de generales, desde donde saldrá la propuesta para el alto mando de 2009 que será luego sometida a la aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet. Todo indica que el tranco firme con que avanza la investigación depara más sorpresas y que, por lo mismo, el actual director de Inteligencia del Ejército podría tener que dejar las filas de la institución para enfrentar, ya retirado, el escenario judicial.

Avances en el proceso

La investigación que ha desarrollado la justicia en el caso de los últimos desaparecidos de la dictadura es casi tan notable como la labor que llevó a cabo el ministro Sergio Muñoz cuando aclaró el crimen de Tucapel Jiménez. El dato más significativo es que, cuando se pensaba que todo era responsabilidad de la CNI, las pesquisas del juez lograron descubrir que en el múltiple crimen ocurrido en las postrimerías de 1987 también había cabido un papel fundamental a la DINE y a su brazo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).

Por ello es que primero fueron encarcelados los agentes de la CNI, encabezados por su director a la época, el general (R) Hugo Salas Wenzel, los mayores Álvaro Corbalán y

Krantz Bauer, y los ex agentes Víctor Ruiz Montoya, Arturo Sanhueza, Luis Santibáñez, Manuel Morales, César Acuña y René Valdovinos.

La sorpresa llegó cuando se procesó al entonces vicecomandante en jefe del Ejército y más tarde senador designado Santiago Sinclair, junto con quienes eran en ese momento los jefes de la DINE, el general (R) Hugo Prado, y del BIE, el coronel en servicio activo Marcos Bustos.

Es este último quien ha estado a punto de sellar la suerte de Ricardo Ortega y es en él en quien se concentran las indagaciones del juez. ¿Por que? Bustos mintió en sus declaraciones y eso Carroza no lo deja pasar.

Más allá de la función que habría tenido el G4 en la identificación de los cinco jóvenes que más tarde serían detenidos por la CNI, las pesquisas indican que éstos fueron asesinados y posteriormente hechos desaparecer arrojando sus cuerpos al mar, hechos cuya autoría se están enrostrando mutuamente los agentes de ambos organismos.

Hasta ahora, la justicia ha sometido a todos los agentes que comprobadamente estuvieron en el Cuartel Borgoño de la CNI, lugar donde los frentistas permanecieron detenidos y posiblemente fueron asesinados. Y Ortega pasó por ese lugar.

Versiones encontradas

Un agente que integraba uno de los grupos del G4, de apellido Zamorano, señaló que él y su grupo, integrado por Rafael Rojas (El Piscola), Héctor Llanquinao, Marcos Bustos y Abelardo Oviedo (El Manzana) estuvieron durante varios días en el mencionado cuartel. "Estuvimos hasta el final. Permanecimos todo el día en Borgoño. Nos instalamos en el subterráneo en el mismo sector de los calabozos", señala la declaración de Zamorano.

El ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, declaró que la investigación y los operativos posteriores al secuestro del coronel Carreño "estuvieron centrados en el DINE, precisamente en el BIE, comandado por Julio Cerda. La presencia del DINE era relevante por tratarse de un oficial superior en servicio activo. No es efectivo que la Inteligencia del Ejército haya tenido un rol secundario. La orden de las detenciones (de los cinco frentistas) tienen que haber estado en conocimiento de Cerda".

También el entonces director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, asegura que respecto a Carreño y los secuestros, dicho organismo y el BIE "estuvimos coordinados en esta investigación. Yo me relacionaba con Cerda frecuentemente. Y esta orden debió venir del vicecomandante del Ejército. Debí mantener informado, por orden de la Presidencia, al subcomandante (sic) del Ejército (Sinclair)".

Marcos Bustos, el único de los procesados que está en servicio activo, declara en primera instancia que fue "notificado por mi jefe directo, el mayor Ortega, que debía desempeñarme por orden del mando como oficial de enlace en la CNI, conjuntamente con el capitán Rojas, quedando a cargo de éste".

El "Piscola", a su vez, señala que fue asignado al Cuartel Borgoño y que, estando ya en aquel lugar, se percató que existía una coordinación anterior entre la CNI y el G4, y que el capitán Marco Antonio Bustos "estaba al mando del mayor Ricardo Ortega".

Sin embargo, en otra declaración, Bustos comienza a olvidar cosas. "No me recuerdo quién me dio la orden. Hice de enlace con la CNI. Sin perjuicio de ello, si la orden verbal me la dio el señor Ortega, fue por orden de Cerda. La misión de Ortega eran las poblaciones, trabajando las fuentes de información".

El propio Ricardo Ortega se acercó al tribunal para confirmar que su jefe directo era Cerda y que la orden para que Bustos concurriera a Borgoño vino del jefe del BIE. "No sería lógico que Cerda diera directamente la orden a Bustos, sino que tiene que haber sido a través mío. La investigación la llevó la CNI porque ellos eran los expertos", afirmó.

Inteligencia telefónica

Otro episodio en que estuvo involucrado el G4 fue la identificación de la joven universitaria Karin Eitel, quien, tras ser detenida por la CNI, fue torturada y sometida a interrogatorios durante los 34 días que permaneció incomunicada por orden del fiscal Fernando Torres Silva, quien investigaba para la justicia militar el secuestro de Carreño. Aquella vez, una "exclusiva" de TVN mostró a la joven, maquillada y visiblemente dopada, asumiendo la responsabilidad por el plagio del militar.

Casi 20 años después, el general Ricardo Ortega reconoció en tribunales que "la única vez que se coordinaron (con la CNI) fue para el secuestro de Karin Eitel". El militar dijo en esa ocasión que, tras el plagio del gerente comercial de Famae, debió asistir a la familia de Carreño y acompañar al sacerdote Alfredo Soiza, quien actuaba como mediador. Según explicó, como el FPMR se contactó telefónicamente con la casa del secuestrado, "se concluyó que las llamadas provenían de un teléfono público y que era una mujer la que hacía el contacto verbal. Se redujo el número de teléfonos públicos dejándolos fuera de servicio y se apostó personal de BIE frente a las casetas, los que estuvieron en comunicación con la central de BIE para hacer saber que el teléfono del que se hacía la llamada estaba siendo ocupado por una mujer".

Según el relato de Ortega, "se siguió a la mujer y se entregaron los antecedentes a la CNI, al general Salas, para que esa repartición detuviera a la mujer que resultó ser Karin Eitel". Pero el director de la DINE niega que personal bajo sus órdenes haya participado en esa acción, así como en los posteriores interrogatorios a los que fue sometida.

"Yo no interrogué a Karin Eitel, yo la vi cuando acompañé al coronel Cerda hasta el Cuartel Borgoño", reconoció Ortega, admitiendo que estuvo en el mismo lugar donde estaban detenidos la mujer y los cinco frentistas. Sin embargo, niega haber concurrido al cuartel en otras oportunidades y niega que tanto el BIE como el G4 hayan tenido otra participación en los hechos.

Pero el agente del BIE Rafael Rojas Tapia señala que sí se le ordenó tomar contacto con un grupo de la CNI: "No obstante se me designó en esa función, ya existía una coordinación anterior y permanente entre el BIE, si mal no recuerdo el G4 dentro del BIE, que estaba al mando del mayor Ricardo Ortega, ignorando las coordinaciones que efectuaba. En mi caso trabajaba con los cabos Zamorano y Llanquinao".

Otro testimonio que relaciona a la sección del BIE dependiente de Ortega con las labores que se desarrollaron durante el período en que los cinco frentistas estuvieron detenidos junto a Karin Eitel es el de Gonzalo Asenjo Zegers, entonces jefe del Departamento de Análisis del Cuartel Borgoño y quien se suicidó en octubre de 2006 de un disparo en el pecho. "Hubo muchos detenidos que pasaron por el cuartel, los cuales eran interrogados a su vez por personal perteneciente al BIE; como prueba de ello, un hecho en que a mí personalmente me consta la participación directa y efectiva del BIE, fue el caso de la detención de Karin Eitel, la cual hacía las veces de vocera de los secuestradores de Carreño".

Hacia lo más alto

La última diligencia dictada por el ministro Carroza apunta a determinar de dónde provino la orden de eliminar a los cinco militantes del Frente. Hasta ahora, los mandos involucrados no han hecho más que tirarse la pelota entre ellos. Pero 15 altos oficiales de la época, entre brigadieres y generales (R) deberán acudir en los próximos días a tribunales para entregar su versión sobre una o varias reuniones que sostuvieron, donde no sólo se determinó destinar un equipo de la DINE para rastrear la pista de Carreño, sino que también se resolvió la muerte los subversivos.

Este dato fue aportado por el ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, cuando se atribuían los asesinatos exclusivamente a la unidad que comandaba. En sucesivas declaraciones, Salas ha insistido en que todos los operativos que rodearon las pesquisas para dar con el paradero del ex gerente comercial de Famae fueron realizadas con recursos que no pertenecían a la Central, y que cada una de las acciones fueron producto de órdenes emanadas del mando institucional, las que se habrían concretado en varias reuniones ordenadas por el general Sinclair y en las que participó el consejo de generales de la Guarnición Militar de Santiago.

Respecto del destino de los cinco frentistas, la declaración de Salas es escalofriante: "La superioridad referida dispuso adoptar cualquier medida que no comprometiera en forma reglamentaria o legal de procedimiento con los detenidos, lo que se interpretó en este caso como que, como estaba siendo vulnerada la ley, por la prolongación de la privación de libertad en dependencias de la Central, esto es, en lugares que no fueran cárceles. Ello se entiende que la superioridad del Ejército disponía tácitamente que las personas que estaban detenidas debían ser ocultadas ( ). Posteriormente supe que el procedimiento empleado para poner término a las detenciones ya referidas fue la muerte de estos y la posterior disposición de los cuerpos".

El general Sinclair declaró primero que nunca tuvo información sobre los hechos de la causa, pero su versión cambió radicalmente en un careo con Salas Wenzel: "Debo señalar a su señoría que luego de ser preguntado por esta reunión de generales recordé que entre otras tantas de la misma clase, tuvo lugar la que se refiere el señor Salas". Esta declaración cargó los dados hacia el ex vicecomandante del Ejército. De ahí que haya sido la defensa del mismo Sinclair la que solicitó que se citara a declarar al resto de los integrantes del alto mando de la época.

Es un caso complejo, que ya cuenta con 27 encausados entre miembros de la CNI, la DINE y quienes permitieron y efectuaron la operación de lanzar al mar a los cinco frentistas, todos hechos acreditados en la causa. Hasta ahora Ortega no ha sido procesado, pero sí todos los que trabajaron con él. Habrá que esperar si el ministro Carroza considera que la evidencia que existe sobre su participación en los crímenes es suficiente para someterlo a proceso. //LND


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