INVESTIGAN A UNA TRANSPORTADORA DE CAUDALES POR EL ACOPIO DE MONEDAS
Los que se guardan el vuelto
La empresa Maco S.A. acopiaba 134 tambores repletos de monedas, por valor de cinco millones de pesos. Un juez federal investiga si la empresa puso en peligro la seguridad económica del país al retener metálico que debería estar en el mercado.
La Justicia federal investiga si una empresa transportadora de caudales pudo incurrir en el delito de poner en peligro la seguridad económica del país al acopiar monedas en una cantidad notablemente mayor a la que requiere su actividad. El objeto de la pesquisa es la empresa Maco SA. En sus dos depósitos se encontraron 137 tambores repletos de monedas, por un valor estimado en cinco millones de pesos. Pero los investigadores se encuentran ante un posible vacío legal: el acopio de dinero metálico podría ser considerado como desabastecimiento, si se considera a las monedas como una mercancía, pero también podría encuadrarse simplemente como ahorro, especulan fuentes judiciales. En cualquier caso, la falta de regulación y control sobre las empresas transportadoras podría ser la causa de la escasez de dinero para dar vueltos o pagar los pasajes del transporte público.
La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que investiga una denuncia formulada por el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández. El funcionario, a su vez, fundamentó la presentación en una investigación de la Dirección de Inteligencia Criminal. Con esos datos, el juez De Giorgi ordenó allanar los dos depósitos de la empresa Maco SA, uno en Osvaldo Cruz al 2700 y el otro en General Hornos al 1400.
En total, secuestraron 137 tambores de monedas de distinto valor. De ellos, 21 tambores contenían monedas falsas. Todos los tambores fueron trasladados al Banco Central, donde clasificarán las legítimas, las contarán y, por orden judicial, las volcarán al mercado. El proceso, se estima, demandará unos diez días.
La denuncia se basa en un delito contemplado en la Ley 13.985, una norma sancionada en la décadas del ’50 que cobró vigencia cuando fueron anuladas todas las normas represivas de la última dictadura. Entre otras figuras, esta ley, que fija sanciones para las personas que pongan en peligro la seguridad económica del país, con penas que van de uno a 25 años de prisión.
El problema de la falta de monedas se registra desde hace varios meses, pero recrudeció en las últimas semanas, pese a que el Banco Central vuelca al mercado importantes cantidades de dinero en metal. Los bancos no entregan la cantidad demandada por el público y los comercios tienen problemas para dar el vuelto, lo que generó problemas graves para los usuarios. No tardó entonces en surgir el mercado negro de monedas: pudo detectarse que algunas empresas de colectivos venden al público una cantidad determinada de monedas, cobrando un comisión que puede ir del 3 al 8 por ciento.
Ese mercado tiene un operador mayorista: la empresa Maco SA, una transportadora de caudales que tiene un virtual monopolio del transporte de monedas y que cuenta como clientes a empresas de transporte de pasajeros, como Metrovías y las operadoras de trenes urbanos y de colectivos.
“La empresa recoge todos los días recaudaciones de esas empresas, deposita en sus cuentas un equivalente a lo recaudado, y conserva las monedas para distribuirlas entre ésos u otros clientes, después de hacer un conteo y organizarlas en un packaging”, explicó a PáginaI12 una fuente del juzgado federal. Por ese trabajo cobra una comisión, que consiste en el cobro de la entrega de ese material, como un delivery.
El responsable de la empresa, Fernando Der, negó que el acopio de monedas sea una actividad ilegal. “Actuamos dentro de la ley. Nuestro negocio es recaudar monedas y entregarlas a nuestros clientes”, argumentó.
Todavía no hay imputados en la causa y los responsables de la empresa aún no han sido citados a declarar. Cuando sean convocados, deberán explicar por qué acumulaban tanta cantidad de tambores con monedas, algunos de los cuales estaban allí desde hace más de dos meses.
La falta de regulación de la actividad de las transportadoras de caudales deriva en un vacío legal: el Banco Central dice que sólo se ocupa de controlar la actividad de bancos y financieras; y el Ministerio de Justicia y Seguridad, a través del Renar (Registro Nacional de Armas), se dedica a los aspectos técnicos de la actividad, como las características de los camiones y la aptitud de los vigiladores que allí trabajan.
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http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-113180-2008-10-11.html
Los que se guardan el vuelto
La empresa Maco S.A. acopiaba 134 tambores repletos de monedas, por valor de cinco millones de pesos. Un juez federal investiga si la empresa puso en peligro la seguridad económica del país al retener metálico que debería estar en el mercado.
La Justicia federal investiga si una empresa transportadora de caudales pudo incurrir en el delito de poner en peligro la seguridad económica del país al acopiar monedas en una cantidad notablemente mayor a la que requiere su actividad. El objeto de la pesquisa es la empresa Maco SA. En sus dos depósitos se encontraron 137 tambores repletos de monedas, por un valor estimado en cinco millones de pesos. Pero los investigadores se encuentran ante un posible vacío legal: el acopio de dinero metálico podría ser considerado como desabastecimiento, si se considera a las monedas como una mercancía, pero también podría encuadrarse simplemente como ahorro, especulan fuentes judiciales. En cualquier caso, la falta de regulación y control sobre las empresas transportadoras podría ser la causa de la escasez de dinero para dar vueltos o pagar los pasajes del transporte público.
La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que investiga una denuncia formulada por el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández. El funcionario, a su vez, fundamentó la presentación en una investigación de la Dirección de Inteligencia Criminal. Con esos datos, el juez De Giorgi ordenó allanar los dos depósitos de la empresa Maco SA, uno en Osvaldo Cruz al 2700 y el otro en General Hornos al 1400.
En total, secuestraron 137 tambores de monedas de distinto valor. De ellos, 21 tambores contenían monedas falsas. Todos los tambores fueron trasladados al Banco Central, donde clasificarán las legítimas, las contarán y, por orden judicial, las volcarán al mercado. El proceso, se estima, demandará unos diez días.
La denuncia se basa en un delito contemplado en la Ley 13.985, una norma sancionada en la décadas del ’50 que cobró vigencia cuando fueron anuladas todas las normas represivas de la última dictadura. Entre otras figuras, esta ley, que fija sanciones para las personas que pongan en peligro la seguridad económica del país, con penas que van de uno a 25 años de prisión.
El problema de la falta de monedas se registra desde hace varios meses, pero recrudeció en las últimas semanas, pese a que el Banco Central vuelca al mercado importantes cantidades de dinero en metal. Los bancos no entregan la cantidad demandada por el público y los comercios tienen problemas para dar el vuelto, lo que generó problemas graves para los usuarios. No tardó entonces en surgir el mercado negro de monedas: pudo detectarse que algunas empresas de colectivos venden al público una cantidad determinada de monedas, cobrando un comisión que puede ir del 3 al 8 por ciento.
Ese mercado tiene un operador mayorista: la empresa Maco SA, una transportadora de caudales que tiene un virtual monopolio del transporte de monedas y que cuenta como clientes a empresas de transporte de pasajeros, como Metrovías y las operadoras de trenes urbanos y de colectivos.
“La empresa recoge todos los días recaudaciones de esas empresas, deposita en sus cuentas un equivalente a lo recaudado, y conserva las monedas para distribuirlas entre ésos u otros clientes, después de hacer un conteo y organizarlas en un packaging”, explicó a PáginaI12 una fuente del juzgado federal. Por ese trabajo cobra una comisión, que consiste en el cobro de la entrega de ese material, como un delivery.
El responsable de la empresa, Fernando Der, negó que el acopio de monedas sea una actividad ilegal. “Actuamos dentro de la ley. Nuestro negocio es recaudar monedas y entregarlas a nuestros clientes”, argumentó.
Todavía no hay imputados en la causa y los responsables de la empresa aún no han sido citados a declarar. Cuando sean convocados, deberán explicar por qué acumulaban tanta cantidad de tambores con monedas, algunos de los cuales estaban allí desde hace más de dos meses.
La falta de regulación de la actividad de las transportadoras de caudales deriva en un vacío legal: el Banco Central dice que sólo se ocupa de controlar la actividad de bancos y financieras; y el Ministerio de Justicia y Seguridad, a través del Renar (Registro Nacional de Armas), se dedica a los aspectos técnicos de la actividad, como las características de los camiones y la aptitud de los vigiladores que allí trabajan.
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